¡Oh sorpresa! Yo que siempre inferí que el Ministro de “Justicia” MARIANO CÚNEO LIBARONA, nombrado por el gobierno de “Viva la libertad carajo” era un pícaro de aquellos, ahora por el contrario veo que, pese a la cantidad de años que “caminó” los pasillos tribunalicios, y al “ruido” que lo acompaña, en realidad es un candoroso funcionario que todo lo SORPRENDE. Cuando dijo que: “SIENTE UNA GRAN ADMIRACIÓN POR ESTOS JUECES”, porque: “LA JUSTICIA NUESTRA ES BUENÍSIMA, LOS JUECES NUESTROS SON BUENÍSIMOS” y, además: “NO HAY UNA CASTA JUDICIAL EN LA ARGENTINA. HAY CARRERA JUDICIAL” malpensé que haciendo gala de un cruel hijoputismo se estaba burlando de nosotros, los imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad. Cuando apoyó la candidatura del juez ARIEL LIJO para la Corte Suprema, sobre quien hay muchas objeciones por sus antecedentes, incluyendo casos de presunta corrupción y una conducta cuestionable, dijo que las “DENUNCIAS EN SU CONTRA SON COSA JUZGADA”. Mostrándose nuevamente SORPRENDIDO por la cantidad de grupos que lo apoyan (DAIA y Abuelas de Plaza de Mayo entre otros). Ahora a raíz de escándalo por los alimentos que pega de pleno al recientemente creado Mega Ministerio CAPITAL HUMANO, a cargo de SANDRA PETTOVELLO, en el que tomó cartas el “buenísimo” juez SEBASTIAN CASANELLO (a) “La Tortuga… dijo: “ME SORPRENDIÓ una disposición sobre bienes por parte de un juez penal, en general esas disposiciones las toman los tribunales civiles”. Posteriormente la Cámara de Apelaciones respaldó la actuación del togado y entonces LIBARONA, no se sorprendió más… y se llamó a silencio. Dejando atrás las ironías, mientras tanto en el ambiente político-gubernamental se escuchan voces que gritan: “hijo de puta”,“chorro”, “cuca”, “chancho”, “los meo” , “zurdo de mierda”, “gusano”, “asqueroso”, “arrastrado”, “sorete”, ”boludito”, “mogólico”, “imbécil”, “tarado” y mil términos soeces más, indignos de funcionarios bien educados y tiempos democráticos. Debo decir que en este caso el SORPRENDIDO soy yo, porque nuestra sociedad, tantas veces engañada y estafada, los festeja y aprueba, sin detenerse a pensar en las consecuencias negativas que pudieran acarrear a la gobernabilidad de un territorio, débil y en permanente crisis como es Argentina. En él, simultáneamente miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles, continúan muriendo presos y en sepulcral silencio.
“Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes.”
Jane Austen (1775-1817)
HAN TRANSCURRIDO 66 DÍAS DE “DESCORTÉS” SILENCIO, DESDE QUE CÚNEO LIBARONA RECIBIERA MIS CARTAS DOCUMENTO CON VIDEOS DE FEHACIENTES ILÍCITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, COMETIDOS CONTRA PRISIONEROS IMPUTADOS POR LOS BIEN O MAL LLAMADOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. ¿VIVA LA LIBERTAD CARAJO O MAS KIRCHNERISMO, SOCIO DE LOS TERRORISTAS?
La subsecretaria legal del ministerio del Capital Humano expresó que no permitirían que jueces militantes digan cómo diseñar o ejecutar una política pública, en clara alusión al juez Casanello y su actuación en el escándalo de los alimentos acopiados próximos a vencer. Las descripciones de jueces militantes se usan muy libremente por los funcionarios, solo cuando la culpa recae sobre ellos. Para el resto de la ciudadanía, los jueces son buenos, o “buenísimos” como sostiene el ministro de Justicia Cuneo Libarona.
Leila Gianni: “No vamos a permitir que fiscales o jueces militantes nos digan cómo ejecutar una política pública”Cuneo Libarona: “Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división de poderes”
No estoy poniendo en dudas maniobras políticas, el ministerio deberá explicar su participación o no en hechos ilegales. La investigación judicial deberá (debería) establecer la génesis y el desarrollo de esta irregularidad. La incógnita es en quién confiar si existen jueces militantes en algunos casos y no en otros.
Cuando se trata de restablecer el Estado de derecho, la teoría política recurre a la malicia de la oposición. Cuando esta aplicación es sometida en los casos de Lesa Humanidad, desaparecen las teorías de conspiraciones y los jueces son justos. Este enfoque sigue siendo cuestionado por abogados que están convencidos –siguiendo la tradición de la ley– de que invocar esta fórmula es inaceptable porque viola un requisito fundamental del Estado de derecho, el de legalidad.
Independientemente del valor de esta preocupación, la ley no es aplicable pese a que los Derechos Humanos son universales, ya que la ley resultante de las trampas y abusos en tribunales argentinos pareciera ser algo aceptado. Testimonios falaces que no son castigados, víctimas inventadas continúan teniendo pol militares, policías o agentes del estado tras las rejas. Estas imperfecciones jurídicas no utilizan lógicas matemáticas, y el estado de derecho militante necesita la inclusión sistémica de estas deficiencias para incrementar esos abusos. La evidencia es fundamental es que cuando se comprueba la mentira de un testigo, los jueces no interfieren, ni ningún fiscal actúa de oficio.
Pero, la distinción entre los gobernantes y la ciudadanía es otra gran grieta que nadie ve, por fanatismo, por desesperación o por militancia. Y esa grieta es creada por un gobierno que dice combatir a la casta y -supuestamente- anhela cerrar grietas.
El economista Santiago Bausili fue anunciado este miércoles como próximo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en medio de un escándalo, ya que la justicia lo exoneró de una causa judicial apenas horas antes de ser confirmado en su nuevo cargo por el presidente electo, Javier Milei.
La decisión desató suspicacias sobre el cuestionado Poder Judicial del país sudamericano, que suele ser acusado de parcialidad y de acomodarse a los tiempos políticos.
En el caso de Bausili, si se mantenía procesado, no podría asumir como presidente de una institución que, de por sí, ha estado rodeada de polémica, ya que una de las principales promesas de Milei es cerrarla. A juicio del mandatario electo, el BCRA es responsable del déficit fiscal que padece el país sudamericano.
Otro dato que suma a la controversia es que, en la causa judicial contra Bausili, su defensor era el estudio de abogados de Mariano Cúneo Libarona, quien será el nuevo ministro de Justicia.
“Esto es escandaloso. La Cámara Federal revoca procesamiento de Santiago Bausili en sus causas. Y enseguida lo confirman como presidente del Banco Central. Y su abogado es hermano/socio del ministro de Justicia”, resumió en sus redes sociales el periodista Esteban Lafuente.
“La justicia argentina apesta”, “Más casta no se consigue”, “La casta tiene todos los cargos menos el de conciencia”, “Le borraron la causa de apuro para que pueda asumir en el Banco Central”, “Justo a tiempo nomás. Justicia delivery: lo pedís, lo tenés”, agregaron otros usuarios.
Bausili, un economista de 49 años y egresado de la privada Universidad de San Andrés, tuvo una larga carrera en el sector privado, primero como vicepresidente del banco estadounidense J. P. Morgan, y luego en calidad de director del Deutsche Bank.
Ahora entra al Gabinete de Milei gracias a su alianza política con el ministro de Economía designado, Luis Caputo, ya que ambos trabajaron juntos durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
En 2016, Bausili aceptó ser subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y luego secretario de Finanzas. Desde esos puestos se convirtió en un cercano colaborador de Caputo, quien durante el macrismo fue secretario y Ministro de Finanzas, y finalmente presidente del Banco Central.
Luego de que Macri perdiera la reelección en 2019, Bausili y Caputo se asociaron para crear la consultora Anker Latinoamérica. A partir del próximo domingo, ambos volverán a la función pública en cargos estratégicos.
El martes por la mañana, cuando el nombramiento de Bausili ya era un secreto a voces, de manera sorpresiva la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires lo favoreció con un fallo en una causa en la que estaba procesado por el presunto delito de”negociaciones incompatibles con la función pública”.
BausiliCasanello
La investigación judicial se basa en uno de los canjes de deuda que se llevaron a cabo durante el macrismo y en el que Bausili está acusado de haber favorecido a Deutsche Bank, el banco en el que trabajaba.
El caso comenzó en 2016, cuando Macri eligió a seis bancos privados internacionales para que llevaran a cabo un “megacanje” de deuda, que los beneficiaba con ganancias millonarias.
Según la imputación que tiempo después realizó el fallecido fiscal Federico Delgado, Bausili habría intervenido de manera indebida para que en las negociaciones fuera elegido el banco alemán, con el que había trabajado durante años y al que acababa de renunciar para sumarse al Gobierno macrista.
Además, cuando ya era funcionario público, el Deutsche Bank le siguió pagando a Bausili bonos que supuestamente todavía tenía pendientes por haber sido su empleado.
La causa siguió su curso durante años y, de hecho, en septiembre pasado, el juez Sebastián Casanello dictó un segundo procesamiento contra Bausili, fallo que su defensa apeló, por lo que la palabra final llegó a instancias de la Cámara Federal.
El martes, el órgano superior de justicia consideró que no había elementos suficientes para acusarlo.
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
¿Por qué la Justicia federal funciona mal? ¿Qué factores demoran las causas de corrupción durante décadas o directamente las congelan? ¿Los jueces pueden hacer lo que quieran? “El sistema argentino divorció la ley de la justicia”, resume el fiscal federal Federico Delgado, cautor con la periodista Catalina De Elía de “La cara injusta de la justicia”, que acaba de ser editado por Paidós. “Empezamos a mirar al poder judicial desde las ciencias políticas”, aclara De Elía que, como Delgado, también es politóloga.
¿Cómo cambia la mirada cuando se inserta a jueces y fiscales dentro del universo de la política?
Delgado: En el diseño institucional presidencialista como el de Argentina, para compensar los posibles desbordes del Presidente y el Congreso hay un poder judicial que está para ser árbitro, y por eso tiene un montón de protecciones. A lo largo de la historia argentina, y por ahí más exacerbado en el último tiempo, el sistema judicial era y es parte del poder político. No funciona como un contrapoder.
¿Cómo probaron esa hipótesis?
De Elía: Nos preguntamos por qué la justicia funciona como funciona. Seleccionamos unos indicadores como para evaluar. El primero fue el de los tiempos judiciales. Nos preocupa por qué duran tanto las causas de corrupción, por qué no hay sentencias. Otro indicador es el de la burocracia judicial; cómo están formados los jueces y bajo qué paradigmas se aproximan a los casos. Otro es la palabra judicial; por qué utilizan un vocabulario cerrado y expulsivo en sus sentencias. El último indicador nos involucra a todos: la tolerancia que tiene la sociedad civil ante el mal funcionamiento de la justicia. Después analizamos fallos según estos indicadores.
¿Por qué funciona mal la justicia?
De Elía: Porque los jueces buscan ser “simpáticos” a los gobiernos.
Delgado: El proceso de designación de los jueces está muy politizado, muy influido por intereses particulares. Entonces los jueces y fiscales son leales a la ley que juraron pero también a la facción que los puso. Una de las principales metas de cualquier juez o fiscal es conservar su puesto. Y el pasaje para sobrevivir es la “simpatía” por acompañar los vientos de ese poder instituido. Eso a veces tiene que ver con tolerar la corrupción cuando está en el poder esa facción y cuando viene otra entregar las cabezas que hagan falta.
De Elía: El poder judicial es como la “bella durmiente”, que se levanta cuando un príncipe le da un beso. El príncipe puede ser el gobierno, o un empresario. La justicia federal acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles.
¿Qué casos eligieron?
De Elía: Cinco. José López, Lázaro Báez, María Ovando (la mujer pobre de Misiones que estuvo presa porque su hija murió desnutrida y lo enterró en su casa), Belén (la chica que abortó y estuvo presa por asesinato) y un caso que no trascendió, de un chico que se robó un tablón de madera en la estación de Retiro para quemarlo y calentarse y lo metieron preso, peritaron el tablón y se movió todo el aparato judicial. Sin embargo, ahí el juez actuó súper rápido. Y es el mismo que actuó muy despacio y acumuló muchos expedientes en la causa Báez, Sebastián Casanello.
Se percibe que el juez puede apurar, demorar o hasta congelar los casos sin violar ninguna regla.
Delgado: En aras de evitar cualquier interferencia sobre el ánimo de los jueces, el diseño institucional les brinda muchas protecciones: no se les puede tocar el salario, no pagan algunos impuestos, no se los puede remover sin un juicio político. Y las leyes de procedimiento se hacen eco de esas protecciones: conservan la soberanía casi absoluta de los jueces a la hora de administrar los procesos. Esa facultad, y la ausencia de rendición de cuentas, consagran que si un tipo es desleal al sistema tenga casi la inmunidad de un rey. El aparato institucional también deforma las leyes. Por ejemplo, el Código establece plazos para algunas medidas. Tres días, cinco días. Pero nunca se cumplen, porque los jueces hacen una distinción: hay plazos “ordenatorios” y “perentorios”. El ordenatorio es como un indicador. Si no lo cumplís, no pasa nada. Esos pequeños mecanismos sutiles, que hacen al gobierno de un expediente, son los que permiten procesos de diez o quince años sin violar ninguna ley.
¿Entonces si sólo se remueven algunas personas no vamos a tener un mejor servicio de justicia?
De Elía: No. El problema trasciende a los gobiernos y a los jueces.
Pero los jueces también podrían usar esa soberanía para actuar de otra manera, ¿o no?
Ambos: Totalmente.
Delgado: Es que si vos querés mantenerte en el sistema y ascender, ser camarista o juez de la Corte, tenés que amoldarte a las prácticas que gobiernan ese universo. Y esas prácticas son ferozmente disciplinantes.
¿Cuál podría ser la ventana de salida para empezar a desandar el camino cuyos resultados describen ustedes?
Delgado: Primero; claramente es un problema colectivo. Segundo; es un proceso de echar luz pública sobre los tribunales. Y tercero; es un tema de transformación cultural. Discutir qué sistema de justicia queremos.
De Elía: Exacto. Es necesario que la gente tome conciencia que si la justicia federal funciona mal, la afecta en su vida cotidiana.
Delgado: Un problema grave es la indiferencia ciudadana hacia el sistema. Porque el sistema la aprovecha para alejarse.
¿Con qué mirada “entran” los jueces a los casos?
Delgado: Bajo una filosofía positivista, que separa la moral del derecho. Entonces pasa lo que se dice en las mesas familiares: las cosas pueden ser legales, pero no son justas. El sistema argentino divorció la ley de la justicia. Y así la verdad del sentido común es diferente a la verdad judicial.
¿Qué es la videocracia?
De Elía: Usamos ese término para explicar cómo la televisión a veces mueve más a los jueces que las pruebas. Veamos el caso Ovando: ella estuvo más de dos años presa, y cuando el programa de Lanata la encontró y contó su historia la liberaron en un mes. Y lo hicieron con tecnicismos, tampoco hubo medidas que repararan su daño. Por otro lado hubo videocracia en el caso de José López (con las imágenes de él con los bolsos en el monasterio) y en el caso de la ruta del dinero K, con el video de la Rosadita y los imputados contando plata. Tras esas pruebas irrefutables, a la justicia no le quedaba otra que empezar a mover el expediente.
Delgado: La videocracia refleja cómo un estímulo externo es lo que hace mover a la maquinaria judicial. Y que también tiene que ver con la “simpatía”, porque ahí el príncipe es otro, el público que ejerce presión social sobre los jueces tras haberse indignado o sensibilizado con las historias.
Si el cambio cultural es lo primero -y lo más complejo de producir- tampoco es suficiente: luego tiene que traducirse en cambios institucionales y en cambios de personas.
Delgado: Claro. Lo que tiene de bueno un momento crítico como este es que permite iniciar un proceso de transformación cultural, que tiene que ser individual, colectivo y sostenido en el tiempo. El desafío de la sociedad es que después eso sea receptado por la ley y se sedimente en las instituciones.
La “simpatía” de los magistrados por el poder político, ¿no es mutua? Los políticos también quieren quedar bien con los jueces que podrían investigarlos.
Delgado: Es cierto. Y eso ocurre porque no hemos sabido construir una institucionalidad fuerte. Es porosa a los intereses privados. Y eso genera esos “pactos de camaradería” entre jueces y políticos.
También ocurre entre los propios jueces: aunque haya denuncias fuertes, es casi imposible que se investiguen entre ellos.
Delgado: Ahí hay una parte de convicción personal. Pero además hay muchos incentivos en el sistema institucional que favorecen esos comportamientos. Es lo de siempre: está el camino de la ley, pero también la diagonal. Y es mucho más remunerativo tomar la diagonal.
Hablemos de los casos que analizaron
Delgado: Analizamos cómo estalló el caso con Fariña y Elaskar, losdispositivos institucionales de salvataje (la intervención del titular de la Procelac, Carlos Gonella, para desviar la investigación lejos de Báez y Cristina, por ejemplo), cómo los pocos avances que había aran gracias a sucesivas investigaciones de los medios (factores externos a la causa): es una aproximación al caso a través del delito y no del hecho. Explicamos qué es el lavado de dinero, el verso del delito precedente, y cómo éso funciona como una forma de recorte para no ir más allá o más arriba.
De Elía: Y todo vuelve a acelerarse cuando Telenoche muestra el video de La Rosadita. Casanello termina deteniendo a Báez porque se toma un avión. Y sólo con esto, y un cambio de gobierno, hay procesamientos en la causa.
Delgado: Otro mecanismo de impunidad es el de partir lo casos, como analizamos con López. Lo más grave de su caso es que López tenía la plata en la casa. El caso empezó en 2008. El juez Rafecas le encargó un informe a la Prefectura, para investigar en el territorio los bienes de López y poder contrastar eso con sus declaraciones. Algo sencillo. Para empezar, se hace el primer recorte, no importaba la manguera que alimentó el patrimonio. Se limita a la contratación. El 14 de junio de este año lo agarraron a López revoleando los bolsos, y aquel informe no había terminado. Es tragicómico. Pasan las mil y una tonterías que van retrasando todo. Lo concreto es que desde 2008 hasta 2016 la Prefectura no habia logrado terminar un informe sobre el patrimonio de López, su mujer, su suegra y sus hijos. Y el tipo tenía la plata en un tanque de agua del altillo en su casa de Tigre! Eso da para un seminario sobre cómo funciona la justicia argentina. Porque los jueces se aproximan de esa misma forma a todos los casos.
Hay como una pasión por el procedimiento que a veces sirve como excusa para no avanzar hacia el fondo de los temas.
Delgado: Sí, es orgásmico. Aunque estén a tres metros, separados por un pasillo, los jueces se comunican por notas, hasta para pedirse ver un expediente.
También es inexplicable para la gente cómo se pueden hacer cosas opuestas invocando a la misma ley.
Delgado: Eso ocurre porque la ley está divorciada de la justicia. Todo es legal, pero no se percibe como justo. Y si la sociedad no percibe lo legal como justo, automáticamente la justicia se transforma en parte del problema.
¿Sirve para algo la auditoría sobre los juzgados federales que ordenó el Consejo de la Magistratura?
Delgado:Todo lo que sea luz es bienvenido. A nosotros nadie nos mide productividad. Es lo mismo un fiscal que mandó mil causas a juicio oral en un año, que aquel que mandó cero.
También está la asignación y la falta de recurso como excusa para justificar la inacción judicial.
Delgado: El sistema medieval de hacer justicia e incorporar pruebas también tiene que ver con la temporalidad. La tecnología casi no existe en los Tribunales. En caso Time Warp, por ejemplo, buscamos toda la información por Internet, rapidísimo. Después la fuimos chequeando. Pero no hay un hábito en el sistema judicial de incorporar la tecnología. Seguimos citando por telegrama, por cédula, por oficio. Yesas prácticas también le dan ventaja a los delincuentes, sobre todo a los económicos. En la justicia argentina, la forma supera al contenido. La clave es la administración del proceso, los tiempos. No tanto cómo se aplica la ley. Y en el manejo de los tiempos el juez tiene un dominio absoluto. Incluso las cámaras de apelaciones pueden analizar la forma en que el juez aplicó el derecho, pero no cómo el juez gobernó el expediente. La ley sólo le permite a las instancias de revisión analizar el punto que está en disputa, pero no puede analizar el camino que recorrió. Por eso fue extraordinario lo que hizo la sala II de la Cámara en el caso Báez, cuestionando la forma y la orientación que Casanello le había dado a la causa. Y además nos dice a los jueces y fiscales “por favor charlen” entre ustedes. Despacito, algo está cambiando. Además de aplicar la ley, los jueces deben tener la responsabilidad de administrar los procesos. Y tener un costo si lo hacen mal. O un premio si lo hacen bien, claro.
EL “CANDOR” DE CÚNEO LIBARONA, Y…TORTUGA CASANELLO
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¡Oh sorpresa! Yo que siempre inferí que el Ministro de “Justicia” MARIANO CÚNEO LIBARONA, nombrado por el gobierno de “Viva la libertad carajo” era un pícaro de aquellos, ahora por el contrario veo que, pese a la cantidad de años que “caminó” los
pasillos tribunalicios, y al “ruido” que lo acompaña, en realidad es un candoroso funcionario que todo lo SORPRENDE. Cuando dijo que: “SIENTE UNA GRAN ADMIRACIÓN POR ESTOS JUECES”, porque: “LA JUSTICIA NUESTRA ES BUENÍSIMA, LOS JUECES NUESTROS SON BUENÍSIMOS” y, además: “NO HAY UNA CASTA JUDICIAL EN LA ARGENTINA. HAY CARRERA JUDICIAL” malpensé que haciendo gala de un cruel hijoputismo se estaba burlando de nosotros, los imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad. Cuando apoyó la candidatura del juez ARIEL LIJO para la Corte Suprema, sobre quien hay muchas objeciones por sus antecedentes, incluyendo casos de presunta corrupción y una conducta cuestionable, dijo que las “DENUNCIAS EN SU CONTRA SON COSA JUZGADA”. Mostrándose nuevamente SORPRENDIDO por la cantidad de grupos que lo apoyan (DAIA y Abuelas de Plaza de Mayo entre otros). Ahora a raíz de escándalo por los alimentos que pega de pleno al recientemente creado Mega Ministerio CAPITAL HUMANO, a cargo de SANDRA PETTOVELLO, en el que tomó cartas el “buenísimo” juez SEBASTIAN CASANELLO (a) “La Tortuga… dijo: “ME SORPRENDIÓ una disposición sobre bienes por parte de un juez penal, en general 
esas disposiciones las toman los tribunales civiles”. Posteriormente la Cámara de Apelaciones respaldó la actuación del togado y entonces LIBARONA, no se sorprendió más… y se llamó a silencio. Dejando atrás las ironías, mientras tanto en el ambiente político-gubernamental se escuchan voces que gritan: “hijo de puta”, “chorro”, “cuca”, “chancho”, “los meo” , “zurdo de mierda”, “gusano”, “asqueroso”, “arrastrado”, “sorete”, ”boludito”, “mogólico”, “imbécil”, “tarado” y mil términos soeces más, indignos de funcionarios bien educados y tiempos democráticos. Debo decir que en este caso el SORPRENDIDO soy yo, porque nuestra sociedad, tantas veces engañada y estafada, los festeja y aprueba, sin detenerse a pensar en las consecuencias negativas que pudieran acarrear a la gobernabilidad de un territorio, débil y en permanente crisis como es Argentina. En él, simultáneamente miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles, continúan muriendo presos y en sepulcral silencio.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Prov. Buenos Aires
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
“Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes.”
Jane Austen (1775-1817)
HAN TRANSCURRIDO 66 DÍAS DE “DESCORTÉS” SILENCIO, DESDE QUE CÚNEO LIBARONA RECIBIERA MIS CARTAS DOCUMENTO CON VIDEOS DE FEHACIENTES ILÍCITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, COMETIDOS CONTRA PRISIONEROS IMPUTADOS POR LOS BIEN O MAL LLAMADOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. ¿VIVA LA LIBERTAD CARAJO O MAS KIRCHNERISMO, SOCIO DE LOS TERRORISTAS?
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Junio 8, 2024
Jueces militantes para privilegiados.
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La subsecretaria legal del ministerio del Capital Humano expresó que no permitirían que jueces militantes digan cómo diseñar o ejecutar una política pública, en clara alusión al juez Casanello y su actuación en el escándalo de los alimentos acopiados próximos a vencer. Las descripciones de jueces militantes se usan muy libremente por los funcionarios, solo cuando la culpa recae sobre ellos. Para el resto de la ciudadanía, los jueces son buenos, o “buenísimos” como sostiene el ministro de Justicia Cuneo Libarona.
No estoy poniendo en dudas maniobras políticas, el ministerio deberá explicar su participación o no en hechos ilegales. La investigación judicial deberá (debería) establecer la génesis y el desarrollo de esta irregularidad. La incógnita es en quién confiar si existen jueces militantes en algunos casos y no en otros.
Cuando se trata de restablecer el Estado de derecho, la teoría política recurre a la malicia de la oposición. Cuando esta aplicación es sometida en los casos de Lesa Humanidad, desaparecen las teorías de conspiraciones y los jueces son justos. Este enfoque sigue siendo cuestionado por abogados que están convencidos –siguiendo la tradición de la ley– de que invocar esta fórmula es inaceptable porque viola un requisito fundamental del Estado de derecho, el de legalidad.
Independientemente del valor de esta preocupación, la ley no es aplicable pese a que los Derechos Humanos son universales, ya que la ley resultante de las trampas y abusos en tribunales argentinos pareciera ser algo aceptado. Testimonios falaces que no son castigados, víctimas inventadas continúan teniendo pol militares, policías o agentes del estado tras las rejas. Estas imperfecciones jurídicas no utilizan lógicas matemáticas, y el estado de derecho militante necesita la inclusión sistémica de estas deficiencias para incrementar esos abusos. La evidencia es fundamental es que cuando se comprueba la mentira de un testigo, los jueces no interfieren, ni ningún fiscal actúa de oficio.
Pero, la distinción entre los gobernantes y la ciudadanía es otra gran grieta que nadie ve, por fanatismo, por desesperación o por militancia. Y esa grieta es creada por un gobierno que dice combatir a la casta y -supuestamente- anhela cerrar grietas.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 3, 2024
Santiago Bausili, el Banco Central de Argentina y un escándalo
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En el caso de Bausili, si se mantenía procesado, no podría asumir como presidente de una institución que, de por sí, ha estado rodeada de polémica, ya que una de las principales promesas de Milei es cerrarla. A juicio del mandatario electo, el BCRA es responsable del déficit fiscal que padece el país sudamericano.
Otro dato que suma a la controversia es que, en la causa judicial contra Bausili, su defensor era el estudio de abogados de Mariano Cúneo Libarona, quien será el nuevo ministro de Justicia.
“Esto es escandaloso. La Cámara Federal revoca procesamiento de Santiago Bausili en sus causas. Y enseguida lo confirman como presidente del Banco Central. Y su abogado es hermano/socio del ministro de Justicia”, resumió en sus redes sociales el periodista Esteban Lafuente.
“La justicia argentina apesta”, “Más casta no se consigue”, “La casta tiene todos los cargos menos el de conciencia”, “Le borraron la causa de apuro para que pueda asumir en el Banco Central”, “Justo a tiempo nomás. Justicia delivery: lo pedís, lo tenés”, agregaron otros usuarios.
Bausili, un economista de 49 años y egresado de la privada Universidad de San Andrés, tuvo una larga carrera en el sector privado, primero como vicepresidente del banco estadounidense J. P. Morgan, y luego en calidad de director del Deutsche Bank.
Ahora entra al Gabinete de Milei gracias a su alianza política con el ministro de Economía designado, Luis Caputo, ya que ambos trabajaron juntos durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
En 2016, Bausili aceptó ser subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y luego secretario de Finanzas. Desde esos puestos se convirtió en un cercano colaborador de Caputo, quien durante el macrismo fue secretario y Ministro de Finanzas, y finalmente presidente del Banco Central.
Luego de que Macri perdiera la reelección en 2019, Bausili y Caputo se asociaron para crear la consultora Anker Latinoamérica. A partir del próximo domingo, ambos volverán a la función pública en cargos estratégicos.
El martes por la mañana, cuando el nombramiento de Bausili ya era un secreto a voces, de manera sorpresiva la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires lo favoreció con un fallo en una causa en la que estaba procesado por el presunto delito de”negociaciones incompatibles con la función pública”.
La investigación judicial se basa en uno de los canjes de deuda que se llevaron a cabo durante el macrismo y en el que Bausili está acusado de haber favorecido a Deutsche Bank, el banco en el que trabajaba.
El caso comenzó en 2016, cuando Macri eligió a seis bancos privados internacionales para que llevaran a cabo un “megacanje” de deuda, que los beneficiaba con ganancias millonarias.
Según la imputación que tiempo después realizó el fallecido fiscal Federico Delgado, Bausili habría intervenido de manera indebida para que en las negociaciones fuera elegido el banco alemán, con el que había trabajado durante años y al que acababa de renunciar para sumarse al Gobierno macrista.
Además, cuando ya era funcionario público, el Deutsche Bank le siguió pagando a Bausili bonos que supuestamente todavía tenía pendientes por haber sido su empleado.
La causa siguió su curso durante años y, de hecho, en septiembre pasado, el juez Sebastián Casanello dictó un segundo procesamiento contra Bausili, fallo que su defensa apeló, por lo que la palabra final llegó a instancias de la Cámara Federal.
El martes, el órgano superior de justicia consideró que no había elementos suficientes para acusarlo.
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Diciembre 7, 2023
Investigan a Ramos Padilla por abuso de autoridad y amenazas en un juzgado de Bahía Blanca
Según empleados de un juzgado federal de esa ciudad portuaria, generó un clima “intimidatorio” y de “intervención política” durante su intinerato en 2015.
Abuso de autoridad y amenazas. Son los delitos que, prima facie, le imputa el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva al juez Alejo Ramos Padilla, a quien investiga desde la semana pasada. Entiende que ambos se habrían cometido durante el interinato que el magistrado llevó adelante en el juzgado federal 1 de Bahía Blanca, entre junio y diciembre de 2015. Las víctimas de la conducta del funcionario público serían miembros del personal que estuvo a su cargo durante aquel período y que testimoniaron en un sumario iniciado por el propio juez apenas dos días después de tomar el cargo.
El 26 de junio de aquel año, recién asumido, Ramos Padilla adujo haber encontrado “irregularidades”, un gran desorden y “graves defectos funcionales” para argumentar el inicio de actuaciones administrativas que enmarcó en lo que llamó “reorganización del juzgado federal 1”. Apuntó como responsables contra su antecesor Santiago Ulpiano Martínez (hoy fiscal) y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno. Seis meses después, antes de renunciar y concluir la subrogancia, Ramos Padilla dio por superada la situación anómala en el juzgado, pero el sumario continuó y se le volvió en contra.
En noviembre pasado, el actual juez Walter López Da Silva, cerró, sin responsables, el expediente interno. Al mismo tiempo, pidió que se indagara la posible comisión de delitos durante el interinato de su antecesor. Basó su postura en el testimonio de Fernández Moreno y de empleados del juzgado quienes calificaron como “intimidatorio”, “de intervención política” y con actos de “presión psicológica y aprietes”, el clima laboral vivido durante los seis meses de gestión de Ramos Padilla. Así, el trámite recayó, tras varias excusaciones, en González Da Silva, quien dictaminó “la necesidad de instruir una investigación penal que determine la concreción –ó no- de sucesos delictivos puntuales”.
Una vez que le fue delegada la instrucción, el fiscal, subrogante ante el Tribunal Oral Federal bahiense, comenzó a elaborar el listado de citados a declarar, entre los que figuran, en primer término, los empleados que testimoniaron en el sumario. “Se encontraron por meses en un evidente estado de nerviosismo, amargura y desesperación, tanto que muchos pensaron en renunciar” cita González Da Silva en su dictamen al juez. No solo apuntará a establecer la eventual responsabilidad de Ramos Padilla en el abuso de autoridad y las amenazas, sino también de la decena de colaboradores que lo acompañaron en la gestión, a los que también convocará a declarar. Algunos llegaron con él desde Dolores, mientras que otros fueron nombrados por el Consejo de la Magistratura, dominado por una mayoría K y la procuración general a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Al mismo tiempo, el fiscal dispondrá medidas en el expedienteen el que se busca determinar si Ramos Padilla frenó una causa que complica a Lázaro Báez. Es la que lo tiene como presunto jefe de una asociación ilícita
fiscal integrada por su hijo Martín, una decena de empresarios bahienses, un financista y un contador, con la que se habría dañado al fiscal en 670 millones de pesos. Constituiría el delito precedente para imputar a Báez por lavado de dinero, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello.
Pese a que durante su gestión, mantuvo el expediente en su despacho y sin dejar que el fiscal disponga medidas, para González Da Silva, en principio, no habría elementos que comprometan a Ramos Padilla con el encubrimiento del empresario patagónico amigo de los Kirchner. Aunque antes de archivar el caso, quiere conocer si existen denuncias contra el juez de Dolores en Bahía Blanca, Mar del Plata y Capital Federal, para lo que librará oficios a las respectivas cámaras federales.
Envío y colaboración: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 17, 2019
Fiscal Federico Delgado: “Los jueces son leales a la ley, y también a la facción que los puso”
Nota del diario Clarín. Aberraciones judiciales.
¿Por qué la Justicia federal funciona mal? ¿Qué factores demoran las causas de corrupción durante décadas o directamente las congelan? ¿Los jueces pueden hacer lo que quieran? “El sistema argentino divorció la ley de la justicia”, resume el fiscal federal Federico Delgado, cautor con la periodista Catalina De Elía de “La cara injusta de la justicia”, que acaba de ser editado por Paidós. “Empezamos a mirar al poder judicial desde las ciencias políticas”, aclara De Elía que, como Delgado, también es politóloga.
¿Cómo cambia la mirada cuando se inserta a jueces y fiscales dentro del universo de la política?
Delgado: En el diseño institucional presidencialista como el de Argentina, para compensar los posibles desbordes del Presidente y el Congreso hay un poder judicial que está para ser árbitro, y por eso tiene un montón de protecciones. A lo largo de la historia argentina, y por ahí más exacerbado en el último tiempo, el sistema judicial era y es parte del poder político. No funciona como un contrapoder.
¿Cómo probaron esa hipótesis?
De Elía: Nos preguntamos por qué la justicia funciona como funciona. Seleccionamos unos indicadores como para evaluar. El primero fue el de los tiempos judiciales. Nos preocupa por qué duran tanto las causas de corrupción, por qué no hay sentencias. Otro indicador es el de la burocracia judicial; cómo están formados los jueces y bajo qué paradigmas se aproximan a los casos. Otro es la palabra judicial; por qué utilizan un vocabulario cerrado y expulsivo en sus sentencias. El último indicador nos involucra a todos: la tolerancia que tiene la sociedad civil ante el mal funcionamiento de la justicia. Después analizamos fallos según estos indicadores.
¿Por qué funciona mal la justicia?
De Elía: Porque los jueces buscan ser “simpáticos” a los gobiernos.
De Elía: El poder judicial es como la “bella durmiente”, que se levanta cuando un príncipe le da un beso. El príncipe puede ser el gobierno, o un empresario. La justicia federal acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles.
¿Qué casos eligieron?
De Elía: Cinco. José López, Lázaro Báez, María Ovando (la mujer pobre de Misiones que estuvo presa porque su hija murió desnutrida y lo enterró en su casa), Belén (la chica que abortó y estuvo presa por asesinato) y un caso que no trascendió, de un chico que se robó un tablón de madera en la estación de Retiro para quemarlo y calentarse y lo metieron preso, peritaron el tablón y se movió todo el aparato judicial. Sin embargo, ahí el juez actuó súper rápido. Y es el mismo que actuó muy despacio y acumuló muchos expedientes en la causa Báez, Sebastián Casanello.
Se percibe que el juez puede apurar, demorar o hasta congelar los casos sin violar ninguna regla.
Delgado: En aras de evitar cualquier interferencia sobre el ánimo de los jueces, el diseño institucional les brinda muchas protecciones: no se les puede tocar el salario, no pagan algunos impuestos, no se los puede remover sin un juicio político. Y las leyes de procedimiento se hacen eco de esas protecciones: conservan la soberanía casi absoluta de los jueces a la hora de administrar los procesos. Esa facultad, y la ausencia de rendición de cuentas, consagran que si un tipo es desleal al sistema tenga casi la inmunidad de un rey. El aparato institucional también deforma las leyes. Por ejemplo, el Código establece plazos para algunas medidas. Tres días, cinco días. Pero nunca se cumplen, porque los jueces hacen una distinción: hay plazos “ordenatorios” y “perentorios”. El ordenatorio es como un indicador. Si no lo cumplís, no pasa nada. Esos pequeños mecanismos sutiles, que hacen al gobierno de un expediente, son los que permiten procesos de diez o quince años sin violar ninguna ley.
¿Entonces si sólo se remueven algunas personas no vamos a tener un mejor servicio de justicia?
De Elía: No. El problema trasciende a los gobiernos y a los jueces.
Pero los jueces también podrían usar esa soberanía para actuar de otra manera, ¿o no?
Delgado: Es que si vos querés mantenerte en el sistema y ascender, ser camarista o juez de la Corte, tenés que amoldarte a las prácticas que gobiernan ese universo. Y esas prácticas son ferozmente disciplinantes.
¿Cuál podría ser la ventana de salida para empezar a desandar el camino cuyos resultados describen ustedes?
Delgado: Primero; claramente es un problema colectivo. Segundo; es un proceso de echar luz pública sobre los tribunales. Y tercero; es un tema de transformación cultural. Discutir qué sistema de justicia queremos.
De Elía: Exacto. Es necesario que la gente tome conciencia que si la justicia federal funciona mal, la afecta en su vida cotidiana.
Delgado: Un problema grave es la indiferencia ciudadana hacia el sistema. Porque el sistema la aprovecha para alejarse.
¿Con qué mirada “entran” los jueces a los casos?
Delgado: Bajo una filosofía positivista, que separa la moral del derecho. Entonces pasa lo que se dice en las mesas familiares: las cosas pueden ser legales, pero no son justas. El sistema argentino divorció la ley de la justicia. Y así la verdad del sentido común es diferente a la verdad judicial.
¿Qué es la videocracia?
De Elía: Usamos ese término para explicar cómo la televisión a veces mueve más a los jueces que las pruebas. Veamos el caso Ovando: ella estuvo más de dos años presa, y cuando el programa de Lanata la encontró y contó su historia la liberaron en un mes. Y lo hicieron con tecnicismos, tampoco hubo medidas que repararan su daño. Por otro lado hubo videocracia en el caso de José López (con las imágenes de él con los bolsos en el monasterio) y en el caso de la ruta del dinero K, con el video de la Rosadita y los imputados contando plata. Tras esas pruebas irrefutables, a la justicia no le quedaba otra que empezar a mover el expediente.
Delgado: La videocracia refleja cómo un estímulo externo es lo que hace mover a la maquinaria judicial. Y que también tiene que ver con la “simpatía”, porque ahí el príncipe es otro, el público que ejerce presión social sobre los jueces tras haberse indignado o sensibilizado con las historias.
Si el cambio cultural es lo primero -y lo más complejo de producir- tampoco es suficiente: luego tiene que traducirse en cambios institucionales y en cambios de personas.
Delgado: Claro. Lo que tiene de bueno un momento crítico como este es que permite iniciar un proceso de transformación cultural, que tiene que ser individual, colectivo y sostenido en el tiempo. El desafío de la sociedad es que después eso sea receptado por la ley y se sedimente en las instituciones.
La “simpatía” de los magistrados por el poder político, ¿no es mutua? Los políticos también quieren quedar bien con los jueces que podrían investigarlos.
Delgado: Es cierto. Y eso ocurre porque no hemos sabido construir una institucionalidad fuerte. Es porosa a los intereses privados. Y eso genera esos “pactos de camaradería” entre jueces y políticos.
También ocurre entre los propios jueces: aunque haya denuncias fuertes, es casi imposible que se investiguen entre ellos.
Delgado: Ahí hay una parte de convicción personal. Pero además hay muchos incentivos en el sistema institucional que favorecen esos comportamientos. Es lo de siempre: está el camino de la ley, pero también la diagonal. Y es mucho más remunerativo tomar la diagonal.
Hablemos de los casos que analizaron
Delgado: Analizamos cómo estalló el caso con Fariña y Elaskar, losdispositivos institucionales de salvataje (la intervención del titular de la Procelac, Carlos Gonella, para desviar la investigación lejos de Báez y Cristina, por ejemplo), cómo los pocos avances que había aran gracias a sucesivas investigaciones de los medios (factores externos a la causa): es una aproximación al caso a través del delito y no del hecho. Explicamos qué es el lavado de dinero, el verso del delito precedente, y cómo éso funciona como una forma de recorte para no ir más allá o más arriba.
De Elía: Y todo vuelve a acelerarse cuando Telenoche muestra el video de La Rosadita. Casanello termina deteniendo a Báez porque se toma un avión. Y sólo con esto, y un cambio de gobierno, hay procesamientos en la causa.
Delgado: Otro mecanismo de impunidad es el de partir lo casos, como analizamos con López. Lo más grave de su caso es que López tenía la plata en la casa. El caso empezó en 2008. El juez Rafecas le encargó un informe a la Prefectura, para investigar en el territorio los bienes de López y poder contrastar eso con sus declaraciones. Algo sencillo. Para empezar, se hace el primer recorte, no importaba la manguera que alimentó el patrimonio. Se limita a la contratación. El 14 de junio de este año lo agarraron a López revoleando los bolsos, y aquel informe no había terminado. Es tragicómico. Pasan las mil y una tonterías que van retrasando todo. Lo concreto es que desde 2008 hasta 2016 la Prefectura no habia logrado terminar un informe sobre el patrimonio de López, su mujer, su suegra y sus hijos. Y el tipo tenía la plata en un tanque de agua del altillo en su casa de Tigre! Eso da para un seminario sobre cómo funciona la justicia argentina. Porque los jueces se aproximan de esa misma forma a todos los casos.
Hay como una pasión por el procedimiento que a veces sirve como excusa para no avanzar hacia el fondo de los temas.
Delgado: Sí, es orgásmico. Aunque estén a tres metros, separados por un pasillo, los jueces se comunican por notas, hasta para pedirse ver un expediente.
También es inexplicable para la gente cómo se pueden hacer cosas opuestas invocando a la misma ley.
Delgado: Eso ocurre porque la ley está divorciada de la justicia. Todo es legal, pero no se percibe como justo. Y si la sociedad no percibe lo legal como justo, automáticamente la justicia se transforma en parte del problema.
¿Sirve para algo la auditoría sobre los juzgados federales que ordenó el Consejo de la Magistratura?
Delgado: Todo lo que sea luz es bienvenido. A nosotros nadie nos mide productividad. Es lo mismo un fiscal que mandó mil causas a juicio oral en un año, que aquel que mandó cero.
También está la asignación y la falta de recurso como excusa para justificar la inacción judicial.
Delgado: El sistema medieval de hacer justicia e incorporar pruebas también tiene que ver con la temporalidad. La tecnología casi no existe en los Tribunales. En caso Time Warp, por ejemplo, buscamos toda la información por Internet, rapidísimo. Después la fuimos chequeando. Pero no hay un hábito en el sistema judicial de incorporar la tecnología. Seguimos citando por telegrama, por cédula, por oficio. Y esas prácticas también le dan ventaja a los delincuentes, sobre todo a los económicos. En la justicia argentina, la forma supera al contenido. La clave es la administración del proceso, los tiempos. No tanto cómo se aplica la ley. Y en el manejo de los tiempos el juez tiene un dominio absoluto. Incluso las cámaras de apelaciones pueden analizar la forma en que el juez aplicó el derecho, pero no cómo el juez gobernó el expediente. La ley sólo le permite a las instancias de revisión analizar el punto que está en disputa, pero no puede analizar el camino que recorrió. Por eso fue extraordinario lo que hizo la sala II de la Cámara en el caso Báez, cuestionando la forma y la orientación que Casanello le había dado a la causa. Y además nos dice a los jueces y fiscales “por favor charlen” entre ustedes. Despacito, algo está cambiando. Además de aplicar la ley, los jueces deben tener la responsabilidad de administrar los procesos. Y tener un costo si lo hacen mal. O un premio si lo hacen bien, claro.
Claudio Savoia
Diario Clarín
Noviembre 18, 2016
http://www.clarin.com/politica/Fiscal-Delgado-jueces-leales-faccion_0_1687631381.html