El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema dictó el histórico fallo conocido como Roe versus Wade.
Y desde entonces ha sido también un territorio de disputa. Una línea que divide a la sociedad estadounidense por ideologías, religiones y partidos.
Un estudio del Centro Pew de 2017 revela que “la división partidaria en torno al aborto está mucho más polarizada” que hace dos décadas.
Mientras que la candidata demócrata, Hillary Clinton, se presentó como una defensora de larga data de los derechos reproductivos, Trump prometió que tomaría cartas para “defender los derechos de los niños sin nacer y los de sus madres”.
Quienes deciden abortar en Estados Unidos, llegan a las clínicas especializadas, habiendo tomado un turno. Esperan y se distraen leyendo algo o mirando al vacío. Todas traen una historia debajo del brazo, no todas trágicas. No todas han sido violadas. Muchas tienen una pareja estable. Algunas no le dicen a su pareja que están embarazadas, sacan cuentas y otro niño más será imposible alimentar. Otras están solas. Pero ya uno o más hijos en su haber. No pueden pagar la pastilla anticonceptiva… pero esta la píldora del día después.
El sonido de la bomba de succión para extraer el niño por nacer, resuena en el lugar. En el Estado de Luisana quedan tres clínicas. Este centro que se dedica mayormente a abortos quirúrgicos en el primer trimestre del embarazo. Los sábados son los días que más trabajan. Es el Hope Medical, una pequeña clínica en la ciudad de Shreveport, en el sur de Estados Unidos.
En los años 80 había 11 clínicas en Luisiana. Pero el número cayó estrepitosamente durante la última década, no sólo aquí sino en todo Estados Unidos, tanto, que hoy hay siete estados con un único proveedor de abortos legales. Este sitio atiende unas 10.000 mujeres al año.
Dicen que se ha vuelto poco rentable el negocio de los abortos, que el número anual de abortos está en el pico más bajo en este año 2018.
De los 52 estados, Luisiana es el que ha visto el mayor número de propuestas para restringir el aborto durante el año legislativo 2016. Y ahora, hace apenas semanas, el Senado estatal lo prohibió después de 15 semanas de gestación, lo que representa la segunda ley más estricta del país, detrás de la de Iowa.
En 2017, el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, se aprobaron 63 restricciones en 19 estados. Y 29 distritos -incluido Luisiana- son considerados “hostiles” con el derecho al aborto, según el grupo de investigación en temas de salud reproductiva del Instituto Guttmacher.
También a nivel federal el debate agita las aguas. Con el respaldo que le dieron las urnas en 2016, el presidente Trump ha cumplido con algunas promesas de campaña, como la nominación de un juez “provida” para la Corte Suprema y el recorte de fondos federales para organizaciones que asesoran sobre aborto en el ámbito internacional.
Cada mujer que va a practicarse un aborto debe cumplir la sesión de terapia, que es obligatoria por ley. Una conversación confidencial en la que deberá estampar siete firmas en un formulario de consentimiento con 23 puntos. La consejera de turno le recita una lista -ensayada, evidentemente mil veces repetida- con los riesgos que entraña un aborto quirúrgico. “Infección, coágulos, hemorragias, perforación de la pared del útero”, y la lista sigue. También la concejera le explica e explica el procedimiento, una intervención de unos diez minutos que se hace mediante una cánula a través del cérvix dilatado y una bomba de succión -“una suerte de aspiradora manual, 20 veces más poderosa que la de tu casa”, – que vaciará el útero.
Una que busca abortar dice que necesita ayuda económica: su sueldo es de US$ 525, ni siquiera alcanza para cubrir la tarifa de US$550 que cobra la clínica para embarazos de hasta 11 semanas. La concejera le ofrece un descuento con las donaciones privadas que recibe la clínica. No hay subsidios gubernamentales para costear un aborto y tampoco lo cubre la mayoría de los seguros de salud.
“Serían US$ 400”, le dice la consejera.
Los activistas próvida también se han vuelto más elocuentes y, de acuerdo a la Federación Nacional del Aborto (NAF, en inglés), se registra una “escalada en el discurso de odio”. Hubo un aumento de robos y vandalismo, señala la NAF, y los piquetes a las puertas de las clínicas registraron una frecuencia inédita, más de 78.000 en 2017, el índice más alto desde que se comenzaron los registro
En enero de este año, el gobierno dictó una normativa que facilita la exclusión de Planned Parenthood de programas de salud financiados con dinero público, y otra que permite que los médicos se rehúsen a practicar un aborto apelando a “objeciones morales o religiosas”.
También hubo avances en el plano judicial, con la confirmación de Neil Gorsh, la opción provida nominada por Trump, para el sillón vacante en la Corte Suprema.
Ahora, la batalla está recalentándose: ante la inminencia de las elecciones de medio término, en noviembre, se han presentado nuevos borradores de leyes restrictivas.
El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema dictó el histórico fallo conocido como Roe versus Wade.
Y desde entonces ha sido también un territorio de disputa. Una línea que divide a la sociedad estadounidense por ideologías, religiones y partidos.
Un estudio del Centro Pew de 2017 revela que “la división partidaria en torno al aborto está mucho más polarizada” que hace dos décadas.
Mientras que la candidata demócrata, Hillary Clinton, se presentó como una defensora de larga data de los derechos reproductivos, Trump
prometió que tomaría cartas para “defender los derechos de los niños sin nacer y los de sus madres”.
Quienes deciden abortar en Estados Unidos, llegan a las clínicas especializadas, habiendo tomado un turno. Esperan y se distraen leyendo algo o mirando al vacío. Todas traen una historia debajo del brazo, no todas trágicas. No todas han sido violadas. Muchas tienen una pareja estable. Algunas no le dicen a su pareja que están embarazadas, sacan cuentas y otro niño más será imposible alimentar. Otras están solas. Pero ya uno o más hijos en su haber. No pueden pagar la pastilla anticonceptiva… pero esta la píldora del día después.
El sonido de la bomba de succión para extraer el niño por nacer, resuena en el lugar. En el Estado de Luisana quedan tres clínicas. Este centro que se dedica mayormente a abortos quirúrgicos en el primer trimestre del embarazo. Los sábados son los días que más trabajan. Es el Hope Medical, una pequeña clínica en la ciudad de Shreveport, en el sur de Estados Unidos.
En los años 80 había 11 clínicas en Luisiana. Pero el número cayó estrepitosamente durante la última década, no sólo aquí sino en todo Estados Unidos, tanto, que hoy hay siete estados con un único proveedor de abortos legales. Este sitio atiende unas 10.000 mujeres al año.
Dicen que se ha vuelto poco rentable el negocio de los abortos, que el número anual de abortos está en el pico más bajo en este año 2018.
En 2017, el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, se aprobaron 63 restricciones en 19 estados. Y 29 distritos -incluido Luisiana- son considerados “hostiles” con el derecho al aborto, según el grupo de investigación en temas de salud reproductiva del Instituto Guttmacher.
También a nivel federal el debate agita las aguas. Con el respaldo que le dieron las urnas en 2016, el presidente Trump ha cumplido con algunas promesas de campaña, como la nominación de un juez “provida” para la Corte Suprema y el recorte de fondos federales para organizaciones que asesoran sobre aborto en el ámbito internacional.
Cada mujer que va a practicarse un aborto debe cumplir la sesión de terapia, que es obligatoria por ley. Una conversación confidencial en la que deberá estampar siete firmas en un formulario de consentimiento con 23 puntos. La consejera de turno le recita una lista -ensayada, evidentemente mil veces repetida- con los riesgos que entraña un aborto quirúrgico. “Infección, coágulos, hemorragias, perforación de la pared del útero”, y la lista sigue. También la concejera le explica e explica el procedimiento, una intervención de unos diez minutos que se hace mediante una cánula a través del cérvix dilatado y una bomba de succión -“una suerte de aspiradora manual, 20 veces más poderosa que la de tu casa”, – que vaciará el útero.
“Serían US$ 400”, le dice la consejera.
Los activistas próvida también se han vuelto más elocuentes y, de acuerdo a la Federación Nacional del Aborto (NAF, en inglés), se registra una “escalada en el discurso de odio”. Hubo un aumento de robos y vandalismo, señala la NAF, y los piquetes a las puertas de las clínicas registraron una frecuencia inédita, más de 78.000 en 2017, el índice más alto desde que se comenzaron los registro
En enero de este año, el gobierno dictó una normativa que facilita la exclusión de Planned Parenthood de programas de salud financiados con dinero público, y otra que permite que los médicos se rehúsen a practicar un aborto apelando a “objeciones morales o religiosas”.
También hubo avances en el plano judicial, con la confirmación de Neil Gorsh, la opción provida nominada por Trump, para el sillón vacante en la Corte Suprema.
Ahora, la batalla está recalentándose: ante la inminencia de las elecciones de medio término, en noviembre, se han presentado nuevos borradores de leyes restrictivas.
Fuente: BBC
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 12, 2018
Tags: Aborto, Donald J. TrumpRelated Posts
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