La decisión, luego rectificada, de hacer móvil el feriado del 24 de marzo despertó el rechazo de los organismos de derechos humanos, así como de una franja amplia del espectro político. También fue criticada por otras entidades y personas, muchas de las cuales están distantes de las ideas setentistas. Distintas fracciones del peronismo, en tanto, aprovecharon esa decisión del Gobierno para atacarlo y encontrar una oportunidad de convergencia partidaria.

Quienquiera que revise los archivos de prensa de los días y semanas previos al 24 de marzo de 1976 podrá hacerse una composición objetiva del marco social, político y económico de aquel momento. En marzo de 1976 se había llegado a un verdadero vacío de poder frente a una situación caótica. El peronismo descartaba el juicio político a la presidenta y carecía de capacidad y programa para apoyarla o sustituirla. Incluso en la oposición reconocían no tener soluciones. El terrorismo montonero y del ERP producía víctimas, atacaba cuarteles y asesinaba a policías y civiles.

Poco antes de morir, Juan Perón había consentido de hecho formas de represión ilegales y su sucesora firmó un decreto que ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar la acción subversiva. Alrededor de 900 desapariciones fueron anteriores al 24 de marzo de 1976.

La ocupación del gobierno por las fuerzas armadas contó con un amplio consenso de la sociedad, como lo evaluaron en ese momento casi todos los analistas locales y del exterior. La Justicia ya se ha expedido debidamente sobre los orígenes y características del golpe de Estado. Pero la misma Justicia no se ha ocupado hasta el momento de investigar y sancionar a los responsables de la acción de los movimientos guerrilleros, quedando así incompleta no sólo la reconstrucción de la verdad histórica, sino también la sanción penal a todos los responsables.

Los setenta deben juzgarse con la historia y la memoria completas, que es exactamente la contracara del relato kirchnerista durante más de una década, sobre todo en su política de derechos humanos. Los avances anteriores hacia la pacificación y reconciliación fueron retrocedidos y la Justicia, con pocas excepciones, actuó con parcialidad, tanto sobre militares como sobre policías y civiles. Otra vez la contradicción: el carácter de lesa humanidad no se aplicó a los crímenes de las organizaciones armadas, una asimetría que contradice la jurisprudencia internacional.

Es innegable que hubo excesos y crímenes inaceptables de ambos lados, pero no existe una sola razón para que no se juzgue a las organizaciones terroristas, que fueron las iniciadoras del sangriento conflicto. Debe recordarse que el gobierno de Héctor Cámpora, fuertemente influenciado por las organizaciones subversivas, desmanteló el fuero judicial penal que juzgaba esos delitos. Tampoco hay que olvidar que, habiendo sido juzgados y condenados, luego de ser amnistiados en mayo de 1973, los guerrilleros atacaron físicamente a jueces y asesinaron al doctor Jorge Vicente Quiroga.

Las víctimas del terrorismo, que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) identificó en 1355 muertos y 18.300 heridos y afectados, no han recibido reconocimiento ni indemnizaciones, mientras que sus victimarios y familiares fueron indemnizados y han ocupado altos cargos oficiales, especialmente durante la administración precedente. Basta un solo caso para exponer la irracionalidad con la que se manejaron estas cuestiones. El soldado Luis Roberto Mayol, uno de los militantes montoneros que en 1974 coparon el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa y asesinaron a 12 camaradas, es recordado con una placa en la Universidad de Santa Fe que lo reivindica como víctima del terrorismo de Estado.

La institución del 24 de marzo como feriado para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue una disposición de Néstor Kirchner, quien buscó construir poder e inmunidad haciendo un uso político de la causa por la defensa de los derechos humanos.

Quienes hoy critican al actual gobierno por haber intentado trasladar la fecha de ese recordatorio nada dijeron cuando el kirchnerismo le adosaba feriados puente convirtiendo el 24 de marzo en un fin de semana largo para promover el turismo.

Como sucedió no hace mucho con Darío Lopérfido, quien debió renunciar a un cargo en el gobierno de la ciudad por sus cuestionamientos al número de desaparecidos, ahora hay quienes reclaman la dimisión del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por haber opinado sobre estos hechos. Podemos estar o no de acuerdo con los dichos de los demás, lo que no podemos hacer es censurarlos, ser intolerantes. Todos, funcionarios o no, tenemos el derecho de opinar.

Por lo tanto, resultan innecesarias las aclaraciones formuladas, entre otros funcionarios, por el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el sentido de que las declaraciones de Gómez Centurión han sido “a título personal”. Son para destacar, en cambio, las del ministro de Justicia, Germán Garavano. “Nunca más -expresó- tenemos que vivir un horror de Estado y nunca más sufrir una dictadura.”

En este contexto deberíamos leer con atención la sugerencia que, entre otros, ha hecho el obispo de San Francisco, Córdoba, monseñor Sergio Buenanueva, respecto de si no sería más apropiado conmemorar el 10 de diciembre, “día en el que los argentinos pronunciamos un sí no sólo a la democracia, sino a todo un modo de entendernos a nosotros mismos y a nuestra convivencia”.

El 10 de diciembre de cada año, además, se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos, pues recuerda la jornada que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración universal sobre esos derechos, que son de todos.

El papa Francisco, en su visita a Filadelfia, cuna de la independencia norteamericana, hizo una profunda reflexión acerca de los pueblos que se empecinan en recordar su pasado, para poder afrontar con confianza los retos del futuro, y los que lo olvidan ignorando las consecuencias. “La memoria -advierte Francisco- salva el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o utilizarlo para sus propios intereses.”

PrisioneroEnArgentina.com

Febrero 12, 2017

Día de la Memoria

El editorial “La discusión por el Día de la Memoria”, del martes pasado es el aporte más importante que se ha hecho sobre el tema hasta la fecha. Es la primera vez que leo una crónica absolutamente veraz sobre lo ocurrido. Las organizaciones guerrilleras secuestraban y mataban gente con el objeto de pedir rescates o directamente para eliminar rivales políticos representativos de todas las actividades del país. Era evidente que querían derrocar al gobierno constitucional y crear una dictadura al estilo del “castrismo cubano”. El Congreso trató por todos los medios de lograr una salida constitucional a un gobierno indefenso, sin autoridad. Toda la opinión pública e incluso los miembros de los más importantes partidos políticos urgieron al Ejército para que se hicieran cargo de la situación.

Los felicito por haber publicado la verdad histórica.

José Norberto Allende

DNI 4.248.609