Organizaciones sociales y políticas de izquierda saldrán hoy miércoles a las calles, en el marco de la gran crisis económica; y en protesta contra las políticas de ajuste del nuevo Gobierno de Javier Milei. Esta vez, la movilización implica un desafío a la nueva administración a diez días de haber asumido el poder: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó la semana pasada un protocolo ‘antipiquetes’, con el que buscan liberar las calles de cortes por manifestaciones. La advertencia de Bullrich fue clara: “Sepan que si se toman las calles, va a haber consecuencias”. En este sentido anunció que las cuatro fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)— actuarán en los operativos de desalojo.
El protocolo incluye también la aplicación de las leyes, que contemplan hasta penas de prisión, el cobro de los gastos que suponga la intervención de las fuerzas de seguridad e incluso la eventual deportación, en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.
Además, este lunes la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que aquellos que participen o promuevan cortes en las calles dejarán de recibir planes sociales.
Será una jornada tensa. Los referentes de las agrupaciones y movimientos ‘piqueteros’ más duros redoblaron la apuesta y prometieron una enorme marcha que iniciará a las 4:00 PM (hora local) desde el Congreso Nacional, en Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno. Y no precisamente será “en la vereda”, donde, según Bullrich, sí se podrá manifestar.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, una de las organizaciones que ratificaron la movilización de este 20 de diciembre, afirmó en diálogo con RT que los anuncios de Bullrich han generado una “reacción popular” de parte de organizaciones que no habían convocado y que ahora son “convocantes entusiastas” de la marcha.
Según Belliboni, en las últimas horas se han ido sumando sectores del movimiento obrero ocupado, organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles, entre otros espacios, por lo que se espera una participación masiva.
“Han tomado este protocolo como un desafío, como un concepto de parte de un gobierno que intenta prohibir las libertades públicas, y por lo tanto crece la movilización popular”, afirmó el referente de izquierda.
Además, remarcó que la manifestación se realiza contra un gobierno que aplica un “ajuste de características extraordinarias, con enormes dificultades para millones de personas para llegar a fin de mes, una necesidad vital para la clase obrera”, en un contexto de más de 160 % de inflación anual.
Belliboni señaló que intentarán evitar que alguien salga lastimado, y advirtió que denunciarán al Gobierno ante cualquier situación generada por la represión. “Nos preparamos con mucha fuerza y unidad. Pero de parte nuestra no habrá violencia porque vamos a marchar en forma pacífica. Nosotros no vamos a un choque con las fuerzas de seguridad, sino que vamos a una movilización con reclamos obreros, populares, sentidos y que necesitan ser respondidos. No queremos violencia, pero no lo podemos garantizar del lado de las autoridades, que han sido muy violentas en sus declaraciones”, dijo.
“Es obvio que 50.000 personas no pueden marchar por la vereda, y por lo tanto el corte de la calle se dará de hecho. Pero nosotros no vamos preparados a una batalla, vamos preparados a una movilización. Y entonces serán responsabilidad de las autoridades, la Policía, los funcionarios a cargo, las consecuencias de reprimir una movilización pacífica”, manifestó el dirigente.
Belliboni contó a este medio que muchos compañeros del Polo Obrero expresaron preocupación por la posibilidad de perder un plan social por participar de la protesta. En muchos casos, se trata del único ingreso familiar. “Estamos tratando de decirles que lo que dice la ministra es ilegal, inconstitucional y no lo puede hacer. Si lo hiciera vamos a actuar en el terreno legal. No puede prohibir la libertad de manifestación y circulación. Castigar a alguien que lo hace es una extorsión”, declaró.
Además, el protocolo de “orden público” fue considerado ilegal, porque altera el derecho a la protesta. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió el lunes a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” de la medida, ya que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional. En total, hay cinco presentaciones jurídicas. Una la encabeza el escritor, periodista y expremio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, junto al dirigente del Partido Obrero (PO) Néstor Pitrola, que es un ‘habeas corpus’ preventivo. Además, se pidió en una audiencia pública en el Congreso, de la que participó Belliboni, que los legisladores interpelen a las ministras Bullrich y Pettovello por manifestar “acciones de represión contra el pueblo”.
Asimismo, la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que había denunciado el protocolo ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con más de 1.700 firmas de organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y gremios, para que “exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.
Hasta el momento, el Gobierno de Milei no retrocedió y sigue firme en la idea de que, antes que el derecho a la protesta, está “la libertad para circular”, según reafirmó el el vocero presidencial Manuel Adorni. En las horas previas, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunieron con sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar los operativos.
Habrá fuerte presencia policial en los accesos a la Capital Federal, en las inmediaciones del Congreso y de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. También se realizarán tareas de control en las estaciones de trenes, y se identificará a los manifestantes que porten palos o lleven sus rostros cubiertos, según adelantó la ministra Bullrich al detallar las nuevas medidas.
Desde la provincia de Buenos Aires, administrada por el peronismo, ya avisaron que no aplicarán el protocolo ‘antipiquetes’ porque criminaliza en cierto sentido la protesta”, según declaró Carlos Bianco, ministro de Gobierno del reelecto gobernador Axel Kicillof.
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El protocolo incluye también la aplicación de las leyes, que contemplan hasta penas de prisión, el cobro de los gastos que suponga la intervención de las fuerzas de seguridad e incluso la eventual deportación, en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.
Además, este lunes la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que aquellos que participen o promuevan cortes en las calles dejarán de recibir planes sociales.
Será una jornada tensa. Los referentes de las agrupaciones y movimientos ‘piqueteros’ más duros redoblaron la apuesta y prometieron una enorme marcha que iniciará a las 4:00 PM (hora local) desde el Congreso Nacional, en Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno. Y no precisamente será “en la vereda”, donde, según Bullrich, sí se podrá manifestar.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, una de las organizaciones que ratificaron la movilización de este 20 de diciembre, afirmó en diálogo con RT que los anuncios de Bullrich han generado una “reacción popular” de parte de organizaciones que no habían convocado y que ahora son “convocantes entusiastas” de la marcha.
Según Belliboni, en las últimas horas se han ido sumando sectores del movimiento obrero ocupado, organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos estudiantiles, entre otros espacios, por lo que se espera una participación masiva.
“Han tomado este protocolo como un desafío, como un concepto de parte de un gobierno que intenta prohibir las libertades públicas, y por lo tanto crece la movilización popular”, afirmó el referente de izquierda.
Además, remarcó que la manifestación se realiza contra un gobierno que aplica un “ajuste de características extraordinarias, con enormes dificultades para millones de personas para llegar a fin de mes, una necesidad vital para la clase obrera”, en un contexto de más de 160 % de inflación anual.
Belliboni señaló que intentarán evitar que alguien salga lastimado, y advirtió que denunciarán al Gobierno ante cualquier situación generada por la represión. “Nos preparamos con mucha fuerza y unidad. Pero de parte nuestra no habrá violencia porque vamos a marchar en forma pacífica. Nosotros no vamos a un choque con las fuerzas de seguridad, sino que vamos a una movilización con reclamos obreros, populares, sentidos y que necesitan ser respondidos. No queremos violencia, pero no lo podemos garantizar del lado de las autoridades, que han sido muy violentas en sus declaraciones”, dijo.
“Es obvio que 50.000 personas no pueden marchar por la vereda, y por lo tanto el corte de la calle se dará de hecho. Pero nosotros no vamos preparados a una batalla, vamos preparados a una movilización. Y entonces serán responsabilidad de las autoridades, la Policía, los funcionarios a cargo, las consecuencias de reprimir una movilización pacífica”, manifestó el dirigente.
Belliboni contó a este medio que muchos compañeros del Polo Obrero expresaron preocupación por la posibilidad de perder un plan social por participar de la protesta. En muchos casos, se trata del único ingreso familiar. “Estamos tratando de decirles que lo que dice la ministra es ilegal, inconstitucional y no lo puede hacer. Si lo hiciera vamos a actuar en el terreno legal. No puede prohibir la libertad de manifestación y circulación. Castigar a alguien que lo hace es una extorsión”, declaró.
Además, el protocolo de “orden público” fue considerado ilegal, porque altera el derecho a la protesta. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió el lunes a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” de la medida, ya que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional. En total, hay cinco presentaciones jurídicas. Una la encabeza el escritor, periodista y expremio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, junto al dirigente del Partido Obrero (PO) Néstor Pitrola, que es un ‘habeas corpus’ preventivo. Además, se pidió en una audiencia pública en el Congreso, de la que participó Belliboni, que los legisladores interpelen a las ministras Bullrich y Pettovello por manifestar “acciones de represión contra el pueblo”.
Asimismo, la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que había denunciado el protocolo ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con más de 1.700 firmas de organizaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y gremios, para que “exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas”.
Hasta el momento, el Gobierno de Milei no retrocedió y sigue firme en la idea de que, antes que el derecho a la protesta, está “la libertad para circular”, según reafirmó el el vocero presidencial Manuel Adorni. En las horas previas, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación se reunieron con sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar los operativos.
Habrá fuerte presencia policial en los accesos a la Capital Federal, en las inmediaciones del Congreso y de la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional. También se realizarán tareas de control en las estaciones de trenes, y se identificará a los manifestantes que porten palos o lleven sus rostros cubiertos, según adelantó la ministra Bullrich al detallar las nuevas medidas.
Desde la provincia de Buenos Aires, administrada por el peronismo, ya avisaron que no aplicarán el protocolo ‘antipiquetes’ porque criminaliza en cierto sentido la protesta”, según declaró Carlos Bianco, ministro de Gobierno del reelecto gobernador Axel Kicillof.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 20, 2023
Tags: Argentina, Javier MileiRelated Posts
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