Señores Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

De mi consideración:

Adolfo Roberto VÁZQUEZ, D.N.I N° 4.268.357, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la universidad de Buenos Aires, de profesión abogado, con matrículas CPACF T°6 F°125 y en la Plata Pcia de Buenos Aires T° XXIII F°424, constituyendo domicilio legal en Uruguay 911, 3° piso “A” y “B” de la ciudad autónoma de Buenos Aires (C.P. 1015); teléfonos (5411) 4815-6066; fax (5411) 4811-4251; correo electrónico: arvazquezar@yahoo.com; a esa comisión EXPONGO:

Que he tomado conocimiento de la existencia de numerosas peticiones contra el Estado Argentino, relacionadas a la violación de los siguientes derechos protegidos por la Constitución Nacional de la República Argentina y por el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos en sus instrumentos: Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH):- en sus artículos:- 4. (Derecho a la vida), 5. (Derecho a la Integridad Personal), 7. (Derecho a la libertad Personal), 8. (Garantías Judiciales), 9. (Principio de legalidad y de Retroactividad), 10. (Derecho a Indemnización), 11. (Protección de la Honra de la Dignidad), 17. (Protección a la Familia), 24. (Igualdad ante la ley), 25. (Protección judicial), 26. (Desarrollo Progresivo), 27. (Suspensión de Garantías) 31. (Reconocimiento de Otros Derechos), y 63.1; todos ellos en relación al 1 (Obligación de respetar los derechos ) y al 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno).- Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) :- artículos 1,2,3,5,7,9,10,11,12,16 y 26.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH):- artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), II (Derecho de igualdad ante la ley), V (Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar), VI ( Derecho a la constitución y a la protección de la familia), XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar), XII (Derecho a la educación), XIV (Derecho al trabajo y a una justa retribución), XVI (Derecho a la seguridad social), XVII (Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles), XVIII (Derecho de justicia), XXV (Derecho de protección contra la detención arbitraria) y XXVI (Derecho a proceso regular) – Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o Degradantes (CTTPCIO):- artículos 1,2,4,10,12, 13 y 14.- Protocolo adicional a la convención americana- derechos económicos, sociales y culturales, (“Protocolo de San Salvador”) artículos: 3 (Obligación de no Discriminación), 4 (No Admisión de Restricciones), 6 (Derecho al Trabajo), 9 (Derecho a la seguridad social), 10 (Derecho a la salud), 13 (Derecho a la educación), 15 (Derecho a la constitución y protección de la familia) y 17 (Protección de los ancianos).- Carta de las naciones unidas:- Preámbulo y artículos 102 y 103.-

JUSTIFICACION:

De conformidad de lo prescripto por el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su art 2 inciso 3, y ante los pedidos que me fueran efectuados por la UNION DE PERSONAL MILITAR ASOCIACION CIVIl, con domicilio legal en Uruguay 654 – Piso 9-Oficina 907 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correo electrónico admin@upmac.org.ar; la ASOCIACION PROMOCION 100 DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACION, con domicilio legal en Ruiz Huidobro Nº 3640 Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1430), correo electrónico josbaltazar@yahoo.com.ar y la ASOClACION PROMOCION 103 DEL COLEGIO MILITAR DE lA NACION, con domicilio legal en Aristóbulo del Valle 1012, de la Ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, correo electrónico or0767@hotmail.com, -entidades estas, que han Presentado Adhesión a la Petición P. 517/16- es que vengo a solicitar y aceptar por la presente intervenir como amicus curiae, en el interés de la vigencia de la protección de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Argentina y en el Derecho Internacional.

A efectos que se evalúe mis antecedentes y aptitudes para desempeñarme en el carácter que motiva el presente, declaro que en el ámbito jurídico actué durante veinte años como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil; Juez de Segunda Instancia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial ejerciendo en varios periodos como Presidente de la sala III y de la propia Cámara Federal y entre los años 1995 y 2004 fui Ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Además antes y después de mi actuación judicial ejercí la profesión de abogado por más de treinta años (lo que totaliza más de cincuenta años consagrados al Derecho); desempeñándome también como Procurador de la Ciudad de Buenos Aires; Gerente de Asuntos Jurídicos de Ferrocarriles Argentinos; asesor de la H Cámara de Diputados de la Nación, como profesor universitario; autor de numerosos libros jurídicos, conferencista y articulista de decenas de temas de derecho, etc…

Es entonces, en función de todos mis antecedentes profesionales y personales y como ferviente defensor del Estado de Derecho, que no puedo menos que manifestar la necesidad del restablecimiento para mi Nación de un régimen auténticamente democrático y republicano, estrictamente ajustado a la Constitución Nacional y al Derecho. Tal como expuse en el libro de mi autoría “ASALTO A LA JUSTICIA Crónica de una destitución” (Editorial Sudamericana edición Buenos Aires, febrero de 2016) que trata sobre las consecuencias de la política instrumentada a partir del año 2003; DONDE SE EVIDENCIA UNA VERDADERA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, justamente en los procesos judiciales que motivan esta presentación al disfrazarlos falsamente como juicios de lesa humanidad y sobre los cuales considero necesario y oportuno acercar un aporte a esa Honorable Comisión.

FUNDAMENTOS:

Su fundamento se encuentra en la gran cantidad de presos que ya habían sido juzgados y sobre esas causas con cosa juzgada firme, se volvieron a reabrir en forma contraria a los DDHH que dicen pregonar. Ello además de las graves violaciones que implican a los injustamente presos o detenidos; también ante el pueblo del país y ante las naciones del mundo, trae aparejado un grave desprestigio por la falaz invocación de los DDHH bien entendidos, que bajo su falso manto en estos graves casos se invocan con el retroceso y el mal que ello implica. Todo lo dicho, más allá de cualquier reproche no jurídico o meramente intelectual que los hechos de algunas personas pueden merecer y que no es parte de esta presentación estrictamente constitucional.

BREVE RESUMEN DE LA SITUACIÓN: (A MANERA DE EXCURSUS)

La Corte Suprema de justicia de la Nación Argentina, constitucionalmente conformada ejerció sus funciones normalmente sin interrupciones desde la recuperación de la democracia en el año 1983, con sus normales y lógicas evoluciones en las composiciones de sus jueces integrantes; siendo así respetada por lo sucesivos gobiernos presididos por los doctores Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde, hasta el ilegal avenimiento por la violación de la legislación de las internas del Partido Justicialista, que un ilegitimo congreso de tal partido político en la localidad de Lanús del año 2003 donde se anularon las internas partidarias consagrando así un ultra minoritario y digitado régimen antirrepublicano del cual surgió el gobierno de Néstor Kirchner con solo el 22% de los votos.

En el año 2003 concretamente el 4 de junio, el presidente Kirchner por medio de la cadena de radio y televisión, prácticamente ordenó al Congreso Nacional que depusiera a la Corte Suprema de ese entonces, como se dijo constitucionalmente conformada. A partir de ahí tal máximo tribunal fue avasallado por el gobierno kirchnerista entre los años 2003 y 2004, para luego de lo cual hacer lo propio con la Cámara de Casación Penal y otros Tribunales y Juzgados Federales, y a partir de ahí proceder a violar los principios fundamentales del derecho universal, desconociéndose sucesivamente la cosa juzgada judicial; o cuando se vulneró la irretroactividad de la ley penal (para posibilitar la detención de más de dos mil militares, personal de fuerzas de seguridad, civiles y otros) y cuando no se tuvo en cuenta la ley penal más benigna para el imputado. Entre otras aberraciones jurídicas, como cuando inventan los llamados “Juicios de la Verdad”, que vaya paradoja no tenían por objeto dictar sentencia alguna, y con esa excusa llevan a declarar a militares y civiles “en carácter de testigos” y “bajo juramento de decir la verdad” , so pena del “delito de perjurio”, para en forma socarrona propia de los bellacos más astutos, transformar esas declaraciones hechas, donde el juramento los obligó a declarar en contra de sí mismos, en ilegítimos juicios penales para procesar y condenar antijurídicamente a personas que ya habían sido juzgadas, absueltas, condenadas o indultadas, burlándose todas las normas morales, éticas, jurídicas y sobre todo constitucionales, que implican todo proceso judicial (1). A ellos se suma además la desigualdad ante la ley dado que se discriminó a otros sectores de personas que también habían sido juzgados en igualdad de condiciones que los militares como es el caso de los terroristas a quienes se respetaron aquellos mismos juicios y los indultos.

DESCONOCIMIENTO Y VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA JUDICIAL-
MUERTE DE LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Las leyes de punto final y de obediencia debida, fueron declaradas constitucionales por la corte nombrada durante el gobierno del Dr. Ricardo R. Alfonsín. Los indultos decretados por el presidente Carlos S. Menem, respecto de militares como mayoritariamente de terroristas, también fueron declarados constitucionales por miembros de la Corte de Alfonsín e integrantes que les sucedieron. Con la nueva conformación de la Corte Kirchnerista a partir de 2003, se dieron las innovaciones respecto de las sentencias firmes dictadas por sus anteriores integraciones.

El objetivo de agitar falsos fantasmas del pasado reavivando las causas ya fenecidas contra militares y civiles, por violaciones a los derechos humanos, comenzó a plasmarse.

Una nueva ley dictada por el Congreso declarado la nulidad de las leyes mencionadas, también dictadas por ese mismo Poder Legislativo, fue un nuevo eslabón.

Que el Congreso declare la nulidad de leyes que tienen efectos ya cumplidos y consumados es desconocer la autoridad de la cosa juzgada judicial. La constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, ergo su nulidad y su aplicabilidad, son resortes exclusivos del Poder Judicial. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo tienen facultad de anular leyes ni de restablecer causas judiciales juzgadas o fenecidas. El Congreso solo tiene la potestad de derogar leyes o dejarlas sin efecto hacia el futuro, pero nunca podría determinar que no han existido. La retroactividad ya sea por el dictado de una nueva ley, ya sea por revivir leyes antiguas más perjudiciales mediante el artilugio de darles nueva vigencia a las anteriores no es justicia. Ello suena más a venganza.

En la doctrina penal de todos los países civilizados existe el principio de la ley penal más benigna, según el cual a cualquier justiciable investigando penalmente se le debe aplicar la ley más benigna que exista o haya existido desde el momento del hecho hasta el de la sentencia. De acuerdo con este principio, aún cuando las leyes se derogaran, seguían beneficiando a aquellos a quienes estaban destinadas o hubieran abarcado.

El objetivo era reabrir los procesos ya finiquitados muchos años antes y para esto había que terminar con los principios básicos del derecho en una sociedad civilizada que operara a favor de los imputados por delitos vinculados a la represión de la violencia subversiva (2).

La convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, adquirió jerarquía constitucional por la ley 25.778 que se publicó el 3 de septiembre de 2003. Esta convención se aplicó al caso Arancibia Clavel que tenía la Corte en estudio, (en realidad debería decir a la espera de que saliera aquella ley para después aplicarla retroactiva mente, así fue y por eso no se pronunció antes con la ley entonces vigente) vulnerado el principio de que nadie puede ser condenado sino por una ley anterior al hecho que se juzga. Mi voto fue negativo a la idea de imponer esa regla, ya que al igual que los Dres. Fayt y Belluscio sostuvimos que para eso había que violar la Constitución y hacerlo con retroactividad. La mayoría dejó de lado la coherente jurisprudencia nacional como internacional que consagra una conducta y norma de acción que sostiene que el principio de legalidad no queda satisfecho si el legislador no determina de manera doble la conducta punible con toda claridad y la pena correspondiente. No tocaba la condena por analogía que se aplicó.-

Las normas internas y las del derecho internacional también impedían desconocer la cosa juzgada judicial, la irretroactividad de la ley penal con el agravamiento de la prescripción o de una pena mayor a la del momento de la comisión del delito. El Estado Argentino desconoció los principios de derecho de los instrumentos que fueron incluidos a la Constitución Nacional cuyo artículo 18 debiera servir como una barrera. Y esto es así justamente porque los Tratados Internacionales declaran la vigencia obligatoria de los mismos en la medida que una disposición interna del Estado miembro, no dispusiera de una norma aún más benigna que las contenidas en ellos. Y este es nuestro caso, pues el art 75 inciso 22 de la Carta Magna Argentina dispone expresamente que los tratados internacionales’ no son de aplicación de nuestro país si los estándares de protección que establecen son inferiores a la declaración de Derecho y Garantías consagrados en la primera parte de nuestra Constitución Nacional. Así entonces, el art 18 de nuestra Constitución prevalece sobre los Tratados Internacionales en casos como los que motiva esta presentación. En tal sentido vemos, entre otras disposiciones, en particular el citado arto 18 establece textualmente” Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Los cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de los que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

PETITORIO:

En base a lo expuesto, a esa comisión SOLlCITO:-

Se tenga por interpuesto el presente como amicus curiae.-

Tome en consideración los razonamientos expuestos a fin de determinar las graves violaciones a los derechos humanos indicadas, así como la afectación que con ellos se hace a las víctimas.-

Sin otro particular saludo a esa comisión muy atte.-

Buenos aires, 3 de noviembre de 2016.-

PrisioneroEnArgentina.com

Noviembre 15, 2016