“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con elChe Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina,podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
“A nuestros oponentes políticos les ofrezco un trato: Si ellos dejan de mentir sobre nosotros, yo dejaré de decir la verdad sobre ellos”.
Adlai Stevenson
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Si usted cree que debemos vivir en un estado de derecho y tal como hice la semana pasada, le ruego que copie este link (http://tinyurl.com/haftfpc), lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda.
No voy a hablar hoy de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don Néstor (q.e.p.d.).
La semana contuvo un hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una estadística confeccionada durante la “gestión” de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: “En vez de investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos”; raro, porque no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.
La relevancia del número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los “30.000”, que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias organizaciones.
Es que, si se deja de hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos: irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2×1 y prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben impúdicamente sus mal habidas fortunas.
El otro episodio fue la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus afirmaciones.
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La Argentina es el único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales, demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que los gobierna.
Nuestra nación se formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de “buena voluntad” que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra población carcelaria.
Pero, pese a que aún aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.
Entonces, y como la caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos son ocupados por “turistas” que, en la práctica, realizan curiosos “tours de salud” para operarse gratuitamente dentro de nuestras fronteras.
Estamos, en este momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin pedirles absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.
Soy un Fiscal de Instrucción del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. No pertenezco al grupo de colegas que la investigan en múltiples causas penales. Tampoco integro el partido político “Justicia Legítima”, creado durante su último mandato constitucional, en un hecho inédito en la historia judicial argentina.
Utilizo esta forma de comunicación -carta abierta-, ya que desde su salida del Poder Ejecutivo, nos ha dedicado a los magistrados judiciales de este país, numerosas misivas a través de las redes sociales, en especial, Facebook.
Debo reconcer, Sra. Fernández, que prefiero la gráfica -su gráfica- y no la oratoria -su oratoria- desde los atriles oficiales, con dedos índices levantados, gestos adustos y personas aplaudiendo cada verbo o frase verbal.
En su última creación literaria, amén de enumerar -uno por uno- los logros de su gobierno y el de su difunto esposo, escribe nuevamente sobre el PJ (partido judicial), como si éste no se tratara de una facción de magistrados, funcionarios y empleados judicales, afines a SUS ideas políticas, abierta y orgullosamente reconocido por ellos.
También escribió sobre “ficciones”… Esta reflexión es, a mi juicio, la más interesante de su libelo.
Las “ficciones” fueron un capítulo cardinal durante sus mandatos. Podemos recordar alguna de ellas:
* Fué ficción la inseguridad, el aumento de los índices delictivos y el incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.
* Fué ficción la implementación -como catecismo laico obligatorio- del abolicionismo penal como condición sine qua non para acceder a los cargos judiciales por concurso, a las cátedras universitarias, a los institutos de Post-grado, etc.
* Fué ficción que esta pseudo doctrina haya perturbardo severamente el juicio crítico de estudiantes de Derecho, abogados y magistrados judiciales de todas las instancias. Que se haya invertido en forma grotesca el paradigma milenario del Derecho Penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario la “víctima de un sistema capitalista neoliberal” que le quitó oportunidades y lo “empujó hacia el delito”, o mejor dicho, hacia el “conflicto”, según la terminología progre. Que el delito es una creación política-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles, o “jaulas de exterminio”, de pobres y oprimidos.
* Fué ficción que, durante la década pasada, no haya existido una política criminal seria y duradera y que, en su reemplazo, se haya instaurado un programa coyuntural, caracterizado por el pendulismo ideológico, espasmódico y esquizofrénico. Un vaivén de posturas y maquillajes que fueron desde la “mano dura” y la “tolerancia cero” hasta el actual y pretendido “minimalismo penal”. Siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y el calendario electoral.
* Fué ficción que la fuerza de seguridad federal de fronteras, Gendarmería Nacional Argentina, se haya dedicado a cuidar autopistas urbanas, que la fuerza de seguridad federal de vías navegables, Prefectura Naval Argentina, se haya dedicado a cuidar barrios chic, y que las policías locales hayan sido formadas en seis meses, otorgando en ese plazo a sus flamantes integrantes placa, pistola y autoridad.
* Fué ficción la derogación explícita de la garantía del libre tránsito en la República Argentina (art. 14 de la CN), bajo la excusa de “no poder criminalizar la protesta social”…
Como verá, Sra. Fernández, no me he referido ni a bóvedas, propiedades suntuosas, bolsos ni cajas de seguridad. Son investigaciones judiciales en trámite que no conozco en profundidad y, además, respeto su derecho de Defensa.
Sólo quise arrimar a sus reflexiones via Facebook otras “ficciones” de sus mandatos no enumeradas por Ud… Tal vez le sirvan para la elaboración de futuras misivas.
Te cambio figuritas, Cambiemos
“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con el Che Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina, podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
¡Ojalá Cambiemos acepte cambiar figuritas!
Bs.As., 26 Nov 16
Enrique Guillermo Avogadro
¡Qué números raros!
[one_half padding=”0 30px 0 0″]Si usted cree que debemos vivir en un estado de derecho y tal como hice la semana pasada, le ruego que copie este link (http://tinyurl.com/haftfpc), lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda.
No voy a hablar hoy de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don Néstor (q.e.p.d.).
La semana contuvo un hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una estadística confeccionada durante la “gestión” de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: “En vez de investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos”; raro, porque no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.
La relevancia del número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los “30.000”, que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias organizaciones.
Es que, si se deja de hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos: irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2×1 y prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben impúdicamente sus mal habidas fortunas.
El otro episodio fue la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus afirmaciones.
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 30px”]La Argentina es el único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales, demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que los gobierna.
Nuestra nación se formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de “buena voluntad” que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra población carcelaria.
Pero, pese a que aún aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.
Entonces, y como la caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos son ocupados por “turistas” que, en la práctica, realizan curiosos “tours de salud” para operarse gratuitamente dentro de nuestras fronteras.
Estamos, en este momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin pedirles absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.
[/one_half_last]Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Bs.As., 13 Nov 16
FICCIONES: Carta Abierta a la ex Presidente de la República
Sra. Cristina Fernández:
De mi consideración.
Soy un Fiscal de Instrucción del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. No pertenezco al grupo de colegas que la investigan en múltiples causas penales. Tampoco integro el partido político “Justicia Legítima”, creado durante su último mandato constitucional, en un hecho inédito en la historia judicial argentina.
Utilizo esta forma de comunicación -carta abierta-, ya que desde su salida del Poder Ejecutivo, nos ha dedicado a los magistrados judiciales de este país, numerosas misivas a través de las redes sociales, en especial, Facebook.
Debo reconcer, Sra. Fernández, que prefiero la gráfica -su gráfica- y no la oratoria -su oratoria- desde los atriles oficiales, con dedos índices levantados, gestos adustos y personas aplaudiendo cada verbo o frase verbal.
También escribió sobre “ficciones”… Esta reflexión es, a mi juicio, la más interesante de su libelo.
Las “ficciones” fueron un capítulo cardinal durante sus mandatos. Podemos recordar alguna de ellas:
* Fué ficción la inseguridad, el aumento de los índices delictivos y el incremento de la violencia en casi todas las formas de comisión criminal.
* Fué ficción la implementación -como catecismo laico obligatorio- del abolicionismo penal como condición sine qua non para acceder a los cargos judiciales por concurso, a las cátedras universitarias, a los institutos de Post-grado, etc.
* Fué ficción que esta pseudo doctrina haya perturbardo severamente el juicio crítico de estudiantes de Derecho, abogados y magistrados judiciales de todas las instancias. Que se haya invertido en forma grotesca el paradigma milenario del Derecho Penal, donde la víctima resulta ser el victimario y el victimario la “víctima de un sistema capitalista neoliberal” que le quitó oportunidades y lo “empujó hacia el delito”, o mejor dicho, hacia el “conflicto”, según la terminología progre. Que el delito es una creación política-capitalista que le quitó a los particulares la posibilidad de dirimir pacíficamente el conflicto, para que el Estado pueda mantener el negocio de la inseguridad, llenando las cárceles, o “jaulas de exterminio”, de pobres y oprimidos.
* Fué ficción que, durante la década pasada, no haya existido una política criminal seria y duradera y que, en su reemplazo, se haya instaurado un programa coyuntural, caracterizado por el pendulismo ideológico, espasmódico y esquizofrénico. Un vaivén de posturas y maquillajes que fueron desde la “mano dura” y la “tolerancia cero” hasta el actual y pretendido “minimalismo penal”. Siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y el calendario electoral.
* Fué ficción que la fuerza de seguridad federal de fronteras, Gendarmería Nacional Argentina, se haya dedicado a cuidar autopistas urbanas, que la fuerza de seguridad federal de vías navegables, Prefectura Naval Argentina, se haya dedicado a cuidar barrios chic, y que las policías locales hayan sido formadas en seis meses, otorgando en ese plazo a sus flamantes integrantes placa, pistola y autoridad.
* Fué ficción la derogación explícita de la garantía del libre tránsito en la República Argentina (art. 14 de la CN), bajo la excusa de “no poder criminalizar la protesta social”…
Como verá, Sra. Fernández, no me he referido ni a bóvedas, propiedades suntuosas, bolsos ni cajas de seguridad. Son investigaciones judiciales en trámite que no conozco en profundidad y, además, respeto su derecho de Defensa.
Sólo quise arrimar a sus reflexiones via Facebook otras “ficciones” de sus mandatos no enumeradas por Ud… Tal vez le sirvan para la elaboración de futuras misivas.
La saludo con mi consideración más distinguida.
Marcelo Carlos Romero
Fiscal del Ministerio Público
La Plata – Buenos Aires
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 19, 2016