La activista peruana Ana Estrada Ugarte, quien sufría una enfermedad degenerativa e incurable que la mantenía postrada en cama, accedió el domingo a la eutanasia tras años de batallas legales, confirmaron este lunes allegados a través de un comunicado.
Estrada
“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se informó en el texto. “El caso de Ana permitió que la Justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad”, añadió.
La primera sentencia a favor de Estrada, de 47 años, fue en febrero de 2021, cuando el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció su derecho a una muerte digna, además de ordenar la elaboración de un protocolo institucional que le permitiera ejercer sus derechos en condiciones seguras.
Una decisión judicial que fue ratificada por la Corte Suprema el 14 y el 27 de julio de 2022. Sin embargo, en febrero del año siguiente una jueza se negó y decidió no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales y se “abstuvo por decoro”, por lo cual se retrasó un año.
“La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derecho. Su lucha ha trascendido las fronteras en nuestro país y ha marcado un hito en la región”, agregó el comunicado.
El comunicado de prensa, compartido por una de sus abogadas, resaltó que se trata de un “importante precedente” para otras personas, como María Benito, una sexagenaria que padece esclerosis lateral amiotrófica y también busca la eutanasia en el país andino.
“Es necesario que se reconozca a nivel legislativo y se regule el ejercicio de muerte digna. Hay muchas personas que están atravesando por lo mismo que Ana”, declaró Percy Castillo, parte de la defensa legal de Estrada.
Castillo indicó que el caso de Benito “está atrapado” en tribunales, pero destacó el antecedente de Estrada. “Hay que rendir homenaje a una mujer valiente que dejó un ejemplo de cómo se debe luchar para ejercer un derecho fundamental”, sostuvo.
El Gobierno de El Salvador resaltó este lunes la visita reciente del ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, como una muestra de que la nación “se ha convertido en un referente regional en seguridad ciudadana”. El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, publicó un mensaje en la red social X junto a un video en el cual se resume el itinerario de Arana la semana pasada en el país centroamericano.
AranaBullrichVillatoro
Arana recorrió el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, conocido como ‘Zacatraz’, donde conoció los “sistemas innovadores” del centro penitenciario que incluye inteligencia artificial.
Con Villatoro intercambió experiencias en el combate al crimen organizado, como la sonada guerra contra las pandillas. Además, observó una iniciativa para la resocialización de los privados de libertad “en fase de confianza”.
“Ahora, otras naciones buscan inspirarse en nuestras estrategias para combatir y eliminar el crimen organizado en sus territorios, evidenciando un cambio significativo y el interés global en aplicar soluciones efectivas”, dijo Villatoro.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció que en las próximas semanas presentarán “un informe muy concreto” sobre esta visita de trabajo.
El viernes pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño había destacado que, “bajo el liderazgo visionario” del mandatario Nayib Bukele, la nación centroamericana “se ha convertido en un referente en materia de seguridad a nivel mundial”.
Así se expresó luego de que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, elogiara la gestión de Bukele durante el contexto de un foro ultraconservador efectuado en EE.UU. “Queremos seguir el modelo que usted está llevando adelante”, señaló.
“Este liderazgo ha posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la gestión integral de la seguridad, contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y al reconocimiento internacional de nuestras iniciativas”, sostuvo Villatoro.
El caso Fujimori despierta confrontaciones ideológicas que deben ser tratadas en otros espacios pero no en el de la racionalidad jurídica y del orden público internacional. En nombre de las obligaciones positivas de los Estados se debe respetar la soberanía política y jurídica del Perú (art. 2 de la Carta de la ONU). Los comunicados y decisiones unilaterales de la CIDH son únicamente de índole políticos y de oportunidad, que no pueden ser la regla de intervenciones en la Justicia nacional de un país. Abusando de una excepción o de la urgencia, la CIDH se transforma en un Tribunal de control, dejando de lado o desviando el objeto de la subsidiaridad, y poniendo en peligro la esencia misma de la soberanía de los Estados.
El rol, la legalidad y la existencia de la CIDH están en juego como se interrogaron oportunamente varios países de la región. ¿DONDE EMPIEZA LA CIDH O DONDE TERMINA EL ESTADO1? se preguntaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en una declaración de abril de 2019. Los cinco Estados firmantes solicitan el respeto del principio de la subsidiariedad, del razonable margen de autonomía, la aplicación estricta del derecho internacional, el conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema. Hoy no es el caso.
El Estado y la Justicia peruana actuaron conforme a la doctrina del margen razonable de autonomía o margen de apreciación2, la ponderación de la situación particular, y las realidades actuales del país, garantías que le concede el derecho internacional. Perú no violo ninguna norma imperativa u obligatoria prevista en Pactos y Tratados internacionales que le impida asumir decisiones jurídicas en nombre de los principios humanitarios. Perú no puede violar una norma que no existe.
La intervención de la CIDH es inoperante, ella no es ni jurisdicción de apelación, de casación, de revisión, no puede revocar, derogar, anular decisiones nacionales, no es una cuarta instancia ni puede interpretar el derecho interno. Se la debe observar como complementariedad de las decisiones nacionales y armonización de la Convención. El ámbito de validez de la CIDH es únicamente como estructura política que no tiene razón de continuar su funcionamiento porque la competencia contenciosa definida en el articulo 62.3 de la Convención determino el rol de la Corte, y la propia Corte se ha encargado al señalar, las diferentes clases de competencia del reconocimiento de la Convención en su opinión consultativa, es decir : interpretación y aplicación de la Convención (art. 62.1 de la Convención) y consultativa (art. 64)3. La CIDH asume recursos financieros y humanos que no justifican en la garantía y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos en América latina.
Una jueza se negó en Perú a dar curso a la sentencia de la Corte Suprema que aprobó la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, una psicóloga de 45 años que desde los 12 padece una enfermedad degenerativa e incurable, informó este martes el portal periodístico judicial La Ley.
La decisión emitida por el máximo tribunal peruano en julio del año pasado había sido remitida al Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ser ejecutada. Sin embargo, Silvia Núñez Riva, la actual encargada de ese juzgado de primera instancia, ha decidido no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales, y se “abstuvo por decoro”.
“No me es posible ejecutar la misma pues considero, como parte de mi esencia, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que, en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia”, aseguró Núñez Riva en una resolución del 23 de enero.
Según explican desde La Ley, con esa postura podría estar incurriendo la letrada en el delito de desobediencia a la autoridad, ya que el caso de Estrada había sido resuelto en la Corte Suprema. En ese contexto, su rol como jueza consiste únicamente en tramitar la ejecución de una sentencia con carácter de “cosa juzgada”. Inhibirse por motivos personales significa que está incumpliendo con sus deberes, algo merecedor de una sanción administrativa, detalla el sitio especializado.
Núñez Riva instó en su resolución a que el caso fuera redistribuido con “urgencia” a través de la mesa de partes de los juzgados constitucionales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó este miércoles que el expediente de Ana Estrada “hoy ya se encuentra en el Séptimo Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza Malbina Saldaña”.
Aunque ya este escenario podría dar pie a que finalmente se proceda con la elaboración del protocolo o procedimiento técnico para aplicarle la eutanasia, la Defensoría del Pueblo solicita “ejecutar con celeridad y urgencia la sentencia”. El organismo recuerda que ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema reconoció el derecho de Estrada a morir dignamente y emitió la decisión final. “Ya son casi cinco meses desde que el expediente llegó al despacho del juez de ejecución y aún no se ordena cumplir con lo resuelto”, recalcó.
La Defensoría subraya que el deber del juez encargado es garantizar que la sentencia se cumpla “tal como se resolvió y sin retardar su ejecución”. Asimismo, advierte que nuevas demoras podrían causar “un mayor sufrimiento y padecimiento” a la involucrada.
Ana Estrada sufre de polimiositis, una dolencia sin cura que consume poco a poco los músculos de todo el cuerpo y que la mantiene postrada en una cama la mayor parte del tiempo. Es la primera persona en el país suramericano a la que los jueces han autorizado a poner fin a su vida, después de dictaminar la inaplicación a su caso del artículo 112 del Código Penal, de manera que nadie puede ser perseguido por el delito de homicidio piadoso al practicarle la eutanasia. Su caso es excepcional, ya que en Perú ese procedimiento está prohibido y es penado con tres años de cárcel.
A los habitantes de las Provincias del Río de la Plata
Compatriotas: se acerca el momento en que debo seguir el destino que me llama; voy a emprender la grande obra de dar la libertad al Perú. Mas antes de mi partida, quiero deciros algunas verdades, que sentiría las acabéis de conocer por experiencia. También os manifestaré las quejas que tengo, no de los hombres imparciales y bien intencionados, cuya opinión me ha consolado siempre, sino de algunos que conocen poco sus propios intereses y los de su país, porque al fin la calumnia, como todos los crímenes, no es sino obra de la ignorancia y del discernimiento pervertido (1).
Vuestra situación no admite disimulo. Diez años de constantes sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía; la gloria de haberlos hecho es mi pesar actual, cuando se considera su poco fruto. Habéis trabajado un precipicio con vuestras propias manos y, acostumbrados a su vista, ninguna sensación de horror es capaz de deteneros.
El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación: esta palabra está llena de muertes, y no significa sino ruina y devastación. Yo apelo sobre esto a vuestra propia experiencia y os ruego que escuchéis con franqueza de ánimo la opinión de un general que os ama, y que nada espera de vosotros. Yo tengo motivos para conocer vuestra situación, porque en los dos ejércitos que he mandado me ha sido preciso averiguar el estado político de las provincias que dependían de mí. Pensar en establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del Gobierno General, fuera de los que demanda la lista civil de cada Estado: es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad.
Compatriotas, yo os hablo con la franqueza de un soldado. Si dóciles a la experiencia de diez años de conflictos no dais a vuestros deseos una dirección más prudente, temo que, cansados de la anarquía, suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien, lejos de fijar vuestros destinos, no hará más que prolongar vuestra incertidumbre.
Voy ahora a manifestar las quejas que tengo, no porque el silencio sea una prueba difícil para mis sentimientos, sino porque yo no debo dejar en perplejidad a los hombres de bien, ni puedo abandonar eternamente a la posteridad el juicio de mi conducta, calumniada por hombres en quienes la gratitud algún día recobrará sus derechos.
Yo servía en el ejército español en 1811. Veinte años de honrados servicios me habían traído alguna consideración, sin embargo de ser americano; supe la revolución de mi país y, al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, sólo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y desde entonces me consagré a la causa de América: sus enemigos podrán decir si mis servicios han sido útiles.
En 1814 me hallaba de gobernador en Mendoza; la pérdida de este país dejaba en peligro la provincia de mi mando. Yo la puse luego en estado de defensa, hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos y apenas tenía un embrión de ejército, pero conocía la buena voluntad de los cuyanos y emprendí formarlo bajo un plan que hiciese ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar al cabo las grandes empresas.
En 1817, el Ejército de los Andes está ya organizado. Abrí la campaña de Chile y el 12 de febrero mis soldados recibieron el premio de su constancia. Yo conocí que desde este momento excitaría celos mi fortuna y me esforcé, aunque sin fruto, a calmarlos con moderación y desinterés.
Todos saben que, después de la batalla de Chacabuco, me hallé dueño de cuanto puede dar el entusiasmo a un vencedor. El pueblo chileno quiso acreditarme su generosidad ofreciéndome todo lo que es capaz de lisonjear al hombre; el mismo es testigo del aprecio con que recibí sus ofertas y de la firma con que rehusé admitirlas.
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Agosto 20, 1820 – El general don José de San Martín, junto a la expedición libertadora, partieron desde Valparaíso, rumbo al Perú
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Julio 28, 1821 – San Martín, desde un palco en la plaza mayor de Lima, declaro: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad de los pueblos y de la justicia de su causa que Dios defiende”, Levantando la bandera roja y blanca, fue aclamado por la multitud. Desde esa misma ciudad, San Martín le escribe a O´Higgins sus pensamientos: “Al fin, con paciencia y movimientos, hemos reducido á los enemigos á que abandonen la capital de los Pizarros : – al fin nuestros desvelos han sido recompensados con los santos fines de ver asegurada la independencia de la América del Sud. – El Perú es libre. – En conclusión, ya yo preveo el término de mi vida pública, y voy a tratar de entregar esta pesada carga a manos seguras, y retirarme a un rincón a vivir como hombre”.
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Sin embargo de esto, la calumnia trabajaba contra mí, con una perfecta actividad, pero buscaba las tinieblas porque no podía existir delante de la luz. Hasta el mes de enero próximo pasado, el general San Martín merecía el concepto público en las provincias que formaban la Unión y, sólo después de haber formado la anarquía, ha entrado en el cálculo de mis enemigos el calumniarme sin disfraz y recurrir sobre mi nombre los improperios más exagerados.
Pero yo tengo derecho a preguntarles: ¿qué misterio de iniquidad ha habido en esperar la época del desorden para denigrar mi opinión? ¿Cómo son conciliables las suposiciones de aquéllos con la conducta del Gobierno de Chile y la del Ejército de los Andes? El primero, de acuerdo con el Senado y voto del pueblo, me ha nombrado jefe de las fuerzas expedicionarias, y el segundo me reeligió por su general en el mes de marzo, cuando, trastornada en las Provincias Unidas la autoridad central, renuncié el mando que había recibido de ellas, para que el ejército, acantonado entonces en Rancagua, nombrase al jefe a quien quisiera voluntariamente obedecer.
Si tal ha sido la conducta de los que han observado de cerca mis acciones, no es posible explicar la de aquellos que me calumnian desde lejos sino corriendo el velo que oculta sus sentimientos y sus miras. Protesto que me aflige el pensar en ellas, no por lo que me toca a mi persona, sino por los males que amenazan a los pueblos que se hallan bajo su influencia.
Compatriotas, yo os dejo con el profundo sentimiento que causa la perspectiva de vuestras desgracias. Vosotros me habéis recriminado aun de no haber contribuido a aumentarlas, porque éste habría sido el resultado si yo hubiese tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas. Mi ejército era el único que conservaba su moral, y lo exponía a perderla abriendo una campaña en que el ejemplo de la licencia armase mis tropas contra el orden. En tal caso, era preciso renunciar la empresa de libertar el Perú y, suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sud América.
En fin, a nombre de vuestros propios intereses, os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud de los que meditan vuestra ruina: no os expongáis a que los hombres de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos. La firmeza de las almas virtuosas no llega hacia el extremo de sufrir que los malvados sean puestos a nivel con ellas y ¡desgraciado el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso paralelo!
¡Provincias del Río de la Plata! El día más célebre de nuestra revolución está próximo a amanecer. Voy a dar la última respuesta a mis calumniadores: yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país. Y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que, desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado, y que no he tenido más ambición que la de merecer esl odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos.
José de San Martín
Si alguno comenta que los gobernantes que hemos padecido hasta la fecha, han tenido esta característica, perdonen, “no les creo”.
PATRICIO ANDERSON
1) San Martín se refiere a las duras críticas, de las que fue objeto, por su sabia decisión de mantener al Ejército al margen del conflicto entre Buenos Aires y el Litoral.
Determinación presidencial sobre tránsito importante de drogas o principales países productores de drogas ilícitas para Año fiscal 2020
Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de tránsito de drogas importante o país productor de drogas ilícitas establecido en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha emprendido medidas de control de narcóticos sólidas y diligentes.
De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706 (2) (B) del FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Mi Administración ha dedicado recursos sin precedentes para combatir el flagelo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, incluso mediante el fortalecimiento de las fronteras de nuestro país y la expansión de los programas para prevenir el uso de drogas ilícitas y ayudar a la recuperación y el tratamiento de quienes lo necesitan. Estamos haciendo progresos constantes para cambiar el rumbo de la epidemia de drogas de nuestro país, pero aún queda mucho por hacer. Esto incluye esfuerzos adicionales más allá de las fronteras de nuestra nación, por parte de gobiernos de países donde se originan drogas ilegales peligrosas.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Este progreso debe continuar y expandirse, y mi Administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.
A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas. En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fentanilo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los Estados Unidos, están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de agencias militares y civiles y trabajar con socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.
Usted está autorizado y dirigido a presentar esta designación, junto con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.
Como la mayoría de las guerras anteriores y posteriores, la Guerra del Pacífico (1879 – 1883) fue sobre dinero: depósitos de nitrato y guano (ambos se usaron en fertilizantes) en el desierto de Atacama, en este caso. Aunque Perú y Bolivia eran dueños de las tierras donde se encontraban la mayoría de las minas de nitrato, las minas en sí eran de Chile y eran operadas por ellos. Esto condujo a disputas sobre impuestos, que a su vez dieron lugar a una guerra total entre Chile por un lado, Perú y Bolivia por el otro.
La guerra comenzó lentamente, pero una vez que Chile movilizó su armada, rápidamente establecieron la supremacía sobre las fuerzas más primitivas peruanas y bolivianas. La batalla terrestre subsiguiente fue de corta duración, especialmente para Bolivia, que se rindió desde 1880. Perú se mantuvo por más tiempo y las fuerzas chilenas llegaron hasta Lima, ciudad que ocuparon en 1881. Siguieron dos años de guerra de guerrillas, pero finalmente un tratado se firmó en 1883.
No solo se perdieron 13 000 vidas, sino que tanto Perú como Bolivia cedieron enormes franjas de territorio a Chile. Chile se benefició enormemente de la guerra y Perú sufrió mucho, pero tal vez las mayores pérdidas fueron bolivianas: abandonaron todos sus territorios costeros, incluido el puerto principal de Antofagasta, en la guerra y han estado sin salida al mar desde entonces.
El conflicto que involucró a Chile, Bolivia y Perú, que resultó en la anexión chilena de valioso territorio disputado en la costa del Pacífico. Surgió de una disputa entre Chile y Bolivia sobre el control de una parte del Desierto de Atacama que se encuentra entre los paralelos 23 y 26 en la costa del Pacífico de América del Sur. El territorio contenía valiosos recursos minerales, particularmente nitrato de sodio.
Las fronteras nacionales en la región nunca habían sido establecidas definitivamente; los dos países negociaron un tratado que reconocía el paralelo 24 como su límite y que le daba a Chile el derecho de compartir los impuestos de exportación sobre los recursos minerales del territorio de Bolivia entre los paralelos 23 y 24. Pero Bolivia posteriormente se sintió insatisfecha por tener que compartir sus impuestos con Chile y temía la toma de la región costera donde los intereses chilenos ya controlaban la industria minera.
El interés de Perú en el conflicto se derivó de su tradicional rivalidad con Chile por la hegemonía en la costa del Pacífico. En 1873, Perú acordó secretamente con Bolivia una garantía mutua de sus territorios e independencia. En 1874, las relaciones entre Chile y Bolivia fueron mejoradas por un tratado revisado en virtud del cual Chile renunció a su cuota de impuestos a la exportación de minerales enviados desde Bolivia, y Bolivia acordó no aumentar los impuestos a las empresas chilenas en Bolivia durante 25 años. La amistad se rompió en 1878 cuando Bolivia intentó aumentar los impuestos de la Compañía Chilena de Nitrato de Antofagasta sobre las protestas del gobierno chileno. Cuando Bolivia amenazó con confiscar las propiedades de la compañía, las fuerzas armadas chilenas ocuparon la ciudad portuaria de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Bolivia luego declaró la guerra a Chile y pidió ayuda a Perú. Chile declaró la guerra tanto a Perú como a Bolivia (5 de abril de 1879).
Chile ocupó fácilmente la región costera boliviana (provincia de Antofagasta) y luego tomó la ofensiva contra el Perú más poderoso. Las victorias navales en Iquique (21 de mayo de 1879) y en Angamos (8 de octubre de 1879) permitieron a Chile controlar los accesos marítimos a Perú. Un ejército chileno invadió el Perú. Un intento de mediación de los Estados Unidos fracasó en octubre de 1880, y las fuerzas chilenas ocuparon -como se mencionó anteriormente- la capital peruana de Lima el siguiente enero. La resistencia peruana continuó por tres años más, con el aliento de los Estados Unidos. Finalmente, el 20 de octubre de 1883, Perú y Chile firmaron el Tratado de Ancón, por el cual la provincia de Tarapacá fue cedida a este último.
Chile también ocuparía las provincias de Tacna y Arica durante 10 años, después de lo cual se celebraría un plebiscito para determinar su nacionalidad. Pero los dos países fallaron durante décadas para acordar qué términos se llevaría a cabo el plebiscito. Esta disputa diplomática sobre Tacna y Arica fue conocida como la Cuestión del Pacífico. Finalmente, en 1929, a través de la mediación de los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo mediante el cual Chile mantuvo a Arica; Perú volvió a adquirir Tacna y recibió $ 6 millones de la moneda americana en concepto de indemnización y otras concesiones.
Durante la guerra, el Perú sufrió la pérdida de miles de personas y muchas propiedades, y al final de la guerra se produjo una guerra civil de siete meses; La nación se hundió económicamente durante décadas después. En 1884, una tregua entre Bolivia y Chile le dio a este último el control de toda la costa boliviana (provincia de Antofagasta), con sus industrias de nitrato, cobre y otras industrias minerales; Un tratado en 1904 hizo este arreglo permanente. A cambio, Chile acordó construir un ferrocarril que conecte la capital boliviana de La Paz con el puerto de Arica y garantizó la libertad de tránsito para el comercio boliviano a través de los puertos y el territorio de Chile. Pero Bolivia continuó su intento de salir de su situación sin salida al mar a través de la red del río Paraná-Paraguay hasta la costa atlántica, un esfuerzo que finalmente condujo a la Guerra del Chaco (1932–35) entre Bolivia y Paraguay.
Arturo Prat, uno de los héroes más grandes de esta guerra en Chile, tiene el honor de ser el hombre con más calles chilenas que lleva su nombre: hay 162 comunas en Chile que tienen una calle que lleva su nombre.
En Lima, el Parque de la Reserva fue construido para conmemorar la ocupación de Lima y cuenta con un pequeño museo en el lugar. La mayoría de las personas, sin embargo, van a ver el Circuito Mágico del Agua, un increíble despliegue de 13 fuentes interactivas que no tiene nada que ver con la guerra.
Un juez peruano, hoy miércoles 3 de octubre, anuló un indulto presidencial otorgado al ex líder autoritario Alberto Fujimori a fines del año pasado y ordenó su captura inmediata y el regreso a la cárcel. Fujimori, de 80 años, había sido absuelto por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, de condenas por abusos contra los derechos humanos.
Una gran cantidad de periodistas esperaban fuera de la casa en expansión en Lima donde Fujimori ha estado viviendo desde que se convirtió en un hombre libre, a menos de la mitad de una condena de 25 años. La sentencia se debió a las acciones llevadas a cabo por comandantes de escuadrones de la muerte que masacraron a civiles bajo su gobierno entre los años 1990-2000.
El abogado de Fujimori y su hija, Keiko Fujimori, dijeron en comentarios difundidos que Fujimori apelaría la decisión.
Kuczynski había citado el mal estado de salud de Fujimori para conceder el perdón, y dijo que no quería que un ex presidente muriera en la cárcel.
Pero el perdón ha sido ampliamente visto como parte de un acuerdo político y los familiares de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte argumentaron que se había concedido ilegalmente.
Kuczynski, quien cumplió 80 años el miércoles, renunció debido a un escándalo de soborno en marzo y ahora está siendo investigado por los fiscales en relación con el perdón de Fujimori.
Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, que Fujimori estaba en su casa pero que no podía moverse debido a un problema cardíaco.
En una llamada sin precedentes, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han exigido a la corte respaldada por la ONU en La Haya que investigue los presuntos crímenes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
Los cinco países de América del Sur y Canadá presentaron hoy una solicitud histórica a la Corte Penal Internacional (CPI), pidiéndole que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela durante la presidencia de Nicolás Maduro.
Al presentar sus quejas, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia y Canadá dieron el paso sin precedentes de solicitar al tribunal de La Haya que investigue a un país miembro.
Presentaron su pedido en la Asamblea General de la ONU en Nueva York cuando Maduro se dirigía a la reunión, donde se expresó preocupación por su liderazgo represivo y la crisis económica y humanitaria relacionada, incluida la corriente de refugiados venezolanos hacia los países vecinos.
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Trump
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Macri
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Trudeau
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Duque
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Maduro
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Las naciones que presentaron informes pidieron a la CPI que investigue presuntas torturas, violaciones, asesinatos, violaciones del debido proceso y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro desde febrero de 2014.
En su carta de siete páginas, las naciones se refirieron a los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abogados internacionales que documentan los presuntos delitos.
Si bien la solicitud de una investigación no garantiza que se lleve a cabo, podría acelerar y ampliar el alcance de una investigación preliminar en curso en la CPI.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aplaudió la acción de los seis países en “crear un hito crucial en interés de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.
Los funcionarios venezolanos no respondieron de inmediato a la acción.
La crisis política en Venezuela ha exacerbado una economía ya débil y ha enviado a más de 2 millones de venezolanos que huyen a los países vecinos, con 1 millón de personas que aterrizan solo en Colombia.
El presidente colombiano, Iván Duque, pidió la creación de un fondo multilateral para ayudar a los vecinos de Venezuela a lidiar con la afluencia de refugiados.
La histórica solicitud de que la CPI respaldada por la ONU investigue a Venezuela se produjo cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado repetidamente la eficacia de las instituciones multilaterales.
En su discurso en la Asamblea General el martes, Trump dijo que para los EE. UU., “La CPI no tiene jurisdicción, ni legitimidad ni autoridad”.
El presidente canadiense, Justin Trudeau, uno de los signatarios de la carta del miércoles, describió al tribunal de La Haya como una “forma útil e importante de promover un orden basado en normas internacionales”.
La Corte Penal Internacional fue creada con el apoyo de la ONU en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad que de otra manera no serían llevados ante la justicia.
Primera eutanasia en Perú
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La activista peruana Ana Estrada Ugarte, quien sufría una enfermedad degenerativa e incurable que la mantenía postrada en cama, accedió el domingo a la eutanasia tras años de batallas legales, confirmaron este lunes allegados a través de un comunicado.
“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se informó en el texto. “El caso de Ana permitió que la Justicia peruana reconociera por primera vez en su historia que todos tenemos derecho a morir con dignidad”, añadió.
La primera sentencia a favor de Estrada, de 47 años, fue en febrero de 2021, cuando el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció su derecho a una muerte digna, además de ordenar la elaboración de un protocolo institucional que le permitiera ejercer sus derechos en condiciones seguras.
Una decisión judicial que fue ratificada por la Corte Suprema el 14 y el 27 de julio de 2022. Sin embargo, en febrero del año siguiente una jueza se negó y decidió no acatar la orden, alegando que va en contra de sus preceptos morales y se “abstuvo por decoro”, por lo cual se retrasó un año.
“La lucha de Ana por su derecho a una muerte digna ha permitido visibilizar y sensibilizar a miles de peruanos y peruanas sobre la importancia de defender este derecho. Su lucha ha trascendido las fronteras en nuestro país y ha marcado un hito en la región”, agregó el comunicado.
El comunicado de prensa, compartido por una de sus abogadas, resaltó que se trata de un “importante precedente” para otras personas, como María Benito, una sexagenaria que padece esclerosis lateral amiotrófica y también busca la eutanasia en el país andino.
“Es necesario que se reconozca a nivel legislativo y se regule el ejercicio de muerte digna. Hay muchas personas que están atravesando por lo mismo que Ana”, declaró Percy Castillo, parte de la defensa legal de Estrada.
Castillo indicó que el caso de Benito “está atrapado” en tribunales, pero destacó el antecedente de Estrada. “Hay que rendir homenaje a una mujer valiente que dejó un ejemplo de cómo se debe luchar para ejercer un derecho fundamental”, sostuvo.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 22, 2024
¿Perú copia a Bukele?
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Arana recorrió el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, conocido como ‘Zacatraz’, donde conoció los “sistemas innovadores” del centro penitenciario que incluye inteligencia artificial.
Con Villatoro intercambió experiencias en el combate al crimen organizado, como la sonada guerra contra las pandillas. Además, observó una iniciativa para la resocialización de los privados de libertad “en fase de confianza”.
“Ahora, otras naciones buscan inspirarse en nuestras estrategias para combatir y eliminar el crimen organizado en sus territorios, evidenciando un cambio significativo y el interés global en aplicar soluciones efectivas”, dijo Villatoro.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció que en las próximas semanas presentarán “un informe muy concreto” sobre esta visita de trabajo.
El viernes pasado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño había destacado que, “bajo el liderazgo visionario” del mandatario Nayib Bukele, la nación centroamericana “se ha convertido en un referente en materia de seguridad a nivel mundial”.
Así se expresó luego de que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, elogiara la gestión de Bukele durante el contexto de un foro ultraconservador efectuado en EE.UU. “Queremos seguir el modelo que usted está llevando adelante”, señaló.
“Este liderazgo ha posicionado a nuestro país como un ejemplo a seguir en la gestión integral de la seguridad, contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y al reconocimiento internacional de nuestras iniciativas”, sostuvo Villatoro.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 29, 2024
LA JUSTICIA PERUANA NO VIOLÓ PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL.
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El caso Fujimori despierta confrontaciones ideológicas que deben ser tratadas en otros espacios pero no en el de la racionalidad jurídica y del orden público internacional. En nombre de las obligaciones positivas de los Estados se debe respetar la soberanía política y jurídica del Perú (art. 2 de la Carta de la ONU). Los comunicados y decisiones unilaterales de la CIDH son únicamente de índole políticos y de oportunidad, que no pueden ser la regla de intervenciones en la Justicia nacional de un país. Abusando
de una excepción o de la urgencia, la CIDH se transforma en un Tribunal de control, dejando de lado o desviando el objeto de la subsidiaridad, y poniendo en peligro la esencia misma de la soberanía de los Estados.
El rol, la legalidad y la existencia de la CIDH están en juego como se interrogaron oportunamente varios países de la región. ¿DONDE EMPIEZA LA CIDH O DONDE TERMINA EL ESTADO1? se preguntaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay en una declaración de abril de 2019. Los cinco Estados firmantes solicitan el respeto del principio de la subsidiariedad, del razonable margen de autonomía, la aplicación estricta del derecho internacional, el conocimiento y consideración de las realidades de los Estados por parte del sistema interamericano, el diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema. Hoy no es el caso.
El Estado y la Justicia peruana actuaron conforme a la doctrina del margen razonable de autonomía o margen de apreciación2, la ponderación de la situación particular, y las realidades actuales del país, garantías que le concede el derecho internacional. Perú no violo ninguna norma imperativa u obligatoria prevista en Pactos y Tratados internacionales que le impida asumir decisiones jurídicas en nombre de los principios humanitarios. Perú no puede violar una norma que no existe.
Mario Sandoval,
Presidente de Casppa France
1) Ministro de Justicia, Hernán Larraín: “Queremos conversar para delimitar bien dónde empieza la CIDH o dónde termina el Estado”, T13 Radio https://www.tele13radio.cl/t13radio/site/artic/20190426/pags/20190426093232.html
2)Corte IDH Opinión consultativa OC-4/84 (19 enero 1984), Propuesta de modificación a la Constitución Política de
Costa Rica relacionada con la naturalización. Solicitada por el gobierno de Costa Rica.
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.doc.
3)Corte IDH, caso Cantos vs. Argentina, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/cantos/interexp.pdf
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 12, 2023
Jueza se niega a ejecutar la sentencia que autoriza la eutanasia a Ana Estrada
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Una jueza se negó en Perú a dar curso a la sentencia de la Corte Suprema que aprobó la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, una psicóloga de 45 años que desde los 12 padece una enfermedad degenerativa e incurable, informó este martes el portal periodístico judicial La Ley.
La decisión emitida por el máximo tribunal peruano en julio del año pasado había sido remitida al Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, para ser ejecutada. Sin embargo, Silvia Núñez Riva, la actual encargada de ese juzgado de primera instancia, ha decidido no acatar la orden,
alegando que va en contra de sus preceptos morales, y se “abstuvo por decoro”.
“No me es posible ejecutar la misma pues considero, como parte de mi esencia, que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que, en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia”, aseguró Núñez Riva en una resolución del 23 de enero.
Según explican desde La Ley, con esa postura podría estar incurriendo la letrada en el delito de desobediencia a la autoridad, ya que el caso de Estrada había sido resuelto en la Corte Suprema. En ese contexto, su rol como jueza consiste únicamente en tramitar la ejecución de una sentencia con carácter de “cosa juzgada”. Inhibirse por motivos personales significa que está incumpliendo con sus deberes, algo merecedor de una sanción administrativa, detalla el sitio especializado.
Núñez Riva instó en su resolución a que el caso fuera redistribuido con “urgencia” a través de la mesa de partes de los juzgados constitucionales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo de Perú confirmó este miércoles que el expediente de Ana Estrada “hoy ya se encuentra en el Séptimo Juzgado Constitucional, a cargo de la jueza Malbina Saldaña”.
Aunque ya este escenario podría dar pie a que finalmente se proceda con la elaboración del protocolo o procedimiento técnico para aplicarle la eutanasia, la Defensoría del Pueblo solicita “ejecutar con celeridad y urgencia la sentencia”. El organismo recuerda que ya han pasado más de seis meses desde que la Corte Suprema reconoció el derecho de Estrada a morir dignamente y emitió la decisión final. “Ya son casi cinco meses desde que el expediente llegó al despacho del juez de ejecución y aún no se ordena cumplir con lo resuelto”, recalcó.
La Defensoría subraya que el deber del juez encargado es garantizar que la sentencia se cumpla “tal como se resolvió y sin retardar su ejecución”. Asimismo, advierte que nuevas demoras podrían causar “un mayor sufrimiento y padecimiento” a la involucrada.
Ana Estrada sufre de polimiositis, una dolencia sin cura que consume poco a poco los músculos de todo el cuerpo y que la mantiene postrada en una cama la mayor parte del tiempo. Es la primera persona en el país suramericano a la que los jueces han autorizado a poner fin a su vida, después de dictaminar la inaplicación a su caso del artículo 112 del Código Penal, de manera que nadie puede ser perseguido por el delito de homicidio piadoso al practicarle la eutanasia. Su caso es excepcional, ya que en Perú ese procedimiento está prohibido y es penado con tres años de cárcel.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 9, 2023
PROCLAMA. CUARTEL GENERAL EN VALPARAÍSO, 22 DE JULIO DE 1820
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A los habitantes de las Provincias del Río de la Plata
Compatriotas: se acerca el momento en que debo seguir el destino que me llama; voy a emprender la grande obra de dar la libertad al Perú. Mas antes de mi partida, quiero deciros algunas verdades, que sentiría las acabéis de conocer por experiencia. También os manifestaré las quejas que tengo, no de los hombres imparciales y bien intencionados, cuya opinión me ha consolado siempre, sino de algunos que conocen poco sus propios intereses y los de su país, porque al fin la calumnia, como todos los crímenes, no es sino obra de la ignorancia y del discernimiento pervertido (1).
Vuestra situación no admite disimulo. Diez años de constantes sacrificios sirven hoy de trofeo a la anarquía; la gloria de haberlos hecho es mi pesar actual, cuando se considera su poco fruto. Habéis trabajado un precipicio con vuestras propias manos y, acostumbrados a su vista, ninguna sensación de horror es capaz de deteneros.
El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación: esta palabra está llena de muertes, y no significa sino ruina y devastación. Yo apelo sobre esto a vuestra propia experiencia y os ruego que escuchéis con franqueza de ánimo la opinión de un general que os ama, y que nada espera de vosotros. Yo tengo motivos para conocer vuestra situación, porque en los dos ejércitos que he mandado me ha sido preciso averiguar el estado político de las provincias que dependían de mí. Pensar en establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del Gobierno General, fuera de los que demanda la lista civil de cada Estado: es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad.
Compatriotas, yo os hablo con la franqueza de un soldado. Si dóciles a la experiencia de diez años de conflictos no dais a vuestros deseos una dirección más prudente, temo que, cansados de la anarquía, suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien, lejos de fijar vuestros destinos, no hará más que prolongar vuestra incertidumbre.
Voy ahora a manifestar las quejas que tengo, no porque el silencio sea una prueba difícil para mis sentimientos, sino porque yo no debo dejar en perplejidad a los hombres de bien, ni puedo abandonar eternamente a la posteridad el juicio de mi conducta, calumniada por hombres en quienes la gratitud algún día recobrará sus derechos.
Yo servía en el ejército español en 1811. Veinte años de honrados servicios me habían traído alguna consideración, sin embargo de ser americano; supe la revolución de mi país y, al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, sólo sentía no tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad de mi patria. Llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y desde entonces me consagré a la causa de América: sus enemigos podrán decir si mis servicios han sido útiles.
En 1814 me hallaba de gobernador en Mendoza; la pérdida de este país dejaba en peligro la provincia de mi mando. Yo la puse luego en estado de defensa, hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos y apenas tenía un embrión de ejército, pero conocía la buena voluntad de los cuyanos y emprendí formarlo bajo un plan que hiciese ver hasta qué grado puede apurarse la economía para llevar al cabo las grandes empresas.
En 1817, el Ejército de los Andes está ya organizado. Abrí la campaña de Chile y el 12 de febrero mis soldados recibieron el premio de su constancia. Yo conocí que desde este momento excitaría celos mi fortuna y me esforcé, aunque sin fruto, a calmarlos con moderación y desinterés.
Todos saben que, después de la batalla de Chacabuco, me hallé dueño de cuanto puede dar el entusiasmo a un vencedor. El pueblo chileno quiso acreditarme su generosidad ofreciéndome todo lo que es capaz de lisonjear al hombre; el mismo es testigo del aprecio con que recibí sus ofertas y de la firma con que rehusé admitirlas.
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[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Sin embargo de esto, la calumnia trabajaba contra mí, con una perfecta actividad, pero buscaba las tinieblas porque no podía existir delante de la luz. Hasta el mes de enero próximo pasado, el general San Martín merecía el concepto público en las provincias que formaban la Unión y, sólo después de haber formado la anarquía, ha entrado en el cálculo de mis enemigos el calumniarme sin disfraz y recurrir sobre mi nombre los improperios más exagerados.
Pero yo tengo derecho a preguntarles: ¿qué misterio de iniquidad ha habido en esperar la época del desorden para denigrar mi opinión? ¿Cómo son conciliables las suposiciones de aquéllos con la conducta del Gobierno de Chile y la del Ejército de los Andes? El primero, de acuerdo con el Senado y voto del pueblo, me ha nombrado jefe de las fuerzas expedicionarias, y el segundo me reeligió por su general en el mes de marzo, cuando, trastornada en las Provincias Unidas la autoridad central, renuncié el mando que había recibido de ellas, para que el ejército, acantonado entonces en Rancagua, nombrase al jefe a quien quisiera voluntariamente obedecer.
Si tal ha sido la conducta de los que han observado de cerca mis acciones, no es posible explicar la de aquellos que me calumnian desde lejos sino corriendo el velo que oculta sus sentimientos y sus miras. Protesto que me aflige el pensar en ellas, no por lo que me toca a mi persona, sino por los males que amenazan a los pueblos que se hallan bajo su influencia.
Compatriotas, yo os dejo con el profundo sentimiento que causa la perspectiva de vuestras desgracias. Vosotros me habéis recriminado aun de no haber contribuido a aumentarlas, porque éste habría sido el resultado si yo hubiese tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas. Mi ejército era el único que conservaba su moral, y lo exponía a perderla abriendo una campaña en que el ejemplo de la licencia armase mis tropas contra el orden. En tal caso, era preciso renunciar la empresa de libertar el Perú y, suponiendo que la suerte de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sud América.
En fin, a nombre de vuestros propios intereses, os ruego que aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud de los que meditan vuestra ruina: no os expongáis a que los hombres de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos. La firmeza de las almas virtuosas no llega hacia el extremo de sufrir que los malvados sean puestos a nivel con ellas y ¡desgraciado el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso paralelo!
¡Provincias del Río de la Plata! El día más célebre de nuestra revolución está próximo a amanecer. Voy a dar la última respuesta a mis calumniadores: yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país. Y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que, desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado, y que no he tenido más ambición que la de merecer esl odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos.
José de San Martín
Si alguno comenta que los gobernantes que hemos padecido hasta la fecha, han tenido esta característica, perdonen, “no les creo”.
PATRICIO ANDERSON
1) San Martín se refiere a las duras críticas, de las que fue objeto, por su sabia decisión de mantener al Ejército al margen del conflicto entre Buenos Aires y el Litoral.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 11, 2021
Memorándum sobre la determinación del Presidente Donald J. Trump sobre el tránsito de drogas importantes o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2020
Determinación presidencial sobre tránsito importante de drogas
o principales países productores de drogas ilícitas para
Año fiscal 2020
Por la autoridad conferida a mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706 (1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico siguientes países como principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México , Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
La presencia de un país en la lista anterior no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. De conformidad con la definición legal de tránsito de drogas importante o país productor de drogas ilícitas establecido en la sección 481 (e) (2) y (5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA ), la razón por la que los países se colocan en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha emprendido medidas de control de narcóticos sólidas y diligentes.
De conformidad con la sección 706 (2) (A) de la FRAA, por la presente designo a Bolivia y al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela por haber fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores a cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y tomar las medidas requerido por la sección 489 (a) (1) de la FAA. Con esta determinación se incluyen las justificaciones para las designaciones de Bolivia y el régimen de Maduro, como lo requiere la sección 706 (2) (B) del FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706 (3) (A) de la FRAA, que los programas de los Estados Unidos que apoyan al gobierno interino legítimo en Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Mi Administración ha dedicado recursos sin precedentes para combatir el flagelo de las drogas ilícitas en los Estados Unidos, incluso mediante el fortalecimiento de las fronteras de nuestro país y la expansión de los programas para prevenir el uso de drogas ilícitas y ayudar a la recuperación y el tratamiento de quienes lo necesitan. Estamos haciendo progresos constantes para cambiar el rumbo de la epidemia de drogas de nuestro país, pero aún queda mucho por hacer. Esto incluye esfuerzos adicionales más allá de las fronteras de nuestra nación, por parte de gobiernos de países donde se originan drogas ilegales peligrosas.
En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los principales esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia. Este progreso debe continuar y expandirse, y mi Administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023. También continuaremos coordinando estrechamente con Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela. Con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, Estados Unidos tendrá una oportunidad mucho mejor de trabajar con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.
A lo largo de nuestra frontera sur, México necesita hacer más para detener el flujo de drogas letales que ingresan a nuestro país. Necesitamos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la adormidera, la prohibición de drogas ilícitas, los enjuiciamientos y la incautación de activos, y para desarrollar una estrategia integral de control de drogas. En particular, la plena cooperación de México es esencial para reducir la producción de heroína y enfrentar la producción ilícita de fentanilo y todas las formas de tráfico de drogas, incluso a través de los puertos de entrada de los Estados Unidos. Muchos profesionales militares y policiales mexicanos, en cooperación con sus homólogos de los Estados Unidos, están enfrentando valientemente este desafío y confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestros dos países. Necesitamos ver un compromiso sostenido y unificado de los funcionarios del gobierno mexicano a través de agencias militares y civiles y trabajar con socios extranjeros. Sin más progreso durante el próximo año, consideraré determinar que México ha fallado demostrablemente en cumplir con sus compromisos internacionales de control de drogas.
Usted está autorizado y dirigido a presentar esta designación, junto con los memorandos de justificación de Bolivia y Venezuela, bajo la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y a publicarla en el Registro Federal.
DONALD J. TRUMP
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 9, 2019
La Guerra del Pacífico
Como la mayoría de las guerras anteriores y posteriores, la Guerra del Pacífico (1879 – 1883) fue sobre dinero: depósitos de nitrato y guano (ambos se usaron en fertilizantes) en el desierto de Atacama, en este caso. Aunque Perú y Bolivia eran dueños de las tierras donde se encontraban la mayoría de las minas de nitrato, las minas en sí eran de Chile y eran operadas por ellos. Esto condujo a disputas sobre impuestos, que a su vez dieron lugar a una guerra total entre Chile por un lado, Perú y Bolivia por el otro.
La guerra comenzó lentamente, pero una vez que Chile movilizó su armada, rápidamente establecieron la supremacía sobre las fuerzas más primitivas peruanas y bolivianas. La batalla terrestre subsiguiente fue de corta duración, especialmente para Bolivia, que se rindió desde 1880. Perú se mantuvo por más tiempo y las fuerzas chilenas llegaron hasta Lima, ciudad que ocuparon en 1881. Siguieron dos años de guerra de guerrillas, pero finalmente un tratado se firmó en 1883.
No solo se perdieron 13 000 vidas, sino que tanto Perú como Bolivia cedieron enormes franjas de territorio a Chile. Chile se benefició enormemente de la guerra y Perú sufrió mucho, pero tal vez las mayores pérdidas fueron bolivianas: abandonaron todos sus territorios costeros, incluido el puerto principal de Antofagasta, en la guerra y han estado sin salida al mar desde entonces.
El conflicto que involucró a Chile, Bolivia y Perú, que resultó en la anexión chilena de valioso territorio disputado en la costa del Pacífico. Surgió de una disputa entre Chile y Bolivia sobre el control de una parte del Desierto de Atacama que se encuentra entre los paralelos 23 y 26 en la costa del Pacífico de América del Sur. El territorio contenía valiosos recursos minerales,
particularmente nitrato de sodio.
Las fronteras nacionales en la región nunca habían sido establecidas definitivamente; los dos países negociaron un tratado que reconocía el paralelo 24 como su límite y que le daba a Chile el derecho de compartir los impuestos de exportación sobre los recursos minerales del territorio de Bolivia entre los paralelos 23 y 24. Pero Bolivia posteriormente se sintió insatisfecha por tener que compartir sus impuestos con Chile y temía la toma de la región costera donde los intereses chilenos ya controlaban la industria minera.
El interés de Perú en el conflicto se derivó de su tradicional rivalidad con Chile por la hegemonía en la costa del Pacífico. En 1873, Perú acordó secretamente con Bolivia una garantía mutua de sus territorios e independencia. En 1874, las relaciones entre Chile y Bolivia fueron mejoradas por un tratado revisado en virtud del cual Chile renunció a su cuota de impuestos a la exportación de minerales enviados desde Bolivia, y Bolivia acordó no aumentar los impuestos a las empresas chilenas en Bolivia durante 25 años. La amistad se rompió en 1878 cuando Bolivia intentó aumentar los impuestos de la Compañía Chilena de Nitrato de Antofagasta sobre las protestas del gobierno chileno. Cuando Bolivia amenazó con confiscar las propiedades de la compañía, las fuerzas armadas chilenas ocuparon la ciudad portuaria de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Bolivia luego declaró la guerra a Chile y pidió ayuda a Perú. Chile declaró la guerra tanto a Perú como a Bolivia (5 de abril de 1879).
Chile ocupó fácilmente la región costera boliviana (provincia de Antofagasta) y luego tomó la ofensiva contra el Perú más poderoso. Las victorias navales en Iquique (21 de mayo de 1879) y en Angamos (8 de octubre de 1879) permitieron a Chile controlar los accesos marítimos a Perú. Un ejército chileno invadió el Perú. Un intento de mediación de los Estados Unidos fracasó en octubre de 1880, y las fuerzas chilenas ocuparon -como se mencionó anteriormente- la capital peruana de Lima el siguiente enero. La resistencia peruana continuó por tres años más, con el aliento de los Estados Unidos. Finalmente, el 20 de octubre de 1883, Perú y Chile firmaron el Tratado de Ancón, por el cual la provincia de Tarapacá fue cedida a este último.
Chile también ocuparía las provincias de Tacna y Arica durante 10 años, después de lo cual se celebraría un plebiscito para determinar su nacionalidad. Pero los dos países fallaron durante décadas para acordar qué términos se llevaría a cabo el plebiscito. Esta disputa diplomática sobre Tacna y Arica fue conocida como la Cuestión del Pacífico. Finalmente, en 1929, a través de la mediación de los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo mediante el cual Chile mantuvo a Arica; Perú volvió a adquirir Tacna y recibió $ 6 millones de la moneda americana en concepto de indemnización y otras concesiones.
Durante la guerra, el Perú sufrió la pérdida de miles de personas y muchas propiedades, y al final de la guerra se produjo una guerra civil de siete meses; La nación se hundió económicamente durante décadas después. En 1884, una tregua entre Bolivia y Chile le dio a este último el control de toda la costa boliviana (provincia de Antofagasta), con sus industrias de nitrato, cobre y otras industrias minerales; Un tratado en 1904 hizo este arreglo permanente. A cambio, Chile acordó construir un ferrocarril que conecte la capital boliviana de La Paz con el puerto de Arica y garantizó la libertad de tránsito para el comercio boliviano a través de los puertos y el territorio de Chile. Pero Bolivia continuó su intento de salir de su situación sin salida al mar a través de la red del río Paraná-Paraguay hasta la costa atlántica, un esfuerzo que finalmente condujo a la Guerra del Chaco (1932–35) entre Bolivia y Paraguay.
Arturo Prat, uno de los héroes más grandes de esta guerra en Chile, tiene el honor de ser el hombre con más calles chilenas que lleva su nombre: hay 162 comunas en Chile que tienen una calle que lleva su nombre.
En Lima, el Parque de la Reserva fue construido para conmemorar la ocupación de Lima y cuenta con un pequeño museo en el lugar. La mayoría de las personas, sin embargo, van a ver el Circuito Mágico del Agua, un increíble despliegue de 13 fuentes interactivas que no tiene nada que ver con la guerra.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 16, 2019
Fujimori, de nuevo en problemas
Un juez peruano, hoy miércoles 3 de octubre, anuló un indulto presidencial otorgado al ex líder autoritario Alberto Fujimori a fines del año pasado y ordenó su captura inmediata y el regreso a la cárcel. Fujimori, de 80 años, había sido absuelto por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, de condenas por abusos contra los derechos humanos.
Una gran cantidad de periodistas esperaban fuera de la casa en expansión en Lima donde Fujimori ha estado viviendo desde que se convirtió en un hombre libre, a menos de la mitad de una condena de 25 años. La sentencia se debió a las acciones llevadas a cabo por comandantes de escuadrones de la muerte que masacraron a civiles bajo su gobierno entre los años 1990-2000.
El abogado de Fujimori y su hija, Keiko Fujimori, dijeron en comentarios difundidos que Fujimori apelaría la decisión.
Kuczynski había citado el mal estado de salud de Fujimori para conceder el perdón, y dijo que no quería que un ex presidente muriera en la cárcel.
Pero el perdón ha sido ampliamente visto como parte de un acuerdo político y los familiares de las víctimas de los asesinatos de los escuadrones de la muerte argumentaron que se había concedido ilegalmente.
Kuczynski, quien cumplió 80 años el miércoles, renunció debido a un escándalo de soborno en marzo y ahora está siendo investigado por los fiscales en relación con el perdón de Fujimori.
Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, que Fujimori estaba en su casa pero que no podía moverse debido a un problema cardíaco.
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Octubre3, 2018
Seis paises Americanos denuncian a Maduro en la Corte Internacional de La Haya
En una llamada sin precedentes, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han exigido a la corte respaldada por la ONU en La Haya que investigue los presuntos crímenes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
Los cinco países de América del Sur y Canadá presentaron hoy una solicitud histórica a la Corte Penal Internacional (CPI), pidiéndole que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela durante la presidencia de Nicolás Maduro.
Al presentar sus quejas, Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia y Canadá dieron el paso sin precedentes de solicitar al tribunal de La Haya que investigue a un país miembro.
Presentaron su pedido en la Asamblea General de la ONU en Nueva York cuando Maduro se dirigía a la reunión, donde se expresó preocupación por su liderazgo represivo y la crisis económica y humanitaria relacionada, incluida la corriente de refugiados venezolanos hacia los países vecinos.
[ezcol_1fifth]Trump
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Macri
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Trudeau
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Duque
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]Maduro
[/ezcol_1fifth_end]Las naciones que presentaron informes pidieron a la CPI que investigue presuntas torturas, violaciones, asesinatos, violaciones del debido proceso y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro desde febrero de 2014.
En su carta de siete páginas, las naciones se refirieron a los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abogados internacionales que documentan los presuntos delitos.
Si bien la solicitud de una investigación no garantiza que se lleve a cabo, podría acelerar y ampliar el alcance de una investigación preliminar en curso en la CPI.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aplaudió la acción de los seis países en “crear un hito crucial en interés de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana”.
Los funcionarios venezolanos no respondieron de inmediato a la acción.
La crisis política en Venezuela ha exacerbado una economía ya débil y ha enviado a más de 2 millones de venezolanos que huyen a los países vecinos, con 1 millón de personas que aterrizan solo en Colombia.
El presidente colombiano, Iván Duque, pidió la creación de un fondo multilateral para ayudar a los vecinos de Venezuela a lidiar con la afluencia de refugiados.
La histórica solicitud de que la CPI respaldada por la ONU investigue a Venezuela se produjo cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado repetidamente la eficacia de las instituciones multilaterales.
En su discurso en la Asamblea General el martes, Trump dijo que para los EE. UU., “La CPI no tiene jurisdicción, ni legitimidad ni autoridad”.
El presidente canadiense, Justin Trudeau, uno de los signatarios de la carta del miércoles, describió al tribunal de La Haya como una “forma útil e importante de promover un orden basado en normas internacionales”.
La Corte Penal Internacional fue creada con el apoyo de la ONU en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad que de otra manera no serían llevados ante la justicia.
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 26, 2018