El 26 de marzo pasado se dictó una nueva sentencia, publicitariamente denominada “Juicio Brigadas”, por la que se condenó al Dr. Jaime Smart y a los militares y policías Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Luis Horacio Castillo a prisión perpetua en todos los casos. También se condenó a Alberto Julio Candioti a 25 años de prisión.
SmartDi Pascuale
Ninguno de los testigos pudo aportar hecho relevante alguno que pudiera justificar tales condenas. Tan solo uno de los acusados resultó absuelto, casualmente defendido por el actual Ministro de Justicia.
Los jueces responsables de esta infamia -Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers- basaron su sentencia en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, a la que la Argentina adhirió el 26/08/2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, casi 30 años después de ocurridos los hechos imputados a los enjuiciados.
Estas gravísimas irregularidades no son nuevas: se juzga aplicando leyes inexistentes al momento de los hechos y se utilizan testigos “necesarios” –entendiéndose por tales quienes alegan ser víctimas de los acusados-, los cuales, con su testimonio, se hacen acreedores a indemnizaciones tan cuantiosas como fraudulentas, que el novel gobierno recién empieza a descubrir. Testimonios que se descartan rápidamente cuando nada aportan a la condena y mucho a la absolución.
CámporaOberlin
En este caso en particular actuó como fiscal una conocida “militante”, Ana Oberlín, hija de René Oberlin, dirigente fundacional de Montoneros en Santa Fe, detenido en 1971 y amnistiado por Cámpora en 1973, quien, ante una posible nueva detención, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Esta fiscal, además de ser hija y sobrina de notorios montoneros, es militante de la agrupación H.I.J.O.S., por lo que debió haber sido apartada cuando fue recusada.
Las groseras arbitrariedades y abusos que se cometen en estos juicios sólo se entienden en el marco de impunidad en que trabajan los jueces que engrosan sus salarios con las llamadas “subrogancias”, uno de los tantos curros que se consiguen en desmedro de sus obligaciones para con los juzgados de origen, sumando aportes a sus futuras jubilaciones. Tres años y cinco meses duró esta parodia de juicio, a partir del cual, como suele ocurrir, se iniciarán otros, inventándose delitos que no prescriben jamás, porque el objetivo es que el circo no cierre nunca y el negocio que ya ni se oculta siga rindiendo frutos.
Estos juicios llamados “de lesa humanidad“, viciados y fraudulentos, se iniciaron como consecuencia del más grosero prevaricato de nuestra historia judicial, cuando nada menos que la Corte Suprema se convirtió en lacaya del poder político e hizo propio su proyecto ideológico, hasta lograr la demolición de los principios más básicos del derecho. La falsa ideología de los derechos humanos sustituyó al derecho, lo que permitió que el entonces Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se ufanara proclamando que la ideología de los derechos humanos era una “política de estado”.
LorenzettiBasilico
Semejante esperpento hizo posible que jueces corruptos enjuiciaran, condenaran y encarcelaran de por vida a militares, miembros de las fuerzas de seguridad, sacerdotes y civiles. Ochocientos treinta y cinco han muerto en cautiverio, mientras que los sobrevivientes cuentan ya con más de 75 años de promedio. Caso tal vez paradigmático es el del Dr. Jaime Smart, un juez intachable, que acumula cinco cadenas perpetuas. Semejante ignominia debiera llenar de vergüenza a los argentinos.
El nuevo gobierno nacional debe entender que el cáncer que corroe a la República es moral, fruto de gobiernos corruptos y políticas corruptoras que han debilitado, cuando no consumido, el patrimonio no sólo económico, sino también espiritual de muchos argentinos.
Restaurar la nobleza y honradez perdidas precisa de algo más que el saneamiento de la economía. Son muchos los campos que están seriamente contaminados y, entre ellos, sería una tragedia que pasare desapercibido el Poder Judicial, el cual lejos se encuentra de asegurar una sana administración de justicia.
A pesar de los aires de cambio que marcó la ciudadanía, expulsando con el 56 % de los votos al kirchnerismo y a la izquierda marxista en su conjunto, jueces cómplices con los terroristas de los 70´ siguen actuando sin respuesta a la Constitución Nacional.
El 26 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, integrado por los Jueces RICARDO ANGEL BASÍLICO, WALTER ANTONIO VENDITTI, y ESTEBAN CARLOS RODRIGUEZ EGGERS, condenó “SIN PRUEBAS” a ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 101, unidad militar que tenia en aquella época asiento en la ciudad de La Plata.
La causa trataba sobre supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ubicadas en Banfield, Quilmes, y Lanús. Los hechos analizados habrían ocurrido durante el lapso en que se desarrolló en el país una parte de la guerra revolucionaria. Declararon cientos de testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal y las distintas querellas, no logrando una sola declaración que imputara a los oficiales del Destacamento.
El Tribunal inició las audiencias el 27 de octubre de 2020, demandándole tres años y medio para llegar al dictado de la sentencia. En ese lapso los jueces además de su sueldo cobraron abultados suplementos y viáticos.
En medio de las audiencias fue recusada la fiscal ANA OBERLÍN. La recusación se fundó en que esta fiscal era hija de un oficial de Montoneros que murió al ingerir una pastilla de cianuro al ser detectado y además tenia dos tíos en situación de desaparecidos. Eso constituía un hecho que impediría a la funcionaria ser independiente objetiva e imparcial como lo determinan los códigos vigentes.
Además de tener familiares directos muertos y desaparecidos en la época de los hechos, había militado en la agrupación “HIJOS”, colaboradora con las “Madres de Plaza de Mayo” y había oficiado como querellante en juicios por supuestos delitos de lesa humanidad en Rosario antes de su designación como fiscal.
Distintos abogados daban por descontado que la fiscal debía ser separada de su puesto, pero a pesar de las contundentes pruebas el Tribunal rechazó el pedido, poniendo de manifiesto una vez más la complicidad de los jueces con los terro0ristas de los 70´. Los fundamentos del rechazo, según especialistas en el tema, pueden calificarse como vergonzosos.
La sentencia -prisión perpétua para todos los imputados-tuvo una excepción: absolución para un oficial de la Policía d que hace mas de tres años había contratado para su defensa al Dr. CÚNEO LIBARONA. BASÍLICO fue convocado hace una semana por el actual ministro de Justicia para conformar un equipo de trabajo. Esto lo hace acreedor a él y a sus pares de otra cualidad: arrastrados, obsecuentes y alcahuetes del gobierno de turno.
Asimismo y mientras leía la sentencia, el presidente del tribunal permitió que en su cara militantes de organizaciones de derechos humanos cantaran y levantaran pancartas. Una verdadera vergüenza. No fue otra cosa que un “juicio revolucionario”. Es necesario que los ciudadanos de bien tomen debida nota de estos jueces, porque estos funcionarios corruptos y maleables van a terminar destruyendo la república, o mejor dicho, lo que nos queda de ella.
Los ilegales festejos del público ante las condenas emitidas por el tribunal
JORGE HÉCTOR DI PASQUALE
Ex Teniente Coronel
Condenado por el TOF 1 – La Plata
EN ESTE JUICIO HUBO 10 CONDENADOS A CADENA PERPETUA, UNO A 25 AÑOS Y UN ABSUELTO
OTRA SENTENCIA VERGONZOSA
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El 26 de marzo pasado se dictó una nueva sentencia, publicitariamente denominada “Juicio Brigadas”, por la que se condenó al Dr. Jaime Smart y a los militares y policías Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale, Roberto Armando Balmaceda, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Luis Horacio Castillo a prisión perpetua en todos los casos. También se condenó a Alberto Julio Candioti a 25 años de prisión.
Ninguno de los testigos pudo aportar hecho relevante alguno que pudiera justificar tales condenas. Tan solo uno de los acusados resultó absuelto, casualmente defendido por el actual Ministro de Justicia.
Los jueces responsables de esta infamia -Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers- basaron su sentencia en la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, a la que la Argentina adhirió el 26/08/2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, casi 30 años después de ocurridos los hechos imputados a los enjuiciados.
Estas gravísimas irregularidades no son nuevas: se juzga aplicando leyes inexistentes al momento de los hechos y se utilizan testigos “necesarios” –entendiéndose por tales quienes alegan ser víctimas de los acusados-, los cuales, con su testimonio, se hacen acreedores a indemnizaciones tan cuantiosas como fraudulentas, que el novel gobierno recién empieza a descubrir. Testimonios que se descartan rápidamente cuando nada aportan a la condena y mucho a la absolución.
En este caso en particular actuó como fiscal una conocida “militante”, Ana Oberlín, hija de René Oberlin, dirigente fundacional de Montoneros en Santa Fe, detenido en 1971 y amnistiado por Cámpora en 1973, quien, ante una posible nueva detención, se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Esta fiscal, además de ser hija y sobrina de notorios montoneros, es militante de la agrupación H.I.J.O.S., por lo que debió haber sido apartada cuando fue recusada.
Las groseras arbitrariedades y abusos que se cometen en estos juicios sólo se entienden en el marco de impunidad en que trabajan los jueces que engrosan sus salarios con las llamadas “subrogancias”, uno de los tantos curros que se consiguen en desmedro de sus obligaciones para con los juzgados de origen, sumando aportes a sus futuras jubilaciones. Tres años y cinco meses duró esta parodia de juicio, a partir del cual, como suele ocurrir, se iniciarán otros, inventándose delitos que no prescriben jamás, porque el objetivo es que el circo no cierre nunca y el negocio que ya ni se oculta siga rindiendo frutos.
Estos juicios llamados “de lesa humanidad“, viciados y fraudulentos, se iniciaron como consecuencia del más grosero prevaricato de nuestra historia judicial, cuando nada menos que la Corte Suprema se convirtió en lacaya del poder político e hizo propio su proyecto ideológico, hasta lograr la demolición de los principios más básicos del derecho. La falsa ideología de los derechos humanos sustituyó al derecho, lo que permitió que el entonces Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se ufanara proclamando que la ideología de los derechos humanos era una “política de estado”.
Semejante esperpento hizo posible que jueces corruptos enjuiciaran, condenaran y encarcelaran de por vida a militares, miembros de las fuerzas de seguridad, sacerdotes y civiles. Ochocientos treinta y cinco han muerto en cautiverio, mientras que los sobrevivientes cuentan ya con más de 75 años de promedio. Caso tal vez paradigmático es el del Dr. Jaime Smart, un juez intachable, que acumula cinco cadenas perpetuas. Semejante ignominia debiera llenar de vergüenza a los argentinos.
El nuevo gobierno nacional debe entender que el cáncer que corroe a la República es moral, fruto de gobiernos corruptos y políticas corruptoras que han debilitado, cuando no consumido, el patrimonio no sólo económico, sino también espiritual de muchos argentinos.
Alberto Solanet Carlos Bosch
Presidente Secretario
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 5, 2024
LA JUSTICIA PREVARICADORA Y CORRUPTA SIGUE ACTUANDO
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A pesar de los aires de cambio que marcó la ciudadanía, expulsando con el 56 % de los votos al kirchnerismo y a la izquierda marxista en su conjunto, jueces cómplices con los terroristas de los 70´ siguen actuando sin respuesta a la Constitución Nacional.
La causa trataba sobre supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en las Brigadas de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ubicadas en Banfield, Quilmes, y Lanús. Los hechos analizados habrían ocurrido durante el lapso en que se desarrolló en el país una parte de la guerra revolucionaria. Declararon cientos de testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal y las distintas querellas, no logrando una sola declaración que imputara a los oficiales del Destacamento.
El Tribunal inició las audiencias el 27 de octubre de 2020, demandándole tres años y medio para llegar al dictado de la sentencia. En ese lapso los jueces además de su sueldo cobraron abultados suplementos y viáticos.
En medio de las audiencias fue recusada la fiscal ANA OBERLÍN. La recusación se fundó en que esta fiscal era hija de un oficial de Montoneros que murió al ingerir una pastilla de cianuro al ser detectado y además tenia dos tíos en situación de desaparecidos. Eso constituía un hecho que impediría a la funcionaria ser independiente objetiva e imparcial como lo determinan los códigos vigentes.
Además de tener familiares directos muertos y desaparecidos en la época de los hechos, había militado en la agrupación “HIJOS”, colaboradora con las “Madres de Plaza de Mayo” y había oficiado como querellante en juicios por supuestos delitos de lesa humanidad en Rosario antes de su designación como fiscal.
La sentencia -prisión perpétua para todos los imputados-tuvo una excepción: absolución para un oficial de la Policía d que hace mas de tres años había contratado para su defensa al Dr. CÚNEO LIBARONA. BASÍLICO fue convocado hace una semana por el actual ministro de Justicia para conformar un equipo de trabajo. Esto lo hace acreedor a él y a sus pares de otra cualidad: arrastrados, obsecuentes y alcahuetes del gobierno de turno.
Asimismo y mientras leía la sentencia, el presidente del tribunal permitió que en su cara militantes de organizaciones de derechos humanos cantaran y levantaran pancartas. Una verdadera vergüenza. No fue otra cosa que un “juicio revolucionario”. Es necesario que los ciudadanos de bien tomen debida nota de estos jueces, porque estos funcionarios corruptos y maleables van a terminar destruyendo la república, o mejor dicho, lo que nos queda de ella.
JORGE HÉCTOR DI PASQUALE
Ex Teniente Coronel
Condenado por el TOF 1 – La Plata
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Marzo 29, 2024