Al restablecerse la democracia en nuestro país, la clase política, en su afán de no ser corrida del poder por ningún motivo, y para congraciarse con la sociedad y con el mundo, inició el histórico juicio a las Juntas de Comandantes.

Esto que podemos llamar el primer circo judicial, fue ordenado por el presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el abogado defensor de terroristas, Raúl Alfonsín, se hizo violando la Constitución Nacional que textualmente dice en su Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en su condición de abogado, no podía ignorar la Constitución Nacional. Pero el Circo ya estaba armado y daba su primera función. Por este mérito, y por su ideología izquierdista, en noviembre de 1999, la Unión Cívica Radical fue incorporada oficialmente como miembro completo de la Internacional Socialista en París y Raúl Alfonsín fue nominado vicepresidente de oficio al haber sido elegido presidente del Comité Latinoamericano, que reúne a todos los países de la región. El cargo tiene un nivel similar al de una vicepresidencia plena para la Internacional Socialista.

Los comandantes debieron haber sido juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas armadas, de conformidad con el código de justicia militar por ser ellos los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

En tanto, la izquierda derrotada en el campo militar estaba sedienta de venganza y vieron en el prevaricato su instrumento de venganza.

Pero en esta oportunidad, solo se ejecutaba contra las Juntas de Comandantes, no alcanzaba a los que cumplían órdenes.

Es entonces cuando podemos recordar el poema escrito por el pastor Luterano alemán Martin Niemölle (Nimoller)

“Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada,

porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada,

porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada,

porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.”

A muchos les gustó el circo y quisieron seguir avanzando.

Y fuimos muchos más los que no dijimos nada.

Fueron unos pocos los que levantaron su voz, encabezados por el coronel Mohamed Ali Seineldin; y gracias a ellos se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final.

Fue el presidente Carlos Menem, quién, como una estrategia política, de quedar bien con Dios y con el diablo, indulto a los detenidos de ambas partes, terroristas y Patriotas que lucharon contra ellos.

Pasó el tiempo y llegó Néstor Kirchner a la presidencia y vio una veta de oro para su avaricia: “EL CURRO DE LOS DERECHOS HUMANOS”, lo que también le servía para contener a la izquierda más violenta.

A partir de entonces, a la sed de venganza, esa caterva cosmopolita y atea le sumó la avaricia para lucrar con la sangre derramada.

Todos sabemos que son juicios ilegales. Que quienes lucharon contra el terrorismo sufren injustas detenciones.

Pero creí necesario puntualizar casos específicos para que todos nosotros tomemos real dimensión del atropello que se continúa cometiendo.

El 22 de octubre de 1976, transitaba por las calles de la Ciudad de Santa Fe, Nilda Peters, una montonera correntina de 26 años. Lo hacía junto a otro militante de la “orga”, cuando son reconocidos por militares que cumpliendo el mandato constitucional de “aniquilar al terrorismo” andaban a la caza de estos criminales. Al advertir la proximidad de las fuerzas de seguridad, el acompañante de Nilda Peters, en una cobarde actitud, la abandona a su suerte, huyendo a veloz carrera.

Ella, sola y librada a su suerte, se pierde a lo largo de un pasillo de las inmediaciones. Uno de sus perseguidores acude a la Comisaría 5ª, ubicada a pocos metros del lugar, en Salvador del Carril 2027 a pedir la cooperación policial, en el preciso momento en que el un vecino, Héctor Simón Castañeda, avisa telefónicamente que a su domicilio de calle Alvear Nº 5754, ha ingresado una mujer armada, por lo que se ha “refugiado” en otra dependencia de la casa para protegerse junto a su familia.
Ya saben adónde buscar. El Oficial Juan Carlos Báez con los militares y algunos agentes policiales se dirigen al lugar.

Se aproximan al frente de la vivienda, desde la calle imparten la orden de detención, sin obtener respuesta. Insisten impartiendo la orden, y al cabo de unos instantes se escucha un disparo desde el interior de la casa. Reiteran la orden y ante el prolongado silencio, irrumpen en la vivienda, donde encuentran a la terrorista muerta con un disparo en la cabeza, con el arma junto a ella.

No había dudas. Estaba muerta. No era necesario ni intentar simular un enfrentamiento. Se había suicidado.

Se labran las actuaciones de estilo, con las declaraciones de los ocupantes de la vivienda, el señor Castañeda y sus familiares.

Y esto pasó a ser parte de la historia de esos sangrientos años en que grupos de psicópatas intentaban la toma del poder para implantar una dictadura marxista.

¿Qué habrá sido de la vida del cobarde que dejó abandonada a su suerte a Nilda? ¿Habrá derramado alguna lágrima por ella?

Nilda Peters, entre la vida y la muerte, optó por la muerte y se quitó la vida.

Allá por 1830, Honorato de Balzac escribió que “Cada suicidio es un sublime poema de melancolía”.
Solo Dios sabe qué pensamientos cruzaron por su mente en ese instante que separó su vida de la muerte: ¿El desprecio o el perdón a quien la abandonó en esa encrucijada? ¿Los recuerdos de su familia, en su Chaco natal? ¿La pena de no alcanzar a ver la Patria marxista?
Pero nunca hubiera imaginado que la sangre que cubrió su rostro, tras aquel disparo suicida, décadas después estaría siendo negociada para obtener suculentas indemnizaciones y subsidios; y utilizada como herramienta para vengarse de quienes lucharon y hasta dieron su vida en cumplimiento del deber.

Pasaron los años y llegaron al poder los Kirchner con su RELATO de militancia y de defensa de los derechos humanos.

El abogado Jorge Daniel Pedraza (a) Coco, en esos años de plomo, era un aprendiz de terrorista. Durante un gobierno democrático, participó de un atentado contra el local de la firma Fiat Grossi, ubicado en calle San Martín entre Suipacha y Junín de la Capital santafesina. El Coco no peleaba contra ninguna dictadura, atentaba durante un gobierno constitucional.
En su curso acelerado de terrorismo, ya había participado de la toma de la antena de la emisora universitaria LT 10 y otros golpes menores. En oportunidad del atentado al local de Fiat, cuando inician la huida, un vecino lo captura, le quita la pistola 11,25 que portaba y con otros vecinos, lo entrega a la policía.

Esto también es historia.

Pero con el RELATO, este aprendiz de terrorista se convierte en un fanático defensor de los “derechos humanos”; y sin ningún fundamento ni prueba, comienza a denunciar como asesinados a todos los terroristas muertos en distintos enfrentamientos, y también denuncia como asesinada a Nilda Graciela Peters.

El Juez Reinaldo Rodríguez, sin pruebas firmes ni datos concretos, imputa a Juan Carlos Báez, por el homicidio de quien se ha suicidado y ordena su detención en octubre de 2014.

Este Juez en su momento fue criticado por su lentitud con respecto a las denuncias contra los directivos de la Universidad Nacional del Litoral y LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral. También, la comisión de Disciplina y Acusación del Concejo de la Magistratura votó en su momento, por mayoría un dictamen que proponía suspender al magistrado en su cargo y someterlo a un jury de enjuiciamiento por ordenar el pago de bonos públicos en default a su valor nominal después de la crisis de diciembre de 2001. También tuvo el “mérito” de dejar prescribir la causa contra la mafia del transporte urbano de pasajeros por colectivo de la Ciudad de Santa Fe. En un caso de trata de personas, aceptó que las denunciantes se desdijeran de sus dichos en la denuncia, sin imputarlas por falsa denuncia. Solo le importaba a este juez, que los rufianes quedaran impunes. En otro caso, permitió que el conductor de un camión con una tonelada y media de marihuana quedara impune.
Y hasta ahora viene zafando.

En este caso, por la muerte de Nilda Peters, ni siquiera se preocupó en llamar a declarar a Héctor Castañeda al morador de la casa donde se suicidó la terrorista.

Ahora es tarde. Castañeda falleció el 23 de noviembre de ese mismo año, después de la detención del Oficial Báez.

Con jueces como el Dr. Reinaldo Rodríguez, hoy, todos los argentinos, estamos en libertad condicional. Condicionada a su antojo de detenernos sin motivo justo.

Este Juez prevaricador, tras privar de la libertad por más de un mes, al Oficial Báez dispuso su libertad por falta de mérito. No le dictó el sobreseimiento. Lo dejó en la picota, con la posibilidad arbitraria de volver a detenerlo.

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