El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence señaló este sábado que “la historia hará responsable a Donald Trump” del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Pence dijo que Trump “estaba equivocado” al insistirle que aquel día él, que entonces era vicepresidente, tenía autoridad para anular en el Congreso de EE.UU. los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Según Pence, las “palabras imprudentes” del expresidente “pusieron en peligro a mi familia y a todos [los que estuvieron] en el Capitolio aquel día”. Además, criticó a los que calificaron de “turistas” a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio.
En ese sentido afirmó que los turistas no causan daño a la Policía y no amenazan a funcionarios públicos.
Asimismo, el exvicepresidente subrayó que el asalto al Capitolio fue “una sola cosa sobre la cual no he bromeado”, calificando el 6 de enero de 2021 como “un día trágico”.
La escena política de Corea del Norte se ha visto protagonizada por una nueva estrella: una niña de entre 10 y 12 años. Es posible que su continua aparición en público signifique que el líder del país, Kim Jong-un, ya esté preparando el terreno para entregar “el trono” a un heredero y conservar las riendas del poder en la familia, afirma Andréi Lankov, experto en Corea del Norte y profesor de la Universidad de Kookmin (Corea del Sur).
La menor, que se cree es la segunda hija del líder norcoreano, fue vista por primera vez el 18 de noviembre de 2022, cuando acompañó a Kim y a su esposa, Ri Sol-ju, al lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17. El hecho de que el gobernante del país apareciera en público junto a la pequeña, “es en sí mismo un paso sin precedentes” y una clara señal de que las tradiciones de Corea del Norte están cambiando.
Desde finales de noviembre hasta finales de febrero del año pasado, la niña participó en un total de seis eventos junto a su progenitor. Una de sus asistencias más emblemáticas podría considerarse la de un banquete que se llevó a cabo con motivo del 75.° aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea. En las fotografías tomadas durante la celebración, la menor salió sentada en la mesa en medio de sus padres y con cuatro generales del Ejército, vestidos de gala, tendidos a sus espaldas.
Esas apariciones han desatado un debate sobre si Kim estaría preparándola para que sea su sucesora. El hecho de que haya escogido para ello a una mujer, no debe sorprender, ya que el líder norcoreano podría considerarse feminista y, a menudo, designa a mujeres para altos cargos. Pero, por otra parte, no es nada común nombrar un heredero que aún no ha llegado ni tan solo a la adolescencia. Sin embargo, es posible que existan verdaderas razones para ello, señala el experto.
La decisión de que un sistema de transferencia hereditaria del poder era ideal para Corea del Norte se tomó en la década de 1960, durante el mandato del fundador del país, Kim Il-sung, quien llegó a la conclusión de que su sucesor debería ser alguien que no buscara obtener más apoyo del pueblo, criticándolo tras su muerte, ni tampoco deseando apartarlo del poder antes del tiempo. Estaba claro que solo su propio hijo podría cumplir con tales criterios, sostiene Lankov.
En concreto, Kim Il-sung escogió para ello a su primogénito, Kim Jong-il, nacido a principios de la década de 1940. Ya en 1970, empezaron los preparativos para transferirle el poder, mientras que, a principios de la década de 1980, fue aprobado por completo como un sucesor en toda regla. Durante todo el proceso, a Kim Jong-il se le iban transfiriendo gradualmente los poderes en la Administración estatal y, en el momento de la muerte de Kim Il-sung, en 1994, el país ya estaba siendo gobernado por un duunvirato.
“Sin embargo, por alguna razón, Kim Jong-il no tenía prisa por seguir el ejemplo de su padre. Para el otoño del 2008, cuando sufrió un derrame cerebral, Kim Jong-il no había nombrado heredero”, recuerda el experto, agregando que finalmente, su elección se centró en su tercer hijo, Kim Jong-un, quien no fue presentado al pueblo de manera oficial hasta octubre del 2010. Tan solo un año después, su padre murió inesperadamente y ya en diciembre del 2011, Kim Jong-un heredó el poder.
Al contrario que su progenitor, Kim Jong-un parece haber decidido encargarse de preparar la transferencia del poder por herencia a una edad bastante temprana: el líder aún no tiene ni 40 años. Sin embargo, muchos observadores dudan de que se haya tomado la decisión final acerca de que su hija ya haya sido elegida para convertirse en la nueva líder del país, todo y que la frecuencia con la que ahora aparece en eventos oficiales y el papel central que desempeña en ellos sugiere que, sin duda, es uno de los candidatos favoritos para ello.
Lankov destaca tres hipótesis sobre las razones de las frecuentes apariciones de la niña en los últimos meses.
En primer lugar, el propio líder norcoreano “pasó su adolescencia en Europa y parece haber sido influenciado en muchos aspectos por las tradiciones que existen en las monarquías europeas”. Según el experto, gracias a esto, por ejemplo, Kim no considera necesario ocultar a su esposa del público y, basándose en este hecho, no es raro que su hija empiece a desempeñar cierto papel social y político a una edad muy temprana.
Además, si la niña está realmente destinada a convertirse en la próxima líder de Corea del Norte, Kim necesita preparar tanto a su aparato como a la población para la idea de que el poder pasará esta vez a una mujer. Aunque el estatus de las mujeres en el país asiático ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, “la decisión de nombrar a una mujer para el máximo cargo puede causar cierto desconcierto en el país”. “Es posible que Kim Jong-un decidiera diluir este desconcierto, acostumbrando poco a poco a la población a que su decisión no es ortodoxa”, subraya Lankov.
Y la tercera opción consiste en que no se puede descartar que Kim Jong-un haya decidido tomar un camino diferente al de su padre y no dejar para el último momento la elección del heredero. Por tanto, si el estado de salud del mandatario se está deteriorando realmente, Kim, “como gobernante responsable en una monarquía absoluta, que quiere mantener la estabilidad en el país y el poder en manos de su familia, no debería repetir los errores de su padre”.
“En resumen, una nueva e inusual estrella se ha alzado en la escena política norcoreana: una niña de unos 10 o 12 años, guapa y muy parecida a sus padres”, concluye el experto.
La pena de muerte, tal como se utiliza en las ejecuciones por pena capital, se ha aplicado estrictamente en casos de homicidio agravado. La pena capital se ha utilizado en Florida y en varios otros estados de EE. UU. antes de 1967, cuando la Corte Suprema cuestionó su constitucionalidad. Sin embargo, ciertas reformas se implementaron más tarde en 1976, lo que generó la esperanza de las críticas de que el sistema relajaría sus medidas sobre la pena de muerte. Sin embargo, los métodos para la pena capital en los EE. UU. se han llevado a cabo a través de una serie de medios legales que incluyen electrocución, ahorcamiento, inyección letal, cámara de gas y pelotón de fusilamiento. Pero las controversias sobre su efectividad y costos han empañado el uso de la pena de muerte en la pena capital como un asunto costoso que eventualmente no le da al contribuyente un valor por su centavo.
En el artículo “Especial del Times” del 1 de julio de 2008, Gerald Kogan analiza los sentimientos de los estadounidenses sobre la inyección letal. Como método para aplicar la pena capital, como lo reconoce la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha estado libre de controversias y contradicciones sobre la moralidad de los miembros de la sociedad. El punto de discusión aquí es si la víctima correcta está muriendo por sus crímenes; principalmente porque el sistema de pena capital de Florida está completamente “roto”. El sistema es erróneo y casos que casi terminan en la ‘silla’ son volcados contrariamente a las expectativas de los familiares de los asesinados. En el debate que conduce a la condena de las víctimas de la pena de muerte, el proceso es complejo e incierto. Habiendo estado en las operaciones y manejando numerosos casos, Kogan cree que el sistema de Florida requiere reformas. Larry, del Consejo Legislativo de la ACLU, documentó que los modos de ejecución, como la silla eléctrica, se han politizado recientemente debido a una advertencia judicial emitida recientemente. Su afirmación es que la silla eléctrica es “espantosa” y sus protestas deberían investigarse. La opinión pública ha llegado al extremo de exigir al Poder Judicial que explique por qué se han buscado reformas a la opción de la ‘silla eléctrica’. Sin embargo, la excusa del juez para el ataque al poder judicial es que más jueces, incluidos los de Florida, expresan abiertamente sus dudas sobre la efectividad de la pena capital. La injerencia política en las legislaciones de la pena de muerte tiene sus raíces en las campañas de varios presidentes estadounidenses. Por ejemplo, en 2000, Bush en su candidatura no usó su deseo de ejecución para obtener su voto en la Oficina Oval. Esto contribuyó en gran medida a cambiar los juegos políticos que se jugaban con los ciudadanos. Muy pocos de los aspirantes al Senado rara vez utilizan la política pro-muerte para convencer a sus votantes. En algún momento, la discusión terminó en una pelea que la pregunta es “¿Quién tiene derecho a castigar?” y “¿Cuánto castigo merece una persona?” Desafortunadamente, los casos de castigo se han basado en vendettas y otros como formas de deshacerse de alguien en una competencia por un asiento o una empresa lucrativa. Así, la cuestión de quién castiga y cuánto merece queda reservada dentro del sistema. Aunque para las víctimas, sigue siendo una cuestión de ética, ya que cuando el martillo ‘cae’, sus decisiones son, en última instancia, irreversibles. De hecho, todo lo que el público y los conservacionistas están pidiendo a gritos es simplemente un aplazamiento de las penas de muerte hasta que se considere una revisión de la opción. Esto se debe a que su esperanza está en los líderes reservados, que se prevé se incorporarán al alto cargo para impulsar que el favor de los ciudadanos se arraigue en lo constitucional. El profesor de la Universidad de Columbia, Michael Radelet, se opone al sistema de pena de muerte de Florida en tres ocasiones; en primer lugar, sobre cómo se aplica la pena en comparación con cómo se argumentó seis u ocho años antes. En segundo lugar, el mayor apoyo a la pena por parte de los estadounidenses a pesar de la disminución de su imposición. Y finalmente que las tendencias exhibidas en Florida estén sincronizadas con las de los demás estados y del mundo en su conjunto. Desde 2006, Florida había sido relevada de aplicar las penas de muerte después de que su exgobernador las suspendiera debido a un caso de inyección letal en Ángel Díaz. La principal desventaja del sistema ha sido la mala gestión del proceso de ejecución, errores en la identificación y enjuiciamiento de los acusados. Otros temas que han aumentado la controversia incluyen las disparidades regionales, la opción de cadena perpetua sin libertad condicional, la opinión pública, las declaraciones de culpabilidad, las anulaciones, la inocencia, las cuestiones raciales, las tendencias mundiales y la renuncia a las recomendaciones del jurado como resultado de la competencia para arrestar, condenar y castigar a los ‘ “víctima correcta” ha llevado, en otros casos, a que el verdadero asesino sea liberado para cometer los crímenes atroces.
Por lo tanto, la recomendación para reformar este sistema ha sido proporcionada por una coalición de jueces, fiscales, abogados defensores, opositores/partidarios de la pena de muerte y defensores de las víctimas. Aunque se puede hacer mucho para restaurar el sistema de pena capital de Florida, el paso inicial para resolver estos problemas es la adopción de las 20 recomendaciones; mientras que una moratoria debería garantizar que no se practiquen más casos de pena de muerte hasta que se haya agasajado con las recomendaciones una revisión universal del sistema. En relación al curso la preocupación tanto de los escritores como del público en general permite que se atiendan los derechos de los delincuentes. En situaciones en las que una víctima de la pena de muerte es exonerada de sus cargos después de su muerte en prisión, el sistema tiene toda la culpa de tales hechos. Por lo tanto, en mi opinión, estoy convencido de que se debe optar por la moratoria en un esfuerzo por eliminar la recurrencia de tales casos de “identidad equivocada”.
Una cámara radiográfica ha desaparecido en la ciudad de Houston, Texas, (EE.UU.), informaron el sábado las autoridades locales. Statewide Maintenance Company, propietaria del dispositivo que contiene material radiactivo, ofrece una recompensa por su devolución.
“Tiene un símbolo radiactivo en el costado, pero si alguien se metiera en la parte de la cápsula donde está el material radiactivo, es extremadamente peligroso, como para perder los dedos”, señaló Lara Anton, portavoz del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.
“Nuestro objetivo es que la gente nos avise si lo ve, para que podamos recuperar su custodia”, añadió.
El aparato, similar a una máquina portátil de rayos X utilizada para ver estructuras ocultas, es habitual en la industria de la construcción y el petróleo. Además, Anton reveló que el objeto desapareció el jueves de un camión aparcado en un restaurante donde se detuvieron los trabajadores de la empresa.
Aunque las autoridades de Texas han aclarado que los niveles de radiación fuera de la cámara no son peligrosos, advierten que nadie debe intentar abrirla. El material radiactivo del dispositivo está sellado con múltiples capas de protección y el riesgo de exposición es “muy bajo”, agregaron en su comunicado.
La Oficina del Alguacil del condado de Washington (EE.UU.), dio a conocer recientemente un video en el que se aprecia a un sospechoso de doble asesinato en el estado de Oregón escapar el pasado 27 de febrero de la corte durante su juicio.
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En las imágenes se aprecia a Edi Villalobos, el imputado, ser escoltado hasta el tribunal por un ayudante del ‘sheriff’, quien le quita las esposas y los grilletes para iniciar la audiencia por el apuñalamiento mortal de dos personas, cometido en 2021.
Cuando ya no llevaba las esposas, el acusado aprovechó la oportunidad y salió corriendo de la sala de audiencias, por lo que dos oficiales salieron tras él, persiguiéndolo por pasillos y escaleras sin conseguir detenerlo.
Villalobos duró poco tiempo prófugo de la Justicia ya que, luego de lanzar un operativo de búsqueda que incluyó equipos caninos, la Policía de Washington lo localizó dos horas después en un apartamento cercano al que irrumpió ilegalmente, escondido dentro de un armario y cubierto con una manta.
Ante la manifiesta diferencia existente, entre el grupo de individuos que busca establecer su identidad, y el sector de los mismos que son beneficiados por la normativa basada en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), esto es las presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, resulta necesaria una completa modificación del sistema identificatorio a efectos de respetar la garantía de igualdad ante la ley. El acceso a la identificación a fin de lograr la buscada identidad para todas las personas que lo requieran, solo puede lograrse con la real nacionalización de un banco de datos genéticos, que haga que encontrar vínculos familiares no sea una cuestión de suerte, sino que el sistema lo permita; lo cual implica una nueva legislación.
Algunos datos y elementos para desarrollar el cambio de sistema:
[A]: Igualdad ante la ley:
El principio de igualdad ante la ley es la base en la que se asientan los derechos humanos y están explícitamente reconocidos, en los tratados y convenciones internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26/jun/1945, entrada en vigor el 24/oct/1945, y que es una garantía incuestionable. La garantía a los derechos humanos hace a su defensa y no a su militancia.
Preámbulo: a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
Continuando con: Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10/dic/1948 en París, Arts. 1 y 2; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948. Arts. I y II; Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 22/nov/1969, Art. 1.
También la Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13/may/1968, establece.
Artículo 11: La notoria denegación de los derechos humanos derivada de la discriminación por motivos de raza, religión, creencia o expresión de opiniones ofende a la conciencia de la humanidad y pone en peligro los fundamentos de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo.
Es decir que agrega como forma discriminatoria a la restricción de la «expresión de opiniones», algo que claramente se ve afectado en forma extrema por la aplicación de la «cultura de la cancelación». Este tema es ampliado en el título [B]: Derecho a la identidad, del presente informe, al cual brevitatis causae, remitimos.
Y obviamente en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, es clara la garantía de igualdad ante la ley, así como el reconocimiento en su artículo 75 inc. 22, de normas convencionales sobre derechos humanos a las que otorga jerarquía superior a las leyes.
La igualdad ante la ley, no significa negar la existencia de diferencias entre los individuos, ya que, si algo caracteriza a los seres humanos, es la multiplicidad de diferencias; sí, encarna que ante la ley todos gozamos de iguales garantías judiciales y de debido proceso, además de las restantes garantías constitucionales y convencionales de protección a los derechos humanos. Necesariamente, no es admisible la división que se hace entre «hijos» y «entenados». Como cuando se trata a presuntas víctimas de apropiación por la última dictadura militar, de una forma y de otra a las personas que buscan su identidad, fuera de ese grupo.
Como dato oficial, respecto del «derecho a la igualdad», se trascriben partes pertinentes del Tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, relacionado a modificar la ley del BNDG entonces vigente, por una que marca la desigualdad en la búsqueda de identidad, al solo incluir a las presuntas víctimas de la dictadura.
… diputada por Santa Fe. Sra. Tate, Alicia Ester… De esa manera, bajo la excusa, bajo el amparo de resguardar los derechos de quienes fueron víctimas del delito de desaparición forzada y también de aquellas personas que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres vieron sustituida su identidad civil y fueron separados de su familia biológica, el dictamen sostenido por la mayoría no propone otra cosa que conculcar los derechos y libertades de miles de personas, que también sufrieron la sustitución de identidad y que fueron arrancadas del seno de sus familias biológicas. Pero el avance sobre un carácter restrictivo del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades no se limita al campo de la identidad biológica. Este no es el único derecho que el dictamen de mayoría pretende cercenar, ya que el hecho de cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos -el único Banco Nacional de Datos Genéticos- junto a la pretendida decisión del Estado nacional de apropiarse de todos los bienes y datos de ese Banco Nacional de Datos Genéticos implican por defecto la negación del acceso a la justicia en diferentes causas, entre ellas la determinación de la filiación. (el resaltado es propio)
Sra. Tate, Alicia Ester… Voy a enumerar los conflictos que generaría la aprobación del proyecto del señor diputado Carlotto en caso de no hacer esas modificaciones. En primer lugar, insisto en que la aprobación de este proyecto supone un grave retroceso en el campo de la defensa y garantía de los derechos y libertades, particularmente en lo que se refiere al derecho a la identidad, ya que al cerrarse el Banco Nacional de Datos Genéticos y dado el accionar acotado de este nuevo Instituto que se estaría creando, el Estado nacional estaría dejando de atender las otras cuestiones relativas a la determinación de la identidad biológica. Esta situación no queda salvada con la inclusión de una cláusula transitoria para las causas pendientes de resolución judicial, ni mucho menos con la posibilidad de realizar estos estudios en centros privados. El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos; no puede ni debe dejarlo librado al campo privado. También creemos que es llamativo que quienes participaron en la reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y asesoraron en la redacción del proyecto al señor diputado Carlotto sean las mismas genetistas encargadas de realizar los estudios de paternidad y genética forense en el laboratorio Genda, uno de esos centros privados a los que la gente deberá concurrir en caso de aprobarse esta propuesta. (el resaltado es propio)
… la derogación de la ley 23.511 pone en riesgo también los derechos de aquellas personas a las que se pretende jerarquizar, ya que, al ubicar a este nuevo Instituto bajo la órbita del gobierno, el mismo queda sujeto a los avatares políticos. Y esta es precisamente la más grave acusación o cuestionamiento que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales, porque este Instituto quedaría librado a la voluntad de quienes sucesivamente ejerzan la Presidencia de la Nación, ya que es facultad del Poder Ejecutivo determinar los ministerios y las secretarías. Esto no ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos tal como está creado. (el resaltado es propio)
Tanto el señor diputado Carlotto como la directora de la CONADI, Claudia Carlotto, y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestaron desde distintos puntos de vista que debido al aumento de los casos atendidos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, especialmente aquellos referidos a la determinación de la filiación, el rol del banco se fue tergiversando y pasó a ocuparse más de datos de filiación que de aquellos vinculados con la resolución de identidad de los niños apropiados o nacidos en cautiverio durante la dictadura militar, incurriendo incluso en demoras de hasta un año y ocho meses en responder a los requerimientos de la CONADI. (el resaltado es propio)
¡Cuántos Carlotto!
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Burzaco, Eugenio. … Voy a tratar de concentrarme en tres o cuatro artículos que consideramos claves y por los cuales no podemos acompañar este proyecto de ley, más allá de sus buenas intenciones. El primer punto tiene que ver con el artículo 1° del proyecto de ley. Mientras el actual Banco Nacional de Datos Genéticos funciona sin exclusiones, el nuevo Instituto Nacional de Datos Genéticos limita su competencia a causas relacionadas con el terrorismo de Estado entre los años 1974 y 1983. Pretende desconocer la garantía del derecho a la identidad produciendo un vaciamiento, ya que el actual Banco Nacional de Datos Genéticos dejaría de existir y la totalidad de sus bienes y datos registrados hasta la fecha pasarían a manos del Instituto. Los derechos humanos son inherentes a la persona y su respeto y garantía trascienden cualquier circunstancia, incluida la condición política o jurídica del país. Este principio absoluto de igualdad y la responsabilidad que nos cabe a la hora de promoverlos y garantizarlos quedan claros en la totalidad de los instrumentos internacionales y regionales de los que somos parte. El traspaso de la totalidad de los bienes del Banco Nacional de Datos Genéticos a este Instituto incluye tanto la aparatología como las muestras hemáticas allí existentes. (el resaltado es propio)
La propuesta del dictamen de mayoría posterga a un último plano la especialidad y diseña una estructura burocrática y política que queda a cargo de un presidente dotado de excesivas atribuciones. Por ejemplo, en el inciso h) se llega al punto de otorgarle facultades legislativas, lo cual es groseramente inconstitucional. En conclusión, como ha quedado claramente expuesto anteriormente y en esta exposición, estamos frente a la restricción de un derecho universal al que una vez más vemos peligrar si accedemos a limitar el ejercicio y garantía de un derecho humano considerado base: el derecho a la identidad biológica. No compartimos la idea de restringir lo que debe ser universal, para todos. No hay derechos humanos limitados. Cuando discutimos este proyecto llegamos a la conclusión de que no podemos jerarquizar entre víctimas. Las víctimas siempre son víctimas y los instrumentos de reconocimiento y garantía de los derechos humanos están en consonancia con este principio de igualdad y universalidad que debemos defender. (el resaltado es propio)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital. Sr. García Méndez, Emilio Arturo… Aclaro que no me voy a referir a los problemas de naturaleza técnica, que ya han sido planteados con propiedad en el dictamen de minoría; simplemente deseo hacer dos o tres observaciones sobre el contenido de esta propuesta. En primer lugar, el proyecto restringe el universo del Banco a los casos vinculados con los delitos de lesa humanidad, abandonando los problemas de filiación. Si hay un país que conoce la existencia de zonas grises y los canales de comunicación entre los delitos de lesa humanidad y los problemas de filiación, es la Argentina. No en vano una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, planteó en oportunidad de tratarse la ley 23.511 la necesidad de incluir a todas las víctimas que habían sido sustituidas en su identidad y no sólo los casos de delitos de lesa humanidad. (el resaltado es propio)
En ese sentido, me permitiré leer una parte de la carta que el director del CELS envió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en la que expresa que desde sus orígenes el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido convocado por la Justicia en calidad de perito, debido a su carácter eminentemente técnico- científico. Sin embargo, esa saludable independencia funcional no será aplicable al Instituto Nacional de Datos Genéticos en caso de funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que al ser el secretario el encargado de designar al presidente del Instituto, se atenta contra cualquier forma de autonomía. En segundo término, lo que es más grave -esto exige una reflexión-: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en muchas de las causas por delitos de lesa humanidad. Entonces, como es querellante en varias de las causas en las que se investigan posibles apropiaciones de niños y niñas, en las que presumiblemente se puede requerir el trabajo de peritos expertos para la identificación de restos -sin perjuicio de que el proyecto especifica que el director deberá responder como perito oficial a los requerimientos de los órganos judiciales-, consideramos, continúa diciendo el documento del CELS, que este inciso no es suficiente para garantizar la imparcialidad requerida. (el resaltado es propio)
No es admisible considerar al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) como organización de derecho que pretende sostener el discurso hegemónico del neo capitalismo, y mucho menos su dedicación a las causas de defensa a los derechos humanos. Entre el 2000 y el 2021 fue presidido por Horacio Verbitsky.
Sra. Morandini, Norma Elena… Si aprobamos este proyecto que restringe la acción del Banco sólo para los casos de lesa humanidad, estaríamos discriminando entre dolores, víctimas y derechos. … La identidad, definida por la genética, al retrotraer la organización social del parentesco paradójicamente va a contramano de la proclamada sociedad universal que, al menos como definición, consagra derechos para hombres y mujeres equiparados bajo la única noción de personas y ciudadanos, … (el resaltado es propio)
Sra. presidenta Vaca Narvaja. Se va a votar la moción de que el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 1784 vuelva a comisión. Resulta afirmativa.
Aún con estas ponencias, por Ley N°. 26.548, Banco Nacional de Datos Genéticos, publicada en el B.O. el 27/nov/2009, la norma fue modificada, quedando circunscrito su accionar a la determinación de identidad de presuntas víctimas del último gobierno militar, tal como surge del articulado modificado:
Artículo 2º – Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres; b) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Artículo 3º – El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá las siguientes funciones: … c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas;f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado, mediante el dictado de normas y reglamentos relacionados con el objeto de su competencia.
Palmariamente se establece que el BNDG tiene una función parcial, no solo para las presuntas víctimas de apropiación durante el último proceso militar, sino que además se le arroga al mismo el carácter de exclusivo perito oficial, siendo una entidad vinculada a organismos privados y dependencias públicas emparentadas con intereses del colectivo identitario. Siendo el Poder Judicial el que en definitiva resuelve sobre el otorgamiento de identidad, lo lógico sería que el control técnico de las pericias genéticas, sobre las compatibilidades de ADN (ácido desoxirribonucleico), las efectuara el Cuerpo Médico Forense, transfiriéndosele, la base de datos y toda la infraestructura técnica.
Artículo 5º Este archivo contendrá la información genética relativa a: a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el archivo contendrá la información genética de los familiares de los hijos o hijas de personas desaparecidas, así como la de aquellas personas que pudieran ser las víctimas directas; b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado; c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre de 1983.
Reitera la postura parcial, y la amplia a otras búsquedas, pero siempre vinculadas al grupo de presuntas víctimas de apropiación durante la última dictadura.
Del consejo consultivo: Artículo 23. – Estará integrado por los siguientes miembros, quienes desempeñarán sus funciones “ad honorem”: a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; b) Un (1) representante del Ministerio de Salud; c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; d) Un (1) representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por Ley 25.457; e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
La norma regulatoria de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), Ley N°. 25.457, establece en su artículo 2 inc. b, que la Comisión cuenta con dos representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Abuelas). Por consiguiente, éstas, tienen en forma indirecta representación en el BNDG, respeto al cual tiene un interés directo, lo que claramente pone en entredicho la imparcialidad del mismo, con afectación al derecho a la igualdad ante la ley.
Otros datos que surgen de la publicación oficial de 2022 titulada «Ciencia x la identidad», de la cual se trascriben las siguientes partes pertinentes:
Un aporte fundamental hacia el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad. Daniel Filmus. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estos instrumentos y recursos, y la vasta experiencia de la Argentina en la materia, nos permiten comenzar a pensar en ampliar la capacidad de respuesta del Estado a todos los casos de vulneración del derecho a la identidad, independientemente del período histórico en que hayan ocurrido. Nuestro país, vanguardia en materia de derechos humanos, paradójicamente no tiene aún una ley para que el Estado pueda intervenir en todos los casos de supresión de identidad o búsqueda de personas desaparecidas: víctimas de tráfico, de trata, robo de bebés, desapariciones forzadas, catástrofes naturales o humanas. {pág. 15} (el resaltado es propio)
El propio Estado, a través de la palabra de un funcionario, reconoce la deuda que se tiene en relación a otros individuos que buscan reconstruir su identidad. Siendo obligación del Estado solucionar estas falencias que vulneran el derecho a la igualdad y la garantía de protección a los derechos humanos, no ha promovido las acciones tendientes a la defensa de los citados derechos. El actual gobierno es continuador de los que lo fueron desde 2003 a 2015, habiendo contado durante esos períodos de mayorías parlamentarias. Obviamente queda bien publicitar derechos mientras no hace el esfuerzo de poner en práctica su defensa. El mérito a lo no hecho.
Sembrar verdad en un campo devastado: … El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es un organismo público estatal que forma parte de las instituciones que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia. Creado a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo. {pág. 22}.
No queda duda de la vinculación del Estado y los colectivos que se adjudican la defensa de los derechos humanos (la realidad es que solo los militan). Están plenamente integrados, lo que justifica considerar a toda la formación como grupo identitario.
No puede llamarse BNDG, a una entidad que solo lo es para un grupo reducido de presuntas víctimas: 151 de muestras genéticas familiares al 08/sep/2014 según lo señalado en el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, del presente y que deja fuera a un número importante de personas, miles, que buscan establecer su identidad y que no pertenecen a las presuntas víctimas que el BNDG considera su objeto.
En materia de derechos humanos y su protección rigen los siguientes principios:
«Pro omine» es el más característico y primordial, ya que hace a la protección de los individuos por su sola calidad de seres humanos y por sobre otros sujetos de derecho. Una clara prohibición a los sesgos identitarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha expedido sobre este principio en sus Opiniones Consultivas N°. 2/82 (24/sep/1982); y N°. 6/86 (9/may/1986).
«Erga omnes» que significa contra todos y respecto a todo, con alusión a lo absoluto, pues las normas se aplican a todos. Al respecto la Corte IDH, se ha expresado en su fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 111 y 112.
«Ius cogens» que determina el derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por voluntad de los obligados a cumplirlo; es el derecho que debe ser observado, ya que sus normas hacen al orden público y al interés general. La Corte IDH estableció: fallo N°. 127 (23/jun/2005) §. 184; y fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 178.
Respecto a la interpretación, alcances y restricciones protectorias de los derechos humanos, la citada Corte IDH determinó que:
Los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados. Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana … en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política. Opinión consultiva N°. 18/2003 (28/nov/2003) §. 73, en el mismo sentido, en el fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 104, 105 y 106.
Desde la abogacía, como ciencia jurídica y los abogados como auxiliares de la justicia, no puede dejar de tratarse la cuestión protectoria, así como el proponer y desarrollar todos los medios necesarios, para el sostenimiento de la garantía a la igualdad y al debido proceso. Tal como surge del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en sus artículos 6. Afianzar la Justicia, 7. Defensa del Estado de Derecho y 8. Abogacía y Derechos Humanos, lo cual se demuestra con datos, que resultan violados.
[B]: Derecho a la identidad:
Para el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), «identidad» está definida como:
Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
Si bien el diccionario no lo dice en forma explícita, la identidad es un derecho que los individuos tienen, para diferenciarse de los demás. Este derecho incluye el de conocer el propio origen, la propia historia, la cual, en ciertas circunstancias, y por razones ajenas al individuo, puede permanecer oculta, incluso suprimida. Por otro lado, la igualdad es la base de los derechos humanos. Las personas deben contar, y eso es obligación del Estado, con medios no solo idóneos sino sobre todo accesibles y eficaces, para pesquisar sus orígenes y obtener en su caso la confirmación de su identidad en condiciones de igualdad.
No se puede confundir el término «identidad» con el de «identitarismo» el cual a la fecha no tiene una acepción por parte de la RAE. Aun así, la expresión es de uso constante, y permite una práctica que puede terminar, y de hecho muchas veces lo hace, vulnerando la garantía y derecho humano de libertad de pensamiento y expresión.
El identitarismo originado como un movimiento juvenil vinculado a la extrema derecha, en Francia, promovía la preservación de una identidad opuesta a las mezclas culturales, originando políticas identitarias con el enfoque y el análisis político basado en la priorización, por parte de sus adherentes de los aspectos más relevantes de lo que consideran su identidad. Lo grave es que estas políticas promueven sus intereses y una ideología común, muchas veces de un sectarismo que dejan sin consideración a otras identidades, incluso tratándolas como enemigas, de las que deben precaverse.
Aun en grupos, sectores, asociaciones, e incluso sectores gubernamentales, que se promueven como progresistas, y defensores a ultranza de las garantías de protección a los derechos humanos, en aras de sostener sus intereses e ideologías, no dudan en aplicar procedimientos de grosero autoritarismo como lo es el uso de alguno de los principios elaborados y sostenidos por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi.
Analizando los mismos se puede colegir:
Principio de la simplificación o del enemigo único: por el cual se adopta una única idea, un único símbolo. Se pretende infundir a todo lo que se opone a las propias ideas de un rasgo común y sencillo. Logrando con ello que no exista una disputa contra múltiples antagonistas, sino una guerra en la que solo bregaría un sencillo contendiente: el mal, la brutalidad, la injusticia o la ignorancia; un enemigo común sobre el cual focalizarse y sobre el que se basa la propaganda. Es común escuchar que los problemas provienen del discurso hegemónico, medios enemigos, paternalismo, neo liberalismo y otras consignas que se sostienen hasta el hartazgo y que, sin real fundamento, solo buscan despertar emociones.
Principio del método de contagio: asociado al anterior, su objeto es simplificar los hechos, dispensando una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a las propias. Se establecen estereotipos a partir de lo que el aparato de propaganda considerara “no deseable”, su método es el uso generalizado de la «falacia ad hominem».
Principio de la exageración y de la desfiguración: todo error del otro, sea real o construido con un relato, debe ser aprovechado de forma inmediata, dándole una característica mucho más grave o negativa, de lo que realmente es, con el fin de aprovecharla para los propios intereses. Sobre esto se basa, esa exacerbación de la censura sobre la que se sostiene e implementa la «cultura de la cancelación».
Principio de la orquestación: se repiten en forma sistemática las ideas que se quieren transmitir a la multitud, utilizando todo tipo de medios, pero insistiendo en el mismo concepto (en realidad mera consigna), planteado desde la forma más básica posible. Obviamente la aplicación del principio no está dirigida a los sectores de la sociedad que sostienen el «pensamiento crítico», sino a las masas menos educadas, y sobre todo económicamente dependientes del erario público, del cual no quieren liberarse.
Principio de la verosimilitud: la información debe sustentarse en el mayor número de fuentes posible. Se contemplaba también la posibilidad de generar un relato falaz dentro de una noticia objetivamente cierta, o manifiestamente contraria a la realidad, planteadas de modo más fácilmente digeribles para el público al que está dirigido. Es válida la omisión, el ocultamiento o la tergiversación a fin de lograr la manipulación de la información.
Principio de la silenciación: tiende a acallar todas las noticias positivas sobre los rivales, usando los medios de comunicación afines a la causa. Nuevamente se aplica censura y cultura de cancelación, cuando no, las amenazas y el temor a represalias, algo que cuando están involucrados organismos del gobierno resulta más sencillo y efectivo.
Principio de la unanimidad: sostiene que las ideas que se desea difundir gozan del consenso de toda la población, obviamente sin fundamento fáctico que, aunque lo tuviera, solo indicaría un abuso de las mayorías, algo que los principios democráticos y la protección a los derechos humanos rechaza de plano. El argumento es viejo y se conoce como «falacia ad populum».
En términos corrientes, el identitarismo, divide a los individuos entre hijos y entenados, los que tienen adherencia al grupo o comunidad son beneficiados, el resto queda al margen de cualquier favor o lo que es peor, menguado en sus derechos. Con ese criterio, el peronismo en dichos de su creador, formuló una frase que es el más grosero ejemplo de la desigualdad y de la propia ilegalidad, «al amigo todo, al enemigo ni justicia», lo que llevado a la práctica ha provocado graves violaciones de derechos por parte de gobiernos autoritarios, sean de origen revolucionario (golpes de Estado) o democráticos. Pretendiendo y generalmente silenciando a los opositores (enemigos declarados) con censura en particular y con la cultura de la cancelación que implica quitarle el apoyo o «cancelar» a una persona que dijo o hizo algo presuntamente ofensivo o cuestionable desde la opinión o el relato de un grupo identitario. No solo afecta lo expresado, sino que ataca a la persona que se expresa.
Pruebas de las aplicaciones de estos principios sobran, solo algunas de ellas:
Infobae {19/nov/2022}:
“La cancelación es reflejo de una profunda ignorancia: necesito que el otro no esté porque me obliga a responder, a pensar, a debatir”. Por Claudia Peiró.
La «cultura de la cancelación» la nueva forma de terrorismo, que si bien no mata físicamente aniquila a los sujetos sancionado con total crueldad, no solo censurando lo que se dije, sino pretendiendo anularlo como ser pensante, todo hacia una sociedad de descerebrados, para colmo bajo la excusa de los derechos humanos de presuntos «identitarismos», que no son otra cosa que arrasamiento de la base del dos derechos humanos, «todos los seres humanos somos iguales ante la ley». Tal vez sería interesante incluirlo en las declaraciones que se hagan en la conmemoración del 10/dic/2022, dio de los DDHH.
Presentaron un proyecto de ley para multar los discursos negacionistas: La abogada Valeria Carreras presentó un proyecto de ley que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y elevó un pedido al Colegio Público de Abogados donde requiere su “apoyo y acompañamiento”.
Radio Universidad Nacional de La Plata – AM 1390: DDHH.
Se presentó un proyecto de ley contra el negacionismo en la provincia de Buenos Aires: Diputados de la provincia de Buenos Aires presentar un proyecto de ley que propone crear un organismo provincial destinado a desarrollar políticas tendientes a prevenir, identificar, denunciar y crear un registro de identificación de conductas públicas negacionistas. En diálogo con Radio Universidad de La Plata, Susana González, Diputada Provincial por el Frente de Todos, habló sobre la importancia del proyecto.
“Hay un incipiente crecimiento, muchas veces movilizado por algunos sectores políticos, donde se vuelve a instalar con fuerza la teoría de los dos demonios y la utilización de palabras como subversión o guerra sucia”, afirmó la legisladora provincial.
Estas dos últimas notas, son claramente cancelatorias, y la segunda, parece propiciar una versión progresista de la infame Gestapo nazi, o de la Stasi, de la Alemania comunista, dos ejemplos entre muchos de sistemas totalitarios y populistas.
El 07/mar/2023, a las 16:00 hs en la sede la de Biblioteca del Congreso de la Nación, el diputado nacional Alberto Asseff, invitó a la presentación del libro «La estafa con los desaparecidos» del periodista y militar retirado José Luis D’Angelo Rodríguez. Dicho evento fue suspendido por decisión de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
En una nota de la publicación pro oficial, Página 12 del 07/mar/2023, suscripta por Ailín Bulletini se expresó:
La presentación de un libro que califica de “negocio” a los derechos humanos. De los repudios a la suspensión de una actividad negacionista en el Congreso. Referentes de organismos de derechos humanos rechazaron la presentación de un libro del carapintada José D’Angelo Rodríguez, que había sido convocada para mañana por un legislador del PRO. La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió a la comisión bicameral que administra la Biblioteca del Congreso que la actividad fuera cancelada porque “afecta a los valores democráticos e históricos que la sociedad argentina ha tomado como propios”. Finalmente, la presentación fue suspendida.
La garantía de los artículos 14 y 19 de nuestra Constitución refirmada por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre censura previa, libertad de pensamiento y opinión fue groseramente arrasada, por manos del órgano de gobierno que representa al pueblo de la nación. El identitarismo solo se sirve de victimizaciones reales, pero amañadas, o falsas, y cuando una posible realidad las cuestiona la censuran, la cancelan. No es cierto que defienden la memoria, la verdad y la justicia. Toda vez que: la memoria parcial o tergiversada es un relato mentiroso (no acorde a la realidad), y por lo tanto no puede ser verdad, y la violación a las garantías civiles nunca puede ser justicia sino retaliación. Otra vez, «al amigo todo, al enemigo ni justicia», esta vez perpetrado desde el Poder Legislativo.
En defensa de las garantías protectorias a los derechos humanos con un grupo de abogados el 08/mar/2023, presentamos una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°. 10, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, registrada como causa 723/2023, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, infracción Ley 23.592. Nos cabe la duda si triunfara la Constitución y las convenciones internacionales, o los privilegios de los grupos identitarios sostenidos por el Estado.
En cuanto a las diferencias entre el derecho a la identidad de todos los individuos y la de solo aquellos que habrían sido presuntas víctimas del accionar represivo de la última dictadura militar, son por demás evidentes, y otorgan a estos últimos una serie de prerrogativas en cuanto a la satisfacción de su búsqueda de identidad. Es más, el sistema establecido por el Estado en concurrencia con organizaciones, grupos o entidades nacionales e internacionales, es palmariamente violatorio del derecho a la igualdad, piedra basal de los derechos humanos, como se ha dicho.
También sirve de ejemplo, lo expuesto en la publicación oficial de 2022: Ciencia x la identidad – Historia viva del Banco Nacional de Datos Genéticos. se transcriben en sus partes pertinentes
Generaciones y genética. Dra. Mariana Herrera Piñero, Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos. Marzo de 2022.
Sin lugar a dudas, una respuesta es la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo quienes, además de ser víctimas, se transformaron en detectives y genetistas forenses.
“Pareciera que Dios hizo el ADN mitocondrial para que lo usen las Abuelas”, dijo la genetista y experta de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias Mary-Claire King. {pág. 12}
Esto, no solo es demostrativo, de que el BNDG, originariamente de carácter general, se transformó en propiedad de ciertos sectores, sino que, es más, hasta se le da trascendencia divina.
Es decir, en vez de ampliarse en la recolección y guarda de datos del mayor número de personas posibles, se redujo a una muy limitada proporción de la sociedad, a las que se las declaró víctimas y con ello con mayores derechos. Tal como se demostrará en esta presentación, en un informe del BNDG de 08/sep/2014, la cifra oficial a ese año, ascendía a 151 muestras familiares, que si bien son posibles víctimas es una cantidad de personas exigua comparada con las otras, según surge de múltiples acciones y presentaciones de organizaciones y de ciudadanos comunes, y lo expresado en los considerandos de proyectos de ley, de quienes también buscan armar su identidad sin contar con los medios legales, institucionales y económicos con los que cuentan las eventuales víctimas de la dictadura militar. Claramente los últimos funcionan como grupo identitario.
Un aporte fundamental hacia el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad. Daniel Filmus. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hay que recordar que estas acciones cobraron impulso en un contexto que la lectura de este libro permite visualizar: la perseverancia de una política de Estado de memoria, verdad y justicia, que entre 2003 y 2015, y luego a partir de 2019, favoreció distintos avances en la creación, apoyo y sostenimiento de herramientas de investigación y asistencia a las víctimas de la última dictadura militar. {pág. 15}. (el resaltado es propio)
Por si con lo anterior no bastara, el funcionario del que depende el BNDG, reconoce que es el gobierno, del cual él forma parte, el único que sostiene la búsqueda de identidad de las presuntas víctimas del último gobierno militar, demostrando como se involucra el gobierno del Estado con el grupo identitario, ergo la igualdad ante la ley solo se aplica en forma parcial, lo que necesariamente implica una violación a una garantía de defensa de los derechos humanos. Obviamente, el gobierno no duda en reiterar el «ah, pero Macri», el enemigo, real o presunto debe ser mencionado en forma reiterada.
El legado de las Abuelas y los nuevos desafíos. Presidente de la Nación.
El enorme coraje de enfrentar a esa dictadura y dar una lucha en la que fueron capaces de crear algo que no existía en el mundo: un banco de datos genéticos en el cual dejar sus muestras de sangre con la esperanza de que con el tiempo esas nietas y nietos que buscaban y siguen buscando, pudieran conocer su identidad y con ella saber quiénes son, de dónde vienen, quiénes eran sus padres y reencontrarse con sus familias. {pág. 17}
El BNDG es una de las instituciones fundamentales del Estado en la que todos los días se trabaja incansablemente para sostener la lucha por la verdad a través de la restitución de la identidad a esas niñas y niños apropiados durante la dictadura. Y lo ha hecho incluso en tiempos de gobiernos que no creen en estos principios de memoria ni en la acción reparatoria de la justicia. {pág. 18}.
El propio presidente de la Nación, reconoce la parcialidad en los registros de datos del BNDG, al sostener que está previsto para el período de la dictadura, por lo cual, mal se puede llamar nacional a algo palmariamente parcial y sectorial. Bajo la bandera de defensa de los derechos humanos se arrasa con su base de creación.
Mientras, tanto el gobierno como las organizaciones que se arrogan el derecho a la defensa de derechos humanos, apoyan a gobiernos que los violan en forma reiterada, sistemática y evidente, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, entre otros.
Una pregunta y la verdad: El único que puede decir la verdad es el BNDG. {pag. 23}.
De lo indicado en este título, y otros antecedentes que surgen como datos palmarios en el presente informe (v.g. abundante cuerpo normativo ad hoc, organismos públicos involucrados, y un número indeterminado de partícipes sostenidos por el Estado), no resulta válido para sostener la seguridad jurídica por parte de un ente dependiente del Poder Ejecutivo, a que se le arrogue, «la verdad absoluta» ya que forma parte del colectivo identitario.
La búsqueda está inserta en un proceso político nos guste o no nos guste. A los científicos muchas veces nos cuesta. … Si hubiera estado a cargo de la academia, de las universidades, en el caso de Argentina, nunca hubiera pasado absolutamente nada. De todos modos, no es que la academia argentina sea especialmente así, es así la academia en general en todo el mundo”. {pág. 25}.
De modo que este saber es tal en tanto existió una articulación creativa con los movimientos sociales y el Estado. {pág. 25}.
Entre falacias ad hominem y ad populum, y la utilización de principios de propaganda nazi, la articulación creativa, generó un relato que de tan creativo estableció «ficciones». Claramente, establece que la ciencia debe ser controlada por el Estado, algo común en los regímenes totalitarios. La imputación de inacción a la «academia», es una grave afrenta, a la cual los científicos parece que no les interesa responder, tal vez por el miedo a la cultura de la cancelación, o a las presiones de los poderes más oscuros del Estado.
Las leyes:Será recién en 2009 que la ley 26.548 vendrá a subsanar esta cuestión disponiendo el pasaje del BNDG a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y convirtiéndolo en autárquico y autónomo. Con la nueva ley no sólo se produce la unificación de la pertenencia jurisdiccional, ya que se define el traslado del BNDG a una dependencia nacional, sino que se limita su trabajo a los casos de víctimas del terrorismo de Estado, considerados delitos de lesa humanidad, que hayan sido perpetrados antes del 10 de diciembre de 1983, día que marcó el retorno a la democracia en el país. {pág. 28}.
Acotar los datos del BNDG a un período de la historia, es excluir a las otras personas que buscan su identidad y que tendrían iguales derechos.
También debe considerarse lo expresado, respecto a la identidad, en los Fundamentos del Expediente 6773-D-2018, del 30/oct/2018, publicado en Trámite Parlamentario N°. 152, sobre la ley 26.548.
Toda persona tiene, desde que nace, derecho a tener una identidad. A poseer aquellos atributos que lo distinguen de los demás y que, al mismo tiempo, los incluye en la sociedad que integra: un nombre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento son aquellos que reconocemos con mayor habitualidad. La identidad es la afirmación de la existencia, constituye la determinación de la personalidad individual. (el resaltado es propio).
La identidad es un elemento dinámico, que se inicia desde el momento de la concepción -las “raíces” de una persona- hasta que alcanza su mayor eficiencia simbólica cuando se produce la identificación. Es decir, el registro de sus atributos mediante la ley.
La identidad supone la exigencia del derecho a la propia “biografía”; es la situación jurídica subjetiva por la que toda persona tiene derecho a una proyección social. (el resaltado es propio).
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ya mencionada, ha establecido el alcance de este derecho al disponer que “el niño […] tendrá derecho desde que nace […] en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” y que los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera…” (Art. 7°); como así también que los “Estados Partes se comprometen a respetar los derechos del niño a preservar su identidad, […] de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas y con miras a restablecer rápidamente su identidad” (Art. 8°);(el resaltado es propio).
El derecho, es del sujeto, por lo cual, imponerle su búsqueda de identidad, es un agravió a sus derechos subjetivos, aún sean las presuntas víctimas de apropiación. La organización Abuelas, con el amplio apoyo estatal adquirido, se dedica a hostigar a estas presuntas víctimas, algunas veces violando además los derechos de sus legítimos grupos familiares, colocando a los magistrados en participes de estas maniobras.
Así podemos definir al derecho a la identidad como el derecho subjetivo a ser uno mismo y presentarse así frente a los terceros.
En nuestro país es el Estado Nacional el encargado de garantizar a todas las personas el derecho a la identidad formal mediante la identificación civil.
Porque somos parte de ese legado, de ese camino que inició la democratización, cuando el Estado debió reparar lo que había provocado, hoy debemos consagrar lo que es de todos: el derecho a la identidad. Se haya nacido en cautiverio, fruto de una violación, producto del abandono o simplemente se trate de un ciudadano que busca su verdad. Las víctimas no tienen distinción y los instrumentos de reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos deben estar en consonancia con el principio que los sustentan: la igualdad y la universalidad. (el resaltado es propio).
Respecto de «las leyes» que son muchas, relativas al apoyo a grupos identitarios, se trataran las mismas en el título [C] Normativa de derecho interno, del presente informe.
Sin perjuicio de ello, reiteramos, que el organismo público que investiga la temática de presuntas víctimas de la última dictadura militar, la CONADI, tiene como directora a Claudia Carlotto, hija de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, titular de la asociación Abuelas, organización directamente involucrada sobre el tema. ¿Se podría decir «nepotismo identitario»?
Respecto a la vinculación del colectivo con el exterior, de la página WEB de CONADI, surge:
La Red por el Derecho a la Identidad surge a partir de una iniciativa coordinada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la sociedad civil. Fue creada con el propósito de difundir la búsqueda de los nietos y nietas y el derecho a la identidad en todo el territorio nacional. Para ello se crearon “nodos” de la Red en zonas geográficas de la República Argentina donde no existían filiales de Abuelas de Plaza de Mayo, y más recientemente, en algunas ciudades del exterior del país.
La Red por el Derecho a la Identidad está integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales, y todas aquellas personas dispuestas a colaborar con compromiso en la búsqueda de los nietos y nietas y en la difusión y protección del derecho a la identidad en todo el país.
Obviamente la protección al derecho a la identidad es solo para los presuntos apropiados, sin importar para la «Red» si estos están interesados y quieren o no.
No cabe más que colegir (datos sobran y en este informe se detallan) que si la búsqueda de identidad, esta sostenida fundamentalmente por un grupo identitario, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, van a desaparecer, para los restantes individuos que legítimamente buscan conocerla, no importando la cantidad de los que reclaman.
Un ejemplo reciente del funcionamiento como grupo identitario, surge de una reciente publicación, que se analiza a sus efectos:
Caras y caretas (04/feb/2023), por Luciana Bertoia.
La búsqueda sin fin.
Restitución de identidad: Ciento treinta y dos, dice el contador de la Casa por la Identidad. Es el edificio que tiene Abuelas de Plaza de Mayo dentro del predio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores campos de concentración de la Argentina. El número refleja los casos resueltos, las nietas y los nietos encontrados…
El juez Cavallo les dio la razón en 2001. Lo mismo hizo la Cámara Federal porteña. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema –renovada por el gobierno de Néstor Kirchner– declaró la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas durante el gobierno de Alfonsín. Se volvía a juzgar a los genocidas.
Nadie duda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fue en su «renovación» orquestada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Sobre la cual, también se puede sospechar que la influenció, según lo expresado por Alberto Fernández, entonces ministro y hoy presidente, en medios de comunicación. Un hecho a destacar es la versión del máximo tribunal, de la figura del «leal acatamiento», por parte de los tribunales inferiores, una versión judicial que puede asemejarse a la execrada «obediencia debida milita», que resulta claramente violatorio al principio de independencia judicial sostenido tanto por los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y Obviamente las garantías que al respecto establece nuestra Constitución y las convenciones internacionales que garantizan la protección de los derechos humanos, contenidas en el artículo 75. Inc. 22 de nuestra carta magna.
Como es normal en la puesta en práctica de políticas identitarias, se aplica la «posverdad»: información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita. No es cierto que se volviera a juzgar a genocidas, ya que nunca fueron juzgados por tales delitos. Seguramente, porque la tipificación de «genocidio», término de gran carga emotiva, no es aplicable a los hechos cometidos en la Argentina por no cumplirse los requisitos establecidos. Al respecto debe considerarse lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:
Artículo 5º: Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el Art. 3.
La Argentina, no incluyó hasta la fecha dicho tipo penal y por lo tanto no es aplicable. Las referencias a lo establecido al respecto en el Estatuto de Roma, solo lo son para procesos que tramiten ante la Corte Penal Internacional, y solo si el delito se cometió luego de reconocido el Estatuto, que entró en vigencia el 01/jul/2002, que palmariamente sostiene el principio de irretroactividad de la ley penal, como no puede ser de otra forma.
Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II en la «Causa Nº FLP 17/ 2012/TO1/29/CFC12 “VAÑEK, Antonio y otros s/ recurso de casación”. Registro N°. 880/22», en su fallo por mayoría del 11/jun/2022 resolvió:
El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo: … 6°) A) Ahora bien, respecto de la calificación de los hechos como genocidio, título de imputación que fuera escogido en el fallo -por la mayoría del tribunal y apartándose de la imputación del Fiscal de juicio-, he de disentir con lo propuesto en el voto que lidera el acuerdo en punto a la operatividad de tal calificación respecto de los hechos comprobados.
Valerse del término “genocidio”, o aun apuntar como “genocidas” a sujetos que han llevado a cabo comportamientos de intensa crueldad y capacidad lesiva contra la vida y la integridad de las personas, permite expresar el disvalor de esos actos en la dialéctica comunicativa. De esa manera, se señala una profunda contradicción con principios y valores humanos en virtud de la extensión cuantitativa y cualitativa de la afectación de los derechos fundamentales. En perspectiva semántica, ese uso resulta habilitado por su eficacia ilocucionaria en la consideración comunicativa, que no necesariamente expresa el contenido de antijuridicidad reglado por la legalidad penal y convencional del término usado.
Esto resulta impropio de la magistratura pues pone en trance un concepto que ha merecido, durante casi un siglo, la esforzada labor de los juristas para expresar ciertos comportamientos ilícitos que, en su exteriorización normativa, ofrecen una notoria complejidad. Su uso retórico en el ámbito de intervención judicial no solo crea inseguridad, al banalizar aspectos propios de esa elaboración conceptual, sino que, además, pone en crisis -como lógica consecuencia jurídica- el principio de legalidad, las nociones del derecho internacional y convencional y, más precisamente aún, uno de sus derivados, como es el principio de tipicidad.
En consecuencia, la noción de genocidio ha quedado circunscripta a un elenco determinado y estricto de situaciones que lo caracteriza, sobre todo, respecto de otros crímenes y atrocidades contra la humanidad. Especificidad, cabe acotar, particularmente surgida de las exigencias de mens rea respecto de ciertos grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, ya que no todo grupo o colectivo de personas aparecen integrados al concepto de genocidio.
Es que “el genocidio desde el punto de vista normativo es que se trata de un tipo penal que no protege, como a veces se cree, el bien jurídico de la vida. En palabras de la gran pensadora alemana Hannah Arendt, el genocidio constituye el crimen de los crímenes porque pretende destruir la característica clave de la condición humana, que es la diversidad”.
Por todo ello, en mérito del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: III.- Por mayoría, ANULAR la sentencia recurrida en lo que respecta a la calificación de los hechos como genocidio …
Continúa expresándose en el artículo periodístico:
Como parte de lo que Abuelas reclamaba para acelerar los procesos en la Justicia, la procuradora Alejandra Gils Carbó creó en 2012 una Unidad para Casos de Apropiación durante el Terrorismo de Estado. … Tanto la Unidad de Apropiación como la Conadi realizan actualmente investigaciones complejas: acceden a documentación a la que Abuelas, como una organización de la sociedad civil, no podría acceder. “Hoy, el Poder Judicial es un actor más, ya no es el predominante que solía ser. Gracias al crecimiento de las presentaciones espontáneas y de la Conadi, el papel está más morigerado. En general, al juez le llega un paquetito prácticamente terminado con lo que hacen la Conadi o la Unidad. Entonces, hoy el reclamo a la Justicia no es investigativo, sino de celeridad”, explica Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. (el resaltado es nuestro)
Es evidente que el grupo identitario cuenta, con apoyo judicial, es más casi suprime y subordina a la magistratura, a la que coloca como simple receptora de un «paquetito». Cabe preguntar si algún juez iniciará alguna acción por el agravio de ser considerado un mero receptor, o seguirán subordinados o dependientes del grupo identitario. En aras de la celeridad se arrasa con la seguridad jurídica y el debido proceso, tal como se lo reconoce desde una publicación y por parte de una periodista, afín al grupo, y, por lo tanto, no contaminado con el discurso hegemónico de los «medios de la derecha». Un claro acto de sincericidio, o la voz de la mala conciencia los traiciona con un lapsus.
Se justifica en beneficio de la celeridad, la absoluta falta al respeto a la independencia judicial, que no solo está establecido en nuestro cuerpo legal, sino además por la normativa internacional como el Código Iberoamericano de Ética Judicial (XIII Cumbre Judicial Iberoamericana); Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (confirmados por la Asamblea General de la ONU, en sus resoluciones 40/32 de 29/nov/1985 y 40/146 de 13/dic/1985); Estatuto del Juez Iberoamericano (VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, 23, 24 y 25/may/2001); y Código de Bangalore Sobre Conducta Judicial De 2001 (O.N.U. 31/ago/2005); Recomendación N°. R (2000)19 del Comité de Ministros de los Estados Miembros, del Consejo de Europa, sobre la Función de la Fiscalía en el Sistema de Justicia Penal.
El «paquetito» que según el coordinador del equipo jurídico de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, le llega al juez, es un agravio a su condición de magistrado, pero esto se empeora cuando parece que sus posibles resoluciones, deben ser contestes a «la Abuela manda». ¿Estamos ante una nueva forma de «obediencia debida»? nunca aplicable a lo civil y derogada para lo militar. Esto parece haber sido acatado por los magistrados sujetos al delivery. Lo seguro, que la sola mención del paquetito, arrasa con la seguridad jurídica, por la puesta en duda de la independencia judicial.
Como profesional del derecho el Dr. Lovelli, no debería participar ni avalar la entrega de un «paquetito» a los jueces. ¿actuará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), por su obligación de controlar como ejercen la función sus matriculados? ¿aplicará el Código de Ética?, o ¿avalará al grupo identitario? La declaración es pública, así que podría actuar de oficio, ya que pone en entredicho la conducta profesional y sobre todo la seguridad jurídica que deben brindar los magistrados.
En la dirección de la institución, hace un tiempo que algunos nietos ocupan lugares de decisión. Están Claudia Victoria, Manuel Gonçalves Granada, Leonardo Fossati, Guillermo Pérez Roisinblit y Adriana Metz, entre otros. Son los que garantizan que la búsqueda continuará a lo largo de los años, pero tienen muy clara la consigna que les transmitieron: “Mientras haya una Abuela, la Abuela manda”.
La consigna es realmente autoritaria, la pretensión de que tal mandato puede interferir en el orden jurídico es claramente antidemocrático y anti republicano. No es de extrañar las acciones que, desde el Poder Ejecutivo y los legisladores afines a la coalición de gobierno, se pretenda suprimir a la Corte Suprema, por otra versión militante, cooptar el funcionamiento de Consejo de la Magistratura, y demás actos que afectan al ya perturbado Poder Judicial.
Los colectivos de profesionales del derecho y el Consejo de la Magistratura deberían iniciar acciones para la determinación de cuantos tribunales son receptores de los citados «paquetito», y las responsabilidades que pudieren caberle a los magistrados por acatar el mandato de Abuelas. El silencio no es salud, y mucho menos cuando afecta a causas judiciales por presunta apropiación, conforme la Ley 26.548; haría de los fallos una «retaliación». O lo que es peor la aplicación del precepto de Perón «al enemigo ni justicia».
Están quienes, en cierto modo de información oficial, constan en el Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, que expresa:
… diputado por la Capital. Sr. Tinnirello, Carlos Alberto. Señor presidente: … Simplemente voy a decir dos o tres cosas. A mí también me ha venido a ver gente de organismos de derechos humanos y de algunas organizaciones que trabajan en la búsqueda de la identidad. Según los datos que tienen algunos de esos organismos, hay tres millones de personas que buscan su identidad. Cuando me dieron este dato yo dije que era una barbaridad, porque me pareció un número exagerado. En realidad, no sé si no habrá cierta exageración, ya que algunos organismos que también buscan identidad hablan de un millón o un millón y medio, que también es muchísima gente. El 29 de marzo de 2006 el ministro de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero, Juan Carlos Smith, dijo que el 52 por ciento de los niños que nacen en esa provincia no son registrados. (el resaltado es propio)
Otro grupo, otros quienes en una reciente publicación manifiestan:
Me tapó la cara y me tiró para atrás”: 37 años después, entendió qué había pasado en ese parto atroz.
[…] Ahora ella, junto a otras dos mujeres, forma parte de una campaña del Estado Nacional que tiene como eje “el otro robo de niños”. Se llama “Madres que buscan” y tiene como protagonistas a madres que buscan a sus hijos independientemente de las fechas, es decir, más allá de los límites de la última dictadura cívico militar.
[…] En el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica hay 4.500 casos de apropiaciones no vinculadas con los crímenes de la dictadura, pero sólo el 10% son “madres que buscan” (el resto, son hijas, hijos, hermanos). Es que muchas no se animan a buscar por los prejuicios vinculados a “la mala madre”: la creencia de que fue su culpa porque los entregaron, vendieron, fueron a abortarlos o no lucharon lo suficiente para recuperarlos.
Es obvio que las cifras mencionadas discrepan en grado sumo, y será el Estado o al menos debería serlo, quien busque una cifra aceptable sobre esta cantidad de afectados, y arbitre los medios para lograrlo, algo que obviamente y después de 40 años de democracia no se ha hecho, ni parece haber interés en realizarlo.
Respecto del grupo que cuenta apoyo oficial comenzamos con una información que surge desde el Estado, en este caso la Procuración General de la Nación en su Resolución P. G. N. N°. 3 /12. Buenos Aires, 0l/oct/2012.
Y considerando: Más allá de ello, debe repararse en que, según la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. (el resaltado es propio)
Claramente el organismo estatal, toma como fuente a una organización de la sociedad civil, con interés particular sobre el tema.
En publicaciones efectuadas por medios periodísticos, tomamos, entre muchas:
Hemos encontrado a 119 nietos, pero faltan 400 …E.C.: De los 500 nietos (hipotéticos, porque no todos están con denuncias, pero la realidad nos marca ese número), hemos encontrado hasta ahora 119, que es un número excepcional en función de lo que cuesta encontrarlos. Pero faltan alrededor de 400. (el resaltado es propio)
Es decir que si a los 400 que faltan se les suman los 119, la cifra de presuntamente apropiados sería de 519, que daría un promedio de 3 hijos y medio por familia. Claramente un relato imposible por parte de la organización «Abuelas».
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 122: … y es uno más de los 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los represores que actuaron durante la dictadura… (el resaltado es propio)
En la publicación de 2022, ut supra mencionada, también oficial, denominada «Ciencia x la identidad», se expone:
Organizaciones de familiares como las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda de los casi 500 niños... {pág. 10}. (el resaltado es propio)
Página 12 (29/dic/2023): Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 132.
La asociación brindó a una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad, donde dio a conocer que el nieto 132 es hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en Tucumán en 1976, pero no hay datos de su padre biológico. “Esperamos que esta conferencia contribuya para que quienes tengan un dato de Mercedes Del Valle Morales, lo aporten”, dijo Estela de Carloto. “Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino”, celebró Cristina Kirchner.
Real politik (08/ene/2023): El extraño caso del nieto recuperado 132 que ya había sido encontrado en 2007.
En una extraña maniobra, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo anunció con bombos y platillos la restitución de Juan José Morales horas antes del año nuevo 2023. Sin embargo, el joven conocía su identidad desde hace, al menos, quince años.
Cómo se prepara la marcha por los 47 años del golpe genocida. Un 24 de marzo marcado por la discusión sobre la justicia.
“Yo creo que Cristina el 24 de marzo no va a hacer esta manifestación porque justamente el 24 es la recordación de un golpe de Estado, la desaparición de 30.000 personas y alrededor de 500 bebés –nacidos en cautiverio o nacidos antes (del secuestro). Ese día va a ser para Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en una entrevista con FM La Patriada.
Hasta aquí, algunos relatos, consideremos ahora algunos datos, que surgen de reseñas oficiales.
Respecto a los «desaparecidos y asesinados» durante la dictadura militar, la página de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, figura como Anexo IV, Cuadros estadísticos sobre víctimas y hechos del accionar represivo ilegal del Estado, muestra el siguiente detalle:
1.1. Víctimas por tipificación principal de la denuncia: El listado de referencia está conformado por un total general de 8631 casos, discriminados en 7018 casos de personas víctimas de desaparición forzada (en adelante, VDF) y 1613 víctimas de asesinato (en adelante, VA).
Víctimas mujeresde desaparición forzada (1.894 casos) 27 %. Víctimas mujeres de asesinato (341 casos) 21,1 %. Lo que hace un total de víctimas mujeres de 2.235 casos,
De tales datos surge que 203 mujeres se encontraban en la franja etaria entre los 40/81 años, que en este grupo hay baja posibilidad de embarazo, la cifra del relato de más de 500 parece insostenible.
En un proceso judicial por presunta apropiación: expediente CFP. 1917/2014, del Juzgado Criminal y Correccional N°. 4, a fs. 231, surge el proveído que dice:
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014. Habiéndose constatado que … no tiene vínculos genéticos con ninguno de los 151 grupos familiares que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos, por haber sido denunciados como víctimas de la supresión de estado civil… (el resaltado es propio)
Es evidente que si solo existen 151 grupos, que buscan a presuntos apropiados, la cantidad de más de 500 presuntas víctimas, indicaría, por simple cálculo (500 /151) daría al menos que cada presunta asesinada o desaparecida, habría tenido 3,3 hijos cada una; ahora si consideramos las 519 que resultarían según la publicación del 24/mar/2016, antes mencionada, la cifra sería de 3,4 hijos por presunta víctima, todo ello en un periodo 8 años, algo que obviamente resulta insostenible. De ser así, resultaría que los centros clandestinos de detención, deberían ser considerados como de «procreación». La mención a 500 o más nietos solo demuestra que hay claramente creatividad matemática.
La excusa de que «por temor» hay muchas víctimas que no realizan denuncias, no resulta sostenible, luego de casi 40 años de recuperada la democracia, con miles de partícipes del gobierno militar sometidos a proceso, la mayoría en prisión, y con centenares de ellos fallecidos, el temor es obviamente infundado desde el plano de la realidad y que solo sirve para fraguar el relato.
El agrandamiento desmesurado de presuntas víctimas, en general multiplicadas por más de tres, ha sido una constante y además una estrategia por parte de organizaciones o grupos que se proclaman defensoras de derechos humanos, para obtener apoyos no solamente políticos y sociales, sino también económicos, lo cual, podría asimilarse a alguno de los tipos establecidos en el «Capítulo IV Estafas y otras defraudaciones», de nuestro Código Penal, en contra de los aportantes que han apoyado y aún apoyan a estas organizaciones o grupos, quienes extrañamente no se han considerado víctimas de estas maniobras engañosas. Como ejemplos:
Luis Labraña, un ex militante de Montoneros, aseguró que él inventó la cifra de los 30 mil desaparecidos. “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”, aseguró.
En su último libro, Fernández Meijide polemiza por la cifra de desaparecidos. … Dicho eso, comienza a narrar que, por testigos directos, “refugiados argentinos en España al principio de la dictadura” y sus propias experiencias viajando por Europa para conseguir apoyo internacional en aquella época, tiene la certeza de que “el número de 30.000 desaparecidos fue una convención utilizada para comunicar y movilizar a la opinión pública internacional sobre la tragedia que se vivía en Argentina“.
Estas tergiversaciones de la realidad, y con fines claramente políticos, han tenido también predicamento en el gobierno del Estado, en múltiples formas, en normativas en apoyo a las presuntas víctimas de apropiación, y el reiterado sostenimiento a los 30.000 desaparecidos. Cabe, recordar que, en la Provincia de Buenos Aires, con mayoría parlamentaria, fue promulgada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, la Ley N°. 14.910, publicada en el B.O. el 19/may/2017, que hace obligatoria para funcionarios, la referencia a la cifra de 30.000 desaparecidos. La funcionaria provincial no podía desconocer los guarismos existentes en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual no solo promulgó una ley con datos no reales, sino que hizo obligatorio su uso, es decir obligó por ley a mentir, lo cual trasgrede en mucho a una práctica democrática, es más, es claramente autoritaria.
Por lo tanto, resulta palmaría la falta de seguridad que en cuanto objetividad e imparcialidad, tienen tanto los organismos que se presentan como defensores de derechos humanos, como de los órganos estatales que les son afines; cuando esto se aplica a acciones judiciales, lo que queda expuesto es la inseguridad jurídica. Los relatos de tales organismos estatales y de la sociedad civil, están sostenidos como actos de fe, y quien pretenda discutirlos será condenado con una anatema, y si usamos terminología no religiosa condenados a «cancelación».
Según la publicación Caras y caretas (04/02/2023) Redacción. Se expresa:
Todos los nombres. En 45 años de trabajo arduo y comprometido, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron identificar a 132 hijas e hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otros secuestrados junto a sus padres. Aquí, el listado completo.
nietos identificados al 04/feb/2023 – Total: «132»
Período
Años
nietos
Total
Desde 1978 a 1983 incluidos:
Dictadura militar
6
1 al 13
13
Desde 1984 a 1987 incluidos
Ley N°. 23.511, B.O. el 10/jul/1987
4
14 al 39
26
Desde 1988 hasta 2009 incluidos
Vigencia de Ley 23.511
23
40 al 100
61
Desde 2010 hasta 2022 incluidos
Ley 26.548, B.O. el 27/nov/2009
12
101 al 132
32
Observaciones:
• Los nietos consignados como “el embarazo no llegó a término”, están designados con los N°. 12, 42, 47, 60,73, 78, 104, 108, 112, 113, 123, 124. Total: de 12 nietos.
• Los nietos N°. 54 y 55: “Caso en revisión. Se omiten los datos.”
• Los nietos N°. 107, 125, 131: “el nombre no trascendió”. Designados por apellidos.
La fuente menciona a las hijas e hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otros secuestrados junto a sus padres. Nada dice de aquellos en que el embarazo no llegó a término.
En base a los datos vertidos por la publicación, la cual no puede considerarse perteneciente al neo liberalismo, ni que sostenga el discurso hegemónico de la derecha, ni anti derechos, y analizando los mismos, cabe preguntarse, si además de arrasar con la garantía de igualdad ante la ley, y el derecho a la identidad, el amplio plexo normativo desarrollado en el punto siguiente es realmente útil:
En los diez años que transcurrieron desde 1978 (plena dictadura militar) y la sanción de la Ley del BNDG (1987), fueron identificados 39 “hijas e hijos de desaparecidos”, 29,55 %, del total de los 132 que lo han sido a 2022; en los 23 años que sucedieron entre la sanción de la Ley 23.511, y su reforma por Ley 26.548, la cifra indica que fue un 46,21 %; por consiguiente durante el último periodo y desde la sanción de la última norma solo fueron establecidas 32 presuntas víctimas, es decir 7 menos que las habidas desde la dictadura militar a la sanción de la primera norma de creación de BNDG, y poco más de la mitad de las establecidas durante el periodo de vigencia de la ley 23.511, y solo el 24,24 % del total.
Transcurridos 40 años de democracia y ante el menor grado de eficacia del sistema identitario actual de búsqueda de presuntas víctimas de apropiación, parece claro que el sostenimiento de un sistema violatorio de las garantías de protección a los derechos humanos es contrario a derecho y palmariamente ineficaz. Por consiguiente, es necesario el urgente tratamiento legislativo a fin de hacer una normativa que garantice la protección de los derechos a la igualdad e identidad que prescribe tanto nuestra Constitución como las normas convencionales que protegen los derechos humanos, dando así cumplimiento a lo establecido por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación al artículo 1 de la misma. Y así resguardar los derechos de los miles que buscan su identidad y han sido excluidos, por un banco que en la realidad nacional no es nacional ni sirve a los fines que su nombre propone.
Obviamente, deberá investigarse responsabilidades públicas y privadas por la violación sistemática y reiterada de las garantías de igualdad e identidad, y el consecuente daño a la seguridad jurídica y el debido proceso que el grupo identitario comete.
Es necesario también realizar una profunda investigación sobre los costos que la obtención de identificación de 32 presuntas víctimas ha ocasionado y las responsabilidades legales que esto pudiera implicar en cuanto al manejo de fondos públicos.
Si bien resulta objetable desde lo emocional, el establecer costos cuando de víctimas se trata, vemos la conveniencia de mensurar el valor de recuperación entre los distintos períodos, puesto que esto permitía determinar cuánto demandó cada víctima identificada, y así llegar a la necesaria conclusión de que el sistema por su baja eficiencia debe ser cambiado.
Por otra parte, el sistema de la Ley 26.548, excluye de la posibilidad de recuperar identidad a miles de personas que, con el cambio normativo y el traspaso de fondos, podría mejorar sus opciones de éxito.
Por último, debe tomarse en consideración que el régimen de la ley 26.548, es violatorio de las garantías de igualdad ante la ley, de identidad y consecuentemente de la seguridad jurídica, motivo que por sí solo amerita el cambio normativo integral, con el fin de garantizar la aplicación de los derechos humanos.
Es evidente que este super desarrollado grupo identitario, jamás aceptaría lo expresado por Antonio Machado. Tu verdad no, la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. En la versión identitaria la verdad no se busca, se impone como posverdad, como mero relato ajeno a la realidad. Como en la frase de Juan D. Perón «al enemigo ni justicia».
[C]: Normativa de derecho interno:
La «falta» es un concepto de la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, referido a la relación del sujeto con el deseo, designaba la falta en el ser. Michel Foucault basa la falta en la exclusión de la diversidad, es una respuesta a la inexistencia del Otro. En psicología puede ser considerada en la «clínica del vacío». Quienes buscan su identidad biológica, perciben le falta.
En la legislación resulta difícil establecer lo que falta, pero en principio las personas que buscan su identidad solo cuentan con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y las normas procesales de cada jurisdicción, así como para las determinaciones técnicas en filiación la asistencia de los respectivos cuerpos médicos forenses, en tanto las presuntas víctimas de apropiación cuentan con un cuerpo regulatorio específico.
En la propuesta legislativa presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y tratada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Despacho 1243/2006, la legisladora Alicia Pierini refiere que desde hace varios años existen numerosas personas que tienen dudas fundadas sobre su identidad biológica, presuntamente adulterada, con reclamos ante las autoridades administrativas, sin obtener respuesta positiva. Se trata de personas cuya identidad no fue alterada durante los años 1976/1983 y no las protege igual sistema de garantías.
Esta limitación, en la práctica, se daba aún con la vigencia de la Ley N°. 23.511, publicada en el B.O. el 10/jul/1987, que contemplaba que el BNDG fuera amplio. Hoy este registro está limitado por la Ley N°. 26.548, publicada en el B.O. el 27/nov/2009.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tramitó diferentes actuaciones a fin de acceder a los registros hospitalarios de nacimiento en los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de quienes solicitaron su intermediación.
Continúa: en uno de los casos, MRP, la denunciante expuso que fue diagnosticada de anemia por Hemoglobina S, enfermedad genética, que es casi exclusiva de la población negra africana. Sus padres, como refirió, europeos blancos, ya no vivían. Comenzó sus averiguaciones y pudo determinar que no es hija biológica del matrimonio que la registró en su partida de nacimiento. Tiempo después, un primo le hizo saber que la madre biológica era muy joven, que la había tenido en el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, que vivía en las cercanías del matrimonio que la inscribió como propia en el año 1946.
CABA – Ley N°. 2.202, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 07/dic/2006, promulgada en Decreto Nº 119/007 del 17/ene/2007, publicación en el BOCBA N° 2.612 el 25/ene/2007, por la cual el Ministerio de Salud, adoptará las medidas necesarias para el Acceso a Registros de Establecimientos de Salud y Registro Civil con el objeto de facilitar la búsqueda de datos e investigaciones a las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada, a fin de unificar los sistemas de registro de los nacimientos y de partos que se produzcan en los servicios de salud de la Ciudad. Nada dice la ley sobre el registro de muestras y el BNDG.
Resolución N°. 2017-696-APN-SECDHYPC#MJ, creó la «Red de Trabajo sobre Identidad Biológica» (RETIB), equipo interdisciplinario bajo competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, En la primera reunión trataron el Proyecto de Ley de Identidad de Origen y Biológica, presentado en 2018, por la necesidad de garantizar un derecho humano fundamental, principal y constitutivo de las personas. Trabajaron en la creación de un protocolo de actuación en casos de vinculación y en el desarrollo de un manual de buenas prácticas de comunicación.
Valeria Efron, coordinadora de la RETIB, expresó, al medio periodístico Infobae, que el principal objetivo de la Red «es la evaluación de la problemática a nivel nacional y el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la identidad». En febrero de 2018 y desde la creación en 2017 había recibido 800 consultas, se han realizado 200 entrevistas personales y se ha asesorado a 230 personas. Comenta que podrían ser miles más, son personas en búsqueda de sus madres, padres, de un rastro familiar y así de su historia de vida. Aunque no se encuentran alcanzadas en el grupo etario del BNDG, que solo contiene registros vinculados al período 1976/1983, fueron invitadas a incluirse.
Resolución N°. 1392/2019 del 06/dic/2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Creación del «Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica», publicada en el B.O. el 12/dic/2019.
Considerando:
Que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental y consustancial a la dignidad humana.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Resuelve
Artículo 1°. Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural el “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica”
Artículo 2°. El “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica” tendrá como objetivo atender la problemática de vulneración del derecho a la identidad en hechos no ligados a los crímenes de lesa humanidad y proponer políticas públicas tendientes a garantizar el ejercicio pleno del mencionado derecho, articulando acciones e instancias en todo el territorio nacional, con otros organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Artículo 3°. Apruébase el Plan de Acción del “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica” consignado en el Anexo I (IF-2019-96149769-APN-SECDHYPC#MJ) que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º. Apruébase la Estructura de la Base de Datos y la Naturaleza de los Datos consignados en el Anexo II (IF- 2019-96150204-APN-SECDHYPC#MJ) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Garavano
La Resolución crea el «Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica» a días de finalizar la gestión del gobierno anterior y publicada durante la actual gestión, prevé prestar asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, articular acciones con la CONADI, el intercambio de información con otros registros y organismos del Estado. Solo si se considerara necesario se gestionarían medidas para estudios de ADN. Nada dice de cuál es el organismo que los realizará.
También prevé coordinar acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos, sea con otros estamentos del Estado o con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
En el Anexo II:
Finalidad, estructura de la base y naturaleza de los datos
1) La base tendrá como finalidad receptar, centralizar y entrecruzar toda información y/o documentación relativa a personas que tengan dudas sobre su identidad biológica y sobre quienes se presume que su identidad habría sido alterada, no vinculados a hechos de lesa humanidad, con el objeto de sustentar la producción de reportes y estadísticas sobre la materia.
2) La base recabará datos de personas que tengan dudas sobre su identidad biológica no vinculada a hechos de lesa humanidad y de terceros sobre quienes se presume que su identidad habría sido alterada. La información será brindada con carácter voluntario.
Esta Resolución ministerial modifica los alcances de las leyes que dieron origen a la CONADI y al BNDG, y deja en el Programa las acciones a coordinar sobre cuál será la vinculación de organismos y como se configurará la base de datos y su relación con el BNDG. La base de datos en el futuro podrá contener el ADN de todos los que tienen interés de búsqueda. Como está previsto podría darse el caso de tener hasta un desdoblamiento de bancos de datos sobre ADN, ya que va a depender de «Coordinar el intercambio de información con otros registros y organismos del Estado»
En definitiva, una Resolución programática, no operativa y que consagra los identitarismos.
Una oposición fundamental, demostrativa de la diferencia de trato entre las presuntas víctimas de apropiación y las personas que buscan su identidad, es la cantidad de normas que regulan y apoyan al primero grupo y la falta de las que necesitan y disponen los del segundo.
Fueron establecidas numerosas normas, leyes y decretos, relacionados a la creación de un banco de datos, que luego derivaron en un banco de datos genéticos que solo tiene una numerosa estructura para los casos de identidad de presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, en consecuencia, no puede considerarse, ni denominarse BNDG, a un organismo, que como luego veremos, solo registra al 08/sep/2014, 151 perfiles genéticos registrados.
En orden cronológico se enumeran las normas aplicables:
Ley Nº. 23.511. Banco Nacional de Datos Genéticos, sancionada el 13/may/1987, promulgada el 01/jun/1987, publicada en el B.O. el 10/jul/1987.
Artículo 1º. Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. El BNDG funcionará en el Servicio de Inmunología del Hospital ‘Carlos A. Durand’, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la responsabilidad y dirección técnica del jefe de dicha unidad y prestará sus servicios en forma gratuita.
Artículo 3º. Los familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio que residan en el exterior y deseen registrar sus datos en el BNDG, podrán recurrir para la práctica de los estudios pertinentes a las instituciones que se reconozcan a ese efecto en el decreto reglamentario.
Artículo 5º. Todo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio, tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Artículo 7º — Los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand integrarán el BNDG.
La creación del BNDG, tuvo como fundamento establecer un registro general, si bien estableció una tramitación específica para los casos de presuntas apropiaciones, durante la dictadura militar. Esta norma nunca se implementó como banco nacional, es decir un registro de todos los datos genéticos que, como las impresiones digitales, permite la identificación de los individuos, con el agregado de poder establecer vinculaciones familiares, una modalidad que tiene implementación en muchos de los países del mundo. Los datos con que contaba la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand, que debieron haber integrado el BNDG, y que no correspondían a presuntas víctimas de apropiación, no consta donde se encuentras archivadas.
Posteriormente como tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, por no haberse logrado consenso y fallas en el tratamiento legislativo, se resolvió que el proyecto vuelva a comisión para su nueva evaluación.
Sumario: Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Ley 23511: Modificación de los Artículos 1, 3, 5 y 6, Sustitución del Articulo 7, Modificación del Articulo 8, Incorporación de los Artículos 10, 11, 12 Y 13. Fecha: 06/12/2007 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 164
FUNDAMENTOS: …
Este proyecto de ley no es más que la reproducción de un dictamen en minoría; dictamen que, en su momento, tuvo por objeto impedir el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos y la apropiación, por parte del gobierno nacional, de su aparatología y de los datos genéticos que allí obran.
… Finalmente quiero destacar que, así como la creación del BNDG fue el resultado de un trabajo conjunto entre distintos sectores de la sociedad y las instituciones de gobierno, esta propuesta -que pretende adecuar la norma en cuestión- fue construida del mismo modo.
Sr. Presidente Balestrini. En consideración en general. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Carlotto, Remo Gerardo. … El proyecto en consideración amplía el criterio y el sentido del funcionamiento del actual Banco Nacional de Datos Genéticos dentro de las estructuras del Estado.
Hoy el avance científico permite que ese tipo de acciones, que no son las específicas de un banco de datos genéticos -como sería el de generar una reserva de información para un entrecruzamiento posterior sobre un grupo determinado de la población-, se puedan llevar a cabo en infinidad de instituciones que existen en el país, tanto públicas como privadas.
En el caso de una identificación de filiación, al momento de determinar si ella se resuelve positiva o negativamente, no es necesario que esos datos permanezcan archivados más allá de la necesidad que el funcionamiento del sistema de justicia prevé. Esto es importante aclararlo, porque hace al funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de lo que será el archivo de datos genéticos dentro del Instituto que estamos proponiendo que se cree en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Este proyecto prevé la creación del Instituto con una fuerte vinculación con las organizaciones no gubernamentales que específicamente están trabajando en la materia, en particular el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Este proyecto, que fue consensuado con los organismos que específicamente se ocupan de estas dos temáticas que fuertemente va a abarcar el instituto, significará además el crecimiento de una política pública que consideramos trascendente. Después de haberse aprobado el dictamen en las distintas comisiones a las que fue girado, mantuvimos conversaciones con organismos defensores de los derechos humanos. Obviamente, con el Equipo Argentino de Antropología Forense y con el Centro de Estudios Legales y Sociales hemos tenido un intercambio de ideas sobre este proyecto.
El proyecto pretende dar garantías para la satisfacción de una necesidad que plantean el Estado nacional y las organizaciones de derechos humanos que vienen desarrollando esta investigación de carácter específico.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe. Sra. Tate, Alicia Ester… . El plenario debe conocer que este proyecto no ha sido debatido en las comisiones a las que fue girado. Las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación Penal dictaminaron sobre este tema en una reunión plenaria que había sido citada con carácter informativo y en la que funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y Garantías de la Nación aclararían nuestras dudas. Pero eso no sucedió.
Desde los grupos interesados en obtener el control del BNDG, se limitó el tratamiento en comisión, no permitiendo la expresión de ciertas objeciones que, al ser planteadas en el recinto, motivaron la vuelta a comisión del proyecto.
Ley N°. 25.457. Creación de la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, sancionada el 08/ago/2001, promulgada el 05/sep/2001, publicada en el B.O. el 07/sep/2001.
Artículo 1.- La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá por objeto: … b) Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en procura de determinar su paradero e identidad;
Artículo 2 – La comisión estará conformada de la siguiente manera: b) Dos (2) representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo;
La ley establece la creación de la CONADI, organismo con el objeto exclusivo de buscar presuntas víctimas de apropiación durante el último gobierno militar. Es decir, que el apoyo que brindaría el BNDG, al recabar los datos genéticos de familias que se consideraran víctimas de apropiación ilegal, complementa a una organización para buscar a los presuntos hijos.
La búsqueda de identidad del individuo, al ser impulsada desde la CONADI, puede ser obligatoria ya que se puede investigar y establecer procesos de identificatorios, aun ente la negativa del presunto apropiado.
Este órgano gubernamental, asume la búsqueda de un determinado grupo de personas, presuntas víctimas y victimarios, restringiendo lo normado por la Ley 23.511, de 1987, cuando por la misma el derecho a la identidad era reconocido para todos.
Claramente, la organización resulta con un interés de grupo, al incluir en su nomenclatura a un representante de una entidad con intereses afines al órgano estatal. Claudia Carlotto, hija de la presidente de Abuelas, resultó ser la directora de la Comisión.
Decreto NacionalN°. 15/2004 del 09/jun/2004 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, publicado en el B.O. el 10/jun/2004.
Se crea en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado, que será presidida por el secretario de derechos humanos.
Artículo 2º. La Unidad Especial de Investigación que se crea por el presente asistirá de modo directo los requerimientos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) regulada por Ley Nº 25.457, como asimismo las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos. Podrá también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal. (el resaltado es propio)
Artículo 6º. La Unidad Especial de Investigación contará con un (1) Director Ejecutivo, de carácter extra escalafonario, propuesto por el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y dos (2) directores designados por la CONADI, debiendo uno de ellos ser representante de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se desempeñarán con carácter de ad-honorem, tal como prescribe el Artículo 2º de la Ley 25.457. (el resaltado es propio)
La norma, reitera que el accionar de la CONADI es exclusivo para la investigación de presuntas víctimas de apropiación durante el último régimen militar. Se dota a la Unidad Especial de Investigación de una autonomía investigativa previa al accionar del Ministerio Público Fiscal, siendo que es claramente parcial en su objetivo. Hay un exceso en tal atribución, y que solo es demostrativa del poder que ejerce un claro grupo identitario, quien incluye en su estructura a una representante de Abuelas, que ya contaba con dos representantes en la CONADI, conforme la Ley 25.457 de 2001. El derecho a la igualdad y a la identidad esta manifiestamente avasallado, y también las garantías judiciales y con ello la violación a la garantía de protección a los derechos humanos.
Ley N°. 25.914. Indemnización, del 04/ago/2004, publicada en el B.O. el 30/ago/2004.
Resumen: establecense beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, …
Es una de tantas leyes que han proporcionado beneficio económico a presuntas víctimas, ya que han aparecido algunas que no lo fueron.
Decreto Nacional N°. 1.020/2006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dictados de Resoluciones. Sancionado el 08/ago/2006, publicado en el B. O. el 10/ago/2006:
Resumen: facultase al ministro de justicia y derechos humanos para el dictado de las resoluciones necesarias a fin de autorizar a profesionales que actúen, como servicio de asistencia al cuerpo de abogados del estado, para intervenir como parte querellante en las causas en las que se investiguen delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
Esta es una creación que claramente, afecta al derecho de defensa, el Estado tiene facultad de actuar en juicio por medio del Ministerio Público Fiscal, el hecho de contratar querellantes para casos particulares, en los que el Estado está directamente involucrado es un ejemplo más de los abusos del identitarismo que sustenta la política de «defensa de derechos humanos para algunos».
Cabe agregar que para estos procesos, las organizaciones cuentan con querellantes particulares, la posibilidad de Abuelas de presentarse como querellante, los querellantes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado, y la CONADI, toda un compleja estructura financiada por el erario público a la que deberá enfrentarse un defensor particular o público, por parte de la presunta víctima de apropiación que se niegue a aceptar la búsqueda de identidad compulsiva o de los presuntos apropiadores. Seguramente debería investigarse no solo el exceso en las acciones acusatorias sino también los costos que esto implica al gasto público, ya que no se conoce la cantidad de personal que forma parte de todos estos órganos y no son pocos.
Sin discutir el derecho de las víctimas o de las presuntas víctimas, lo cierto es que las mismas, según el BNDG solo contaban, al 08/sep/2014, con 151 grupos familiares denunciantes, o aun los más de 500 que promueven las organizaciones.
Ley N°. 26.548: Banco Nacional de Datos Genéticos, sancionada el 18/nov/2009, promulgada el 26/nov/20009, publicada en el B.O. el 27/nov/2009, sobre derecho a la identidad de origen.
Artículo 1º – El Banco Nacional de Datos Genéticos creado por la Ley 23.511 funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El funcionamiento del BNDG pasa a la órbita de una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Habida cuenta que el otorgamiento de identidad, debe ser establecido por el Poder Judicial, resultaría coherente, que dicho Banco funcionara dentro del Cuerpo Médico Forense, debiendo atribuirse al mismo tanto los datos del Banco, como los medios técnicos, presupuestarios y de personal. La prueba estaría dentro del ámbito judicial, y se evitaría así, cualquier suspicacia respecto a las vinculaciones entre organismos del Poder Judicial con las organizaciones de derechos humanos, que tratan la recuperación de presuntas víctimas de apropiación.
Objeto. Artículo 2º – Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres…
Artículo 3º – El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá las siguientes funciones: … c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de la presente ley,…
Archivo Nacional de Datos Genéticos. Artículo 5º Este archivo contendrá la información genética relativa a: a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983. b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado; c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre de 1983.;(el resaltado en propio)
Artículo 6º – Cualquier familiar directo de personas desaparecidas o presuntamente nacidas en cautiverio tendrá derecho a solicitar y a obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos en los términos a los que se refiere esta ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Manifiestamente, por su objeto y funciones, el BNDG deja de ser un banco general para solo serlo de un grupo de personas. Tal reformulación afecta en forma directa al derecho a la igualdad ante la ley, derecho humano garantizado por la Constitución Nacional e instrumentos convencionales. Quedan excluidos los restantes individuos que buscan su identidad, no siendo pertenecientes al grupo identitarios de presuntas víctimas de apropiación por el último gobierno militar. Además, amplía el plazo mínimo de búsqueda ya que anuló la referencia al 24/mar/1976. Esta forma de clara discriminación, ya había sido planteada en el tratamiento de un anterior proyecto de modificación ut supra referido. Lo que obviamente la presente norma desoye.
Asimismo, más que un banco de datos al que concurrir buscando información o verificación de identidad, está establecido como un sistema para la búsqueda de individuos sospechados de ser presuntas víctimas de apropiación, por consiguiente, es el presunto apropiado la víctima del trámite de búsqueda; el modo de aplicación hace que este deba probar que no es apropiado, por lo cual habría una inversión de la carga de la prueba, lo que viola las garantías judiciales.
Del consejo consultivo. Artículo 23. – Estará integrado por los siguientes miembros, quienes desempeñarán sus funciones “ad honorem”: a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; b) Un (1) representante del Ministerio de Salud; c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; d) Un (1) representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por Ley 25.457; e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.;(el resaltado en propio)
Nuevamente, resulta sospechable y, por tanto, con merma en cuanto a su imparcialidad, que el BNDG cuente con un representante de CONADI, cuya dirección está a cargo de Claudia Carlotto, hija de la titular de la organización Abuelas, necesariamente interesada en el objeto de la ley. En un tema tan sensible, la garantía de imparcialidad debe ser absoluta.
De los recursos. Artículo 27. – Las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente deberán ser presupuestadas e imputadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para ser empleadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta que el mismo organice, de acuerdo a la normativa vigente, su servicio administrativo financiero.
Tal como se indica ut supra, las partidas presupuestarias deberían pasar al Cuerpo Médico Forense, reglamentado por la CSJN, quien debería, ser el encargado del control del BNDG, en su faz técnica, así como de las realizaciones de estudios genéticos, tal como lo efectúa en otros casos, y con una menor estructura económica y obviamente dentro de la órbita del Poder Judicial que es donde corresponde.
Partes pertinentes de los fundamentos de la Ley N°. 26.548: Expediente 6773-D-2018, del 30/oct/2018, publicado en trámite parlamentario N° 152.
En el ámbito funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), cuyo objetivo es la asistencia en la investigación sobre casos de alteración o supresión de la identidad. Sin embargo, la ley 25.457 establece que ésta debe abocarse con exclusividad a la búsqueda y localización de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura militar, así como a toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de un menor. Es así que nos encontramos ante un organismo del Estado que, a pesar de contar con capacidad jurídica para entender en la materia, encuentra restringido su objeto porque excluye, de hecho, a quienes buscan sus orígenes fuera de ese margen temporal y/o cuyos casos no están necesariamente vinculados a delitos de lesa humanidad. (el resaltado es propio).
Esta restricción en el objeto del BNDG, junto con la limitación de hecho de la CONADI, que debería encargarse de asistir a todas las víctimas de los delitos de alteración y supresión de la identidad sin distinción del período en que dichos delitos hubieran ocurrido, provocan que un número significativo de personas que desconocen su identidad de origen no encuentren respuesta del Estado y deban iniciar por sus propios medios investigaciones con resultados inciertos y costos que superan sus capacidades económicas. Estos casos han quedado al margen de las políticas de restitución de identidad del Estado argentino, sin advertir que le corresponde dar respuesta a todo derecho lesionado, más allá del período histórico en que ocurrió la circunstancia o el delito que lo generó. (el resaltado es propio).
Lo cierto es que a más de 30 años del fin de la dictadura ha llegado la hora de que aquellas instituciones se pongan al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de tragedias. Esa experiencia acumulada por el Estado democrático en la búsqueda de la verdad debe ser puesta hoy al servicio de todas las personas a quienes se les ha sustituido o alterado su verdadera identidad, sin márgenes temporales.
Resulta palmario que, en los fundamentos de la ley se considera que existe una violación a las garantías de igualdad y al derecho a la identidad, al no haberse tomado en consideración la defensa de dichos derechos, indubitables derechos humanos, la norma aprobada resultaría no solo inconstitucional, sino que también contraria al derecho convencional de protección a los derechos humanos. Obviamente un numero mayoritario de legisladores avaló tales violaciones, y no obstante el tiempo transcurrido no existe objeciones por parte de Poder Judicial, un aval tácito a la norma, con la consecuente inseguridad jurídica.
Ley N°. 26.549, del 18/nov/2009, publicada en el B.O. el 27/nov/2009:
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares.
Algunas tomas de muestras fueron efectuadas con la apropiación forzada de ropa interior, lo cual por haber sido realizado ante varías personas, claramente lesiona el honor, sin consideración alguna por el género. Al existir necesarios tocamientos al cuerpo de la presunta víctima de apropiación y en su caso a presuntos apropiadores, habría que considerar la existencia de un abuso sexual con autorización judicial, algo que parece, además, una violación a las garantías judiciales. Cuando se trata de no perjudicar la integridad de la persona, debe considerarse no solo al aspecto físico, sino también al psicológico y moral, que una obtención compulsiva de muestras, va de suyo que afecta.
Como la extracción de muestras de ADN puede ser ordenada por el juez para «el imputado o de otra persona», la presunta víctima tiene la obligación de prestar su cuerpo, aún no se considere víctima.
Plan de Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Estrategias de intervención. 2008.
Fundamentación: … En este sentido, el Plan tiene como objeto implementar de modo urgente una red nacional que establezca un espacio de confiabilidad necesario para la asistencia y la protección integral a querellantes y testigos de violaciones de derechos humanos.
Esta tarea no tiende por cierto a inducir el contenido de los testimonios, perdiendo de este modo la objetiva neutralidad que el Estado se compromete a mostrar frente al debido proceso judicial. La imparcialidad corresponde al Poder Judicial y no al Ministerio Público Fiscal ni a los organismos del Poder Ejecutivo Nacional a los que, necesariamente, les corresponde la preservación de los derechos humanos de las víctimas, sin que ello afecte el libre albedrío de las mismas. (el resaltado es propio).
Resulta jurídicamente inaceptable el manifiesto reconocimiento que desde el Estado se hace a la violación del principio de imparcialidad, que es garantía de debido proceso. Es lamentable aquello que el impreso oficial reivindica, lo cual agrava la situación de quienes sufren o han sufrido este tipo de procesos. Por lo cual no es de extrañar, que desde la asesoría jurídica de Abuelas, se reivindique la práctica de entrega de un «paquetito» al magistrado, el cual obviamente, y conforme lo que se ha expresado puede ser parcial e interesado, y aún si no lo fuera, la seguridad jurídica queda entonces desbastada.
“Los asistentes sociales y los profesionales de la atención de salud mental estarán facultados para prestar asistencia a las víctimas (…) tanto durante su declaración como después de la misma (…) (el resaltado es propio)
¿En que otro ámbito jurisdiccional se permite asistir al testigo durante la declaración testimonial? Además, y obviamente, esto no está permitido respecto de los testigos de la defensa, lo que implica violación a la igualdad ante la ley, y a las garantías judiciales.
Acciones concurrentes y complementarias: … Es indispensable hacer hincapié en que el presente Plan no tiene como objetivo central la seguridad del testigo en términos referidos a su custodia personal.
Pautas básicas a tener en cuenta para garantizar el acompañamiento y protección de testigos y querellantes: … 2. La complejidad de los problemas que plantea la situación de los querellantes, testigos y su entorno afectivo y parental, obliga a una mirada y un abordaje interdisciplinario. Para ello, deberán conformarse equipos multidisciplinarios idóneos, que incluyan los aspectos jurídicos, psicológicos y de asistencia social, para atender a querellantes y testigosque requieran una contención especial. (el resaltado es propio).
Acciones estratégicas a desarrollar: 6. Formular una evaluación preliminar sobre la conveniencia en cada caso del testimonio oral, o de solicitar la agregación del testimonio obrante en esa u otras causas. 7. Realizar reuniones colectivas con el conjunto de querellantes y testigos de cada causa para efectuar con ellos una evaluación colectiva del estado de situación procesal y de la posible beligerancia de los procesados, así como de las actitudes previas de los miembros del Poder Judicial interviniente. Buscar de este modo fortalecer los lazos de solidaridad social entre las víctimas relacionadas con cada uno de los procesos. (el resaltado es propio).
A) Estrategias de asistencia integral: Impulsar la construcción de una Red Nacional de Asistencia Integral y Contención a Testigos, Querellantes y Afectados por Causas de Terrorismo de Estado en todo el país, integrada además de los representantes del Estado nacional y provincial, por: a) Representantes de organismos de derechos humanos locales; b) Equipos de salud mental de los organismos de derechos humanos, servicios de salud mental de hospitales y otros servicios de la red pública de salud regionales; c) Organizaciones profesionales (colegios de psicólogos, abogados, etc.); d) Profesionales docentes de las Universidades Nacionales; e) Otros estamentos sociales afines.
5) Diseño de estrategias comunicacionales para intervenir sobre los efectos de reactualización del terror en afectados directos, querellantes, testigos y población en general, debe implementarse una fuerte política comunicacional que apunte a desactivar el efecto de parálisis social, indiferencia ante los hechos ocurridos. Para eso proponemos la elaboración de spots radiales, televisivos y afiches en la vía pública.
Claramente el tener que enfrentar tales parcialidades así como, las limitaciones a repreguntar a testigos bajo la limitación que se impone a «no revictimizarlos», la utilización de declaraciones testimoniales efectuadas en otros procesos y sin que dichos testigos estén presentes, la existencia de numerosos entes estatales y particulares desde la querella y la acusación fiscal, los fondos con los que cuenta y provee el Estado, hacen que el ejercicio profesional del abogado defensor, sea público o privado, se torne una verdadera epopeya.
El Plan incluye las siguientes normas:
Resolución N°. 439/2007, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 23/abr/2007:
Establécese que la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados resolverá inmediatamente brindar protección a las personas individualizadas por requerimiento de magistrados de la justicia nacional o del ministerio público nacional, en el marco de procesos judiciales vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último período dictatorial.
Resolución N°. 003/07 de la Secretaria de Derechos Humanos, del 19/ene/2007.
Artículo 1.- Apruébase el “Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado”, el cual será implementado por la Secretaría De Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando sus acciones con los ámbitos respectivos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este «Plan», resulta una clara forma de entrenamiento a testigos, a efectos de establecer pautas para las declaraciones testimoniales. Queda palmariamente demostrado en su texto, la innecesaria imparcialidad, por parte del Poder Ejecutivo, que es quien estructura el plan. Asimismo, el acompañamiento del testigo o víctima en su declaración resulta jurídicamente impensable en una real prueba testimonial válida. Estas prácticas debieron y deben ser condenadas por la judicatura, algo que no han hecho ni hacen, lo que afecta a la seguridad jurídica y el debido proceso.
Resolución N°. 679/2009, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Unidad de Regularización Documental, sancionada el 29/sep/2009, publicada en el B.O. el 02/oct/2009.
VISTO el Expediente Nº 177.501/09 del registro de este Ministerio y lo establecido en los Decretos Nros. 21 del 10 de diciembre de 2007 y 1755 del 23 de octubre de 2008, El Ministro de Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos. Resuelve:
Artículo 1º. Créase en el ámbito de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la Unidad de Regularización Documental de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el marco del accionar del terrorismo de estado.
Artículo 2º. La Unidad creada en el artículo precedente colaborará con los beneficiarios de las Leyes específicas en la obtención de la documentación personal de los mismos, para lo cual coordinará su accionar con los organismos competentes del Poder Judicial de la Nación, de otras jurisdicciones de la Administración Pública Nacional y de las áreas incumbentes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
De nuevo, existe una violación al derecho a la igualdad al brindar a un determinado grupo que busca su identidad, los individuos establecidos por la Ley N°. 26.548, con relación a todos los otros que por cualquier otra causa buscan su identidad y no cuenta con ninguna norma específica, no pueden recurrir a un banco de datos genéticos, ya que no se recolectan datos de otras víctimas ni de sus presuntos familiares. Y que, si llegaran a tener la suerte de obtener el reconocimiento filiatorio, deberían efectuar los engorrosos trámites de registración de la identidad legalmente reconocida sin la facilitación de organizaciones que los acompañen. Obviamente este es un sistema que genera hijos y entenados, algo que los derechos humanos no permiten.
CABA – Ley N°. 2.939, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 27/nov/2008, promulgada el 09/ene/2009, publicada en el BOCBA N°. 3106 el 29/ene/2009. Reglamentación por Decreto Nº. 400/014 del 14/oct/2014, publicado en el BOCBA Nº. 4501 el 15/oct/2014.
Artículo 1°. La presente Ley regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar.
El Gobierno de la CABA, no obstante estar a cargo, en la época, de grupos políticos opositores al gobierno que otorga beneficios desiguales, y de ser tratados como enemigos de los derechos humanos, adhirió a la extensa normativa que avala judicialmente al grupo identitario a pesar de las observaciones efectuadas al Plan de asistencia. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos, también garantiza la defensa de los derechos humanos, las leyes no siempre.
Resolución N°. 1229/2009, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 21/abr/2009, publicada en el B.O. el 27/abr/2009. Créase el Grupo Especial de Asistencia Judicial. Funciones. Competencia. Integración.
Artículo 1º.Objeto: Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Grupo Especial de Asistencia Judicial, que tendrá como funciones la de actuar como auxiliar de la Justicia Federal para la ejecución de las tareas investigativas que se ordenen y para la ejecución de los allanamientos, registros, requisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de las causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados en la dictadura que ejerció el terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1983.
El artículo hace referencia a menores de 10 años relacionados a sustracción, y luego se alude al periodo 1976/1983, es decir que se puede investigar a personas que hubieran tenido 10 años a esa fecha, lo que implicaría que hubo secuestros comprendidos desde 1966 que pueden ser investigados. Es una modificación por ampliación del objeto por decreto de una ley.
Artículo 2º. Competencia:El Grupo tendrá competencia en todo el territorio de la República Argentina y podrá hacerse presente, a requerimiento de las respectivas autoridades judiciales federales, en cualquier punto del país, interviniendo siempre de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 3º. Integración: El Grupo estará conformado por un número no inferior a CINCO (5) integrantes con especialización pertenecientes a alguna de las fuerzas federales policiales y de seguridad.
Artículo 4º. Principios de actuación: En el desarrollo de sus funciones los y las integrantes del Grupo Especial deberán respetar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de la ONU.
Artículo 5º. Protocolo de actuación:A tales fines se establecerá un protocolo de actuación para los procedimientos destinados a la obtención de pruebas en el que se incluirá el uso de identificaciones, de uniformes diferenciados de los propios de las fuerzas policiales y de seguridad y la prohibición de portación, exhibición y uso de armas de fuego. El protocolo también contendrá los procedimientos a seguir a efectos de recolectar, asegurar, preservar y establecer la cadena de custodia de las muestras de ADN. Para su elaboración, se solicitará la colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Dicho protocolo fue publicado al año siguiente, en 2010.
Decreto N°. 1800/2009, Poder Ejecutivo Nacional, sancionado el 19/nov/2009, publicado en el B.O. el 20/nov/2009.
Apruébase el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado el 11 de septiembre de 2009 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmado entre el Gobierno Nacional y el peticionario en el marco de la Petición Nº P-242-03 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición, presentada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo alega la violación del Estado Argentino de los artículos 5, 8, 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 30 de septiembre de 2003 en los autos ‘Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/ incidente de apelación’.
Las peticionarias, integrantes de Abuelas, alegaron la responsabilidad del Estado Argentino por el fallo dictado por la CSJN que no hizo lugar a la extracción compulsiva de una muestra hemática, de una presunta víctima, a los fines de determinar la identidad por medio de un análisis de ADN en el BNDG. El 11/sep/2009, en un Acuerdo de Solución Amistosa el Estado Argentino reconoció a las dos abuelas demandantes el derecho a que el Estado adopte las medidas eficaces para obtener justicia, en casos que requieran la identificación de personas mediante métodos científicos que demanden la obtención de muestras para su realización.
El Estado aceptó ante el organismo internacional que el derecho a obtener la propia identidad, derecho humano personalísimo, cae ante el derecho a conocer la identidad de una nieta, por sus presuntas abuelas.
Resolución N°. 1.746/2010, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Protocolo de Actuación para el Grupo Especial De Asistencia Judicial, aprobada y sancionada el 06/jul/2010, publicada en el B.O. el 13/jul/2010.
Resumen: Apruebase el Protocolo de Actuación para el Grupo Especial de Asistencia Judicial Creado Por La Resolución N° 1229/09.
Objeto: Artículo 1º: El presente protocolo regula la actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial creado por Resolución M.J.S.yD.H. Nº 1229/09, el cual actuará como auxiliar de la justicia en allanamientos, registros, requisas y secuestros de objetos con el propósito de obtener muestras de ADN a los fines de acreditar la identidad biológica de las víctimas de conformidad con el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).
Legal, constitucional y convencionalmente, para ser considerada víctima, debe hacerse una determinación previa, por lo cual debe consignarse como «presunta víctima», caso contrario estamos en un caso de prejuzgamiento. Si rige el principio de inocencia para imputados de algún delito, como no aplicar el mismo criterio cuando se trata de alguien que pudo ser víctima de un delito. De acuerdo a este criterio, la presunta víctima debería probar que no lo es, es decir una absurda inversión de la carga de la prueba. Así, puede ser obligada a la extracción compulsiva de muestras para prueba.
Conformación: Artículo 2º: El grupo deberá estar compuesto, como mínimo, por un oficial a cargo encargado de dirigir, supervisar y documentar la medida, un oficial secundante para asistir al oficial a cargo, un profesional técnico encargado de la toma, empaquetado y preservación de las muestras, un agente encargado del registro fotográfico o fílmico y profesionales encargados de la contención emocional y psíquica de la víctima y su grupo conviviente. Los integrantes no deberán ser del mismo sexo. En su actuación deberán evitar el uso innecesario de la fuerza, resguardar los derechos específicos de las víctimas y prevenir su revictimización. Sólo se podrá utilizar la fuerza cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. El personal tendrá vedado el uso de armas de fuego.
Resolución N°. 166/2011, Ministerio de Seguridad. Créase el Grupo Especial de Asistencia Judicial. Protocolo. Designación, del 14/abr/2011, publicada en el B.O. el 18/abr/2011:
La Ministra de Seguridad. Resuelve:
Artículo 1º — Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad el Grupo Especial de Asistencia Judicial que tendrá como función la ejecución de allanamientos, registros, pesquisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados durante la vigencia del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
Vuelve a reiterarse el error en el texto de la Resolución 1229/2009, por lo que se insiste en que una Resolución modifica una ley.
Resolución P. G. N. N°. 3 /12, Procuración General de la Nación. Buenos Aires, el 0l/oct/2012.
Vistos: El Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Que, en esta materia, la Procuración General de la Nación ha venido desde hace años implementando mecanismos de actuación fiscal tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas afectadas por la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños implementada durante el terrorismo de Estado.
Vale decir que hasta el momento se registran 51 condenas por la apropiación de niños y se ha podido restituir la identidad a 107 hijos de desaparecidos.
Más allá de ello, debe repararse en que, según la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. (el resaltado es propio)
La Procuradora considera como válida la información brindada por Abuelas, no obstante, y según hemos demostrado, el BNDG informó con fecha 08/sep/2014, que contaba con datos de 151 grupos familiares. Por consiguiente, no pudo haber un número tan mayor casi 2 años antes. Esto es demostrativo de la preminencia que se le da desde el Estado a Abuelas, interesada directamente sobre el tema, en lugar de recabar datos de un organismo oficial, lo cual sería lo legalmente obligatorio, y la apoyatura que respecto a relatos se les da a estas organizaciones, sin cotejarlo con datos oficiales. En estos temas, «relato mata a dato».
La Resolución estableció:
Artículo 1: aprobar el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de listado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que se adjunta en anexo y forma parte de esta resolución general, e instruir a los señores fiscales de todo el país para que ajusten su actuación en el marco de las investigaciones vinculadas a la materia en las que intervengan a las pautas allí fijadas (artículo 33, inc. d) de la ley 24.946.
Ahora bien, en lo que sigue se describen patrones comunes que están presentes en muchos de los expedientes en los que se investigan sucesos delictivos de este tipo y que, cuando aparecen en el marco de una investigación en curso, pueden representar indicios de que se está de cara a un caso de apropiación de niños.
Estas circunstancias, claro está, no agotan el universo de indicadores que pueden generar sospecha, pero aportan una idea de la clase de elementos que se consideran relevantes en estas investigaciones.
El Protocolo está relacionado a lo establecido por Resolución P. G. N. N°. 3 /12. Luego pasa a enumerar une serie de «indicios», a tomar en cuenta por la Unidad Fiscal de Coordinación. Algunos de ellos:
Que quien figura como madre -supuesta apropiadora- al momento del nacimiento haya tenido una edad biológica que oscile entre los 40 y 50 años, con una convivencia o matrimonio de varios años sin hijos biológicos.
Que existan datos sobre problemas de infertilidad por parte de alguna de las personas indicadas como apropiadoras.
Que el médico, partero o enfermero que de alguna manera haya intervenido en la certificación o registro del nacimiento esté presumiblemente involucrado en otras causas de este tipo.
Que el parto hubiese ocurrido en el domicilio particular de quienes figuran como los padres. Del mismo modo, que éste haya ocurrido en establecimientos médicos o consultorios ajenos a la obra social o servicio de medicina prepaga del que fueran beneficiarios los presuntos apropiadores. También resulta importante reparar en los casos en los que sólo haya intervenido una partera y en aquellos en que el médico certificante no contaba con la especialidad de obstetricia.
Que figure en la documentación respectiva que el nacimiento se produjo en algún hospital sospechado de haber funcionado como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Que los padres sospechados sean miembros o tengan algún vínculo con las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en actividad durante la dictadura.
Que en el trámite de adopción se haya registrado al niño, en su origen, como y que el juzgado no haya realizado medidas tendientes a ubicar a su familia biológica.
Que sea sumamente breve el plazo entre el hallazgo y la concesión de la guarda y/o entre éste y el otorgamiento de la adopción plena.
Que el nacimiento se haya inscripto tardíamente.
Inexistencia de fotos de la presunta madre embarazada o de fotos de bebé del niño/a.
De los indicios propuestos, algunos como las fotos, no existía la vocación por las selfies en los años 76/83, sobre todo por la inexistencia de teléfonos celulares con cámara. Esta serie de pautas de claro prejuzgamiento, tienen ciertas reminiscencias a un antiguo manual para la caza de brujas, el Malleus malleficarum, en cuyos procesos las presuntas brujas debían probar que no lo eran; la gran diferencia es que, se pretende aplicarlo a presuntas víctimas de apropiación.
… la intervención exclusiva del BNDG en esta clase de peritajes también fue objeto de pronunciamiento específico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante resolución 4102/2010 (expte. 7686/09). En el caso se inhabilitó expresamente al Cuerpo Médico Forense para realizar este tipo de peritajes.
Tratándose de procesos que necesariamente deben resolverse por el órgano jurisdiccional, es una contradicción, excluir de la pericia a quien debe efectuarla, esto es el Cuerpo Médico Forense, ya que, si no tiene capacidad técnica para ello, debiera procurarse los medios, pero no resignar su función. Lo grave de la resolución de la CSJN, es que deja como responsable de los peritajes a una entidad que tiene relación directa con un grupo que tiene interés en el resultado del proceso, por consiguiente, carece de certeza de imparcialidad. De tratarse de un caso ordinario, debería excusarse o recusarse, para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.
A fin de asegurar el éxito de los procedimientos’, con anterioridad y de modo próximo a su realización, es necesario establecer la residencia fehaciente de la presunta víctima en el domicilio a registrar; intentar identificar al resto de los moradores de dicho domicilio, su edad y vínculo con la presunta víctima; determinar las características de la finca, los días y franjas horarias en la que los moradores permanecen en su interior; las actividades que habitualmente desarrollan fuera de ella, los vehículos en que se movilizan; especificar si existen en las cercanías del lugar cámaras de seguridad que pudieren captar imágenes del frente del inmueble, debiendo -en tal caso- indicar los datos de su respectivo centro de monitoreo y toda otra circunstancia que pudiere resultar de interés para el caso.
Este es un procedimiento que debe aplicarse en cualquier allanamiento, mucho más por tratarse no de un delincuente, sino de una presunta víctima. En el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, de este informe, mostraremos que esto no siempre se realiza.
A su vez, tanto al momento de notificar la existencia de las actuaciones a la persona presuntamente apropiada como al de ejecutarse algunas de las medidas previstas por el 218 bis del CPPN, se recomienda ponderar la posibilidad de intervenir las líneas telefónicas de los involucrados (art. 236 del CPRN). Del mismo modo, previo a esas ocasiones, deberá evaluarse la conveniencia de prohibir la salida del país de los involucrados, disponer alertas migratorias y realizar tareas investigativas sobre sus domicilios.
Tratándose de presuntas víctimas esta medida, la intervención telefónica de la misma, carece de sentido, ya que no es un presunto criminal.
Lo que excede en grado sumo, al respeto de las garantías judiciales y al debido proceso, es la posibilidad de prohibir la salida del país, ¿cómo hacerlo con una presunta víctima?, ¿Cuáles serían los cargos? Dada la gravedad de la restricción debería darse una motivación muy difícil de explicar y menos aún una fundamentación, que no haga suponer una actuación arbitraria. En el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, de este informe, referimos a un caso en el que se aplicó tal restricción.
En este sentido, si bien muchos niños apropiados nacieron durante el cautiverio de sus madres y en consecuencia no hay registros de ese suceso, a lo largo de la instrucción de la causa de apropiación o en el marco de la causa en que se investiga la desaparición de sus padres, hay testimonios que dan cuenta de la fecha en la que realmente pudo haber nacido o del nombre que sus padres biológicos deseaban ponerle.
Respecto a la utilización de prueba testimonial para el inicio o sostenimiento de este tipo de causas, reiteramos lo manifestado respecto del Plan de Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado.
Decreto Nacional N°. 38/2013, reglamentación de la ley N°. 26.548, del 22/ene/2013, publicado en el B.O. el 25/ene/2013.
Resolución N°. 274/2016, Ministerio de Seguridad), publicada en el B.O. el 04/07/2016.
Apruébese el protocolo de actuación que se adjunta en el anexo i. asígnese a la dirección de ejecución de pruebas de integridad, dependiente de la Dirección Nacional de Control de Integridad, el funcionamiento y la coordinación del grupo especial de asistencia judicial. Desígnese al titular de la dirección de ejecución de pruebas de integridad como coordinador del grupo especial de asistencia judicial.
Artículo 10. Los/as integrantes que conformen el grupo especial deberán respetar en el desarrollo de sus funciones el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de Naciones Unidas, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de Naciones Unidas, y los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de la Organización de Naciones Unidas.
La Resolución establece normativas específicas para llevar a cabo las acciones del Grupo Especial de Asistencia Judicial para su actuación en allanamientos, sobre todo a efectos de la verificación previa de que se trata del domicilio de la presunta víctima, así como establecer la forma de llevarlos a cabo.
En su anexo se establece:
Artículo 1°.- El presente Protocolo regula la actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) que actúa como auxiliar de la justicia y/o del Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) tanto en tareas de investigación, notificaciones personales como en requisas, registros, allanamientos y secuestros de objetos realizados con el propósito de obtener ADN a los fines de acreditar la identidad biológica de supuestas víctimas, en conformidad con lo regulado en el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N).
Artículo 4°. Cuando se disponga la intervención del Grupo Especial de Asistencia Judicial a fin de notificar la citación dispuesta por la autoridad judicial a una presunta víctima, deberán tenerse presente los siguientes parámetros de actuación: a. Establecer con anterioridad y en forma certera el domicilio de residencia de la persona a notificar a través de la realización de discretas tareas de investigación. Dichas tareas deberán ser realizadas en forma previa y próxima al día en que se celebrará la audiencia. b. Establecer las características específicas de la vivienda, y los horarios en que la presunta víctima se encuentra en ella.
Artículo 5°. Una vez identificado fehacientemente el domicilio de la presunta víctima, así como los horarios en que la misma se encuentra en el lugar, se procederá a realizar la notificación correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a. Deberá notificarse en forma personal a la persona citada. No podrá hacerse entrega de la notificación a terceras personas, aun cuando las mismas refieran ser familiares o personas de confianza del/la citado/a. b. Las consultas realizadas con terceras personas que se encuentran en el domicilio o en la zona, solo podrán limitarse a tratar de establecer el horario en que las personas citadas se encuentran en su domicilio, omitiendo brindar detalles sobre los motivos de la concurrencia del personal en el lugar. c. En aquellos casos en los que la persona que deba ser notificada no se encuentren presente en el domicilio, deberá aguardarse en el lugar un tiempo prudencial y/o dirigirse en distintas horas de la jornada a fin de dar con ella. Todo ello deberá tener constancia en la respectiva acta. d. En aquellos casos en que la persona notificada manifieste que tiene dificultades para concurrir en el horario y/o fecha en que fue citada, el personal asignado a la notificación, deberá informar tales extremos a la autoridad judicial y/o a la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad.
El Anexo modifica las siguientes normas:
Resolución N°. 1.229/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que creó el Grupo Especial de Asistencia Judicial.
Resolución N°. 1.746/2010 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que aprobó el protocolo de actuación para el Grupo Especial de Asistencia
[D]: Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG:
La ejecución del sistema de búsqueda, de presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, demuestra la realización de actos que claramente manifiestan el sesgo identitario del colectivo estatal y de organizaciones de la sociedad civil. Reiteramos, no solo se trata de ofrecer un banco de datos para quienes voluntariamente desean obtener una certificación de su identidad, pues nacieron en el periodo establecido por las leyes al respecto, y además tener alguna otra percepción sobre su pasado que les genera dudas sobre su origen, esto es presentándose ante el BNDG a que se les tome una muestra para la obtención de su ADN para luego cotejarla con las muestras que cuenta el Banco, sino también ofrecer un banco de datos para todo aquel que tenga dudas sobre su origen.
El sistema establecido, permite, además, que se busque a presuntas víctimas, se perciban o consideren o no como tales, incluso a aquellos individuos que cuentan con la certeza de pertenencia al grupo familiar en que se han criado, por lo cual se niegan a hacerlo, transformándose en víctimas de una forma de prejuzgamiento en base a una serie de indicios establecidos entre otros por el listado propuesto por la Resolución P.G.N. N°. 3/12 de la Procuración General de la Nación del 0l/oct/2012. Se genera entonces una especie de inversión de la carga de la prueba, con el agravante que no se trata de aplicarlo a un delincuente, sino que lo es a una presunta víctima. Una clara forma de violación a las garantías judiciales y al debido proceso.
Probablemente el ejemplo más notorio fue el de la «Causa Nro. 13.957 – Sala II. “Noble Herrera, Marcela y otro s./ recurso de casación.” Reg. 18559», del 02/jun/2011. En el caso dos personas que sabían que habían sido legalmente adoptadas, fueron sometidas a proceso judicial con la presunción de ser hijos de víctimas de la dictadura militar. Los medios periodísticos hicieron público que, por orden de una magistrada, a ambos les fueron sustraídas las prendas íntimas que traían puestas, ello ante la presencia y el accionar de varias personas, que con independencia si eran profesionales y contaban con autorización judicial, no mengua el agravio del público desnudamiento. La injuria fue agravada cuando se informó que la bombacha de la presunta víctima femenina, no podía servir de prueba por la numerosa cantidad de aportantes que dicha prenda tenía.
La normativa establecida para el accionar de la CONADI y de órganos que colaboran con ella, consideran que una extracción forzada de muestras para estudio de ADN, no resulta físicamente lesiva, nada se dice del ultraje que implica la acción de personas desconocidas sobre el propio cuerpo en contra de su voluntad.
Otro caso, pero sin mayor difusión y al cual se tuvo acceso por participación profesional, fue el iniciado por una denuncia anónima efectuada ante Abuelas, que se presentó como querellante, contra una mujer que estaba dentro del rango etario y de familia militar. Luego de la entrega del «paquetito» al juzgado, este ordenó la notificación a un domicilio donde no vivía la presunta apropiada sino su madre. No se verificó o se ignoró el domicilio establecido en el padrón electoral. La citada intimación fue, naturalmente, rechazada por la madre no obstante se dejó la cedula de intimación para la concurrencia de su hija al juzgado al día siguiente. Ante la no presentación a la audiencia, de la que no fue notificada, se ordenó y llevó a cabo en la casa de la madre de la misma un allanamiento, con la presencia de más de una decena de personas y el consecuente agravio para la madre de la presunta apropiada, no solo por el desorden interno en un departamento pequeño de dicha cantidad de gente, revolviendo muebles, enseres de baño en busca de ropa interior, cepillos, y otros elementos de los que pudieran tomarse muestras.
Al día siguiente, se ordenó la prohibición de salida del país, a la presunta víctima, no notificada, al igual que a su madre, tampoco notificada y que obviamente no estaba imputada de delito alguno. En precaución, ambas se realizaron un estudio genético en una institución privada que certificó el vínculo parental entre ambas, de lo cual se informó al juzgado.
Posteriormente se le notificó a la presunta apropiada la resolución de fecha 08/sep/2014, que se adjunta, y en sus partes pertinente dice:
Por recibido, agréguese y téngase presente el resultado del estudio de histocompatibilidad inmunogénetica practicado respecto de los elementos secuestrados del domicilio de …
Asimismo, líbrese cédula a diligenciar en el día a fin de que … concurra a este tribunal el día … con el objeto de tomar conocimiento del resultado del análisis.
Habiéndose constatado que … no tiene vínculo biológico con ninguno de los 151 grupos familiares que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos por haber sido denunciados como víctimas de supresión de estado civil en la última dictadura militar, y sin perjuicio de la copia del estudio presentado a fs. 136/42, entiendo que queda pendiente verificar si la nombrada tiene o no vínculo biológico con … quienes figuran como madre y padre en la partida de nacimiento…
De lo expresado en el escrito emitido por el juzgado resulta manifiesto que: a) el domicilio en el que se practicó el allanamiento no es el de quien se pretendía notificar; b) la presunta víctima no tiene vínculo biológico con quienes aportaron muestras biológicas como familiares de posibles secuestrados; c) que el número de presentantes al 08/sep/2014, era de 151 grupos familiares, muchos menos que los más de 400 ó 500 que según las publicaciones denunciara Abuelas; d) que el estudio acompañado por la madre y la hija no son considerados como válidos, con el consecuente menoscabo a la credibilidad del laboratorio que lo efectuó y los profesionales que participaron, sin que para ello exista ni motivación ni fundamentación; y e) que hay un notorio exceso en el pedido de nuevas pruebas de vínculo genético, ya que, si la presunta víctima no está, por datos genéticos, vinculada a causa por apropiación durante la dictadura militar, la solicitud judicial viola lo establecido por la ley 26.548 de modificación del BNDG.
Ante tales violaciones a las garantías judiciales, ambas se niegan a realizarse un nuevo estudio genético, por la falta de seguridad en la imparcialidad del citado Banco. Además, se verificó, que el domicilio de la presunta apropiada fue actuado por el seguimiento efectuado por una fuerza de seguridad, que constató haber visto salir a la misma tres veces del edificio en el que vivía su madre, no del departamento. Dicho informe fue presentado al juzgado, por nota del Ministerio de Seguridad, más de un mes después del allanamiento perpetrado.
Ante la continuidad de la persecución realizada por la querellante con apoyo del juzgado, se efectuaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición y una solicitud de medidas cautelares, copia de las cuales y con copia de la constancia de recepción por parte del citado organismo internacional, se presentó al juzgado, luego de lo cual, el fiscal actuante, requirió que previo a la prosecución del proceso, se verificara la notificación del mismo. Desde entonces, el expediente quedó paralizado.
También se ha tomado conocimiento, que un colega en el desempeño de su profesión, del grupo etario establecido en la ley del BNDG, en un trámite judicial fue obligado a realizarse un estudio de ADN, previo a la prosecución del juicio. Luego de presentar una prueba de ADN en laboratorio privado de él y sus padres, el juzgado ordenó que debía realizarlo ante el BNDG único que podía validar su identidad, de la cual el citado no tenía duda alguna. Otra clara demostración de prejuzgamiento, inversión de la carga de la prueba, y compulsión a utilizar una entidad que como se ha indicado el título [C] Normativa de derecho interno, item 3, del presente informe, por tener vinculación directa con las partes interesadas, genera dudas sobre su imparcialidad.
Por último, y si bien no tiene vinculación con un trámite judicial, cabe considerarse una reciente publicidad efectuada por la asociación Abuelas, que se ha trasmitido por televisión y a la que puede accederse por YouTube: https://youtu.be/sBgXPwIIZ7Q
En la misma una menor de edad dice que en la escuela le plantearon la posibilidad de que los adultos adoptados lo fueran en forma ilegal, lo cual es preguntado por la niña al padre mientras mira la foto de los abuelos en el celular con expresión de angustia, y consecuentemente, poniendo en duda el comportamiento de los padres adoptivos de su progenitor y con reproche al propio padre. Luego culmina el aviso informando que, si se tienen dudas y se ha nacido entre 1975 y 1983, se puede presentar ante Abuelas, modificando la fecha de la ley ya que es a partir de 1976.
Hay una clara intromisión en los derechos del niño al plantearle dudas sobre su origen, con base a presunciones etarias, y en clara defensa al sesgo identitario.
[E]:Necesidad de constituir un verdadero banco nacional de datos genéticos:
Se ha tratado hasta ahora el tema de la identidad de origen que está estrechamente vinculada a la «identificación». El individuo no solo debe contar con su identidad subjetiva, sino que también debe hacerla valer ante el prójimo, ante la comunidad. Para esto, desde antiguo se han usado formas de determinar quién es cada individuo, como ello los nombres, los apellidos, los gentilicios, ciertas marcas corporales que establecen la pertenencia a un grupo. Con el desarrollo de la civilización esas formas de identificación se ordenaron en archivos, y en registros de nacimiento, profesión, religión, y todos los que en su momento fueran accesibles al desarrollo de cada comunidad.
Un importante adelanto en el sistema identificatorio lo constituyó el descubrimiento de la dactiloscopía, estudio de las impresiones dactilares, utilizadas para la identificación de las personas. Su creador fue el antropólogo y policía nacido en Croacia, Juan Vucetich, que el 01/sep/1981 realizó las primeras fichas dactilares en la Oficina de Estadísticas de la Policía Bonaerense, lo que valió que dicha fecha fuera considerada como día mundial de la criminalística. En 1905, su sistema dactiloscópico fue incorporado por la Policía como método de identificación de personas. Y dos años después, la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas desarrollado por Vucetich era el más exacto conocido hasta ese momento. Desde entonces el sistema dactiloscópico es utilizado en todo el mundo.
Obviamente, el sistema no tendría gran valor si solo pudiera ser usado por comparación directa entre la huella del individuo y el objeto donde la dejo impresa, por lo cual surgió la necesidad de establecer un archivo de huellas digitales, para el cotejo en circunstancias de que quien haya sido quien dejo la huella no se encuentre presente, lo cual ha permitido en más de un siglo la identificación de personas, en medidas de seguridad, en la de autores de delitos. Hoy la tecnología ha permitido que estas bases de datos se internacionalicen, y los métodos de comunicación, que su transferencia pueda ser realizada tanto nacional como internacionalmente.
El avance de la ciencia y la tecnología, ha logrado desarrollar nuevas formas de identificación, huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento voz, control mediante lectura del iris, palma de la mano o del pie, lector de venas, y por su puesto el estudio comparativo de muestras de ADN. Este último cuenta con la ventaja de poder utilizarse tanto entre personas vivas como entre fallecidas, ya que puede efectuarse en cadáveres con mucho tiempo de antigüedad, con el solo requisito de contar con algún fragmento corporal, y en otros casos mediante las muestras de fluidos corporales.
Para que las comparaciones de ADN sean realizables es necesario también, contar con bancos de datos donde se recauden la mayor cantidad de muestras posibles. A nivel nacional, este banco recibe muestras solo cuando se acredite que existe la posibilidad de haber sido víctima de delitos de apropiación de menores cometidos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.
El sistema de identificación por ADN, ha tenido gran desarrollo en otros países, y la creación de un banco de datos ha sido ordenado por el sistema Combined DNA Index System (CoDIS) que es la base de datos nacional de EE. UU., creada y mantenida por el FBI. El CoDIS era una extensión de Grupo de Trabajo Técnico en Métodos de Análisis del ADN (TWGDAM, ahora SWGDAM) que desarrolló guías normalizadas para la práctica en laboratorios forenses en EE. UU. y Canadá, cuando comenzaron a trabajar con muestras de ADN en los años 80. Hoy su aplicación se ha extendido a nivel global, permitiendo una rápida y segura identificación de individuos.
Este sistema, no solo es de aplicación en cuanto a la lucha contra el delito, ya que también permite la identificación de individuos en caso de accidentes, y en grandes catástrofes, donde la identificación de cadáveres se ve dificultada por su estado de descomposición o deterioro que no hacen posible la aplicación de otros métodos. Entre otras aplicaciones, las bases de datos de ADN, son utilizables en casos de trasplantes de órganos.
Argentina, no cuenta con una base general de datos genéticos lo cual la coloca en dificultades para la aplicación del sistema CoDIS. No obstante, el CoDIS está instalado en las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, en el Ministerio de Justicia y en los Laboratorios Genéticos de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina, y pronto se instalará en la provincia de Buenos Aires, en Salta y en la CABA.
Es más, existe una presentación de modificación del Registro de Bancos Genéticos, pero el regulado por Ley. N°. 26.879, de delitos vinculados a la inseguridad sexual. El proyecto fue presentado por el senador nacional por Mendoza (UCR) Alfredo Víctor Cornejo, y el diputado nacional por Santa Fe, Juan Martín, (UCR), registrado bajo el N°. 2258/22, a la fecha en comisión. Al texto del proyecto puede accederse en:
Este proyecto cuenta con una presentación bajo el título «Proyecto Modificación de Ley: Registro De Datos Genéticos» del 06/oct/22, con el acompañamiento de la organización «Madres del dolor» representada por la Sra. Isabel Yaconis y la entidad «Usina de justicia», representada por el Sr. Guillermo Bargna, disponible en YouTube:
Si bien en ciertos sectores, sostienen que los sistemas de identificación tanto locales como globales implican una violación a la intimidad, lo real, es que a la fecha todos los individuos, al menos en lugares con cierto desarrollo, sufren una mengua a su intimidad; cantidad de cámaras tanto públicas como privadas, controlan las calles, las casas y los establecimientos comerciales e industriales, así como las numerosas fotos y videos que se toman con celulares y son subidos a las redes sociales incluyendo imágenes íntimas. Existen muchas aplicaciones de identificación privada como las que cuentan hasta algunos celulares como las de reconocimiento facial, u ocular, método que también se utiliza en numerosos aeropuertos.
También podemos considerar, los documentos de identidad, las claves fiscales, códigos de acceso a oficinas, a cuentas bancarias, a sistemas de comunicación, e incluso llaves codificadas para el ingreso al domicilio. Cada ingreso a las redes imprime una huella digital.
Es cierto que las bases de datos de red generan temores por la posibilidad de su mala utilización. En general los sistemas de datos más sensibles cuentan con el control y protección estatal y judicial, y solo a través de estos se puede acceder a los datos. Es cierto que como toda obra humana es falible, sea por defectos de su implementación como por la intromisión delictiva, pero esto no debe objetar su implementación, sino solo procurar mejorar el sistema. Existen graves delitos, como la trata de personas, el tráfico ilegal de armas o de drogas, que requieren acceso rápido a la información tanto a nivel local como mundial; los individuos se trasladan por el planeta, tanto en forma individual como masiva, producto de catástrofes, guerras, persecuciones políticas y religiosas, entre otras. Recientemente se denunció que Rusia secuestró a más de 6.000 niños ucranianos, cuyo destino se ignora, y en algún momento habrá que identificarlos para su restitución.
En lo que hace al objeto del presente dictamen, debe considerarse que la única forma de que los miles de personas que buscan su identidad puedan lograr obtenerla, es con la generalización en la toma de muestras de ADN para su comparación. La seguridad jurídica debería cumplirse, por el hecho de que este tipo de trámite de comparación requiere ser efectuado por el sistema judicial, que se supone es el control de legalidad dentro del Estado.
Es necesario un trabajo coordinado entre especialistas en el área jurídica para garantizar la legalidad, así como de los sectores técnicos tanto en el área médica o de laboratorio, como en la implementación de sistemas informáticos que posibiliten la efectividad de los cotejos de datos y su seguridad. En esto también deben colaborar, en lo que respecta al marco legal las asociaciones de abogados, ya que no solo cuentan con conocimientos jurídicos, sino también, al menos muchos, de experiencia práctica en la aplicación de estos métodos de identificación.
PROPUESTAS
Elaborar un proyecto de ley, sobre la reforma integral del Banco Nacional de Datos Genéticos, que permita la inclusión de muestras de ADN, sin restricciones de ningún tipo.
Considerar que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado esta obligado a establecer o reformar normas, en defensa de derechos humanos, de modo de dar cumplimiento al artículo 1 de dicha Convención.
Solicitar informes y en su caso iniciar las investigaciones pertinentes sobre la cantidad de personal que actúa en los diferentes organismos, que participan dentro de la CONADI. Asimismo, sobre los presupuestos, sueldos y gastos que genera su funcionamiento. Solicitar informes sobre rendiciones de cuentas.
El nuevo banco, debe integrarse al sistema de identificación de personas, junto con los registros dactiloscópicos, y todo otro medio de individualización que surja (reconocimiento facial, reconocimiento voz, control mediante lectura del iris, palma de la mano o del pie, lector de venas).
Debe establecerse una organización que lleve la aplicabilidad del sistema de identificación (en USA el CODIS esta a cargo del FBI), bajo el control del Poder Judicial, ya que es este poder el que en definitiva habilita el uso de los datos y a fin de garantizar la seguridad jurídica.
El control técnico del manejo de las toma y muestras de ADN, debe depender del Cuerpo Médico Forense.
Debe establecer el manejo de la información con otros stados, para facilitar el intercambio de datos y favorecer un rápido cotejo, fundamentalmente en los casos de delitos trans nacionales.
Establecer y controlar, los sistemas informáticos a fin de evitar filtraciones de información, así como de medidas de protección contra hackeos.
Así como se hizo a principios del siglo pasado con el registro dactiloscópico, arbitrar los medios para una rápida y eficiente registración de las Muestras de ADN.
Sobre la base del proyecto de ley, utilizar los nuevos medios de información (YouTube, Twitter, etc.) para lograr la mayor difusión del proyecto, así como explicar las implicancias del mismo, de esta forma, lograr un mejor acceso a los medios periodísticos tradicionales, que pueden ser influenciados por la cultura de la cancelación, y la presión de los grupos identitarios, que bajo una presunta protección a los derechos humanos, limitan la libertad de pensamiento y de opinión, y en los temas de identificación terminan haciendo protección a los grupos u organizaciones que se mueven fuera de los marcos legales, y que serían afectados por el mejoramiento y eficacia de medios de identificación.
Establecer o fomentar actividades académicas para explicar la importancia del tema, trabajando en forma conjunta con agrupaciones de la sociedad civil, generando acuerdos o convenios para su difusión.
Establecer una forma simple para que quienes buscan establecer su identidad, puedan acceder al cotejo de datos genéticos y recuperar así su filiación.
Conversamos con el dirigente político Juan Carlos Neves, de Nueva Unión Ciudadana, sobre actualidad política de Argentina. Hablamos de seguridad, pobreza, corrupción, el rol de la oposición, y las opciones para este 2023, que hay elecciones presidenciales.
Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto para Argentina
El 1 de marzo de 2023, el presidente Alberto Fernández, dio un discurso en el acto de apertura del año legislativo, no exento de polémica. Qué opinión tiene al respecto.
La Constitución Argentina establece en el Artículo 99 de su Capítulo tercero, las atribuciones del Poder Ejecutivo y, entre ellas, se encuentra la de inaugurar el período Legislativo con un discurso que presente el estado de la Nación, las reformas prometidas por la Constitución, y recomiende a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
El Presidente Alberto Fernández excedió largamente sus atribuciones pues dedicó buena parte de su discurso a criticar duramente el accionar de la justicia y, en particular , el de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, dos de los cuales se hallaban presentes y fueron mostrados por las cámaras mientras eran maltratados sin posibilidad de respuesta. No solo se los criticó por sus fallos sino que llegó a decir que tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura entre otras barbaridades de similar tenor.
Estas expresiones fueron inapropiadas e indignas de la investidura presidencial. En cuanto al resto, podemos decir que la descripción del estado de la Argentina fue falaz y carente de puntos de contactos con la realidad.
Por ser su último discurso de apertura de sesiones constituyó un cierre lamentable para una gestión de similar tenor.
En el discurso presidencial, fue resaltado su gestión en la crisis frente a la pandemia COVID. Ud. fue una de las pocas voces críticas sobre la cuarentena eterna. ¿Considera que los actuado por el gobierno debería ir a la Justicia?
Los errores, la falta de criterio y el abuso del encierro que golpearon duramente a la economía y afectaron el espíritu de la población probablemente no sean judiciables, aunque sí fueron lamentables.
Lo que si llegó a la justicia fue la realización de las fiestas privadas que protagonizaron el presidente y su pareja en la Quinta Presidencial en plena cuarentena y que trascendieron por la filtración de fotografías luego de que , en primera instancia, el presidente mintiera al pretender negar el hecho. El señor presidente, que tanto critica a la justicia, en este caso se valió de sus influencias para que todo se resolviera con una multa que él mismo fijó.
Todo el manejo de la pandemia en la que el presidente actuó excluyendo al Congreso mucho más allá de lo que la ejecutividad de las primeras acciones requerían, la elección o descarte de las vacunas según las preferencias ideológicas antes que sanitarias, los vacunatorios que privilegiaron a los amigos y una interminable serie de irregularidades sitúan a la gestión de la pandemia por parte del gobierno como uno más de sus muchos fracasos.
Rosario, ha sido noticia otra vez por la escalada de violencia criminal. La pre candidata a presidente Patricia Bullrich de la coalición Juntos, proponer movilizar las Fuerzas Armadas. Puede darnos su punto de vista, en particular que acciones concretas tomaría Ud. si estuviera al frente de la política de seguridad.
La propuesta de movilizar a las Fuerzas Armadas en Rosario la califico de inapropiada y oportunista. Los dirigentes políticos saben muy bien que el plexo legal que ellos mismos elaboraron con las leyes de Defensa y Seguridad no permite el accionar de las Fuerzas Armadas en una situación como la planteada. Esas leyes han impedido incluso que las FFAA dispongan de elementos para tales funciones como armas no letales y sistemas de comunicación compatibles con los utilizados por la policía y las Fuerzas de Seguridad.
No puedo dejar de mencionar que cuando las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán contra el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, por un Decreto Presidencial del año 1975, lícito y promulgado en plena democracia, se vieron sometidas 40 años después a juicios y condenas bajo la figura de delitos de lesa humanidad que ni siquiera existía en la época de los enfrentamientos.
Ahora se los envía a efectuar tareas que no se corresponden con su formación y entrenamiento solo para fingir que se actúa con seriedad ante los narcotraficantes llevándolos a un entorno y a situaciones que pueden redundar en serios perjuicios.
Lo primero que haría si estuviera al frente de la política de seguridad sería realizar una tarea seria y profesional de inteligencia para determinar: 1. los campos de producción (que los hay, aunque se lo niegue) y los laboratorios de procesamiento de la droga para luego erradicarlos con operaciones sorpresivas y precisas; 2. Las vías de ingreso de la droga, aéreas, terrestres y fluviales para lo que empeñaría a la gendarmería y prefectura con el apoyo de elementos de detección y en el caso aéreo con aeronaves con capacidad y autorización para el derribo; 3. Las redes de distribución contra las que se debe actuar con leyes que flexibilicen las exigencias para realizar allanamientos; 4. Los circuitos del lavado de dinero de la droga para actuar en forma inflexible contra los financistas y los grandes operadores; 5. Los cómplices enquistados en las fuerzas de seguridad y policiales y los políticos que reciben dinero de los narcotraficantes para sus campañas o para permitir que actúen impunemente.
En el caso particular de Rosario hay una primera medida que es la de quitar o bloquear todos los teléfonos celulares de los detenidos para evitar que sigan operando desde las cárceles.
Asimismo, es imprescindible iniciar una enérgica campaña en institutos educativos primarios y secundarios para que los jóvenes tomen conciencia del daño para su salud y para su entorno familiar que resulta del consuno de drogas. No existen drogas “recreativas”, todas las drogas constituyen un veneno que los destruyen más o menos rápido pero que siempre los destruyen.
En materia de política económica, observamos una carencia de propuestas. En los programas periodísticos, desfilan economistas que solo hablan del dólar e inflación, pero de soluciones o una visión de largo plazo, poco. Podría darnos su opinión al respecto.
El espacio político de centro derecha al que pertenezco propone un programa desarrollista que pone el énfasis en la producción y el trabajo y que considera que los problemas económicos no se solucionarán achicando la economía sino aumentando sustancialmente la producción y la exportación.
Para ello tenemos planes para terminar rápidamente con los planes y subsidios estatales y reemplazarlos con un programa masivo de capacitación laboral que permita emplear a los desocupados en programas de obras públicas que ya cuenten con presupuesto.
Proponemos también un ambicioso plan de obras públicas financiadas a través de licitaciones nacionales e internacionales para la concreción de grandes obras de energía como la represa del Paraná Medio que puede producir tanta energía como toda la que ya se produce en el país; el proyecto de los canales del Bermejo que brindará energía, control de inundaciones y transporte fluvial interno de muy bajo costo; el puerto de aguas profundas que reducirá los costos logísticos de exportación y el proyecto de la red federal de autopistas financiada con el impuesto que ya se aplica a los combustibles propuesto por el Doctor Laura y que ha sido rechazado por los intereses creados de los lobbys de quienes lucran con los peajes de rutas que no construyeron.
En materia financiera proponemos un cambio del dólar alto, tasas de interés bajas y superávit fiscal. La idea es ofrecer a los ahorristas opciones que brinden intereses que cubran la inflación más algunos puntos de ganancias y atraer a los ahorristas nacionales que mantienen miles de millones de dólares en el extranjero debido a la desconfianza que han generado los sucesivos gobiernos expoliadores e incumplidores sistemáticos.
Finalmente, lo que sufrirá un feroz ajuste será el gasto político eliminando los ministerios innecesarios, los que solo se crearon para satisfacer a los socios ideológicos, las colonias de asesores y las miríadas de cargos públicos que existen como pago encubierto a los militantes políticos afines al poder de turno.
Para que todo ello sea posible combatiremos con mucha determinación a la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado sin distinguir propios de ajenos a la hora de sancionar los delitos que se originan en el robo al pueblo y sus necesidades.
Su partido Nueva Unión Ciudadana, forma parte de un espacio de centro derecha. ¿Piensan en un armado propio, participar en alguna coalición mayor de cara a las elecciones 2023?
Nuestra intención, si Dios nos ayuda a superar los innumerables obstáculos que el actual sistema jurídico político nos plantea, es conformar una alianza nacional de centro derecha, realizar una interna entre los precandidatos de los partidos participantes y llegar a la elección general con un candidato propio, independiente y alejado de lo que en este momento constituyen alternativas de una única visión, subordinada al imperio de los mercados financieros y de las imposiciones de un progresismo alejado de la fe en Dios, la vocación de servicio, el amor a la patria y la familia y la defensa de la vida y las tradiciones nacionales.
Debo decirle que como presidente de Nueva Unión Ciudadana y coordinador del espacio político ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha) me han propuesto ser uno de esos precandidatos y que estoy dispuesto a asumir tal responsabilidad con toda la fuerza y convicción de un patriota, un veterano de guerra y un soldado de Dios.
La tarde de ese 5 de marzo de 2013 el tiempo se detuvo. Cuando el entonces vicepresidente venezolano Nicolás Maduro informó en cadena nacional que el presidente Hugo Chávez había fallecido, un suspiro colectivo dio paso al llanto. El líder de la Revolución Bolivariana cinco meses atrás había ganado las elecciones presidenciales con 55,07 % de los votos, casi 11 puntos porcentuales por encima de su contrincante Henrique Capriles Radonski, en una intensa campaña, catalogada como épica, que emprendió mientras padecía de cáncer.
La conmoción por el anuncio de su muerte causó segundos de paralización, desmayos, gritos e incertidumbre en las calles. Miles de venezolanos se volcaron a las plazas a expresar su dolor por la pérdida. En esos días era común escuchar y ver escrito en las paredes: “Chávez no murió, se multiplicó”.
“Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo: a las 4:25 de la tarde, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años”, dijo Maduro aquel 5 de marzo.
Un día después, el féretro con los restos de Chávez salió del Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en la parroquia caraqueña de San Juan, donde el líder revolucionario permaneció hasta su deceso, y fue trasladado en una multitudinaria marcha hasta la Academia Militar, en la parroquia El Valle, a unos 13 kilómetros.
En la Academia Militar, donde se graduó en Ciencias y Artes Militares, el 8 de marzo se hizo el funeral de Estado, al que acudieron 32 presidentes y primeros ministros y delegaciones de más de 50 países. Ese día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que Maduro asumiría temporalmente la presidencia, según una nota del Ministerio de Comunicación e Información.
Frente a los presentes, Maduro, con la voz quebrada por el llanto al hablar del líder latinoamericano nacido el 28 de julio de 1954, dijo: “Aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo para siempre, para todos los tiempos. ¡Comandante, no pudieron contigo! ¡No podrán con nosotros jamás!”.
El 13 de marzo de 2013, en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para honrar su memoria, el entonces secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, destacó la “visión eminentemente latinoamericana” de Chávez y aseveró que “ofreció un impulso decisivo para nuevos esfuerzos hacia la integración regional”.
Las honras fúnebres, a la que asistieron unas seis millones de personas, se extendieron hasta el 15 de marzo, cuando fue trasladado al Cuartel de la Montaña 4F, en el parroquia 23 de Enero, desde donde dirigió la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, y donde se encuentra ahora.
A partir de 2015, el presidente estadounidense Barack Obama declaró “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que Venezuela representaba para Washington. A partir de allí, tanto EE.UU. como otros países han impuesto 929 medidas punitivas contra la nación suramericana, lo que ha tenido un “efecto devastador”y “catastrófico” en la población, según la Organización de Naciones Unidas.
Desde 2014, el país perdió el 99 % de sus ingresos en dólares. En diciembre de ese año, Obama firmó la ‘Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela’, que abrió la puerta para las medidas que vendrían meses después y que aún no cesan.
La oposición optó por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2014 y de 2018, como estrategia desestabilizadora, en medio de la presión y el cerco de los países aliados de la oposición venezolana.
En 2019, el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” y desde la Asamblea Nacional, con apoyo internacional, promovió una serie de acciones para derrocar a Maduro, en medio de varios escándalos de corrupción. Apenas en diciembre de 2022, un grupo de exparlamentarios decidió que su supuesto gobierno, sin validez constitucional, quedaba sin efecto.
Durante una reciente transmisión televisiva, el mandatario venezolano afirmó que, 10 años después, “la mejor forma de recordar a Chávez no es llorando”.
“Me dejé de eso hace tiempo, porque bastante que lo lloré. No es recordarlo como pasado, es hacerlo como presente, como reto de futuro”, expresó.
Se espera que la actividad central sea el ‘Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI’, que reunirá durante tres días a distintas personalidades, intelectuales, movimientos sociales, activistas y políticos.
Por su parte, la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, con sede en el Cuartel de la Montaña, a partir del 5 de marzo inaugurará la exposición sobre el periodo de su vida antes de alcanzar la presidencia en 1998.
Rafael Aguirre, miembro de esa Fundación, informó en entrevista con RT que del 6 al 14 de marzo recibirán a los visitantes que quieran rendir homenaje al líder bolivariano.
Asimismo, se prevé que el 15 de este mes el Gobierno venezolano organice una caravana desde la Academia Militar hasta el Museo Histórico Militar, como también se le conoce. La actividad se clausura en la Plaza 4 de Febrero, a las afueras del Cuartel de la Montaña, con un evento para conmemorar la declaración del joropo, un género musical exaltado por Chávez como Patrimonio Cultural de la Nación, en 2014.
“Puedo decirle al mundo que diez años después podemos hablar, porque el dolor era tan grande que nos sumió en una tristeza”, son las primeras palabras de la historiadora Gladys Arroyo, presidenta de la Fundación Centro de Formación e Investigación Carmen Clemente Travieso.
Recuerda que el impacto de la noticia fue paralizante. “Aunque fue una verdadera tragedia para el pueblo, fuimos superando aquella difícil hora”, dice desde las cercanías del Mausoleo del Libertador, en el centro de Caracas.
Mientras habla, Arroyo establece una línea cronológica con los momentos más difíciles que ha atravesado el país en la última década. Recuerda que la oposición obtuvo la mayoría de escaños en las elecciones parlamentarias de 2015. “Y el imperio dijo: ‘Es nuestra oportunidad. Nos hacemos de nuevo del poder'”, afirma.
En su recuento se refiere a las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela; a la ‘guerra económica’; a las protestas de 2014 y de 2017, impulsadas por dirigentes de la ultraderecha, que causaron más de una centena de muertos; y a las “acciones como quemar gente viva”.
“Hemos derrotado guarimbas (protestas violentas); terrorismo; un intento de magnicidio en 2018 y de golpe de Estado en 2019; dos intentos de invasiones, la del 23 febrero de 2019 en los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela y la Operación Gedeón”; y una incursión marítima fallida, en 2021.
“El imperio pensó que con la muerte de Chávez se acababa la Revolución Bolivariana. ¡Cuán equivocados estaban! Ellos no saben de dónde venimos: somos un pueblo de libertadores”, dijo la historiadora.
Sobre los aprendizajes en medio de la adversidad, se refiere al trabajo “en el seno del pueblo” y recomienda no contar con victorias que aún no se han materializado. “En dos años de pandemia y de guerra económica aprendimos a multiplicar los panes, las lentejas, el arroz, a compartir con nuestra comunidad”.
Carlos Ponce Clavero, vocero del Consejo de Trabajadores Comandante Eterno, considera que el mayor aprendizaje en esta década “de tanta dificultad” ha sido “la forja” por la defensa de Venezuela.
“Aquí han bombardeado invisiblemente todo, es una guerra diferente, criminal”, dice al referirse a las acciones que buscan deponer al mandatario venezolano. “Nicolás Maduro ha logrado en estos años mantener la paz”, agrega.
Por su parte, Aguirre, de la Fundación Comandante Eterno, expresa que en estos diez años, ya “con mucha más calma”, entiende más a Chávez “como presidente y, sobre todo, como humano”.
“Fue un estratega, un visionario, capaz de proyectar escenarios posibles y dar en el blanco. Sabía que Venezuela, por su ubicación geopolítica, con todos los recursos que tiene, jugaba duro en el concierto internacional”, dice Aguirre.
En su opinión, ante la posibilidad de que no pudiera cumplir con el mandato presidencial, Chávez “ya se adelantaba en los escenarios que vendrían, como el ataque económico para asfixiarnos”.
“Gracias a esa visión estratégica, la gente que lo acompañó aprendió de él y, afortunadamente, el presidente y su equipo han sabido sortear los ataques, esquivarlos, y darles respuesta”, agregó Aguirre.
El Cuartel de la Montaña ha recibido a visitantes tan diversos como Rigoberta Menchú, Danny Glover, Diego Armando Maradona “y personas de la vida cultural de otros países que no te imaginabas que eran chavistas”, dice Aguirre.
“Vienen rusos, bielorrusos, vietnamitas, nicaragüenses. Y no solo del llamado ‘eje del mal’, también han venido estadounidenses, europeos y mucha gente que pide que no le digamos a nadie que estuvieron aquí”, comenta entre risas.
Cuenta que hay señoras que piden llevarse una muestra de agua del estanque que rodea la ‘Flor de los Cuatro Elementos’, una construcción de granito que decora el sarcófago, “porque dicen que se soban las rodillas con ella y las articulaciones mejoran”.
Cuando Menchú fue al sitio junto a una delegación maya, recuerda que al entrar al mausoleo manifestó que se sentía mucha energía. “El grupo se hincó e hizo un ritual”, recuerda Aguirre.
En el tiempo en que se establecieron mesas de trabajo para definir el propósito del espacio, la comunidad pidió que el lugar ofreciera al visitante una experiencia más cercana e íntima que la del Panteón Nacional, donde se encuentra el Mausoleo de Simón Bolívar.
En el interior del Cuartel se rompe con el protocolo y se permite que los representantes de los estados venezolanas lleven sus manifestaciones culturales, “porque de alguna forma asocian la figura de Chávez con su identidad”.
La Fundación, creada en 2013 por los familiares del mandatario, es presidida por su hija Rosa Virginia Chávez. Su finalidad inicial fue la de “proteger y mantener” su legado, pero con el tiempo se ha enfilado a “mostrarle a la gente un Chávez más humano: el niño, el joven, el soldado y el líder político”, como resultado de la investigación sobre su vida.
“Ha habido una evolución en la Fundación, que pasó por entender de una manera desordenada al Comandante, siendo presidente, a detenerse para entenderlo en su justa dimensión y espacio natural”, concluye.
¿Alguna vez te has sentido frustrado contigo mismo por ensuciarte, quedarte despierto hasta muy tarde o vetarte en el sofá? No seas tan duro contigo mismo.
Resulta que algunos de estos hábitos aparentemente negativos en realidad pueden estar relacionados con la inteligencia. Entonces, la próxima vez que alguien te etiquete como perezoso o distraído, tómalo como un cumplido. En realidad, podría ser una señal de que eres más inteligente que la mayoría de las personas.
Con eso en mente, veamos algunos hábitos extraños que tienen las personas muy inteligentes.
Desordenados
Los pensamientos de alguien con un alto coeficiente intelectual pueden evocar imágenes de un científico con una bata de laboratorio en un laboratorio estéril blanco brillante. Pero rara vez la gente inteligente trabaja en condiciones tan prístinas.
De hecho, sus espacios de trabajo suelen ser bastante desordenados. No es que sean unos vagos. Las personas inteligentes tienden a ser más creativas, lo que puede generar desorden, ya que pueden consumirse fácilmente por un problema o problema, poniendo el orden en un segundo plano. Y la investigación respalda esto.
Los estudios muestran que los espacios de trabajo desordenados promueven la creatividad al inspirar libertad y nuevas ideas. Los entornos ordenados, por otro lado, pueden ser restrictivos en el sentido de que fomentan la conformidad y desalientan el pensamiento fuera de la caja.
Les gusta quedarse despiertos hasta tarde
La televisión y las películas a menudo muestran genios creativos que trabajan furiosamente en un nuevo invento a todas horas de la noche. De hecho, se ha descubierto que aquellos que se acuestan más tarde tienen un coeficiente intelectual más alto, y aunque existen varias teorías diferentes que explican este fenómeno, la adicción al trabajo no es una de ellas.
Una explicación vincula este comportamiento con la evolución. Dado que la noche era generalmente más peligrosa, nuestros antepasados que tenían que trabajar en el “turno de noche” tenían que ser más inteligentes para sobrevivir.
Otra explicación evolutiva podría ser que nuestros predecesores creativos se quedaban despiertos toda la noche debido a los diferentes ritmos circadianos, algo que se ha transmitido de generación en generación como relojes internos sesgados.
Los psicólogos plantean la hipótesis de que las personas inteligentes también son más introvertidas y, por lo tanto, prefieren la reclusión nocturna para poder pensar sin interrupciones.
Blasfeman
Las personas a menudo asocian las blasfemias con niveles más bajos de educación e inteligencia, lo que sugiere que cuando alguien no puede encontrar una palabra más apropiada, llena sus oraciones con vulgaridades genéricas. Resulta que lo contrario es en realidad cierto.
Aquellos que saben más palabrotas tienden a tener un vocabulario más extenso en general y la habilidad lingüística se correlaciona con una mayor inteligencia.
Por lo tanto, tiene sentido que las personas más inteligentes sepan más palabrotas. Sin embargo, es posible que no los usen todo el tiempo, ya que también poseen la capacidad de evaluar cuándo y dónde es aceptable usar ese lenguaje.
Toman duchas frías
Varios genios famosos aprovecharon el factor frío. Benjamin Franklin nadaba en el frío río Támesis de Londres, mientras que Theodore Roosevelt se bañaba desnudo en invierno en el río Potomac en Washington, D.C. Resulta que sumergirse en agua fría es una práctica antigua que beneficia el cuerpo y la mente.
Hipócrates llegó a decir que la terapia con agua alivia la debilidad mental y física. Cuando el cuerpo se ve obligado a adaptarse rápidamente al agua fría, se desencadena un shock que bombea sangre fresca al cerebro y otros órganos vitales, vigorizando el cuerpo. También se relaciona con una mejora en el estado de ánimo y la memoria, lo que conduce a una mayor productividad.
El sonido de masticar les molesta
Las personas con un alto nivel de cognición creativa pueden encontrar que el sonido de alguien masticando fuerte o chasqueando la goma de mascar les distrae particularmente. Esto se debe a que no pueden bloquear la información sensorial irrelevante, incluidas las alteraciones auditivas.
Al igual que los cerebritos prefieren trabajar hasta altas horas de la noche, prefieren entornos tranquilos porque les permite concentrarse sin distracciones.
El oficialismo y la oposición de Argentina se unieron en una carta para felicitar a Francisco al cumplir sus primeros diez años como papa, lo que provocó una sorpresa debido a los altos niveles de polarización que padece el país sudamericano.
“En este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad”, señala la misiva que, además, se dio a conocer en medio de las precampañas presidenciales rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.
Entre los cientos de firmantes destacan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes sostienen su propia pugna interna en el Gobierno.
Desde la oposición, las firmas más destacadas son las del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la diputada María Eugenia Vidal, ya que ambos son precandidatos presidenciales de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, que es liderada por el expresidente Mauricio Macri.
En la carta, los dirigentes reconocen el trabajo de Francisco en favor de las personas excluidas y los pueblos pobres, además de su firme defensa de la paz mundial y su permanente promoción de una Ecología Integral.
“Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo”, señalan.
También reconocen las resistencias que genera su labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos.
“Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo”, agregan al referirse al hecho de que Francisco no ha ido su país natal en su década como papa.
Él mismo ha reconocido que uno de los principales motivos es evitar que su figura sea utilizada por la política local, algo que ha ocurrido desde que se convirtió en Sumo Pontífice.
A pesar de que no ha viajado a Argentina en 10 años, Francisco ha sido protagonista de las peleas políticas locales, ya que su figura ha sido disputada desde todos los sectores.
Cuando vivía en Buenos Aires, antes de convertirse en papa, era considerado un opositor a la peronista expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero una vez que se instaló en El Vaticano, fue catalogado como uno de sus “militantes”.
Entre los motivos, destacaron las frecuentes audiencias que ha otorgado a políticos peronistas y que contrastan con los que les ha brindado a sus adversarios.
Por ejemplo, ya quedaron para la historia las cuatro reuniones que sostuvo con Fernández de Kirchner, que duraron varias horas y en las que el Papa se mostró sonriente.
La diferencia fue marcada en las audiencias en las que recibió a Macri, ya que fueron breves y todo el tiempo mantuvo el gesto adusto.
De hecho, en la carta es notoria la ausencia de Macri, así como de una de sus precandidatas presidenciales, María Eugenia Vidal, y la exdiputada Elisa Carrió.
El clima de tensión que han mantenido los políticos argentinos en torno al papa ha sido constante. Por eso sorprendió la misiva que está firmada por más de 300 personalidades, entre ellas gobernadores, senadores, diputados, ministros nacionales y locales, líderes de organizaciones sociales, sindicalistas, académicos universitarios, músicos y dirigentes deportivos afines a varios signos políticos.
Una cocinera de una escuela secundaria fue acusada de agredir sexualmente a un estudiante en el estado de Connecticut (EE.UU.).
En enero, los administradores de la escuela contactaron con la Policía de la ciudad de New Fairfield tras obtener información sobre una supuesta relación inapropiada entre una empleada y un alumno de 14 años de edad. Durante la investigación se reveló que el estudiante se ha había estado comunicando durante meses con una cocinera del centro educativo, identificada como Andie Rosafort, quien supuestamente le envió fotos desnuda y videos de carácter sexual.
De acuerdo con la víctima, el 13 de enero, cuando se encontraba en casa de un amigo, Rosafort lo pidió reunirse con ella y le preguntó su ubicación. Luego, ambos hicieron un corto trayecto en el coche de la mujer y supuestamente mantuvieron una relación sexual dentro del vehículo.
La Policía examinó los datos del celular de Rosafort y encontró imágenes parecidas a las que describió el menor. El 17 de febrero, los agentes obtuvieron una orden de detención contra la cocinera y tres días después la arrestaron. La mujer fue posteriormente liberada bajo una fianza de 100.000 dólares y deberá presentarse ante la corte el 23 de marzo. Por su parte, tanto el abogado de la acusada como el de la familia de la víctima se negaron a comentar la situación.
La fiebre del oro de California y la independencia de Texas fueron dos eventos que afectaron la expansión hacia el oeste durante 1800-1848. La fiebre del oro de California tuvo lugar entre 1845 y 1855, marcada por el descubrimiento de un importante depósito de oro cerca de Sacramento. Al mismo tiempo, la libertad de Texas en 1836 se logró cuando Texas se independizó de México. Ambos eventos tuvieron un impacto en Westward Expansion; sin embargo, entre los dos eventos, California tuvo la influencia más significativa en la Expansión hacia el Oeste en comparación con la Independencia de Texas.
A pesar de los dos eventos que influyeron en la extensión hacia el oeste, la Fiebre del oro de California fue más funcional ya que provocó un movimiento masivo y un asentamiento en el oeste. La Fiebre del oro de California fue provocada por el descubrimiento de oro en California en 1848. Después de que se corrió la voz en el este de que había oro en California, la gente vendió todo lo que poseía para fabricar oro en el país, lo que resultó en un aumento de los asentamientos y la expansión de del oeste de los EE. UU. Llegaron más de 300.000 aventureros, incluidas personas de todo el mundo, China y Australia. Además, influyó en la unión para admitir a California como el trigésimo primer estado de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la gente adquirió el objetivo de mudarse al oeste, reclamar su tierra y encontrar oro debido al descubrimiento de oro en California.
La ideología del destino manifiesto afirma que América está destinada a expandir su territorio, la democracia y el capitalismo por todo el continente. La filosofía moldeó la visión de los estadounidenses en el mundo, influyendo en el movimiento hacia Occidente. Por ejemplo, el destino manifiesto inició la fiebre del oro de California, ya que la gente lo vio como una oportunidad para mudarse al oeste, reclamar tierras y encontrar oro. Los estadounidenses admitieron a California como uno de sus estados con base en la ideología manifiesta de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por el continente. El destino manifiesto jugó un papel esencial en la Expansión de Texas, de modo que los estadounidenses invitaron a Texas a unirse a los Estados Unidos como el vigésimo octavo estado. Por lo tanto, la creencia en la expansión al Pacífico influyó en la fiebre del oro, donde la gente se mudó a California y Texas se convirtió en parte de los Estados Unidos.
En el día de hoy, falleció por causas naturales el multimillonario empresario Carlos Pedro Blaquier, quien en agosto hubiera cumplido 96 años de edad. En el año 2012 la “justicia” federal argentina lo había procesado imputándolo por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad. Por supuesto a lo largo de estos 10 años nunca debió sentarse en el banquillo de los acusados y mucho menos, al igual que otros empresarios, ayudado hasta por la Corte Suprema jamás fue detenido. Simultáneamente centenares de uniformados de diferentes fuerzas terminaron y muchos más terminaremos con nuestros huesos y vida en la cárcel a como dé lugar. Muestra cabal que los miembros del corrupto poder judicial son sumamente selectivos, al igual que las organizaciones radicalizadas que falazmente pregonan lo de: “a donde vayan los iremos a buscar”. Una vez más los acontecimientos le dieron la razón al sobornable juez federal, ya fallecido, NORBERTO OYARBIDE quien sostenía que: “la cárcel es para los pobres y los pelotudos”. A pesar de todo como ya son historia, que ambos en paz descansen.
POEMA DEDICADO POR CARLOS BLAQUIER A CRISTINA KIRCHNER PRESIDENTE
Los reguladores bancarios estadounidenses han intervenido en la mañana de este viernes el Silicon Valley Bank ante la veloz fuga de depósitos que sufría. La intervención de la entidad con sede en California, que tiene como principales clientes a emprendedores y empresas tecnológicas de su estado y de Massachusetts, acaba con dos días de incertidumbre en los que sus acciones se desplomaron en Bolsa, después de que se dieran a conocer sus planes para ampliar capital y la venta en pérdidas de una importante cartera de bonos para no quedarse sin liquidez.
La súbita quiebra de la institución, la décimo sexta más grande de EE UU, ha traído a la memoria de los analistas lo peor de la crisis financiera que estuvo en el origen de la Gran Recesión. Aunque poco conocido internacionalmente por su labor más enfocada a las empresas, se trata de la segunda mayor caída de un banco estadounidense, solo por detrás de Washington Mutual, que colapsó en 2008. En medio de la crisis, los reguladores han tratado de dar certezas. “Todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados no más allá del lunes 13 de marzo de 2023″, ha indicado la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el organismo público que desde hoy controla a la entidad financiera creada en 1982.
Cientos de personas han acudido a las oficinas del banco a lo largo de la mañana de este viernes para retirar su dinero. Dor Levi, uno de los altos ejecutivos de Lyft estaba entre ellos, según el periodista Eric Newcomer. El empresario acudió a las oficinas de Manhattan del banco, pero la entrada le fue impedida. La empresa pidió ayuda a la policía de Nueva York. Los temores entre los usuarios habían crecido en los últimos días, cuando se había informado que el banco se había acercado a Goldman Sachs para que este auxiliara con una venta de acciones por 2.000 millones de dólares. La operación se intentó llevar en secreto, pero al conocerse los usuarios acudieron a sacar su dinero. Esto hizo que la cúpula del banco buscara rápidamente un comprador este viernes, pero los reguladores bancarios intervinieron para no dejar correr más tiempo.
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Los no asegurados, es decir, todos aquellos con más de 250.000 dólares en sus cuentas (234.000 euros al cambio actual), lo tendrán más complicado: recibirán un anticipo la próxima semana, y un certificado donde se indique el montante restante de sus fondos. Cuando se vayan vendiendo activos del banco, irán cobrando más, aunque ahora mismo nada garantiza que vayan a recuperarlo todo.
Todavía se desconoce cuántos afectados hay, pero a 31 de diciembre de 2022, el banco contaba con unos 209.000 millones de dólares en activos (196.000 millones de euros) y 175.400 millones en depósitos.
La FDIC ha informado que se ha generado otra institución bancaria, el Banco Nacional de Santa Clara, para absorber los clientes y cuentas del Silicon Valley Bank. “Al momento del cierre, la cantidad de depositantes que excedían los límites de la cobertura del seguro era indeterminada”, afirma el comunicado.
La cifra estará disponible en los próximos días, una vez que el banco de Santa Clara obtenga la información adicional de las cuentas y contacte a los clientes. La FDIC ha solicitado a todos aquellos depositantes con saldos superiores a los 250.000 dólares que se comuniquen con ellos directamente por teléfono. Es poco probable que la nueva institución pueda devolver pronto su dinero a los mayores clientes del Silicon Valley Bank.
Para tranquilizar a los clientes del banco, el regulador ha informado de que las oficinas centrales del Silicon Valley Bank y todas sus franquicias reabrirán sus puertas el lunes. También estarán disponibles los servicios de banca en línea y las aplicaciones.
El caso no solo trae de nuevo a un primer plano la crisis financiera. Ha sido la primera caída de un banco en 2023. Para encontrar el precedente más próximo hay que remontarse a octubre de 2020, cuando cerró el Almena State Bank, de Kansas, aunque por su menor tamaño, sus implicaciones fueron menores, a diferencia del Silicon Valley Bank, que ha provocado que los cuatro grandes bancos se dejaran 52.000 en los últimos días y descensos en las Bolsas de todo el mundo.
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El Tesoro de EE.UU. respaldará todos los fondos depositados en el quebrado Silicon Valley Bank
Los reguladores de EE.UU. salvaguardarán todos los depósitos en Silicon Valley Bank, incluido el dinero que no esté cubierto por el seguro federal, anunciaron el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) en un comunicado conjunto emitido este domingo.
“Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. El contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank”, reza la declaración. De acuerdo con lo que se precisa, “cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley”.
Al mismo tiempo, se especifica que los accionistas y algunos acreedores no garantizados no quedarán protegidos, mientras que la alta dirección de Silicon Valley Bank sería destituida.
Por otra parte, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) también está creando un programa de préstamos para las instituciones financieras afectadas por la quiebra del Silicon Valley Bank “para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes”. Esta medida “reforzará la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía”, se comunicó desde la Fed.
“Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de EE.UU. mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario”, aseveraron el presidente de la Fed, Jerome Powell, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, en el comunicado.
De ese modo se garantizará que el sistema bancario del país “continúe desempeñando sus funciones vitales de proteger los depósitos y brindar acceso al crédito a los hogares y las empresas de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y sostenible”, prometieron.
El decimosexto banco más grande del país, el miércoles era una institución bien capitalizada, pero en 48 horas colapsó, después que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero esta semana, a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba la entidad bancaria.
Frente a esa situación, los reguladores bancarios tomaron posesión del banco y designaron como síndico a la FDIC, que a su vez se apresuró a cerrar el banco.
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La quiebra del banco es un duro golpe para el corazón tecnológico de California, que es a su vez uno de los motores más importantes de la economía local. El Silicon Valley Bank se encontraba en el epicentro, en una zona cuna de start ups. Logró posicionarse como una institución boutique y altamente especializada en un entorno lleno de adversidades, como las que afrontan los empresarios en sus primeros años, cuando es difícil conseguir préstamos ante la falta de ingresos. Entre sus clientes tenía, entre otros, a los fondos de capital de riesgo Andreessen Horowitz e Insight Partners; a Beyond Meat, una empresa de carne artificial que salió a Bolsa hace tres años; el gigante de la comunicación Discovery.
En su más reciente perfil público para atraer clientes, publicado el pasado mes de enero, el Silicon Valley Bank aseguraba prestar sus servicios a cerca del 50% de las compañías estadounidenses financiadas con capital de riesgo. Entre sus clientes principales estaban las startups enfocadas a la salud. Estas representaban el 44% de su cartera el año pasado. La cifra representaba una caída respecto a los años anteriores. En 2015, los ejecutivos presumían negocios con el 65% de las compañías de emprendimiento.
La estrategia entonces era convertirse en el primer banco, aquel en el que los nuevos empresarios maduraban sus proyectos hasta que estaban listos para dar el salto a instituciones más grandes. En la década pasada, la institución había mostrado un crecimiento sostenido, ampliando su capacidad de préstamo un 25% cada año desde 2012. Esto los llevó a trascender sus fronteras naturales de San Francisco y Boston, los principales entornos para las empresas. El dinero del banco también respaldó proyectos de compañías de Canadá, China, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Israel, Suecia y el Reino Unido.
Aunque sí la más grave, esta no ha sido la única etapa de turbulencias para el banco. En 2001 las acciones perdieron el 50% de su valor cuando reventó la burbuja tecnológica. En más de dos décadas, sin embargo, lograron remontar y fueron la primera entidad bancaria para más de 660 unicornios, empresas emergentes que tienen una valuación de más de 1.000 millones de dólares. Ahora, su nombre se une al de otros bancos caídos mientras analistas, inversores y autoridades vigilan posibles contagios.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, que su Gobierno presentará un proyecto de ley para incorporar el derecho al aborto en la Constitución del país.
Macron
“Los avances resultantes de los debates parlamentarios (…) permitirán, espero, incluir en nuestro texto fundamental esta libertad [derecho al aborto] en el marco del proyecto de ley de reforma de nuestra Constitución que se elaborará en los próximos meses”, declaró Macron en el Palacio de Justicia francés durante un homenaje a Gisèle Halimi, abogada y figura histórica del feminismo franco-tunecina.
El mandatario señaló que las dos cámaras del Parlamento galo se han pronunciado a favor de la constitucionalización del derecho al aborto. El primer paso lo dio la Asamblea Nacional al aprobar la incorporación de este derecho a la Constitución en noviembre pasado con 337 votos a favor y 32 en contra.
“Hoy quiero que la fuerza del mensaje [de Gisèle Halimi] nos ayude a cambiar nuestra Constitución para grabar la libertad de la mujer”, manifestó Macron, al conmemorar la lucha de Halimi, quien ganó fama nacional como abogada en 1972 durante un juicio en el que defendió a una menor procesada por abortar después de una violación.
Tras las declaraciones de Macron, diferentes organizaciones feministas, como la Fundación de Mujeres de Francia, Le Planning familial (Planificación familiar) y Osez le feminisme! (¡Atrévanse al feminismo!) calificaron la decisión como una victoria del movimiento y de la libertad de las mujeres.
Por otro lado, la Alianza VITA, una organización antiabortista francesa, mediante un comunicado condenó las intenciones del Gobierno y “denunció la burda e indecente manipulación del doloroso tema del aborto”, afirmando que el proyecto de ley “perjudica a la democracia y los derechos humanos”.
La inclusión de la libertad de interrupción del embarazo en la carta magna se ha convertido en un tema crítico en Francia desde la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de revocar el derecho constitucional al aborto en junio pasado. En este contexto, distintos activistas y autoridades del país galo instaron a afianzar este derecho para que no se produzcan retrocesos.
España destinará 700 millones de euros para 2023 y una plantilla de 75 trabajadores a la recién creada Agencia Espacial Española (AEE), según informó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, este martes en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, cuando anunció la aprobación del estatuto del organismo.
Morant expuso que el país busca así reforzar su posición internacional en el sector aeroespacial, que ya mueve en España más de 900 millones de euros al año, a lo que habría que sumar ahora el presupuesto de la AEE.
En este contexto, el Gobierno ha abierto una convocatoria por valor de 45 millones de euros para el desarrollo de un lanzador de microsatélites, una tecnología que todavía no existe en Europa, según la ministra.
El jefe del Comando Estratégico de EE.UU. (USSTRATCOM, por sus siglas en inglés), Anthony Cotton, declaró durante una audiencia del subcomité de fuerzas estratégicas de la Cámara de Representantes, que la institución a su cargo priorizará el desarrollo y despliegue de armas hipersónicas de largo alcance.
Cotton aseguró que este tipo de armamento, que consiste en misiles con capacidad de desplazarse hasta al menos cinco veces la velocidad del sonido, repercutirá de manera inmediata “en los planes operativos, al disuadir y mantener en riesgo a los adversarios”, al tiempo que brindará “a la nación opciones de respuesta creíbles, estratégicas y no nucleares cuando se enfrenten a un conflicto armado”.
Cotton
Asimismo, detalló que tienen previsto implementar una batería de armas supersónicas de largo alcance para finales de este año, que se convertirán en el primer sistema de ataque supersónico ofensivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El alto funcionario militar afirmó que garantizarán que esas armas estén listas para ser empleadas en “el primer día de despliegue”, puesto que ese equipamiento contribuirá de forma directa a cumplir “las responsabilidades de disuasión estratégica y ataque global asignadas” en el Plan del Comando Unificado del USSTRATCOM.
El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. explicó que el arma hipersónica de largo alcance, que es un proyecto conjunto entre el Ejército y la Armada estadounidense, consiste en un misil propulsado desde un sistema móvil de lanzamiento terrestre.
Además, precisó que tendrá un alcance de 2.776 kilómetros y podrá volar a una velocidad de 6.116 kilómetros por hora. Estos proyectiles pueden llegar a la parte superior de la atmósfera terrestre, lo que les permite mantenerse fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea y antimisiles hasta el momento del ataque.
La primera prueba de este misil supersónico tuvo lugar en 2010. Sin embargo, el proyecto fue detenido. Posteriormente, el Ejército de EE.UU. reinició el programa de armas supersónicas en 2018. Desde 2020 se han realizado tres ensayos de tales misiles.
Ya es de público y notorio, como se dice en el campo jurídico cuando un hecho es conocido por muchas personas, la grave situación que atraviesa Rosario. Por ello han arribado a la ciudad cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fuertemente armados, para tratar de frenar el avance de los grupos narcos que asolan estas tierras.
A pesar de ello, los tiroteos continúan impunemente en la ciudad. No solo prosiguen las balaceras en el barrio donde se iniciaron los incidentes, sino que hasta se tiroteó un colectivo que transportaba personal el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe.
A pesar del clima de virtual guerra que se vive en Rosario, el gobierno nacional dispuso el envío de efectivos del Ejército Argentino -del Comando de Ingenieros-, que aunque no se crea, tendrán la exclusiva finalidad de levantar paredes y cavar zanjar, munidos únicamente con picos y palas, sin ningún tipo de arma pero eso sí, de impecable uniforme; según la orden impartida por el Primer Mandatario.
Una nueva humillación a las Fuerzas Armadas y en especial al Ejército Argentino. Ya lo vienen haciendo con los denominados juicios de lesa humanidad, que ya se extienden por casi 20 años y no terminarán hasta que se muera el ultimo de lo que ellos consideren culpable.
Nuestras Fuerzas Armadas no están para limpiar una zanja o levantar una pared de material en un barrio carenciado, para ello los gobiernos disponen de personal municipal o provincial capacitados para ello. No son meros albañiles, sin desmerecer esa noble actividad, sino soldados entrenados, o por lo menos así debería ser, para defender la soberanía de la Nación.
Reiteramos, no podrán portar ningún tipo de arma, en un lugar sumergido en un creciente clima de violencia que aumenta día a día y sin solución de continuidad; lo que los expone a convertirse en una suerte “de tiro al pichón” por parte de los grupos narcos.
Hubiese sido más sensato destinar a esas tareas a los operarios estatales que se especializan en esas labores y para ello cobran un sueldo o disponer que personas que cobran un plan sin trabajar, realicen esos menesteres. Claro, los líderes sindicales y piqueteros “no expondrán” a sus muchachos a este peligro.
Uno se pregunta para que están los Ministerios de Obras y Servicios Públicos nacional y provincial o la Secretaria de Obras Publicas municipal. Urbanizar barrios carenciados es función de los gobernantes. Debería darles vergüenza que todavía haya barrios en el país que no están urbanizados. Es más, los políticos deberían ir a realizar esas tareas.
Claramente mandan militares como “carne de cañón” a Rosario, pues el gobierno los considera meras cosas descartables que pueden sacrificar libremente, seres demoniacos en sí mismo que no tiene ningún tipo de derechos.
Tan ridícula es la orden que hasta el propio Ministro de Seguridad de la Nación, se “despegó” de la misma, afirmando que no tuvo nada que ver con esa disposición.
Y es que una cosa es repartir vacunas o comida en barrios alejados, cuando se había dispuesto la cuarentena en el país, lo que mereciera los aplausos de la gente, y otra es meterlos de lleno en el desatado conflicto con los grupos narcos, llamado el nuevo terrorismo, encima de uniforme y totalmente desarmados y hasta vilipendiados por los sectores de los derechos humanos.
Así es, sectores vinculados a los derechos humanos ya han salido a repudiar la presencia militar en la ciudad, no les gusta ni lo aceptan. Dicen que aunque estén desarmados es una provocación para ellos, máxime en víspera de un nuevo aniversario del 24 de Marzo. Que deben estar en los cuarteles y no en la calle. Hasta la abuela putativa del gobierno se sumó al repudio.
No solo convierten a los militares en fáciles blancos para que los grupos narcos hagan práctica de tiro al blanco, sino también los arriesgan a que sean insultados o ultrajados por grupos vinculados a los derechos humanos, encima sin que puedan ejercer defensa alguna.
En otras palabras, si le tiran los narcos, deberán poner el pecho y morir. Si los insultan o los escupen algún grupo de los derechos humanos, deberán “bancársela y sin chistar”.
Está claro que si existiera algún tipo de atisbo de defensa, tan solo para cubrirse de una balacera o esquivar los escupitajos, les harán una causa penal. Ni hablar de que si tan siquiera intentaran dialogaran con alguien que los agrede para que deponga tal actitud, se dirá que lo amenazó con hacerlo desaparecer o algo así y terminarán en el Juzgado Federa con una causa de las llamadas de lesa humanidad.
Se sabe que hay mucho malestar entre la oficialidad intermedia por esta orden. Se resisten a venir a Rosario desarmados. Afirman que en todas las actividades que desarrollaron a nivel mundial (que merecieron el reconocimiento internacional) como en Kosovo, donde levantaron un “impresionante” hospital de campaña, siempre estuvieron armados, por la sensata necesidad de tener que defenderse ante un ataque.
Los Altos Mandos del Ejército deberían tomar nota de ello y no deberían permitir esta situación, exponiendo con fuerza y claridad la inconveniencia e imposibilidad de cumplir con esa ridícula orden. Que los subordinados vean y se sientan defendidos. Deben tener presente además y así hacerlo saber, que en los años 70 también cumplieron con la orden de un gobierno constitucional y fue este mismo gobierno, el que metió presos y condenó a quienes cumplieron esa orden, más de 40 años después.
El despliegue de los militares en Rosario como en los trabajos que deberán realizar serán custodiados por personal policial, según disposición presidencial. Su irracionalidad es total. Que mal que estamos como pais, que a los militares los tiene que custodiar la Policía.
En fin, un nuevo desvarío de un gobierno que nunca tuvo un norte, que sigue ahondando los graves problemas que asola al país, pero que continua con su irrenunciable vocación de seguir maltratando y degradando a las Fuerzas Armadas.
El 10 de marzo pasado en horas de la tarde, en el Winnie Palmer Hospital for Women & Babies, de la ciudad de Orlando, estado de la Florida, nació DAMIAN, mi bisnieto. Su llegada trajo aparejada la reunión e indescriptible alegría y emoción de toda la familia. Por supuesto dada mi situación de imputado por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad, a como dé lugar, yo falté a la cita. De cualquier forma, aún a la distancia también comparto estos inolvidables momentos, acrecentados porque sé que, la bandera a la que respetará y honrará DAMIAN, está compuesta por barras y estrellas. Atrás muy lejos y para siempre quedó la celeste y blanca. Lo mismo ocurrirá cuando nazcan sus hijos y los hijos de sus hijos. Su destino comenzó en la década de los 90 cuando con mi esposa impulsamos a nuestro hijo FABIAN y a nuestra nieta MARIA de 7 años de edad, a radicarse en américa del norte. Cuestiones de asistencia familiar, me obligaron a volver escoltado por MARIA, mi inseparable compañera de siempre. Luego surgió la causa, con la que me imputaron y para nosotros dos la vida se detuvo a manos de inescrupulosos e irresponsables miembros del corrupto poder judicial federal argentino. De cualquier forma, con este nacimiento, se salvó lo más importante, parcialmente el presente y en forma absoluta y total el futuro familiar. El júbilo compartido, desde la distancia, por la llegada de DAMIAN, da fe de ello. El y su generación tendrán que afrontar grandes desafíos y vivirán acontecimientos increíbles, producto de los avances científico-tecnológicos, la sobrepoblación y el duro cambio climático que amenaza a todas las especies.
La rápida evolución que se vive, seguramente tendrá aspectos positivos y también peligros, pero en su caso cuenta con la ventaja que MATT y MARIA, son excelentes padres y excelentes seres humanos que, con el apoyo de sus abuelos lo capacitarán y prepararán para ser una muy buena persona, un muy buen ciudadano y un hombre justo. Ahora el destino tiene la última palabra. Mi esposa y yo si bien dimos el puntapié inicial, a partir de mi imputación en el año 2011 quedamos prisioneros en Argentina, inmersos en un oscuro y putrefacto mundo paralelo donde impera la injusticia y el odio ideológico sin fin. Allí debimos conocer y tratar a “personajes” que en condiciones normales hubiéramos evitado a cualquier precio. Así aprendí a rechazar y también a odiar este suelo en el cual nacimos, ya que dejó de ser nuestro país, y solo es mi inmerecida prisión, a la cual siento que vencimos con este nuevo ser que seguramente no llegaré a abrazar ni tratar, porque acordamos que no viajen nunca hasta aquí. Mi esposa, hoy, y por varios días más, que contabiliza como instantes, podrá percibirlo y quererlo a través de todos sus sentidos y hacerle escuchar el latir de su corazón, que por nuestra convivencia de más de medio siglo, también es el palpitar del mío. Luego volverá y me trasmitirá el soplo de libertad que representa DAMIAN, EL HOMBRE DEL FUTURO. ¿Quién dijo que la vida no es hermosa y pase lo que pase, no vale la pena vivirla intensamente hasta el último aliento?
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”
Víctor Hugo (1802-1885)
DEDICADO A DAMIAN QUIEN ALGÚN DÍA LEERÁ ESTE ESCRITO, A MI FAMILIA Y A TODOS LOS PRISIONEROS QUE PRIVADOS DE SU LIBERTAD, DEJARON DE COMPARTIR EVENTOS IRREPETIBLES Y TRASCENDENTALES CON SUS SERES QUERIDOS. NACIMIENTOS, FALLECIMIENTOS, FIESTAS NAVIDEÑAS, CUMPLEAÑOS, ENFERMEDADES, ENTREGA DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y MUCHOS OTROS, DESAPARECIERON PARA SIEMPRE DE SUS VIDAS.
“Si quieres la Libertad, debes ser esclavo de la Ley”
M T Cicerón 100AC.
Mi opinión:
Sólo la verdad te hará libre.
“La Verdad es corrompida tanto por la mentira, como por el silencio”
M T Cicerón 100 AC
Yo soy el camino, LA VERDAD y la vida…
Por ello mi visión es la siguiente:
VERDAD=JESUS = HIJO DE DIOS.
No podría ser corrompida por nada ni por nadie.
El hombre, se corrompe con la mentira y eso hace que esconda su capacidad divina para buscarla y vivir en la verdad.
Hay distintas formas de esconderla.
Mintiendo o callándola, bajo el manto de la soberbia o la ignorancia.
La verdad no necesita de Nada ni de Nadie. Está y ES!!!
La mentira necesita meterse en el hombre, que renuncia a la imagen y semejanza de su creador y se convierta en débil y pecador.
Se obnubila con el negocio y se olvida del prójimo, adoptando decisiones, que lo alejan del Bien.
Gastar poco y ganar mucho!!!
Bajar costos y ganar beneficios!!!
Esto es terrenal, y por ahora, hay que aceptarlo
Cuando llegan los administradores y aplican el cálculo matemático y el mismo no les cierra, de acuerdo a las leyes, si hay faltante lo impuestan y si sobra, normalmente se lo roban.
Deben justificarlo con una verdad humana.
Supongamos que la justificación expuesta llegue al máximo de veracidad.
AÚN NO ES LA VERDAD!!!
Esa verdad, por ser humana, no es perfecta.
Es una verdad a medias y así solo alcanza a Disfrazarla!!!
Como eso será analizado y seguro detectado, se la acompaña con el conveniente Relato, para ganar tiempo y espacio.
En un sin prisa, pero sin pausa, va ganando adeptos, cuyas mentes, dominadas por el facilismo, destrozan la voluntad. Se entregan a repetir lo que se les dice, sin análisis ni autocrítica, creando y criando el monstruo del fanatismo.
Paso seguido, la duda generada con los Números y el Relato, será causa de conflicto.
Este, puede ser enriquecedor, si se busca el error, se lo reconoce, analiza y se lo corrige.
Sucederá si el hombre, con humildad, acepta su imperfección. Así avanzará hacia la VERDAD, a través de las veracidades y certezas que vaya logrando.
Reconocer la falibilidad es el decisivo paso a la Sabiduría.
NO SER SABIO!!!
Si el problema se encara con soberbia, seguro se inundará de MENTIRAS, necesarias, pero no suficientes, para justificar la connivencia y complicidad que exige el fanatismo.
La soberbia fanática, siempre divide y necesita disponer de poder para subyugar y esclavizar.
Esta los llevará a la confrontación y por ende se generarán más inconvenientes que afectará intereses y objetivos personales y sociales.
En la defensa de los mismos se utilizará todo tipo de ideologías y pérfidas razones para justificar el liderazgo de sus ambiciones sin interesar a quien o a quienes afecte.
El hombre se vuelve un LOBO, con piel de Cordero, PARA EL HOMBRE!!!
Esto indica que la VERDAD FUE DESCONOCIDA como fin a lograr!!!
LA MENTIRA, SE DISFRAZA PARA ENGAÑAR!!!
En ése forcejeo, se dará la confrontación que puede alcanzar niveles de encarnizada crueldad y distintos grados de violencia que van desde la discusión hasta el enfrentamiento más feroz que conoce la Humanidad.
La GUERRA!!!
Que es la Guerra???
Es la continuación de la Política por otros medios.
Cuales son los medios??
Aquellos que se empleen para someter la voluntad del otro en el menor tiempo posible con los menores costos!!!
Otra vez aparecerá disfrazada la VERDAD, con los artilugios de la Guerra Justa!!!
La Guerra Justa!!! es el derecho a la legítima defensa.
La Veracidad deberá estar en sintonía con la VERDAD aportando certezas sobre:
– CAUSA/ CAUSAS
– HECHOS
– FINALIDAD.
Seguramente, por ser humanos e imperfectos, habrá un necesario proceso para aclarar, lo mejor posible, los errores que los llevó a semejante decisión.
La humildad vuelve a escena, para aportar su espíritu de unión, fraternidad y amistad.
El hombre que quiere vivir en la VERDAD, reconoce en ella, el CAMINO que le permitirá LA VIDA, en LIBERTAD!!!
El más allá es un concepto muy extendido en muchas creencias y religiones de todo el mundo, que van desde una dicotomía entre el cielo y el infierno hasta las posibilidades de renacimiento y reencarnación. Como mecanismo social, la religión no puede existir sin un objetivo, y estudiar varias ideas sobre la vida después de la muerte se convierte en un paso crucial para analizar los principios básicos de cualquier sistema de creencias. Así, la percepción de lo que le espera a una persona al final de su vida, transitando hacia una nueva etapa de ser o no ser, permite determinar aún más las ideas eje de las convicciones religiosas de numerosas religiones del mundo.
Uno de los hechos más interesantes sobre la noción de la vida después de la muerte es que es una creencia común entre casi todas las religiones y denominaciones, como algo que sucede después de la muerte de una persona. En todas las religiones cubiertas, excepto el taoísmo y el sintoísmo, las acciones de una persona durante su vida influyen en su destino en el más allá, lo que no significa necesariamente el paraíso. Si “comprender cómo las tradiciones religiosas y sus patrones de autoridad y legitimación, creencia y cambio de pertenencia se ha vuelto importante”, entonces el castigo póstumo, la recompensa o la inexistencia de cualquiera de ellos juega uno de los papeles determinantes más críticos.
Por lo tanto, en religiones como el islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el sijismo y el judaísmo, la vida después de la muerte se convierte en un factor regulador de por vida, creando una promesa de reembolso por una vida vivida arduamente según los principios religiosos.
El cielo, el infierno, la reencarnación, la continuación de la vida en su otra fase o la unificación con otros espíritus posibles: todas estas son posibilidades de cómo será la vida después de la muerte de una persona según su sistema de creencias. La función reguladora identificada del más allá sustentada en claras pautas morales que deben seguirse a lo largo de la vida de una persona permite separar no sólo a las personas religiosas de las no creyentes sino también a las dignas de los indeseables. Religiones como el cristianismo, el islam y, en cierto sentido, incluso el judaísmo, que tienen una concepción particular del cielo y el infierno como lugares a los que la gente puede entrar, juzgan la idoneidad por la piedad de la vida terrenal de un ser humano.
El budismo, el sikhismo y el hinduismo crean un sistema de valoración similar, pero con un propósito diferente, ya que en sus concepciones, el alma renace y se reincorpora al mundo de los vivos. El sintoísmo y el taoísmo, en cambio, persiguen la idea de la consolidación espiritual póstuma. Por lo tanto, la vida después de la muerte se convierte en una idea clave innegablemente importante en casi todas las religiones.
Como noción crítica, la idea de una vida gratificante en el más allá se convierte en un hilo rojo que une la vida de una persona a través de una parte de un código de conducta. Así, las pautas morales afectan todos los aspectos de la vida, siendo la oración, por ejemplo, una de las reglas sagradas más comunes y más seguidas para alcanzar la salvación. La oración puede llevarse a cabo solo en lugares apropiados y deseablemente en presencia de un pariente y, por lo tanto, una creciente comunidad musulmana en Murfreesboro, Tennessee, se justificó la construcción de una mezquita en 2010.
Ahora, la oración regular es un componente disponible de la vida cotidiana, convirtiéndose en una parte esencial de la vida de la comunidad musulmana de Tennessee. Sin adherirse a las pautas inculcadas, una persona puede no ser considerada creyente y, por lo tanto, no se le puede garantizar una vida futura favorable, lo que crea la necesidad de fidelidad a una doctrina que regula la vida cotidiana. Además, la existencia de mezquitas hace que los ritos funerarios sean accesibles para los musulmanes de Tennessee, que ahora pueden llevarse a cabo de manera adecuada, de acuerdo con las pautas islámicas y con la oración del entierro.
El destino de un individuo creyente después de la muerte, independientemente de su destino, está determinado por el conjunto de reglas que sigue una persona en particular. La falta de devoción al seguir las reglas se vuelve perjudicial para su destino después de la muerte, con concepciones de castigo que se equilibran con ideas de recompensa. Efectivamente, la vida después de la muerte le da a cualquier religión una razón lógica para la adhesión fiel, además de las creencias solamente, y une a las personas religiosas, las deidades y sus estatutos.
Pence: “La historia hará a Trump responsable del asalto al Capitolio”
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El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence señaló este sábado que “la historia hará responsable a Donald Trump” del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Pence dijo que Trump “estaba equivocado” al insistirle que aquel día él, que entonces era vicepresidente, tenía autoridad para anular en el Congreso de EE.UU. los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Según Pence, las “palabras imprudentes” del expresidente “pusieron en peligro a mi familia y a todos [los que estuvieron] en el Capitolio aquel día”. Además, criticó a los que calificaron de “turistas” a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio.
En ese sentido afirmó que los turistas no causan daño a la Policía y no amenazan a funcionarios públicos.
Asimismo, el exvicepresidente subrayó que el asalto al Capitolio fue “una sola cosa sobre la cual no he bromeado”, calificando el 6 de enero de 2021 como “un día trágico”.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 15, 2023
¿La próxima líder de Corea del Norte?
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La escena política de Corea del Norte se ha visto protagonizada por una nueva estrella: una niña de entre 10 y 12 años. Es posible que su continua aparición en público signifique que el líder del país, Kim Jong-un, ya esté preparando el terreno para entregar “el trono” a un heredero y conservar las riendas del poder en la familia, afirma Andréi Lankov, experto en Corea del Norte y profesor de la Universidad de Kookmin (Corea del Sur).
La menor, que se cree es la segunda hija del líder norcoreano, fue vista por primera vez el 18 de noviembre de 2022, cuando acompañó a Kim y a su esposa, Ri Sol-ju, al lanzamiento de un misil balístico intercontinental Hwasong-17. El hecho de que el gobernante del país apareciera en público junto a la pequeña, “es en sí mismo un paso sin precedentes” y una clara señal de que las tradiciones de Corea del Norte están cambiando.
Desde finales de noviembre hasta finales de febrero del año pasado, la niña participó en un total de seis eventos junto a su progenitor. Una de sus asistencias más emblemáticas podría considerarse la de un banquete que se llevó a cabo con motivo del 75.° aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea. En las fotografías tomadas durante la celebración, la menor salió sentada en la mesa en medio de sus padres y con cuatro generales del Ejército, vestidos de gala, tendidos a sus espaldas.
Esas apariciones han desatado un debate sobre si Kim estaría preparándola para que sea su sucesora. El hecho de que haya escogido para ello a una mujer, no debe sorprender, ya que el líder norcoreano podría considerarse feminista y, a menudo, designa a mujeres para altos cargos. Pero, por otra parte, no es nada común nombrar un heredero que aún no ha llegado ni tan solo a la adolescencia. Sin embargo, es posible que existan verdaderas razones para ello, señala el experto.
La decisión de que un sistema de transferencia hereditaria del poder era ideal para Corea del Norte se tomó en la década de 1960, durante el mandato del fundador del país, Kim Il-sung, quien llegó a la conclusión de que su sucesor debería ser alguien que no buscara obtener más apoyo del pueblo, criticándolo tras su muerte, ni tampoco deseando apartarlo del poder antes del tiempo. Estaba claro que solo su propio hijo podría cumplir con tales criterios, sostiene Lankov.
En concreto, Kim Il-sung escogió para ello a su primogénito, Kim Jong-il, nacido a principios de la década de 1940. Ya en 1970, empezaron los preparativos para transferirle el poder, mientras que, a principios de la década de 1980, fue aprobado por completo como un sucesor en toda regla. Durante todo el proceso, a Kim Jong-il se le iban transfiriendo gradualmente los poderes en la Administración estatal y, en el momento de la muerte de Kim Il-sung, en 1994, el país ya estaba siendo gobernado por un duunvirato.
“Sin embargo, por alguna razón, Kim Jong-il no tenía prisa por seguir el ejemplo de su padre. Para el otoño del 2008, cuando sufrió un derrame cerebral, Kim Jong-il no había nombrado heredero”, recuerda el experto, agregando que finalmente, su elección se centró en su tercer hijo, Kim Jong-un, quien no fue presentado al pueblo de manera oficial hasta octubre del 2010. Tan solo un año después, su padre murió inesperadamente y ya en diciembre del 2011, Kim Jong-un heredó el poder.
Al contrario que su progenitor, Kim Jong-un parece haber decidido encargarse de preparar la transferencia del poder por herencia a una edad bastante temprana: el líder aún no tiene ni 40 años. Sin embargo, muchos observadores dudan de que se haya tomado la decisión final acerca de que su hija ya haya sido elegida para convertirse en la nueva líder del país, todo y que la frecuencia con la que ahora aparece en eventos oficiales y el papel central que desempeña en ellos sugiere que, sin duda, es uno de los candidatos favoritos para ello.
Lankov destaca tres hipótesis sobre las razones de las frecuentes apariciones de la niña en los últimos meses.
En primer lugar, el propio líder norcoreano “pasó su adolescencia en Europa y parece haber sido influenciado en muchos aspectos por las tradiciones que existen en las monarquías europeas”. Según el experto, gracias a esto, por ejemplo, Kim no considera necesario ocultar a su esposa del público y, basándose en este hecho, no es raro que su hija empiece a desempeñar cierto papel social y político a una edad muy temprana.
Además, si la niña está realmente destinada a convertirse en la próxima líder de Corea del Norte, Kim necesita preparar tanto a su aparato como a la población para la idea de que el poder pasará esta vez a una mujer. Aunque el estatus de las mujeres en el país asiático ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, “la decisión de nombrar a una mujer para el máximo cargo puede causar cierto desconcierto en el país”. “Es posible que Kim Jong-un decidiera diluir este desconcierto, acostumbrando poco a poco a la población a que su decisión no es ortodoxa”, subraya Lankov.
Y la tercera opción consiste en que no se puede descartar que Kim Jong-un haya decidido tomar un camino diferente al de su padre y no dejar para el último momento la elección del heredero. Por tanto, si el estado de salud del mandatario se está deteriorando realmente, Kim, “como gobernante responsable en una monarquía absoluta, que quiere mantener la estabilidad en el país y el poder en manos de su familia, no debería repetir los errores de su padre”.
“En resumen, una nueva e inusual estrella se ha alzado en la escena política norcoreana: una niña de unos 10 o 12 años, guapa y muy parecida a sus padres”, concluye el experto.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 15, 2023
Pena capital en Florida
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La pena de muerte, tal como se utiliza en las ejecuciones por pena capital, se ha aplicado estrictamente en casos de homicidio agravado. La pena capital se ha utilizado en Florida y en varios otros estados de EE. UU. antes de 1967, cuando la Corte Suprema cuestionó su constitucionalidad. Sin embargo, ciertas reformas se implementaron más tarde en 1976, lo que generó la esperanza de las críticas de que el sistema relajaría sus medidas sobre la pena de muerte. Sin embargo, los métodos para la pena capital en los EE. UU. se han llevado a cabo a través de una serie de medios legales que incluyen electrocución, ahorcamiento, inyección letal, cámara de gas y pelotón de fusilamiento. Pero las controversias sobre su efectividad y costos han empañado el uso de la pena de muerte en la pena capital como un asunto costoso que eventualmente no le da al contribuyente un valor por su centavo.
En el artículo “Especial del Times” del 1 de julio de 2008, Gerald Kogan analiza los sentimientos de los estadounidenses sobre la inyección letal. Como método para aplicar la pena capital, como lo reconoce la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha estado libre de controversias y contradicciones sobre la moralidad de los miembros de la sociedad. El punto de discusión aquí es si la víctima correcta está muriendo por sus crímenes; principalmente porque el sistema de pena capital de
Florida está completamente “roto”. El sistema es erróneo y casos que casi terminan en la ‘silla’ son volcados contrariamente a las expectativas de los familiares de los asesinados. En el debate que conduce a la condena de las víctimas de la pena de muerte, el proceso es complejo e incierto. Habiendo estado en las operaciones y manejando numerosos casos, Kogan cree que el sistema de Florida requiere reformas. Larry, del Consejo Legislativo de la ACLU, documentó que los modos de ejecución, como la silla eléctrica, se han politizado recientemente debido a una advertencia judicial emitida recientemente. Su afirmación es que la silla eléctrica es “espantosa” y sus protestas deberían investigarse. La opinión pública ha llegado al extremo de exigir al Poder Judicial que explique por qué se han buscado reformas a la opción de la ‘silla eléctrica’. Sin embargo, la excusa del juez para el ataque al poder judicial es que más jueces, incluidos los de Florida, expresan abiertamente sus dudas sobre la efectividad de la pena capital. La injerencia política en las legislaciones de la pena de muerte tiene sus raíces en las campañas de varios presidentes estadounidenses. Por ejemplo, en 2000, Bush en su candidatura no usó su deseo de ejecución para obtener su voto en la Oficina Oval. Esto contribuyó en gran medida a cambiar los juegos políticos que se jugaban con los ciudadanos. Muy pocos de los aspirantes al Senado rara vez utilizan la política pro-muerte para convencer a sus votantes. En algún momento, la discusión terminó en una pelea que la pregunta es “¿Quién tiene derecho a castigar?” y “¿Cuánto castigo merece una persona?” Desafortunadamente, los casos de castigo se han basado en vendettas y otros como formas de deshacerse de alguien en una competencia por un asiento o una empresa lucrativa. Así, la cuestión de quién castiga y cuánto merece queda reservada dentro del sistema. Aunque para las víctimas, sigue siendo una cuestión de ética, ya que cuando el martillo ‘cae’, sus decisiones son, en última instancia, irreversibles. De hecho, todo lo que el público y los conservacionistas están pidiendo a gritos es simplemente un aplazamiento de las penas de muerte hasta que se considere una revisión de la opción. Esto se debe a que su esperanza está en los líderes reservados, que se prevé se incorporarán al alto cargo para impulsar que el favor de los ciudadanos se arraigue en lo constitucional. El profesor de la Universidad de Columbia, Michael Radelet, se opone al sistema de pena de muerte de Florida en tres ocasiones; en primer lugar, sobre cómo se aplica la pena en comparación con cómo se argumentó seis u ocho años antes. En segundo lugar, el mayor apoyo a la pena por parte de los estadounidenses a pesar de la disminución de su imposición. Y finalmente que las tendencias exhibidas en Florida estén sincronizadas con las de los demás estados y del mundo en su conjunto. Desde 2006, Florida había sido relevada de aplicar las penas de muerte después de que su exgobernador las suspendiera debido a un caso de inyección letal en Ángel Díaz. La principal desventaja del sistema ha sido la mala gestión del proceso de ejecución, errores en la identificación y enjuiciamiento de los acusados. Otros temas que han aumentado la controversia incluyen las disparidades regionales, la opción de cadena perpetua sin libertad condicional, la opinión pública, las declaraciones de culpabilidad, las anulaciones, la inocencia, las cuestiones raciales, las tendencias mundiales y la renuncia a las recomendaciones del jurado como resultado de la competencia para arrestar, condenar y castigar a los ‘ “víctima correcta” ha llevado, en otros casos, a que el verdadero asesino sea liberado para cometer los crímenes atroces.
Por lo tanto, la recomendación para reformar este sistema ha sido proporcionada por una coalición de jueces, fiscales, abogados defensores, opositores/partidarios de la pena de muerte y defensores de las víctimas. Aunque se puede hacer mucho para restaurar el sistema de pena capital de Florida, el paso inicial para resolver estos problemas es la adopción de las 20 recomendaciones; mientras que una moratoria debería garantizar que no se practiquen más casos de pena de muerte hasta que se haya agasajado con las recomendaciones una revisión universal del sistema. En relación al curso la preocupación tanto de los escritores como del público en general permite que se atiendan los derechos de los delincuentes. En situaciones en las que una víctima de la pena de muerte es exonerada de sus cargos después de su muerte en prisión, el sistema tiene toda la culpa de tales hechos. Por lo tanto, en mi opinión, estoy convencido de que se debe optar por la moratoria en un esfuerzo por eliminar la recurrencia de tales casos de “identidad equivocada”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 5, 2023
Se pierde una máquina con material radiactivo en Texas
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Una cámara radiográfica ha desaparecido en la ciudad de Houston, Texas, (EE.UU.), informaron el sábado las autoridades locales. Statewide Maintenance Company, propietaria del dispositivo que contiene material radiactivo, ofrece una recompensa por su devolución.
“Tiene un símbolo radiactivo en el costado, pero si alguien se metiera en la parte de la cápsula donde está el material radiactivo, es extremadamente peligroso, como para perder los dedos”, señaló Lara Anton, portavoz del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.
“Nuestro objetivo es que la gente nos avise si lo ve, para que podamos recuperar su custodia”, añadió.
El aparato, similar a una máquina portátil de rayos X utilizada para ver estructuras ocultas, es habitual en la industria de la construcción y el petróleo. Además, Anton reveló que el objeto desapareció el jueves de un camión aparcado en un restaurante donde se detuvieron los trabajadores de la empresa.
Aunque las autoridades de Texas han aclarado que los niveles de radiación fuera de la cámara no son peligrosos, advierten que nadie debe intentar abrirla. El material radiactivo del dispositivo está sellado con múltiples capas de protección y el riesgo de exposición es “muy bajo”, agregaron en su comunicado.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 15, 2023
Sospechoso de asesinato huye de una corte durante su juicio
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La Oficina del Alguacil del condado de Washington (EE.UU.), dio a conocer recientemente un video en el que se aprecia a un sospechoso de doble asesinato en el estado de Oregón escapar el pasado 27 de febrero de la corte durante su juicio.
[ezcol_3fifth]En las imágenes se aprecia a Edi Villalobos, el imputado, ser escoltado hasta el tribunal por un ayudante del ‘sheriff’, quien le quita las esposas y los grilletes para iniciar la audiencia por el apuñalamiento mortal de dos personas, cometido en 2021.
Cuando ya no llevaba las esposas, el acusado aprovechó la oportunidad y salió corriendo de la sala de audiencias, por lo que dos oficiales salieron tras él, persiguiéndolo por pasillos y escaleras sin conseguir detenerlo.
Villalobos duró poco tiempo prófugo de la Justicia ya que, luego de lanzar un operativo de búsqueda que incluyó equipos caninos, la Policía de Washington lo localizó dos horas después en un apartamento cercano al que irrumpió ilegalmente, escondido dentro de un armario y cubierto con una manta.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end] [/ezcol_2fifth_end]Por estas acciones, un Gran Jurado acusó al sospechoso de dos cargos de robo en primer grado y otro de fuga en segundo grado.
PrisioneroEnArgentina.com
arzo 15, 2023
LO MÁS VISTO ☺ Marzo 14, 2023
☺Las noticias más leídas en PrisioneroEnArgentina.com. Las más comentadas, las más polémicas. De que está la gente hablando…
Marzo 12, 2023 – Marzo 14, 2023
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PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
HIJOS & ENTENADOS
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Ante la manifiesta diferencia existente, entre el grupo de individuos que busca establecer su identidad, y el sector de los mismos que son beneficiados por la normativa basada en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), esto es las presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, resulta necesaria una completa modificación del sistema identificatorio a efectos de respetar la garantía de igualdad ante la ley. El acceso a la identificación a fin de lograr la buscada identidad para todas las personas que lo requieran, solo puede lograrse con la real nacionalización de un banco de datos genéticos, que haga que encontrar vínculos familiares no sea una cuestión de suerte, sino que el sistema lo permita; lo cual implica una nueva legislación.
Algunos datos y elementos para desarrollar el cambio de sistema:
[A]: Igualdad ante la ley:
El principio de igualdad ante la ley es la base en la que se asientan los derechos humanos y están explícitamente reconocidos, en los tratados y convenciones internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26/jun/1945, entrada en vigor el 24/oct/1945, y que es una garantía incuestionable. La garantía a los derechos humanos hace a su defensa y no a su militancia.
Preámbulo: a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.
Continuando con: Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10/dic/1948 en París, Arts. 1 y 2; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948. Arts. I y II; Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 22/nov/1969, Art. 1.
También la Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13/may/1968, establece.
Artículo 11: La notoria denegación de los derechos humanos derivada de la discriminación por motivos de raza, religión, creencia o expresión de opiniones ofende
a la conciencia de la humanidad y pone en peligro los fundamentos de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo.
Es decir que agrega como forma discriminatoria a la restricción de la «expresión de opiniones», algo que claramente se ve afectado en forma extrema por la aplicación de la «cultura de la cancelación». Este tema es ampliado en el título [B]: Derecho a la identidad, del presente informe, al cual brevitatis causae, remitimos.
Y obviamente en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, es clara la garantía de igualdad ante la ley, así como el reconocimiento en su artículo 75 inc. 22, de normas convencionales sobre derechos humanos a las que otorga jerarquía superior a las leyes.
La igualdad ante la ley, no significa negar la existencia de diferencias entre los individuos, ya que, si algo caracteriza a los seres humanos, es la multiplicidad de diferencias; sí, encarna que ante la ley todos gozamos de iguales garantías judiciales y de debido proceso, además de las restantes garantías constitucionales y convencionales de protección a los derechos humanos. Necesariamente, no es admisible la división que se hace entre «hijos» y «entenados». Como cuando se trata a presuntas víctimas de apropiación por la última dictadura militar, de una forma y de otra a las personas que buscan su identidad, fuera de ese grupo.
Como dato oficial, respecto del «derecho a la igualdad», se trascriben partes pertinentes del Tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, relacionado a modificar la ley del BNDG entonces vigente, por una que marca la desigualdad en la búsqueda de identidad, al solo incluir a las presuntas víctimas de la dictadura.
… diputada por Santa Fe. Sra. Tate, Alicia Ester… De esa manera, bajo la excusa, bajo el amparo de resguardar los derechos de quienes fueron víctimas del delito de desaparición forzada y también de aquellas personas que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres vieron sustituida su identidad civil y fueron separados de su familia biológica, el dictamen sostenido por la mayoría no propone otra cosa que conculcar los derechos y libertades de miles de personas, que también sufrieron la sustitución de identidad y que fueron arrancadas del seno de sus familias biológicas. Pero el avance sobre un carácter restrictivo del reconocimiento y garantía de los derechos y libertades no se limita al campo de la identidad biológica. Este no es el único derecho que el dictamen de mayoría pretende cercenar, ya que el hecho de cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos -el único Banco Nacional de Datos Genéticos- junto a la pretendida decisión del Estado nacional de apropiarse de todos los bienes y datos de ese Banco Nacional de Datos Genéticos implican por defecto la negación del acceso a la justicia en diferentes causas, entre ellas la determinación de la filiación. (el resaltado es propio)
Sra. Tate, Alicia Ester… Voy a enumerar los conflictos que generaría la aprobación del proyecto del señor diputado Carlotto en caso de no hacer esas modificaciones. En primer lugar, insisto en que la aprobación de este proyecto supone un grave retroceso en el campo de la defensa y garantía de los derechos y libertades, particularmente en lo que se refiere al derecho a la identidad, ya que al cerrarse el Banco Nacional de Datos Genéticos y dado el accionar acotado de este nuevo Instituto que se estaría creando, el Estado nacional estaría dejando de atender las otras cuestiones relativas a la determinación de la identidad biológica. Esta situación no queda salvada con la inclusión de una cláusula transitoria para las causas pendientes de resolución judicial, ni mucho menos con la posibilidad de realizar estos estudios en centros privados. El Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos; no puede ni debe dejarlo librado al campo privado. También creemos que es llamativo que quienes participaron en la reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y asesoraron en la redacción del proyecto al señor diputado Carlotto sean las mismas genetistas encargadas de realizar los estudios de paternidad y genética forense en el laboratorio Genda, uno de esos centros privados a los que la gente deberá concurrir en caso de aprobarse esta propuesta. (el resaltado es propio)
… la derogación de la ley 23.511 pone en riesgo también los derechos de aquellas personas a las que se pretende jerarquizar, ya que, al ubicar a este nuevo Instituto bajo la órbita del gobierno, el mismo queda sujeto a los avatares políticos. Y esta es precisamente la más grave acusación o cuestionamiento que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales, porque este Instituto quedaría librado a la voluntad de quienes sucesivamente ejerzan la Presidencia de la Nación, ya que es facultad del Poder Ejecutivo determinar los ministerios y las secretarías. Esto no ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos tal como está creado. (el resaltado es propio)
Tanto el señor diputado Carlotto como la directora de la CONADI, Claudia Carlotto, y la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestaron desde distintos puntos de vista que debido al aumento de los casos atendidos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, especialmente aquellos referidos a la determinación de la filiación, el rol del banco se fue tergiversando y pasó a ocuparse más de datos de filiación que de aquellos vinculados con la resolución de identidad de los niños apropiados o nacidos en cautiverio durante la dictadura militar, incurriendo incluso en demoras de hasta un año y ocho meses en responder a los requerimientos de la CONADI. (el resaltado es propio)
¡Cuántos Carlotto!
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Burzaco, Eugenio. … Voy a tratar de concentrarme en tres o cuatro artículos que consideramos claves y por los cuales no podemos acompañar este proyecto de ley, más allá de sus buenas intenciones. El primer punto tiene que ver con el artículo 1° del proyecto de ley. Mientras el actual Banco Nacional de Datos Genéticos funciona sin exclusiones, el nuevo Instituto Nacional de Datos Genéticos limita su competencia a causas relacionadas con el terrorismo de Estado entre los años 1974 y 1983. Pretende desconocer la garantía del derecho a la identidad produciendo un vaciamiento, ya que el actual Banco Nacional de Datos Genéticos dejaría de existir y la totalidad de sus bienes y datos registrados hasta la fecha pasarían a manos del Instituto. Los derechos humanos son inherentes a la persona y su respeto y garantía trascienden cualquier circunstancia, incluida la condición política o jurídica del país. Este principio absoluto de igualdad y la responsabilidad que nos cabe a la hora de promoverlos y garantizarlos quedan claros en la totalidad de los instrumentos internacionales y regionales de los que somos parte. El traspaso de la totalidad de los bienes del Banco Nacional de Datos Genéticos a este Instituto incluye tanto la aparatología como las muestras hemáticas allí existentes. (el resaltado es propio)
La propuesta del dictamen de mayoría posterga a un último plano la especialidad y diseña una estructura burocrática y política que queda a cargo de un presidente dotado de excesivas atribuciones. Por ejemplo, en el inciso h) se llega al punto de otorgarle facultades legislativas, lo cual es groseramente inconstitucional. En conclusión, como ha quedado claramente expuesto anteriormente y en esta exposición, estamos frente a la restricción de un derecho universal al que una vez más vemos peligrar si accedemos a limitar el ejercicio y garantía de un derecho humano considerado base: el derecho a la identidad biológica. No compartimos la idea de restringir lo que debe ser universal, para todos. No hay derechos humanos limitados. Cuando discutimos este proyecto llegamos a la conclusión de que no podemos jerarquizar entre víctimas. Las víctimas siempre son víctimas y los instrumentos de reconocimiento y garantía de los derechos humanos están en consonancia con este principio de igualdad y universalidad que debemos defender. (el resaltado es propio)
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital. Sr. García Méndez, Emilio Arturo… Aclaro que no me voy a referir a los problemas de naturaleza técnica, que ya han sido planteados con propiedad en el dictamen de minoría; simplemente deseo hacer dos o tres observaciones sobre el contenido de esta propuesta. En primer lugar, el proyecto restringe el universo del Banco a los casos vinculados con los delitos de lesa humanidad, abandonando los problemas de filiación. Si hay un país que conoce la existencia de zonas grises y los canales de comunicación entre los delitos de lesa humanidad y los problemas de filiación, es la Argentina. No en vano una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, planteó en oportunidad de tratarse la ley 23.511 la necesidad de incluir a todas las víctimas que habían sido sustituidas en su identidad y no sólo los casos de delitos de lesa humanidad. (el resaltado es propio)
En ese sentido, me permitiré leer una parte de la carta que el director del CELS envió al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en la que expresa que desde sus orígenes el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido convocado por la Justicia en calidad de perito, debido a su carácter eminentemente técnico- científico. Sin embargo, esa saludable independencia funcional no será aplicable al Instituto Nacional de Datos Genéticos en caso de funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, ya que al ser el secretario el encargado de designar al presidente del Instituto, se atenta contra cualquier forma de autonomía. En segundo término, lo que es más grave -esto exige una reflexión-: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en muchas de las causas por delitos de lesa humanidad. Entonces, como es querellante en varias de las causas en las que se investigan posibles apropiaciones de niños y niñas, en las que presumiblemente se puede requerir el trabajo de peritos expertos para la identificación de restos -sin perjuicio de que el proyecto especifica que el director deberá responder como perito oficial a los requerimientos de los órganos judiciales-, consideramos, continúa diciendo el documento del CELS, que este inciso no es suficiente para garantizar la imparcialidad requerida. (el resaltado es propio)
No es admisible considerar al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) como organización de derecho que pretende sostener el discurso hegemónico del neo capitalismo, y mucho menos su dedicación a las causas de defensa a los derechos humanos. Entre el 2000 y el 2021 fue presidido por Horacio Verbitsky.
Sra. Morandini, Norma Elena… Si aprobamos este proyecto que restringe la acción del Banco sólo para los casos de lesa humanidad, estaríamos discriminando entre dolores, víctimas y derechos. … La identidad, definida por la genética, al retrotraer la organización social del parentesco paradójicamente va a contramano de la proclamada sociedad universal que, al menos como definición, consagra derechos para hombres y mujeres equiparados bajo la única noción de personas y ciudadanos, … (el resaltado es propio)
Sra. presidenta Vaca Narvaja. Se va a votar la moción de que el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 1784 vuelva a comisión. Resulta afirmativa.
Aún con estas ponencias, por Ley N°. 26.548, Banco Nacional de Datos Genéticos, publicada en el B.O. el 27/nov/2009, la norma fue modificada, quedando circunscrito su accionar a la determinación de identidad de presuntas víctimas del último gobierno militar, tal como surge del articulado modificado:
Artículo 2º – Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres; b) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Artículo 3º – El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá las siguientes funciones: … c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos y realizando las pericias genéticas que les sean requeridas; f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado, mediante el dictado de normas y reglamentos relacionados con el objeto de su competencia.
Palmariamente se establece que el BNDG tiene una función parcial, no solo para las presuntas víctimas de apropiación durante el último proceso militar, sino que además se le arroga al mismo el carácter de exclusivo perito oficial, siendo una entidad vinculada a organismos privados y dependencias públicas emparentadas con intereses del colectivo identitario. Siendo el Poder Judicial el que en definitiva resuelve sobre el otorgamiento de identidad, lo lógico sería que el control técnico de las pericias genéticas, sobre las compatibilidades de ADN (ácido desoxirribonucleico), las efectuara el Cuerpo Médico Forense, transfiriéndosele, la base de datos y toda la infraestructura técnica.
Artículo 5º Este archivo contendrá la información genética relativa a: a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el archivo contendrá la información genética de los familiares de los hijos o hijas de personas desaparecidas, así como la de aquellas personas que pudieran ser las víctimas directas; b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado; c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre de 1983.
Reitera la postura parcial, y la amplia a otras búsquedas, pero siempre vinculadas al grupo de presuntas víctimas de apropiación durante la última dictadura.
Del consejo consultivo: Artículo 23. – Estará integrado por los siguientes miembros, quienes desempeñarán sus funciones “ad honorem”: a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; b) Un (1) representante del Ministerio de Salud; c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; d) Un (1) representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por Ley 25.457; e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
La norma regulatoria de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), Ley N°. 25.457, establece en su artículo 2 inc. b, que la Comisión cuenta con dos representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Abuelas). Por consiguiente, éstas, tienen en forma indirecta representación en el BNDG, respeto al cual tiene un interés directo, lo que claramente pone en entredicho la imparcialidad del mismo, con afectación al derecho a la igualdad ante la ley.
Otros datos que surgen de la publicación oficial de 2022 titulada «Ciencia x la identidad», de la cual se trascriben las siguientes partes pertinentes:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/ciencia_x_la_identidad_-_version_2022_0.pdf
Un aporte fundamental hacia el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad. Daniel Filmus. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Estos instrumentos y recursos, y la vasta experiencia de la Argentina en la materia, nos permiten comenzar a pensar en ampliar la capacidad de respuesta del Estado a todos los casos de vulneración del derecho a la identidad, independientemente del período histórico en que hayan ocurrido. Nuestro país, vanguardia en materia de derechos humanos, paradójicamente no tiene aún una ley para que el Estado pueda intervenir en todos los casos de supresión de identidad o búsqueda de personas desaparecidas: víctimas de tráfico, de trata, robo de bebés, desapariciones forzadas, catástrofes naturales o humanas. {pág. 15} (el resaltado es propio)
El propio Estado, a través de la palabra de un funcionario, reconoce la deuda que se tiene en relación a otros individuos que buscan reconstruir su identidad. Siendo obligación del Estado solucionar estas falencias que vulneran el derecho a la igualdad y la garantía de protección a los derechos humanos, no ha promovido las acciones tendientes a la defensa de los citados derechos. El actual gobierno es continuador de los que lo fueron desde 2003 a 2015, habiendo contado durante esos períodos de mayorías parlamentarias. Obviamente queda bien publicitar derechos mientras no hace el esfuerzo de poner en práctica su defensa. El mérito a lo no hecho.
Sembrar verdad en un campo devastado: … El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es un organismo público estatal que forma parte de las instituciones que trabajan por Memoria, Verdad y Justicia. Creado a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo. {pág. 22}.
No queda duda de la vinculación del Estado y los colectivos que se adjudican la defensa de los derechos humanos (la realidad es que solo los militan). Están plenamente integrados, lo que justifica considerar a toda la formación como grupo identitario.
No puede llamarse BNDG, a una entidad que solo lo es para un grupo reducido de presuntas víctimas: 151 de muestras genéticas familiares al 08/sep/2014 según lo señalado en el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, del presente y que deja fuera a un número importante de personas, miles, que buscan establecer su identidad y que no pertenecen a las presuntas víctimas que el BNDG considera su objeto.
En materia de derechos humanos y su protección rigen los siguientes principios:
«Pro omine» es el más característico y primordial, ya que hace a la protección de los individuos por su sola calidad de seres humanos y por sobre otros sujetos de derecho. Una clara prohibición a los sesgos identitarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha expedido sobre este principio en sus Opiniones Consultivas N°. 2/82 (24/sep/1982); y N°. 6/86 (9/may/1986).
«Erga omnes» que significa contra todos y respecto a todo, con alusión a lo absoluto, pues las normas se aplican a todos. Al respecto la Corte IDH, se ha expresado en su fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 111 y 112.
«Ius cogens» que determina el derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por voluntad de los obligados a cumplirlo; es el derecho que debe ser observado, ya que sus normas hacen al orden público y al interés general. La Corte IDH estableció: fallo N°. 127 (23/jun/2005) §. 184; y fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 178.
Respecto a la interpretación, alcances y restricciones protectorias de los derechos humanos, la citada Corte IDH determinó que:
Los derechos humanos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados. Es incuestionable el hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana … en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea cual sea su organización política. Opinión consultiva N°. 18/2003 (28/nov/2003) §. 73, en el mismo sentido, en el fallo N°. 134 (15/sep/2006) §. 104, 105 y 106.
Desde la abogacía, como ciencia jurídica y los abogados como auxiliares de la justicia, no puede dejar de tratarse la cuestión protectoria, así como el proponer y desarrollar todos los medios necesarios, para el sostenimiento de la garantía a la igualdad y al debido proceso. Tal como surge del Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en sus artículos 6. Afianzar la Justicia, 7. Defensa del Estado de Derecho y 8. Abogacía y Derechos Humanos, lo cual se demuestra con datos, que resultan violados.
[B]: Derecho a la identidad:
Para el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), «identidad» está definida como:
Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
Si bien el diccionario no lo dice en forma explícita, la identidad es un derecho que los individuos tienen, para diferenciarse de los demás. Este derecho incluye el de conocer el propio origen, la propia historia, la cual, en ciertas circunstancias, y por razones ajenas al individuo, puede permanecer oculta, incluso suprimida. Por otro lado, la igualdad es la base de los derechos humanos. Las personas deben contar, y eso es obligación del Estado, con medios no solo idóneos sino sobre todo accesibles y eficaces, para pesquisar sus orígenes y obtener en su caso la confirmación de su identidad en condiciones de igualdad.
No se puede confundir el término «identidad» con el de «identitarismo» el cual a la fecha no tiene una acepción por parte de la RAE. Aun así, la expresión es de uso constante, y permite una práctica que puede terminar, y de hecho muchas veces lo hace, vulnerando la garantía y derecho humano de libertad de pensamiento y expresión.
El identitarismo originado como un movimiento juvenil vinculado a la extrema derecha, en Francia, promovía la preservación de una identidad opuesta a las mezclas culturales, originando políticas identitarias con el enfoque y el análisis político basado en la priorización, por parte de sus adherentes de los aspectos más relevantes de lo que consideran su identidad. Lo grave es que estas políticas promueven sus intereses y una ideología común, muchas veces de un sectarismo que dejan sin consideración a otras identidades, incluso tratándolas como enemigas, de las que deben precaverse.
Aun en grupos, sectores, asociaciones, e incluso sectores gubernamentales, que se promueven como progresistas, y defensores a ultranza de las garantías de protección a los derechos humanos, en aras de sostener sus intereses e ideologías, no dudan en aplicar procedimientos de grosero autoritarismo como lo es el uso de alguno de los principios elaborados y sostenidos por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi.
Analizando los mismos se puede colegir:
Principio de la simplificación o del enemigo único: por el cual se adopta una única idea, un único símbolo. Se pretende infundir a todo lo que se opone a las propias ideas de un rasgo común y sencillo. Logrando con ello que no exista una disputa contra múltiples antagonistas, sino una guerra en la que solo bregaría un sencillo contendiente: el mal, la brutalidad, la injusticia o la ignorancia; un enemigo común sobre el cual focalizarse y sobre el que se basa la propaganda. Es común escuchar que los problemas provienen del discurso hegemónico, medios enemigos, paternalismo, neo liberalismo y otras consignas que se sostienen hasta el hartazgo y que, sin real fundamento, solo buscan despertar emociones.
Principio del método de contagio: asociado al anterior, su objeto es simplificar los hechos, dispensando una serie de atributos a todos los sujetos que se acojan a ideas opuestas a las propias. Se establecen estereotipos a partir de lo que el aparato de propaganda considerara “no deseable”, su método es el uso generalizado de la «falacia ad hominem».
Principio de la exageración y de la desfiguración: todo error del otro, sea real o construido con un relato, debe ser aprovechado de forma inmediata, dándole una característica mucho más grave o negativa, de lo que realmente es, con el fin de aprovecharla para los propios intereses. Sobre esto se basa, esa exacerbación de la censura sobre la que se sostiene e implementa la «cultura de la cancelación».
Principio de la orquestación: se repiten en forma sistemática las ideas que se quieren transmitir a la multitud, utilizando todo tipo de medios, pero insistiendo en el mismo concepto (en realidad mera consigna), planteado desde la forma más básica posible. Obviamente la aplicación del principio no está dirigida a los sectores de la sociedad que sostienen el «pensamiento crítico», sino a las masas menos educadas, y sobre todo económicamente dependientes del erario público, del cual no quieren liberarse.
Principio de la verosimilitud: la información debe sustentarse en el mayor número de fuentes posible. Se contemplaba también la posibilidad de generar un relato falaz dentro de una noticia objetivamente cierta, o manifiestamente contraria a la realidad, planteadas de modo más fácilmente digeribles para el público al que está dirigido. Es válida la omisión, el ocultamiento o la tergiversación a fin de lograr la manipulación de la información.
Principio de la silenciación: tiende a acallar todas las noticias positivas sobre los rivales, usando los medios de comunicación afines a la causa. Nuevamente se aplica censura y cultura de cancelación, cuando no, las amenazas y el temor a represalias, algo que cuando están involucrados organismos del gobierno resulta más sencillo y efectivo.
Principio de la unanimidad: sostiene que las ideas que se desea difundir gozan del consenso de toda la población, obviamente sin fundamento fáctico que, aunque lo tuviera, solo indicaría un abuso de las mayorías, algo que los principios democráticos y la protección a los derechos humanos rechaza de plano. El argumento es viejo y se conoce como «falacia ad populum».
En términos corrientes, el identitarismo, divide a los individuos entre hijos y entenados, los que tienen adherencia al grupo o comunidad son beneficiados, el resto queda al margen de cualquier favor o lo que es peor, menguado en sus derechos. Con ese criterio, el peronismo en dichos de su creador, formuló una frase que es el más grosero ejemplo de la desigualdad y de la propia ilegalidad, «al amigo todo, al enemigo ni justicia», lo que llevado a la práctica ha provocado graves violaciones de derechos por parte de gobiernos autoritarios, sean de origen revolucionario (golpes de Estado) o democráticos. Pretendiendo y generalmente silenciando a los opositores (enemigos declarados) con censura en particular y con la cultura de la cancelación que implica quitarle el apoyo o «cancelar» a una persona que dijo o hizo algo presuntamente ofensivo o cuestionable desde la opinión o el relato de un grupo identitario. No solo afecta lo expresado, sino que ataca a la persona que se expresa.
Pruebas de las aplicaciones de estos principios sobran, solo algunas de ellas:
Infobae {19/nov/2022}:
“La cancelación es reflejo de una profunda ignorancia: necesito que el otro no esté porque me obliga a responder, a pensar, a debatir”. Por Claudia Peiró.
La «cultura de la cancelación» la nueva forma de terrorismo, que si bien no mata físicamente aniquila a los sujetos sancionado con total crueldad, no solo censurando lo que se dije, sino pretendiendo anularlo como ser pensante, todo hacia una sociedad de descerebrados, para colmo bajo la excusa de los derechos humanos de presuntos «identitarismos», que no son otra cosa que arrasamiento de la base del dos derechos humanos, «todos los seres humanos somos iguales ante la ley». Tal vez sería interesante incluirlo en las declaraciones que se hagan en la conmemoración del 10/dic/2022, dio de los DDHH.
https://www.infobae.com/america/cultura/2022/11/19/la-cancelacion-es-reflejo-de-una-profunda-ignorancia-necesito-que-el-otro-no-este-porque-me-obliga-a-responder-a-pensar-a-debatir/
Telam {08/dic/2021}:
Presentaron un proyecto de ley para multar los discursos negacionistas: La abogada Valeria Carreras presentó un proyecto de ley que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y elevó un pedido al Colegio Público de Abogados donde requiere su “apoyo y acompañamiento”.
https://www.telam.com.ar/notas/202112/577274-presentan-un-proyecto-de-ley-para-multar-los-discursos-negacionistas.html
Radio Universidad Nacional de La Plata – AM 1390: DDHH.
Se presentó un proyecto de ley contra el negacionismo en la provincia de Buenos Aires: Diputados de la provincia de Buenos Aires presentar un proyecto de ley que propone crear un organismo provincial destinado a desarrollar políticas tendientes a prevenir, identificar, denunciar y crear un registro de identificación de conductas públicas negacionistas. En diálogo con Radio Universidad de La Plata, Susana González, Diputada Provincial por el Frente de Todos, habló sobre la importancia del proyecto.
“Hay un incipiente crecimiento, muchas veces movilizado por algunos sectores políticos, donde se vuelve a instalar con fuerza la teoría de los dos demonios y la utilización de palabras como subversión o guerra sucia”, afirmó la legisladora provincial.
https://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/ddhh-se-presento-un-proyecto-de-ley-contra-el-negacionismo-en-la-provincia-de-buenos-aires/
Estas dos últimas notas, son claramente cancelatorias, y la segunda, parece propiciar una versión progresista de la infame Gestapo nazi, o de la Stasi, de la Alemania comunista, dos ejemplos entre muchos de sistemas totalitarios y populistas.
El 07/mar/2023, a las 16:00 hs en la sede la de Biblioteca del Congreso de la Nación, el diputado nacional Alberto Asseff, invitó a la presentación del libro «La estafa con los desaparecidos» del periodista y militar retirado José Luis D’Angelo Rodríguez. Dicho evento fue suspendido por decisión de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
En una nota de la publicación pro oficial, Página 12 del 07/mar/2023, suscripta por Ailín Bulletini se expresó:
https://www.pagina12.com.ar/529291-repudios-a-una-actividad-negacionista-en-el-congreso-de-la-n
La presentación de un libro que califica de “negocio” a los derechos humanos. De los repudios a la suspensión de una actividad negacionista en el Congreso. Referentes de organismos de derechos humanos rechazaron la presentación de un libro del carapintada José D’Angelo Rodríguez, que había sido convocada para mañana por un legislador del PRO. La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió a la comisión bicameral que administra la Biblioteca del Congreso que la actividad fuera cancelada porque “afecta a los valores democráticos e históricos que la sociedad argentina ha tomado como propios”. Finalmente, la presentación fue suspendida.
La garantía de los artículos 14 y 19 de nuestra Constitución refirmada por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre censura previa, libertad de pensamiento y opinión fue groseramente arrasada, por manos del órgano de gobierno que representa al pueblo de la nación. El identitarismo solo se sirve de victimizaciones reales, pero amañadas, o falsas, y cuando una posible realidad las cuestiona la censuran, la cancelan. No es cierto que defienden la memoria, la verdad y la justicia. Toda vez que: la memoria parcial o tergiversada es un relato mentiroso (no acorde a la realidad), y por lo tanto no puede ser verdad, y la violación a las garantías civiles nunca puede ser justicia sino retaliación. Otra vez, «al amigo todo, al enemigo ni justicia», esta vez perpetrado desde el Poder Legislativo.
En defensa de las garantías protectorias a los derechos humanos con un grupo de abogados el 08/mar/2023, presentamos una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°. 10, a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, registrada como causa 723/2023, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, infracción Ley 23.592. Nos cabe la duda si triunfara la Constitución y las convenciones internacionales, o los privilegios de los grupos identitarios sostenidos por el Estado.
En cuanto a las diferencias entre el derecho a la identidad de todos los individuos y la de solo aquellos que habrían sido presuntas víctimas del accionar represivo de la última dictadura militar, son por demás evidentes, y otorgan a estos últimos una serie de prerrogativas en cuanto a la satisfacción de su búsqueda de identidad. Es más, el sistema establecido por el Estado en concurrencia con organizaciones, grupos o entidades nacionales e internacionales, es palmariamente violatorio del derecho a la igualdad, piedra basal de los derechos humanos, como se ha dicho.
También sirve de ejemplo, lo expuesto en la publicación oficial de 2022: Ciencia x la identidad – Historia viva del Banco Nacional de Datos Genéticos. se transcriben en sus partes pertinentes
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/05/ciencia_x_la_identidad_-_version_2022_0.pdf
Generaciones y genética. Dra. Mariana Herrera Piñero, Directora General Técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos. Marzo de 2022.
Sin lugar a dudas, una respuesta es la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo quienes, además de ser víctimas, se transformaron en detectives y genetistas forenses.
“Pareciera que Dios hizo el ADN mitocondrial para que lo usen las Abuelas”, dijo la genetista y experta de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias Mary-Claire King. {pág. 12}
Esto, no solo es demostrativo, de que el BNDG, originariamente de carácter general, se transformó en propiedad de ciertos sectores, sino que, es más, hasta se le da trascendencia divina.
Es decir, en vez de ampliarse en la recolección y guarda de datos del mayor número de personas posibles, se redujo a una muy limitada proporción de la sociedad, a las que se las declaró víctimas y con ello con mayores derechos. Tal como se demostrará en esta presentación, en un informe del BNDG de 08/sep/2014, la cifra oficial a ese año, ascendía a 151 muestras familiares, que si bien son posibles víctimas es una cantidad de personas exigua comparada con las otras, según surge de múltiples acciones y presentaciones de organizaciones y de ciudadanos comunes, y lo expresado en los considerandos de proyectos de ley, de quienes también buscan armar su identidad sin contar con los medios legales, institucionales y económicos con los que cuentan las eventuales víctimas de la dictadura militar. Claramente los últimos funcionan como grupo identitario.
Un aporte fundamental hacia el derecho a la verdad que tiene toda la sociedad. Daniel Filmus. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hay que recordar que estas acciones cobraron impulso en un contexto que la lectura de este libro permite visualizar: la perseverancia de una política de Estado de memoria, verdad y justicia, que entre 2003 y 2015, y luego a partir de 2019, favoreció distintos avances en la creación, apoyo y sostenimiento de herramientas de investigación y asistencia a las víctimas de la última dictadura militar. {pág. 15}. (el resaltado es propio)
Por si con lo anterior no bastara, el funcionario del que depende el BNDG, reconoce que es el gobierno, del cual él forma parte, el único que sostiene la búsqueda de identidad de las presuntas víctimas del último gobierno militar, demostrando como se involucra el gobierno del Estado con el grupo identitario, ergo la igualdad ante la ley solo se aplica en forma parcial, lo que necesariamente implica una violación a una garantía de defensa de los derechos humanos. Obviamente, el gobierno no duda en reiterar el «ah, pero Macri», el enemigo, real o presunto debe ser mencionado en forma reiterada.
El legado de las Abuelas y los nuevos desafíos. Presidente de la Nación.
El enorme coraje de enfrentar a esa dictadura y dar una lucha en la que fueron capaces de crear algo que no existía en el mundo: un banco de datos genéticos en el cual dejar sus muestras de sangre con la esperanza de que con el tiempo esas nietas y nietos que buscaban y siguen buscando, pudieran conocer su identidad y con ella saber quiénes son, de dónde vienen, quiénes eran sus padres y reencontrarse con sus familias. {pág. 17}
El BNDG es una de las instituciones fundamentales del Estado en la que todos los días se trabaja incansablemente para sostener la lucha por la verdad a través de la restitución de la identidad a esas niñas y niños apropiados durante la dictadura. Y lo ha hecho incluso en tiempos de gobiernos que no creen en estos principios de memoria ni en la acción reparatoria de la justicia. {pág. 18}.
El propio presidente de la Nación, reconoce la parcialidad en los registros de datos del BNDG, al sostener que está previsto para el período de la dictadura, por lo cual, mal se puede llamar nacional a algo palmariamente parcial y sectorial. Bajo la bandera de defensa de los derechos humanos se arrasa con su base de creación.
Mientras, tanto el gobierno como las organizaciones que se arrogan el derecho a la defensa de derechos humanos, apoyan a gobiernos que los violan en forma reiterada, sistemática y evidente, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, entre otros.
Una pregunta y la verdad: El único que puede decir la verdad es el BNDG. {pag. 23}.
De lo indicado en este título, y otros antecedentes que surgen como datos palmarios en el presente informe (v.g. abundante cuerpo normativo ad hoc, organismos públicos involucrados, y un número indeterminado de partícipes sostenidos por el Estado), no resulta válido para sostener la seguridad jurídica por parte de un ente dependiente del Poder Ejecutivo, a que se le arrogue, «la verdad absoluta» ya que forma parte del colectivo identitario.
La búsqueda está inserta en un proceso político nos guste o no nos guste. A los científicos muchas veces nos cuesta. … Si hubiera estado a cargo de la academia, de las universidades, en el caso de Argentina, nunca hubiera pasado absolutamente nada. De todos modos, no es que la academia argentina sea especialmente así, es así la academia en general en todo el mundo”. {pág. 25}.
De modo que este saber es tal en tanto existió una articulación creativa con los movimientos sociales y el Estado. {pág. 25}.
Entre falacias ad hominem y ad populum, y la utilización de principios de propaganda nazi, la articulación creativa, generó un relato que de tan creativo estableció «ficciones». Claramente, establece que la ciencia debe ser controlada por el Estado, algo común en los regímenes totalitarios. La imputación de inacción a la «academia», es una grave afrenta, a la cual los científicos parece que no les interesa responder, tal vez por el miedo a la cultura de la cancelación, o a las presiones de los poderes más oscuros del Estado.
Las leyes: Será recién en 2009 que la ley 26.548 vendrá a subsanar esta cuestión disponiendo el pasaje del BNDG a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y convirtiéndolo en autárquico y autónomo. Con la nueva ley no sólo se produce la unificación de la pertenencia jurisdiccional, ya que se define el traslado del BNDG a una dependencia nacional, sino que se limita su trabajo a los casos de víctimas del terrorismo de Estado, considerados delitos de lesa humanidad, que hayan sido perpetrados antes del 10 de diciembre de 1983, día que marcó el retorno a la democracia en el país. {pág. 28}.
Acotar los datos del BNDG a un período de la historia, es excluir a las otras personas que buscan su identidad y que tendrían iguales derechos.
También debe considerarse lo expresado, respecto a la identidad, en los Fundamentos del Expediente 6773-D-2018, del 30/oct/2018, publicado en Trámite Parlamentario N°. 152, sobre la ley 26.548.
Toda persona tiene, desde que nace, derecho a tener una identidad. A poseer aquellos atributos que lo distinguen de los demás y que, al mismo tiempo, los incluye en la sociedad que integra: un nombre, una nacionalidad, una fecha de nacimiento son aquellos que reconocemos con mayor habitualidad. La identidad es la afirmación de la existencia, constituye la determinación de la personalidad individual. (el resaltado es propio).
La identidad es un elemento dinámico, que se inicia desde el momento de la concepción -las “raíces” de una persona- hasta que alcanza su mayor eficiencia simbólica cuando se produce la identificación. Es decir, el registro de sus atributos mediante la ley.
La identidad supone la exigencia del derecho a la propia “biografía”; es la situación jurídica subjetiva por la que toda persona tiene derecho a una proyección social. (el resaltado es propio).
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ya mencionada, ha establecido el alcance de este derecho al disponer que “el niño […] tendrá derecho desde que nace […] en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” y que los Estados Parte velarán por la aplicación de estos derechos de acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera…” (Art. 7°); como así también que los “Estados Partes se comprometen a respetar los derechos del niño a preservar su identidad, […] de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas y con miras a restablecer rápidamente su identidad” (Art. 8°);(el resaltado es propio).
El derecho, es del sujeto, por lo cual, imponerle su búsqueda de identidad, es un agravió a sus derechos subjetivos, aún sean las presuntas víctimas de apropiación. La organización Abuelas, con el amplio apoyo estatal adquirido, se dedica a hostigar a estas presuntas víctimas, algunas veces violando además los derechos de sus legítimos grupos familiares, colocando a los magistrados en participes de estas maniobras.
Así podemos definir al derecho a la identidad como el derecho subjetivo a ser uno mismo y presentarse así frente a los terceros.
En nuestro país es el Estado Nacional el encargado de garantizar a todas las personas el derecho a la identidad formal mediante la identificación civil.
Porque somos parte de ese legado, de ese camino que inició la democratización, cuando el Estado debió reparar lo que había provocado, hoy debemos consagrar lo que es de todos: el derecho a la identidad. Se haya nacido en cautiverio, fruto de una violación, producto del abandono o simplemente se trate de un ciudadano que busca su verdad. Las víctimas no tienen distinción y los instrumentos de reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos deben estar en consonancia con el principio que los sustentan: la igualdad y la universalidad. (el resaltado es propio).
Respecto de «las leyes» que son muchas, relativas al apoyo a grupos identitarios, se trataran las mismas en el título [C] Normativa de derecho interno, del presente informe.
Sin perjuicio de ello, reiteramos, que el organismo público que investiga la temática de presuntas víctimas de la última dictadura militar, la CONADI, tiene como directora a Claudia Carlotto, hija de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, titular de la asociación Abuelas, organización directamente involucrada sobre el tema. ¿Se podría decir «nepotismo identitario»?
Respecto a la vinculación del colectivo con el exterior, de la página WEB de CONADI, surge:
La Red por el Derecho a la Identidad surge a partir de una iniciativa coordinada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la sociedad civil. Fue creada con el propósito de difundir la búsqueda de los nietos y nietas y el derecho a la identidad en todo el territorio nacional. Para ello se crearon “nodos” de la Red en zonas geográficas de la República Argentina donde no existían filiales de Abuelas de Plaza de Mayo, y más recientemente, en algunas ciudades del exterior del país.
La Red por el Derecho a la Identidad está integrada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales, y todas aquellas personas dispuestas a colaborar con compromiso en la búsqueda de los nietos y nietas y en la difusión y protección del derecho a la identidad en todo el país.
https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/conadi
Obviamente la protección al derecho a la identidad es solo para los presuntos apropiados, sin importar para la «Red» si estos están interesados y quieren o no.
No cabe más que colegir (datos sobran y en este informe se detallan) que si la búsqueda de identidad, esta sostenida fundamentalmente por un grupo identitario, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, van a desaparecer, para los restantes individuos que legítimamente buscan conocerla, no importando la cantidad de los que reclaman.
Un ejemplo reciente del funcionamiento como grupo identitario, surge de una reciente publicación, que se analiza a sus efectos:
Caras y caretas (04/feb/2023), por Luciana Bertoia.
La búsqueda sin fin.
Restitución de identidad: Ciento treinta y dos, dice el contador de la Casa por la Identidad. Es el edificio que tiene Abuelas de Plaza de Mayo dentro del predio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores campos de concentración de la Argentina. El número refleja los casos resueltos, las nietas y los nietos encontrados…
El juez Cavallo les dio la razón en 2001. Lo mismo hizo la Cámara Federal porteña. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema –renovada por el gobierno de Néstor Kirchner– declaró la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas durante el gobierno de Alfonsín. Se volvía a juzgar a los genocidas.
Nadie duda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fue en su «renovación» orquestada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Sobre la cual, también se puede sospechar que la influenció, según lo expresado por Alberto Fernández, entonces ministro y hoy presidente, en medios de comunicación. Un hecho a destacar es la versión del máximo tribunal, de la figura del «leal acatamiento», por parte de los tribunales inferiores, una versión judicial que puede asemejarse a la execrada «obediencia debida milita», que resulta claramente violatorio al principio de independencia judicial sostenido tanto por los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y Obviamente las garantías que al respecto establece nuestra Constitución y las convenciones internacionales que garantizan la protección de los derechos humanos, contenidas en el artículo 75. Inc. 22 de nuestra carta magna.
Como es normal en la puesta en práctica de políticas identitarias, se aplica la «posverdad»: información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita. No es cierto que se volviera a juzgar a genocidas, ya que nunca fueron juzgados por tales delitos. Seguramente, porque la tipificación de «genocidio», término de gran carga emotiva, no es aplicable a los hechos cometidos en la Argentina por no cumplirse los requisitos establecidos. Al respecto debe considerarse lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:
Artículo 5º: Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el Art. 3.
La Argentina, no incluyó hasta la fecha dicho tipo penal y por lo tanto no es aplicable. Las referencias a lo establecido al respecto en el Estatuto de Roma, solo lo son para procesos que tramiten ante la Corte Penal Internacional, y solo si el delito se cometió luego de reconocido el Estatuto, que entró en vigencia el 01/jul/2002, que palmariamente sostiene el principio de irretroactividad de la ley penal, como no puede ser de otra forma.
Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II en la «Causa Nº FLP 17/ 2012/TO1/29/CFC12 “VAÑEK, Antonio y otros s/ recurso de casación”. Registro N°. 880/22», en su fallo por mayoría del 11/jun/2022 resolvió:
El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo: … 6°) A) Ahora bien, respecto de la calificación de los hechos como genocidio, título de imputación que fuera escogido en el fallo -por la mayoría del tribunal y apartándose de la imputación del Fiscal de juicio-, he de disentir con lo propuesto en el voto que lidera el acuerdo en punto a la operatividad de tal calificación respecto de los hechos comprobados.
Valerse del término “genocidio”, o aun apuntar como “genocidas” a sujetos que han llevado a cabo comportamientos de intensa crueldad y capacidad lesiva contra la vida y la integridad de las personas, permite expresar el disvalor de esos actos en la dialéctica comunicativa. De esa manera, se señala una profunda contradicción con principios y valores humanos en virtud de la extensión cuantitativa y cualitativa de la afectación de los derechos fundamentales. En perspectiva semántica, ese uso resulta habilitado por su eficacia ilocucionaria en la consideración comunicativa, que no necesariamente expresa el contenido de antijuridicidad reglado por la legalidad penal y convencional del término usado.
Esto resulta impropio de la magistratura pues pone en trance un concepto que ha merecido, durante casi un siglo, la esforzada labor de los juristas para expresar ciertos comportamientos ilícitos que, en su exteriorización normativa, ofrecen una notoria complejidad. Su uso retórico en el ámbito de intervención judicial no solo crea inseguridad, al banalizar aspectos propios de esa elaboración conceptual, sino que, además, pone en crisis -como lógica consecuencia jurídica- el principio de legalidad, las nociones del derecho internacional y convencional y, más precisamente aún, uno de sus derivados, como es el principio de tipicidad.
En consecuencia, la noción de genocidio ha quedado circunscripta a un elenco determinado y estricto de situaciones que lo caracteriza, sobre todo, respecto de otros crímenes y atrocidades contra la humanidad. Especificidad, cabe acotar, particularmente surgida de las exigencias de mens rea respecto de ciertos grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, ya que no todo grupo o colectivo de personas aparecen integrados al concepto de genocidio.
Es que “el genocidio desde el punto de vista normativo es que se trata de un tipo penal que no protege, como a veces se cree, el bien jurídico de la vida. En palabras de la gran pensadora alemana Hannah Arendt, el genocidio constituye el crimen de los crímenes porque pretende destruir la característica clave de la condición humana, que es la diversidad”.
Por todo ello, en mérito del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: III.- Por mayoría, ANULAR la sentencia recurrida en lo que respecta a la calificación de los hechos como genocidio …
Continúa expresándose en el artículo periodístico:
Como parte de lo que Abuelas reclamaba para acelerar los procesos en la Justicia, la procuradora Alejandra Gils Carbó creó en 2012 una Unidad para Casos de Apropiación durante el Terrorismo de Estado. … Tanto la Unidad de Apropiación como la Conadi realizan actualmente investigaciones complejas: acceden a documentación a la que Abuelas, como una organización de la sociedad civil, no podría acceder. “Hoy, el Poder Judicial es un actor más, ya no es el predominante que solía ser. Gracias al crecimiento de las presentaciones espontáneas y de la Conadi, el papel está más morigerado. En general, al juez le llega un paquetito prácticamente terminado con lo que hacen la Conadi o la Unidad. Entonces, hoy el reclamo a la Justicia no es investigativo, sino de celeridad”, explica Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. (el resaltado es nuestro)
Es evidente que el grupo identitario cuenta, con apoyo judicial, es más casi suprime y subordina a la magistratura, a la que coloca como simple receptora de un «paquetito». Cabe preguntar si algún juez iniciará alguna acción por el agravio de ser considerado un mero receptor, o seguirán subordinados o dependientes del grupo identitario. En aras de la celeridad se arrasa con la seguridad jurídica y el debido proceso, tal como se lo reconoce desde una publicación y por parte de una periodista, afín al grupo, y, por lo tanto, no contaminado con el discurso hegemónico de los «medios de la derecha». Un claro acto de sincericidio, o la voz de la mala conciencia los traiciona con un lapsus.
Se justifica en beneficio de la celeridad, la absoluta falta al respeto a la independencia judicial, que no solo está establecido en nuestro cuerpo legal, sino además por la normativa internacional como el Código Iberoamericano de Ética Judicial (XIII Cumbre Judicial Iberoamericana); Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (confirmados por la Asamblea General de la ONU, en sus resoluciones 40/32 de 29/nov/1985 y 40/146 de 13/dic/1985); Estatuto del Juez Iberoamericano (VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, 23, 24 y 25/may/2001); y Código de Bangalore Sobre Conducta Judicial De 2001 (O.N.U. 31/ago/2005); Recomendación N°. R (2000)19 del Comité de Ministros de los Estados Miembros, del Consejo de Europa, sobre la Función de la Fiscalía en el Sistema de Justicia Penal.
El «paquetito» que según el coordinador del equipo jurídico de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, le llega al juez, es un agravio a su condición de magistrado, pero esto se empeora cuando parece que sus posibles resoluciones, deben ser contestes a «la Abuela manda». ¿Estamos ante una nueva forma de «obediencia debida»? nunca aplicable a lo civil y derogada para lo militar. Esto parece haber sido acatado por los magistrados sujetos al delivery. Lo seguro, que la sola mención del paquetito, arrasa con la seguridad jurídica, por la puesta en duda de la independencia judicial.
Como profesional del derecho el Dr. Lovelli, no debería participar ni avalar la entrega de un «paquetito» a los jueces. ¿actuará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), por su obligación de controlar como ejercen la función sus matriculados? ¿aplicará el Código de Ética?, o ¿avalará al grupo identitario? La declaración es pública, así que podría actuar de oficio, ya que pone en entredicho la conducta profesional y sobre todo la seguridad jurídica que deben brindar los magistrados.
En la dirección de la institución, hace un tiempo que algunos nietos ocupan lugares de decisión. Están Claudia Victoria, Manuel Gonçalves Granada, Leonardo Fossati, Guillermo Pérez Roisinblit y Adriana Metz, entre otros. Son los que garantizan que la búsqueda continuará a lo largo de los años, pero tienen muy clara la consigna que les transmitieron: “Mientras haya una Abuela, la Abuela manda”.
https://carasycaretas.org.ar/2023/02/04/la-busqueda-sin-fin/?amp=1
La consigna es realmente autoritaria, la pretensión de que tal mandato puede interferir en el orden jurídico es claramente antidemocrático y anti republicano. No es de extrañar las acciones que, desde el Poder Ejecutivo y los legisladores afines a la coalición de gobierno, se pretenda suprimir a la Corte Suprema, por otra versión militante, cooptar el funcionamiento de Consejo de la Magistratura, y demás actos que afectan al ya perturbado Poder Judicial.
Los colectivos de profesionales del derecho y el Consejo de la Magistratura deberían iniciar acciones para la determinación de cuantos tribunales son receptores de los citados «paquetito», y las responsabilidades que pudieren caberle a los magistrados por acatar el mandato de Abuelas. El silencio no es salud, y mucho menos cuando afecta a causas judiciales por presunta apropiación, conforme la Ley 26.548; haría de los fallos una «retaliación». O lo que es peor la aplicación del precepto de Perón «al enemigo ni justicia».
Están quienes, en cierto modo de información oficial, constan en el Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, que expresa:
… diputado por la Capital. Sr. Tinnirello, Carlos Alberto. Señor presidente: … Simplemente voy a decir dos o tres cosas. A mí también me ha venido a ver gente de organismos de derechos humanos y de algunas organizaciones que trabajan en la búsqueda de la identidad. Según los datos que tienen algunos de esos organismos, hay tres millones de personas que buscan su identidad. Cuando me dieron este dato yo dije que era una barbaridad, porque me pareció un número exagerado. En realidad, no sé si no habrá cierta exageración, ya que algunos organismos que también buscan identidad hablan de un millón o un millón y medio, que también es muchísima gente. El 29 de marzo de 2006 el ministro de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero, Juan Carlos Smith, dijo que el 52 por ciento de los niños que nacen en esa provincia no son registrados. (el resaltado es propio)
Otro grupo, otros quienes en una reciente publicación manifiestan:
Infobae (10/dic/2022):
https://www.infobae.com/historias/2022/12/10/me-tapo-la-cara-y-me-tiro-para-atras-37-anos-despues-entendio-que-habia-pasado-en-ese-parto-atroz/
Me tapó la cara y me tiró para atrás”: 37 años después, entendió qué había pasado en ese parto atroz.
[…] Ahora ella, junto a otras dos mujeres, forma parte de una campaña del Estado Nacional que tiene como eje “el otro robo de niños”. Se llama “Madres que buscan” y tiene como protagonistas a madres que buscan a sus hijos independientemente de las fechas, es decir, más allá de los límites de la última dictadura cívico militar.
[…] En el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica hay 4.500 casos de apropiaciones no vinculadas con los crímenes de la dictadura, pero sólo el 10% son “madres que buscan” (el resto, son hijas, hijos, hermanos). Es que muchas no se animan a buscar por los prejuicios vinculados a “la mala madre”: la creencia de que fue su culpa porque los entregaron, vendieron, fueron a abortarlos o no lucharon lo suficiente para recuperarlos.
Es obvio que las cifras mencionadas discrepan en grado sumo, y será el Estado o al menos debería serlo, quien busque una cifra aceptable sobre esta cantidad de afectados, y arbitre los medios para lograrlo, algo que obviamente y después de 40 años de democracia no se ha hecho, ni parece haber interés en realizarlo.
Respecto del grupo que cuenta apoyo oficial comenzamos con una información que surge desde el Estado, en este caso la Procuración General de la Nación en su Resolución P. G. N. N°. 3 /12. Buenos Aires, 0l/oct/2012.
Y considerando: Más allá de ello, debe repararse en que, según la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. (el resaltado es propio)
Claramente el organismo estatal, toma como fuente a una organización de la sociedad civil, con interés particular sobre el tema.
En publicaciones efectuadas por medios periodísticos, tomamos, entre muchas:
Suissinfo.ch (24/mar/16)
https://www.swissinfo.ch/spa/40-a%C3%B1os-del-golpe-militar-en-argentina_-hemos-encontrado-a-119–pero-faltan-400-/42042562
Hemos encontrado a 119 nietos, pero faltan 400 … E.C.: De los 500 nietos (hipotéticos, porque no todos están con denuncias, pero la realidad nos marca ese número), hemos encontrado hasta ahora 119, que es un número excepcional en función de lo que cuesta encontrarlos. Pero faltan alrededor de 400. (el resaltado es propio)
Es decir que si a los 400 que faltan se les suman los 119, la cifra de presuntamente apropiados sería de 519, que daría un promedio de 3 hijos y medio por familia. Claramente un relato imposible por parte de la organización «Abuelas».
Telam 25/abr/2017
http://www.telam.com.ar/notas/201704/186780-abuelas-de-plaza-de-mayo-nieto-recuperado-122.html
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 122: … y es uno más de los 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los represores que actuaron durante la dictadura… (el resaltado es propio)
En la publicación de 2022, ut supra mencionada, también oficial, denominada «Ciencia x la identidad», se expone:
Organizaciones de familiares como las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda de los casi 500 niños... {pág. 10}. (el resaltado es propio)
Página 12 (29/dic/2023): Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 132.
https://www.pagina12.com.ar/511631-aparecio-el-nieto-132.
La asociación brindó a una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad, donde dio a conocer que el nieto 132 es hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en Tucumán en 1976, pero no hay datos de su padre biológico. “Esperamos que esta conferencia contribuya para que quienes tengan un dato de Mercedes Del Valle Morales, lo aporten”, dijo Estela de Carloto. “Gran alegría por la restitución de la identidad de otro argentino”, celebró Cristina Kirchner.
Real politik (08/ene/2023): El extraño caso del nieto recuperado 132 que ya había sido encontrado en 2007.
https://realpolitik.com.ar/nota/51218/el-extrano-caso-del-nieto-recuperado-132-que-ya-habia-sido-encontrado-en-2007/
En una extraña maniobra, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo anunció con bombos y platillos la restitución de Juan José Morales horas antes del año nuevo 2023. Sin embargo, el joven conocía su identidad desde hace, al menos, quince años.
Página 12 (22/feb/2023), por Luciana Bertoia.
https://www.pagina12.com.ar/525670-un-24-de-marzo-marcado-por-la-discusion-sobre-la-justicia
Cómo se prepara la marcha por los 47 años del golpe genocida. Un 24 de marzo marcado por la discusión sobre la justicia.
“Yo creo que Cristina el 24 de marzo no va a hacer esta manifestación porque justamente el 24 es la recordación de un golpe de Estado, la desaparición de 30.000 personas y alrededor de 500 bebés –nacidos en cautiverio o nacidos antes (del secuestro). Ese día va a ser para Memoria, Verdad y Justicia”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en una entrevista con FM La Patriada.
Hasta aquí, algunos relatos, consideremos ahora algunos datos, que surgen de reseñas oficiales.
Respecto a los «desaparecidos y asesinados» durante la dictadura militar, la página de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, figura como Anexo IV, Cuadros estadísticos sobre víctimas y hechos del accionar represivo ilegal del Estado, muestra el siguiente detalle:
1.1. Víctimas por tipificación principal de la denuncia: El listado de referencia está conformado por un total general de 8631 casos, discriminados en 7018 casos de personas víctimas de desaparición forzada (en adelante, VDF) y 1613 víctimas de asesinato (en adelante, VA).
Víctimas mujeres de desaparición forzada (1.894 casos) 27 %. Víctimas mujeres de asesinato (341 casos) 21,1 %. Lo que hace un total de víctimas mujeres de 2.235 casos,
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._anexo_iv_cuadros_estad_sticos-investigacion_ruvte-ilid.pdf
De tales datos surge que 203 mujeres se encontraban en la franja etaria entre los 40/81 años, que en este grupo hay baja posibilidad de embarazo, la cifra del relato de más de 500 parece insostenible.
En un proceso judicial por presunta apropiación: expediente CFP. 1917/2014, del Juzgado Criminal y Correccional N°. 4, a fs. 231, surge el proveído que dice:
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014. Habiéndose constatado que … no tiene vínculos genéticos con ninguno de los 151 grupos familiares que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos, por haber sido denunciados como víctimas de la supresión de estado civil… (el resaltado es propio)
Es evidente que si solo existen 151 grupos, que buscan a presuntos apropiados, la cantidad de más de 500 presuntas víctimas, indicaría, por simple cálculo (500 /151) daría al menos que cada presunta asesinada o desaparecida, habría tenido 3,3 hijos cada una; ahora si consideramos las 519 que resultarían según la publicación del 24/mar/2016, antes mencionada, la cifra sería de 3,4 hijos por presunta víctima, todo ello en un periodo 8 años, algo que obviamente resulta insostenible. De ser así, resultaría que los centros clandestinos de detención, deberían ser considerados como de «procreación». La mención a 500 o más nietos solo demuestra que hay claramente creatividad matemática.
La excusa de que «por temor» hay muchas víctimas que no realizan denuncias, no resulta sostenible, luego de casi 40 años de recuperada la democracia, con miles de partícipes del gobierno militar sometidos a proceso, la mayoría en prisión, y con centenares de ellos fallecidos, el temor es obviamente infundado desde el plano de la realidad y que solo sirve para fraguar el relato.
El agrandamiento desmesurado de presuntas víctimas, en general multiplicadas por más de tres, ha sido una constante y además una estrategia por parte de organizaciones o grupos que se proclaman defensoras de derechos humanos, para obtener apoyos no solamente políticos y sociales, sino también económicos, lo cual, podría asimilarse a alguno de los tipos establecidos en el «Capítulo IV Estafas y otras defraudaciones», de nuestro Código Penal, en contra de los aportantes que han apoyado y aún apoyan a estas organizaciones o grupos, quienes extrañamente no se han considerado víctimas de estas maniobras engañosas. Como ejemplos:
Infobae (19/ago/2021):
https://www.infobae.com/politica/2021/08/19/luis-labrana-un-ex-militante-de-montoneros-aseguro-que-el-invento-la-cifra-de-los-30-mil-desaparecidos/
Luis Labraña, un ex militante de Montoneros, aseguró que él inventó la cifra de los 30 mil desaparecidos. “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”, aseguró.
Perfil (05/mar/2020):
https://www.perfil.com/noticias/politica/en-su-ultimo-libro-fernandez-meijide-polemiza-con-la-cifra-de-desaparecidos.phtml
En su último libro, Fernández Meijide polemiza por la cifra de desaparecidos. … Dicho eso, comienza a narrar que, por testigos directos, “refugiados argentinos en España al principio de la dictadura” y sus propias experiencias viajando por Europa para conseguir apoyo internacional en aquella época, tiene la certeza de que “el número de 30.000 desaparecidos fue una convención utilizada para comunicar y movilizar a la opinión pública internacional sobre la tragedia que se vivía en Argentina“.
Estas tergiversaciones de la realidad, y con fines claramente políticos, han tenido también predicamento en el gobierno del Estado, en múltiples formas, en normativas en apoyo a las presuntas víctimas de apropiación, y el reiterado sostenimiento a los 30.000 desaparecidos. Cabe, recordar que, en la Provincia de Buenos Aires, con mayoría parlamentaria, fue promulgada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, la Ley N°. 14.910, publicada en el B.O. el 19/may/2017, que hace obligatoria para funcionarios, la referencia a la cifra de 30.000 desaparecidos. La funcionaria provincial no podía desconocer los guarismos existentes en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual no solo promulgó una ley con datos no reales, sino que hizo obligatorio su uso, es decir obligó por ley a mentir, lo cual trasgrede en mucho a una práctica democrática, es más, es claramente autoritaria.
Por lo tanto, resulta palmaría la falta de seguridad que en cuanto objetividad e imparcialidad, tienen tanto los organismos que se presentan como defensores de derechos humanos, como de los órganos estatales que les son afines; cuando esto se aplica a acciones judiciales, lo que queda expuesto es la inseguridad jurídica. Los relatos de tales organismos estatales y de la sociedad civil, están sostenidos como actos de fe, y quien pretenda discutirlos será condenado con una anatema, y si usamos terminología no religiosa condenados a «cancelación».
Según la publicación Caras y caretas (04/02/2023) Redacción. Se expresa:
Todos los nombres. En 45 años de trabajo arduo y comprometido, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron identificar a 132 hijas e hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otros secuestrados junto a sus padres. Aquí, el listado completo.
https://carasycaretas.org.ar/2023/02/04/todos-los-nombres/
De la nota se desprenden los siguientes datos:
Dictadura militar
Ley N°. 23.511, B.O. el 10/jul/1987
Vigencia de Ley 23.511
Ley 26.548, B.O. el 27/nov/2009
• Los nietos consignados como “el embarazo no llegó a término”, están designados con los N°. 12, 42, 47, 60,73, 78, 104, 108, 112, 113, 123, 124. Total: de 12 nietos.
• Los nietos N°. 54 y 55: “Caso en revisión. Se omiten los datos.”
• Los nietos N°. 107, 125, 131: “el nombre no trascendió”. Designados por apellidos.
La fuente menciona a las hijas e hijos de desaparecidos, muchos de ellos nacidos en cautiverio y otros secuestrados junto a sus padres. Nada dice de aquellos en que el embarazo no llegó a término.
En base a los datos vertidos por la publicación, la cual no puede considerarse perteneciente al neo liberalismo, ni que sostenga el discurso hegemónico de la derecha, ni anti derechos, y analizando los mismos, cabe preguntarse, si además de arrasar con la garantía de igualdad ante la ley, y el derecho a la identidad, el amplio plexo normativo desarrollado en el punto siguiente es realmente útil:
En los diez años que transcurrieron desde 1978 (plena dictadura militar) y la sanción de la Ley del BNDG (1987), fueron identificados 39 “hijas e hijos de desaparecidos”, 29,55 %, del total de los 132 que lo han sido a 2022; en los 23 años que sucedieron entre la sanción de la Ley 23.511, y su reforma por Ley 26.548, la cifra indica que fue un 46,21 %; por consiguiente durante el último periodo y desde la sanción de la última norma solo fueron establecidas 32 presuntas víctimas, es decir 7 menos que las habidas desde la dictadura militar a la sanción de la primera norma de creación de BNDG, y poco más de la mitad de las establecidas durante el periodo de vigencia de la ley 23.511, y solo el 24,24 % del total.
Transcurridos 40 años de democracia y ante el menor grado de eficacia del sistema identitario actual de búsqueda de presuntas víctimas de apropiación, parece claro que el sostenimiento de un sistema violatorio de las garantías de protección a los derechos humanos es contrario a derecho y palmariamente ineficaz. Por consiguiente, es necesario el urgente tratamiento legislativo a fin de hacer una normativa que garantice la protección de los derechos a la igualdad e identidad que prescribe tanto nuestra Constitución como las normas convencionales que protegen los derechos humanos, dando así cumplimiento a lo establecido por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación al artículo 1 de la misma. Y así resguardar los derechos de los miles que buscan su identidad y han sido excluidos, por un banco que en la realidad nacional no es nacional ni sirve a los fines que su nombre propone.
Obviamente, deberá investigarse responsabilidades públicas y privadas por la violación sistemática y reiterada de las garantías de igualdad e identidad, y el consecuente daño a la seguridad jurídica y el debido proceso que el grupo identitario comete.
Es necesario también realizar una profunda investigación sobre los costos que la obtención de identificación de 32 presuntas víctimas ha ocasionado y las responsabilidades legales que esto pudiera implicar en cuanto al manejo de fondos públicos.
Si bien resulta objetable desde lo emocional, el establecer costos cuando de víctimas se trata, vemos la conveniencia de mensurar el valor de recuperación entre los distintos períodos, puesto que esto permitía determinar cuánto demandó cada víctima identificada, y así llegar a la necesaria conclusión de que el sistema por su baja eficiencia debe ser cambiado.
Por otra parte, el sistema de la Ley 26.548, excluye de la posibilidad de recuperar identidad a miles de personas que, con el cambio normativo y el traspaso de fondos, podría mejorar sus opciones de éxito.
Por último, debe tomarse en consideración que el régimen de la ley 26.548, es violatorio de las garantías de igualdad ante la ley, de identidad y consecuentemente de la seguridad jurídica, motivo que por sí solo amerita el cambio normativo integral, con el fin de garantizar la aplicación de los derechos humanos.
Es evidente que este super desarrollado grupo identitario, jamás aceptaría lo expresado por Antonio Machado. Tu verdad no, la Verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. En la versión identitaria la verdad no se busca, se impone como posverdad, como mero relato ajeno a la realidad. Como en la frase de Juan D. Perón «al enemigo ni justicia».
[C]: Normativa de derecho interno:
La «falta» es un concepto de la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, referido a la relación del sujeto con el deseo, designaba la falta en el ser. Michel Foucault basa la falta en la exclusión de la diversidad, es una respuesta a la inexistencia del Otro. En psicología puede ser considerada en la «clínica del vacío». Quienes buscan su identidad biológica, perciben le falta.
En la legislación resulta difícil establecer lo que falta, pero en principio las personas que buscan su identidad solo cuentan con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y las normas procesales de cada jurisdicción, así como para las determinaciones técnicas en filiación la asistencia de los respectivos cuerpos médicos forenses, en tanto las presuntas víctimas de apropiación cuentan con un cuerpo regulatorio específico.
En la propuesta legislativa presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y tratada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Despacho 1243/2006, la legisladora Alicia Pierini refiere que desde hace varios años existen numerosas personas que tienen dudas fundadas sobre su identidad biológica, presuntamente adulterada, con reclamos ante las autoridades administrativas, sin obtener respuesta positiva. Se trata de personas cuya identidad no fue alterada durante los años 1976/1983 y no las protege igual sistema de garantías.
Esta limitación, en la práctica, se daba aún con la vigencia de la Ley N°. 23.511, publicada en el B.O. el 10/jul/1987, que contemplaba que el BNDG fuera amplio. Hoy este registro está limitado por la Ley N°. 26.548, publicada en el B.O. el 27/nov/2009.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad tramitó diferentes actuaciones a fin de acceder a los registros hospitalarios de nacimiento en los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de quienes solicitaron su intermediación.
Continúa: en uno de los casos, MRP, la denunciante expuso que fue diagnosticada de anemia por Hemoglobina S, enfermedad genética, que es casi exclusiva de la población negra africana. Sus padres, como refirió, europeos blancos, ya no vivían. Comenzó sus averiguaciones y pudo determinar que no es hija biológica del matrimonio que la registró en su partida de nacimiento. Tiempo después, un primo le hizo saber que la madre biológica era muy joven, que la había tenido en el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, que vivía en las cercanías del matrimonio que la inscribió como propia en el año 1946.
CABA – Ley N°. 2.202, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada el 07/dic/2006, promulgada en Decreto Nº 119/007 del 17/ene/2007, publicación en el BOCBA N° 2.612 el 25/ene/2007, por la cual el Ministerio de Salud, adoptará las medidas necesarias para el Acceso a Registros de Establecimientos de Salud y Registro Civil con el objeto de facilitar la búsqueda de datos e investigaciones a las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada, a fin de unificar los sistemas de registro de los nacimientos y de partos que se produzcan en los servicios de salud de la Ciudad. Nada dice la ley sobre el registro de muestras y el BNDG.
Resolución N°. 2017-696-APN-SECDHYPC#MJ, creó la «Red de Trabajo sobre Identidad Biológica» (RETIB), equipo interdisciplinario bajo competencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, En la primera reunión trataron el Proyecto de Ley de Identidad de Origen y Biológica, presentado en 2018, por la necesidad de garantizar un derecho humano fundamental, principal y constitutivo de las personas. Trabajaron en la creación de un protocolo de actuación en casos de vinculación y en el desarrollo de un manual de buenas prácticas de comunicación.
Valeria Efron, coordinadora de la RETIB, expresó, al medio periodístico Infobae, que el principal objetivo de la Red «es la evaluación de la problemática a nivel nacional y el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la identidad». En febrero de 2018 y desde la creación en 2017 había recibido 800 consultas, se han realizado 200 entrevistas personales y se ha asesorado a 230 personas. Comenta que podrían ser miles más, son personas en búsqueda de sus madres, padres, de un rastro familiar y así de su historia de vida. Aunque no se encuentran alcanzadas en el grupo etario del BNDG, que solo contiene registros vinculados al período 1976/1983, fueron invitadas a incluirse.
https://www.infobae.com/politica/2018/02/10/gente-que-quiere-conocer-sus-verdaderos-origenes-como-funciona-la-red-de-identidad-biologica-que-creo-el-gobierno/
Resolución N°. 1392/2019 del 06/dic/2019, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Creación del «Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica», publicada en el B.O. el 12/dic/2019.
Considerando:
Que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental y consustancial a la dignidad humana.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Resuelve
Artículo 1°. Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural el “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica”
Artículo 2°. El “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica” tendrá como objetivo atender la problemática de vulneración del derecho a la identidad en hechos no ligados a los crímenes de lesa humanidad y proponer políticas públicas tendientes a garantizar el ejercicio pleno del mencionado derecho, articulando acciones e instancias en todo el territorio nacional, con otros organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Artículo 3°. Apruébase el Plan de Acción del “Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica” consignado en el Anexo I (IF-2019-96149769-APN-SECDHYPC#MJ) que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º. Apruébase la Estructura de la Base de Datos y la Naturaleza de los Datos consignados en el Anexo II (IF- 2019-96150204-APN-SECDHYPC#MJ) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Firmantes: Garavano
La Resolución crea el «Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica» a días de finalizar la gestión del gobierno anterior y publicada durante la actual gestión, prevé prestar asesoramiento jurídico, asistencia psicológica, articular acciones con la CONADI, el intercambio de información con otros registros y organismos del Estado. Solo si se considerara necesario se gestionarían medidas para estudios de ADN. Nada dice de cuál es el organismo que los realizará.
También prevé coordinar acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos, sea con otros estamentos del Estado o con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
En el Anexo II:
Finalidad, estructura de la base y naturaleza de los datos
1) La base tendrá como finalidad receptar, centralizar y entrecruzar toda información y/o documentación relativa a personas que tengan dudas sobre su identidad biológica y sobre quienes se presume que su identidad habría sido alterada, no vinculados a hechos de lesa humanidad, con el objeto de sustentar la producción de reportes y estadísticas sobre la materia.
2) La base recabará datos de personas que tengan dudas sobre su identidad biológica no vinculada a hechos de lesa humanidad y de terceros sobre quienes se presume que su identidad habría sido alterada. La información será brindada con carácter voluntario.
Esta Resolución ministerial modifica los alcances de las leyes que dieron origen a la CONADI y al BNDG, y deja en el Programa las acciones a coordinar sobre cuál será la vinculación de organismos y como se configurará la base de datos y su relación con el BNDG. La base de datos en el futuro podrá contener el ADN de todos los que tienen interés de búsqueda. Como está previsto podría darse el caso de tener hasta un desdoblamiento de bancos de datos sobre ADN, ya que va a depender de «Coordinar el intercambio de información con otros registros y organismos del Estado»
En definitiva, una Resolución programática, no operativa y que consagra los identitarismos.
Una oposición fundamental, demostrativa de la diferencia de trato entre las presuntas víctimas de apropiación y las personas que buscan su identidad, es la cantidad de normas que regulan y apoyan al primero grupo y la falta de las que necesitan y disponen los del segundo.
Fueron establecidas numerosas normas, leyes y decretos, relacionados a la creación de un banco de datos, que luego derivaron en un banco de datos genéticos que solo tiene una numerosa estructura para los casos de identidad de presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, en consecuencia, no puede considerarse, ni denominarse BNDG, a un organismo, que como luego veremos, solo registra al 08/sep/2014, 151 perfiles genéticos registrados.
En orden cronológico se enumeran las normas aplicables:
Artículo 1º. Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. El BNDG funcionará en el Servicio de Inmunología del Hospital ‘Carlos A. Durand’, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la responsabilidad y dirección técnica del jefe de dicha unidad y prestará sus servicios en forma gratuita.
Artículo 3º. Los familiares de niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio que residan en el exterior y deseen registrar sus datos en el BNDG, podrán recurrir para la práctica de los estudios pertinentes a las instituciones que se reconozcan a ese efecto en el decreto reglamentario.
Artículo 5º. Todo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio, tendrá derecho a solicitar y obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Artículo 7º — Los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand integrarán el BNDG.
La creación del BNDG, tuvo como fundamento establecer un registro general, si bien estableció una tramitación específica para los casos de presuntas apropiaciones, durante la dictadura militar. Esta norma nunca se implementó como banco nacional, es decir un registro de todos los datos genéticos que, como las impresiones digitales, permite la identificación de los individuos, con el agregado de poder establecer vinculaciones familiares, una modalidad que tiene implementación en muchos de los países del mundo. Los datos con que contaba la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand, que debieron haber integrado el BNDG, y que no correspondían a presuntas víctimas de apropiación, no consta donde se encuentras archivadas.
Posteriormente como tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley Expediente 5634-D-2007, por no haberse logrado consenso y fallas en el tratamiento legislativo, se resolvió que el proyecto vuelva a comisión para su nueva evaluación.
Sumario: Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Ley 23511: Modificación de los Artículos 1, 3, 5 y 6, Sustitución del Articulo 7, Modificación del Articulo 8, Incorporación de los Artículos 10, 11, 12 Y 13. Fecha: 06/12/2007 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 164
FUNDAMENTOS: …
Este proyecto de ley no es más que la reproducción de un dictamen en minoría; dictamen que, en su momento, tuvo por objeto impedir el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos y la apropiación, por parte del gobierno nacional, de su aparatología y de los datos genéticos que allí obran.
… Finalmente quiero destacar que, así como la creación del BNDG fue el resultado de un trabajo conjunto entre distintos sectores de la sociedad y las instituciones de gobierno, esta propuesta -que pretende adecuar la norma en cuestión- fue construida del mismo modo.
Sr. Presidente Balestrini. En consideración en general. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Carlotto, Remo Gerardo. … El proyecto en consideración amplía el criterio y el sentido del funcionamiento del actual Banco Nacional de Datos Genéticos dentro de las estructuras del Estado.
Hoy el avance científico permite que ese tipo de acciones, que no son las específicas de un banco de datos genéticos -como sería el de generar una reserva de información para un entrecruzamiento posterior sobre un grupo determinado de la población-, se puedan llevar a cabo en infinidad de instituciones que existen en el país, tanto públicas como privadas.
En el caso de una identificación de filiación, al momento de determinar si ella se resuelve positiva o negativamente, no es necesario que esos datos permanezcan archivados más allá de la necesidad que el funcionamiento del sistema de justicia prevé. Esto es importante aclararlo, porque hace al funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de lo que será el archivo de datos genéticos dentro del Instituto que estamos proponiendo que se cree en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Este proyecto prevé la creación del Instituto con una fuerte vinculación con las organizaciones no gubernamentales que específicamente están trabajando en la materia, en particular el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Este proyecto, que fue consensuado con los organismos que específicamente se ocupan de estas dos temáticas que fuertemente va a abarcar el instituto, significará además el crecimiento de una política pública que consideramos trascendente. Después de haberse aprobado el dictamen en las distintas comisiones a las que fue girado, mantuvimos conversaciones con organismos defensores de los derechos humanos. Obviamente, con el Equipo Argentino de Antropología Forense y con el Centro de Estudios Legales y Sociales hemos tenido un intercambio de ideas sobre este proyecto.
El proyecto pretende dar garantías para la satisfacción de una necesidad que plantean el Estado nacional y las organizaciones de derechos humanos que vienen desarrollando esta investigación de carácter específico.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe. Sra. Tate, Alicia Ester… . El plenario debe conocer que este proyecto no ha sido debatido en las comisiones a las que fue girado. Las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación Penal dictaminaron sobre este tema en una reunión plenaria que había sido citada con carácter informativo y en la que funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y Garantías de la Nación aclararían nuestras dudas. Pero eso no sucedió.
Desde los grupos interesados en obtener el control del BNDG, se limitó el tratamiento en comisión, no permitiendo la expresión de ciertas objeciones que, al ser planteadas en el recinto, motivaron la vuelta a comisión del proyecto.
Artículo 1.- La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá por objeto: … b) Impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en procura de determinar su paradero e identidad;
Artículo 2 – La comisión estará conformada de la siguiente manera: b) Dos (2) representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo;
La ley establece la creación de la CONADI, organismo con el objeto exclusivo de buscar presuntas víctimas de apropiación durante el último gobierno militar. Es decir, que el apoyo que brindaría el BNDG, al recabar los datos genéticos de familias que se consideraran víctimas de apropiación ilegal, complementa a una organización para buscar a los presuntos hijos.
La búsqueda de identidad del individuo, al ser impulsada desde la CONADI, puede ser obligatoria ya que se puede investigar y establecer procesos de identificatorios, aun ente la negativa del presunto apropiado.
Este órgano gubernamental, asume la búsqueda de un determinado grupo de personas, presuntas víctimas y victimarios, restringiendo lo normado por la Ley 23.511, de 1987, cuando por la misma el derecho a la identidad era reconocido para todos.
Claramente, la organización resulta con un interés de grupo, al incluir en su nomenclatura a un representante de una entidad con intereses afines al órgano estatal. Claudia Carlotto, hija de la presidente de Abuelas, resultó ser la directora de la Comisión.
Se crea en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado, que será presidida por el secretario de derechos humanos.
Artículo 2º. La Unidad Especial de Investigación que se crea por el presente asistirá de modo directo los requerimientos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) regulada por Ley Nº 25.457, como asimismo las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos. Podrá también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal. (el resaltado es propio)
Artículo 6º. La Unidad Especial de Investigación contará con un (1) Director Ejecutivo, de carácter extra escalafonario, propuesto por el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y dos (2) directores designados por la CONADI, debiendo uno de ellos ser representante de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se desempeñarán con carácter de ad-honorem, tal como prescribe el Artículo 2º de la Ley 25.457. (el resaltado es propio)
La norma, reitera que el accionar de la CONADI es exclusivo para la investigación de presuntas víctimas de apropiación durante el último régimen militar. Se dota a la Unidad Especial de Investigación de una autonomía investigativa previa al accionar del Ministerio Público Fiscal, siendo que es claramente parcial en su objetivo. Hay un exceso en tal atribución, y que solo es demostrativa del poder que ejerce un claro grupo identitario, quien incluye en su estructura a una representante de Abuelas, que ya contaba con dos representantes en la CONADI, conforme la Ley 25.457 de 2001. El derecho a la igualdad y a la identidad esta manifiestamente avasallado, y también las garantías judiciales y con ello la violación a la garantía de protección a los derechos humanos.
Resumen: establecense beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, …
Es una de tantas leyes que han proporcionado beneficio económico a presuntas víctimas, ya que han aparecido algunas que no lo fueron.
Resumen: facultase al ministro de justicia y derechos humanos para el dictado de las resoluciones necesarias a fin de autorizar a profesionales que actúen, como servicio de asistencia al cuerpo de abogados del estado, para intervenir como parte querellante en las causas en las que se investiguen delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos.
Esta es una creación que claramente, afecta al derecho de defensa, el Estado tiene facultad de actuar en juicio por medio del Ministerio Público Fiscal, el hecho de contratar querellantes para casos particulares, en los que el Estado está directamente involucrado es un ejemplo más de los abusos del identitarismo que sustenta la política de «defensa de derechos humanos para algunos».
Cabe agregar que para estos procesos, las organizaciones cuentan con querellantes particulares, la posibilidad de Abuelas de presentarse como querellante, los querellantes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de estado, y la CONADI, toda un compleja estructura financiada por el erario público a la que deberá enfrentarse un defensor particular o público, por parte de la presunta víctima de apropiación que se niegue a aceptar la búsqueda de identidad compulsiva o de los presuntos apropiadores. Seguramente debería investigarse no solo el exceso en las acciones acusatorias sino también los costos que esto implica al gasto público, ya que no se conoce la cantidad de personal que forma parte de todos estos órganos y no son pocos.
Sin discutir el derecho de las víctimas o de las presuntas víctimas, lo cierto es que las mismas, según el BNDG solo contaban, al 08/sep/2014, con 151 grupos familiares denunciantes, o aun los más de 500 que promueven las organizaciones.
Artículo 1º – El Banco Nacional de Datos Genéticos creado por la Ley 23.511 funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El funcionamiento del BNDG pasa a la órbita de una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Habida cuenta que el otorgamiento de identidad, debe ser establecido por el Poder Judicial, resultaría coherente, que dicho Banco funcionara dentro del Cuerpo Médico Forense, debiendo atribuirse al mismo tanto los datos del Banco, como los medios técnicos, presupuestarios y de personal. La prueba estaría dentro del ámbito judicial, y se evitaría así, cualquier suspicacia respecto a las vinculaciones entre organismos del Poder Judicial con las organizaciones de derechos humanos, que tratan la recuperación de presuntas víctimas de apropiación.
Objeto. Artículo 2º – Constituye el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres…
Artículo 3º – El Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá las siguientes funciones: … c) Actuar a través de su director general técnico y el resto de los profesionales que lo integren como peritos oficiales exclusivos ante los jueces competentes en las causas penales que tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º inciso a), de la presente ley,…
Archivo Nacional de Datos Genéticos. Artículo 5º Este archivo contendrá la información genética relativa a: a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado, secuestrados junto con sus padres y/o de nacidos durante el cautiverio de sus madres, hasta el 10 de diciembre de 1983. b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y lo sucedido a las personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado; c) La identificación de los restos de embriones fruto de procesos de gestación no llegados a término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre de 1983. ;(el resaltado en propio)
Artículo 6º – Cualquier familiar directo de personas desaparecidas o presuntamente nacidas en cautiverio tendrá derecho a solicitar y a obtener los servicios del Banco Nacional de Datos Genéticos en los términos a los que se refiere esta ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Manifiestamente, por su objeto y funciones, el BNDG deja de ser un banco general para solo serlo de un grupo de personas. Tal reformulación afecta en forma directa al derecho a la igualdad ante la ley, derecho humano garantizado por la Constitución Nacional e instrumentos convencionales. Quedan excluidos los restantes individuos que buscan su identidad, no siendo pertenecientes al grupo identitarios de presuntas víctimas de apropiación por el último gobierno militar. Además, amplía el plazo mínimo de búsqueda ya que anuló la referencia al 24/mar/1976. Esta forma de clara discriminación, ya había sido planteada en el tratamiento de un anterior proyecto de modificación ut supra referido. Lo que obviamente la presente norma desoye.
Asimismo, más que un banco de datos al que concurrir buscando información o verificación de identidad, está establecido como un sistema para la búsqueda de individuos sospechados de ser presuntas víctimas de apropiación, por consiguiente, es el presunto apropiado la víctima del trámite de búsqueda; el modo de aplicación hace que este deba probar que no es apropiado, por lo cual habría una inversión de la carga de la prueba, lo que viola las garantías judiciales.
Del consejo consultivo. Artículo 23. – Estará integrado por los siguientes miembros, quienes desempeñarán sus funciones “ad honorem”: a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; b) Un (1) representante del Ministerio de Salud; c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; d) Un (1) representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada por Ley 25.457; e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social. ;(el resaltado en propio)
Nuevamente, resulta sospechable y, por tanto, con merma en cuanto a su imparcialidad, que el BNDG cuente con un representante de CONADI, cuya dirección está a cargo de Claudia Carlotto, hija de la titular de la organización Abuelas, necesariamente interesada en el objeto de la ley. En un tema tan sensible, la garantía de imparcialidad debe ser absoluta.
De los recursos. Artículo 27. – Las partidas necesarias para el cumplimiento de la presente deberán ser presupuestadas e imputadas al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para ser empleadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta que el mismo organice, de acuerdo a la normativa vigente, su servicio administrativo financiero.
Tal como se indica ut supra, las partidas presupuestarias deberían pasar al Cuerpo Médico Forense, reglamentado por la CSJN, quien debería, ser el encargado del control del BNDG, en su faz técnica, así como de las realizaciones de estudios genéticos, tal como lo efectúa en otros casos, y con una menor estructura económica y obviamente dentro de la órbita del Poder Judicial que es donde corresponde.
Partes pertinentes de los fundamentos de la Ley N°. 26.548: Expediente 6773-D-2018, del 30/oct/2018, publicado en trámite parlamentario N° 152.
En el ámbito funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), cuyo objetivo es la asistencia en la investigación sobre casos de alteración o supresión de la identidad. Sin embargo, la ley 25.457 establece que ésta debe abocarse con exclusividad a la búsqueda y localización de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura militar, así como a toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de un menor. Es así que nos encontramos ante un organismo del Estado que, a pesar de contar con capacidad jurídica para entender en la materia, encuentra restringido su objeto porque excluye, de hecho, a quienes buscan sus orígenes fuera de ese margen temporal y/o cuyos casos no están necesariamente vinculados a delitos de lesa humanidad. (el resaltado es propio).
Esta restricción en el objeto del BNDG, junto con la limitación de hecho de la CONADI, que debería encargarse de asistir a todas las víctimas de los delitos de alteración y supresión de la identidad sin distinción del período en que dichos delitos hubieran ocurrido, provocan que un número significativo de personas que desconocen su identidad de origen no encuentren respuesta del Estado y deban iniciar por sus propios medios investigaciones con resultados inciertos y costos que superan sus capacidades económicas. Estos casos han quedado al margen de las políticas de restitución de identidad del Estado argentino, sin advertir que le corresponde dar respuesta a todo derecho lesionado, más allá del período histórico en que ocurrió la circunstancia o el delito que lo generó. (el resaltado es propio).
Lo cierto es que a más de 30 años del fin de la dictadura ha llegado la hora de que aquellas instituciones se pongan al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción de tragedias. Esa experiencia acumulada por el Estado democrático en la búsqueda de la verdad debe ser puesta hoy al servicio de todas las personas a quienes se les ha sustituido o alterado su verdadera identidad, sin márgenes temporales.
Resulta palmario que, en los fundamentos de la ley se considera que existe una violación a las garantías de igualdad y al derecho a la identidad, al no haberse tomado en consideración la defensa de dichos derechos, indubitables derechos humanos, la norma aprobada resultaría no solo inconstitucional, sino que también contraria al derecho convencional de protección a los derechos humanos. Obviamente un numero mayoritario de legisladores avaló tales violaciones, y no obstante el tiempo transcurrido no existe objeciones por parte de Poder Judicial, un aval tácito a la norma, con la consecuente inseguridad jurídica.
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN), del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares.
Algunas tomas de muestras fueron efectuadas con la apropiación forzada de ropa interior, lo cual por haber sido realizado ante varías personas, claramente lesiona el honor, sin consideración alguna por el género. Al existir necesarios tocamientos al cuerpo de la presunta víctima de apropiación y en su caso a presuntos apropiadores, habría que considerar la existencia de un abuso sexual con autorización judicial, algo que parece, además, una violación a las garantías judiciales. Cuando se trata de no perjudicar la integridad de la persona, debe considerarse no solo al aspecto físico, sino también al psicológico y moral, que una obtención compulsiva de muestras, va de suyo que afecta.
Como la extracción de muestras de ADN puede ser ordenada por el juez para «el imputado o de otra persona», la presunta víctima tiene la obligación de prestar su cuerpo, aún no se considere víctima.
Plan de Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado. Estrategias de intervención. 2008.
http://www.jus.gob.ar/media/1129085/06-dhpt-acompanamiento_estrategia.pdf
Fundamentación: … En este sentido, el Plan tiene como objeto implementar de modo urgente una red nacional que establezca un espacio de confiabilidad necesario para la asistencia y la protección integral a querellantes y testigos de violaciones de derechos humanos.
Esta tarea no tiende por cierto a inducir el contenido de los testimonios, perdiendo de este modo la objetiva neutralidad que el Estado se compromete a mostrar frente al debido proceso judicial. La imparcialidad corresponde al Poder Judicial y no al Ministerio Público Fiscal ni a los organismos del Poder Ejecutivo Nacional a los que, necesariamente, les corresponde la preservación de los derechos humanos de las víctimas, sin que ello afecte el libre albedrío de las mismas. (el resaltado es propio).
Resulta jurídicamente inaceptable el manifiesto reconocimiento que desde el Estado se hace a la violación del principio de imparcialidad, que es garantía de debido proceso. Es lamentable aquello que el impreso oficial reivindica, lo cual agrava la situación de quienes sufren o han sufrido este tipo de procesos. Por lo cual no es de extrañar, que desde la asesoría jurídica de Abuelas, se reivindique la práctica de entrega de un «paquetito» al magistrado, el cual obviamente, y conforme lo que se ha expresado puede ser parcial e interesado, y aún si no lo fuera, la seguridad jurídica queda entonces desbastada.
“Los asistentes sociales y los profesionales de la atención de salud mental estarán facultados para prestar asistencia a las víctimas (…) tanto durante su declaración como después de la misma (…) (el resaltado es propio)
¿En que otro ámbito jurisdiccional se permite asistir al testigo durante la declaración testimonial? Además, y obviamente, esto no está permitido respecto de los testigos de la defensa, lo que implica violación a la igualdad ante la ley, y a las garantías judiciales.
Acciones concurrentes y complementarias: … Es indispensable hacer hincapié en que el presente Plan no tiene como objetivo central la seguridad del testigo en términos referidos a su custodia personal.
Pautas básicas a tener en cuenta para garantizar el acompañamiento y protección de testigos y querellantes: … 2. La complejidad de los problemas que plantea la situación de los querellantes, testigos y su entorno afectivo y parental, obliga a una mirada y un abordaje interdisciplinario. Para ello, deberán conformarse equipos multidisciplinarios idóneos, que incluyan los aspectos jurídicos, psicológicos y de asistencia social, para atender a querellantes y testigos que requieran una contención especial. (el resaltado es propio).
Acciones estratégicas a desarrollar: 6. Formular una evaluación preliminar sobre la conveniencia en cada caso del testimonio oral, o de solicitar la agregación del testimonio obrante en esa u otras causas. 7. Realizar reuniones colectivas con el conjunto de querellantes y testigos de cada causa para efectuar con ellos una evaluación colectiva del estado de situación procesal y de la posible beligerancia de los procesados, así como de las actitudes previas de los miembros del Poder Judicial interviniente. Buscar de este modo fortalecer los lazos de solidaridad social entre las víctimas relacionadas con cada uno de los procesos. (el resaltado es propio).
5) Diseño de estrategias comunicacionales para intervenir sobre los efectos de reactualización del terror en afectados directos, querellantes, testigos y población en general, debe implementarse una fuerte política comunicacional que apunte a desactivar el efecto de parálisis social, indiferencia ante los hechos ocurridos. Para eso proponemos la elaboración de spots radiales, televisivos y afiches en la vía pública.
Claramente el tener que enfrentar tales parcialidades así como, las limitaciones a repreguntar a testigos bajo la limitación que se impone a «no revictimizarlos», la utilización de declaraciones testimoniales efectuadas en otros procesos y sin que dichos testigos estén presentes, la existencia de numerosos entes estatales y particulares desde la querella y la acusación fiscal, los fondos con los que cuenta y provee el Estado, hacen que el ejercicio profesional del abogado defensor, sea público o privado, se torne una verdadera epopeya.
El Plan incluye las siguientes normas:
Establécese que la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados resolverá inmediatamente brindar protección a las personas individualizadas por requerimiento de magistrados de la justicia nacional o del ministerio público nacional, en el marco de procesos judiciales vinculados a graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último período dictatorial.
Artículo 1.- Apruébase el “Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado”, el cual será implementado por la Secretaría De Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando sus acciones con los ámbitos respectivos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este «Plan», resulta una clara forma de entrenamiento a testigos, a efectos de establecer pautas para las declaraciones testimoniales. Queda palmariamente demostrado en su texto, la innecesaria imparcialidad, por parte del Poder Ejecutivo, que es quien estructura el plan. Asimismo, el acompañamiento del testigo o víctima en su declaración resulta jurídicamente impensable en una real prueba testimonial válida. Estas prácticas debieron y deben ser condenadas por la judicatura, algo que no han hecho ni hacen, lo que afecta a la seguridad jurídica y el debido proceso.
VISTO el Expediente Nº 177.501/09 del registro de este Ministerio y lo establecido en los Decretos Nros. 21 del 10 de diciembre de 2007 y 1755 del 23 de octubre de 2008, El Ministro de Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos. Resuelve:
Artículo 1º. Créase en el ámbito de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaria de Protección de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la Unidad de Regularización Documental de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en el marco del accionar del terrorismo de estado.
Artículo 2º. La Unidad creada en el artículo precedente colaborará con los beneficiarios de las Leyes específicas en la obtención de la documentación personal de los mismos, para lo cual coordinará su accionar con los organismos competentes del Poder Judicial de la Nación, de otras jurisdicciones de la Administración Pública Nacional y de las áreas incumbentes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
De nuevo, existe una violación al derecho a la igualdad al brindar a un determinado grupo que busca su identidad, los individuos establecidos por la Ley N°. 26.548, con relación a todos los otros que por cualquier otra causa buscan su identidad y no cuenta con ninguna norma específica, no pueden recurrir a un banco de datos genéticos, ya que no se recolectan datos de otras víctimas ni de sus presuntos familiares. Y que, si llegaran a tener la suerte de obtener el reconocimiento filiatorio, deberían efectuar los engorrosos trámites de registración de la identidad legalmente reconocida sin la facilitación de organizaciones que los acompañen. Obviamente este es un sistema que genera hijos y entenados, algo que los derechos humanos no permiten.
Artículo 1°. La presente Ley regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar.
El Gobierno de la CABA, no obstante estar a cargo, en la época, de grupos políticos opositores al gobierno que otorga beneficios desiguales, y de ser tratados como enemigos de los derechos humanos, adhirió a la extensa normativa que avala judicialmente al grupo identitario a pesar de las observaciones efectuadas al Plan de asistencia. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos, también garantiza la defensa de los derechos humanos, las leyes no siempre.
Artículo 1º. Objeto: Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Grupo Especial de Asistencia Judicial, que tendrá como funciones la de actuar como auxiliar de la Justicia Federal para la ejecución de las tareas investigativas que se ordenen y para la ejecución de los allanamientos, registros, requisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de las causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados en la dictadura que ejerció el terrorismo de Estado entre los años 1976 y 1983.
El artículo hace referencia a menores de 10 años relacionados a sustracción, y luego se alude al periodo 1976/1983, es decir que se puede investigar a personas que hubieran tenido 10 años a esa fecha, lo que implicaría que hubo secuestros comprendidos desde 1966 que pueden ser investigados. Es una modificación por ampliación del objeto por decreto de una ley.
Artículo 2º. Competencia: El Grupo tendrá competencia en todo el territorio de la República Argentina y podrá hacerse presente, a requerimiento de las respectivas autoridades judiciales federales, en cualquier punto del país, interviniendo siempre de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal de la Nación.
Artículo 3º. Integración: El Grupo estará conformado por un número no inferior a CINCO (5) integrantes con especialización pertenecientes a alguna de las fuerzas federales policiales y de seguridad.
Artículo 4º. Principios de actuación: En el desarrollo de sus funciones los y las integrantes del Grupo Especial deberán respetar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de la ONU.
Artículo 5º. Protocolo de actuación: A tales fines se establecerá un protocolo de actuación para los procedimientos destinados a la obtención de pruebas en el que se incluirá el uso de identificaciones, de uniformes diferenciados de los propios de las fuerzas policiales y de seguridad y la prohibición de portación, exhibición y uso de armas de fuego. El protocolo también contendrá los procedimientos a seguir a efectos de recolectar, asegurar, preservar y establecer la cadena de custodia de las muestras de ADN. Para su elaboración, se solicitará la colaboración del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Dicho protocolo fue publicado al año siguiente, en 2010.
Apruébase el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado el 11 de septiembre de 2009 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firmado entre el Gobierno Nacional y el peticionario en el marco de la Petición Nº P-242-03 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición, presentada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo alega la violación del Estado Argentino de los artículos 5, 8, 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 30 de septiembre de 2003 en los autos ‘Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/ incidente de apelación’.
Las peticionarias, integrantes de Abuelas, alegaron la responsabilidad del Estado Argentino por el fallo dictado por la CSJN que no hizo lugar a la extracción compulsiva de una muestra hemática, de una presunta víctima, a los fines de determinar la identidad por medio de un análisis de ADN en el BNDG. El 11/sep/2009, en un Acuerdo de Solución Amistosa el Estado Argentino reconoció a las dos abuelas demandantes el derecho a que el Estado adopte las medidas eficaces para obtener justicia, en casos que requieran la identificación de personas mediante métodos científicos que demanden la obtención de muestras para su realización.
El Estado aceptó ante el organismo internacional que el derecho a obtener la propia identidad, derecho humano personalísimo, cae ante el derecho a conocer la identidad de una nieta, por sus presuntas abuelas.
Resumen: Apruebase el Protocolo de Actuación para el Grupo Especial de Asistencia Judicial Creado Por La Resolución N° 1229/09.
Objeto: Artículo 1º: El presente protocolo regula la actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial creado por Resolución M.J.S.yD.H. Nº 1229/09, el cual actuará como auxiliar de la justicia en allanamientos, registros, requisas y secuestros de objetos con el propósito de obtener muestras de ADN a los fines de acreditar la identidad biológica de las víctimas de conformidad con el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).
Legal, constitucional y convencionalmente, para ser considerada víctima, debe hacerse una determinación previa, por lo cual debe consignarse como «presunta víctima», caso contrario estamos en un caso de prejuzgamiento. Si rige el principio de inocencia para imputados de algún delito, como no aplicar el mismo criterio cuando se trata de alguien que pudo ser víctima de un delito. De acuerdo a este criterio, la presunta víctima debería probar que no lo es, es decir una absurda inversión de la carga de la prueba. Así, puede ser obligada a la extracción compulsiva de muestras para prueba.
Conformación: Artículo 2º: El grupo deberá estar compuesto, como mínimo, por un oficial a cargo encargado de dirigir, supervisar y documentar la medida, un oficial secundante para asistir al oficial a cargo, un profesional técnico encargado de la toma, empaquetado y preservación de las muestras, un agente encargado del registro fotográfico o fílmico y profesionales encargados de la contención emocional y psíquica de la víctima y su grupo conviviente. Los integrantes no deberán ser del mismo sexo. En su actuación deberán evitar el uso innecesario de la fuerza, resguardar los derechos específicos de las víctimas y prevenir su revictimización. Sólo se podrá utilizar la fuerza cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. El personal tendrá vedado el uso de armas de fuego.
La Ministra de Seguridad. Resuelve:
Artículo 1º — Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad el Grupo Especial de Asistencia Judicial que tendrá como función la ejecución de allanamientos, registros, pesquisas y secuestros de objetos a los fines de la obtención de ADN en el marco de causas por sustracción de menores de 10 años o retención indebida de menores de edad o falsificación de documentos públicos o supresión de identidad originados durante la vigencia del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983.
Vuelve a reiterarse el error en el texto de la Resolución 1229/2009, por lo que se insiste en que una Resolución modifica una ley.
Vistos: El Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Que, en esta materia, la Procuración General de la Nación ha venido desde hace años implementando mecanismos de actuación fiscal tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas afectadas por la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños implementada durante el terrorismo de Estado.
Vale decir que hasta el momento se registran 51 condenas por la apropiación de niños y se ha podido restituir la identidad a 107 hijos de desaparecidos.
Más allá de ello, debe repararse en que, según la información brindada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aún restan ubicar cerca de 400 niños que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes, en desconocimiento de su verdadera identidad. (el resaltado es propio)
La Procuradora considera como válida la información brindada por Abuelas, no obstante, y según hemos demostrado, el BNDG informó con fecha 08/sep/2014, que contaba con datos de 151 grupos familiares. Por consiguiente, no pudo haber un número tan mayor casi 2 años antes. Esto es demostrativo de la preminencia que se le da desde el Estado a Abuelas, interesada directamente sobre el tema, en lugar de recabar datos de un organismo oficial, lo cual sería lo legalmente obligatorio, y la apoyatura que respecto a relatos se les da a estas organizaciones, sin cotejarlo con datos oficiales. En estos temas, «relato mata a dato».
La Resolución estableció:
Artículo 1: aprobar el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de listado elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que se adjunta en anexo y forma parte de esta resolución general, e instruir a los señores fiscales de todo el país para que ajusten su actuación en el marco de las investigaciones vinculadas a la materia en las que intervengan a las pautas allí fijadas (artículo 33, inc. d) de la ley 24.946.
Ahora bien, en lo que sigue se describen patrones comunes que están presentes en muchos de los expedientes en los que se investigan sucesos delictivos de este tipo y que, cuando aparecen en el marco de una investigación en curso, pueden representar indicios de que se está de cara a un caso de apropiación de niños.
Estas circunstancias, claro está, no agotan el universo de indicadores que pueden generar sospecha, pero aportan una idea de la clase de elementos que se consideran relevantes en estas investigaciones.
El Protocolo está relacionado a lo establecido por Resolución P. G. N. N°. 3 /12. Luego pasa a enumerar une serie de «indicios», a tomar en cuenta por la Unidad Fiscal de Coordinación. Algunos de ellos:
Que quien figura como madre -supuesta apropiadora- al momento del nacimiento haya tenido una edad biológica que oscile entre los 40 y 50 años, con una convivencia o matrimonio de varios años sin hijos biológicos.
Que existan datos sobre problemas de infertilidad por parte de alguna de las personas indicadas como apropiadoras.
Que el médico, partero o enfermero que de alguna manera haya intervenido en la certificación o registro del nacimiento esté presumiblemente involucrado en otras causas de este tipo.
Que el parto hubiese ocurrido en el domicilio particular de quienes figuran como los padres. Del mismo modo, que éste haya ocurrido en establecimientos médicos o consultorios ajenos a la obra social o servicio de medicina prepaga del que fueran beneficiarios los presuntos apropiadores. También resulta importante reparar en los casos en los que sólo haya intervenido una partera y en aquellos en que el médico certificante no contaba con la especialidad de obstetricia.
Que figure en la documentación respectiva que el nacimiento se produjo en algún hospital sospechado de haber funcionado como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Que los padres sospechados sean miembros o tengan algún vínculo con las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en actividad durante la dictadura.
Que en el trámite de adopción se haya registrado al niño, en su origen, como y que el juzgado no haya realizado medidas tendientes a ubicar a su familia biológica.
Que sea sumamente breve el plazo entre el hallazgo y la concesión de la guarda y/o entre éste y el otorgamiento de la adopción plena.
Que el nacimiento se haya inscripto tardíamente.
Inexistencia de fotos de la presunta madre embarazada o de fotos de bebé del niño/a.
De los indicios propuestos, algunos como las fotos, no existía la vocación por las selfies en los años 76/83, sobre todo por la inexistencia de teléfonos celulares con cámara. Esta serie de pautas de claro prejuzgamiento, tienen ciertas reminiscencias a un antiguo manual para la caza de brujas, el Malleus malleficarum, en cuyos procesos las presuntas brujas debían probar que no lo eran; la gran diferencia es que, se pretende aplicarlo a presuntas víctimas de apropiación.
… la intervención exclusiva del BNDG en esta clase de peritajes también fue objeto de pronunciamiento específico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante resolución 4102/2010 (expte. 7686/09). En el caso se inhabilitó expresamente al Cuerpo Médico Forense para realizar este tipo de peritajes.
Tratándose de procesos que necesariamente deben resolverse por el órgano jurisdiccional, es una contradicción, excluir de la pericia a quien debe efectuarla, esto es el Cuerpo Médico Forense, ya que, si no tiene capacidad técnica para ello, debiera procurarse los medios, pero no resignar su función. Lo grave de la resolución de la CSJN, es que deja como responsable de los peritajes a una entidad que tiene relación directa con un grupo que tiene interés en el resultado del
proceso, por consiguiente, carece de certeza de imparcialidad. De tratarse de un caso ordinario, debería excusarse o recusarse, para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso.
A fin de asegurar el éxito de los procedimientos’, con anterioridad y de modo próximo a su realización, es necesario establecer la residencia fehaciente de la presunta víctima en el domicilio a registrar; intentar identificar al resto de los moradores de dicho domicilio, su edad y vínculo con la presunta víctima; determinar las características de la finca, los días y franjas horarias en la que los moradores permanecen en su interior; las actividades que habitualmente desarrollan fuera de ella, los vehículos en que se movilizan; especificar si existen en las cercanías del lugar cámaras de seguridad que pudieren captar imágenes del frente del inmueble, debiendo -en tal caso- indicar los datos de su respectivo centro de monitoreo y toda otra circunstancia que pudiere resultar de interés para el caso.
Este es un procedimiento que debe aplicarse en cualquier allanamiento, mucho más por tratarse no de un delincuente, sino de una presunta víctima. En el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, de este informe, mostraremos que esto no siempre se realiza.
A su vez, tanto al momento de notificar la existencia de las actuaciones a la persona presuntamente apropiada como al de ejecutarse algunas de las medidas previstas por el 218 bis del CPPN, se recomienda ponderar la posibilidad de intervenir las líneas telefónicas de los involucrados (art. 236 del CPRN). Del mismo modo, previo a esas ocasiones, deberá evaluarse la conveniencia de prohibir la salida del país de los involucrados, disponer alertas migratorias y realizar tareas investigativas sobre sus domicilios.
Tratándose de presuntas víctimas esta medida, la intervención telefónica de la misma, carece de sentido, ya que no es un presunto criminal.
Lo que excede en grado sumo, al respeto de las garantías judiciales y al debido proceso, es la posibilidad de prohibir la salida del país, ¿cómo hacerlo con una presunta víctima?, ¿Cuáles serían los cargos? Dada la gravedad de la restricción debería darse una motivación muy difícil de explicar y menos aún una fundamentación, que no haga suponer una actuación arbitraria. En el título [D] Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG, de este informe, referimos a un caso en el que se aplicó tal restricción.
En este sentido, si bien muchos niños apropiados nacieron durante el cautiverio de sus madres y en consecuencia no hay registros de ese suceso, a lo largo de la instrucción de la causa de apropiación o en el marco de la causa en que se investiga la desaparición de sus padres, hay testimonios que dan cuenta de la fecha en la que realmente pudo haber nacido o del nombre que sus padres biológicos deseaban ponerle.
Respecto a la utilización de prueba testimonial para el inicio o sostenimiento de este tipo de causas, reiteramos lo manifestado respecto del Plan de Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado.
Apruébese el protocolo de actuación que se adjunta en el anexo i. asígnese a la dirección de ejecución de pruebas de integridad, dependiente de la Dirección Nacional de Control de Integridad, el funcionamiento y la coordinación del grupo especial de asistencia judicial. Desígnese al titular de la dirección de ejecución de pruebas de integridad como coordinador del grupo especial de asistencia judicial.
Artículo 10. Los/as integrantes que conformen el grupo especial deberán respetar en el desarrollo de sus funciones el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de Naciones Unidas, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de Naciones Unidas, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Organización de Naciones Unidas, y los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de la Organización de Naciones Unidas.
La Resolución establece normativas específicas para llevar a cabo las acciones del Grupo Especial de Asistencia Judicial para su actuación en allanamientos, sobre todo a efectos de la verificación previa de que se trata del domicilio de la presunta víctima, así como establecer la forma de llevarlos a cabo.
En su anexo se establece:
Artículo 1°.- El presente Protocolo regula la actuación del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) que actúa como auxiliar de la justicia y/o del Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) tanto en tareas de investigación, notificaciones personales como en requisas, registros, allanamientos y secuestros de objetos realizados con el propósito de obtener ADN a los fines de acreditar la identidad biológica de supuestas víctimas, en conformidad con lo regulado en el artículo 218 bis del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N).
Artículo 4°. Cuando se disponga la intervención del Grupo Especial de Asistencia Judicial a fin de notificar la citación dispuesta por la autoridad judicial a una presunta víctima, deberán tenerse presente los siguientes parámetros de actuación: a. Establecer con anterioridad y en forma certera el domicilio de residencia de la persona a notificar a través de la realización de discretas tareas de investigación. Dichas tareas deberán ser realizadas en forma previa y próxima al día en que se celebrará la audiencia. b. Establecer las características específicas de la vivienda, y los horarios en que la presunta víctima se encuentra en ella.
Artículo 5°. Una vez identificado fehacientemente el domicilio de la presunta víctima, así como los horarios en que la misma se encuentra en el lugar, se procederá a realizar la notificación correspondiente teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a. Deberá notificarse en forma personal a la persona citada. No podrá hacerse entrega de la notificación a terceras personas, aun cuando las mismas refieran ser familiares o personas de confianza del/la citado/a. b. Las consultas realizadas con terceras personas que se encuentran en el domicilio o en la zona, solo podrán limitarse a tratar de establecer el horario en que las personas citadas se encuentran en su domicilio, omitiendo brindar detalles sobre los motivos de la concurrencia del personal en el lugar. c. En aquellos casos en los que la persona que deba ser notificada no se encuentren presente en el domicilio, deberá aguardarse en el lugar un tiempo prudencial y/o dirigirse en distintas horas de la jornada a fin de dar con ella. Todo ello deberá tener constancia en la respectiva acta. d. En aquellos casos en que la persona notificada manifieste que tiene dificultades para concurrir en el horario y/o fecha en que fue citada, el personal asignado a la notificación, deberá informar tales extremos a la autoridad judicial y/o a la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad.
El Anexo modifica las siguientes normas:
Resolución N°. 1.229/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que creó el Grupo Especial de Asistencia Judicial.
Resolución N°. 1.746/2010 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que aprobó el protocolo de actuación para el Grupo Especial de Asistencia
[D]: Algunos ejemplos en la aplicabilidad del sistema del BNDG:
La ejecución del sistema de búsqueda, de presuntas víctimas de apropiación durante la dictadura militar, demuestra la realización de actos que claramente manifiestan el sesgo identitario del colectivo estatal y de organizaciones de la sociedad civil. Reiteramos, no solo se trata de ofrecer un banco de datos para quienes voluntariamente desean obtener una certificación de su identidad, pues nacieron en el periodo establecido por las leyes al respecto, y además tener alguna otra percepción sobre su pasado que les genera dudas sobre su origen, esto es presentándose ante el BNDG a que se les tome una muestra para la obtención de su ADN para luego cotejarla con las muestras que cuenta el Banco, sino también ofrecer un banco de datos para todo aquel que tenga dudas sobre su origen.
El sistema establecido, permite, además, que se busque a presuntas víctimas, se perciban o consideren o no como tales, incluso a aquellos individuos que cuentan con la certeza de pertenencia al grupo familiar en que se han criado, por lo cual se niegan a hacerlo, transformándose en víctimas de una forma de prejuzgamiento en base a una serie de indicios establecidos entre otros por el listado propuesto por la Resolución P.G.N. N°. 3/12 de la Procuración General de la Nación del 0l/oct/2012. Se genera entonces una especie de inversión de la carga de la prueba, con el agravante que no se trata de aplicarlo a un delincuente, sino que lo es a una presunta víctima. Una clara forma de violación a las garantías judiciales y al debido proceso.
Probablemente el ejemplo más notorio fue el de la «Causa Nro. 13.957 – Sala II. “Noble Herrera, Marcela y otro s./ recurso de casación.” Reg. 18559», del 02/jun/2011. En el caso dos personas que sabían que habían sido legalmente adoptadas, fueron sometidas a proceso judicial con la presunción de ser hijos de víctimas de la dictadura militar. Los medios periodísticos hicieron público que, por orden de una magistrada, a ambos les fueron sustraídas las prendas íntimas que traían puestas, ello ante la presencia y el accionar de varias personas, que con independencia si eran profesionales y contaban con autorización judicial, no mengua el agravio del público desnudamiento. La injuria fue agravada cuando se informó que la bombacha de la presunta víctima femenina, no podía servir de prueba por la numerosa cantidad de aportantes que dicha prenda tenía.
La normativa establecida para el accionar de la CONADI y de órganos que colaboran con ella, consideran que una extracción forzada de muestras para estudio de ADN, no resulta físicamente lesiva, nada se dice del ultraje que implica la acción de personas desconocidas sobre el propio cuerpo en contra de su voluntad.
Otro caso, pero sin mayor difusión y al cual se tuvo acceso por participación profesional, fue el iniciado por una denuncia anónima efectuada ante Abuelas, que se presentó como querellante, contra una mujer que estaba dentro del rango etario y de familia militar. Luego de la entrega del «paquetito» al juzgado, este ordenó la notificación a un domicilio donde no vivía la presunta apropiada sino su madre. No se verificó o se ignoró el domicilio establecido en el padrón electoral. La citada intimación fue, naturalmente, rechazada por la madre no obstante se dejó la cedula de intimación para la concurrencia de su hija al juzgado al día siguiente. Ante la no presentación a la audiencia, de la que no fue notificada, se ordenó y llevó a cabo en la casa de la madre de la misma un allanamiento, con la presencia de más de una decena de personas y el consecuente agravio para la madre de la presunta apropiada, no solo por el desorden interno en un departamento pequeño de dicha cantidad de gente, revolviendo muebles, enseres de baño en busca de ropa interior, cepillos, y otros elementos de los que pudieran tomarse muestras.
Al día siguiente, se ordenó la prohibición de salida del país, a la presunta víctima, no notificada, al igual que a su madre, tampoco notificada y que obviamente no estaba imputada de delito alguno. En precaución, ambas se realizaron un estudio genético en una institución privada que certificó el vínculo parental entre ambas, de lo cual se informó al juzgado.
Posteriormente se le notificó a la presunta apropiada la resolución de fecha 08/sep/2014, que se adjunta, y en sus partes pertinente dice:
Por recibido, agréguese y téngase presente el resultado del estudio de histocompatibilidad inmunogénetica practicado respecto de los elementos secuestrados del domicilio de …
Asimismo, líbrese cédula a diligenciar en el día a fin de que … concurra a este tribunal el día … con el objeto de tomar conocimiento del resultado del análisis.
Habiéndose constatado que … no tiene vínculo biológico con ninguno de los 151 grupos familiares que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos por haber sido denunciados como víctimas de supresión de estado civil en la última dictadura militar, y sin perjuicio de la copia del estudio presentado a fs. 136/42, entiendo que queda pendiente verificar si la nombrada tiene o no vínculo biológico con … quienes figuran como madre y padre en la partida de nacimiento…
De lo expresado en el escrito emitido por el juzgado resulta manifiesto que: a) el domicilio en el que se practicó el allanamiento no es el de quien se pretendía notificar; b) la presunta víctima no tiene vínculo biológico con quienes aportaron muestras biológicas como familiares de posibles secuestrados; c) que el número de presentantes al 08/sep/2014, era de 151 grupos familiares, muchos menos que los más de 400 ó 500 que según las publicaciones denunciara Abuelas; d) que el estudio acompañado por la madre y la hija no son considerados como válidos, con el consecuente menoscabo a la credibilidad del laboratorio que lo efectuó y los profesionales que participaron, sin que para ello exista ni motivación ni fundamentación; y e) que hay un notorio exceso en el pedido de nuevas pruebas de vínculo genético, ya que, si la presunta víctima no está, por datos genéticos, vinculada a causa por apropiación durante la dictadura militar, la solicitud judicial viola lo establecido por la ley 26.548 de modificación del BNDG.
Ante tales violaciones a las garantías judiciales, ambas se niegan a realizarse un nuevo estudio genético, por la falta de seguridad en la imparcialidad del citado Banco. Además, se verificó, que el domicilio de la presunta apropiada fue actuado por el seguimiento efectuado por una fuerza de seguridad, que constató haber visto salir a la misma tres veces del edificio en el que vivía su madre, no del departamento. Dicho informe fue presentado al juzgado, por nota del Ministerio de Seguridad, más de un mes después del allanamiento perpetrado.
Ante la continuidad de la persecución realizada por la querellante con apoyo del juzgado, se efectuaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición y una solicitud de medidas cautelares, copia de las cuales y con copia de la constancia de recepción por parte del citado organismo internacional, se presentó al juzgado, luego de lo cual, el fiscal actuante, requirió que previo a la prosecución del proceso, se verificara la notificación del mismo. Desde entonces, el expediente quedó paralizado.
También se ha tomado conocimiento, que un colega en el desempeño de su profesión, del grupo etario establecido en la ley del BNDG, en un trámite judicial fue obligado a realizarse un estudio de ADN, previo a la prosecución del juicio. Luego de presentar una prueba de ADN en laboratorio privado de él y sus padres, el juzgado ordenó que debía realizarlo ante el BNDG único que podía validar su identidad, de la cual el citado no tenía duda alguna. Otra clara demostración de prejuzgamiento, inversión de la carga de la prueba, y compulsión a utilizar una entidad que como se ha indicado el título [C] Normativa de derecho interno, item 3, del presente informe, por tener vinculación directa con las partes interesadas, genera dudas sobre su imparcialidad.
Por último, y si bien no tiene vinculación con un trámite judicial, cabe considerarse una reciente publicidad efectuada por la asociación Abuelas, que se ha trasmitido por televisión y a la que puede accederse por YouTube: https://youtu.be/sBgXPwIIZ7Q
En la misma una menor de edad dice que en la escuela le plantearon la posibilidad de que los adultos adoptados lo fueran en forma ilegal, lo cual es preguntado por la niña al padre mientras mira la foto de los abuelos en el celular con expresión de angustia, y consecuentemente, poniendo en duda el comportamiento de los padres adoptivos de su progenitor y con reproche al propio padre. Luego culmina el aviso informando que, si se tienen dudas y se ha nacido entre 1975 y 1983, se puede presentar ante Abuelas, modificando la fecha de la ley ya que es a partir de 1976.
Hay una clara intromisión en los derechos del niño al plantearle dudas sobre su origen, con base a presunciones etarias, y en clara defensa al sesgo identitario.
[E]: Necesidad de constituir un verdadero banco nacional de datos genéticos:
Se ha tratado hasta ahora el tema de la identidad de origen que está estrechamente vinculada a la «identificación». El individuo no solo debe contar con su identidad subjetiva, sino que también debe hacerla valer ante el prójimo, ante la comunidad. Para esto, desde antiguo se han usado formas de determinar quién es cada individuo, como ello los nombres, los apellidos, los gentilicios, ciertas marcas corporales que establecen la pertenencia a un grupo. Con el desarrollo de la civilización esas formas de identificación se ordenaron en archivos, y en registros de nacimiento, profesión, religión, y todos los que en su momento fueran accesibles al desarrollo de cada comunidad.
Un importante adelanto en el sistema identificatorio lo constituyó el descubrimiento de la dactiloscopía, estudio de las impresiones dactilares, utilizadas para la identificación de las personas. Su creador fue el antropólogo y policía nacido en Croacia, Juan Vucetich, que el 01/sep/1981 realizó las primeras fichas dactilares en la Oficina de Estadísticas de la Policía Bonaerense, lo que valió que dicha fecha fuera considerada como día mundial de la criminalística. En 1905, su sistema dactiloscópico fue incorporado por la Policía como método de identificación de personas. Y dos años después, la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método de identificación de personas desarrollado por Vucetich era el más exacto conocido hasta ese momento. Desde entonces el sistema dactiloscópico es utilizado en todo el mundo.
Obviamente, el sistema no tendría gran valor si solo pudiera ser usado por comparación directa entre la huella del individuo y el objeto donde la dejo impresa, por lo cual surgió la necesidad de establecer un archivo de huellas digitales, para el cotejo en circunstancias de que quien haya sido quien dejo la huella no se encuentre presente, lo cual ha permitido en más de un siglo la identificación de personas, en medidas de seguridad, en la de autores de delitos. Hoy la tecnología ha permitido que estas bases de datos se internacionalicen, y los métodos de comunicación, que su transferencia pueda ser realizada tanto nacional como internacionalmente.
El avance de la ciencia y la tecnología, ha logrado desarrollar nuevas formas de identificación, huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento voz, control mediante lectura del iris, palma de la mano o del pie, lector de venas, y por su puesto el estudio comparativo de muestras de ADN. Este último cuenta con la ventaja de poder utilizarse tanto entre personas vivas como entre fallecidas, ya que puede efectuarse en cadáveres con mucho tiempo de antigüedad, con el solo requisito de contar con algún fragmento corporal, y en otros casos mediante las muestras de fluidos corporales.
Para que las comparaciones de ADN sean realizables es necesario también, contar con bancos de datos donde se recauden la mayor cantidad de muestras posibles. A nivel nacional, este banco recibe muestras solo cuando se acredite que existe la posibilidad de haber sido víctima de delitos de apropiación de menores cometidos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.
El sistema de identificación por ADN, ha tenido gran desarrollo en otros países, y la creación de un banco de datos ha sido ordenado por el sistema Combined DNA Index System (CoDIS) que es la base de datos nacional de EE. UU., creada y mantenida por el FBI. El CoDIS era una extensión de Grupo de Trabajo Técnico en Métodos de Análisis del ADN (TWGDAM, ahora SWGDAM) que desarrolló guías normalizadas para la práctica en laboratorios forenses en EE. UU. y Canadá, cuando comenzaron a trabajar con muestras de ADN en los años 80. Hoy su aplicación se ha extendido a nivel global, permitiendo una rápida y segura identificación de individuos.
Este sistema, no solo es de aplicación en cuanto a la lucha contra el delito, ya que también permite la identificación de individuos en caso de accidentes, y en grandes catástrofes, donde la identificación de cadáveres se ve dificultada por su estado de descomposición o deterioro que no hacen posible la aplicación de otros métodos. Entre otras aplicaciones, las bases de datos de ADN, son utilizables en casos de trasplantes de órganos.
Argentina, no cuenta con una base general de datos genéticos lo cual la coloca en dificultades para la aplicación del sistema CoDIS. No obstante, el CoDIS está instalado en las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, en el Ministerio de Justicia y en los Laboratorios Genéticos de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina, y pronto se instalará en la provincia de Buenos Aires, en Salta y en la CABA.
Es más, existe una presentación de modificación del Registro de Bancos Genéticos, pero el regulado por Ley. N°. 26.879, de delitos vinculados a la inseguridad sexual. El proyecto fue presentado por el senador nacional por Mendoza (UCR) Alfredo Víctor Cornejo, y el diputado nacional por Santa Fe, Juan Martín, (UCR), registrado bajo el N°. 2258/22, a la fecha en comisión. Al texto del proyecto puede accederse en:
https://dequesetrata.com.ar/proyecto/senado-ar/2258-22-62567
Este proyecto cuenta con una presentación bajo el título «Proyecto Modificación de Ley: Registro De Datos Genéticos» del 06/oct/22, con el acompañamiento de la organización «Madres del dolor» representada por la Sra. Isabel Yaconis y la entidad «Usina de justicia», representada por el Sr. Guillermo Bargna, disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/live/yCKSd0qrmhw?feature=share
Si bien en ciertos sectores, sostienen que los sistemas de identificación tanto locales como globales implican una violación a la intimidad, lo real, es que a la fecha todos los individuos, al menos en lugares con cierto desarrollo, sufren una mengua a su intimidad; cantidad de cámaras tanto públicas como privadas, controlan las calles, las casas y los establecimientos comerciales e industriales, así como las numerosas fotos y videos que se toman con celulares y son subidos a las redes sociales incluyendo imágenes íntimas. Existen muchas aplicaciones de identificación privada como las que cuentan hasta algunos celulares como las de reconocimiento facial, u ocular, método que también se utiliza en numerosos aeropuertos.
También podemos considerar, los documentos de identidad, las claves fiscales, códigos de acceso a oficinas, a cuentas bancarias, a sistemas de comunicación, e incluso llaves codificadas para el ingreso al domicilio. Cada ingreso a las redes imprime una huella digital.
Es cierto que las bases de datos de red generan temores por la posibilidad de su mala utilización. En general los sistemas de datos más sensibles cuentan con el control y protección estatal y judicial, y solo a través de estos se puede acceder a los datos. Es cierto que como toda obra humana es falible, sea por defectos de su implementación como por la intromisión delictiva, pero esto no debe objetar su implementación, sino solo procurar mejorar el sistema. Existen graves delitos, como la trata de personas, el tráfico ilegal de armas o de drogas, que requieren acceso rápido a la información tanto a nivel local como mundial; los individuos se trasladan por el planeta, tanto en forma individual como masiva, producto de catástrofes, guerras, persecuciones políticas y religiosas, entre otras. Recientemente se denunció que Rusia secuestró a más de 6.000 niños ucranianos, cuyo destino se ignora, y en algún momento habrá que identificarlos para su restitución.
En lo que hace al objeto del presente dictamen, debe considerarse que la única forma de que los miles de personas que buscan su identidad puedan lograr obtenerla, es con la generalización en la toma de muestras de ADN para su comparación. La seguridad jurídica debería cumplirse, por el hecho de que este tipo de trámite de comparación requiere ser efectuado por el sistema judicial, que se supone es el control de legalidad dentro del Estado.
Es necesario un trabajo coordinado entre especialistas en el área jurídica para garantizar la legalidad, así como de los sectores técnicos tanto en el área médica o de laboratorio, como en la implementación de sistemas informáticos que posibiliten la efectividad de los cotejos de datos y su seguridad. En esto también deben colaborar, en lo que respecta al marco legal las asociaciones de abogados, ya que no solo cuentan con conocimientos jurídicos, sino también, al menos muchos, de experiencia práctica en la aplicación de estos métodos de identificación.
PROPUESTAS
Elaborar un proyecto de ley, sobre la reforma integral del Banco Nacional de Datos Genéticos, que permita la inclusión de muestras de ADN, sin restricciones de ningún tipo.
Considerar que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Estado esta obligado a establecer o reformar normas, en defensa de derechos humanos, de modo de dar cumplimiento al artículo 1 de dicha Convención.
Solicitar informes y en su caso iniciar las investigaciones pertinentes sobre la cantidad de personal que actúa en los diferentes organismos, que participan dentro de la CONADI. Asimismo, sobre los presupuestos, sueldos y gastos que genera su funcionamiento. Solicitar informes sobre rendiciones de cuentas.
El nuevo banco, debe integrarse al sistema de identificación de personas, junto con los registros dactiloscópicos, y todo otro medio de individualización que surja (reconocimiento facial, reconocimiento voz, control mediante lectura del iris, palma de la mano o del pie, lector de venas).
Debe establecerse una organización que lleve la aplicabilidad del sistema de identificación (en USA el CODIS esta a cargo del FBI), bajo el control del Poder Judicial, ya que es este poder el que en definitiva habilita el uso de los datos y a fin de garantizar la seguridad jurídica.
El control técnico del manejo de las toma y muestras de ADN, debe depender del Cuerpo Médico Forense.
Debe establecer el manejo de la información con otros stados, para facilitar el intercambio de datos y favorecer un rápido cotejo, fundamentalmente en los casos de delitos trans nacionales.
Establecer y controlar, los sistemas informáticos a fin de evitar filtraciones de información, así como de medidas de protección contra hackeos.
Así como se hizo a principios del siglo pasado con el registro dactiloscópico, arbitrar los medios para una rápida y eficiente registración de las Muestras de ADN.
Sobre la base del proyecto de ley, utilizar los nuevos medios de información (YouTube, Twitter, etc.) para lograr la mayor difusión del proyecto, así como explicar las implicancias del mismo, de esta forma, lograr un mejor acceso a los medios periodísticos tradicionales, que pueden ser influenciados por la cultura de la cancelación, y la presión de los grupos identitarios, que bajo una presunta protección a los derechos humanos, limitan la libertad de pensamiento y de opinión, y en los temas de identificación terminan haciendo protección a los grupos u organizaciones que se mueven fuera de los marcos legales, y que serían afectados por el mejoramiento y eficacia de medios de identificación.
Establecer o fomentar actividades académicas para explicar la importancia del tema, trabajando en forma conjunta con agrupaciones de la sociedad civil, generando acuerdos o convenios para su difusión.
Establecer una forma simple para que quienes buscan establecer su identidad, puedan acceder al cotejo de datos genéticos y recuperar así su filiación.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2023.
medica legista
abogada
arquitecta
abogado
notario
psicólogo
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
Argentina 2023, Entrevista al Almirante Juan Carlos Neves
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ENTREVISTA AL POLÍTICO JUAN CARLOS NEVES, DE NUEVA UNIÓN CIUDADANA, REALIZADA POR LA AGENCIA DE NOTICIAS INTERNACIONAL EL MINUTO.CL
https://elminuto.cl/argentina-2023/
Conversamos con el dirigente político Juan Carlos Neves, de Nueva Unión Ciudadana, sobre actualidad política de Argentina. Hablamos de seguridad, pobreza, corrupción, el rol de la oposición, y las opciones para este 2023, que hay elecciones presidenciales.
La Constitución Argentina establece en el Artículo 99 de su Capítulo tercero, las atribuciones del Poder Ejecutivo y, entre ellas, se encuentra la de inaugurar el período Legislativo con un discurso que presente el estado de la Nación, las reformas prometidas por la Constitución, y recomiende a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
El Presidente Alberto Fernández excedió largamente sus atribuciones pues dedicó buena parte de su discurso a criticar duramente el accionar de la justicia y, en particular , el de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, dos de los cuales se hallaban presentes y fueron mostrados por las cámaras mientras eran maltratados sin posibilidad de respuesta. No solo se los criticó por sus fallos sino que llegó a decir que tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura entre otras barbaridades de similar tenor.
Estas expresiones fueron inapropiadas e indignas de la investidura presidencial. En cuanto al resto, podemos decir que la descripción del estado de la Argentina fue falaz y carente de puntos de contactos con la realidad.
Por ser su último discurso de apertura de sesiones constituyó un cierre lamentable para una gestión de similar tenor.
Los errores, la falta de criterio y el abuso del encierro que golpearon duramente a la economía y afectaron el espíritu de la población probablemente no sean judiciables, aunque sí fueron lamentables.
Lo que si llegó a la justicia fue la realización de las fiestas privadas que protagonizaron el presidente y su pareja en la Quinta Presidencial en plena cuarentena y que trascendieron por la filtración de fotografías luego de que , en primera instancia, el presidente mintiera al pretender negar el hecho. El señor presidente, que tanto critica a la justicia, en este caso se valió de sus influencias para que todo se resolviera con una multa que él mismo fijó.
Todo el manejo de la pandemia en la que el presidente actuó excluyendo al Congreso mucho más allá de lo que la ejecutividad de las primeras acciones requerían, la elección o descarte de las vacunas según las preferencias ideológicas antes que sanitarias, los vacunatorios que privilegiaron a los amigos y una interminable serie de irregularidades sitúan a la gestión de la pandemia por parte del gobierno como uno más de sus muchos fracasos.
La propuesta de movilizar a las Fuerzas Armadas en Rosario la califico de inapropiada y oportunista. Los dirigentes políticos saben muy bien que el plexo legal que ellos mismos elaboraron con las leyes de Defensa y Seguridad no permite el accionar de las Fuerzas Armadas en una situación como la planteada. Esas leyes han impedido incluso que las FFAA dispongan de elementos para tales funciones como armas no letales y sistemas de comunicación compatibles con los utilizados por la policía y las Fuerzas de Seguridad.
No puedo dejar de mencionar que cuando las Fuerzas Armadas actuaron en Tucumán contra el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, por un Decreto Presidencial del año 1975, lícito y promulgado en plena democracia, se vieron sometidas 40 años después a juicios y condenas bajo la figura de delitos de lesa humanidad que ni siquiera existía en la época de los enfrentamientos.
Ahora se los envía a efectuar tareas que no se corresponden con su formación y entrenamiento solo para fingir que se actúa con seriedad ante los narcotraficantes llevándolos a un entorno y a situaciones que pueden redundar en serios perjuicios.
Lo primero que haría si estuviera al frente de la política de seguridad sería realizar una tarea seria y profesional de inteligencia para determinar: 1. los campos de producción (que los hay, aunque se lo niegue) y los laboratorios de procesamiento de la droga para luego erradicarlos con operaciones sorpresivas y precisas; 2. Las vías de ingreso de la droga, aéreas, terrestres y fluviales para lo que empeñaría a la gendarmería y prefectura con el apoyo de elementos de detección y en el caso aéreo con aeronaves con capacidad y autorización para el derribo; 3. Las redes de distribución contra las que se debe actuar con leyes que flexibilicen las exigencias para realizar allanamientos; 4. Los circuitos del lavado de dinero de la droga para actuar en forma inflexible contra los financistas y los grandes operadores; 5. Los cómplices enquistados en las fuerzas de seguridad y policiales y los políticos que reciben dinero de los narcotraficantes para sus campañas o para permitir que actúen impunemente.
En el caso particular de Rosario hay una primera medida que es la de quitar o bloquear todos los teléfonos celulares de los detenidos para evitar que sigan operando desde las cárceles.
Asimismo, es imprescindible iniciar una enérgica campaña en institutos educativos primarios y secundarios para que los jóvenes tomen conciencia del daño para su salud y para su entorno familiar que resulta del consuno de drogas. No existen drogas “recreativas”, todas las drogas constituyen un veneno que los destruyen más o menos rápido pero que siempre los destruyen.
El espacio político de centro derecha al que pertenezco propone un programa desarrollista que pone el énfasis en la producción y el trabajo y que considera que los problemas económicos no se solucionarán achicando la economía sino aumentando sustancialmente la producción y la exportación.
Para ello tenemos planes para terminar rápidamente con los planes y subsidios estatales y reemplazarlos con un programa masivo de capacitación laboral que permita emplear a los desocupados en programas de obras públicas que ya cuenten con presupuesto.
Proponemos también un ambicioso plan de obras públicas financiadas a través de licitaciones nacionales e internacionales para la concreción de grandes obras de energía como la represa del Paraná Medio que puede producir tanta energía como toda la que ya se produce en el país; el proyecto de los canales del Bermejo que brindará energía, control de inundaciones y transporte fluvial interno de muy bajo costo; el puerto de aguas profundas que reducirá los costos logísticos de
exportación y el proyecto de la red federal de autopistas financiada con el impuesto que ya se aplica a los combustibles propuesto por el Doctor Laura y que ha sido rechazado por los intereses creados de los lobbys de quienes lucran con los peajes de rutas que no construyeron.
En materia financiera proponemos un cambio del dólar alto, tasas de interés bajas y superávit fiscal. La idea es ofrecer a los ahorristas opciones que brinden intereses que cubran la inflación más algunos puntos de ganancias y atraer a los ahorristas nacionales que mantienen miles de millones de dólares en el extranjero debido a la desconfianza que han generado los sucesivos gobiernos expoliadores e incumplidores sistemáticos.
Finalmente, lo que sufrirá un feroz ajuste será el gasto político eliminando los ministerios innecesarios, los que solo se crearon para satisfacer a los socios ideológicos, las colonias de asesores y las miríadas de cargos públicos que existen como pago encubierto a los militantes políticos afines al poder de turno.
Para que todo ello sea posible combatiremos con mucha determinación a la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado sin distinguir propios de ajenos a la hora de sancionar los delitos que se originan en el robo al pueblo y sus necesidades.
Nuestra intención, si Dios nos ayuda a superar los innumerables obstáculos que el actual sistema jurídico político nos plantea, es conformar una alianza nacional de centro derecha, realizar una interna entre los precandidatos de los partidos participantes y llegar a la elección general con un candidato propio, independiente y alejado de lo que en este momento constituyen alternativas de una única visión, subordinada al imperio de los mercados financieros y de las imposiciones de un progresismo alejado de la fe en Dios, la vocación de servicio, el amor a la patria y la familia y la defensa de la vida y las tradiciones nacionales.
Debo decirle que como presidente de Nueva Unión Ciudadana y coordinador del espacio político ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha) me han propuesto ser uno de esos precandidatos y que estoy dispuesto a asumir tal responsabilidad con toda la fuerza y convicción de un patriota, un veterano de guerra y un soldado de Dios.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
¿Qué cambió en Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez?
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La tarde de ese 5 de marzo de 2013 el tiempo se detuvo. Cuando el entonces vicepresidente venezolano Nicolás Maduro informó en cadena nacional que el presidente Hugo Chávez había fallecido, un suspiro colectivo dio paso al llanto. El líder de la Revolución Bolivariana cinco meses atrás había ganado las elecciones presidenciales con 55,07 % de los votos, casi 11 puntos porcentuales por encima de su contrincante Henrique Capriles Radonski, en una intensa campaña, catalogada como épica, que emprendió mientras padecía de cáncer.
La conmoción por el anuncio de su muerte causó segundos de paralización, desmayos, gritos e incertidumbre en las calles. Miles de venezolanos se volcaron a las plazas a expresar su dolor por la pérdida. En esos días era común escuchar y ver escrito en las paredes: “Chávez no murió, se multiplicó”.
“Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo: a las 4:25 de la tarde, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años”, dijo Maduro aquel 5 de marzo.
Un día después, el féretro con los restos de Chávez salió del Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en la parroquia caraqueña de San Juan, donde el líder revolucionario permaneció hasta su deceso, y fue trasladado en una multitudinaria marcha hasta la Academia Militar, en la parroquia El Valle, a unos 13 kilómetros.
En la Academia Militar, donde se graduó en Ciencias y Artes Militares, el 8 de marzo se hizo el funeral de Estado, al que acudieron 32 presidentes y primeros ministros y delegaciones de más de 50 países. Ese día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que Maduro asumiría temporalmente la presidencia, según una nota del Ministerio de Comunicación e Información.
Frente a los presentes, Maduro, con la voz quebrada por el llanto al hablar del líder latinoamericano nacido el 28 de julio de 1954, dijo: “Aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo para siempre, para todos los tiempos. ¡Comandante, no pudieron contigo! ¡No podrán con nosotros jamás!”.
El 13 de marzo de 2013, en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para honrar su memoria, el entonces secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, destacó la “visión eminentemente latinoamericana” de Chávez y aseveró que “ofreció un impulso decisivo para nuevos esfuerzos hacia la integración regional”.
Las honras fúnebres, a la que asistieron unas seis millones de personas, se extendieron hasta el 15 de marzo, cuando fue trasladado al Cuartel de la Montaña 4F, en el parroquia 23 de Enero, desde donde dirigió la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, y donde se encuentra ahora.
A partir de 2015, el presidente estadounidense Barack Obama declaró “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que Venezuela representaba para Washington. A partir de allí, tanto EE.UU. como otros países han impuesto 929 medidas punitivas contra la nación suramericana, lo que ha tenido un “efecto devastador”y “catastrófico” en la población, según la Organización de Naciones Unidas.
Desde 2014, el país perdió el 99 % de sus ingresos en dólares. En diciembre de ese año, Obama firmó la ‘Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela’, que abrió la puerta para las medidas que vendrían meses después y que aún no cesan.
La oposición optó por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2014 y de 2018, como estrategia desestabilizadora, en medio de la presión y el cerco de los países aliados de la oposición venezolana.
En 2019, el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” y desde la Asamblea Nacional, con apoyo internacional, promovió una serie de acciones para derrocar a Maduro, en medio de varios escándalos de corrupción. Apenas en diciembre de 2022, un grupo de exparlamentarios decidió que su supuesto gobierno, sin validez constitucional, quedaba sin efecto.
Durante una reciente transmisión televisiva, el mandatario venezolano afirmó que, 10 años después, “la mejor forma de recordar a Chávez no es llorando”.
“Me dejé de eso hace tiempo, porque bastante que lo lloré. No es recordarlo como pasado, es hacerlo como presente, como reto de futuro”, expresó.
Se espera que la actividad central sea el ‘Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI’, que reunirá durante tres días a distintas personalidades, intelectuales, movimientos sociales, activistas y políticos.
Por su parte, la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, con sede en el Cuartel de la Montaña, a partir del 5 de marzo inaugurará la exposición sobre el periodo de su vida antes de alcanzar la presidencia en 1998.
Rafael Aguirre, miembro de esa Fundación, informó en entrevista con RT que del 6 al 14 de marzo recibirán a los visitantes que quieran rendir homenaje al líder bolivariano.
Asimismo, se prevé que el 15 de este mes el Gobierno venezolano organice una caravana desde la Academia Militar hasta el Museo Histórico Militar, como también se le conoce. La actividad se clausura en la Plaza 4 de Febrero, a las afueras del Cuartel de la Montaña, con un evento para conmemorar la declaración del joropo, un género musical exaltado por Chávez como Patrimonio Cultural de la Nación, en 2014.
“Puedo decirle al mundo que diez años después podemos hablar, porque el dolor era tan grande que nos sumió en una tristeza”, son las primeras palabras de la historiadora Gladys Arroyo, presidenta de la Fundación Centro de Formación e Investigación Carmen Clemente Travieso.
Recuerda que el impacto de la noticia fue paralizante. “Aunque fue una verdadera tragedia para el pueblo, fuimos superando aquella difícil hora”, dice desde las cercanías del Mausoleo del Libertador, en el centro de Caracas.
Mientras habla, Arroyo establece una línea cronológica con los momentos más difíciles que ha atravesado el país en la última década. Recuerda que la oposición obtuvo la mayoría de escaños en las elecciones parlamentarias de 2015. “Y el imperio dijo: ‘Es nuestra oportunidad. Nos hacemos de nuevo del poder'”, afirma.
En su recuento se refiere a las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela; a la ‘guerra económica’; a las protestas de 2014 y de 2017, impulsadas por dirigentes de la ultraderecha, que causaron más de una centena de muertos; y a las “acciones como quemar gente viva”.
“Hemos derrotado guarimbas (protestas violentas); terrorismo; un intento de magnicidio en 2018 y de golpe de Estado en 2019; dos intentos de invasiones, la del 23 febrero de 2019 en los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela y la Operación Gedeón”; y una incursión marítima fallida, en 2021.
“El imperio pensó que con la muerte de Chávez se acababa la Revolución Bolivariana. ¡Cuán equivocados estaban! Ellos no saben de dónde venimos: somos un pueblo de libertadores”, dijo la historiadora.
Sobre los aprendizajes en medio de la adversidad, se refiere al trabajo “en el seno del pueblo” y recomienda no contar con victorias que aún no se han materializado. “En dos años de pandemia y de guerra económica aprendimos a multiplicar los panes, las lentejas, el arroz, a compartir con nuestra comunidad”.
Carlos Ponce Clavero, vocero del Consejo de Trabajadores Comandante Eterno, considera que el mayor aprendizaje en esta década “de tanta dificultad” ha sido “la forja” por la defensa de Venezuela.
“Aquí han bombardeado invisiblemente todo, es una guerra diferente, criminal”, dice al referirse a las acciones que buscan deponer al mandatario venezolano. “Nicolás Maduro ha logrado en estos años mantener la paz”, agrega.
Por su parte, Aguirre, de la Fundación Comandante Eterno, expresa que en estos diez años, ya “con mucha más calma”, entiende más a Chávez “como presidente y, sobre todo, como humano”.
“Fue un estratega, un visionario, capaz de proyectar escenarios posibles y dar en el blanco. Sabía que Venezuela, por su ubicación geopolítica, con todos los recursos que tiene, jugaba duro en el concierto internacional”, dice Aguirre.
En su opinión, ante la posibilidad de que no pudiera cumplir con el mandato presidencial, Chávez “ya se adelantaba en los escenarios que vendrían, como el ataque económico para asfixiarnos”.
“Gracias a esa visión estratégica, la gente que lo acompañó aprendió de él y, afortunadamente, el presidente y su equipo han sabido sortear los ataques, esquivarlos, y darles respuesta”, agregó Aguirre.
El Cuartel de la Montaña ha recibido a visitantes tan diversos como Rigoberta Menchú, Danny Glover, Diego Armando Maradona “y personas de la vida cultural de otros países que no te imaginabas que eran chavistas”, dice Aguirre.
“Vienen rusos, bielorrusos, vietnamitas, nicaragüenses. Y no solo del llamado ‘eje del mal’, también han venido estadounidenses, europeos y mucha gente que pide que no le digamos a nadie que estuvieron aquí”, comenta entre risas.
Cuenta que hay señoras que piden llevarse una muestra de agua del estanque que rodea la ‘Flor de los Cuatro Elementos’, una construcción de granito que decora el sarcófago, “porque dicen que se soban las rodillas con ella y las articulaciones mejoran”.
Cuando Menchú fue al sitio junto a una delegación maya, recuerda que al entrar al mausoleo manifestó que se sentía mucha energía. “El grupo se hincó e hizo un ritual”, recuerda Aguirre.
En el tiempo en que se establecieron mesas de trabajo para definir el propósito del espacio, la comunidad pidió que el lugar ofreciera al visitante una experiencia más cercana e íntima que la del Panteón Nacional, donde se encuentra el Mausoleo de Simón Bolívar.
En el interior del Cuartel se rompe con el protocolo y se permite que los representantes de los estados venezolanas lleven sus manifestaciones culturales, “porque de alguna forma asocian la figura de Chávez con su identidad”.
La Fundación, creada en 2013 por los familiares del mandatario, es presidida por su hija Rosa Virginia Chávez. Su finalidad inicial fue la de “proteger y mantener” su legado, pero con el tiempo se ha enfilado a “mostrarle a la gente un Chávez más humano: el niño, el joven, el soldado y el líder político”, como resultado de la investigación sobre su vida.
“Ha habido una evolución en la Fundación, que pasó por entender de una manera desordenada al Comandante, siendo presidente, a detenerse para entenderlo en su justa dimensión y espacio natural”, concluye.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 10, 2023
5 extraños hábitos que tienen las personas muy inteligentes
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¿Alguna vez te has sentido frustrado contigo mismo por ensuciarte, quedarte despierto hasta muy tarde o vetarte en el sofá? No seas tan duro contigo mismo.
Resulta que algunos de estos hábitos aparentemente negativos en realidad pueden estar relacionados con la inteligencia. Entonces, la próxima vez que alguien te etiquete como perezoso o distraído, tómalo como un cumplido. En realidad, podría ser una señal de que eres más inteligente que la mayoría de las personas.
Con eso en mente, veamos algunos hábitos extraños que tienen las personas muy inteligentes.
Desordenados
Los pensamientos de alguien con un alto coeficiente intelectual pueden evocar imágenes de un científico con una bata de laboratorio en un laboratorio estéril blanco brillante. Pero rara vez la gente inteligente trabaja en condiciones tan prístinas.
De hecho, sus espacios de trabajo suelen ser bastante desordenados. No es que sean unos vagos. Las personas inteligentes tienden a ser más creativas, lo que puede generar desorden, ya que pueden consumirse fácilmente por un problema o problema, poniendo el orden en un segundo plano. Y la investigación respalda esto.
Los estudios muestran que los espacios de trabajo desordenados promueven la creatividad al inspirar libertad y nuevas ideas. Los entornos ordenados, por otro lado, pueden ser restrictivos en el sentido de que fomentan la conformidad y desalientan el pensamiento fuera de la caja.
Les gusta quedarse despiertos hasta tarde
La televisión y las películas a menudo muestran genios creativos que trabajan furiosamente en un nuevo invento a todas horas de la noche. De hecho, se ha descubierto que aquellos que se acuestan más tarde tienen un coeficiente intelectual más alto, y aunque existen varias teorías diferentes que
explican este fenómeno, la adicción al trabajo no es una de ellas.
Una explicación vincula este comportamiento con la evolución. Dado que la noche era generalmente más peligrosa, nuestros antepasados que tenían que trabajar en el “turno de noche” tenían que ser más inteligentes para sobrevivir.
Otra explicación evolutiva podría ser que nuestros predecesores creativos se quedaban despiertos toda la noche debido a los diferentes ritmos circadianos, algo que se ha transmitido de generación en generación como relojes internos sesgados.
Los psicólogos plantean la hipótesis de que las personas inteligentes también son más introvertidas y, por lo tanto, prefieren la reclusión nocturna para poder pensar sin interrupciones.
Blasfeman
Las personas a menudo asocian las blasfemias con niveles más bajos de educación e inteligencia, lo que sugiere que cuando alguien no puede encontrar una palabra más apropiada, llena sus oraciones con vulgaridades genéricas. Resulta que lo contrario es en realidad cierto.
Aquellos que saben más palabrotas tienden a tener un vocabulario más extenso en general y la habilidad lingüística se correlaciona con una mayor inteligencia.
Por lo tanto, tiene sentido que las personas más inteligentes sepan más palabrotas. Sin embargo, es posible que no los usen todo el tiempo, ya que también poseen la capacidad de evaluar cuándo y dónde es aceptable usar ese lenguaje.
Toman duchas frías
Varios genios famosos aprovecharon el factor frío. Benjamin Franklin nadaba en el frío río Támesis de Londres, mientras que Theodore Roosevelt se bañaba desnudo en invierno en el río Potomac en Washington, D.C. Resulta que sumergirse en agua fría es una práctica antigua que beneficia el cuerpo y la mente.
Hipócrates llegó a decir que la terapia con agua alivia la debilidad mental y física. Cuando el cuerpo se ve obligado a adaptarse rápidamente al agua fría, se desencadena un shock que bombea sangre fresca al cerebro y otros órganos vitales, vigorizando el cuerpo. También se relaciona con una mejora en el estado de ánimo y la memoria, lo que conduce a una mayor productividad.
El sonido de masticar les molesta
Las personas con un alto nivel de cognición creativa pueden encontrar que el sonido de alguien masticando fuerte o chasqueando la goma de mascar les distrae particularmente. Esto se debe a que no pueden bloquear la información sensorial irrelevante, incluidas las alteraciones auditivas.
Al igual que los cerebritos prefieren trabajar hasta altas horas de la noche, prefieren entornos tranquilos porque les permite concentrarse sin distracciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
Políticos argentinos de distintos partidos firman carta conjunta para felicitar al Papa
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El oficialismo y la oposición de Argentina se unieron en una carta para felicitar a Francisco al cumplir sus primeros diez años como papa, lo que provocó una sorpresa debido a los altos niveles de polarización que padece el país sudamericano.
“En este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad”, señala la misiva que, además, se dio a conocer en
medio de las precampañas presidenciales rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.
Entre los cientos de firmantes destacan el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes sostienen su propia pugna interna en el Gobierno.
Desde la oposición, las firmas más destacadas son las del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la diputada María Eugenia Vidal, ya que ambos son precandidatos presidenciales de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, que es liderada por el expresidente Mauricio Macri.
En la carta, los dirigentes reconocen el trabajo de Francisco en favor de las personas excluidas y los pueblos pobres, además de su firme defensa de la paz mundial y su permanente promoción de una Ecología Integral.
“Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo”, señalan.
También reconocen las resistencias que genera su labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos.
“Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo”, agregan al referirse al hecho de que Francisco no ha ido su país natal en su década como papa.
Él mismo ha reconocido que uno de los principales motivos es evitar que su figura sea utilizada por la política local, algo que ha ocurrido desde que se convirtió en Sumo Pontífice.
A pesar de que no ha viajado a Argentina en 10 años, Francisco ha sido protagonista de las peleas políticas locales, ya que su figura ha sido disputada desde todos los sectores.
Cuando vivía en Buenos Aires, antes de convertirse en papa, era considerado un opositor a la peronista expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero una vez que se instaló en El Vaticano, fue catalogado como uno de sus “militantes”.
Entre los motivos, destacaron las frecuentes audiencias que ha otorgado a políticos peronistas y que contrastan con los que les ha brindado a sus adversarios.
Por ejemplo, ya quedaron para la historia las cuatro reuniones que sostuvo con Fernández de Kirchner, que duraron varias horas y en las que el Papa se mostró sonriente.
La diferencia fue marcada en las audiencias en las que recibió a Macri, ya que fueron breves y todo el tiempo mantuvo el gesto adusto.
De hecho, en la carta es notoria la ausencia de Macri, así como de una de sus precandidatas presidenciales, María Eugenia Vidal, y la exdiputada Elisa Carrió.
El clima de tensión que han mantenido los políticos argentinos en torno al papa ha sido constante. Por eso sorprendió la misiva que está firmada por más de 300 personalidades, entre ellas gobernadores, senadores, diputados, ministros nacionales y locales, líderes de organizaciones sociales, sindicalistas, académicos universitarios, músicos y dirigentes deportivos afines a varios signos políticos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
Cocinando el delito
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Una cocinera de una escuela secundaria fue acusada de agredir sexualmente a un estudiante en el estado de Connecticut (EE.UU.).
En enero, los administradores de la escuela contactaron con la Policía de la ciudad de New Fairfield tras obtener información sobre una supuesta relación inapropiada entre una empleada y un alumno de 14 años de edad. Durante la investigación se reveló que el estudiante se ha había estado comunicando durante meses con una cocinera del centro educativo, identificada como Andie Rosafort, quien supuestamente le envió fotos desnuda y videos de carácter sexual.
De acuerdo con la víctima, el 13 de enero, cuando se encontraba en casa de un amigo, Rosafort lo pidió reunirse con ella y le preguntó su ubicación. Luego, ambos hicieron un corto trayecto en el coche de la mujer y supuestamente mantuvieron una relación sexual dentro del vehículo.
La Policía examinó los datos del celular de Rosafort y encontró imágenes parecidas a las que describió el menor. El 17 de febrero, los agentes obtuvieron una orden de detención contra la cocinera y tres días después la arrestaron. La mujer fue posteriormente liberada bajo una fianza de 100.000 dólares y deberá presentarse ante la corte el 23 de marzo. Por su parte, tanto el abogado de la acusada como el de la familia de la víctima se negaron a comentar la situación.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
La fiebre del oro de California y la independencia de Texas
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La fiebre del oro de California y la independencia de Texas fueron dos eventos que afectaron la expansión hacia el oeste durante 1800-1848. La fiebre del oro de California tuvo lugar entre 1845 y 1855, marcada por el descubrimiento de un importante depósito de oro cerca de Sacramento. Al mismo tiempo, la libertad de Texas en 1836 se logró cuando Texas se independizó de México. Ambos eventos tuvieron un impacto en Westward Expansion; sin embargo, entre los dos eventos, California tuvo la influencia más significativa en la Expansión hacia el Oeste en comparación con la Independencia de Texas.
A pesar de los dos eventos que influyeron en la extensión hacia el oeste, la Fiebre del oro de California fue más funcional ya que provocó un movimiento masivo y un asentamiento en el oeste. La Fiebre del oro de California fue provocada por el descubrimiento de oro en California en 1848. Después de que se corrió la voz en el este de que había oro en California, la gente vendió todo lo que poseía para fabricar oro en el país, lo que resultó en un aumento de los asentamientos y la expansión de del oeste de los EE. UU. Llegaron más de 300.000 aventureros, incluidas personas de todo el mundo, China y Australia. Además, influyó en la unión para admitir a California como el trigésimo primer estado de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la gente adquirió el objetivo de mudarse al oeste, reclamar su tierra y encontrar oro debido al descubrimiento de oro en California.
La ideología del destino manifiesto afirma que América está destinada a expandir su territorio, la democracia y el capitalismo por todo el continente. La filosofía moldeó la visión de los estadounidenses en el mundo, influyendo en el movimiento hacia Occidente. Por ejemplo, el destino manifiesto inició la fiebre del oro de California, ya que la gente lo vio como una oportunidad para mudarse al oeste, reclamar tierras y encontrar oro. Los estadounidenses admitieron a California como uno de sus estados con base en la ideología manifiesta de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por el continente. El destino manifiesto jugó un papel esencial en la Expansión de Texas, de modo que los estadounidenses invitaron a Texas a unirse a los Estados Unidos como el vigésimo octavo estado. Por lo tanto, la creencia en la expansión al Pacífico influyó en la fiebre del oro, donde la gente se mudó a California y Texas se convirtió en parte de los Estados Unidos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
FALLECIÓ PEDRO BLAQUIER DEMOSTRANDO QUE LA CÁRCEL ES PARA LOS POBRES Y LOS PELOTUDOS (1)
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POEMA DEDICADO POR CARLOS BLAQUIER A CRISTINA KIRCHNER PRESIDENTE
Se ha incrementado la venta
del cerdo vivo o carneado
después de haber escuchado
a Cristina presidenta.
Las propiedades del cerdo
eran para mí un enigma,
desde hoy son un paradigma
y la vaca es un recuerdo.
Y por potenciar la cosa
como cerdo a toda hora
y gracias a la Señora
hoy tengo novia mimosa.
Por eso soy cristinista
y nada me hará cambiar,
soy cristinista a rabiar
y un convencido activista
[ezcol_1half]Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Prov. Buenos Aires
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]“La muerte es el remedio de todos los males; pero no debemos echar mano de éste hasta última hora”
Molière (1622-1673)
(1)Modismo Argentino. Adjetivo para decir que alguien es más que idiota, estúpido, etc. O que no es inteligente.
[ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_1third] [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end] [/ezcol_1third_end]PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 14, 2023
LO MÁS VISTO ♦ Marzo 13, 2023
☺Las noticias más leídas en PrisioneroEnArgentina.com. Las más comentadas, las más polémicas. De que está la gente hablando…
Marzo 12, 2023 – Marzo 13, 2023
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Marzo 13, 2023
¿Corralito Americano?
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Los reguladores bancarios estadounidenses han intervenido en la mañana de este viernes el Silicon Valley Bank ante la veloz fuga de depósitos que sufría. La intervención de la entidad con sede en California, que tiene como principales clientes a emprendedores y empresas tecnológicas de su estado y de Massachusetts, acaba con dos días de incertidumbre en los que sus acciones se desplomaron en Bolsa, después de que se dieran a conocer sus planes para ampliar capital y la venta en pérdidas de una importante cartera de bonos para no quedarse sin liquidez.
La súbita quiebra de la institución, la décimo sexta más grande de EE UU, ha traído a la memoria de los analistas lo peor de la crisis financiera que estuvo en el origen de la Gran Recesión. Aunque poco conocido internacionalmente por su labor más enfocada a las empresas, se trata de la segunda mayor caída de un banco estadounidense, solo por detrás de Washington Mutual, que colapsó en 2008. En medio de la crisis, los reguladores han tratado de dar certezas. “Todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados no más allá del lunes 13 de marzo de 2023″, ha indicado la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), el organismo público que desde hoy controla a la entidad financiera creada en 1982.
Cientos de personas han acudido a las oficinas del banco a lo largo de la mañana de este viernes para retirar su dinero. Dor Levi, uno de los altos ejecutivos de Lyft estaba entre ellos, según el periodista Eric Newcomer. El empresario acudió a las oficinas de Manhattan del banco, pero la entrada le fue impedida. La empresa pidió ayuda a la policía de Nueva York. Los temores entre los usuarios habían crecido en los últimos días, cuando se había informado que el banco se había acercado a Goldman Sachs para que este auxiliara con una venta de acciones por 2.000 millones de dólares. La operación se intentó llevar en secreto, pero al conocerse los usuarios acudieron a sacar su dinero. Esto hizo que la cúpula del banco buscara rápidamente un comprador este viernes, pero los reguladores bancarios intervinieron para no dejar correr más tiempo.
[ezcol_2fifth]Los no asegurados, es decir, todos aquellos con más de 250.000 dólares en sus cuentas (234.000 euros al cambio actual), lo tendrán más complicado: recibirán un anticipo la próxima semana, y un certificado donde se indique el montante restante de sus fondos. Cuando se vayan vendiendo activos del banco, irán cobrando más, aunque ahora mismo nada garantiza que vayan a recuperarlo todo.
Todavía se desconoce cuántos afectados hay, pero a 31 de diciembre de 2022, el banco contaba con unos 209.000 millones de dólares en activos (196.000 millones de euros) y 175.400 millones en depósitos.
La FDIC ha informado que se ha generado otra institución bancaria, el Banco Nacional de Santa Clara, para absorber los clientes y cuentas del Silicon Valley Bank. “Al momento del cierre, la cantidad de depositantes que excedían los límites de la cobertura del seguro era indeterminada”, afirma el comunicado.
La cifra estará disponible en los próximos días, una vez que el banco de Santa Clara obtenga la información adicional de las cuentas y contacte a los clientes. La FDIC ha solicitado a todos aquellos depositantes con saldos superiores a los 250.000 dólares que se comuniquen con ellos directamente por teléfono. Es poco probable que la nueva institución pueda devolver pronto su dinero a los mayores clientes del Silicon Valley Bank.
Para tranquilizar a los clientes del banco, el regulador ha informado de que las oficinas centrales del Silicon Valley Bank y todas sus franquicias reabrirán sus puertas el lunes. También estarán disponibles los servicios de banca en línea y las aplicaciones.
El caso no solo trae de nuevo a un primer plano la crisis financiera. Ha sido la primera caída de un banco en 2023. Para encontrar el precedente más próximo hay que remontarse a octubre de 2020, cuando cerró el Almena State Bank, de Kansas, aunque por su menor tamaño, sus implicaciones fueron menores, a diferencia del Silicon Valley Bank, que ha provocado que los cuatro grandes bancos se dejaran 52.000 en los últimos días y descensos en las Bolsas de todo el mundo.
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[/ezcol_3fifth_end]La quiebra del banco es un duro golpe para el corazón tecnológico de California, que es a su vez uno de los motores más importantes de la economía local. El Silicon Valley Bank se encontraba en el epicentro, en una zona cuna de start ups. Logró posicionarse como una institución boutique y altamente especializada en un entorno lleno de adversidades, como las que afrontan los empresarios en sus primeros años, cuando es difícil conseguir préstamos ante la falta de ingresos. Entre sus clientes tenía, entre otros, a los fondos de capital de riesgo Andreessen Horowitz e Insight Partners; a Beyond Meat, una empresa de carne artificial que salió a Bolsa hace tres años; el gigante de la comunicación Discovery.
En su más reciente perfil público para atraer clientes, publicado el pasado mes de enero, el Silicon Valley Bank aseguraba prestar sus servicios a cerca del 50% de las compañías estadounidenses financiadas con capital de riesgo. Entre sus clientes principales estaban las startups enfocadas a la salud. Estas representaban el 44% de su cartera el año pasado. La cifra representaba una caída respecto a los años anteriores. En 2015, los ejecutivos presumían negocios con el 65% de las compañías de emprendimiento.
La estrategia entonces era convertirse en el primer banco, aquel en el que los nuevos empresarios maduraban sus proyectos hasta que estaban listos para dar el salto a instituciones más grandes. En la década pasada, la institución había mostrado un crecimiento sostenido, ampliando su capacidad de préstamo un 25% cada año desde 2012. Esto los llevó a trascender sus fronteras naturales de San Francisco y Boston, los principales entornos para las empresas. El dinero del banco también respaldó proyectos de compañías de Canadá, China, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Israel, Suecia y el Reino Unido.
Aunque sí la más grave, esta no ha sido la única etapa de turbulencias para el banco. En 2001 las acciones perdieron el 50% de su valor cuando reventó la burbuja tecnológica. En más de dos décadas, sin embargo, lograron remontar y fueron la primera entidad bancaria para más de 660 unicornios, empresas emergentes que tienen una valuación de más de 1.000 millones de dólares. Ahora, su nombre se une al de otros bancos caídos mientras analistas, inversores y autoridades vigilan posibles contagios.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2023
Macron, la Constitución y el aborto
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, que su Gobierno presentará un proyecto de ley para incorporar el derecho al aborto en la Constitución del país.
“Los avances resultantes de los debates parlamentarios (…) permitirán, espero, incluir en nuestro texto fundamental esta libertad [derecho al aborto] en el marco del proyecto de ley de reforma de nuestra Constitución que se elaborará en los próximos meses”, declaró Macron en el Palacio de Justicia francés durante un homenaje a Gisèle Halimi, abogada y figura histórica del feminismo franco-tunecina.
El mandatario señaló que las dos cámaras del Parlamento galo se han pronunciado a favor de la constitucionalización del derecho al aborto. El primer paso lo dio la Asamblea Nacional al aprobar la incorporación de este derecho a la Constitución en noviembre pasado con 337 votos a favor y 32 en contra.
“Hoy quiero que la fuerza del mensaje [de Gisèle Halimi] nos ayude a cambiar nuestra Constitución para grabar la libertad de la mujer”, manifestó Macron, al conmemorar la lucha de Halimi, quien ganó fama nacional como abogada en 1972 durante un juicio en el que defendió a una menor procesada por abortar después de una violación.
Tras las declaraciones de Macron, diferentes organizaciones feministas, como la Fundación de Mujeres de Francia, Le Planning familial (Planificación familiar) y Osez le feminisme! (¡Atrévanse al feminismo!) calificaron la decisión como una victoria del movimiento y de la libertad de las mujeres.
Por otro lado, la Alianza VITA, una organización antiabortista francesa, mediante un comunicado condenó las intenciones del Gobierno y “denunció la burda e indecente manipulación del doloroso tema del aborto”, afirmando que el proyecto de ley “perjudica a la democracia y los derechos humanos”.
La inclusión de la libertad de interrupción del embarazo en la carta magna se ha convertido en un tema crítico en Francia desde la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de revocar el derecho constitucional al aborto en junio pasado. En este contexto, distintos activistas y autoridades del país galo instaron a afianzar este derecho para que no se produzcan retrocesos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2023
Agencia Espacial Española
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España destinará 700 millones de euros para 2023 y una plantilla de 75 trabajadores a la recién creada Agencia Espacial Española (AEE), según informó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, este martes en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, cuando anunció la aprobación del estatuto del organismo.
Morant expuso que el país busca así reforzar su posición internacional en el sector aeroespacial, que ya mueve en España más de 900 millones de euros al año, a lo que habría que sumar ahora el presupuesto de la AEE.
En este contexto, el Gobierno ha abierto una convocatoria por valor de 45 millones de euros para el desarrollo de un lanzador de microsatélites, una tecnología que todavía no existe en Europa, según la ministra.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2023
Prioridad Uno del Ejército de Estados Unidos
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El jefe del Comando Estratégico de EE.UU. (USSTRATCOM, por sus siglas en inglés), Anthony Cotton, declaró durante una audiencia del subcomité de fuerzas estratégicas de la Cámara de Representantes, que la institución a su cargo priorizará el desarrollo y despliegue de armas hipersónicas de largo alcance.
Cotton aseguró que este tipo de armamento, que consiste en misiles con capacidad de desplazarse hasta al menos cinco veces la velocidad del sonido, repercutirá de manera inmediata “en los planes operativos, al disuadir y mantener en riesgo a los adversarios”, al tiempo que brindará “a la nación opciones de respuesta creíbles, estratégicas y no nucleares cuando se enfrenten a un conflicto armado”.
Asimismo, detalló que tienen previsto implementar una batería de armas supersónicas de largo alcance para finales de este año, que se convertirán en el primer sistema de ataque supersónico ofensivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El alto funcionario militar afirmó que garantizarán que esas armas estén listas para ser empleadas en “el primer día de despliegue”, puesto que ese equipamiento contribuirá de forma directa a cumplir “las responsabilidades de disuasión estratégica y ataque global asignadas” en el Plan del Comando Unificado del USSTRATCOM.
El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. explicó que el arma hipersónica de largo alcance, que es un proyecto conjunto entre el Ejército y la Armada estadounidense, consiste en un misil propulsado desde un sistema móvil de lanzamiento terrestre.
Además, precisó que tendrá un alcance de 2.776 kilómetros y podrá volar a una velocidad de 6.116 kilómetros por hora. Estos proyectiles pueden llegar a la parte superior de la atmósfera terrestre, lo que les permite mantenerse fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea y antimisiles hasta el momento del ataque.
La primera prueba de este misil supersónico tuvo lugar en 2010. Sin embargo, el proyecto fue detenido. Posteriormente, el Ejército de EE.UU. reinició el programa de armas supersónicas en 2018. Desde 2020 se han realizado tres ensayos de tales misiles.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2023
UNA NUEVA HUMILLACION A LAS FUERZAS ARMADAS
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Ya es de público y notorio, como se dice en el campo jurídico cuando un hecho es conocido por muchas personas, la grave situación que atraviesa Rosario. Por ello han arribado a la ciudad cientos de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fuertemente armados, para tratar de frenar el avance de los grupos
narcos que asolan estas tierras.
A pesar de ello, los tiroteos continúan impunemente en la ciudad. No solo prosiguen las balaceras en el barrio donde se iniciaron los incidentes, sino que hasta se tiroteó un colectivo que transportaba personal el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe.
A pesar del clima de virtual guerra que se vive en Rosario, el gobierno nacional dispuso el envío de efectivos del Ejército Argentino -del Comando de Ingenieros-, que aunque no se crea, tendrán la exclusiva finalidad de levantar paredes y cavar zanjar, munidos únicamente con picos y palas, sin ningún tipo de arma pero eso sí, de impecable uniforme; según la orden impartida por el Primer Mandatario.
Una nueva humillación a las Fuerzas Armadas y en especial al Ejército Argentino. Ya lo vienen haciendo con los denominados juicios de lesa humanidad, que ya se extienden por casi 20 años y no terminarán hasta que se muera el ultimo de lo que ellos consideren culpable.
Nuestras Fuerzas Armadas no están para limpiar una zanja o levantar una pared de material en un barrio carenciado, para ello los gobiernos disponen de personal municipal o provincial capacitados para ello. No son meros albañiles, sin desmerecer esa noble actividad, sino soldados entrenados, o por lo menos así debería ser, para defender la soberanía de la Nación.
Reiteramos, no podrán portar ningún tipo de arma, en un lugar sumergido en un creciente clima de violencia que aumenta día a día y sin solución de continuidad; lo que los expone a convertirse en una suerte “de tiro al pichón” por parte de los grupos narcos.
Hubiese sido más sensato destinar a esas tareas a los operarios estatales que se especializan en esas labores y para ello cobran un sueldo o disponer que personas que cobran un plan sin trabajar, realicen esos menesteres. Claro, los líderes sindicales y piqueteros “no expondrán” a sus muchachos a este peligro.
Uno se pregunta para que están los Ministerios de Obras y Servicios Públicos nacional y provincial o la Secretaria de Obras Publicas municipal. Urbanizar barrios carenciados es función de los gobernantes. Debería darles vergüenza que todavía haya barrios en el país que no están urbanizados. Es más, los políticos deberían ir a realizar esas tareas.
Claramente mandan militares como “carne de cañón” a Rosario, pues el gobierno los considera meras cosas descartables que pueden sacrificar libremente, seres
demoniacos en sí mismo que no tiene ningún tipo de derechos.
Tan ridícula es la orden que hasta el propio Ministro de Seguridad de la Nación, se “despegó” de la misma, afirmando que no tuvo nada que ver con esa disposición.
Y es que una cosa es repartir vacunas o comida en barrios alejados, cuando se había dispuesto la cuarentena en el país, lo que mereciera los aplausos de la gente, y otra es meterlos de lleno en el desatado conflicto con los grupos narcos, llamado el nuevo terrorismo, encima de uniforme y totalmente desarmados y hasta vilipendiados por los sectores de los derechos humanos.
Así es, sectores vinculados a los derechos humanos ya han salido a repudiar la presencia militar en la ciudad, no les gusta ni lo aceptan. Dicen que aunque estén desarmados es una provocación para ellos, máxime en víspera de un nuevo aniversario del 24 de Marzo. Que deben estar en los cuarteles y no en la calle. Hasta la abuela putativa del gobierno se sumó al repudio.
No solo convierten a los militares en fáciles blancos para que los grupos narcos hagan práctica de tiro al blanco, sino también los arriesgan a que sean insultados o ultrajados por grupos vinculados a los derechos humanos, encima sin que puedan ejercer defensa alguna.
En otras palabras, si le tiran los narcos, deberán poner el pecho y morir. Si los insultan o los escupen algún grupo de los derechos humanos,
deberán “bancársela y sin chistar”.
Está claro que si existiera algún tipo de atisbo de defensa, tan solo para cubrirse de una balacera o esquivar los escupitajos, les harán una causa penal. Ni hablar de que si tan siquiera intentaran dialogaran con alguien que los agrede para que deponga tal actitud, se dirá que lo amenazó con hacerlo desaparecer o algo así y terminarán en el Juzgado Federa con una causa de las llamadas de lesa humanidad.
Se sabe que hay mucho malestar entre la oficialidad intermedia por esta orden. Se resisten a venir a Rosario desarmados. Afirman que en todas las actividades que desarrollaron a nivel mundial (que merecieron el reconocimiento internacional) como en Kosovo, donde levantaron un “impresionante” hospital de campaña, siempre estuvieron armados, por la sensata necesidad de tener que defenderse ante un ataque.
Los Altos Mandos del Ejército deberían tomar nota de ello y no deberían permitir esta situación, exponiendo con fuerza y claridad la inconveniencia e imposibilidad de cumplir con esa ridícula orden. Que los subordinados vean y se sientan defendidos. Deben tener presente además y así hacerlo saber, que en los años 70 también cumplieron con la orden de un gobierno constitucional y fue este mismo gobierno, el que metió presos y condenó a quienes cumplieron esa orden, más de 40 años después.
El despliegue de los militares en Rosario como en los trabajos que deberán realizar serán custodiados por personal policial, según disposición presidencial. Su irracionalidad es total. Que mal que estamos como pais, que a los militares los tiene que custodiar la Policía.
En fin, un nuevo desvarío de un gobierno que nunca tuvo un norte, que sigue ahondando los graves problemas que asola al país, pero que continua con su irrenunciable vocación de seguir maltratando y degradando a las Fuerzas Armadas.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 13, 2023
LLEGÓ DAMIAN, EL HOMBRE DEL FUTURO
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El 10 de marzo pasado en horas de la tarde, en el Winnie Palmer Hospital for Women & Babies, de la ciudad de Orlando, estado de la Florida, nació DAMIAN, mi bisnieto. Su llegada trajo aparejada la reunión e indescriptible alegría y emoción de toda la familia. Por supuesto dada mi situación de imputado por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad, a como dé lugar, yo falté a la cita. De cualquier forma, aún a la distancia también comparto estos inolvidables momentos, acrecentados porque sé que, la bandera a la que respetará y honrará DAMIAN, está compuesta por barras y estrellas. Atrás muy lejos y para siempre quedó la celeste y blanca. Lo mismo ocurrirá cuando nazcan sus hijos y los hijos de sus hijos. Su destino comenzó en la década de los 90 cuando con mi esposa impulsamos a nuestro hijo FABIAN y a nuestra nieta MARIA de 7 años de edad, a radicarse en américa del norte. Cuestiones de asistencia familiar, me obligaron a volver escoltado por MARIA, mi inseparable compañera de siempre. Luego surgió la causa, con la que me imputaron y para nosotros dos la vida se detuvo a manos de inescrupulosos e irresponsables miembros del corrupto poder judicial federal argentino. De cualquier forma, con este nacimiento, se salvó lo más importante, parcialmente el presente y en forma absoluta y total el futuro familiar. El júbilo compartido, desde la distancia, por la llegada de DAMIAN, da fe de ello. El y su generación tendrán que afrontar grandes desafíos y vivirán acontecimientos increíbles, producto de los avances científico-tecnológicos, la sobrepoblación y el duro cambio climático que amenaza a todas las especies.
La rápida evolución que se vive, seguramente tendrá aspectos positivos y también peligros, pero en su caso cuenta con la ventaja que MATT y MARIA, son excelentes padres y excelentes seres humanos que, con el apoyo de sus abuelos lo capacitarán y prepararán para ser una muy buena persona, un muy buen ciudadano y un hombre justo. Ahora el destino tiene la última palabra. Mi esposa y yo si bien dimos el puntapié inicial, a partir de mi imputación en el año 2011 quedamos prisioneros en Argentina, inmersos en un oscuro y putrefacto mundo paralelo donde impera la injusticia y el odio ideológico sin fin. Allí debimos conocer y tratar a “personajes” que en condiciones normales hubiéramos evitado a cualquier precio. Así aprendí a rechazar y también a odiar este suelo en el cual nacimos, ya que dejó de ser nuestro país, y solo es mi inmerecida prisión, a la cual siento que vencimos con este nuevo ser que seguramente no llegaré a abrazar ni tratar, porque acordamos que no viajen nunca hasta aquí. Mi esposa, hoy, y por varios días más, que contabiliza como instantes, podrá percibirlo y quererlo a través de todos sus sentidos y hacerle escuchar el latir de su corazón, que por nuestra convivencia de más de medio siglo, también es el palpitar del mío. Luego volverá y me trasmitirá el soplo de libertad que representa DAMIAN, EL HOMBRE DEL FUTURO. ¿Quién dijo que la vida no es hermosa y pase lo que pase, no vale la pena vivirla intensamente hasta el último aliento?
[ezcol_2fifth]Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Prov. Buenos Aires
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
[/ezcol_2fifth] [ezcol_3fifth_end] [/ezcol_3fifth_end]“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”
Víctor Hugo (1802-1885)
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 12, 2023
LO MÁS VISTO ☺ Marzo 12, 2023
☺Las noticias más leídas en PrisioneroEnArgentina.com. Las más comentadas, las más polémicas. De que está la gente hablando…
Marzo 12, 2023 – Marzo 12, 2023
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Marzo 12, 2023
LA VERDAD
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Yo soy el camino, LA VERDAD y la vida…
Por ello mi visión es la siguiente:
VERDAD=JESUS = HIJO DE DIOS.
No podría ser corrompida por nada ni por nadie.
El hombre, se corrompe con la mentira y eso hace que esconda su capacidad divina para buscarla y vivir en la verdad.
Hay distintas formas de esconderla.
Mintiendo o callándola, bajo el manto de la soberbia o la ignorancia.
La verdad no necesita de Nada ni de Nadie. Está y ES!!!
La mentira necesita meterse en el hombre, que renuncia a la imagen y semejanza de su creador y se convierta en débil y pecador.
Se obnubila con el negocio y se olvida del prójimo, adoptando decisiones, que lo alejan del Bien.
Gastar poco y ganar mucho!!!
Bajar costos y ganar beneficios!!!
Esto es terrenal, y por ahora, hay que aceptarlo
Cuando llegan los administradores y aplican el cálculo matemático y el mismo no les cierra, de acuerdo a las leyes, si hay faltante lo impuestan y si sobra, normalmente se lo roban.
Deben justificarlo con una verdad humana.
Supongamos que la justificación expuesta llegue al máximo de veracidad.
AÚN NO ES LA VERDAD!!!
Esa verdad, por ser humana, no es perfecta.
Es una verdad a medias y así solo alcanza a Disfrazarla!!!
Como eso será analizado y seguro detectado, se la acompaña con el conveniente Relato, para ganar tiempo y espacio.
En un sin prisa, pero sin pausa, va ganando adeptos, cuyas mentes, dominadas por el facilismo, destrozan la voluntad. Se entregan a repetir lo que se les dice, sin análisis ni autocrítica, creando y criando el monstruo del fanatismo.
Paso seguido, la duda generada con los Números y el Relato, será causa de conflicto.
Sucederá si el hombre, con humildad, acepta su imperfección. Así avanzará hacia la VERDAD, a través de las veracidades y certezas que vaya logrando.
Reconocer la falibilidad es el decisivo paso a la Sabiduría.
NO SER SABIO!!!
Si el problema se encara con soberbia, seguro se inundará de MENTIRAS, necesarias, pero no suficientes, para justificar la connivencia y complicidad que exige el fanatismo.
La soberbia fanática, siempre divide y necesita disponer de poder para subyugar y esclavizar.
Esta los llevará a la confrontación y por ende se generarán más inconvenientes que afectará intereses y objetivos personales y sociales.
En la defensa de los mismos se utilizará todo tipo de ideologías y pérfidas razones para justificar el liderazgo de sus ambiciones sin interesar a quien o a quienes afecte.
El hombre se vuelve un LOBO, con piel de Cordero, PARA EL HOMBRE!!!
Esto indica que la VERDAD FUE DESCONOCIDA como fin a lograr!!!
LA MENTIRA, SE DISFRAZA PARA ENGAÑAR!!!
En ése forcejeo, se dará la confrontación que puede alcanzar niveles de encarnizada crueldad y distintos grados de violencia que van desde la discusión hasta el enfrentamiento más feroz que conoce la Humanidad.
La GUERRA!!!
Que es la Guerra???
Es la continuación de la Política por otros medios.
Cuales son los medios??
Aquellos que se empleen para someter la voluntad del otro en el menor tiempo posible con los menores costos!!!
Otra vez aparecerá disfrazada la VERDAD, con los artilugios de la Guerra Justa!!!
La Guerra Justa!!! es el derecho a la legítima defensa.
La Veracidad deberá estar en sintonía con la VERDAD aportando certezas sobre:
– CAUSA/ CAUSAS
– HECHOS
– FINALIDAD.
Seguramente, por ser humanos e imperfectos, habrá un necesario proceso para aclarar, lo mejor posible, los errores que los llevó a semejante decisión.
La humildad vuelve a escena, para aportar su espíritu de unión, fraternidad y amistad.
El hombre que quiere vivir en la VERDAD, reconoce en ella, el CAMINO que le permitirá LA VIDA, en LIBERTAD!!!
Eder Pécile
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 12, 2023
Creencias de la otra vida
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El más allá es un concepto muy extendido en muchas creencias y religiones de todo el mundo, que van desde una dicotomía entre el cielo y el infierno hasta las posibilidades de renacimiento y reencarnación. Como mecanismo social, la religión no puede existir sin un objetivo, y estudiar varias ideas sobre la vida después de la muerte se convierte en un paso crucial para analizar los principios básicos de cualquier sistema de creencias. Así, la percepción de lo que le espera a una persona al final de su vida, transitando hacia una nueva etapa de ser o no ser, permite determinar aún más las ideas eje de las convicciones religiosas de numerosas religiones del mundo.
Uno de los hechos más interesantes sobre la noción de la vida después de la muerte es que es una creencia común entre casi todas las religiones y denominaciones, como algo que sucede después de la muerte de una persona. En todas las religiones cubiertas, excepto el taoísmo y el sintoísmo, las acciones de una persona durante su vida influyen en su destino en el más allá, lo que no significa necesariamente el paraíso. Si “comprender cómo las tradiciones religiosas y sus patrones de autoridad y legitimación, creencia y cambio de pertenencia se ha vuelto importante”, entonces el castigo póstumo, la recompensa o la inexistencia de cualquiera de ellos juega uno de los papeles determinantes más críticos.
Por lo tanto, en religiones como el islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el sijismo y el judaísmo, la vida después de la muerte se convierte en un factor regulador de por vida, creando una promesa de reembolso por una vida vivida arduamente según los principios religiosos.
El cielo, el infierno, la reencarnación, la continuación de la vida en su otra fase o la unificación con otros espíritus posibles: todas estas son posibilidades de cómo será la vida después de la muerte de una persona según su sistema de creencias. La función reguladora identificada del más allá sustentada en claras pautas morales que deben seguirse a lo largo de la vida de una persona permite separar no sólo a las personas religiosas de las no creyentes sino también a las dignas de los indeseables. Religiones como el cristianismo, el islam y, en cierto sentido, incluso el judaísmo, que tienen una concepción particular del cielo y el infierno como lugares a los que la gente puede entrar, juzgan la idoneidad por la piedad de la vida terrenal de un ser humano.
El budismo, el sikhismo y el hinduismo crean un sistema de valoración similar, pero con un propósito diferente, ya que en sus concepciones, el alma renace y se reincorpora al mundo de los vivos. El sintoísmo y el taoísmo, en cambio, persiguen la idea de la consolidación espiritual póstuma. Por lo tanto, la vida después de la muerte se convierte en una idea clave innegablemente importante en casi todas las religiones.
Como noción crítica, la idea de una vida gratificante en el más allá se convierte en un hilo rojo que une la vida de una persona a través de una parte de un código de conducta. Así, las pautas morales afectan todos los aspectos de la vida, siendo la oración, por ejemplo, una de las reglas sagradas más comunes y más seguidas para alcanzar la salvación. La oración puede llevarse a cabo solo en lugares apropiados y deseablemente en presencia de un pariente y, por lo tanto, una creciente comunidad musulmana en Murfreesboro, Tennessee, se justificó la construcción de una mezquita en 2010.
Ahora, la oración regular es un componente disponible de la vida cotidiana, convirtiéndose en una parte esencial de la vida de la comunidad musulmana de Tennessee. Sin adherirse a las pautas inculcadas, una persona puede no ser considerada creyente y, por lo tanto, no se le puede garantizar una vida futura favorable, lo que crea la necesidad de fidelidad a una doctrina que regula la vida cotidiana. Además, la existencia de mezquitas hace que los ritos funerarios sean accesibles para los musulmanes de Tennessee, que ahora pueden llevarse a cabo de manera adecuada, de acuerdo con las pautas islámicas y con la oración del entierro.
El destino de un individuo creyente después de la muerte, independientemente de su destino, está determinado por el conjunto de reglas que sigue una persona en particular. La falta de devoción al seguir las reglas se vuelve perjudicial para su destino después de la muerte, con concepciones de castigo que se equilibran con ideas de recompensa. Efectivamente, la vida después de la muerte le da a cualquier religión una razón lógica para la adhesión fiel, además de las creencias solamente, y une a las personas religiosas, las deidades y sus estatutos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 12, 2023