La política estadounidense tiene una memoria extraordinaria cuando se trata de escándalos. Algunas controversias desaparecen rápidamente, otras se convierten en episodios históricos y unas pocas persiguen a sus protagonistas durante años. Para Melania Trump, uno de esos episodios fue el escándalo de 2016, cuando un discurso pronunciado durante la Convención Nacional Republicana presentó sorprendentes similitudes con palabras que Michelle Obama había utilizado ocho años antes.
El episodio provocó burlas, críticas y cuestionamientos sobre la preparación de la campaña de Donald Trump. También abrió un debate sobre la originalidad, la responsabilidad de los equipos políticos y la imagen pública de una mujer que estaba a punto de convertirse en primera dama de Estados Unidos.
Aunque ocurrió hace una década, el caso sigue siendo uno de los momentos más incómodos de la historia reciente de la política estadounidense.
El discurso que desató la tormenta
El 18 de julio de 2016, Melania Trump subió al escenario de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Su intervención tenía una misión importante: presentar una imagen más personal y humana de Donald Trump, mostrar sus valores familiares y convencer a los estadounidenses de que detrás del controvertido empresario existía un hombre con principios.
Sin embargo, ocurrió algo inesperado.
Algunas partes del discurso reproducían expresiones muy similares a las pronunciadas por Michelle Obama durante la Convención Nacional Demócrata de 2008, cuando Barack Obama era candidato presidencial.
La coincidencia fue particularmente llamativa porque ambas mujeres hablaron sobre la educación recibida de sus padres, los valores familiares, el esfuerzo y la importancia de transmitir principios a los hijos.
No se trataba simplemente de dos discursos que abordaban temas parecidos. Había frases cuya estructura y elección de palabras resultaban extraordinariamente similares.
La comparación se viralizó rápidamente en televisión y redes sociales.
Las comparaciones que resultaron imposibles de ignorar
La comparación entre ambos discursos era contundente.
Michelle Obama había hablado de trabajar duro para conseguir lo que uno desea, cumplir las promesas, respetar a los demás y transmitir esos valores a las generaciones futuras.
Ocho años después, Melania utilizó prácticamente la misma secuencia de ideas y expresiones, incluyendo una referencia muy similar a los sueños y al esfuerzo como límites de los logros personales.
La polémica no tardó en convertirse en noticia internacional.
Para muchos críticos, aquello era un caso evidente de plagio. Para los defensores de Trump, se trataba de conceptos universales que podían aparecer naturalmente en cualquier discurso sobre la familia y la educación.
Pero había un problema: las coincidencias eran demasiado específicas para ser explicadas simplemente por la utilización de ideas comunes.
La campaña republicana quedó obligada a dar explicaciones.
La confesión de la escritora: Meredith McIver
La controversia tuvo un desenlace particular el 20 de julio de 2016, cuando Meredith McIver, integrante del equipo de redacción de los Trump, asumió públicamente la responsabilidad.
McIver explicó que Melania le había mencionado que admiraba a Michelle Obama y que le había leído algunos fragmentos de sus discursos como ejemplos de los mensajes que quería transmitir.
La escritora reconoció que había anotado esos pasajes y posteriormente incorporado parte de su contenido al discurso de Melania.
También pidió disculpas y admitió que había cometido un error al no verificar el origen de las expresiones utilizadas.
Incluso ofreció renunciar, pero Donald Trump decidió no aceptar su dimisión.
De esta manera, el escándalo terminó con una explicación oficial: la responsable de incorporar los fragmentos fue la escritora, no una apropiación deliberada demostrada por parte de Melania.
Para Michelle Obama, el episodio representó una situación curiosa. Su discurso de 2008 había sido reconocido por su tono emocional y por presentar una imagen cercana de la familia Obama.
Ocho años después, algunas de sus palabras aparecían prácticamente reproducidas en el escenario de sus adversarios políticos.
La ironía era evidente: una figura demócrata terminaba siendo la fuente involuntaria de uno de los discursos más importantes de la campaña republicana.
Michelle no necesitó protagonizar una confrontación pública para que la comparación adquiriera notoriedad.
Su discurso original estaba disponible y millones de personas podían comprobar las semejanzas.
¿Fue un error de Melania o de Donald Trump?
El escándalo también puso en evidencia problemas dentro de la organización política de Donald Trump.
Una campaña presidencial debe contar con profesionales capaces de revisar discursos, verificar sus fuentes y evitar errores que puedan convertirse en crisis mediáticas.
Lo sucedido demostró una falta de control editorial difícil de justificar.
Melania quedó expuesta ante millones de espectadores, mientras que los responsables de preparar su intervención tuvieron que enfrentar cuestionamientos sobre su profesionalismo.
Además, la reacción inicial de algunos dirigentes republicanos fue particularmente desafortunada. En lugar de reconocer rápidamente las similitudes, intentaron minimizar el problema.
Conclusión: una mancha en la imagen pública
El episodio de 2016 no destruyó la carrera pública de Melania Trump. Posteriormente se convirtió en primera dama y continuó manteniendo una presencia política relativamente reservada.
Sin embargo, aquella noche dejó una anécdota difícil de borrar.
En política, las palabras importan. Un discurso puede transmitir honestidad, inteligencia, sensibilidad y capacidad de liderazgo. Pero cuando una figura pública utiliza expresiones ajenas sin reconocer su procedencia, aparece una contradicción que afecta su credibilidad.
Melania Trump quedó asociada a uno de los escándalos de plagio más conocidos de las convenciones presidenciales estadounidenses.
Michelle Obama, por su parte, terminó siendo recordada también por un discurso que otros intentaron reproducir.
La pregunta que permanece es sencilla: si una campaña presidencial pretende convencer a los ciudadanos de que representa valores de honestidad y responsabilidad, ¿cómo puede explicar que uno de sus discursos más importantes termine envuelto en una controversia por copiar palabras de una adversaria política?
A veces, los errores más pequeños de una campaña revelan problemas mucho más grandes. Y aquella noche, Melania Trump descubrió que incluso un discurso de diez minutos puede convertirse en un escándalo que dure años.
No solo hubo una fuga exitosa, sino que todo terminó de una manera tan extraña que vale la pena contarlo.
El 28 de julio de 1980, Troy Leon Gregg, un doble asesino de 32 años, logró lo impensable. Junto con otros tres asesinos convictos, Gregg escapó del corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Georgia disfrazándose de guardia.
Los cuatro asesinos habían serrado los barrotes de sus celdas en el cuarto piso y los de una ventana en otra área.
Salieron y corrieron por la cornisa hasta una escalera de incendios.
Antes de dirigirse a la puerta de entrada, los cuatro se pusieron sus pijamas de prisión, que habían modificado para que parecieran uniformes. Desafortunadamente, no pude encontrar una foto de ellos, porque me pregunto cómo lo hicieron. Pero sin duda tuvieron mucho tiempo para fabricarlos.
En realidad, eran agentes de la ley que incluso permitieron a los fugados continuar su camino hacia la libertad. Los cuatro les habían asegurado convincentemente que realizarían un “control de seguridad”.
¿Qué hace que esta historia sea tan especial?
La fuga de los cuatro pasó desapercibida.
Pero unas horas después, Gregg llamó a un periodista y le contó que habían escapado.
Las condiciones de la prisión eran tan malas que prefería morir antes que permanecer allí.
La ironía del destino se hizo presente esa misma noche.
Gregg fue a un bar de motociclistas para celebrar su fuga, y allí mismo lo golpearon hasta la muerte.
Al día siguiente, encontraron su cuerpo en un lago.
Sus compañeros fueron recapturados a pocos kilómetros de donde se encontró el cuerpo.
Pero Troy Leon Gregg prefirió morir antes que volver a prisión, tal como había dicho.
Hasta donde sé, nadie ha logrado escapar del corredor de la muerte desde entonces.
El papa León XIV rindió hoy homenaje a los santos y beatos que nacieron o desarrollaron su misión religiosa en la Argentina, durante una misa celebrada en Córdoba, donde destacó que sus vidas reflejan la unión entre “pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.
En su homilía, el pontífice señaló que Córdoba fue “tierra de santos” y recordó que por sus conventos, iglesias, calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a la evangelización y al servicio de los demás.
En particular, destacó la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, a quien describió como un hombre profundamente enamorado de Jesucristo, que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión y dedicó sus esfuerzos a extender un reino de “caridad y justicia”, sin otras armas que el crucifijo y el Santo Rosario.
También recordó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, de quien resaltó su incansable tarea evangelizadora por el territorio argentino y su convicción de que una de las mayores expresiones de caridad consiste en acercar a las personas a Dios.
El Papa rindió homenaje, además, a los mártires que entregaron sus vidas por la fe, entre ellos San Héctor Valdivielso Sáez, y recordó a los religiosos martirizados en España y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta.
En su reconocimiento a los pastores de la Iglesia mencionó a los beatos Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, mientras que destacó el legado de las religiosas que dedicaron su vida a la educación y a la atención de los enfermos, entre ellas Santa Nazaria Ignacia, la beata María Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.
Asimismo, puso de relieve el testimonio de los laicos que vivieron su fe en la sencillez de la vida cotidiana, como San Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.
El pontífice sostuvo que todos estos hombres y mujeres, con carismas y misiones diferentes, supieron enfrentar los desafíos de sus respectivas épocas y transformarlos en oportunidades para transmitir el mensaje cristiano mediante el ejemplo personal.
“Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, expresó el Papa, al convocar a los fieles a continuar ese legado.
Una situación extraordinaria sacudió este viernes a Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una paralización nacional de los vuelos que debían despegar desde los aeropuertos estadounidenses, después de detectar graves problemas en los sistemas de comunicación utilizados por los centros de control del tráfico aéreo. La decisión, adoptada por razones de seguridad, provocó una enorme alteración del transporte aéreo y dejó a miles de pasajeros varados en terminales de todo el país.
La noticia generó preocupación entre viajeros, compañías aéreas, autoridades aeroportuarias y organismos gubernamentales. Aeropuertos de enorme importancia, entre ellos los de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington y Miami, se vieron afectados por una medida excepcional que recordó algunos de los episodios más delicados de la historia reciente de la aviación estadounidense.
La FAA justificó la decisión por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. El problema estaba relacionado con las comunicaciones entre los centros regionales de control aéreo, responsables de coordinar los movimientos de miles de aeronaves que atraviesan diariamente el espacio aéreo estadounidense.
No se trataba de una simple demora provocada por condiciones meteorológicas adversas. La situación tenía una dimensión nacional y obligó a las autoridades a adoptar una medida preventiva de enorme alcance.
¿Qué ocurrió exactamente?
El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que una falla de comunicaciones estaba afectando a los centros de control de rutas aéreas. Los técnicos de la FAA comenzaron a investigar el origen del inconveniente.
Estos centros cumplen una función esencial: mantienen contacto con los pilotos, supervisan las rutas, coordinan las distancias entre aeronaves y transmiten instrucciones para garantizar que los vuelos se desarrollen de manera segura.
Estados Unidos cuenta con 22 centros regionales de control de tráfico aéreo. Su funcionamiento coordinado resulta indispensable para administrar una red que registra decenas de miles de operaciones diariamente.
Cuando las comunicaciones presentan fallas importantes, los controladores pueden perder herramientas fundamentales para organizar el tránsito aéreo. En esas circunstancias, permitir que nuevos aviones despeguen podría incrementar los riesgos.
Por esa razón, la FAA decidió detener las salidas de vuelos a nivel nacional.
Es importante aclarar que la orden no significaba que todos los aviones que estaban volando debieran caer o aterrizar inmediatamente. Las aeronaves que ya se encontraban en el aire podían continuar sus operaciones y aterrizar siguiendo los procedimientos de seguridad correspondientes. La restricción afectaba principalmente a los nuevos despegues.
Miles de pasajeros afectados
El impacto fue inmediato. Los aeropuertos comenzaron a experimentar demoras, cancelaciones, cambios de itinerarios y acumulación de pasajeros.
Según los datos difundidos durante la jornada por FlightAware, más de 2.000 vuelos habían sido cancelados y más de 10.000 registraban demoras hacia las primeras horas de la noche.
En las terminales, numerosos viajeros intentaban comunicarse con las compañías aéreas para conseguir información sobre sus reservas. Algunos debieron permanecer durante horas en las salas de espera, mientras otros buscaban alternativas para llegar a sus destinos.
Los efectos también alcanzaron a los vuelos internacionales. La FAA indicó que determinadas operaciones internacionales serían evaluadas individualmente, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones de seguridad.
La interrupción no afectó solamente a quienes tenían previsto viajar por vacaciones. También perjudicó a empresarios, trabajadores, estudiantes, turistas y personas que necesitaban trasladarse por razones familiares o médicas.
Las compañías aéreas debieron reorganizar sus operaciones y enfrentar un problema que podía extenderse más allá de la jornada inicial.
“Las dos cualidades esenciales que los ciudadanos esperan ver en sus
gobernantes cuando se desencadena una situación límite: claridad de ideas
para entender lo que está en juego y capacidad expresiva para transmitirlo”.
Pedro J. Ramírez
El mundo sigue ofreciéndonos un espectáculo inquietante, en el cual se mezclan la debilidad institucional, la corrupción de los dirigentes, las disputas entre las grandes potencias y la violencia de quienes pretenden imponer sus propias reglas. Tres acontecimientos recientes permiten advertir hasta qué punto se han deteriorado algunos de los pilares de la convivencia civilizada.
La visita de SS León XIV a la Argentina constituyó un acontecimiento extraordinario, tanto por la multitudinaria convocatoria cuanto por el contenido de sus mensajes. El Pontífice evitó convertirse en protagonista de disputas partidarias y habló de concordia, reconciliación, dignidad humana y bien común. Sin embargo, no faltaron quienes pretendieron apropiarse de sus palabras para utilizarlas contra Javier Milei o, desde el otro extremo, quienes buscaron minimizar sus advertencias sobre la pobreza y las consecuencias sociales de las políticas económicas. Ambos ejercicios son igualmente mezquinos; el Papa no vino a bendecir un programa de gobierno ni a reivindicar a sus opositores. Vino a hablarle a una sociedad profundamente dividida que necesita recuperar la capacidad de reconocerse como parte de una misma nación. Su visita fue sin duda muy exitosa; que nosotros sepamos escuchar su mensaje es otra cuestión.
Mientras tanto, Paraguay protagoniza un problemón mayúsculo. El derrumbe del Banco Ueno, que dejó comprometidos los ahorros de millones de clientes y cuantiosos fondos públicos, desencadenó una crisis que terminó con la destitución del Presidente Santiago Peña, su detención domiciliaria y la asunción del Vice, Pedro Alliana. Las investigaciones apuntan a una trama de relaciones políticas, responsabilidades empresariales y eventuales maniobras fraudulentas que comprometerían a las más altas autoridades. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el enorme poder que conserva el expresidente Horacio Cartes en el Partido Colorado, en el poder desde 1947.
Lo remarcable y envidiable, visto desde Argentina, es la forma en que Paraguay enfrentó la crisis: encapsuló el problema en Ueno Bank, sin que repercutiera sobre el resto del sistema financiero; o sea, evitó una corrida bancaria reaccionando con presteza, ya que el fondo de garantía de los depósitos está pagando a los pequeños ahorristas (hasta US$ 38.000.=) y, con igual velocidad, la Justicia asumió su rol y arrestó a los presuntos responsables. La pregunta es si Paraguay conseguirá investigar hasta el final, sin que el reemplazo de un mandatario sirva simplemente para preservar los intereses de quienes continúan manejando los resortes del poder. La democracia no se fortalece cuando cambia el fusible, sino cuando se identifica y sanciona a quienes provocaron el cortocircuito.
En un escenario mucho más sofisticado aparece Nvidia, convertida en protagonista fundamental de la revolución de la inteligencia artificial y cuya capitalización en bolsa supera al PBI de Alemania. Su ya renunciado Presidente, Jensen Huang, quedó golpeado por su relación con una mujer sospechada de contactos con China y con operaciones destinadas a adquirir semiconductores avanzados de Nvidia para desviarlos hacia Pekín, eludiendo las restricciones impuestas por Washington. Lo sucedido recuerda el affaire de 1963 que involucró a John Profumo, Secretario de Guerra británico, cuando se conoció su relación clandestina con Christine Keeler – todavía recuerdo la icónica fotografía de esa fantástica joven -, también amante del agregado naval de la URSS ante el Reino Unido.
Desde que comenzó el escándalo de Nvidia, la compañía ya se desvalorizó en la friolera de US$ 750 mil millones y el impacto que el tema podría tener sobre todo el universo de la inteligencia artificial, centrado en Silicon Valley, aterroriza a los mercados, amén de generar controversias sobre el proceder de Donald Trump. El asunto excede largamente una controversia empresarial: los microprocesadores de Nvidia son hoy un recurso estratégico de primer orden; quien domine su producción y utilización tendrá una ventaja extraordinaria en defensa, espionaje, industria y comunicaciones. La disputa entre Estados Unidos y China por el control de esa tecnología constituye una de las principales batallas geopolíticas del siglo XXI. Cuando las relaciones de los principales empresarios tecnológicos se cruzan con operaciones de inteligencia y transferencias clandestinas de tecnología, la cuestión deja de ser privada: es un problema de seguridad nacional entre potencias.
Los tres episodios nos hablan de una misma cuestión: la crisis de autoridad y confianza que atraviesa nuestro tiempo. Un Papa que reclama concordia, un país cuyo sistema financiero queda comprometido por sospechas de corrupción política, y una empresa tecnológica convertida en pieza de una disputa de espionaje internacional. No son hechos equivalentes, por supuesto, pero todos revelan la dificultad creciente de hacer respetar reglas comunes. Cuando el poder político se confunde con intereses particulares, cuando la tecnología se convierte en instrumento de dominación y cuando las armas reemplazan a la ley, la sociedad termina pagando las consecuencias.
Argentina debería tomar nota. Tenemos demasiadas experiencias propias como para creer que semejantes males ocurren siempre lejos de nuestras fronteras. La concordia que reclamó SS León XIV no se consigue con discursos ni ceremonias multitudinarias: exige instituciones confiables, Justicia independiente, seguridad y dirigentes capaces de anteponer el interés general a sus ambiciones personales. ¿Seremos capaces de aprenderlo antes de que sea demasiado tarde?
Una escena insólita tuvo lugar el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y miembros de su comitiva fueron reprendidos públicamente por un guardia del Ejército tras escucharse risas cerca de uno de los monumentos militares más solemnes de Estados Unidos: la Tumba del Soldado Desconocido.
El incidente fue grabado en video y rápidamente se difundió por las cadenas de televisión estadounidenses y las redes sociales, generando críticas hacia Hegseth y planteando interrogantes sobre el respeto, la tradición militar y el liderazgo.
¿Qué sucedió?
El 11 de noviembre, tras una ceremonia del Día de los Veteranos a la que asistió el presidente Donald Trump, Hegseth visitó la Tumba del Soldado Desconocido acompañado de su esposa, Jennifer Rauchet, y varios altos funcionarios de su equipo.
El grupo se detuvo para tomar fotografías cerca del monumento. Al marcharse, se escucharon risas.
Un centinela del Ejército, responsable de la protección de la tumba, se giró hacia los visitantes y gritó:
“Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”.
Fue un momento extraordinario. El guardia les recordaba, de hecho, al máximo responsable civil militar del país y a sus acompañantes que nadie está exento de las normas que rigen el monumento.
Hegseth pareció mirar por encima del hombro, pero continuó caminando.
Según las imágenes disponibles, no se pudo determinar con precisión quién se había reído. Por lo tanto, sería injusto atribuirle la risa personalmente a Hegseth. Sin embargo, el incidente involucró a su delegación y se convirtió en una incómoda situación pública para el Secretario de Defensa.
NBC4 Washington+2
¿Por qué es tan importante este lugar?
La Tumba del Soldado Desconocido no es una atracción turística cualquiera. Es uno de los monumentos más sagrados de Estados Unidos.
Representa a los militares estadounidenses que murieron en conflictos bélicos sin que se haya establecido su identidad. Tres militares no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea están enterrados allí.
La tumba ha estado custodiada las 24 horas del día por miembros del 3.er Regimiento de Infantería del Ejército, conocido como la Vieja Guardia, desde 1948.
Se espera que los visitantes guarden silencio y se comporten con respeto. La responsabilidad del centinela no es meramente ceremonial: preservar la dignidad del monumento forma parte de su misión.
La respuesta del Pentágono
Tras el incidente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la postura del departamento.
Enfatizó que Hegseth y el Pentágono respetan los sacrificios realizados por el personal militar estadounidense. También describió la intervención del soldado como correcta y respetuosa.
Esta respuesta fue significativa porque el Pentágono no cuestionó la autoridad del guardia para exigir un comportamiento adecuado.
Un bochorno político para Hegseth
El momento no podría haber sido peor para el Secretario de Defensa.
Hegseth ya enfrentaba una considerable controversia política por su liderazgo, sus decisiones militares y su gestión de la guerra con Irán.
El incidente ocurrió apenas un día después de que la Cámara de Representantes rechazara un intento de destitución en su contra.
Sus críticos no tardaron en difundir las imágenes. El excongresista republicano Adam Kinzinger fue uno de los que condenaron el episodio, cuestionando la idoneidad de Hegseth para el cargo.
Para sus opositores políticos, las imágenes brindaron otra oportunidad para poner en tela de juicio su criterio y liderazgo.
The Irish Times+1
Una lección de respeto militar
Existe una distinción importante entre cometer un error político y demostrar falta de criterio en un monumento nacional.
La Tumba del Soldado Desconocido representa a quienes hicieron el máximo sacrificio por su país. Su dignidad debe respetarse independientemente de la afiliación política, el rango, el cargo o la influencia personal.
En este caso, el centinela del Ejército cumplió con su deber. No tenía por qué saber si los visitantes eran ciudadanos comunes, miembros del Congreso o altos funcionarios del gobierno.
Las reglas se aplicaban por igual.
En definitiva, la imagen más impactante de este episodio quizás no sea la de Pete Hegseth junto al monumento. Quizás sea la del soldado estadounidense recordándole a toda una delegación, incluido el Secretario de Defensa, que el respeto por los caídos es más importante que los títulos, el poder político o los cargos oficiales.
Y esa es, tal vez, la lección más importante de esta controversia del Día de los Veteranos.
Permítanme contarles la historia de Tatiane Spitzner y cómo su muerte, documentada, conmocionó al mundo y abrió los ojos de muchos sobre lo que realmente es la violencia doméstica.
Tatiane era una abogada de 29 años que vivía con su esposo, Luis Filipe, en Guarapuava. Al ver fotos de la pareja, parecían felices y profundamente enamorados.
Pero detrás de esas imágenes se escondía una realidad verdaderamente impactante que terminó de forma espantosa.
El 22 de julio de 2018, la pareja fue a una fiesta y, al regresar (alrededor de las 2:30 de la madrugada), se les puede ver en las cámaras de seguridad estacionadas frente a su edificio.
Conversaron un rato, y de repente él la golpeó tres veces en la cabeza con mucha fuerza. Ella intentó escapar y abrió la puerta, pero él la obligó a cerrarla y le puso el cinturón de seguridad alrededor del cuello, agarrándola del cabello y golpeándola repetidamente en la cabeza.
Luego se dirigieron al garaje. Aparcó el coche, salió, la sacó a rastras y la empujó contra el vehículo. Luego la golpeó en la garganta, dejándola inconsciente. Mientras ella yacía en el suelo, aparcó el coche y, dos minutos después, regresó y comenzó a patearla hasta que despertó y se puso de pie.
Cuando empezó a recuperar la consciencia, decidió huir para salvar su vida y corrió hacia el ascensor mientras él la perseguía.
Ambos lograron entrar en el ascensor y ella pulsó el botón de la planta baja en lugar del del cuarto piso, donde vivían.
Cuando el ascensor se abrió en la planta baja, ella intentó escapar, pero él la alcanzó y la obligó a entrar de nuevo, agarrándola y empujándola contra la pared hasta que la puerta se cerró.
Al llegar al cuarto piso, ella apoyó las manos en los laterales del ascensor para intentar impedir que la sacara, pero fue inútil. Cuando salieron del ascensor, fue la última vez que se vio a Tatiane con vida.
Cuando llegaron a su apartamento, los vecinos oyeron sus gritos de auxilio, pero no hicieron nada. Menos de 15 minutos después, la cámara exterior del edificio grabó su cuerpo cayendo al suelo.
Él afirma que ella saltó por su propia voluntad, pero es evidente que miente, ya que en el video se ve que ni siquiera intenta cubrirse la cara ni gritar. Cayó sin vida.
Él bajó, la recogió y la llevó al ascensor, donde, cubierto de sangre, comenzó a acariciarle la cara y a taparle los pechos. La llevó de vuelta a su apartamento y luego regresó para limpiar la sangre del ascensor antes de marcharse.
Dunia Rampazzo, la fiscal del caso, declaró:
Nuestra investigación demuestra que la víctima fue asesinada por asfixia dentro del apartamento y que su cuerpo fue arrojado desde el balcón. Creemos que el acusado luego bajó en el ascensor hasta la planta baja, recuperó el cuerpo de Tatiane y lo subió de nuevo al apartamento en el ascensor.
Sospechamos que, antes de asesinarla, Luis sometió a su esposa a un largo periodo de violencia física. No se trató de un suicidio, sino de un feminicidio. Posteriormente, el agresor intentó huir en coche.
El caso sufrió múltiples retrasos debido a la COVID-19, pero en mayo de este año fue condenado a 31 años de prisión.
Si conoces a alguien que sufre maltrato por parte de su pareja, o si te encuentras en una relación así, busca ayuda. Su muerte no puede ser en vano, y esperamos que sirva de inspiración a quienes la necesiten para escapar mientras aún puedan.
Canadá suele ser presentado como uno de los países más seguros del mundo. Sus ciudades modernas, sus instituciones democráticas y su reputación de tranquilidad construyeron una imagen internacional muy diferente de la que ofrecen otras sociedades atravesadas por la violencia. Sin embargo, detrás de esa fachada también existen historias criminales capaces de provocar espanto.
Una de las más perturbadoras ocurrió en Toronto y tuvo como protagonista a Bruce McArthur, un asesino serial que convirtió un lugar aparentemente común en el escenario de una sucesión de homicidios. Su historia reveló una realidad mucho más oscura: durante años, varias personas desaparecieron mientras el responsable continuaba desarrollando una vida aparentemente normal.
El caso fue conocido como uno de los episodios criminales más estremecedores de la historia canadiense reciente. No solamente por la cantidad de víctimas, sino también por las circunstancias en las que fueron asesinadas y por las preguntas que dejó sobre la actuación policial.
Bruce McArthur: el hombre detrás del horror
McArthur nació en 1951 y trabajaba como jardinero y paisajista en Toronto. Para quienes lo conocían superficialmente, no parecía representar una amenaza extraordinaria. Tenía una actividad laboral, relaciones sociales y una apariencia de hombre integrado a la comunidad.
Pero detrás de esa normalidad se ocultaba un criminal responsable de ocho asesinatos.
Sus víctimas fueron hombres vinculados, en distintos casos, con la comunidad gay de Toronto y con el área de Church-Wellesley, un conocido barrio de la comunidad LGBTQ+.
Los homicidios ocurrieron entre 2010 y 2017. Durante ese período, varias desapariciones generaron preocupación, especialmente entre personas que frecuentaban los mismos espacios sociales.
El problema era que las investigaciones no consiguieron identificar inmediatamente que detrás de aquellos casos podía existir un mismo asesino.
Las desapariciones que nadie conseguía explicar
Toronto es una ciudad de millones de habitantes, con una población diversa y una intensa actividad nocturna. En ese contexto, las desapariciones de personas adultas podían presentar dificultades investigativas particulares.
Los familiares y amigos de algunos desaparecidos insistían en que algo grave estaba ocurriendo. Algunos temían que existiera un asesino que seleccionaba a sus víctimas dentro de una comunidad específica.
Entre las personas desaparecidas se encontraban hombres que habían tenido contacto con McArthur.
Las sospechas comenzaron a adquirir mayor consistencia cuando los investigadores relacionaron diferentes episodios y descubrieron elementos comunes.
El caso de Andrew Kinsman, desaparecido en junio de 2017, fue especialmente importante. Kinsman era conocido dentro de la comunidad y su desaparición provocó una creciente preocupación.
La investigación policial terminó conduciendo directamente hacia McArthur.
Los maceteros de la muerte: el descubrimiento que estremeció a Canadá
La investigación dio un giro aterrador cuando la policía registró una propiedad de Mallory Crescent, en Toronto, donde McArthur había trabajado como jardinero.
Los investigadores encontraron restos humanos en grandes maceteros utilizados para decorar el jardín. Lo que parecía una propiedad residencial común se había convertido en un escenario de horror.
Las autoridades recuperaron restos correspondientes a siete víctimas en los maceteros. El octavo conjunto de restos fue encontrado posteriormente en un terreno boscoso detrás de la propiedad.
El descubrimiento permitió reconstruir una parte fundamental de los crímenes. McArthur había aprovechado su trabajo como paisajista y su acceso a distintas propiedades para ocultar los restos de sus víctimas.
La imagen de un jardinero que trabajaba tranquilamente mientras escondía evidencias de asesinatos resultó particularmente perturbadora para la opinión pública.
La ciudad comenzó a preguntarse cómo un hombre responsable de semejantes atrocidades había podido actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto.
Las ocho víctimas de un asesino serial
Los nombres de los hombres asesinados deben ocupar un lugar central en esta historia. No fueron simples números de un expediente policial. Eran personas con familias, amistades, proyectos y vidas que fueron brutalmente interrumpidas.
Las ocho víctimas fueron:
Skandaraj Navaratnam, de 40 años.
Abdulbasir Faizi, de 42.
Majeed Kayhan, de 58.
Soroush Mahmudi, de 50.
Kirushnakumar Kanagaratnam, de 37.
Dean Lisowick, de aproximadamente 47.
Selim Esen, de 44.
Andrew Kinsman, de 49.
Las desapariciones se produjeron entre 2010 y 2017. Algunos hombres habían llegado a Canadá desde otros países y otros pertenecían a comunidades socialmente vulnerables.
La investigación reveló que McArthur había elegido víctimas dentro de un entorno en el que conocía sus hábitos y podía acercarse a ellas.
El asesinato de Andrew Kinsman fue particularmente importante para el avance de la investigación. Su desaparición, en junio de 2017, impulsó nuevas averiguaciones que terminaron conduciendo hasta el responsable.
La policía: ¿por qué tardó tanto en encontrarlo?
Uno de los aspectos más cuestionados del caso fue la actuación de las autoridades de Toronto.
Ya en 2012, la policía había creado el denominado Proyecto Houston para investigar las desapariciones de tres hombres. Sin embargo, aquella investigación terminó cerrándose en 2014 sin identificar a un sospechoso.
Posteriormente aparecieron nuevas desapariciones y surgieron advertencias dentro de la comunidad gay sobre la posibilidad de que existiera un asesino serial.
En diciembre de 2017, las autoridades todavía sostenían públicamente que no había pruebas concluyentes de la existencia de un asesino serial en el barrio.
La detención de McArthur llegó finalmente el 18 de enero de 2018.
Una revisión independiente publicada en 2021 encontró graves deficiencias en las investigaciones policiales. Entre otros problemas, señaló fallas en la comunicación, demoras en procedimientos básicos y prejuicios relacionados con la comunidad LGBTQ+.
El informe también cuestionó que las autoridades no hubieran relacionado oportunamente información que podía haber permitido identificar antes al criminal.
La conclusión fue contundente: la policía pudo haber actuado mejor y algunas de esas deficiencias tuvieron consecuencias devastadoras.
La detención y la confesión
Cuando finalmente se concentraron las sospechas sobre McArthur, los investigadores comenzaron a vigilarlo de manera permanente.
La policía obtuvo pruebas que lo vinculaban con las desapariciones, incluyendo evidencias genéticas. También consiguió información mediante la vigilancia de sus movimientos.
El 18 de enero de 2018, los agentes intervinieron cuando McArthur había llevado a otro hombre a su departamento. Encontraron a esa persona atada a una cama y la rescataron.
El episodio permitió detenerlo y presentar inicialmente cargos por dos homicidios.
Durante los meses siguientes aparecieron nuevas pruebas y se sumaron otras seis acusaciones.
El 29 de enero de 2019, McArthur se declaró culpable de los ocho asesinatos en primer grado. De esa manera evitó un juicio prolongado y reconoció su responsabilidad penal.
El 8 de febrero de 2019 recibió ocho condenas de prisión perpetua, que debía cumplir simultáneamente, sin posibilidad de solicitar libertad condicional durante 25 años.
Una ciudad que perdió la tranquilidad
El caso McArthur dejó una herida profunda en Toronto. La comunidad LGBTQ+ cuestionó durante años la manera en que las autoridades habían respondido a las desapariciones y reclamó investigaciones más serias.
También obligó a revisar cómo deben actuar las fuerzas policiales cuando desaparecen personas pertenecientes a sectores vulnerables.
La historia demostró que la aparente normalidad de una persona no garantiza que sea inofensiva. McArthur trabajaba, tenía relaciones sociales y se movía por la ciudad sin despertar sospechas suficientes para detener sus actividades criminales.
Pero también demostró algo todavía más importante: las desapariciones no pueden tratarse como episodios aislados cuando existen señales que permiten sospechar de un patrón criminal.
El horror que quedó bajo la ciudad
Toronto continúa siendo una de las grandes ciudades de Canadá, pero el nombre de Bruce McArthur permanece asociado a uno de sus capítulos más oscuros.
El título «Bajo la ciudad» representa precisamente esa contradicción: mientras millones de personas continuaban con sus vidas, detrás de los jardines y las propiedades residenciales se ocultaba una historia de asesinatos que nadie había conseguido detener a tiempo.
No fue solamente la historia de un asesino serial. Fue también la historia de ocho víctimas cuyas desapariciones merecían una respuesta más rápida, de familias que reclamaron justicia y de una investigación policial que dejó lecciones dolorosas.
El crimen de Toronto recuerda que ninguna sociedad está completamente protegida contra la violencia. La seguridad no depende solamente de tener buenos policías o leyes severas. También requiere escuchar a las comunidades, investigar cada desaparición con responsabilidad y actuar antes de que una tragedia se convierta en una serie de asesinatos.
McArthur fue condenado, pero la pregunta que permanece es mucho más incómoda: ¿cuántas de aquellas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubieran conectado las primeras señales de alarma?
Esa es, posiblemente, la parte más aterradora de toda esta historia.
Cientos de escuelas en toda Italia fueron evacuadas el miércoles tras recibir amenazas de bomba en aproximadamente 6.300 centros educativos, convirtiéndose en el último de una serie de incidentes dirigidos contra infraestructuras en toda Europa.
Escuelas en Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda también recibieron correos electrónicos el miércoles, aunque la policía advirtió que probablemente se trataba de falsas amenazas y no se evacuaron centros educativos.
La policía italiana informó a CNN que cientos de escuelas en el país fueron evacuadas. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el incidente se trataba de una presunta falsa amenaza.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que actualmente no hay indicios de que exista un peligro real.
Meloni afirmó que el gobierno está siguiendo muy de cerca los informes sobre las amenazas dirigidas a las escuelas, y que los incidentes parecen tener como objetivo generar alarma y preocupación.
Las autoridades están investigando el origen del correo electrónico, según indicó el portavoz de la policía, quien se negó a confirmar la dirección de correo electrónico desde la que se envió la comunicación.
Unas 6.300 escuelas en toda Italia recibieron la amenaza por correo electrónico, según informó un portavoz del Ministerio de Educación Pública italiano a CNN el miércoles. «Se desconoce cuántas han sido evacuadas; esa es una decisión tomada localmente siguiendo el consejo de las autoridades locales», añadió el portavoz.
Un agente de policía permanece de pie frente al instituto Matteotti Pellico mientras los alumnos son evacuados debido a una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Turín, Italia, el miércoles.
Un agente de policía permanece de pie frente al instituto Matteotti Pellico mientras los alumnos son evacuados debido a una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Turín, Italia, el miércoles. Marco Alpozzi/LaPresse/AP Alumnos y padres se reúnen en un jardín frente a la escuela primaria Bacone después de que los alumnos fueran evacuados tras una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Milán, Italia, el miércoles.
Alumnos y padres se reúnen en un jardín frente a la escuela primaria Bacone después de que los alumnos fueran evacuados tras una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Milán, Italia, el miércoles. Luca Bruno/AP En el centro de Roma, decenas de niños de preescolar y primaria disfrutaron de un día libre mientras la escuela primaria Quirinio Visconti era evacuada. Sus padres fueron notificados para que los recogieran, según informó una maestra a CNN.
El primer ministro italiano afirmó que el gobierno estaba “haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
Escuelas en el Reino Unido e Irlanda también reciben correos electrónicos En Irlanda del Norte, más de 300 escuelas recibieron un correo electrónico amenazante, informó la policía el miércoles, añadiendo que el mensaje se originó fuera del Reino Unido y se está tratando como una falsa alarma.
“Nuestras investigaciones continúan; sin embargo, en esta etapa consideramos que el riesgo para el público es bajo”, declaró el subcomisario Anthony McNally en un comunicado.
La Autoridad Educativa indicó que el mensaje enviado a “un gran número de escuelas” en Irlanda del Norte se parecía a una falsa alarma enviada a escuelas el mes pasado y que desconocía cualquier evidencia de una amenaza “creíble”.
La policía de la República de Irlanda informó que se envió una comunicación genérica a “varios centros educativos” el miércoles. La policía consideró la amenaza como “poco creíble” y afirmó que no recomendaba evacuaciones.
Sharon Magee, profesora de Dublín, declaró a CNN que su escuela recibió una amenaza de bomba a las 10:55 a. m. hora local (5:55 a. m. ET), pero no fue evacuada.
“Simplemente nos dijeron que estuviéramos alerta por si veíamos algo en las instalaciones y el día transcurrió con normalidad”, dijo, añadiendo que todos en la escuela pasaron la jornada sin incidentes.
Mientras tanto, la policía de Escocia informó que se enviaron “mensajes amenazantes” a las escuelas. La policía indicó que los mensajes se estaban tratando como falsas alarmas y advirtió a las escuelas que los correos electrónicos por sí solos no justificaban una evacuación.
Ola de disturbios en toda Europa El incidente del miércoles es el último de una serie de ataques dirigidos contra infraestructuras y organizaciones en toda Europa.
“Cualquiera puede ser un objetivo, y eso dificulta nuestra defensa al 100%”, declaró el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a CNN el día antes de la evacuación de cientos de escuelas el miércoles, al describir los esfuerzos de las autoridades italianas para combatir los ataques. «El objetivo de esta guerra híbrida es destruir la soberanía y generar pánico», declaró Crosetto.
La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba interrumpieron decenas de vuelos y afectaron a medios de comunicación de todo el continente.
Además, en las últimas semanas, se han producido ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia, Suecia, Bélgica e Irlanda.
Argentina es uno de los países más contradictorios del mundo. Tiene tierras fértiles, enormes reservas de recursos naturales, energía, minerales estratégicos, talento humano, universidades reconocidas internacionalmente y una población con una capacidad extraordinaria para adaptarse a las dificultades. Sin embargo, lleva décadas atrapada en una sucesión de crisis económicas, enfrentamientos políticos, inflación, pobreza, endeudamiento y promesas incumplidas.
La pregunta parece inevitable: ¿Argentina será alguna vez una potencia mundial o está condenada a desperdiciar sus oportunidades?
La respuesta no es sencilla. Argentina tiene condiciones naturales y económicas para convertirse en uno de los países más importantes del planeta. Pero disponer de riquezas no significa saber administrarlas. Y precisamente allí se encuentra el principal problema argentino.
Un país que nació con grandes posibilidades
A comienzos del siglo XX, Argentina era considerada una de las economías más prometedoras del mundo. Su producción agropecuaria, sus exportaciones, la llegada de inmigrantes europeos y el desarrollo de sus ciudades alimentaban la idea de que podía convertirse en una potencia comparable con las principales naciones occidentales.
Buenos Aires era una ciudad moderna, cosmopolita y económicamente dinámica. El país atraía inversiones, desarrollaba infraestructura y exportaba alimentos a mercados internacionales.
Sin embargo, aquella trayectoria no se sostuvo.
Los conflictos políticos, las interrupciones institucionales, las políticas económicas inconsistentes y las dificultades para construir un modelo productivo estable fueron debilitando sus posibilidades. Mientras otros países consolidaban sus industrias, sus sistemas educativos y sus instituciones, Argentina atravesaba ciclos de expansión y retroceso.
El problema no fue una sola administración ni una única ideología. Fue una acumulación histórica de errores.
La riqueza natural: una ventaja extraordinaria
Pocos países tienen una combinación de recursos naturales semejante a la argentina.
El territorio ofrece algunas de las mejores tierras agrícolas del planeta. La producción de soja, maíz, trigo, carne y otros alimentos constituye una fuente fundamental de divisas y posiciona al país como un proveedor relevante del mercado internacional.
Pero la agricultura es apenas una parte del potencial.
Vaca Muerta representa una oportunidad extraordinaria para desarrollar la producción de petróleo y gas. La formación podría transformar la matriz energética argentina y generar exportaciones de gran magnitud si se mantienen las inversiones, la infraestructura y la estabilidad normativa.
El litio, especialmente en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, ofrece otra oportunidad estratégica. La transición energética mundial demanda minerales utilizados en baterías y almacenamiento eléctrico. Argentina puede convertirse en un proveedor importante, aunque necesita desarrollar mayor procesamiento industrial y cadenas de valor locales.
También existen posibilidades en cobre, energía nuclear, energía eólica, tecnología aeroespacial y economía del conocimiento.
El problema es que los recursos naturales no construyen por sí solos una potencia. Australia, Canadá y Noruega demostraron que la riqueza puede administrarse con instituciones sólidas y planificación a largo plazo.
Argentina necesita aprender de esos ejemplos.
El problema argentino: sus dirigentes y la falta de continuidad
Argentina tiene una dificultad que no puede solucionar únicamente con inversiones extranjeras: su inestabilidad política.
Cada gobierno parece llegar con la intención de destruir buena parte de lo que hizo el anterior. Cambian las reglas económicas, los impuestos, las regulaciones y las prioridades nacionales. El empresario que quiere invertir a veinte años debe preguntarse si las condiciones actuales continuarán vigentes después de las próximas elecciones.
Ninguna potencia se construye de esa manera.
Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y Australia tienen diferencias políticas importantes, pero cuentan con instituciones y estructuras productivas que sobreviven a los cambios de gobierno.
Argentina necesita un acuerdo nacional sobre cuestiones fundamentales: educación, infraestructura, energía, política exterior, desarrollo industrial y estabilidad monetaria.
No importa si gobierna la derecha, el centro o la izquierda. El país necesita reglas previsibles.
¿Puede Milei convertir a Argentina en una potencia?
La presidencia de Javier Milei representa un intento de modificar profundamente el funcionamiento económico argentino.
Su administración apuesta por el equilibrio fiscal, la reducción del Estado, la desregulación y la llegada de capitales privados.
Algunas de esas medidas pueden contribuir a corregir desequilibrios históricos. Sin embargo, reducir el gasto público no constituye por sí solo un proyecto de desarrollo nacional.
Argentina necesita inversiones, pero también educación pública de calidad, hospitales eficientes, investigación científica, infraestructura ferroviaria, rutas, puertos y una industria competitiva.
El desafío consiste en conseguir estabilidad económica sin destruir capacidades productivas y sociales indispensables para el crecimiento.
Los pronósticos económicos de 2026 muestran tanto oportunidades como dificultades. El FMI proyectó inicialmente un crecimiento del 3,5%, mientras que una encuesta de analistas publicada por Reuters el 5 de noviembre redujo la expectativa al 0,7%. La inflación continúa siendo un problema importante.
Por lo tanto, todavía es demasiado pronto para afirmar que Argentina encontró definitivamente el camino hacia la prosperidad.
Las oportunidades internacionales
Argentina también debe comprender que el mundo está cambiando.
La demanda de alimentos, energía, minerales críticos y tecnología abre posibilidades extraordinarias. El país puede convertirse en un socio estratégico para Europa, Estados Unidos, China, Brasil y otras economías.
Según BBVA Research, las exportaciones argentinas podrían alcanzar un récord de 102.000 millones de dólares en 2026. La energía y la minería pueden desempeñar un papel cada vez más importante.
Pero exportar materias primas no alcanza. Argentina debe intentar desarrollar industrias que agreguen valor a sus recursos.
No debería limitarse a extraer litio: debería desarrollar tecnología vinculada a las baterías. No debería limitarse a producir petróleo: debería fortalecer su industria energética. No debería limitarse a vender alimentos: debería desarrollar biotecnología, maquinaria agrícola y productos elaborados.
Ese es el camino para generar empleos calificados, mejores salarios y riqueza duradera.
¿Qué debería hacer Argentina para convertirse en potencia?
Hay cinco objetivos fundamentales:
Educación: recuperar la calidad educativa y formar profesionales capaces de competir internacionalmente.
Industrialización: transformar los recursos naturales en productos de mayor valor agregado.
Estabilidad económica: terminar con los ciclos permanentes de inflación, devaluaciones y endeudamiento descontrolado.
Infraestructura: modernizar ferrocarriles, rutas, puertos, aeropuertos y redes energéticas.
Instituciones: construir una Justicia independiente, combatir la corrupción y garantizar reglas que no cambien con cada presidente.
También necesita una política exterior inteligente. Argentina no debe convertirse en satélite de ninguna potencia. Debe relacionarse con todos los países con los que pueda desarrollar acuerdos beneficiosos.
El futuro: ¿una potencia mundial o una oportunidad perdida?
Argentina probablemente no se convertirá en una superpotencia militar o económica comparable con Estados Unidos o China en las próximas décadas. Pero esa no debería ser la única medida del éxito.
Puede aspirar a convertirse en una nación desarrollada, con ingresos elevados, instituciones confiables, tecnología avanzada, industrias competitivas y una población con excelentes condiciones de vida.
Países como Australia, Canadá y Noruega demuestran que es posible construir prosperidad a partir de recursos naturales cuando existe planificación, responsabilidad institucional y visión de largo plazo.
Argentina tiene ventajas que muchas naciones envidiarían. Tiene territorio, alimentos, energía, minerales, agua, conocimiento científico y una ubicación geográfica privilegiada.
Lo que todavía necesita es transformar esas ventajas en un proyecto nacional.
Conclusión: Argentina todavía está a tiempo.
El país no está condenado al fracaso. Tampoco tiene garantizado el éxito.
Su mayor enemigo no es la falta de recursos, sino la incapacidad histórica de construir consensos y sostener políticas que beneficien a varias generaciones.
Los argentinos han escuchado durante décadas que viven en un país rico. Pero la riqueza de una nación no se mide solamente por lo que existe debajo de su suelo o por la fertilidad de sus campos. Se mide por la calidad de vida de sus habitantes, sus oportunidades y la fortaleza de sus instituciones.
Argentina podría convertirse en una de las naciones más prósperas de América Latina y alcanzar un lugar destacado en el mundo.
La pregunta final no es si tiene condiciones para conseguirlo. Las tiene.
La verdadera pregunta es si sus dirigentes y su sociedad estarán dispuestos a dejar atrás sus viejas disputas para construir, finalmente, un país que funcione.
Porque Argentina no necesita otro milagro económico. Necesita varias décadas de inteligencia, trabajo, honestidad y continuidad política.
El viernes 13 es considerado por millones de personas como uno de los días más inquietantes del calendario. Para algunos se trata simplemente de una superstición sin fundamento; para otros, es una jornada en la que conviene evitar viajes, negocios importantes, operaciones quirúrgicas e incluso tomar decisiones trascendentales. La combinación del viernes con el número 13 ha construido, a lo largo de los siglos, una reputación siniestra que todavía sobrevive en la sociedad moderna.
Pero ¿de dónde viene semejante temor? ¿Por qué una fecha determinada puede provocar tanta desconfianza?
El origen de una superstición
El número 13 ha sido asociado históricamente con la mala suerte en distintas culturas occidentales. Una de las explicaciones más conocidas procede de la tradición cristiana: durante la Última Cena había trece comensales, y el decimotercer invitado, Judas Iscariote, terminó traicionando a Jesús.
El viernes también arrastra una reputación negativa dentro de la tradición cristiana, porque se considera el día de la crucifixión de Jesucristo.
La unión de ambas creencias habría contribuido a consolidar la imagen del viernes 13 como una fecha especialmente desafortunada. Sin embargo, los historiadores advierten que no existe una única explicación comprobada sobre el nacimiento de esta superstición.
Una teoría popular relaciona el viernes 13 de octubre de 1307 con la persecución y detención de los caballeros templarios por orden del rey francés Felipe IV. Aunque el episodio histórico está documentado, su conexión directa con el origen de la superstición es discutida.
El miedo tiene nombre
Existe incluso una palabra para describir el temor irracional al viernes 13: paraskevidekatriafobia. Es una forma específica de superstición que puede provocar ansiedad, preocupación y conductas de evitación.
Algunas personas se niegan a viajar durante esa jornada, otras evitan casarse, comprar propiedades o firmar contratos. En determinados edificios todavía se omite el piso número 13 y algunos hoteles prefieren identificarlo de otra manera para no incomodar a sus huéspedes.
El miedo puede parecer exagerado, pero tiene consecuencias económicas y culturales. Algunas empresas registran modificaciones en las reservas y actividades comerciales cuando llega esta fecha.
El cine convirtió el viernes 13 en una pesadilla
Si existe una razón por la cual las nuevas generaciones conocen esta superstición, probablemente sea el cine.
La famosa franquicia cinematográfica Friday the 13th convirtió la fecha en un símbolo internacional del terror. Su personaje más conocido, Jason Voorhees, con su característica máscara de hockey, pasó a representar una de las imágenes más reconocibles del cine de terror.
La película original, estrenada en 1980, dio origen a numerosas secuelas y convirtió el viernes 13 en una marca comercial asociada con asesinatos ficticios, campamentos siniestros y escenarios aterradores.
¿Realmente ocurren más desgracias?
No existe evidencia científica sólida que demuestre que los viernes 13 tengan una mayor concentración de accidentes, tragedias o acontecimientos desafortunados.
La explicación psicológica es mucho más sencilla: cuando alguien cree que una fecha es peligrosa, presta mayor atención a cualquier inconveniente que ocurre durante ella. Un accidente menor puede convertirse en una confirmación de sus temores, mientras que los acontecimientos positivos pasan inadvertidos.
Es el funcionamiento de los prejuicios y las expectativas humanas.
Una superstición que no desaparece
En pleno siglo XXI, cuando la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial forman parte de la vida cotidiana, el viernes 13 continúa despertando inquietud.
Quizás esa sea su característica más extraordinaria: sobrevivió a generaciones, revoluciones, guerras y avances científicos.
Para algunos será un día común; para otros, una jornada para permanecer en casa, evitar los gatos negros y cruzar los dedos.
Lo cierto es que el calendario no tiene poderes sobrenaturales. Pero el miedo humano sí tiene una capacidad extraordinaria para convertir una fecha cualquiera en una auténtica pesadilla.
Argentina tiene una historia criminal que reúne algunos de los episodios más estremecedores de América Latina. Detrás de sus ciudades, sus paisajes y su aparente tranquilidad, existieron personajes capaces de cometer atrocidades que todavía generan indignación, miedo y fascinación. Asesinos seriales, homicidas múltiples, criminales despiadados y hombres que transformaron sus propios hogares en escenarios de terror forman parte de una historia oscura que la sociedad argentina no debería olvidar.
Hablar del asesino argentino es ingresar en un universo donde la violencia, la impunidad y las fallas institucionales aparecen con frecuencia. Algunos criminales fueron descubiertos rápidamente; otros consiguieron escapar durante años de la Justicia. Algunos terminaron sus días en prisión, mientras que otros dejaron interrogantes que todavía no encontraron respuesta.
Robledo Puch: el Ángel de la Muerte
Uno de los nombres más conocidos de la criminalidad argentina es Carlos Eduardo Robledo Puch. Nacido en 1952, se convirtió en uno de los asesinos seriales más famosos del país. Fue condenado por múltiples homicidios, robos y otros delitos cometidos durante su juventud.
Su apodo, el Ángel de la Muerte, resulta particularmente inquietante por el contraste entre su apariencia juvenil y la brutalidad de sus crímenes.
Durante la década de 1970, Robledo Puch participó en una sucesión de robos y asesinatos que conmocionaron a Buenos Aires. Sus víctimas incluyeron serenos, comerciantes y otras personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
Su detención en 1972 puso fin a una etapa de terror. Fue condenado a reclusión perpetua y pasó décadas privado de libertad. Su historia sigue siendo una referencia inevitable cuando se habla de asesinos seriales argentinos.
Cayetano Santos Godino: el Petiso Orejudo
Otro personaje siniestro fue Cayetano Santos Godino. Nació en 1896 y adquirió notoriedad por una serie de ataques contra niños en Buenos Aires a comienzos del siglo XX.
Sus crímenes incluyeron homicidios e intentos de asesinato. La brutalidad de sus acciones provocó una enorme conmoción social y convirtió su nombre en uno de los más recordados de la historia policial argentina.
Fue detenido y enviado al sistema penitenciario. Murió en 1944 en la cárcel de Ushuaia.
El caso también dejó preguntas sobre la capacidad de las instituciones de la época para identificar y tratar conductas violentas antes de que terminaran en tragedias.
Roberto José Carmona: el criminal reincidente
Roberto José Carmona es otro de los nombres que provocan rechazo en la sociedad argentina. Su trayectoria criminal incluye homicidios, violencia sexual y una prolongada historia de reincidencia.
Su caso se hizo especialmente conocido por el asesinato de un taxista en Córdoba, cometido en 2022 mientras gozaba de salidas autorizadas del establecimiento penitenciario donde estaba detenido.
El episodio reabrió una discusión fundamental: ¿cómo puede una persona condenada por delitos extremadamente violentos volver a circular por las calles sin que existan garantías suficientes para proteger a la población?
La responsabilidad institucional y los mecanismos de control penitenciario quedaron nuevamente bajo la lupa.
Yiya Murano: la envenenadora de Monserrat
Yiya Murano representa una de las historias criminales más inquietantes del país. Durante la década de 1970 fue acusada de envenenar a mujeres de su círculo social, utilizando sustancias tóxicas en infusiones y alimentos.
Sus víctimas fueron conocidas y personas de confianza. La posibilidad de que alguien pudiera utilizar la amistad y la cercanía para cometer asesinatos generó una profunda impresión en la opinión pública.
Murano fue condenada por homicidios y su figura quedó asociada a uno de los episodios más perturbadores de la crónica policial argentina.
El crimen como problema social
La historia argentina también incluye asesinos que actuaron en contextos familiares, criminales que atacaron por motivos económicos y delincuentes que utilizaron la violencia para imponer su voluntad.
Sin embargo, sería un error considerar que todos estos casos responden a una misma explicación. No existe un perfil único del asesino. Las motivaciones pueden incluir conflictos personales, intereses económicos, violencia sexual, impulsividad, ideologías extremistas o comportamientos patológicos. Ninguna explicación elimina la responsabilidad individual por los delitos cometidos.
La sociedad tiene derecho a exigir que estos crímenes sean investigados con seriedad y que las víctimas reciban justicia.
La Justicia argentina frente a los asesinos
Uno de los problemas más graves que dejan estos episodios es la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
Las demoras procesales, las investigaciones deficientes, la falta de coordinación entre organismos y los controles insuficientes pueden generar consecuencias devastadoras. El caso Carmona constituye un ejemplo especialmente doloroso de las preguntas que deben responder las autoridades cuando una persona peligrosa vuelve a cometer un homicidio durante una salida penitenciaria.
La prisión debe cumplir dos funciones fundamentales: impedir que quienes representan un peligro continúen dañando a otras personas y ofrecer oportunidades de rehabilitación cuando resulte posible.
Pero la rehabilitación no puede confundirse con la ausencia de controles ni con decisiones irresponsables.
Una memoria que no debe desaparecer
Los asesinos argentinos más conocidos terminaron convirtiéndose en personajes de libros, películas, documentales y programas televisivos. Sin embargo, detrás de cada nombre existe una historia de víctimas, familias destruidas y comunidades afectadas.
Robledo Puch, el Petiso Orejudo, Carmona y Yiya Murano representan distintas épocas y modalidades de criminalidad. Sus historias permiten comprender cómo evolucionaron las investigaciones policiales y cómo cambiaron las respuestas judiciales frente a delitos extremadamente graves.
Argentina no debe convertir a sus asesinos en celebridades ni alimentar una admiración enfermiza por sus atrocidades. El verdadero centro de estas historias debe estar en las víctimas y en la necesidad de evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse.
La historia criminal argentina es extensa y todavía guarda episodios poco conocidos. Pero su enseñanza más importante es sencilla: ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente segura mientras la vida humana no sea protegida con justicia, responsabilidad y eficacia institucional.
El papa León XIV se reunió este martes por la tarde en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron” y destacó: “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto.Estas son las manos que Jesús está buscando”.
“Estas son las manos que Jesús está buscando, y tiene sus manos para continuar su misión”, enfatizó.
Luego habló sobre la vocación religiosa y planteó: “¿Para qué estamos aquí?” y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.
Es por eso, que pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, subrayó.
Y reflexionó: “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”.
En esa línea señaló: “Fallamos también cuando no hacemos el bien que nos correspondía: cuando ya no escuchamos con paciencia, cuando elegimos la comodidad o cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar”por lo que “debemos conservar la humildad de dejarnos corregir”, debido a que, “no existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”.
Y aquí recordó: “El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros”.
En otro pasaje de su discurso habló sobre el rol de la institución católica y aseveró: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.
En ese punto, les dijo a los presentes: “Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia desde La Quiaca hasta Ushuaia”, por lo tanto, lleven el Evangelio “a todos los rincones”.
En un momento les habló a los seminaristas y les pidió“mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo” e hizo hincapié en que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar.
Además, destacó que “la Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos” y precisó: “De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren”.
“Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, recalcó y a continuación, citó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.
“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, agregó y de nuevo, recordó a Bergoglio: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.
Mendoza es conocida por sus montañas, sus viñedos, sus paisajes imponentes y su proximidad a la cordillera de los Andes. Sin embargo, detrás de esa imagen turística existe otra Mendoza, mucho menos conocida: la de las historias de aparecidos, las construcciones abandonadas, los relatos de antiguos habitantes y las leyendas que sobreviven al paso del tiempo.
Entre esas historias aparece una de las imágenes más inquietantes del folclore paranormal: la casa embrujada. Una vivienda silenciosa, rodeada de misterio, donde supuestamente se escuchan ruidos inexplicables, se perciben presencias y ocurren acontecimientos que sus protagonistas no consiguen comprender.
En Mendoza existen numerosas historias populares relacionadas con casas abandonadas y supuestas apariciones. Algunas están vinculadas con antiguas propiedades rurales; otras, con construcciones que quedaron atrapadas entre el pasado y el presente. Pero hay un detalle que se repite en prácticamente todos estos relatos: quienes aseguran haber experimentado algo extraño difícilmente olvidan lo sucedido.
La oscuridad, el silencio y la imaginación pueden convertir cualquier vivienda abandonada en un escenario de pesadilla. Pero cuando varias personas cuentan experiencias semejantes, la historia adquiere una dimensión diferente.
La mansión Stoppel: el fantasma de Luisito
Uno de los casos más conocidos es el de la Mansión Stoppel, ubicada en la avenida Emilio Civit 348, en la ciudad de Mendoza.
La propiedad fue diseñada por el arquitecto italiano Víctor Barabino en 1912, por encargo de Luis Stoppel, un importante empresario y diplomático. La construcción tardó aproximadamente dos años y se convirtió en una de las residencias más llamativas de la época.
Pero la historia de la mansión tomó un rumbo diferente cuando, décadas después, el inmueble pasó a formar parte del patrimonio estatal y funcionó como Patronato de Menores hasta 1977.
Fue entonces cuando comenzaron a circular relatos particularmente perturbadores.
Los vecinos aseguraban escuchar gritos, voces infantiles y sonidos extraños provenientes de la propiedad. Algunos trabajadores que participaron en tareas de mantenimiento también habrían manifestado temor a permanecer solos dentro del edificio.
La leyenda más conocida habla de un supuesto fantasma llamado Luisito.
Según una de las versiones, habría sido un niño que murió después de recibir tratamientos médicos cuestionables durante su permanencia en la institución. Otra narración sostiene que era hijo extramatrimonial del antiguo propietario y que habría tenido un destino trágico.
Ninguna de estas historias cuenta con documentación concluyente que permita confirmar la existencia del niño o las circunstancias de su supuesta muerte. Sin embargo, el relato sobrevivió y convirtió a la mansión en uno de los lugares más misteriosos de Mendoza.
Una casa que parece tener vida propia
Otro episodio que alimentó la fama de la propiedad ocurrió durante trabajos de restauración. Un trabajador identificado como Reinaldo habría manifestado que prefería no volver a trabajar allí porque sentía que algo extraño sucedía dentro del edificio.
Según el relato publicado por la prensa mendocina, el hombre no quería permanecer en la propiedad, pese a que estaba acostumbrado a realizar trabajos en construcciones difíciles.
La historia se convirtió en uno de los testimonios más repetidos por quienes investigan el supuesto fenómeno paranormal.
La mansión también quedó asociada a relatos sobre sombras, ruidos nocturnos y una atmósfera particularmente inquietante.
Otras casas misteriosas de Mendoza
La Mansión Stoppel no es el único lugar que alimenta las historias de terror provinciales.
En Guaymallén existe otra propiedad que se hizo conocida por videos difundidos en redes sociales. Se trata de una antigua vivienda relacionada con la familia Notti, ubicada sobre avenida Bandera de los Andes. Los vecinos y visitantes comentaron supuestos movimientos extraños, la presencia de un hombre misterioso y un automóvil cuyas luces se encenderían sin intervención humana.
También existe una leyenda en El Bermejo, donde una antigua vivienda quedó vinculada a una historia trágica y a supuestos fenómenos inexplicables.
¿Hay fantasmas en Mendoza?
La respuesta depende de las creencias de cada persona. No existen pruebas científicas concluyentes de que estas propiedades estén habitadas por espíritus. Los ruidos pueden tener explicaciones arquitectónicas, las sombras pueden ser producto de la iluminación y las historias pueden crecer con cada nueva narración.
Pero las leyendas tienen una característica particular: sobreviven incluso cuando sus protagonistas desaparecen.
La Mansión Stoppel es un ejemplo de cómo una construcción histórica puede convertirse en escenario de una historia de terror que atraviesa generaciones.
Quizás Luisito nunca haya existido. Quizás los gritos que algunos vecinos aseguran escuchar tengan una explicación perfectamente natural.
Pero queda una imagen difícil de olvidar: una antigua mansión mendocina, sus habitaciones silenciosas y una leyenda que asegura que, cuando llega la noche, alguien todavía recorre sus pasillos.
Y para los amantes de lo paranormal, esa posibilidad es suficiente para mantener viva una de las historias más inquietantes de Mendoza.
Imaginar cómo será el mundo dentro de cien años es uno de los ejercicios más fascinantes que puede realizar el ser humano. En 2126, nuestros descendientes vivirán en una sociedad que probablemente tendrá muy poco que ver con la actual. La tecnología, la medicina, la inteligencia artificial, la exploración espacial y los cambios climáticos habrán transformado profundamente nuestra manera de vivir. Algunas cosas que hoy parecen ciencia ficción podrían convertirse en actividades cotidianas, mientras que otras, que consideramos indispensables, quizás hayan desaparecido.
La pregunta no es solamente cómo serán las ciudades, los automóviles o las viviendas. La verdadera incógnita es qué significará ser humano dentro de un siglo.
La inteligencia artificial gobernará gran parte de nuestra vida
En 2126, la inteligencia artificial probablemente será una herramienta mucho más avanzada que los actuales sistemas informáticos. Los asistentes inteligentes podrán organizar prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana: administrar viviendas, controlar la salud, realizar operaciones comerciales, enseñar idiomas y resolver problemas complejos.
Es posible que muchas personas tengan un asistente artificial permanente, capaz de conocer sus preferencias, anticipar necesidades y comunicarse con ellas de manera natural.
Los robots también estarán presentes en hospitales, fábricas, restaurantes, hogares y centros educativos. Algunos tendrán apariencia humana y podrán realizar tareas que hoy requieren años de preparación profesional.
Sin embargo, aparecerá un interrogante fundamental: ¿quién controlará a las máquinas? La humanidad deberá establecer límites para impedir que la tecnología se convierta en una amenaza para la libertad individual.
La medicina podría eliminar enfermedades que hoy parecen incurables
Uno de los mayores cambios podría producirse en la medicina. Los avances en genética, nanotecnología, inteligencia artificial y biología permitirán diagnosticar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas.
El cáncer, algunas enfermedades degenerativas y numerosos trastornos hereditarios podrían convertirse en problemas mucho más controlables.
Los órganos artificiales y los tejidos cultivados en laboratorios podrían reducir considerablemente las listas de espera para trasplantes. También podrían desarrollarse tratamientos personalizados, diseñados de acuerdo con las características genéticas de cada paciente.
¿Viviremos 150 años? Es posible que la expectativa de vida aumente considerablemente, aunque todavía no sabemos cuáles serán los límites biológicos del envejecimiento.
La muerte seguirá siendo una realidad, pero probablemente la humanidad consiga prolongar la vida saludable mucho más allá de lo que hoy imaginamos.
Los viajes espaciales serán diferentes
En un siglo, la exploración espacial podría haber dejado de ser una actividad exclusiva de astronautas y grandes potencias.
La Luna podría albergar instalaciones científicas permanentes, centros de investigación y depósitos de recursos. Marte podría contar con pequeños asentamientos humanos, aunque mantener comunidades independientes en ese planeta representará un desafío extraordinario.
También podrían existir estaciones espaciales comerciales y viajes turísticos más frecuentes fuera de la Tierra.
La posibilidad de encontrar vida extraterrestre seguirá siendo uno de los grandes interrogantes científicos. No necesariamente se tratará de civilizaciones inteligentes: incluso descubrir microorganismos en otro planeta cambiaría nuestra comprensión del universo.
La humanidad comprenderá que la Tierra no es el único lugar donde puede desarrollarse la vida.
Las ciudades del futuro
Las ciudades de 2126 probablemente serán mucho más inteligentes. Los edificios administrarán automáticamente su consumo energético, los vehículos circularán sin conductores y los sistemas de transporte estarán coordinados mediante inteligencia artificial.
Podrían construirse ciudades subterráneas, barrios flotantes y enormes complejos habitacionales preparados para enfrentar temperaturas extremas.
Los automóviles tradicionales podrían desaparecer progresivamente. Los desplazamientos urbanos se realizarán mediante vehículos autónomos, trenes de alta velocidad y sistemas de transporte aéreo.
La arquitectura también cambiará. Los edificios podrán producir su propia energía, reciclar agua y utilizar materiales capaces de repararse parcialmente.
Sin embargo, la tecnología no garantizará ciudades más justas. La pobreza, la desigualdad y la concentración de riqueza podrían continuar existiendo si las sociedades no consiguen resolver sus problemas políticos y económicos.
El clima: el gran desafío de la humanidad
El cambio climático será posiblemente uno de los problemas más importantes del siglo XXII.
Si las emisiones contaminantes no disminuyen suficientemente, muchas regiones sufrirán temperaturas extremas, sequías, inundaciones y transformaciones geográficas importantes.
Algunas ciudades costeras deberán invertir enormes recursos para protegerse del aumento del nivel del mar. Determinadas regiones podrían perder población debido a la falta de agua o a condiciones ambientales difíciles.
También es posible que la humanidad desarrolle tecnologías capaces de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, mejorar la producción de alimentos y recuperar ecosistemas deteriorados.
El planeta seguirá siendo nuestro hogar. Ninguna colonia en Marte podrá reemplazar fácilmente las condiciones naturales de la Tierra.
¿Cómo será el trabajo?
Dentro de cien años, numerosos empleos actuales probablemente habrán desaparecido. Las máquinas podrán realizar actividades administrativas, industriales, comerciales y profesionales.
La educación será mucho más personalizada. Cada estudiante tendrá acceso a profesores artificiales capaces de adaptar las clases a su velocidad de aprendizaje.
El trabajo humano podría concentrarse en actividades creativas, científicas, sociales y culturales. Sin embargo, también existirá el riesgo de que millones de personas queden desplazadas por la automatización.
Los gobiernos deberán encontrar nuevas formas de distribuir la riqueza y garantizar oportunidades económicas.
¿Existirán los países tal como los conocemos?
Es difícil imaginar que Argentina, Estados Unidos, Brasil, China o Rusia desaparezcan completamente durante los próximos cien años. Sin embargo, sus fronteras, sistemas políticos y relaciones internacionales podrían experimentar transformaciones profundas.
Algunas organizaciones internacionales podrían adquirir mayor autoridad. Los conflictos por el agua, la energía, los alimentos y los recursos estratégicos podrían modificar el equilibrio mundial.
También podrían surgir nuevas potencias económicas y desaparecer otras que actualmente parecen invencibles.
La democracia tendrá que adaptarse a una sociedad donde la inteligencia artificial podrá influir sobre millones de personas y donde la información será todavía más poderosa.
El ser humano en 2126
Quizás el cambio más sorprendente no sea tecnológico, sino biológico y cultural. Podrían desarrollarse prótesis extremadamente avanzadas, implantes electrónicos y dispositivos capaces de conectar directamente el cerebro con computadoras.
La frontera entre el organismo humano y la tecnología podría volverse cada vez menos definida.
También surgirán preguntas filosóficas: ¿seguiremos considerando humanos a quienes incorporen numerosas modificaciones artificiales? ¿Podrá una computadora desarrollar conciencia? ¿Será posible conservar digitalmente recuerdos y aspectos de la personalidad de una persona fallecida?
Son preguntas que hoy parecen propias de la ciencia ficción, pero que podrían convertirse en debates centrales.
Conclusión: un siglo puede cambiarlo todo
En 2126, el mundo podría ser más saludable, tecnológico, conectado y próspero. También podría ser más desigual, contaminado y peligroso si la humanidad utiliza sus descubrimientos sin responsabilidad.
El futuro no está escrito. No será determinado exclusivamente por científicos, empresarios o gobernantes, sino por millones de decisiones individuales y colectivas.
Hace cien años, pocas personas podían imaginar internet, los teléfonos inteligentes, los trasplantes modernos o la inteligencia artificial. Dentro de otros cien años, nuestros descendientes probablemente mirarán nuestras actuales limitaciones con la misma sorpresa.
La gran incógnita no es si tendremos máquinas extraordinarias, ciudades inteligentes o viajes espaciales. La verdadera pregunta es si, después de conquistar tantos avances, habremos aprendido finalmente a vivir en paz, respetar el planeta y construir una civilización mejor.
Puedes negar la realidad, pero no puedes escapar de las consecuencias de negar la realidad .
Ayn Rand (1905/1982)
La subversión semántica en el frente jurídico de la batalla cultural
Como demostración de arquetipo de discriminación confrontaremos un reciente fallo de la Corte IDH con los rechazos in limine de la Comisión IDH negando derechos a los procesados en los denominados juicios por lesa humanidad
Introducción:
El presente es más que un artículo periodístico, es un análisis sobre la explicación del accionar de quienes, bajo la presunta defensa de los derechos humanos, los emplean como forma discriminatoria, es decir lo contrario a lo que tales derechos deben proteger, toda vez que la base en los que asientan su resguardo es la igualdad ante la ley, tal como taxativamente lo establecido en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 2 inciso 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición . Este concepto ha sido sostenido en todo el sistema convencional relacionado a derechos humanos. La Constitución de la Nación Argentina (CN) ya en 1853 reconoció el derecho a la igualdad en el artículo 16.
Los denominados, sectores, agrupaciones o miembros, de la «derecha», consecuentemente difamados, censurados o cancelados, iniciaron un enfrentamiento o batalla cultural oponiéndose, aunque con bastante demora, al relato que, desde las «izquierdas», el progresismo regresivo, comunismos, populismos u otras denominaciones se viene sostenido en base, entre otros promotores a Antonio Gramsci y su lucha por la apropiación de la cultura; Michel Foucault y el apoderamiento del lenguaje; y desde la caída de la URSS a fines del siglo pasado con estructuras como, en lo que América se refiere, del Foro de São Paulo y sus derivaciones.
La resistencia se basa mayoritariamente en presentar la defensa de los valores occidentales y judeocristianos, la educación, la familia, y el enfrentamiento a grupos identitarios o woke que tratan de hacer valer sus intereses particulares por sobre valores fundamentales, escudándose tras la pantalla de los derechos humanos, que tratan de que parezcan inclusivos, pero en la realidad los hacen excluyentes.
Esta batalla cultural, aunque en realidad es una guerra, no ha desarrollado demasiado el que denominamos «frente jurídico», y que como modesto aporte, en el presente artículo tratamos de desvelar, ya que entendemos termina siendo el soporte de los sectores que atentan contra la cultura mayoritaria, y lo hacen primordialmente arrasando las garantías judiciales y el debido proceso, que son los fundamentos que protegen a las personas de los agravios, agresiones o violación a sus derechos vulnerados por arte de individuos particulares, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales u organismos nacionales e internacionales.
Necesariamente este artículo es extenso, y no podría ser de otra forma. En esta batalla debemos motivar y fundar nuestra postura, ya que enfrentar a sectores poderosos no nos permite dejar flancos abiertos; lo contrario implicaría un grave error estratégico. Es por esto que intentamos demostrar en modo detallado las fallas procesales y los derechos que se violan, en los denominados procesos por delitos de lesa humanidad.
Tal como lo venimos sosteniendo desde 2016, y en consecuencia hemos actuado tanto a nivel de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIPDH) como en sede interna ante Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, existe en la Argentina una clara violación a las garantías judiciales y al debido proceso, lo cual ocasiona, en modo especial en los denominados procesos de lesa humanidad, otras violaciones a los derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad personal, y a la libertad de pensamiento y expresión.
Lamentablemente, no hemos logrado que estas violaciones a los derechos humanos hayan sido consideradas en sede interna, ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) quien en forma reiterada y sistemática ha rechazado in limine, es decir sin motivación ni fundamentación (porque carece de sustento jurídico para hacerlo), las múltiples peticiones y solicitudes de medidas cautelares presentadas. Así ha afectado primordialmente a los casi 3.000 procesados en las causas denominadas de lesa humanidad, que a la fecha han sufrido 1.000 decesos registrados, en su mayoría a procesados sin sentencia firme, es decir inocentes, gran parte de ellos bajo una excesiva prisión preventiva.
El Poder Judicial es mayoritariamente poco confiable, lo que es una afrenta a la seguridad jurídica propia de una república. Si se pudo y se continúa pudiendo mantener las actuaciones en los denominados procesos de lesa, es porque los tres Poderes del Estado, desde largo tiempo, hacen causa común. Los procesos denominados de lesa humanidad son un como sí, tan excesivos que parecen una «performance», un espectáculo orquestado, dirigido y producido por revancha, por venganza, parecen sostenerse en el dicho de Juan Domingo Perón «al amigo todo, al enemigo ni justicia», un grosero retroceso en lo jurídico, hasta antes de la ley del talión.
Como forma operativa confrontaremos la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el fallo N°. 596 del 15/may/2026, López de Belva y ots vs Argentina, con el rechazo in limine que la Comisión IDH aplica contra los derechos humanos, en forma sistemática y reiterada, a los procesados en los denominados juicios por lesa humanidad. Especialmente revisamos la nota del 18/sep/2026, cuando rechazó in limine la petición P-1892/16, donde por ellos formulamos la pertinente denuncia por discrepancias, que anexamos al final de este artículo mediante copia de la recepción de la misma por el órgano. En definitiva, realizamos la comparación entre la aplicación para «los unos», los procesados comunes, y «los otros», las víctimas de los procesos denominados de lesa humanidad.
Hemos sostenido en otros artículos publicados por el diario digital «Prisionero en Argentina» que es necesario demostrar las transgresiones, tanto en derecho interno como internacional, en la protección de derechos humanos y el trato discriminatorio, por tanto, ilegal que sufren los procesados arriba mencionados, en comparación a los procesos por delitos comunes en los que las garantías judiciales si se aplican. La función de los abogados como auxiliares de la justicia es una obligación de medios, no de resultados, por ello utilizamos todos los medios legales posibles, los resultados dependen del cumplimiento de las garantías judiciales y del debido proceso que son las obligaciones de los funcionarios del Estado y de los órganos de los sistemas supranacionales.
I]: Los unos: los procesos comunes y el trato a grupos woke.
Por el fallo N°. 596 la Corte IDH, estableció la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones cometidas en el proceso penal seguido contra los señores Arturo Jorge Podestá y Carlos Alberto López De Belva, por hechos relacionados con el ejercicio de sus labores profesionales como abogados, representantes de una tercera persona, en un juicio civil de daños y perjuicios que su cliente mantuvo contra la Municipalidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El texto completo del fallo puede bajarse desde la página WEB de la Corte IDH.
El caso fue iniciado ante la Comisión IDH en 1996 y recién fue elevado a la Corte IDH el 20/ene/2024, es decir que tuvo una demora de 23 años en llegar al órgano jurisdiccional del SIPDH.
Trascribimos los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que la Corte IDH consideró violados y los párrafos en los que estableció su jurisprudencia, resaltando las partes pertinentes:
1
Art. CADH: 8.1
Juez independiente e imparcial
§. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133.
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 1, en lo pertinente, establece: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, …
En el presente caso la Corte IDH trata sobre la obligación del Estado de garantizar la independencia de los jueces, fiscales y profesionales del derecho del Poder Judicial y de sus intereses individuales.
La imparcialidad implica ofrecer garantías subjetivas y objetivas de estar libre de prejuicios.
Independencia e imparcialidad resultan imprescindibles para la protección de los derechos de las personas partes en un proceso y quienes ejercen la abogacía.
(§. 126)… Así, a propósito de la independencia, la Corte ha destacado que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos en un sistema republicano es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función. (el resaltado es propio).
(§. 127) En cambio, la imparcialidad exige que los jueces que conocen un caso se aproximen a los hechos ofreciendo garantías subjetivas de estar libres de todo prejuicio y garantías objetivas que permitan desterrar toda duda respecto de la ausencia de imparcialidad. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los operadores judiciales de plantear teorías del caso que contemplen todas las hipótesis razonables que se desprendan de los hechos y la prueba disponible. (el resaltado es propio).
(§. 128). La imparcialidad personal o subjetiva se presume y puede controvertirse mediante prueba en contrario, dicha prueba podría ser alguna demostración de la parcialidad o los prejuicios que puedan tener los miembros del tribunal en contra de los litigantes. La imparcialidad objetiva, por su parte, implica determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o sospechas fundadas de parcialidad. Esto es relevante porque, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, un juez debe actuar sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a Derecho. (el resaltado es propio).
(§. 130). En este contexto, la Corte estima pertinente resaltar, como lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, que la independencia del poder judicial, de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de los fiscales y la integridad del sistema judicial constituyen requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la efectividad del Estado de Derecho. (el resaltado es propio).
(§. 133)... En tal sentido, la protección de los derechos de las personas que ejercen la abogacía no solo es esencial para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, sino también para asegurar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en el Estado democrático de Derecho. (el resaltado es propio).
Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, establecen como principios la independencia e imparcialidad de los magistrados.
2
Art. CADH: 8.1
Deber de motivación
§. 164, 165, 168, y 169.
El artículo 8 Garantías Judicialesde la CADH, inciso 1, en lo pertinente, establece: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
En el caso bajo análisis la Corte IDH reitera el deber de motivar las decisiones jurídicas o administrativas acompañando la fundamentación en hechos y derecho.
(§. 164). A propósito del deber de motivación de las decisiones judiciales, la Corte ha señalado de forma reiterada que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y que “implica una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a tomar una decisión”. El deber de motivar las decisiones es una garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, las decisiones que adopten los órganos internos de los Estados que puedan afectar derechos humanos deben de estar motivadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias. (el resaltado es propio).
(§. 165). Asimismo, la Corte ha señalado que la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. (el resaltado es propio).
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, establece el requisito de motivación en su Capítulo III. Si bien la Comisión IDH no es un órgano jurisdiccional, no deberá apartarse de un requisito de seguridad jurídica, ya que en definitiva su accionar afecta la garantía de protección a los derechos humanos, que es su función, y que claramente no ejerce para todos los humanos sino para algunos. Sus rechazos in limine son solo encubrimientos silenciosos, sistemáticos y reiterados a las graves violaciones denunciadas respecto de los denominados procesos por lesa humanidad. Una manifiesta violación al ius cogens, el derecho imperativo.
3
Art. CADH: 8.2. f
Interrogatorio a testigos
§. 195 y 197
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 2 ítem f), establece: 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; …
(§. 195). La Corte ha señalado que el inciso f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que, entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. (el resaltado es propio).
(§. 197)... El Tribunal considera que, aunque el efecto de la postura asumida por el juez en tal decisión no pueda ser determinado con precisión, el órgano judicial vulneró el derecho de las presuntas víctimas a interrogar al testigo previsto por el artículo 8.2.f de la Convención Americana.
Obviamente, además del derecho a interrogar a testigos debe considerarse que a estos no les quepan las generales de la ley (tener algún interés personal, relación de parentesco, amistad, enemistad, o dependencia laboral con alguna de las partes), ni haber sido entrenados para sus deposiciones, como tampoco es lícito guiar o condicionar sus respuestas, ni tampoco aplicar un sesgo ideológico a las declaraciones.
4
Art. CADH: 9
Principios de legalidad y de irretroactividad
§. 242
El artículo 9 Principio de Legalidad y de Retroactividad de la CADH establece: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ella.
En el presente caso la Corte IDH marca que la ley punitiva sea previa y conocida a la acción u omisión reprochable, así como las consecuencias de infringirla.
(§. 242). La Corte ha señalado que, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. (el resaltado es propio).
Desde los inicios a la protección de los derechos humanos, en 1948, este principio de la ley preexistente fue establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 11 y el la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) en su artículo XXVI.
Obviamente este principio debe ser obligatoriamente defendido por la Comisión IDH y la Corte IDH, los órganos de la CADH, ya que es ius cogens, el derecho imperativo.
5
Art. CADH: 24
Igualdad ante la ley
§. 222 y 223
El artículo 24 Igualdad ante la ley de la CADH establece: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
En el caso bajo examen la Corte IDH reitera la prohibición de discriminación, como garantía de cada derecho sustantivo, y en relación con la obligación a evitar una protección desigual de la ley interna o su aplicación.
(§. 222). Asimismo, la Corte ha señalado que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americanaen relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 del mismo instrumento. (el resaltado es propio).
Es el principio fundante de los derechos humanos, está establecido en todas las convenciones internacionales de derechos humanos, su negación implica discriminación lo que esta taxativamente prohibido. Es ius cogens, el derecho imperativo.
6
Art. CADH: 7.5
Plazo razonable
§. 150, 151, y 153
El artículo 7 Derecho a la Libertad Personal de la CADH, inciso 5, en lo pertinente, establece: 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…
En el caso que analizamos la Corte IDH vuelve a considerar que la demora en un proceso puede constituir una violación en sí misma.
Establece que el plazo razonable va a depender de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima en relación a cómo se dañaron, alteraron o modificaron los derechos, obligaciones o el estado legal de una persona que se sospecha sufrió una violación a sus derechos.
(§. 150). El Tribunal ha establecido que una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. (el resaltado es propio).
(§. 153). La Corte advierte, en primer lugar, que el tiempo transcurrido entre la interposición de cada uno de los mencionados recursos y su interposición no resulta prima facie excesiva. Por lo cual, la evaluación de la razonabilidad del plazo respecto de cada uno dependerá, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima. (el resaltado es propio).
El criterio del plazo razonable fue iniciado en el fallo Nº. 35 de 1997 en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.
(§. 72). Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993, Series A No. 262, párr. 30).
Como puede verse, por el tiempo que se tomó la Comisión IDH en elevar el caso a la Corte IDH, de 23 años, el respeto del plazo razonable no caracteriza al órgano del sistema. En este caso, como en muchos otros, los peticionantes fallecen antes de una resolución y la acción debe ser continuada por sus causahabientes si los hubiere.
7
Art. CADH: 7.5
Prisión preventiva
§. 143 y 146
El artículo 7 Derecho a la Libertad Personal de la CADH, inciso 5, en lo pertinente, establece: 5. Toda persona detenida o retenida… Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
En el caso bajo análisis la Corte IDH sostiene que para someter a una persona a prisión preventiva debe haber un hecho ilícito, indicios suficientes, haber podido participar, en relación con legitimidad en la finalidad, idoneidad, proporcionalidad y necesidad de asegurar que el acusado no impida la investigación ni eluda la acción de la justicia, motivando la decisión.
(§. 143). La Corte recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito. Este Tribunal ha reconocido que, en el derecho interno de varios países de la región, así como en la práctica de tribunales internacionales, se trata de un presupuesto fundamental que debe estar presente cada vez que se imponen restricciones a la libertad de la persona imputada en el marco de un proceso penal. A ese presupuesto de base, se suman los demás requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, así como la necesidad de motivación de la decisión judicial que dispone la restricción a la libertad. (el resaltado es propio).
(§. 146). La Corte recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, la imparcialidad personal o subjetiva se presume y puede controvertirse mediante prueba en contrario, dirigida a demostrar la parcialidad o los prejuicios que pueda tener el juez. ...
Postura establecida por la Corte IDH en el fallo Nº. 152 de 2006:
(§. 90). Asimismo, la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos por la Convención. (el resaltado es propio).
El criterio es claro, el mantenimiento de la prisión preventiva no debe ser un castigo anticipado a la eventual condena, por lo cual mantenerlo debe estar fundado.
8
Art. CADH: 25.1
Recurso efectivo
§. 220, 221
El artículo 25 Protección Judicial de la CADH, inciso 1, establece: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
En el caso estudiado la Corte IDH reitera la garantía de un recurso judicial sencillo, rápido, ante juez o tribunal competente y efectivo e idóneo contra actos violatorios de los derechos fundamentales, que no sea una mera formalidad y se desarrolle según los estándares de la CADH.
(§. 220). Este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido, ante juez o tribunal competente y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. En cuanto a la efectividad del recurso, la Corte ha establecido que para que tal recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. (el resaltado es propio).
(§. 221). Esto implica que el recurso judicial debe ser idóneo para combatir la violación, por lo que la autoridad competente debe examinar las razones invocadas por el demandante y pronunciarse en torno a ellas. En ese sentido, este Tribunal ha establecido que el análisis por parte de la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad y omitir argumentos de las partes, ya que debe examinar sus razones y manifestarse sobre ellas conforme a los parámetros establecidos por la Convención Americana. (el resaltado es propio).
9
Art. CADH: 8.4
Ne bis in idem
§. 205 y 206
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 4, establece: 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
En el caso en estudio la Corte IDH distingue entre lo previsto por la CADH de que al inculpado absuelto no se lo someta a nuevo juicio por los mismos hechos, de lo previsto por otros instrumentos internacionales que refieren a no ser enjuiciado por el mismo delito.
(§. 205). El principio de ne bis in idem está contemplado en el artículo 8.4 de la Convención Americana en los siguientes términos: “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. Dicho principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la Convención Americana utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es un término más amplio en beneficio del inculpado o procesado. (el resaltado es propio).
El ne bis in idem es otro principio básico de la protección que brinda el derecho penal y también es ius cogens, el derecho imperativo.
2]: Los otros: los procesados por lesa humanidad.
En el título mantenemos los mismos ítems que en el punto 1], pero en este caso relacionando el fallo N°. 596 de la Corte IDH con la presentación que efectuamos ante la Comisión IDH registrada como P-1892/16, rechazada in limine el 18/sep/2026, y respecto a la cual denunciamos varias discrepancias el 20/sep/2026, cuya nota de recepción por correo electrónico, obra transcripta al final del presente artículo. Las posibilidades de tratamiento por parte de la Comisión IDH, son remotas, parece que la costumbre de esconder bajo la alfombra los temas vinculados a las violaciones a las garantías judiciales en los juicios denominados de lesa humanidad es sistemática y reiterada, no obstante que el ius cogens deben ser también respetado por los órganos del SIPDH. Es más, son los encargados de que se cumpla.
1
Art. CADH: 8.1
Juez independiente e imparcial
Como hemos sostenido en anteriores artículos («La madre del borrego» y «Dura lex») la aplicación de las garantías de imparcialidad e independencia judicial sondistinguidas desde hace más de un siglo. En modo especial los requisitos básicos del debido proceso y las garantías judiciales, está establecidos en nuestra Constitución desde su redacción original de 1853 en su artículo 18 y nunca fue modificado, además desde 1984 en que Argentina adhirió a la CADH lo establece en su artículo 8.
No obstante que esta garantía es taxativa y no posibilita modificaciones, ni interpretaciones contrarias, ni excepciones, desde la reanudación de la democracia en diciembre de 1983, esta garantía ha sido reiterada y sistemáticamente vulnerada por los gobiernos democráticos.
En 1985, para el inicio del «Juicio a las Juntas Militares», el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, nombró jueces, cumpliendo los requisitos legales de la CN. Luego los incorporó para integrar el tribunal especial para este único proceso, ya que más tarde se disolvió. Estos magistrados no tenían tal condición a la fecha de los actos que debían juzgar, por lo tanto, debieron excusarse, o en su caso si las defensas los hubieran recusado haber sido excluidos del proceso, para que el nombramiento haya sido cumpliendo las pautas constitucionales, por lo tanto, la participación de estos nuevos magistrados, en procesos por hechos anteriores a su asunción era violatoria de la CN.
No obstante, la violación en el ejercicio de la judicatura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) integrada por Ministros designados por el mismo gobierno, avaló los procesos y las condenas. Una clara cadena de violaciones al artículo 18 de la CN, con numerosos responsables a los que nada les sucedió, es decir no solo se permitió violar la CN, sino que además se pudo hacer en forma impune. ¿Quién puede sostener que se respetaron las garantías judiciales y el debido proceso? Y eso que Alfonsín fue considerado por sus seguidores como «el padre de la democracia», aunque claramente no de la república y la división de poderes.
Este fue el nefasto precedente de la conducta de fusionar los intereses políticos y partidarios con la adhesión del Poder Judicial. A continuación, en la presidencia de Carlos Saúl Menem, se amplió el número de miembros de la CSJN a efectos de que el programa de privatizaciones contara con apoyo judicial, aplicando lo que se denominó «mayoría automática», y que fue también conocida como la «la corte de los milagros», promoviendo acciones como, Horacio Verbitsky dixit, el «recurso de arrancatoria».
Pero fue el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, quien llevó la situación de connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al extremo. Primero promovió el cambio total de la integración de la CSJN (solo no lo logró con el ministro Carlos Santiago Fayt), mediante amenazas como las que denunció el ex ministro Adolfo Roberto Vázquez, o renuncias, y sanciones, como las de Eduardo José Antonio Moliné O’ Connor y Antonio Boggiano, que a la fecha tramitan ante la Corte IDH por violación a las garantías judiciales. En su reemplazo, designó Ministros para una nueva integración y estableció que su actuación debía alinearse con el enfoque de derechos humanos, que apoyaran los intereses de su gobierno, como una política de Estado. Grave afrenta a la independencia judicial que además afectó la imparcialidad en los procesos que inició como presuntas violaciones de lesa humanidad.
Recientemente la Comisión IDH, resolvió elevar a la Corte IDH el caso N°. 13.118, del citado ex ministro de la CSJN Antonio Boggiano vs Argentina, en el cual en el último párrafo del apartado de la solicitud expresó: Además de la necesidad de obtener justicia y reparación integral, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. El mismo permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia sobre los estándares relativos a la independencia judicial, … (el resaltado es propio).
Un claro reconocimiento por parte de la Comisión IDH respecto de las dudas que existen, no solo en Argentina, sino también a nivel regional sobre la independencia de los magistrados y consecuentemente de las garantías judiciales y el debido proceso, que es lo que nuestra parte ha venido denunciando desde 2016 en los procesos de lesa humanidad, sobre los cuales la Comisión IDH guarda un estruendoso silencio.
Además, es necesario incorporar la actuación de la asociación denominada «justicia legítima» de jueces y fiscales, congregados en defensa de la ideología de la hermandad del Foro de São Paulo. Esto mal favor le hace a la confiabilidad del aparato de justicia. De política de Estado a intervención en la justicia, casi no hay diferencia.
Y como cereza del postre, la creación por parte de la CSJN desde inicio del kirchnerismo de la «doctrina del leal acatamiento» que hacia obligatoria para los magistrados inferiores en la jerarquía jurisdiccional el criterio establecido por dicho tribunal. En definitiva, la versión judicial de la «obediencia debida», aplicada no a un sistema como el militar regido por la subordinación, sino al judicial tutelado por la independencia, además bajo un gobierno democrático y en una época en la que no existía conflicto armado, como cuando los militares y las fuerzas de seguridad debieron enfrentar al terrorismo pro soviético que pretendía tomar el poder por las armas, lo que hacía al mandato judicial más inadmisible si esto fuera posible.
¿Puede quedar la más mínima duda que los jueces no son, ni independientes ni imparciales? Está plenamente probado que, al aceptar actuar en procesos sobre hechos presuntamente cometidos antes de su designación como magistrados, nunca podrían asegurarlo por hacerlo en violación a una norma constitucional y convencional; lo mismo ocurre con los fiscales y otros integrantes de la estructura jurídica.
La Comisión IDH, pretende negar los hechos, las pruebas y el derecho, por ello utiliza el recurso del rechazo in limine, ya que no puede motivar ni fundar el rechazo con medios legales y reglamentarios, en consecuencia, prefiere violar la CADH y su propio Reglamento, y ejecutar esta pretensión la hace participe en la violación a su obligación de defensa de los derechos humanos.
El rechazo in limine equivale a silencio cómplice, y es manifiestoque el silencio, no es salud, sobre todo para los procesados en los denominados delitos de lesa humanidad entre los cuales hay ya 1.000 fallecidos, la mayoría de ellos sin condena firme, es decir inocentes y muchos ancianos sometidos a formas de encarcelamiento no acorde con su edad.
2
Art. CADH: 8.1
Deber de motivación
Es evidente que la Comisión IDH, en nuestras peticiones, nunca podría haber motivado y fundado que existían la independencia y la imparcialidad dentro del sistema judicial y, por lo tanto, para nuestras reiteradas presentaciones (peticiones y solicitudes de medidas cautelares) carecía de fundamento para denegar su tratamiento. Obviamente optó por lo más cómodo, aunque antijurídico, rechazar in limine. En forma pertinaz niega la realidad y desestima la prueba, y necesariamente viola a la CADH y demás normativa convencional que integra el SIPDH.
¿Ante quien reclamar las violaciones al ius cogens? La Comisión IDH no debe avalar procesos manifiestamente antijurídicos, pero lo hace porque puede. La pregunta es ¿porque se lo permiten los Estados partes del Sistema?, y terminan siendo partícipe de las violaciones a las garantías judiciales y también de sus consecuencias.
Siendo la Comisión IDH quien habilita a que los particulares tengan acceso a la Corte IDH, es evidente que consu accionar sin motivación ni fundamentación obstruye el acceso a la jurisdicción. Existe una grave violación por parte de la misma del derecho a las garantías judiciales y el debido proceso, en este caso a nivel supranacional.
En derecho interno, el fallo de la CSJN en la causa FTU 400662/2007 /TO1/14/2/RH24. En relación al “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Sanguinetti, Esteban y otro s/ incidente de recurso extraordinario”. El voto en disidencia del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, expuso: 8°) Que, en definitiva, en atención a las falencias del recurso extraordinario antes descriptas, corresponde declarar su inadmisibilidad en tanto el apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma que requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario.
Si algo no está claramente motivado, mal puede fundamentarse, de allí que la posibilidad de arbitrariedad sea casi una necesidad, consecuentemente se restringe la capacidad de defensa y se afectan las garantías judiciales y el debido proceso.
Quienes lean este artículo y no sean abogados, o no tengan algún conocimiento del derecho, consideren que cuando ingresa cualquier tipo de presentación relativa a peticiones sobre derecho, es necesario que sean primeramente leídas, lo contrario, es decir rechazar sin leer sería aberrante, por lo cual la Comisión IDH conoció los hechos denunciados, las pruebas presentadas (todas indubitables), y el marco normativo y jurisprudencial que avalaba la presentación (también incluidas en los escritos), es decir que el rechazo in limine es groseramente un prejuzgamiento, realizado en forma sistemática y reiterada. La protección internacional de los derechos humanos ha desaparecido, de facto, en los casos de los procesos denominados de lesa humanidad.
3
Art. CADH: 8.2. f
Interrogatorio a testigos
En los denominados procesos de lesa humanidad, la «repregunta a los testigos de cargo» fue severamente restringida a las defensas, por los jueces, bajo la excusa de evitar la re-victimización de esos testigos. El dar testimonio es una obligación legal, no restringible por presunta o auto percibida «re-victimización».
Testigo es alguien que ha tenido conocimiento de un hecho, aunque en algunos casos, y en estos procesos se da, se posibilita aludir al relato de alguien que si (aparentemente) lo ha presenciado, es decir testigo de un testigo, o popularmente hablar por boca de ganso. Algo como lo que Joan Manuel Serrat dijo en una de sus canciones “Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día…”.
Pero la situación respecto de la prueba testimonial, que es el casi exclusivo sustento probatorio en los procesos denominados de lesa humanidad, es mucho más grave que la limitación o impedimento de repregunta por parte de las defensas, y al testigo de oídas, encontrando:
[1]: Inaplicabilidad de las «generales de la ley». Esto es cuando previo a deponer al testigo se le pregunta si tiene algún interés personal, relación de parentesco, amistad, enemistad o dependencia laboral con alguna de las partes que pueda afectar su imparcialidad.
En estos procesos los testigos generalmente revisten algunas de estas condiciones o casi todas, a las que debe agregarse un sesgo ideológico y en muchos casos un interés vindicatorio con pretensiones reparatorias, en consecuencia, necesariamente deberían ser tachados.
[2]: El «testigo víctima». En muchos casos, quien presta testimonio alega haber sido víctima de los hechos que relata, es decir puede actuar como querellante, pero su testimonio tiene un sesgo subjetivo y probablemente confirmatorio, también es tachable. La introducción de este tipo de testigos, es sostenido por los órganos de los sistemas supranacionales de presunta defensa a los derechos humanos, aunque esto no hace a la prueba creíble, y por ende afecta la necesaria seguridad jurídica.
[3]: El «entrenamiento de testigos y querellantes»: Por Resolución SDH N°. 003/07 del 19/ene/2007, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aprobó el «Plan Nacional de acompañamiento y asistencia integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado».
Este Plan incluyó una estructura estatal de profesionales y adherentes a las organizaciones de derechos humanos, que no solo apoyó a los testigos con anterioridad a su actuación, con clara interferencia en la estructura emocional del deponente, es más, se los acompaño en la rendición de la prueba, apoyo inadmisible en otro tipo de procesos, y luego de su actuación como testigos.
Si a esto se le suma, que entre la rendición de la prueba y los hechos o las referencias sobre las que se testimonia, en un principio habían transcurrido al inicio de los procesos más de 20 años, muchos más en sus continuaciones ya que aún se están llevando a cabo procesos por hechos que habrían ocurrido hace 50 años, el nexo entre la realidad y el recuerdo se deteriora. El sesgo confirmatorio, más aún si es incentivado por profesionales, adquiere preminencia.
La Comisión IDH al rechazar in limine las presentaciones efectuadas desde 2016, resulta partícipe de la denegación de las garantías judiciales, ya que el criterio de interferencia en la prueba testimonial implica la nulidad de los juicios sustentados sobre esta, y está reconocido en el derecho convencional.
Como ejemplo, lo manifestado en el Tribunal Penal Internacional por su presidente Bertram Schmitt, en el juicio contra el corrupto político congolés Jean-Pierre Bemba quien expresó: “ningún sistema legal” puede aceptar la manipulación o el direccionamiento de los testigos mediante cualquier inducción o presión destinada a que sus testimonios dejen de lado la verdad.Prohibición que, por lo demás, ha sido reconocida por los tribunales penales internacionales especiales, como son los de la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leone.
In extenso ver la publicación del diario La Nación del 27/oct/2016, «La manipulación de testigos en causas de lesa humanidad», por Emilio Cárdenas.
No existe la posibilidad de sostener la validez legal de un proceso cuando los hechos que dan origen a la causa son adulterados, ya que implicaría reconocer como legítimo violar la ley y las garantías al debido proceso, por lo tanto, un grave acto de corrupción que, en el caso argentino, es de mayor gravedad ya que lo realiza un órgano del Estado, nada menos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El juzgamiento por presuntos delitos de lesa humanidad (no son tales hasta la sentencia definitiva) no puede basarse en violar derechos de los procesados (hasta la sentencia definitiva son inocentes), ya que los transforma en victimas de graves violaciones a los derechos humanos, una contradicción insostenible, no solo desde el derecho sino desde la más elemental lógica. «Defender derechos humanos violando derechos humanos» suena a disparate, más aún cuando se ejecuta.
[4]: Pero las pruebas testimoniales en los procesos de lesa humanidad, deparan otros absurdos, como lo son los «testigos soñantes», algo difícil de imaginar como posible y mucho más si se los pretende justificar desde lo jurídico.
Pero esto existe, y además de ser aceptado por el sistema judicial, es reivindicado y merituado, es más se hace apología de ello en un libro y en una publicación periodística.
En su edición del 30/dic/2024, el diario Página 12, por Oscar Ranzani, publicó
La psicoanalista Fabiana Rousseaux indagó sobre el inconsciente y las pruebas judiciales de los crímenes del terrorismo de Estado.
Autora del libro “Sueños y testimonios. Inconsciente y discurso jurídico”, Rousseaux expone tres casos emblemáticos de personas cuyos sueños entraron en el dispositivo judicial. La especialista torció el efecto dominante del campo jurídico que suele tener en cuenta solamente al sujeto del Derecho. “La responsabilidad es lo primero que se anula en los dispositivos totalitarios”, señala. (el resaltado es nuestro)
Una psicoanalista reivindica afectar el proceso judicial, validando y haciendo validar por los magistrados una declaración, no basada en la realidad sino en un sueño (incomprobable) del presunto o fabricado testigo.
… en su nuevo libro Sueños y testimonios. Inconsciente y discurso jurídico (Ediciones La Cebra), donde aborda tres sueños que entraron en el dispositivo testimonial del derecho penal.
Un verdadero exceso, aun para los abolicionistas del derecho penal, para los amigos.
No se especifica en el artículo periodístico quienes fueron los tres testigos y en que juicios sus sueños fueron validados como testimonial, ni tampoco que jueces lo hicieron. Es imprescindible que se haga público, en aras de la seguridad jurídica.
La citada profesional integró el colectivo establecido en el Plan regulado por la Resolución SDH N°. 003/07.
Respecto del nombrado «Plan» y en uso de la facultad que nos otorga la Ley Nº. 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina, iniciamos en febrero del corriente año, una actuación ante el Ministerio de Justicia ingresada como expediente N°. EX-2026-16253989-APN-DGDYD#MJ. En la misma solicitamos información sobre la constitución del Plan, sus integrantes, quienes lo dirigían, como se los seleccionó, donde funcionaban sus sedes, cuánto costó el mantenimiento del mismo (honorarios, viáticos, traslados, etc.) como fueron financiados y en que procesos participaron los testigos. No obtuvimos una respuesta seria, solo dilaciones e información de que carecían de los datos. La organización establecida por una Resolución de la Secretaría de Derechos Humanos, se trasformó en casi clandestina y sus integrantes impunes.
[5]: Por Decreto del Poder Ejecutivo N°. 1020/2006 se facultó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para el dictado de las resoluciones necesarias a fin de autorizar a profesionales que actúen, como servicio de asistencia al Cuerpo de Abogados del Estado, para intervenir como parte querellante en las causas en las que se investiguen delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983.
Al respecto y en uso de los derechos que confiere la Ley N°. 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina, iniciamos en feb/2026 el expediente EX–2026–16262094–APN–DGDYD#MJ solicitando información sobre la cantidad de querellantes designados, el criterio de selección, procesos en los que participaron etc. Todo ello sin respuesta precisa.
¿La ignorancia es un privilegio de la administración pública?
Resulta evidente que, si la prueba está afectada respecto de su credibilidad y sostenida por querellantes contratados por el Estado, no obstante, el silencio del Ministerio Público Fiscal, los juicios deberían considerarse nulos. ¿El derecho a la ignorancia judicial existe? Al menos desde el reingreso a la democracia el artículo 18 de la CN ha sido reiterado y sistemáticamente desconocido y obviamente desobedecido cuando a los intereses políticos les conviene. Ya hemos demostrado en nuestro artículo «No puede no saber», publicado en Prisionero en Argentina el 28/oct/2026 que la ignorancia si existe en sede administrativa, aunque claramente es ilegal.
En el SIPDH, esta facultad de ser o hacerse el ignorante también se practica. Al rechazar in limine las presentaciones realizadas respecto de las graves violaciones perpetradas en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad, existen dos opciones, ambas jurídicamente aberrantes: o bien la Comisión IDH rechaza sin leer y así no considera los hechos, las pruebas y la normativa indicada, es decir un grosero prejuzgamiento; o lee las presentaciones, es decir tiene pleno conocimiento, y la imposibilidad de rechazarlas por la falta de poder sostener una motivación y fundamentación ajustada al derecho convencional sobre derechos humanos, en cuyo caso, encubre a los perpetradores de las acciones antijurídicas y termina siendo cómplice de tales violaciones. La seguridad jurídica y el debido proceso son arrasado por un organismo creado para protegerlos. Además, niega el acceso al órgano jurisdiccional del sistema, es decir a la Corte IDH, la cual tampoco es una garantía de imparcialidad e independencia.
4
Art. CADH: 9
Principios de legalidad y de irretroactividad
Hemos demostrado ut supra que los principios de legalidad y de irretroactividad son unos de los pilares que fundamentan el derecho penal, y obviamente así ha sido reconocido en forma unánime por la normativa convencional. La realidad demuestra que en la práctica estos principios son violados en forma sistemática y reiterada como ocurre en los denominados procesos por lesa humanidad, algo que la citada normativa no habilita. Si los derechos humanos son para todos sin ninguna distinción no se debe, aduciendo la defensa de los derechos humanos, violarlos por más argumentaciones doctrinarias y políticas que intenten argüirse. Taxativamente esto ha sido establecido entre otros instrumentos convencionales, a los que la Argentina ha adherido, por la DUDH y la DADDH, cuyos textos no permiten excepciones. Este principio, respecto a los crímenes de lesa humanidad, es sostenido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Observamos:
[1]: Los hechos por los que se establecieron los procesos de lesa humanidad acaecieron entre el 24 /mar/1976 y el 10/dic/1983. Por lo cual la tipificación de los delitos que se pretenden no estaba incluida en el Código Penal, que tampoco acepta la analogía. Además, hasta la CN de 1994 los convenios internacionales no estaban incluidos.
Por otra parte, en estos procesos, fueron excluidas acciones similares realizadas durante el gobierno constitucional de Perón/Perón. Clara discriminación entre unos y otros.
En consecuencia, la aplicación de normativa penal posterior a los hechos es violatoria de la garantía de irretroactividad y genera la nulidad del proceso.
[2]: Durante un gobierno democrático se establecieron, cumpliendo las pautas legales y constitucionales, las leyes de «Punto final» y de «Obediencia debida», las que luego fueron derogadas, lo que es legalmente factible, pero tal derogación implicó al establecerse los juicios denominados de lesa humanidad una aplicación retroactiva de supresión de los derechos acordados por las normas originarias.
[3]: Principio de ley más benigna. En consonancia con la Comisión IDH, se sancionó y promulgó la denominada ley del «dos por uno», que establecía que, si un proceso se extendía más de dos años, los tiempos en las prisiones preventivas se contabilizaban en doble. No obstante que dicha ley había sido derogada, se le debía respetar, por aplicación del principio de ley más benigna, reconocida legal y convencionalmente, a los que hubieran estado sujetos a proceso durante la vigencia de la ley y bajo el amparo de ella. Esto fue reconocido en fallo mayoritario por la CSJN en el caso «Muiña». Pero la presión de grupos identitarios, amparados por las organizaciones de derechos, hicieron que durante el gobierno del presidente Macri y sus cámaras legislativas establecieran una ley, que bajo la excusa de «interpretar» la derogada ley del «dos por uno» procedieron a modificarla, agregando un párrafo a su redacción, y para colmo le otorgaron efecto retroactivo, lo que fue convalidad por la CSJN. Otra vez una violación al principio de irretroactividad de la ley con el agregado de arrasar con el de la ley más benigna. Un claro ejemplo de que los tres poderes del Estado aplicaron una norma a los procesados por delitos de lesa humanidad, cuando ninguno pudo ignorar los principios de legalidad e irretroactividad. No obstante que la Comisión IDH conocía estos hechos, al menos por nuestras reiteradas peticiones, su silencio vía rechazo in limine también convalidó la violación a estos principios convencionales que está obligada a defender y proteger. A ella también es aplicable el ius cogens, el derecho que no debe ignorar.
Si las normas convencionales desde 1948 se establecieron para evitar abusos del poder de los Estados bajo una protección supra estatal, en estos casos, son sistemática y reiteradamente vulneradas, y con total impunidad, no obstante que las pruebas de tales violaciones son incuestionables y la claridad de las normas convencionales son incontrovertibles.
[4]: Uno de los derechos y prerrogativas que en la Argentina tienen los presidentes constitucionales es, el de otorgar indultos, y en base a ello el entonces presidente Menem, los otorgó en un intento de una necesaria pacificación, no solo a miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y algunos civiles vinculados a la lucha contra el terrorismo armado, sino que lo hizo también en favor de los terroristas y sus allegados. Esta decisión de la facultad presidencial, fue modificada por acciones legislativas y judiciales posteriores, que cercenaron ese derecho. Además, al no aplicarse a los procesados por terrorismo, la infracción agregó una nueva falta, la de no respetar la igualdad ante la ley. El SIPDH con su silencio o con algunas declaraciones convalidó estas acciones y, por lo tanto, quedó implicado en una violación a la garantía convencional a la que esta constreñido a defender. Esto significa, que el fundamento de la protección de los derechos humanos establecidos, en su inicio por la DUDH y la DADDH, no se aplica para defender a los ciudadanos de abusos del poder, sino que se dedica a fomentar estos abusos: una contradicción flagrante.
5
Art. CADH: 24
Igualdad ante la ley
Ninguna de las convenciones que protegen la defensa de los derechos humanos, establece la más mínima limitación a los principios de igualdad ante la ley, que incluye la prohibición de discriminar, ya que este elemento fue el fundante de la normativa protectoria que es «ius cogens» tanto para los Estados miembro como para los órganos que los sistemas internacionales han establecido para su aplicación.
En los procesos por delitos comunes, los jueces han sido designados con anterioridad a los hechos de los procesos; los implicados deben ser juzgados por leyes anteriores a la comisión de los hechos; se presume la inocencia de los procesados; los testigos deben cumplir con las generales de la ley, no pueden sustraerse al interrogatorio de las defensas, ni son asesorados por el Estado; tienen el beneficio de la ley más benigna; los abogados querellantes deben ser solventados por esa parte; los defensores oficiales pueden iniciar peticiones ante órganos supra nacionales.
Como lo antes dicho no acontece en los denominados procesos por delitos de lesa humanidad, y los procesados son tan humanos como los que lo son por delitos comunes, la desigualdad ante la ley es manifiesta, y consecuentemente hay discriminación, lo cual necesariamente implica la violación del «ius cogens» en estos procesos, los que los convertiría en nulos.
¿Es tan difícil reconocer lo evidente? Dijo el escritor inglés George Orwell «A la mayoría de la gente no le gusta pensar. Si uno piensa debe llegar a conclusiones. Las conclusiones no siempre son agradables». Lo grave es que, en los procesos denominados de lesa humanidad, esto no lo hace «la mayoría de la gente» sino «magistrados, funcionarios de los tres poderes del Estado» que, bajo un sesgo confirmatorio inaceptable, se ven influidos por un sesgo ideológico que es contrario a la seguridad jurídica y al debido proceso. Desde las aprobaciones de la DUDH y la DADDHen 1948 han transcurrido 78 años, y su fundamento de «la igualdad ante la ley» parece un principio vulnerable que ha muerto de vejez y abandono.
Para la estructura jurídica nacional es aceptable y reivindicable la disonancia cognitiva. La incoherencia, la inconsistencia y la contradicción son aceptables en las resoluciones judiciales y en las normas. La subversión semántica un avance.
6
Art. CADH: 7.5
Plazo razonable
Se considera y con razón que el retardo de justicia equivale a denegación de justicia. La Corte IDH establece comoplazo razonable en la duración de un procesono más de 4 años desde la iniciación del proceso hasta que obtenga sentencia firme. Obviamente el otro órgano del sistema, es decir la Comisión IDH, no respeta esta resolución jurisprudencial, ya que como puede observarse en el fallo que da origen a este artículo, se tomó 23 años en elevarla a la Corte IDH, lo que hizo que el proceso tuviera sentencia por el SIDH luego de 25 años. A esto hay que sumarle todo el tiempo transcurrido en el tramite interno. El plazo es claramente irrazonable, existen numerosos casos en los cuales los informes sobre el fondo de la Comisión IDH o la resolución de la Corte IDH debe ser continuada por los causahabientes.
Cabe considerar que más allá del tiempo de duración del proceso, las condiciones de quienes los soportan, ya sean querellantes o imputados, implica una afectación emocional, por sostener un proceso.
En los casos de los procesos denominados de lesa humanidad, como los hechos que dieron origen a los mismos acaecieron entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, es decir hace entre 50 y 43 años, los implicados en su mayoría son adultos mayores; en el caso de los imputados todos superan los 70 años, hay quienes superan los 90 y cientos murieron sin condena. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores la Argentina le otorgó jerarquía constitucional por Ley N°. 27.700 en 2022. Esa Convención establece que la categoría de persona mayor se cumple entre los 60 o como máximo 65 años, a la fecha esto no ha sido establecido por una ley por lo cual corresponde considerar el mínimo.
Además de lo establecido por dicha Convención, y a efectos de aclarar su aplicación, la Comisión IDH, solicitó a la Corte IDH que emita una Opinión Consultiva, sobre personas encarceladas, la que fue pronunciada como O.C. N°. 29/22 la cual en la disposición sobre personas mayores las considero vulnerables y consecuentemente beneficiarios de ciertas acciones de protección, entre ellas cuidados sanitarios, alojamientos apropiados, cumplimiento de detenciones domiciliarias.
Es obvio, que agregar normas convencionales de jerarquía constitucional, de nada sirven si no se aplican o se lo hace en forma arbitraria o discriminatoria.
7
Art. CADH: 7.5
Prisión preventiva
Como ya expusimos, los excesivos tiempos en los cuales procesados se encontraban en prisión preventiva, llevó a que en cumplimiento de un acuerdo con la Comisión IDH, se dictara la Ley N°. 24.390 en 1994 estableciendo que, trascurridos dos años, el tiempo restante en prisión se computaría el doble a hacerse efectivo con la condena. La ley fue derogada en 2001 por Ley N°. 25.430 en 2001.
En 2017, a raíz del caso «Muiña» la CSJN aplicó la condición del «dos por uno», lo que provocó una reacción en contrario de los grupos identitarios que seconvocan detrás de la defensa de los derechos humanos, claro, establecidos según su criterio, presionaron al Congreso y al Poder Ejecutivo para la promulgación de la Ley N°. 27.362, que bajo una presunta interpretación de la Ley N°. 24.390, le agregó, en una particular forma interpretativa, una frase excluyendo del beneficio a los procesos de lesa humanidad. Esta norma que aplicó una reforma a una ley derogada y para colmo de la falta de respecto a las garantías constitucionales y convencionales se le otorgó efecto retroactivo, violando también la garantía de ley más benigna. Lamentablemente la CSJN convalidó esta modificación en el caso «Batalla» en 2018.
Considerando el tiempo en que muchos de los imputados se encuentran en prisión preventiva, es decir sin condena firme y, por lo tanto, presumidos inocentes, alguno de ellos con más de 90 años de edad, se ha configurado un absurdo, de dicha forma de restricción a la libertad. A esto hay que sumarle, la falta de condiciones edilicias de las cárceles para la detención de personas mayores; las inadecuadas e insuficientes condiciones de atención médica, sobre todo en el caso de urgencias, que son factibles y probables en personas de avanzada edad y con muchos años de reclusión; la existencia del instructivo emitido ya hace años por el Ministerio de Justicia denominado «impunidad gerontológica» que promueve la aplicación restrictiva en la evaluación y la satisfacción de demandas de salud a los detenidos, presuponiendo o prejuzgando que dichas solicitudes suelen ser engañosas donde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial avalan la aplicación de esta ilegítima legislación.
Nuevamente, los procesados por delitos de lesa humanidad son discriminados, ya que se les niega el principio de igualdad ante la ley, y en el caso, los magistrados incurren en una violación a la garantía establecida en el artículo 18 in fine de la CN. Además, el accionar es convalidado por la Comisión IDH configurado por los rechazos in limine de peticiones sostenida por hechos lesivos a los derechos humanos plenamente probados y sobre los que hemos informado hace más de 10 años.
8
Art. CADH: 25.1
Recurso efectivo
El Estado está obligado a garantizar un recurso efectivo y no la mera previsión o admisión del recurso legal, sino que, por lo previsto en el SIDH, agrega el que sea idóneo, esto es que permita establecer si hubo una violación a derechos humanos y en su caso los responsables y el modo de reparación.
El proceso en el que se instaure el recurso debe contar con las garantías judiciales que no se dan como hemos expuesto en detalle ut supra.
En especial en cuanto a la obligación de contar con juez o autoridad competente, a no ser mera formalidad, u omitir argumentos de las partes, que en los procesos por delitos de lesa humanidad es una falla innata, que los afecta de nulidad.
Interponer recursos, medidas cautelares, acceder a instancias superiores en los procesos que tratamos se ha tornado un peregrinaje inoficioso, además de injusto y de constituir tortura. Una de las excepciones para, sin realizar todo el proceso en sede interna, poder acceder al SIPDH que como venimos exponiendo ejecuta un negacionismo pertinaz.
Para los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad la que fue Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de la Resolución DGN N°. 515/07 decidió y adoptó la instrucción institucional de no elevar planteos y así restringe a los defensores oficiales la posibilidad de instaurar peticiones o solicitudes ante los órganos internacionales de protección a los derechos humanos. Otro claro acto de discriminación y consecuente violación a la garantía de igualdad ante la ley.
3]: Conclusiones:
[1]: El artículo 1.1, de la CADH, establece: Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación …
Es necesario que, si la obligación pesa sobre los Estados, también lo hace respecto de los órganos de la propia CADH. Sería absurdo, aunque lamentablemente no imposible, que quien este encargado de la protección regional de los derechos humanos en dichos Estados no esté obligado a hacerlo. Por lo tanto, la Comisión IDH no puede rechazar in limine, denuncias sobre hechos claramente violatorios de la norma y que además cuentan con prueba irrefutable.
Es más, en algunos casos, como en lo relativo a la difusión y apoyo al aborto, presiona a los Estados a legislar y consumarlo aun cuando el artículo 4 de la CADH protege el derecho a la vida desde la concepción. Manifiesta inconsistencia.
[2]: El artículo 2 de la CADH impone: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Si el Estado debe legislar para proteger derechos humanos, no podría hacerlo para violarlos, por lo cual resulta inadmisible la creación y aplicación de leyes retroactivas; tal como también ocurre con la ya mencionada Resolución Nº. 85/13 que viola el derecho a la integridad. De igual modo, es improcedente pretender este mismo efecto mediante la reforma de una ley derogada, como sucede con la denominada ley del «dos por uno», y cercenar la garantía de ley más benigna.
Al rechazar in limine nuestras peticiones y solicitudes de medidas cautelares, la Comisión IDH ha avalado la creación y aplicación de estas normas contrarias a la CADH.
[3]: La Comisión IDH, posee un Reglamento que también la rige y cuyo artículo 26 instaura: 1. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas a la Comisión que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y en el artículo 28 del presente Reglamento. 2. Si una petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete. 3. Si la Secretaría Ejecutiva tuviera alguna duda sobre el cumplimiento de los requisitos mencionados, consultará a la Comisión.
Al rechazar in limine nuestras peticiones que cumplían con los requisitos legales, si hubiera habido alguna falencia debió especificarla, lo cual no hizo, o solicitar las ampliaciones necesarias.
La designación del Secretario Ejecutivo le corresponde a la propia Comisión IDH, por lo tanto, es responsable por su actuación.
[4]: El rechazo in limine, comporta que el requerimiento no cumple con los requisitos exigidos por la normativa, lo cual no significa que no deba explicitar cuales son, ya que la jurisprudencia de la Corte IDH establece la necesidad de motivación y fundamentación de cualquier resolución jurídica, y el rechazo in limine es una. Si esto no se realiza, la arbitrariedad de lo resolución es evidente, y no permite al afectado alegar en su defensa, otra garantía del SIDH que se viola. Reiteramos lo expuesto para el artículo 26 del Reglamente, no se solicitaron ampliaciones.
El accionar de la Comisión IDH implica un silencio cómplice que ha afectado la integridad y en algunos casos la vida de muchos de los procesados, aun de los legalmente inocentes. Ello agravado por su aplicación reiterada y sistemática. ¿Derechos humanos para algunos?, ¿convalidación de la máxima peronista «al amigo todo al enemigo ni justicia»? Algo que no está en el fundamento de la protección supranacional de los derechos humanos. En definitiva, el rechazo in limine, encubre, en el caso de los procesos de lesa, una clara discriminación, por el recuso fácil de la cancelación, si se dice que no existen, desaparecen, y no hay a quien reclamar, es el certificado de defunción de las garantías judiciales y el debido proceso.
[5]: En cuanto al derecho interno, tal como lo expusimos en el artículo «No puede no saber», es obligación de los funcionarios públicos, de todos los poderes del Estado, el denunciar violaciones de derechos de orden público, más aún en el caso de que pudieran resultar delitos de lesa humanidad, como son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, recordando la vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad de estos delitos, que como transcurren en el ámbito del Estado y sobre personas bajo su tutela, la ignorancia no es excusa.
[6]: Los verdaderos responsables de hacer efectivo el éxito ante el frente jurídico de la batalla cultural son en el orden interno los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y en el orden supranacional lo órganos establecidos para la protección de los derechos humanos para todos los humanos.
[7]: Como colofón: Para enfrentar con alguna posibilidad de éxito la batalla cultural, que viene haciéndose entre otros temas en la educación contra contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) y el adoctrinamiento, en defensa de los valores culturales de familia, resulta necesario considerar la imperiosidad de sostener y reforzar el «frente jurídico», porque es por el cual se sostienen por acciones u omisiones, las incidencias de las presiones que ejercen los grupos woke o identitarios, mayoritariamente escudados en la protección de «sus» derechos humanos, es decir no aplicados respetando la igualdad ante la ley.
Este frente jurídico, que va más allá del Poder Judicial, esta sostenido internacionalmente por el globalismo, que intenta, mediante sus organismos supranacionales, una reivindicación de derechos humanos parcializados, afectar la soberanía de los Estados con intromisiones en sus legítimos derechos constitucionales, pretende colonizar a la magistratura interna, ya afectada por los intereses e ideologías locales. Esto se aprecia incuestionablemente en la región donde las estructuras judiciales están desacreditadas, no creen en ellas ni quienes designaron a los magistrados y que ahora los acusan de practicar law fare.
En el caso de los denominados procesos de lesa humanidad el frente jurídico se ve potenciado, como lo hemos desarrollado ut supra por jueces que aceptan actuar en procesos sobre hechos anteriores a su designación; aplicación de leyes retroactivas; denegación de las garantías de igualdad ante la ley; desconocer los principios de ley más benigna y presunción de inocencia; recurrir a testigos intervenidos y a los que se limita la repregunta por parte de las defensas, testigos soñantes, testigos de lo que dijo otro y de lo cual no tuvo percepción directa; normas que violan garantías de derechos humanos y que podrían habilitar la perpetración de delitos de lesa humanidad; funcionarios de los tres poderes del Estado que no cumplen con la obligación de denunciar delitos de orden público; medios periodísticos que fingen no saber algunas cosas que son manifiestas y sostener relatos fantasiosos; organizaciones de la sociedad civil que solo miran hacia el lado que afectan sus privilegios de grupo ignorando aviesamente las violaciones a las garantías judiciales y debido proceso y los otros derechos humanos de todos.
Mientras se consolida el marco teórico y se estipulan las tareas humanas, para encarar el frente jurídico de la batalla cultural, habrá que demostrar la realidad que se esconde tras ella, o prepararse a tener los resultados de la cita del pastor luterano de Alemania Martin Niemöller (1892-1984): Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
Copia de recepción automática desde la Comisión IDH a nuestra denuncia de discrepancias, remitida el domingo 20/sep/2026
Mensaje 1 de 2. cidhportal@oas.org. Para: Yo·dom, 20 sept a las 12:10 p. m.
Texto del mensaje
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Rechazo extemporáneo y sin considerar: los hechos denunciados, la prueba y la violación arts. CADH: 8.1, 8.2, 8, 21.5, 7.5, y 5.
El 15/sep/2026, remitimos a esa Comisión ampliación de la petición 1982/26 ar-chivo «P-1982amplia 15sep2026» anexando prueba documental. Obtuvimos del portal las correspondientes constancias de recepción. El 18/sep/2026, recibimos envío de esa Comisión adjuntando nota suscripta el 17/sep/2026 de rechazo in limine de nuestra solicitud de tratamiento de la petición iniciada en 2026, suscripta por Tania Reneaum Panszi – Secretaria Ejecutiva. Discrepancias: 1): Obviamente el responde de esa Comisión resulta extemporáneo ya que no hace referencia a nuestra anteriores presentaciones y prueba, incluso la del 15sep/26. 2): La remisión al art. 28 del Reglamento de la CIDH, es genérico, y no refiere a los hechos denunciados, ni la prueba, ni los derechos violados. Por lo cual, por la falta de información sobre los presuntos incumplimientos y motivación, resulta falaz. 3): Existe otra grosera discrepancia de esa Comisión, en su rechazo sin motivación ni fundamentación, con lo establecido por la Corte IDH en su fallo N°. 596 (15/may/2026) “López de Belva y ots vs Argentina”, respecto de una petición iniciada ante la CIDH 23 años antes, que responsabilizó al Estado por violación de la Convención Americana: art 8.1 (falta de independencia judicial y de motivación); art. 8.2 (falta en interrogatorio a testigos); art. 8 (garantías judiciales); art. 9 (principio de legalidad); art. 21.5 (igualdad ante la ley); art. 7.5 (plazo razonable). También en el caso de esta petición, del art. 5 (integridad física y psíquica) aplicada por ley que ordena tortura; y exceso en prisiones preventivas. Con los siguientes agravantes: el accionar de la Argentina en los hechos denunciados ha sido, y continúa siéndolo, reiterado y sistemático; continúa afectando a casi 3.000 víctimas, de las cuales casi una tercera parte de las mismas han fallecido y más del 80% de ellos sin sentencia firme, es decir inocentes; el principio de juez imparcial e independiente viene siendo violado desde 1985; los testigos, prueba fundamental en sus procesos, no se permite repreguntarles, además han sido entrena-dos por el Ministerio de Justicia por el Plan de asesoramiento a querellantes y testigos; el principio de legalidad ha sido violado en forma sistemática y reiterada tantos por el Poder Judicial como por el Poder Legislativo; el principio de igualdad ante la ley es sistemáticamente y reiteradamente violado; art. 7.5 (plazo razonable); y exceso en prisiones preventivas, una de las víctimas denunciadas, de más de 90 años, lleva 18 en prisión preventiva. Es decir, hechos similares a los del Fallo, pero de mayor gravedad, son los denunciados en la petición en responde. 4): La prueba ofrecida, desde la presentación originaria de 2016, es documental (fallos, resoluciones administrativas, y leyes) y no fue considerarla, ya que no hace referencia a las mismas. 5): La actuación de la CIDH, en relación a los procesos mal denominados por delitos de lesa humanidad, carece de motivación y fundamentación para el tratamiento de las peticiones, por lo cual resuelve violar sus obligaciones y los rechaza in limine; obviamente esa CIDH también discrimina a estos procesados y viola las obligaciones que establece la Convención Americana y demás instrumentos del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y los fallos de la Corte. En el derecho in-terno de los Estados miembros, esta actuación podría tipificar como prevaricación. 6): Existe un incumplimiento por parte de la Secretaría Ejecutiva del art. 26: 1) Las presentaciones cumplen plenamente los requisitos establecidos en el artículo 28, tanto en el detalle de los hechos como en su prueba; 2) De no haberse reunido los requisitos esa Secretaría no nos solicitó completarlos; y 3) No consultó a la Comisión. 7): La reiteración en los rechazos in limine a las peticiones y medidas cautelares relativos a las violaciones ejecutadas en los procesos denominados de lesa humanidad, demuestra pertinacia y prejuzgamiento. Resulta evidente que esa Secretaría carece de argumentos para motivar y fundamentar el rechazo, por eso lo hace solo in limine. En consecuencia, solicitamos que, ante las graves discrepancias indicadas, se de participación a los comisionados para que se revea el ilegal y anti convencional re-chazo in limine y den curso a la petición originaria (de 2016), la solicitud de pronto des-pacho de la misma (21/jul/26), la ampliación (15/sep/26); y se curse traslado al Estado argentino.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es el servicio interno de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. También es su principal agencia federal de aplicación de la ley. Alrededor de 35.000 personas trabajan en el FBI investigando terrorismo, delitos cibernéticos, crimen organizado, delitos violentos y mucho más. Los analistas de inteligencia del FBI son fundamentales para el éxito de la agencia, pero ¿qué hacen exactamente estos profesionales? En este artículo, desglosaremos todo lo que necesita saber sobre el trabajo, incluidas cuáles son sus funciones, qué educación y experiencia necesita, cuánto le pagan y cómo es el proceso de contratación.
El FBI es un empleador altamente competitivo, lo que significa que sólo un pequeño porcentaje de los solicitantes consigue trabajo. Debido a que el análisis de inteligencia es un campo amplio, los candidatos provienen de una variedad de antecedentes, incluidos estudios de área (Medio Oriente, Asia, África, etc.), derecho internacional, ingeniería, justicia penal o historia. La mayoría de los puestos requieren una licenciatura o una maestría, mientras que algunos requieren fluidez en un segundo idioma. Las responsabilidades potenciales incluyen la recopilación y análisis de datos, la evaluación de amenazas, la realización de evaluaciones de riesgos y el desarrollo de productos de inteligencia. El salario varía según su nivel de habilidad, años de experiencia, grado GS del trabajo y ubicación; ZipRecruiter enumera el promedio nacional en $89,984.
Los analistas de inteligencia del FBI se especializan en diferentes áreas, pero en general, todos los analistas realizarán tareas como:
Recopilación y análisis de datos. Los analistas de inteligencia del FBI realizan la mayoría de los objetivos esenciales de la organización. Eso incluye recopilar datos y analizarlos con herramientas y técnicas especiales para identificar patrones, anomalías y cualquier otra cosa de importancia.
Evaluación de amenazas Identificar y evaluar amenazas es el trabajo principal de un analista de inteligencia. Al recopilar y analizar datos, siempre buscan amenazas potenciales y evalúan cuáles son legítimas.
Realizar evaluaciones de riesgos ¿Cuáles son las posibilidades de que una amenaza se convierta en un problema real? Los analistas de inteligencia necesitan evaluar todos los factores y crear evaluaciones de riesgos que informen las decisiones de la organización.
Creando productos de inteligencia Los productos de inteligencia incluyen informes, evaluaciones y otros informes. Los analistas de inteligencia elaboran estos productos para quienes toman decisiones, por lo que deben redactarse de forma clara, precisa y no más extensa de lo necesario. Los analistas de inteligencia también necesitan comprender cuándo se debe clasificar o desclasificar la información.
Reunión con las partes interesadas Las partes interesadas del FBI incluyen otras agencias policiales, organizaciones privadas, funcionarios gubernamentales y militares. Los analistas de inteligencia necesitan reunirse con las partes interesadas y discutir información importante (y a menudo clasificada), por lo que deben desarrollar relaciones de cooperación basadas en la confianza.
Hay diferentes caminos para los analistas de inteligencia del FBI. Según el paquete de candidatos del FBI, hay cinco pistas. Todos los analistas de inteligencia realizan al menos uno de los cinco:
Análisis de amenazas Los analistas deben evaluar y comunicar juicios en tiempo real sobre amenazas específicas y lagunas en la inteligencia.
Gestión de colecciones Estos analistas se centran en mejorar la recopilación de inteligencia.
Análisis de dominio Los analistas que trabajan en esta función recopilan información en productos analíticos estratégicos que mejoran la comprensión de la organización sobre las vulnerabilidades, amenazas y brechas de inteligencia.
Análisis de segmentación El análisis de objetivos se centra en compartir información entre equipos, para que la inteligencia sea precisa y oportuna.
Oficial de informes Un oficial de informes comparte inteligencia bruta a través de medios, documentos e información general, lo que ayuda a determinar patrones.
El FBI normalmente exige que un candidato tenga al menos una licenciatura. Como es común en muchas carreras, obtener una maestría le ayudará a conseguir trabajos de mayor nivel. Lo que se requiere depende del puesto de trabajo y del grado (nivel Estándar General), que es el grado utilizado para determinar el salario para un trabajo gubernamental. Los antecedentes potenciales de los analistas de inteligencia del FBI incluyen:
Estudios de área (Medio Oriente, África, Asia, etc.) Biología Ingeniería La seguridad cibernética Finanzas Inglés Contabilidad forense Ley internacional Relaciones Internacionales Ciencias Políticas
El FBI también busca candidatos con experiencia en idiomas como árabe, chino, hebreo, farsi, ruso, punjabi, coreano, etc.
¿Qué habilidades busca el FBI? Los analistas de inteligencia necesitan una variedad de habilidades analíticas y de comunicación. El manual del candidato enumera muchos de ellos, entre ellos:
Comunicación oral, no verbal y escrita. Pensamiento crítico Pensamiento analítico adaptativo resolución de problemas Atención a los detalles Confianza Colaboración Tolerancia al estrés
Los trabajos en el FBI utilizan la escala salarial GS, que tiene 15 grados que van desde trabajos/pasantías para estudiantes hasta puestos de gestión y supervisión de alto nivel. Cada uno de los 15 grados tiene 10 pasos dentro. Según información del FBI, los analistas de inteligencia principiantes suelen comenzar en GS-7 (con un título universitario) o GS-9 (con un título de posgrado). El pago del GS-7 comenzó en $40,082, mientras que el GS-9 comenzó en $49,028 en la tabla de escala salarial GS 2023. Según ZipRecruiter, los analistas de inteligencia de alto nivel pueden ganar hasta 121.500 dólares en todo Estados Unidos. El salario base se ajusta según el costo de vida del trabajo y cómo cambian cada año los salarios de los empleados del sector privado. Esto significa que si trabaja como analista de inteligencia del FBI en Hawái, que tiene el costo de vida más alto del país, ganará más que si viviera en Mississippi, que tiene el costo de vida más bajo del país.
El mercado laboral del FBI es muy competitivo, pero puedes conseguir un trabajo nada más terminar la universidad. La organización tiene programas como el Programa de pasantías de honores, que es para estudiantes universitarios de segundo, tercer y cuarto año de tiempo completo o aquellos en la escuela de posgrado. Es un programa de verano remunerado de 10 semanas. También tienen la Iniciativa de contratación colegiada, que es un programa de contratación inicial a tiempo completo. Graduados de último año y personas con licenciatura, posgrado o doctorado. Los títulos son elegibles. Puede encontrar una lista completa de requisitos en el sitio web de empleos del FBI.
Los analistas de inteligencia provienen de diversos orígenes y niveles de experiencia, pero todos tienen que pasar por el mismo proceso. Hay varias fases, todas diseñadas para evaluar su elegibilidad y calificaciones.
El FBI no es un lugar para personas solitarias o que quieren que las dejen en paz. Se espera que trabaje con un equipo en ideas, resolución de problemas y cumplimiento de todos los objetivos. Eso incluye demostrar “astucia política”, que le ayuda a navegar sin problemas por los sistemas sociales, políticos y tecnológicos de la organización.
Comunicación Debes demostrar excelentes habilidades de comunicación ya sea que escribas o hables. Las ideas deben presentarse de forma clara, concisa, eficaz y persuasiva. Los empleados también necesitan comprender las señales no verbales, responder adecuadamente a las preguntas e identificar la información más importante.
Flexibilidad y adaptabilidad El trabajo del FBI cambia constantemente debido a acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Los empleados deben ser flexibles y adaptarse muy rápidamente. Si prospera en entornos con nuevos desafíos, el FBI se lo ofrecerá.
Habilidad interpersonal El profesionalismo, el respeto y la sensibilidad a las diferencias son importantes en el lugar de trabajo. El FBI valora a los empleados que pueden mantener una mente abierta, resolver y gestionar conflictos y establecer una buena relación con los demás.
Iniciativa Se espera que los analistas de inteligencia inicien o participen en nuevos proyectos, muestren interés en nuevos desafíos y respondan bien a problemas y tareas adicionales. Anticipar nuevos proyectos o problemas también es una habilidad muy deseable.
Liderazgo El FBI quiere que todos los empleados demuestren liderazgo, incluso si no desempeñan un papel de liderazgo. Quieren personas que puedan motivar e inspirar a otros, orientar a sus colegas y ganarse el respeto y la confianza de sus colegas.
Resolución de problemas y juicio La resolución de problemas es una responsabilidad diaria de los analistas de inteligencia. Se espera que usted evalúe e identifique problemas, recopile los datos necesarios para tomar buenas decisiones y acepte la responsabilidad cuando se cuestionen las decisiones.
Organizar y planificar Los analistas de inteligencia hacen malabarismos con una gran cantidad de datos y tareas a la vez, por lo que una buena capacidad de organización y planificación es fundamental. Se espera que identifique prioridades, administre bien su tiempo y planifique lo que necesita para realizar cada tarea.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó este domingo que el papa León XIV es consciente de que en la Argentina “no estamos en un país donde somos todos hermanos” y consideró que su discurso respondió a la necesidad de recuperar la unidad nacional y el diálogo entre los distintos sectores políticos.
Tras la intervención del Pontífice en el Palacio Libertad, la titular del Senado fue consultada por el periodismno sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al Gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura y destacó el llamado papal a la convivencia entre los argentinos.
“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, expresó Villarruel.
En ese contexto, la vicepresidenta dejó una definición política al interpretar que León XIV conoce las profundas divisiones que atraviesan al país.
“Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, sostuvo.
La declaración adquirió especial relevancia en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei y de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.
Aunque evitó atribuirle críticas directas al Presidente, Villarruel interpretó que el mensaje del jefe de la Iglesia Católica puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los “vínculos” entre los dirigentes y superar los enfrentamientos políticos.
La vicepresidenta también aprovechó sus declaraciones para plantear un reclamo al Gobierno respecto de una de las posiciones que formaron parte de la identidad política del oficialismo en la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.
“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluyó un encuentro con representantes de distintos sectores políticos e institucionales en el Palacio Libertad.
La presencia del Pontífice reunió a dirigentes oficialistas y opositores en un escenario atravesado por diferencias políticas, mientras la Iglesia busca promover un mensaje de diálogo y unidad nacional.
Alrededor de 1200 a. C., la noble Matanazi, hermana del rey hitita Hattušili III, estaba comprometida en un matrimonio político con el jefe de un estado vasallo, pero no pudo quedar embarazada debido a su avanzada edad.
Para solucionar el problema, que ocasionaba considerables dificultades diplomáticas, el rey hitita decidió pedir ayuda a un poderoso aliado: el faraón Ramsés II. Los conocimientos médicos egipcios se consideraban superiores a los de los hititas y en aquella época las relaciones entre ambos países eran bastante buenas.
La extraña petición de ayuda sorprendió al faraón, quien explicó en una carta de respuesta que no había solución:
“Se dice que tu hermana Matanazi tiene 50 o incluso 60 años. Verás, una mujer de 50 o 60 años es demasiado vieja, y nadie puede preparar una medicina para hacerla procrear”.
A pesar de ello, Ramsés II no quiso arruinar las relaciones con los hititas y envió un médico y un mago para intentar un milagro.
Desgraciadamente, no sabemos el desenlace de la historia, aunque es razonable suponer que terminó sin nada hecho. Las palabras del faraón, sin embargo, constituyen una de las referencias más antiguas a la menopausia y sugieren que los egipcios ya tenían una idea bastante clara de ella.
Una historia real que conmocionó a Bahía Blanca. Ruidos sobre el techo, pasos en los pasillos, presencias invisibles y una familia que terminó abandonando su vivienda para no regresar jamás.
Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires, tiene una historia que parece salida de una película de terror. Una familia decidió abandonar su propia casa después de experimentar durante meses una sucesión de acontecimientos que sus integrantes no consiguieron explicar. Escuchaban pasos, carreras sobre el techo, ruidos en las habitaciones y movimientos que parecían producidos por alguien que recorría la vivienda durante toda la noche.
La historia se conoció públicamente en junio de 2022 y rápidamente alcanzó repercusión nacional. Lo más inquietante no fue solamente el relato de sus protagonistas, sino la decisión que finalmente tomaron: escapar de la propiedad durante la madrugada, dejando atrás sus pertenencias y la esperanza de recuperar una vida normal.
Una casa en Villa Mitre
La vivienda estaba ubicada en el barrio Villa Mitre, cerca de la intersección de las calles Remedios de Escalada y Sócrates. Allí se habían instalado Mario, su esposa Carina, sus dos hijas pequeñas y otros familiares.
La propiedad pertenecía a la familia de Carina. La pareja había decidido mudarse allí para ahorrar dinero y comenzar a construir su futuro familiar.
Inicialmente, todo parecía normal. No había motivos para sospechar que aquella casa terminaría convirtiéndose en una pesadilla.
Los primeros acontecimientos comenzaron durante la noche. Mario contó que una vez escucharon ruidos sobre el techo, semejantes a los de una persona corriendo.
Su primera reacción fue pensar que podía tratarse de un ladrón.
Encendió las luces del patio, salió a revisar y buscó alguna señal de movimiento. No encontró absolutamente a nadie.
Sin embargo, los ruidos continuaron.
Los pasos de alguien que no estaba
Con el paso de los días, los sonidos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Los habitantes escuchaban pasos sobre las chapas, carreras y saltos que parecían trasladarse de un sector de la vivienda a otro.
La situación comenzó a afectar seriamente el descanso de la familia.
Mario explicó que cuando llegaba la noche empezaba el verdadero sufrimiento. Los ruidos podían prolongarse durante horas y nadie conseguía dormir tranquilamente.
Carina también describió situaciones aterradoras. Cuando escuchaban aquella supuesta presencia, los integrantes de la familia se encerraban juntos en una habitación. Incluso evitaban que las niñas salieran para ir al baño durante la noche.
El miedo había comenzado a dominar la vida cotidiana.
Lo más extraño era que los sonidos parecían provenir de diferentes lugares. En ocasiones se escuchaban sobre el techo; en otras, en los pasillos, el comedor y las habitaciones.
La familia llegó a comunicarse telefónicamente con los vecinos para preguntarles si observaban personas caminando por los tejados. Las respuestas eran siempre negativas.
No había nadie.
Los testigos que también sintieron miedo
Una de las partes más interesantes del relato apareció cuando comenzaron a intervenir personas ajenas a la familia.
Una amiga llamada Melisa contó que una noche escuchó ruidos semejantes a saltos junto a una cama. La experiencia fue tan aterradora que ella y otra persona salieron corriendo de la habitación.
Según los testimonios difundidos, algunos visitantes también experimentaron situaciones que no pudieron explicar.
Esto fortaleció la convicción de los habitantes de que no se trataba simplemente de una imaginación alimentada por el miedo.
La familia comenzó a considerar la posibilidad de que la vivienda estuviera habitada por un espíritu.
Biblias, videntes y parapsicólogos
Desesperados por encontrar una solución, Mario y Carina recurrieron a diferentes alternativas.
Llegaron a dormir con Biblias apoyadas sobre el pecho, buscando protección espiritual. También solicitaron ayuda a videntes y parapsicólogos.
Sin embargo, ninguno de esos intentos consiguió devolverles la tranquilidad.
La familia estaba convencida de que una presencia recorría la propiedad y que los sonidos no correspondían a una persona físicamente identificable.
La situación llegó a un punto en el que permanecer en la casa resultaba prácticamente insoportable.
La noche de la huida
Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Mario decidió subir al techo para comprobar personalmente de dónde provenían los ruidos.
El hombre quería terminar con la incertidumbre y descubrir si alguien estaba caminando sobre las chapas.
Pero, según contó, mientras se encontraba arriba continuó escuchando pasos y carreras, pese a que no veía absolutamente a nadie.
El miedo fue tan intenso que terminó bajándose precipitadamente.
Aquella experiencia fue decisiva.
Durante la madrugada, alrededor de las dos, la familia tomó una determinación: abandonar la vivienda.
No se trató de una mudanza organizada ni de una decisión tomada tranquilamente. Fue una salida motivada por el terror acumulado durante meses.
Mario, Carina y sus hijos se marcharon y no regresaron a vivir allí.
La historia fue publicada originalmente por el diario local La Nueva y posteriormente reproducida por medios nacionales como TN, C5N y La Nación.
¿Qué había realmente en aquella casa?
Esta es la pregunta que todavía despierta curiosidad.
Nunca se presentó una prueba científica que demostrara la existencia de un fantasma en la propiedad. Tampoco se identificó públicamente una causa definitiva para los ruidos denunciados por la familia.
Existen explicaciones posibles: animales sobre los techos, movimientos de materiales, dilataciones de las chapas, problemas estructurales o sonidos provenientes de viviendas vecinas.
Sin una investigación técnica de la propiedad, ninguna de esas posibilidades puede considerarse una explicación demostrada.
La historia también tiene un desenlace particular: según las informaciones publicadas, la casa fue demolida posteriormente.
Una leyenda que sobrevivió a la demolición
La casa de Villa Mitre se convirtió en uno de los relatos paranormales más conocidos de Bahía Blanca.
Su historia demuestra que no siempre hace falta un castillo medieval, un cementerio abandonado o una mansión centenaria para construir una leyenda de terror. A veces alcanza con una vivienda familiar, una serie de ruidos inexplicables y personas que terminan escapando de su propio hogar.
Quizás todo tuviera una explicación natural. Quizás los protagonistas interpretaron determinados sonidos bajo el efecto del miedo y el cansancio. Pero también es cierto que vivieron una experiencia que, según sus testimonios, alteró completamente sus vidas.
La vivienda ya no existe. Sus paredes fueron demolidas y los protagonistas continuaron con sus vidas en otro lugar.
Pero la historia permanece.
En Bahía Blanca quedó el recuerdo de una familia que llegó buscando un hogar y terminó huyendo en plena madrugada. Y quedó una pregunta que alimenta la leyenda: ¿qué era aquello que corría sobre el techo cuando todos estaban seguros de que no había nadie?
La sede de El Caletense, una radio y medio digital de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, fue atacada con disparos por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, lo que obligó al medio a suspender su transmisión, según denunciaron este miércoles organizaciones de prensa y defensoras de la libertad de expresión.
Según el parte policial de la ciudad de Caleta Olivia, donde está ubicada la radio, el ataque tuvo lugar en la madrugada del martes y fueron los trabajadores los que advirtieron de los daños al llegar a la emisora para iniciar la jornada laboral.
Los proyectiles impactaron en la fachada, las ventanas y sectores internos del inmueble, incluido el vidrio que separa el estudio de grabación con la sala de operaciones.
Las cámaras de seguridad registraron a los dos agresores cuando disparaban contra el edificio desde una motocicleta.
“Las balas (al parecer hubo 17 disparos) fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”,dijo Emir Silva, propietario de la emisora, al medio La Opinión Austral.
Silva consideró que la agresión estuvo relacionada con el ejercicio de la actividad periodística y pudo responder a alguna información difundida por este medio. Las autoridades no informaron aún sobre personas detenidas ni precisaron los motivos del ataque.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, condenó el ataque a través de un mensaje publicado en la red social X: “En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan”.
En paralelo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque y pidió a las autoridades que esclarezcan el hecho, identifiquen a los responsables y garanticen la seguridad del equipo periodístico.
“Atacar a un medio regional también significa amenazar el acceso de la población a la información sobre su propio territorio”, señaló Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamaron también el esclarecimiento del hecho y alertaron sobre sus consecuencias para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Con un comentario condescendiente durante la firma de una orden ejecutiva, hizo que un momento ya de por sí incómodo se volviera aún más incómodo.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establecía un “Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Salud de la Mujer” y una “División de Salud de la Mujer” en los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, la orden no incluía compromisos de financiación específicos.
Tras firmar el documento, Trump miró su firma y comentó: “¡Vaya, qué buena! ¡Guau!”.
Luego se giró hacia Melania, que estaba sentada a su lado.
“Vale. ¿Por qué no firmas aquí?”, preguntó.
“Perfecto, sí”, respondió Melania, intentando seguirle el juego.
Pero Trump no había terminado.
“No sé si tu firma significa algo”, dijo burlonamente mientras ella tomaba el bolígrafo.
“¿Por qué no lo haces tú? Porque yo creo que sí”, añadió, dando un golpecito al documento.
Melania respondió con torpeza: «Pero la tuya es la más importante», antes de reír nerviosamente.
Trump comparó entonces sus firmas, riéndose entre dientes mientras comentaba repetidamente que se parecían mucho.
El intercambio fue incómodo de presenciar. En lugar de permitir que Melania participara sin convertirla en objeto de burla, Trump aprovechó el momento para cuestionar la importancia de su firma.
Por supuesto, la primera dama no tiene la autoridad constitucional para ejercer poderes presidenciales simplemente por su cargo. Pero eso no significa que mereciera ser menospreciada públicamente durante una ceremonia centrada en la salud de la mujer.
Además, existe una ironía notable en la situación. La orden ejecutiva se presentó como una iniciativa para abordar la salud de la mujer, pero los comentarios del presidente corrieron el riesgo de eclipsar el anuncio y reforzar las preocupaciones sobre su trato hacia las mujeres.
Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, la administración tiene muchas razones para querer ganarse el voto femenino. Pero los anuncios simbólicos solo pueden lograr hasta cierto punto cuando la financiación y los detalles prácticos siguen sin estar claros.
Un presidente que anuncia una iniciativa para la salud de la mujer debería poder hacerlo sin convertir a su propia esposa en el blanco de las burlas.
Melania Trump y el escándalo de los discursos copiados de Michelle Obama
♣
La política estadounidense tiene una memoria extraordinaria cuando se trata de escándalos. Algunas controversias desaparecen rápidamente, otras se convierten en episodios históricos y unas pocas persiguen a sus protagonistas durante años. Para Melania Trump, uno de esos episodios fue el escándalo de 2016, cuando un discurso pronunciado durante la Convención Nacional Republicana presentó sorprendentes similitudes con palabras que Michelle Obama había utilizado ocho años antes.
El episodio provocó burlas, críticas y cuestionamientos sobre la preparación de la campaña de Donald Trump. También abrió un debate sobre la originalidad, la responsabilidad de los equipos políticos y la imagen pública de una mujer que estaba a punto de convertirse en primera dama de Estados Unidos.
Aunque ocurrió hace una década, el caso sigue siendo uno de los momentos más incómodos de la historia reciente de la política estadounidense.
El 18 de julio de 2016, Melania Trump subió al escenario de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Su intervención tenía una misión importante: presentar una imagen más personal y humana de Donald Trump, mostrar sus valores familiares y convencer a los estadounidenses de que detrás del controvertido empresario existía un hombre con principios.
Sin embargo, ocurrió algo inesperado.
Algunas partes del discurso reproducían expresiones muy similares a las pronunciadas por Michelle Obama durante la Convención Nacional Demócrata de 2008, cuando Barack Obama era candidato presidencial.
La coincidencia fue particularmente llamativa porque ambas mujeres hablaron sobre la educación recibida de sus padres, los valores familiares, el esfuerzo y la importancia de transmitir principios a los hijos.
No se trataba simplemente de dos discursos que abordaban temas parecidos. Había frases cuya estructura y elección de palabras resultaban extraordinariamente similares.
La comparación se viralizó rápidamente en televisión y redes sociales.
Las comparaciones que resultaron imposibles de ignorar
La comparación entre ambos discursos era contundente.
Michelle Obama había hablado de trabajar duro para conseguir lo que uno desea, cumplir las promesas, respetar a los demás y transmitir esos valores a las generaciones futuras.
Ocho años después, Melania utilizó prácticamente la misma secuencia de ideas y expresiones, incluyendo una referencia muy similar a los sueños y al esfuerzo como límites de los logros personales.
La polémica no tardó en convertirse en noticia internacional.
Para muchos críticos, aquello era un caso evidente de plagio. Para los defensores de Trump, se trataba de conceptos universales que podían aparecer naturalmente en cualquier discurso sobre la familia y la educación.
Pero había un problema: las coincidencias eran demasiado específicas para ser explicadas simplemente por la utilización de ideas comunes.
La campaña republicana quedó obligada a dar explicaciones.
La confesión de la escritora: Meredith McIver
La controversia tuvo un desenlace particular el 20 de julio de 2016, cuando Meredith McIver, integrante del equipo de redacción de los Trump, asumió públicamente la responsabilidad.
McIver explicó que Melania le había mencionado que admiraba a Michelle Obama y que le había leído algunos fragmentos de sus discursos como ejemplos de los mensajes que quería transmitir.
La escritora reconoció que había anotado esos pasajes y posteriormente incorporado parte de su contenido al discurso de Melania.
También pidió disculpas y admitió que había cometido un error al no verificar el origen de las expresiones utilizadas.
Incluso ofreció renunciar, pero Donald Trump decidió no aceptar su dimisión.
De esta manera, el escándalo terminó con una explicación oficial: la responsable de incorporar los fragmentos fue la escritora, no una apropiación deliberada demostrada por parte de Melania.
Para Michelle Obama, el episodio representó una situación curiosa. Su discurso de 2008 había sido reconocido por su tono emocional y por presentar una imagen cercana de la familia Obama.
Ocho años después, algunas de sus palabras aparecían prácticamente reproducidas en el escenario de sus adversarios políticos.
La ironía era evidente: una figura demócrata terminaba siendo la fuente involuntaria de uno de los discursos más importantes de la campaña republicana.
Michelle no necesitó protagonizar una confrontación pública para que la comparación adquiriera notoriedad.
Su discurso original estaba disponible y millones de personas podían comprobar las semejanzas.
¿Fue un error de Melania o de Donald Trump?
El escándalo también puso en evidencia problemas dentro de la organización política de Donald Trump.
Una campaña presidencial debe contar con profesionales capaces de revisar discursos, verificar sus fuentes y evitar errores que puedan convertirse en crisis mediáticas.
Lo sucedido demostró una falta de control editorial difícil de justificar.
Melania quedó expuesta ante millones de espectadores, mientras que los responsables de preparar su intervención tuvieron que enfrentar cuestionamientos sobre su profesionalismo.
Además, la reacción inicial de algunos dirigentes republicanos fue particularmente desafortunada. En lugar de reconocer rápidamente las similitudes, intentaron minimizar el problema.
Conclusión: una mancha en la imagen pública
El episodio de 2016 no destruyó la carrera pública de Melania Trump. Posteriormente se convirtió en primera dama y continuó manteniendo una presencia política relativamente reservada.
Sin embargo, aquella noche dejó una anécdota difícil de borrar.
En política, las palabras importan. Un discurso puede transmitir honestidad, inteligencia, sensibilidad y capacidad de liderazgo. Pero cuando una figura pública utiliza expresiones ajenas sin reconocer su procedencia, aparece una contradicción que afecta su credibilidad.
Melania Trump quedó asociada a uno de los escándalos de plagio más conocidos de las convenciones presidenciales estadounidenses.
Michelle Obama, por su parte, terminó siendo recordada también por un discurso que otros intentaron reproducir.
La pregunta que permanece es sencilla: si una campaña presidencial pretende convencer a los ciudadanos de que representa valores de honestidad y responsabilidad, ¿cómo puede explicar que uno de sus discursos más importantes termine envuelto en una controversia por copiar palabras de una adversaria política?
A veces, los errores más pequeños de una campaña revelan problemas mucho más grandes. Y aquella noche, Melania Trump descubrió que incluso un discurso de diez minutos puede convertirse en un escándalo que dure años.
¿Alguna vez un condenado a muerte ha escapado del corredor de la muerte en Estados Unidos?
♣
No solo hubo una fuga exitosa, sino que todo terminó de una manera tan extraña que vale la pena contarlo.
El 28 de julio de 1980, Troy Leon Gregg, un doble asesino de 32 años, logró lo impensable. Junto con otros tres asesinos convictos, Gregg escapó del corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Georgia disfrazándose de guardia.
Salieron y corrieron por la cornisa hasta una escalera de incendios.
Antes de dirigirse a la puerta de entrada, los cuatro se pusieron sus pijamas de prisión, que habían modificado para que parecieran uniformes. Desafortunadamente, no pude encontrar una foto de ellos, porque me pregunto cómo lo hicieron. Pero sin duda tuvieron mucho tiempo para fabricarlos.
En realidad, eran agentes de la ley que incluso permitieron a los fugados continuar su camino hacia la libertad. Los cuatro les habían asegurado convincentemente que realizarían un “control de seguridad”.
¿Qué hace que esta historia sea tan especial?
La fuga de los cuatro pasó desapercibida.
Pero unas horas después, Gregg llamó a un periodista y le contó que habían escapado.
Las condiciones de la prisión eran tan malas que prefería morir antes que permanecer allí.
La ironía del destino se hizo presente esa misma noche.
Gregg fue a un bar de motociclistas para celebrar su fuga, y allí mismo lo golpearon hasta la muerte.
Al día siguiente, encontraron su cuerpo en un lago.
Sus compañeros fueron recapturados a pocos kilómetros de donde se encontró el cuerpo.
Pero Troy Leon Gregg prefirió morir antes que volver a prisión, tal como había dicho.
Hasta donde sé, nadie ha logrado escapar del corredor de la muerte desde entonces.
Santos y beatos argentinos
♣
El papa León XIV rindió hoy homenaje a los santos y beatos que nacieron o desarrollaron su misión religiosa en la Argentina, durante una misa celebrada en Córdoba, donde destacó que sus vidas reflejan la unión entre “pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.
En su homilía, el pontífice señaló que Córdoba fue “tierra de santos” y recordó que por sus conventos, iglesias, calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a la evangelización y al servicio de los demás.
En particular, destacó la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, a quien describió como un hombre profundamente enamorado de Jesucristo, que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión y dedicó sus esfuerzos a extender un reino de “caridad y justicia”, sin otras armas que el crucifijo y el Santo Rosario.
También recordó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, de quien resaltó su incansable tarea evangelizadora por el territorio argentino y su convicción de que una de las mayores expresiones de caridad consiste en acercar a las personas a Dios.
El Papa rindió homenaje, además, a los mártires que entregaron sus vidas por la fe, entre ellos San Héctor Valdivielso Sáez, y recordó a los religiosos martirizados en España y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta.
En su reconocimiento a los pastores de la Iglesia mencionó a los beatos Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, mientras que destacó el legado de las religiosas que dedicaron su vida a la educación y a la atención de los enfermos, entre ellas Santa Nazaria Ignacia, la beata María Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.
Asimismo, puso de relieve el testimonio de los laicos que vivieron su fe en la sencillez de la vida cotidiana, como San Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.
El pontífice sostuvo que todos estos hombres y mujeres, con carismas y misiones diferentes, supieron enfrentar los desafíos de sus respectivas épocas y transformarlos en oportunidades para transmitir el mensaje cristiano mediante el ejemplo personal.
“Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, expresó el Papa, al convocar a los fieles a continuar ese legado.
ESTADOS UNIDOS EN ALERTA: LA FAA ORDENA UNA PARALIZACIÓN NACIONAL DE LOS VUELOS POR UN GRAVE PROBLEMA DE COMUNICACIONES
♣
13 de noviembre de 2026
Una situación extraordinaria sacudió este viernes a Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una paralización nacional de los vuelos que debían despegar desde los aeropuertos estadounidenses, después de detectar graves problemas en los sistemas de comunicación utilizados por los centros de control del tráfico aéreo. La decisión, adoptada por razones de seguridad, provocó una enorme alteración del transporte aéreo y dejó a miles de pasajeros varados en terminales de todo el país.
La noticia generó preocupación entre viajeros, compañías aéreas, autoridades aeroportuarias y organismos gubernamentales. Aeropuertos de enorme importancia, entre ellos los de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington y Miami, se vieron afectados por una medida excepcional que recordó algunos de los episodios más delicados de la historia reciente de la aviación estadounidense.
La FAA justificó la decisión por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. El problema estaba relacionado con las comunicaciones entre los centros regionales de control aéreo, responsables de coordinar los movimientos de miles de aeronaves que atraviesan diariamente el espacio aéreo estadounidense.
No se trataba de una simple demora provocada por condiciones meteorológicas adversas. La situación tenía una dimensión nacional y obligó a las autoridades a adoptar una medida preventiva de enorme alcance.
¿Qué ocurrió exactamente?
El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que una falla de comunicaciones estaba afectando a los centros de control de rutas aéreas. Los técnicos de la FAA comenzaron a investigar el origen del inconveniente.
Estos centros cumplen una función esencial: mantienen contacto con los pilotos, supervisan las rutas, coordinan las distancias entre aeronaves y transmiten instrucciones para garantizar que los vuelos se desarrollen de manera segura.
Estados Unidos cuenta con 22 centros regionales de control de tráfico aéreo. Su funcionamiento coordinado resulta indispensable para administrar una red que registra decenas de miles de operaciones diariamente.
Por esa razón, la FAA decidió detener las salidas de vuelos a nivel nacional.
Es importante aclarar que la orden no significaba que todos los aviones que estaban volando debieran caer o aterrizar inmediatamente. Las aeronaves que ya se encontraban en el aire podían continuar sus operaciones y aterrizar siguiendo los procedimientos de seguridad correspondientes. La restricción afectaba principalmente a los nuevos despegues.
Miles de pasajeros afectados
El impacto fue inmediato. Los aeropuertos comenzaron a experimentar demoras, cancelaciones, cambios de itinerarios y acumulación de pasajeros.
Según los datos difundidos durante la jornada por FlightAware, más de 2.000 vuelos habían sido cancelados y más de 10.000 registraban demoras hacia las primeras horas de la noche.
En las terminales, numerosos viajeros intentaban comunicarse con las compañías aéreas para conseguir información sobre sus reservas. Algunos debieron permanecer durante horas en las salas de espera, mientras otros buscaban alternativas para llegar a sus destinos.
Los efectos también alcanzaron a los vuelos internacionales. La FAA indicó que determinadas operaciones internacionales serían evaluadas individualmente, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones de seguridad.
La interrupción no afectó solamente a quienes tenían previsto viajar por vacaciones. También perjudicó a empresarios, trabajadores, estudiantes, turistas y personas que necesitaban trasladarse por razones familiares o médicas.
Las compañías aéreas debieron reorganizar sus operaciones y enfrentar un problema que podía extenderse más allá de la jornada inicial.
ENTRE SOTANAS, MILLONES Y ESPÍAS
♣
“Las dos cualidades esenciales que los ciudadanos esperan ver en sus
gobernantes cuando se desencadena una situación límite: claridad de ideas
para entender lo que está en juego y capacidad expresiva para transmitirlo”.
Pedro J. Ramírez
El mundo sigue ofreciéndonos un espectáculo inquietante, en el cual se mezclan la debilidad institucional, la corrupción de los dirigentes, las disputas entre las grandes potencias y la violencia de quienes pretenden imponer sus propias reglas. Tres acontecimientos recientes permiten advertir hasta qué punto se han deteriorado algunos de los pilares de la convivencia civilizada.
La visita de SS León XIV a la Argentina constituyó un acontecimiento extraordinario, tanto por la multitudinaria convocatoria cuanto por el contenido de sus mensajes. El Pontífice evitó convertirse en protagonista de disputas partidarias y habló de concordia, reconciliación, dignidad humana y bien común. Sin embargo, no faltaron quienes pretendieron apropiarse de sus palabras para utilizarlas contra Javier Milei o, desde el otro extremo, quienes buscaron minimizar sus advertencias sobre la pobreza y las consecuencias sociales de las políticas económicas. Ambos ejercicios son igualmente mezquinos; el Papa no vino a bendecir un programa de gobierno ni a reivindicar a sus opositores. Vino a hablarle a una sociedad profundamente dividida que necesita recuperar la capacidad de reconocerse como parte de una misma nación. Su visita fue sin duda muy exitosa; que nosotros sepamos escuchar su mensaje es otra cuestión.
Mientras tanto, Paraguay protagoniza un problemón mayúsculo. El derrumbe del Banco Ueno, que dejó comprometidos los ahorros de millones de clientes y cuantiosos fondos públicos, desencadenó una crisis que terminó con la destitución del Presidente Santiago Peña, su detención domiciliaria y la asunción del Vice, Pedro Alliana. Las investigaciones apuntan a una trama de relaciones políticas, responsabilidades empresariales y eventuales maniobras fraudulentas que comprometerían a las más altas autoridades. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el enorme poder que conserva el expresidente Horacio Cartes en el Partido Colorado, en el poder desde 1947.
En un escenario mucho más sofisticado aparece Nvidia, convertida en protagonista fundamental de la revolución de la inteligencia artificial y cuya capitalización en bolsa supera al PBI de Alemania. Su ya renunciado Presidente, Jensen Huang, quedó golpeado por su relación con una mujer sospechada de contactos con China y con operaciones destinadas a adquirir semiconductores avanzados de Nvidia para desviarlos hacia Pekín, eludiendo las restricciones impuestas por Washington. Lo sucedido recuerda el affaire de 1963 que involucró a John Profumo, Secretario de Guerra británico, cuando se conoció su relación clandestina con Christine Keeler – todavía recuerdo la icónica fotografía de esa fantástica joven -, también amante del agregado naval de la URSS ante el Reino Unido.
Desde que comenzó el escándalo de Nvidia, la compañía ya se desvalorizó en la friolera de US$ 750 mil millones y el impacto que el tema podría tener sobre todo el universo de la inteligencia artificial, centrado en Silicon Valley, aterroriza a los mercados, amén de generar controversias sobre el proceder de Donald Trump. El asunto excede largamente una controversia empresarial: los microprocesadores de Nvidia son hoy un recurso estratégico de primer orden; quien domine su producción y utilización tendrá una ventaja extraordinaria en defensa, espionaje, industria y comunicaciones. La disputa entre Estados Unidos y China por el control de esa tecnología constituye una de las principales batallas geopolíticas del siglo XXI. Cuando las relaciones de los principales empresarios tecnológicos se cruzan con operaciones de inteligencia y transferencias clandestinas de tecnología, la cuestión deja de ser privada: es un problema de seguridad nacional entre potencias.
Los tres episodios nos hablan de una misma cuestión: la crisis de autoridad y confianza que atraviesa nuestro tiempo. Un Papa que reclama concordia, un país cuyo sistema financiero queda comprometido por sospechas de corrupción política, y una empresa tecnológica convertida en pieza de una disputa de espionaje internacional. No son hechos equivalentes, por supuesto, pero todos revelan la dificultad creciente de hacer respetar reglas comunes. Cuando el poder político se confunde con intereses particulares, cuando la tecnología se convierte en instrumento de dominación y cuando las armas reemplazan a la ley, la sociedad termina pagando las consecuencias.
Argentina debería tomar nota. Tenemos demasiadas experiencias propias como para creer que semejantes males ocurren siempre lejos de nuestras fronteras. La concordia que reclamó SS León XIV no se consigue con discursos ni ceremonias multitudinarias: exige instituciones confiables, Justicia independiente, seguridad y dirigentes capaces de anteponer el interés general a sus ambiciones personales. ¿Seremos capaces de aprenderlo antes de que sea demasiado tarde?
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Site: www.avogadro.com.ar
Blog: http://egavogadro.blogspot.com
Facebook: Enrique Guillermo Avogadro
Twitter: @egavogadro
Un momento humillante en la Tumba del Soldado Desconocido
♣
Una escena insólita tuvo lugar el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y miembros de su comitiva fueron reprendidos públicamente por un guardia del Ejército tras escucharse risas cerca de uno de los monumentos militares más solemnes de Estados Unidos: la Tumba del Soldado Desconocido.
El incidente fue grabado en video y rápidamente se difundió por las cadenas de televisión estadounidenses y las redes sociales, generando críticas hacia Hegseth y planteando interrogantes sobre el respeto, la tradición militar y el liderazgo.
¿Qué sucedió?
El 11 de noviembre, tras una ceremonia del Día de los Veteranos a la que asistió el presidente Donald Trump, Hegseth visitó la Tumba del Soldado Desconocido acompañado de su esposa, Jennifer Rauchet, y varios altos funcionarios de su equipo.
El grupo se detuvo para tomar fotografías cerca del monumento. Al marcharse, se escucharon risas.
Un centinela del Ejército, responsable de la protección de la tumba, se giró hacia los visitantes y gritó:
“Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”.
Fue un momento extraordinario. El guardia les recordaba, de hecho, al máximo responsable civil militar del país y a sus acompañantes que nadie está exento de las normas que rigen el monumento.
Hegseth pareció mirar por encima del hombro, pero continuó caminando.
Según las imágenes disponibles, no se pudo determinar con precisión quién se había reído. Por lo tanto, sería injusto atribuirle la risa personalmente a Hegseth. Sin embargo, el incidente involucró a su delegación y se convirtió en una incómoda situación pública para el Secretario de Defensa.
NBC4 Washington+2
¿Por qué es tan importante este lugar?
La Tumba del Soldado Desconocido no es una atracción turística cualquiera. Es uno de los monumentos más sagrados de Estados Unidos.
Representa a los militares estadounidenses que murieron en conflictos bélicos sin que se haya establecido su identidad. Tres militares no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea están enterrados allí.
La tumba ha estado custodiada las 24 horas del día por miembros del 3.er Regimiento de Infantería del Ejército, conocido como la Vieja Guardia, desde 1948.
Se espera que los visitantes guarden silencio y se comporten con respeto. La responsabilidad del centinela no es meramente ceremonial: preservar la dignidad del monumento forma parte de su misión.
La respuesta del Pentágono
Tras el incidente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, defendió la postura del departamento.
Esta respuesta fue significativa porque el Pentágono no cuestionó la autoridad del guardia para exigir un comportamiento adecuado.
Un bochorno político para Hegseth
El momento no podría haber sido peor para el Secretario de Defensa.
Hegseth ya enfrentaba una considerable controversia política por su liderazgo, sus decisiones militares y su gestión de la guerra con Irán.
El incidente ocurrió apenas un día después de que la Cámara de Representantes rechazara un intento de destitución en su contra.
Sus críticos no tardaron en difundir las imágenes. El excongresista republicano Adam Kinzinger fue uno de los que condenaron el episodio, cuestionando la idoneidad de Hegseth para el cargo.
Para sus opositores políticos, las imágenes brindaron otra oportunidad para poner en tela de juicio su criterio y liderazgo.
The Irish Times+1
Una lección de respeto militar
Existe una distinción importante entre cometer un error político y demostrar falta de criterio en un monumento nacional.
La Tumba del Soldado Desconocido representa a quienes hicieron el máximo sacrificio por su país. Su dignidad debe respetarse independientemente de la afiliación política, el rango, el cargo o la influencia personal.
En este caso, el centinela del Ejército cumplió con su deber. No tenía por qué saber si los visitantes eran ciudadanos comunes, miembros del Congreso o altos funcionarios del gobierno.
Las reglas se aplicaban por igual.
En definitiva, la imagen más impactante de este episodio quizás no sea la de Pete Hegseth junto al monumento. Quizás sea la del soldado estadounidense recordándole a toda una delegación, incluido el Secretario de Defensa, que el respeto por los caídos es más importante que los títulos, el poder político o los cargos oficiales.
Y esa es, tal vez, la lección más importante de esta controversia del Día de los Veteranos.
Aterrador
♣
Permítanme contarles la historia de Tatiane Spitzner y cómo su muerte, documentada, conmocionó al mundo y abrió los ojos de muchos sobre lo que realmente es la violencia doméstica.
Tatiane era una abogada de 29 años que vivía con su esposo, Luis Filipe, en Guarapuava. Al ver fotos de la pareja, parecían felices y profundamente enamorados.
Pero detrás de esas imágenes se escondía una realidad verdaderamente impactante que terminó de forma espantosa.
El 22 de julio de 2018, la pareja fue a una fiesta y, al regresar (alrededor de las 2:30 de la madrugada), se les puede ver en las cámaras de seguridad estacionadas frente a su edificio.
Luego se dirigieron al garaje. Aparcó el coche, salió, la sacó a rastras y la empujó contra el vehículo. Luego la golpeó en la garganta, dejándola inconsciente. Mientras ella yacía en el suelo, aparcó el coche y, dos minutos después, regresó y comenzó a patearla hasta que despertó y se puso de pie.
Cuando empezó a recuperar la consciencia, decidió huir para salvar su vida y corrió hacia el ascensor mientras él la perseguía.
Ambos lograron entrar en el ascensor y ella pulsó el botón de la planta baja en lugar del del cuarto piso, donde vivían.
Cuando el ascensor se abrió en la planta baja, ella intentó escapar, pero él la alcanzó y la obligó a entrar de nuevo, agarrándola y empujándola contra la pared hasta que la puerta se cerró.
Al llegar al cuarto piso, ella apoyó las manos en los laterales del ascensor para intentar impedir que la sacara, pero fue inútil. Cuando salieron del ascensor, fue la última vez que se vio a Tatiane con vida.
Cuando llegaron a su apartamento, los vecinos oyeron sus gritos de auxilio, pero no hicieron nada. Menos de 15 minutos después, la cámara exterior del edificio grabó su cuerpo cayendo al suelo.
Él afirma que ella saltó por su propia voluntad, pero es evidente que miente, ya que en el video se ve que ni siquiera intenta cubrirse la cara ni gritar. Cayó sin vida.
Él bajó, la recogió y la llevó al ascensor, donde, cubierto de sangre, comenzó a acariciarle la cara y a taparle los pechos. La llevó de vuelta a su apartamento y luego regresó para limpiar la sangre del ascensor antes de marcharse.
Dunia Rampazzo, la fiscal del caso, declaró:
Nuestra investigación demuestra que la víctima fue asesinada por asfixia dentro del apartamento y que su cuerpo fue arrojado desde el balcón. Creemos que el acusado luego bajó en el ascensor hasta la planta baja, recuperó el cuerpo de Tatiane y lo subió de nuevo al apartamento en el ascensor.
Sospechamos que, antes de asesinarla, Luis sometió a su esposa a un largo periodo de violencia física. No se trató de un suicidio, sino de un feminicidio. Posteriormente, el agresor intentó huir en coche.
El caso sufrió múltiples retrasos debido a la COVID-19, pero en mayo de este año fue condenado a 31 años de prisión.
Si conoces a alguien que sufre maltrato por parte de su pareja, o si te encuentras en una relación así, busca ayuda. Su muerte no puede ser en vano, y esperamos que sirva de inspiración a quienes la necesiten para escapar mientras aún puedan.
Bajo la ciudad
♣
Canadá suele ser presentado como uno de los países más seguros del mundo. Sus ciudades modernas, sus instituciones democráticas y su reputación de tranquilidad construyeron una imagen internacional muy diferente de la que ofrecen otras sociedades atravesadas por la violencia. Sin embargo, detrás de esa fachada también existen historias criminales capaces de provocar espanto.
Una de las más perturbadoras ocurrió en Toronto y tuvo como protagonista a Bruce McArthur, un asesino serial que convirtió un lugar aparentemente común en el escenario de una sucesión de homicidios. Su historia reveló una realidad mucho más oscura: durante años, varias personas desaparecieron mientras el responsable continuaba desarrollando una vida aparentemente normal.
El caso fue conocido como uno de los episodios criminales más estremecedores de la historia canadiense reciente. No solamente por la cantidad de víctimas, sino también por las circunstancias en las que fueron asesinadas y por las preguntas que dejó sobre la actuación policial.
Bruce McArthur: el hombre detrás del horror
Pero detrás de esa normalidad se ocultaba un criminal responsable de ocho asesinatos.
Sus víctimas fueron hombres vinculados, en distintos casos, con la comunidad gay de Toronto y con el área de Church-Wellesley, un conocido barrio de la comunidad LGBTQ+.
Los homicidios ocurrieron entre 2010 y 2017. Durante ese período, varias desapariciones generaron preocupación, especialmente entre personas que frecuentaban los mismos espacios sociales.
El problema era que las investigaciones no consiguieron identificar inmediatamente que detrás de aquellos casos podía existir un mismo asesino.
Las desapariciones que nadie conseguía explicar
Toronto es una ciudad de millones de habitantes, con una población diversa y una intensa actividad nocturna. En ese contexto, las desapariciones de personas adultas podían presentar dificultades investigativas particulares.
Los familiares y amigos de algunos desaparecidos insistían en que algo grave estaba ocurriendo. Algunos temían que existiera un asesino que seleccionaba a sus víctimas dentro de una comunidad específica.
Entre las personas desaparecidas se encontraban hombres que habían tenido contacto con McArthur.
Las sospechas comenzaron a adquirir mayor consistencia cuando los investigadores relacionaron diferentes episodios y descubrieron elementos comunes.
El caso de Andrew Kinsman, desaparecido en junio de 2017, fue especialmente importante. Kinsman era conocido dentro de la comunidad y su desaparición provocó una creciente preocupación.
La investigación policial terminó conduciendo directamente hacia McArthur.
Los maceteros de la muerte: el descubrimiento que estremeció a Canadá
La investigación dio un giro aterrador cuando la policía registró una propiedad de Mallory Crescent, en Toronto, donde McArthur había trabajado como jardinero.
Los investigadores encontraron restos humanos en grandes maceteros utilizados para decorar el jardín. Lo que parecía una propiedad residencial común se había convertido en un escenario de horror.
Las autoridades recuperaron restos correspondientes a siete víctimas en los maceteros. El octavo conjunto de restos fue encontrado posteriormente en un terreno boscoso detrás de la propiedad.
El descubrimiento permitió reconstruir una parte fundamental de los crímenes. McArthur había aprovechado su trabajo como paisajista y su acceso a distintas propiedades para ocultar los restos de sus víctimas.
La imagen de un jardinero que trabajaba tranquilamente mientras escondía evidencias de asesinatos resultó particularmente perturbadora para la opinión pública.
La ciudad comenzó a preguntarse cómo un hombre responsable de semejantes atrocidades había podido actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto.
Las ocho víctimas de un asesino serial
Los nombres de los hombres asesinados deben ocupar un lugar central en esta historia. No fueron simples números de un expediente policial. Eran personas con familias, amistades, proyectos y vidas que fueron brutalmente interrumpidas.
Las ocho víctimas fueron:
Skandaraj Navaratnam, de 40 años.
Abdulbasir Faizi, de 42.
Majeed Kayhan, de 58.
Soroush Mahmudi, de 50.
Kirushnakumar Kanagaratnam, de 37.
Dean Lisowick, de aproximadamente 47.
Selim Esen, de 44.
Andrew Kinsman, de 49.
Las desapariciones se produjeron entre 2010 y 2017. Algunos hombres habían llegado a Canadá desde otros países y otros pertenecían a comunidades socialmente vulnerables.
La investigación reveló que McArthur había elegido víctimas dentro de un entorno en el que conocía sus hábitos y podía acercarse a ellas.
El asesinato de Andrew Kinsman fue particularmente importante para el avance de la investigación. Su desaparición, en junio de 2017, impulsó nuevas averiguaciones que terminaron conduciendo hasta el responsable.
La policía: ¿por qué tardó tanto en encontrarlo?
Uno de los aspectos más cuestionados del caso fue la actuación de las autoridades de Toronto.
Ya en 2012, la policía había creado el denominado Proyecto Houston para investigar las desapariciones de tres hombres. Sin embargo, aquella investigación terminó cerrándose en 2014 sin identificar a un sospechoso.
Posteriormente aparecieron nuevas desapariciones y surgieron advertencias dentro de la comunidad gay sobre la posibilidad de que existiera un asesino serial.
En diciembre de 2017, las autoridades todavía sostenían públicamente que no había pruebas concluyentes de la existencia de un asesino serial en el barrio.
La detención de McArthur llegó finalmente el 18 de enero de 2018.
Una revisión independiente publicada en 2021 encontró graves deficiencias en las investigaciones policiales. Entre otros problemas, señaló fallas en la comunicación, demoras en procedimientos básicos y prejuicios relacionados con la comunidad LGBTQ+.
El informe también cuestionó que las autoridades no hubieran relacionado oportunamente información que podía haber permitido identificar antes al criminal.
La conclusión fue contundente: la policía pudo haber actuado mejor y algunas de esas deficiencias tuvieron consecuencias devastadoras.
La detención y la confesión
Cuando finalmente se concentraron las sospechas sobre McArthur, los investigadores comenzaron a vigilarlo de manera permanente.
La policía obtuvo pruebas que lo vinculaban con las desapariciones, incluyendo evidencias genéticas. También consiguió información mediante la vigilancia de sus movimientos.
El 18 de enero de 2018, los agentes intervinieron cuando McArthur había llevado a otro hombre a su departamento. Encontraron a esa persona atada a una cama y la rescataron.
El episodio permitió detenerlo y presentar inicialmente cargos por dos homicidios.
Durante los meses siguientes aparecieron nuevas pruebas y se sumaron otras seis acusaciones.
El 29 de enero de 2019, McArthur se declaró culpable de los ocho asesinatos en primer grado. De esa manera evitó un juicio prolongado y reconoció su responsabilidad penal.
El 8 de febrero de 2019 recibió ocho condenas de prisión perpetua, que debía cumplir simultáneamente, sin posibilidad de solicitar libertad condicional durante 25 años.
Una ciudad que perdió la tranquilidad
El caso McArthur dejó una herida profunda en Toronto. La comunidad LGBTQ+ cuestionó durante años la manera en que las autoridades habían respondido a las desapariciones y reclamó investigaciones más serias.
También obligó a revisar cómo deben actuar las fuerzas policiales cuando desaparecen personas pertenecientes a sectores vulnerables.
La historia demostró que la aparente normalidad de una persona no garantiza que sea inofensiva. McArthur trabajaba, tenía relaciones sociales y se movía por la ciudad sin despertar sospechas suficientes para detener sus actividades criminales.
Pero también demostró algo todavía más importante: las desapariciones no pueden tratarse como episodios aislados cuando existen señales que permiten sospechar de un patrón criminal.
El horror que quedó bajo la ciudad
Toronto continúa siendo una de las grandes ciudades de Canadá, pero el nombre de Bruce McArthur permanece asociado a uno de sus capítulos más oscuros.
El título «Bajo la ciudad» representa precisamente esa contradicción: mientras millones de personas continuaban con sus vidas, detrás de los jardines y las propiedades residenciales se ocultaba una historia de asesinatos que nadie había conseguido detener a tiempo.
No fue solamente la historia de un asesino serial. Fue también la historia de ocho víctimas cuyas desapariciones merecían una respuesta más rápida, de familias que reclamaron justicia y de una investigación policial que dejó lecciones dolorosas.
El crimen de Toronto recuerda que ninguna sociedad está completamente protegida contra la violencia. La seguridad no depende solamente de tener buenos policías o leyes severas. También requiere escuchar a las comunidades, investigar cada desaparición con responsabilidad y actuar antes de que una tragedia se convierta en una serie de asesinatos.
McArthur fue condenado, pero la pregunta que permanece es mucho más incómoda: ¿cuántas de aquellas muertes podrían haberse evitado si las autoridades hubieran conectado las primeras señales de alarma?
Esa es, posiblemente, la parte más aterradora de toda esta historia.
Falsas amenazas de bomba provocan la evacuación de escuelas italianas y alarma en el Reino Unido e Irlanda
♣
Cientos de escuelas en toda Italia fueron evacuadas el miércoles tras recibir amenazas de bomba en aproximadamente 6.300 centros educativos, convirtiéndose en el último de una serie de incidentes dirigidos contra infraestructuras en toda Europa.
Escuelas en Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda también recibieron correos electrónicos el miércoles, aunque la policía advirtió que probablemente se trataba de falsas amenazas y no se evacuaron centros educativos.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que actualmente no hay indicios de que exista un peligro real.
Meloni afirmó que el gobierno está siguiendo muy de cerca los informes sobre las amenazas dirigidas a las escuelas, y que los incidentes parecen tener como objetivo generar alarma y preocupación.
Las autoridades están investigando el origen del correo electrónico, según indicó el portavoz de la policía, quien se negó a confirmar la dirección de correo electrónico desde la que se envió la comunicación.
Unas 6.300 escuelas en toda Italia recibieron la amenaza por correo electrónico, según informó un portavoz del Ministerio de Educación Pública italiano a CNN el miércoles. «Se desconoce cuántas han sido evacuadas; esa es una decisión tomada localmente siguiendo el consejo de las autoridades locales», añadió el portavoz.
Un agente de policía permanece de pie frente al instituto Matteotti Pellico mientras los alumnos son evacuados debido a una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Turín, Italia, el miércoles.
Un agente de policía permanece de pie frente al instituto Matteotti Pellico mientras los alumnos son evacuados debido a una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Turín, Italia, el miércoles. Marco Alpozzi/LaPresse/AP
Alumnos y padres se reúnen en un jardín frente a la escuela primaria Bacone después de que los alumnos fueran evacuados tras una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Milán, Italia, el miércoles.
Alumnos y padres se reúnen en un jardín frente a la escuela primaria Bacone después de que los alumnos fueran evacuados tras una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Milán, Italia, el miércoles. Luca Bruno/AP
En el centro de Roma, decenas de niños de preescolar y primaria disfrutaron de un día libre mientras la escuela primaria Quirinio Visconti era evacuada. Sus padres fueron notificados para que los recogieran, según informó una maestra a CNN.
El primer ministro italiano afirmó que el gobierno estaba “haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
En Irlanda del Norte, más de 300 escuelas recibieron un correo electrónico amenazante, informó la policía el miércoles, añadiendo que el mensaje se originó fuera del Reino Unido y se está tratando como una falsa alarma.
“Nuestras investigaciones continúan; sin embargo, en esta etapa consideramos que el riesgo para el público es bajo”, declaró el subcomisario Anthony McNally en un comunicado.
La Autoridad Educativa indicó que el mensaje enviado a “un gran número de escuelas” en Irlanda del Norte se parecía a una falsa alarma enviada a escuelas el mes pasado y que desconocía cualquier evidencia de una amenaza “creíble”.
La policía de la República de Irlanda informó que se envió una comunicación genérica a “varios centros educativos” el miércoles. La policía consideró la amenaza como “poco creíble” y afirmó que no recomendaba evacuaciones.
Sharon Magee, profesora de Dublín, declaró a CNN que su escuela recibió una amenaza de bomba a las 10:55 a. m. hora local (5:55 a. m. ET), pero no fue evacuada.
“Simplemente nos dijeron que estuviéramos alerta por si veíamos algo en las instalaciones y el día transcurrió con normalidad”, dijo, añadiendo que todos en la escuela pasaron la jornada sin incidentes.
Mientras tanto, la policía de Escocia informó que se enviaron “mensajes amenazantes” a las escuelas. La policía indicó que los mensajes se estaban tratando como falsas alarmas y advirtió a las escuelas que los correos electrónicos por sí solos no justificaban una evacuación.
Ola de disturbios en toda Europa
El incidente del miércoles es el último de una serie de ataques dirigidos contra infraestructuras y organizaciones en toda Europa.
“Cualquiera puede ser un objetivo, y eso dificulta nuestra defensa al 100%”, declaró el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a CNN el día antes de la evacuación de cientos de escuelas el miércoles, al describir los esfuerzos de las autoridades italianas para combatir los ataques. «El objetivo de esta guerra híbrida es destruir la soberanía y generar pánico», declaró Crosetto.
La semana pasada, una serie de falsas amenazas de bomba interrumpieron decenas de vuelos y afectaron a medios de comunicación de todo el continente.
Además, en las últimas semanas, se han producido ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en Francia, Suecia, Bélgica e Irlanda.
El país que tiene todo para triunfar, pero todavía no consigue despegar
♣
Argentina es uno de los países más contradictorios del mundo. Tiene tierras fértiles, enormes reservas de recursos naturales, energía, minerales estratégicos, talento humano, universidades reconocidas internacionalmente y una población con una capacidad extraordinaria para adaptarse a las dificultades. Sin embargo, lleva décadas atrapada en una sucesión de crisis económicas, enfrentamientos políticos, inflación, pobreza, endeudamiento y promesas incumplidas.
La pregunta parece inevitable: ¿Argentina será alguna vez una potencia mundial o está condenada a desperdiciar sus oportunidades?
La respuesta no es sencilla. Argentina tiene condiciones naturales y económicas para convertirse en uno de los países más importantes del planeta. Pero disponer de riquezas no significa saber administrarlas. Y precisamente allí se encuentra el principal problema argentino.
Un país que nació con grandes posibilidades
A comienzos del siglo XX, Argentina era considerada una de las economías más prometedoras del mundo. Su producción agropecuaria, sus exportaciones, la llegada de inmigrantes europeos y el desarrollo de sus ciudades alimentaban la idea de que podía convertirse en una potencia comparable con las principales naciones occidentales.
Buenos Aires era una ciudad moderna, cosmopolita y económicamente dinámica. El país atraía inversiones, desarrollaba infraestructura y exportaba alimentos a mercados internacionales.
Sin embargo, aquella trayectoria no se sostuvo.
El problema no fue una sola administración ni una única ideología. Fue una acumulación histórica de errores.
La riqueza natural: una ventaja extraordinaria
Pocos países tienen una combinación de recursos naturales semejante a la argentina.
El territorio ofrece algunas de las mejores tierras agrícolas del planeta. La producción de soja, maíz, trigo, carne y otros alimentos constituye una fuente fundamental de divisas y posiciona al país como un proveedor relevante del mercado internacional.
Pero la agricultura es apenas una parte del potencial.
Vaca Muerta representa una oportunidad extraordinaria para desarrollar la producción de petróleo y gas. La formación podría transformar la matriz energética argentina y generar exportaciones de gran magnitud si se mantienen las inversiones, la infraestructura y la estabilidad normativa.
El litio, especialmente en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, ofrece otra oportunidad estratégica. La transición energética mundial demanda minerales utilizados en baterías y almacenamiento eléctrico. Argentina puede convertirse en un proveedor importante, aunque necesita desarrollar mayor procesamiento industrial y cadenas de valor locales.
También existen posibilidades en cobre, energía nuclear, energía eólica, tecnología aeroespacial y economía del conocimiento.
El problema es que los recursos naturales no construyen por sí solos una potencia. Australia, Canadá y Noruega demostraron que la riqueza puede administrarse con instituciones sólidas y planificación a largo plazo.
Argentina necesita aprender de esos ejemplos.
El problema argentino: sus dirigentes y la falta de continuidad
Argentina tiene una dificultad que no puede solucionar únicamente con inversiones extranjeras: su inestabilidad política.
Cada gobierno parece llegar con la intención de destruir buena parte de lo que hizo el anterior. Cambian las reglas económicas, los impuestos, las regulaciones y las prioridades nacionales. El empresario que quiere invertir a veinte años debe preguntarse si las condiciones actuales continuarán vigentes después de las próximas elecciones.
Ninguna potencia se construye de esa manera.
Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y Australia tienen diferencias políticas importantes, pero cuentan con instituciones y estructuras productivas que sobreviven a los cambios de gobierno.
Argentina necesita un acuerdo nacional sobre cuestiones fundamentales: educación, infraestructura, energía, política exterior, desarrollo industrial y estabilidad monetaria.
No importa si gobierna la derecha, el centro o la izquierda. El país necesita reglas previsibles.
¿Puede Milei convertir a Argentina en una potencia?
La presidencia de Javier Milei representa un intento de modificar profundamente el funcionamiento económico argentino.
Su administración apuesta por el equilibrio fiscal, la reducción del Estado, la desregulación y la llegada de capitales privados.
Algunas de esas medidas pueden contribuir a corregir desequilibrios históricos. Sin embargo, reducir el gasto público no constituye por sí solo un proyecto de desarrollo nacional.
Argentina necesita inversiones, pero también educación pública de calidad, hospitales eficientes, investigación científica, infraestructura ferroviaria, rutas, puertos y una industria competitiva.
El desafío consiste en conseguir estabilidad económica sin destruir capacidades productivas y sociales indispensables para el crecimiento.
Los pronósticos económicos de 2026 muestran tanto oportunidades como dificultades. El FMI proyectó inicialmente un crecimiento del 3,5%, mientras que una encuesta de analistas publicada por Reuters el 5 de noviembre redujo la expectativa al 0,7%. La inflación continúa siendo un problema importante.
Por lo tanto, todavía es demasiado pronto para afirmar que Argentina encontró definitivamente el camino hacia la prosperidad.
Argentina también debe comprender que el mundo está cambiando.
La demanda de alimentos, energía, minerales críticos y tecnología abre posibilidades extraordinarias. El país puede convertirse en un socio estratégico para Europa, Estados Unidos, China, Brasil y otras economías.
Según BBVA Research, las exportaciones argentinas podrían alcanzar un récord de 102.000 millones de dólares en 2026. La energía y la minería pueden desempeñar un papel cada vez más importante.
Pero exportar materias primas no alcanza. Argentina debe intentar desarrollar industrias que agreguen valor a sus recursos.
No debería limitarse a extraer litio: debería desarrollar tecnología vinculada a las baterías. No debería limitarse a producir petróleo: debería fortalecer su industria energética. No debería limitarse a vender alimentos: debería desarrollar biotecnología, maquinaria agrícola y productos elaborados.
Ese es el camino para generar empleos calificados, mejores salarios y riqueza duradera.
¿Qué debería hacer Argentina para convertirse en potencia?
Hay cinco objetivos fundamentales:
Educación: recuperar la calidad educativa y formar profesionales capaces de competir internacionalmente.
Industrialización: transformar los recursos naturales en productos de mayor valor agregado.
Estabilidad económica: terminar con los ciclos permanentes de inflación, devaluaciones y endeudamiento descontrolado.
Infraestructura: modernizar ferrocarriles, rutas, puertos, aeropuertos y redes energéticas.
Instituciones: construir una Justicia independiente, combatir la corrupción y garantizar reglas que no cambien con cada presidente.
También necesita una política exterior inteligente. Argentina no debe convertirse en satélite de ninguna potencia. Debe relacionarse con todos los países con los que pueda desarrollar acuerdos beneficiosos.
El futuro: ¿una potencia mundial o una oportunidad perdida?
Argentina probablemente no se convertirá en una superpotencia militar o económica comparable con Estados Unidos o China en las próximas décadas. Pero esa no debería ser la única medida del éxito.
Países como Australia, Canadá y Noruega demuestran que es posible construir prosperidad a partir de recursos naturales cuando existe planificación, responsabilidad institucional y visión de largo plazo.
Argentina tiene ventajas que muchas naciones envidiarían. Tiene territorio, alimentos, energía, minerales, agua, conocimiento científico y una ubicación geográfica privilegiada.
Lo que todavía necesita es transformar esas ventajas en un proyecto nacional.
Conclusión: Argentina todavía está a tiempo.
El país no está condenado al fracaso. Tampoco tiene garantizado el éxito.
Su mayor enemigo no es la falta de recursos, sino la incapacidad histórica de construir consensos y sostener políticas que beneficien a varias generaciones.
Los argentinos han escuchado durante décadas que viven en un país rico. Pero la riqueza de una nación no se mide solamente por lo que existe debajo de su suelo o por la fertilidad de sus campos. Se mide por la calidad de vida de sus habitantes, sus oportunidades y la fortaleza de sus instituciones.
Argentina podría convertirse en una de las naciones más prósperas de América Latina y alcanzar un lugar destacado en el mundo.
La pregunta final no es si tiene condiciones para conseguirlo. Las tiene.
La verdadera pregunta es si sus dirigentes y su sociedad estarán dispuestos a dejar atrás sus viejas disputas para construir, finalmente, un país que funcione.
Porque Argentina no necesita otro milagro económico. Necesita varias décadas de inteligencia, trabajo, honestidad y continuidad política.
Lo Mas Visto ♣ Noviembre 13, 2026
♣
LAS NOTAS MÁS VISTAS. LAS MÁS COMENTADAS EN PrisioneroEnArgentina.com
VIERNES 13: EL DÍA MALDITO, UNA FECHA MARCADA POR EL MIEDO Y LA SUPERSTICIÓN
♣
El viernes 13 es considerado por millones de personas como uno de los días más inquietantes del calendario. Para algunos se trata simplemente de una superstición sin fundamento; para otros, es una jornada en la que conviene evitar viajes, negocios importantes, operaciones quirúrgicas e incluso tomar decisiones trascendentales. La combinación del viernes con el número 13 ha construido, a lo largo de los siglos, una reputación siniestra que todavía sobrevive en la sociedad moderna.
Pero ¿de dónde viene semejante temor? ¿Por qué una fecha determinada puede provocar tanta desconfianza?
El origen de una superstición
El número 13 ha sido asociado históricamente con la mala suerte en distintas culturas occidentales. Una de las explicaciones más conocidas procede de la tradición cristiana: durante la Última Cena había trece comensales, y el decimotercer invitado, Judas Iscariote, terminó traicionando a Jesús.
El viernes también arrastra una reputación negativa dentro de la tradición cristiana, porque se considera el día de la crucifixión de Jesucristo.
La unión de ambas creencias habría contribuido a consolidar la imagen del viernes 13 como una fecha especialmente desafortunada. Sin embargo, los historiadores advierten que no existe una única explicación comprobada sobre el nacimiento de esta superstición.
Una teoría popular relaciona el viernes 13 de octubre de 1307 con la persecución y detención de los caballeros templarios por orden del rey francés Felipe IV. Aunque el episodio histórico está documentado, su conexión directa con el origen de la superstición es discutida.
El miedo tiene nombre
Existe incluso una palabra para describir el temor irracional al viernes 13: paraskevidekatriafobia. Es una forma específica de superstición que puede provocar ansiedad, preocupación y conductas de evitación.
El miedo puede parecer exagerado, pero tiene consecuencias económicas y culturales. Algunas empresas registran modificaciones en las reservas y actividades comerciales cuando llega esta fecha.
El cine convirtió el viernes 13 en una pesadilla
Si existe una razón por la cual las nuevas generaciones conocen esta superstición, probablemente sea el cine.
La famosa franquicia cinematográfica Friday the 13th convirtió la fecha en un símbolo internacional del terror. Su personaje más conocido, Jason Voorhees, con su característica máscara de hockey, pasó a representar una de las imágenes más reconocibles del cine de terror.
La película original, estrenada en 1980, dio origen a numerosas secuelas y convirtió el viernes 13 en una marca comercial asociada con asesinatos ficticios, campamentos siniestros y escenarios aterradores.
¿Realmente ocurren más desgracias?
No existe evidencia científica sólida que demuestre que los viernes 13 tengan una mayor concentración de accidentes, tragedias o acontecimientos desafortunados.
La explicación psicológica es mucho más sencilla: cuando alguien cree que una fecha es peligrosa, presta mayor atención a cualquier inconveniente que ocurre durante ella. Un accidente menor puede convertirse en una confirmación de sus temores, mientras que los acontecimientos positivos pasan inadvertidos.
Es el funcionamiento de los prejuicios y las expectativas humanas.
Una superstición que no desaparece
En pleno siglo XXI, cuando la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial forman parte de la vida cotidiana, el viernes 13 continúa despertando inquietud.
Quizás esa sea su característica más extraordinaria: sobrevivió a generaciones, revoluciones, guerras y avances científicos.
Para algunos será un día común; para otros, una jornada para permanecer en casa, evitar los gatos negros y cruzar los dedos.
Lo cierto es que el calendario no tiene poderes sobrenaturales. Pero el miedo humano sí tiene una capacidad extraordinaria para convertir una fecha cualquiera en una auténtica pesadilla.
Una historia de violencia, sangre y crímenes que conmocionaron al país
♣
Argentina tiene una historia criminal que reúne algunos de los episodios más estremecedores de América Latina. Detrás de sus ciudades, sus paisajes y su aparente tranquilidad, existieron personajes capaces de cometer atrocidades que todavía generan indignación, miedo y fascinación. Asesinos seriales, homicidas múltiples, criminales despiadados y hombres que transformaron sus propios hogares en escenarios de terror forman parte de una historia oscura que la sociedad argentina no debería olvidar.
Hablar del asesino argentino es ingresar en un universo donde la violencia, la impunidad y las fallas institucionales aparecen con frecuencia. Algunos criminales fueron descubiertos rápidamente; otros consiguieron escapar durante años de la Justicia. Algunos terminaron sus días en prisión, mientras que otros dejaron interrogantes que todavía no encontraron respuesta.
Robledo Puch: el Ángel de la Muerte
Uno de los nombres más conocidos de la criminalidad argentina es Carlos Eduardo Robledo Puch. Nacido en 1952, se convirtió en uno de los asesinos seriales más famosos del país. Fue condenado por múltiples homicidios, robos y otros delitos cometidos durante su juventud.
Su apodo, el Ángel de la Muerte, resulta particularmente inquietante por el contraste entre su apariencia juvenil y la brutalidad de sus crímenes.
Durante la década de 1970, Robledo Puch participó en una sucesión de robos y asesinatos que conmocionaron a Buenos Aires. Sus víctimas incluyeron serenos, comerciantes y otras personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
Su detención en 1972 puso fin a una etapa de terror. Fue condenado a reclusión perpetua y pasó décadas privado de libertad. Su historia sigue siendo una referencia inevitable cuando se habla de asesinos seriales argentinos.
Otro personaje siniestro fue Cayetano Santos Godino. Nació en 1896 y adquirió notoriedad por una serie de ataques contra niños en Buenos Aires a comienzos del siglo XX.
Sus crímenes incluyeron homicidios e intentos de asesinato. La brutalidad de sus acciones provocó una enorme conmoción social y convirtió su nombre en uno de los más recordados de la historia policial argentina.
Fue detenido y enviado al sistema penitenciario. Murió en 1944 en la cárcel de Ushuaia.
El caso también dejó preguntas sobre la capacidad de las instituciones de la época para identificar y tratar conductas violentas antes de que terminaran en tragedias.
Roberto José Carmona: el criminal reincidente
Roberto José Carmona es otro de los nombres que provocan rechazo en la sociedad argentina. Su trayectoria criminal incluye homicidios, violencia sexual y una prolongada historia de reincidencia.
Su caso se hizo especialmente conocido por el asesinato de un taxista en Córdoba, cometido en 2022 mientras gozaba de salidas autorizadas del establecimiento penitenciario donde estaba detenido.
El episodio reabrió una discusión fundamental: ¿cómo puede una persona condenada por delitos extremadamente violentos volver a circular por las calles sin que existan garantías suficientes para proteger a la población?
La responsabilidad institucional y los mecanismos de control penitenciario quedaron nuevamente bajo la lupa.
Yiya Murano representa una de las historias criminales más inquietantes del país. Durante la década de 1970 fue acusada de envenenar a mujeres de su círculo social, utilizando sustancias tóxicas en infusiones y alimentos.
Sus víctimas fueron conocidas y personas de confianza. La posibilidad de que alguien pudiera utilizar la amistad y la cercanía para cometer asesinatos generó una profunda impresión en la opinión pública.
Murano fue condenada por homicidios y su figura quedó asociada a uno de los episodios más perturbadores de la crónica policial argentina.
El crimen como problema social
La historia argentina también incluye asesinos que actuaron en contextos familiares, criminales que atacaron por motivos económicos y delincuentes que utilizaron la violencia para imponer su voluntad.
Sin embargo, sería un error considerar que todos estos casos responden a una misma explicación. No existe un perfil único del asesino. Las motivaciones pueden incluir conflictos personales, intereses económicos, violencia sexual, impulsividad, ideologías extremistas o comportamientos patológicos. Ninguna explicación elimina la responsabilidad individual por los delitos cometidos.
La sociedad tiene derecho a exigir que estos crímenes sean investigados con seriedad y que las víctimas reciban justicia.
La Justicia argentina frente a los asesinos
Uno de los problemas más graves que dejan estos episodios es la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.
Las demoras procesales, las investigaciones deficientes, la falta de coordinación entre organismos y los controles insuficientes pueden generar consecuencias devastadoras. El caso Carmona constituye un ejemplo especialmente doloroso de las preguntas que deben responder las autoridades cuando una persona peligrosa vuelve a cometer un homicidio durante una salida penitenciaria.
La prisión debe cumplir dos funciones fundamentales: impedir que quienes representan un peligro continúen dañando a otras personas y ofrecer oportunidades de rehabilitación cuando resulte posible.
Pero la rehabilitación no puede confundirse con la ausencia de controles ni con decisiones irresponsables.
Una memoria que no debe desaparecer
Los asesinos argentinos más conocidos terminaron convirtiéndose en personajes de libros, películas, documentales y programas televisivos. Sin embargo, detrás de cada nombre existe una historia de víctimas, familias destruidas y comunidades afectadas.
Robledo Puch, el Petiso Orejudo, Carmona y Yiya Murano representan distintas épocas y modalidades de criminalidad. Sus historias permiten comprender cómo evolucionaron las investigaciones policiales y cómo cambiaron las respuestas judiciales frente a delitos extremadamente graves.
Argentina no debe convertir a sus asesinos en celebridades ni alimentar una admiración enfermiza por sus atrocidades. El verdadero centro de estas historias debe estar en las víctimas y en la necesidad de evitar que tragedias semejantes vuelvan a repetirse.
La historia criminal argentina es extensa y todavía guarda episodios poco conocidos. Pero su enseñanza más importante es sencilla: ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente segura mientras la vida humana no sea protegida con justicia, responsabilidad y eficacia institucional.
“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como pidió Francisco”
♣
El papa León XIV se reunió este martes por la tarde en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron” y destacó: “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto.Estas son las manos que Jesús está buscando”.
“Estas son las manos que Jesús está buscando, y tiene sus manos para continuar su misión”, enfatizó.
Luego habló sobre la vocación religiosa y planteó: “¿Para qué estamos aquí?” y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.
Es por eso, que pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, subrayó.
Y reflexionó: “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”.
Y aquí recordó: “El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros”.
En otro pasaje de su discurso habló sobre el rol de la institución católica y aseveró: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.
En ese punto, les dijo a los presentes: “Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia desde La Quiaca hasta Ushuaia”, por lo tanto, lleven el Evangelio “a todos los rincones”.
En un momento les habló a los seminaristas y les pidió“mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo” e hizo hincapié en que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar.
Además, destacó que “la Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos” y precisó: “De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren”.
“Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, recalcó y a continuación, citó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.
“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, agregó y de nuevo, recordó a Bergoglio: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.
LA CASA EMBRUJADA QUE ALIMENTA LAS LEYENDAS MÁS OSCURAS
♣
Mendoza es conocida por sus montañas, sus viñedos, sus paisajes imponentes y su proximidad a la cordillera de los Andes. Sin embargo, detrás de esa imagen turística existe otra Mendoza, mucho menos conocida: la de las historias de aparecidos, las construcciones abandonadas, los relatos de antiguos habitantes y las leyendas que sobreviven al paso del tiempo.
Entre esas historias aparece una de las imágenes más inquietantes del folclore paranormal: la casa embrujada. Una vivienda silenciosa, rodeada de misterio, donde supuestamente se escuchan ruidos inexplicables, se perciben presencias y ocurren acontecimientos que sus protagonistas no consiguen comprender.
En Mendoza existen numerosas historias populares relacionadas con casas abandonadas y supuestas apariciones. Algunas están vinculadas con antiguas propiedades rurales; otras, con construcciones que quedaron atrapadas entre el pasado y el presente. Pero hay un detalle que se repite en prácticamente todos estos relatos: quienes aseguran haber experimentado algo extraño difícilmente olvidan lo sucedido.
La oscuridad, el silencio y la imaginación pueden convertir cualquier vivienda abandonada en un escenario de pesadilla. Pero cuando varias personas cuentan experiencias semejantes, la historia adquiere una dimensión diferente.
La mansión Stoppel: el fantasma de Luisito
Uno de los casos más conocidos es el de la Mansión Stoppel, ubicada en la avenida Emilio Civit 348, en la ciudad de Mendoza.
La propiedad fue diseñada por el arquitecto italiano Víctor Barabino en 1912, por encargo de Luis Stoppel, un importante empresario y diplomático. La construcción tardó aproximadamente dos años y se convirtió en una de las residencias más llamativas de la época.
Pero la historia de la mansión tomó un rumbo diferente cuando, décadas después, el inmueble pasó a formar parte del patrimonio estatal y funcionó como Patronato de Menores hasta 1977.
Fue entonces cuando comenzaron a circular relatos particularmente perturbadores.
Los vecinos aseguraban escuchar gritos, voces infantiles y sonidos extraños provenientes de la propiedad. Algunos trabajadores que participaron en tareas de mantenimiento también habrían manifestado temor a permanecer solos dentro del edificio.
La leyenda más conocida habla de un supuesto fantasma llamado Luisito.
Según una de las versiones, habría sido un niño que murió después de recibir tratamientos médicos cuestionables durante su permanencia en la institución. Otra narración sostiene que era hijo extramatrimonial del antiguo propietario y que habría tenido un destino trágico.
Ninguna de estas historias cuenta con documentación concluyente que permita confirmar la existencia del niño o las circunstancias de su supuesta muerte. Sin embargo, el relato sobrevivió y convirtió a la mansión en uno de los lugares más misteriosos de Mendoza.
Una casa que parece tener vida propia
Otro episodio que alimentó la fama de la propiedad ocurrió durante trabajos de restauración. Un trabajador identificado como Reinaldo habría manifestado que prefería no volver a trabajar allí porque sentía que algo extraño sucedía dentro del edificio.
Según el relato publicado por la prensa mendocina, el hombre no quería permanecer en la propiedad, pese a que estaba acostumbrado a realizar trabajos en construcciones difíciles.
La historia se convirtió en uno de los testimonios más repetidos por quienes investigan el supuesto fenómeno paranormal.
La mansión también quedó asociada a relatos sobre sombras, ruidos nocturnos y una atmósfera particularmente inquietante.
Otras casas misteriosas de Mendoza
La Mansión Stoppel no es el único lugar que alimenta las historias de terror provinciales.
En Guaymallén existe otra propiedad que se hizo conocida por videos difundidos en redes sociales. Se trata de una antigua vivienda relacionada con la familia Notti, ubicada sobre avenida Bandera de los Andes. Los vecinos y visitantes comentaron supuestos movimientos extraños, la presencia de un hombre misterioso y un automóvil cuyas luces se encenderían sin intervención humana.
También existe una leyenda en El Bermejo, donde una antigua vivienda quedó vinculada a una historia trágica y a supuestos fenómenos inexplicables.
¿Hay fantasmas en Mendoza?
La respuesta depende de las creencias de cada persona. No existen pruebas científicas concluyentes de que estas propiedades estén habitadas por espíritus. Los ruidos pueden tener explicaciones arquitectónicas, las sombras pueden ser producto de la iluminación y las historias pueden crecer con cada nueva narración.
Pero las leyendas tienen una característica particular: sobreviven incluso cuando sus protagonistas desaparecen.
La Mansión Stoppel es un ejemplo de cómo una construcción histórica puede convertirse en escenario de una historia de terror que atraviesa generaciones.
Quizás Luisito nunca haya existido. Quizás los gritos que algunos vecinos aseguran escuchar tengan una explicación perfectamente natural.
Pero queda una imagen difícil de olvidar: una antigua mansión mendocina, sus habitaciones silenciosas y una leyenda que asegura que, cuando llega la noche, alguien todavía recorre sus pasillos.
Y para los amantes de lo paranormal, esa posibilidad es suficiente para mantener viva una de las historias más inquietantes de Mendoza.
¿CÓMO SERÁ EL MUNDO DENTRO DE 100 AÑOS?
♣
Imaginar cómo será el mundo dentro de cien años es uno de los ejercicios más fascinantes que puede realizar el ser humano. En 2126, nuestros descendientes vivirán en una sociedad que probablemente tendrá muy poco que ver con la actual. La tecnología, la medicina, la inteligencia artificial, la exploración espacial y los cambios climáticos habrán transformado profundamente nuestra manera de vivir. Algunas cosas que hoy parecen ciencia ficción podrían convertirse en actividades cotidianas, mientras que otras, que consideramos indispensables, quizás hayan desaparecido.
La pregunta no es solamente cómo serán las ciudades, los automóviles o las viviendas. La verdadera incógnita es qué significará ser humano dentro de un siglo.
La inteligencia artificial gobernará gran parte de nuestra vida
En 2126, la inteligencia artificial probablemente será una herramienta mucho más avanzada que los actuales sistemas informáticos. Los asistentes inteligentes podrán organizar prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana: administrar viviendas, controlar la salud, realizar operaciones comerciales, enseñar idiomas y resolver problemas complejos.
Es posible que muchas personas tengan un asistente artificial permanente, capaz de conocer sus preferencias, anticipar necesidades y comunicarse con ellas de manera natural.
Los robots también estarán presentes en hospitales, fábricas, restaurantes, hogares y centros educativos. Algunos tendrán apariencia humana y podrán realizar tareas que hoy requieren años de preparación profesional.
Sin embargo, aparecerá un interrogante fundamental: ¿quién controlará a las máquinas? La humanidad deberá establecer límites para impedir que la tecnología se convierta en una amenaza para la libertad individual.
La medicina podría eliminar enfermedades que hoy parecen incurables
Uno de los mayores cambios podría producirse en la medicina. Los avances en genética, nanotecnología, inteligencia artificial y biología permitirán diagnosticar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas.
El cáncer, algunas enfermedades degenerativas y numerosos trastornos hereditarios podrían convertirse en problemas mucho más controlables.
Los órganos artificiales y los tejidos cultivados en laboratorios podrían reducir considerablemente las listas de espera para trasplantes. También podrían desarrollarse tratamientos personalizados, diseñados de acuerdo con las características genéticas de cada paciente.
¿Viviremos 150 años? Es posible que la expectativa de vida aumente considerablemente, aunque todavía no sabemos cuáles serán los límites biológicos del envejecimiento.
La muerte seguirá siendo una realidad, pero probablemente la humanidad consiga prolongar la vida saludable mucho más allá de lo que hoy imaginamos.
Los viajes espaciales serán diferentes
En un siglo, la exploración espacial podría haber dejado de ser una actividad exclusiva de astronautas y grandes potencias.
La Luna podría albergar instalaciones científicas permanentes, centros de investigación y depósitos de recursos. Marte podría contar con pequeños asentamientos humanos, aunque mantener comunidades independientes en ese planeta representará un desafío extraordinario.
También podrían existir estaciones espaciales comerciales y viajes turísticos más frecuentes fuera de la Tierra.
La posibilidad de encontrar vida extraterrestre seguirá siendo uno de los grandes interrogantes científicos. No necesariamente se tratará de civilizaciones inteligentes: incluso descubrir microorganismos en otro planeta cambiaría nuestra comprensión del universo.
La humanidad comprenderá que la Tierra no es el único lugar donde puede desarrollarse la vida.
Las ciudades del futuro
Las ciudades de 2126 probablemente serán mucho más inteligentes. Los edificios administrarán automáticamente su consumo energético, los vehículos circularán sin conductores y los sistemas de transporte estarán coordinados mediante inteligencia artificial.
Podrían construirse ciudades subterráneas, barrios flotantes y enormes complejos habitacionales preparados para enfrentar temperaturas extremas.
Los automóviles tradicionales podrían desaparecer progresivamente. Los desplazamientos urbanos se realizarán mediante vehículos autónomos, trenes de alta velocidad y sistemas de transporte aéreo.
La arquitectura también cambiará. Los edificios podrán producir su propia energía, reciclar agua y utilizar materiales capaces de repararse parcialmente.
Sin embargo, la tecnología no garantizará ciudades más justas. La pobreza, la desigualdad y la concentración de riqueza podrían continuar existiendo si las sociedades no consiguen resolver sus problemas políticos y económicos.
El clima: el gran desafío de la humanidad
El cambio climático será posiblemente uno de los problemas más importantes del siglo XXII.
Si las emisiones contaminantes no disminuyen suficientemente, muchas regiones sufrirán temperaturas extremas, sequías, inundaciones y transformaciones geográficas importantes.
Algunas ciudades costeras deberán invertir enormes recursos para protegerse del aumento del nivel del mar. Determinadas regiones podrían perder población debido a la falta de agua o a condiciones ambientales difíciles.
También es posible que la humanidad desarrolle tecnologías capaces de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, mejorar la producción de alimentos y recuperar ecosistemas deteriorados.
El planeta seguirá siendo nuestro hogar. Ninguna colonia en Marte podrá reemplazar fácilmente las condiciones naturales de la Tierra.
¿Cómo será el trabajo?
Dentro de cien años, numerosos empleos actuales probablemente habrán desaparecido. Las máquinas podrán realizar actividades administrativas, industriales, comerciales y profesionales.
La educación será mucho más personalizada. Cada estudiante tendrá acceso a profesores artificiales capaces de adaptar las clases a su velocidad de aprendizaje.
El trabajo humano podría concentrarse en actividades creativas, científicas, sociales y culturales. Sin embargo, también existirá el riesgo de que millones de personas queden desplazadas por la automatización.
Los gobiernos deberán encontrar nuevas formas de distribuir la riqueza y garantizar oportunidades económicas.
¿Existirán los países tal como los conocemos?
Es difícil imaginar que Argentina, Estados Unidos, Brasil, China o Rusia desaparezcan completamente durante los próximos cien años. Sin embargo, sus fronteras, sistemas políticos y relaciones internacionales podrían experimentar transformaciones profundas.
Algunas organizaciones internacionales podrían adquirir mayor autoridad. Los conflictos por el agua, la energía, los alimentos y los recursos estratégicos podrían modificar el equilibrio mundial.
También podrían surgir nuevas potencias económicas y desaparecer otras que actualmente parecen invencibles.
La democracia tendrá que adaptarse a una sociedad donde la inteligencia artificial podrá influir sobre millones de personas y donde la información será todavía más poderosa.
El ser humano en 2126
Quizás el cambio más sorprendente no sea tecnológico, sino biológico y cultural. Podrían desarrollarse prótesis extremadamente avanzadas, implantes electrónicos y dispositivos capaces de conectar directamente el cerebro con computadoras.
La frontera entre el organismo humano y la tecnología podría volverse cada vez menos definida.
También surgirán preguntas filosóficas: ¿seguiremos considerando humanos a quienes incorporen numerosas modificaciones artificiales? ¿Podrá una computadora desarrollar conciencia? ¿Será posible conservar digitalmente recuerdos y aspectos de la personalidad de una persona fallecida?
Son preguntas que hoy parecen propias de la ciencia ficción, pero que podrían convertirse en debates centrales.
Conclusión: un siglo puede cambiarlo todo
En 2126, el mundo podría ser más saludable, tecnológico, conectado y próspero. También podría ser más desigual, contaminado y peligroso si la humanidad utiliza sus descubrimientos sin responsabilidad.
El futuro no está escrito. No será determinado exclusivamente por científicos, empresarios o gobernantes, sino por millones de decisiones individuales y colectivas.
Hace cien años, pocas personas podían imaginar internet, los teléfonos inteligentes, los trasplantes modernos o la inteligencia artificial. Dentro de otros cien años, nuestros descendientes probablemente mirarán nuestras actuales limitaciones con la misma sorpresa.
La gran incógnita no es si tendremos máquinas extraordinarias, ciudades inteligentes o viajes espaciales. La verdadera pregunta es si, después de conquistar tantos avances, habremos aprendido finalmente a vivir en paz, respetar el planeta y construir una civilización mejor.
Los Unos y los otros
♣
Arquetipo de discriminación
Puedes negar la realidad, pero no puedes escapar de las consecuencias de negar la realidad .
Ayn Rand (1905/1982)
La subversión semántica en el frente jurídico de la batalla cultural
Como demostración de arquetipo de discriminación confrontaremos un reciente fallo de la Corte IDH con los rechazos in limine de la Comisión IDH negando derechos a los procesados en los denominados juicios por lesa humanidad
Introducción:
El presente es más que un artículo periodístico, es un análisis sobre la explicación del accionar de quienes, bajo la presunta defensa de los derechos humanos, los emplean como forma discriminatoria, es decir lo contrario a lo que tales derechos deben proteger, toda vez que la base en los que asientan su resguardo es la igualdad ante la ley, tal como taxativamente lo establecido en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 2 inciso 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición . Este concepto ha sido sostenido en todo el sistema convencional relacionado a derechos humanos. La Constitución de la Nación Argentina (CN) ya en 1853 reconoció el derecho a la igualdad en el artículo 16.
Los denominados, sectores, agrupaciones o miembros, de la «derecha», consecuentemente difamados, censurados o cancelados, iniciaron un enfrentamiento o batalla cultural oponiéndose, aunque con bastante demora, al relato que, desde las «izquierdas», el progresismo regresivo, comunismos, populismos u otras denominaciones se viene sostenido en base, entre otros promotores a Antonio Gramsci y su lucha por la apropiación de la cultura; Michel Foucault y el apoderamiento del lenguaje; y desde la caída de la URSS a fines del siglo pasado con estructuras como, en lo que América se refiere, del Foro de São Paulo y sus derivaciones.
La resistencia se basa mayoritariamente en presentar la defensa de los valores occidentales y judeocristianos, la educación, la familia, y el enfrentamiento a grupos identitarios o woke que tratan de hacer valer sus intereses particulares por sobre valores fundamentales, escudándose tras la pantalla de los derechos humanos, que tratan de que parezcan inclusivos, pero en la realidad los hacen excluyentes.
Esta batalla cultural, aunque en realidad es una guerra, no ha desarrollado demasiado el que denominamos «frente jurídico», y que como modesto aporte, en el presente artículo tratamos de desvelar, ya que entendemos termina siendo el soporte de los sectores que atentan contra la cultura mayoritaria, y lo hacen primordialmente arrasando las garantías judiciales y el debido proceso, que son los fundamentos que protegen a las personas de los agravios, agresiones o violación a sus derechos vulnerados por arte de individuos particulares, organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales u organismos nacionales e internacionales.
Necesariamente este artículo es extenso, y no podría ser de otra forma. En esta batalla debemos motivar y fundar nuestra postura, ya que enfrentar a sectores poderosos no nos permite dejar flancos abiertos; lo contrario implicaría un grave error estratégico. Es por esto que intentamos demostrar en modo detallado las fallas procesales y los derechos que se violan, en los denominados procesos por delitos de lesa humanidad.
Tal como lo venimos sosteniendo desde 2016, y en consecuencia hemos actuado tanto a nivel de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIPDH) como en sede interna ante Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, existe en la Argentina una clara violación a las garantías judiciales y al debido proceso, lo cual ocasiona, en modo especial en los denominados procesos de lesa humanidad, otras violaciones a los derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad personal, y a la libertad de pensamiento y expresión.
Lamentablemente, no hemos logrado que estas violaciones a los derechos humanos hayan sido consideradas en sede interna, ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) quien en forma reiterada y sistemática ha rechazado in limine, es decir sin motivación ni fundamentación (porque carece de sustento jurídico para hacerlo), las múltiples peticiones y solicitudes de medidas cautelares presentadas. Así ha afectado primordialmente a los casi 3.000 procesados en las causas denominadas de lesa humanidad, que a la fecha han sufrido 1.000 decesos registrados, en su mayoría a procesados sin sentencia firme, es decir inocentes, gran parte de ellos bajo una excesiva prisión preventiva.
El Poder Judicial es mayoritariamente poco confiable, lo que es una afrenta a la seguridad jurídica propia de una república. Si se pudo y se continúa pudiendo mantener las actuaciones en los denominados procesos de lesa, es porque los tres Poderes del Estado, desde largo tiempo, hacen causa común. Los procesos denominados de lesa humanidad son un como sí, tan excesivos que parecen una «performance», un espectáculo orquestado, dirigido y producido por revancha, por venganza, parecen sostenerse en el dicho de Juan Domingo Perón «al amigo todo, al enemigo ni justicia», un grosero retroceso en lo jurídico, hasta antes de la ley del talión.
Como forma operativa confrontaremos la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el fallo N°. 596 del 15/may/2026, López de Belva y ots vs Argentina, con el rechazo in limine que la Comisión IDH aplica contra los derechos humanos, en forma sistemática y reiterada, a los procesados en los denominados juicios por lesa humanidad. Especialmente revisamos la nota del 18/sep/2026, cuando rechazó in limine la petición P-1892/16, donde por ellos formulamos la pertinente denuncia por discrepancias, que anexamos al final de este artículo mediante copia de la recepción de la misma por el órgano. En definitiva, realizamos la comparación entre la aplicación para «los unos», los procesados comunes, y «los otros», las víctimas de los procesos denominados de lesa humanidad.
Hemos sostenido en otros artículos publicados por el diario digital «Prisionero en Argentina» que es necesario demostrar las transgresiones, tanto en derecho interno como internacional, en la protección de derechos humanos y el trato discriminatorio, por tanto, ilegal que sufren los procesados arriba mencionados, en comparación a los procesos por delitos comunes en los que las garantías judiciales si se aplican. La función de los abogados como auxiliares de la justicia es una obligación de medios, no de resultados, por ello utilizamos todos los medios legales posibles, los resultados dependen del cumplimiento de las garantías judiciales y del debido proceso que son las obligaciones de los funcionarios del Estado y de los órganos de los sistemas supranacionales.
I]: Los unos: los procesos comunes y el trato a grupos woke.
Por el fallo N°. 596 la Corte IDH, estableció la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones cometidas en el proceso penal seguido contra los señores Arturo Jorge Podestá y Carlos Alberto López De Belva, por hechos relacionados con el ejercicio de sus labores profesionales como abogados, representantes de una tercera persona, en un juicio civil de daños y perjuicios que su cliente mantuvo contra la Municipalidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El texto completo del fallo puede bajarse desde la página WEB de la Corte IDH.
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_596_esp.pdf
El caso fue iniciado ante la Comisión IDH en 1996 y recién fue elevado a la Corte IDH el 20/ene/2024, es decir que tuvo una demora de 23 años en llegar al órgano jurisdiccional del SIPDH.
Trascribimos los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que la Corte IDH consideró violados y los párrafos en los que estableció su jurisprudencia, resaltando las partes pertinentes:
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 1, en lo pertinente, establece: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, …
En el presente caso la Corte IDH trata sobre la obligación del Estado de garantizar la independencia de los jueces, fiscales y profesionales del derecho del Poder Judicial y de sus intereses individuales.
La imparcialidad implica ofrecer garantías subjetivas y objetivas de estar libre de prejuicios.
Independencia e imparcialidad resultan imprescindibles para la protección de los derechos de las personas partes en un proceso y quienes ejercen la abogacía.
(§. 126)… Así, a propósito de la independencia, la Corte ha destacado que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos en un sistema republicano es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función. (el resaltado es propio).
(§. 127) En cambio, la imparcialidad exige que los jueces que conocen un caso se aproximen a los hechos ofreciendo garantías subjetivas de estar libres de todo prejuicio y garantías objetivas que permitan desterrar toda duda respecto de la ausencia de imparcialidad. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los operadores judiciales de plantear teorías del caso que contemplen todas las hipótesis razonables que se desprendan de los hechos y la prueba disponible. (el resaltado es propio).
(§. 128). La imparcialidad personal o subjetiva se presume y puede controvertirse mediante prueba en contrario, dicha prueba podría ser alguna demostración de la parcialidad o los prejuicios que puedan tener los miembros del tribunal en contra de los litigantes. La imparcialidad objetiva, por su parte, implica determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o sospechas fundadas de parcialidad. Esto es relevante porque, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, un juez debe actuar sin estar sujeto a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión directa o indirecta, sino única y exclusivamente conforme a Derecho. (el resaltado es propio).
(§. 130). En este contexto, la Corte estima pertinente resaltar, como lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, que la independencia del poder judicial, de los profesionales del derecho, la objetividad e imparcialidad de los fiscales y la integridad del sistema judicial constituyen requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la efectividad del Estado de Derecho. (el resaltado es propio).
(§. 133)... En tal sentido, la protección de los derechos de las personas que ejercen la abogacía no solo es esencial para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa, sino también para asegurar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en el Estado democrático de Derecho. (el resaltado es propio).
Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, establecen como principios la independencia e imparcialidad de los magistrados.
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 1, en lo pertinente, establece: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
En el caso bajo análisis la Corte IDH reitera el deber de motivar las decisiones jurídicas o administrativas acompañando la fundamentación en hechos y derecho.
(§. 164). A propósito del deber de motivación de las decisiones judiciales, la Corte ha señalado de forma reiterada que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y que “implica una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a tomar una decisión”. El deber de motivar las decisiones es una garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en una sociedad democrática. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, las decisiones que adopten los órganos internos de los Estados que puedan afectar derechos humanos deben de estar motivadas, de lo contrario serían decisiones arbitrarias. (el resaltado es propio).
(§. 165). Asimismo, la Corte ha señalado que la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. (el resaltado es propio).
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, establece el requisito de motivación en su Capítulo III. Si bien la Comisión IDH no es un órgano jurisdiccional, no deberá apartarse de un requisito de seguridad jurídica, ya que en definitiva su accionar afecta la garantía de protección a los derechos humanos, que es su función, y que claramente no ejerce para todos los humanos sino para algunos. Sus rechazos in limine son solo encubrimientos silenciosos, sistemáticos y reiterados a las graves violaciones denunciadas respecto de los denominados procesos por lesa humanidad. Una manifiesta violación al ius cogens, el derecho imperativo.
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 2 ítem f), establece: 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: … f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; …
(§. 195). La Corte ha señalado que el inciso f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que, entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. (el resaltado es propio).
(§. 197)... El Tribunal considera que, aunque el efecto de la postura asumida por el juez en tal decisión no pueda ser determinado con precisión, el órgano judicial vulneró el derecho de las presuntas víctimas a interrogar al testigo previsto por el artículo 8.2.f de la Convención Americana.
Obviamente, además del derecho a interrogar a testigos debe considerarse que a estos no les quepan las generales de la ley (tener algún interés personal, relación de parentesco, amistad, enemistad, o dependencia laboral con alguna de las partes), ni haber sido entrenados para sus deposiciones, como tampoco es lícito guiar o condicionar sus respuestas, ni tampoco aplicar un sesgo ideológico a las declaraciones.
El artículo 9 Principio de Legalidad y de Retroactividad de la CADH establece: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ella.
En el presente caso la Corte IDH marca que la ley punitiva sea previa y conocida a la acción u omisión reprochable, así como las consecuencias de infringirla.
(§. 242). La Corte ha señalado que, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. (el resaltado es propio).
Desde los inicios a la protección de los derechos humanos, en 1948, este principio de la ley preexistente fue establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 11 y el la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) en su artículo XXVI.
Obviamente este principio debe ser obligatoriamente defendido por la Comisión IDH y la Corte IDH, los órganos de la CADH, ya que es ius cogens, el derecho imperativo.
El artículo 24 Igualdad ante la ley de la CADH establece: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
En el caso bajo examen la Corte IDH reitera la prohibición de discriminación, como garantía de cada derecho sustantivo, y en relación con la obligación a evitar una protección desigual de la ley interna o su aplicación.
(§. 222). Asimismo, la Corte ha señalado que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el artículo 1.1 del mismo instrumento. (el resaltado es propio).
Es el principio fundante de los derechos humanos, está establecido en todas las convenciones internacionales de derechos humanos, su negación implica discriminación lo que esta taxativamente prohibido. Es ius cogens, el derecho imperativo.
El artículo 7 Derecho a la Libertad Personal de la CADH, inciso 5, en lo pertinente, establece: 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…
En el caso que analizamos la Corte IDH vuelve a considerar que la demora en un proceso puede constituir una violación en sí misma.
Establece que el plazo razonable va a depender de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima en relación a cómo se dañaron, alteraron o modificaron los derechos, obligaciones o el estado legal de una persona que se sospecha sufrió una violación a sus derechos.
(§. 150). El Tribunal ha establecido que una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. La evaluación del plazo razonable se debe analizar en cada caso concreto, en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. (el resaltado es propio).
(§. 153). La Corte advierte, en primer lugar, que el tiempo transcurrido entre la interposición de cada uno de los mencionados recursos y su interposición no resulta prima facie excesiva. Por lo cual, la evaluación de la razonabilidad del plazo respecto de cada uno dependerá, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima. (el resaltado es propio).
El criterio del plazo razonable fue iniciado en el fallo Nº. 35 de 1997 en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.
(§. 72). Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993, Series A No. 262, párr. 30).
Como puede verse, por el tiempo que se tomó la Comisión IDH en elevar el caso a la Corte IDH, de 23 años, el respeto del plazo razonable no caracteriza al órgano del sistema. En este caso, como en muchos otros, los peticionantes fallecen antes de una resolución y la acción debe ser continuada por sus causahabientes si los hubiere.
El artículo 7 Derecho a la Libertad Personal de la CADH, inciso 5, en lo pertinente, establece: 5. Toda persona detenida o retenida… Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
En el caso bajo análisis la Corte IDH sostiene que para someter a una persona a prisión preventiva debe haber un hecho ilícito, indicios suficientes, haber podido participar, en relación con legitimidad en la finalidad, idoneidad, proporcionalidad y necesidad de asegurar que el acusado no impida la investigación ni eluda la acción de la justicia, motivando la decisión.
(§. 143). La Corte recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito. Este Tribunal ha reconocido que, en el derecho interno de varios países de la región, así como en la práctica de tribunales internacionales, se trata de un presupuesto fundamental que debe estar presente cada vez que se imponen restricciones a la libertad de la persona imputada en el marco de un proceso penal. A ese presupuesto de base, se suman los demás requisitos relacionados con la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, así como la necesidad de motivación de la decisión judicial que dispone la restricción a la libertad. (el resaltado es propio).
(§. 146). La Corte recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, la imparcialidad personal o subjetiva se presume y puede controvertirse mediante prueba en contrario, dirigida a demostrar la parcialidad o los prejuicios que pueda tener el juez. ...
Postura establecida por la Corte IDH en el fallo Nº. 152 de 2006:
(§. 90). Asimismo, la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. La Corte ha establecido que para que se cumplan los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que la detención sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de esos requisitos exigidos por la Convención. (el resaltado es propio).
El criterio es claro, el mantenimiento de la prisión preventiva no debe ser un castigo anticipado a la eventual condena, por lo cual mantenerlo debe estar fundado.
El artículo 25 Protección Judicial de la CADH, inciso 1, establece: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
En el caso estudiado la Corte IDH reitera la garantía de un recurso judicial sencillo, rápido, ante juez o tribunal competente y efectivo e idóneo contra actos violatorios de los derechos fundamentales, que no sea una mera formalidad y se desarrolle según los estándares de la CADH.
(§. 220). Este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido, ante juez o tribunal competente y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. En cuanto a la efectividad del recurso, la Corte ha establecido que para que tal recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. (el resaltado es propio).
(§. 221). Esto implica que el recurso judicial debe ser idóneo para combatir la violación, por lo que la autoridad competente debe examinar las razones invocadas por el demandante y pronunciarse en torno a ellas. En ese sentido, este Tribunal ha establecido que el análisis por parte de la autoridad competente de un recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad y omitir argumentos de las partes, ya que debe examinar sus razones y manifestarse sobre ellas conforme a los parámetros establecidos por la Convención Americana. (el resaltado es propio).
El artículo 8 Garantías Judiciales de la CADH, inciso 4, establece: 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
En el caso en estudio la Corte IDH distingue entre lo previsto por la CADH de que al inculpado absuelto no se lo someta a nuevo juicio por los mismos hechos, de lo previsto por otros instrumentos internacionales que refieren a no ser enjuiciado por el mismo delito.
(§. 205). El principio de ne bis in idem está contemplado en el artículo 8.4 de la Convención Americana en los siguientes términos: “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. Dicho principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la Convención Americana utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es un término más amplio en beneficio del inculpado o procesado. (el resaltado es propio).
El ne bis in idem es otro principio básico de la protección que brinda el derecho penal y también es ius cogens, el derecho imperativo.
2]: Los otros: los procesados por lesa humanidad.
En el título mantenemos los mismos ítems que en el punto 1], pero en este caso relacionando el fallo N°. 596 de la Corte IDH con la presentación que efectuamos ante la Comisión IDH registrada como P-1892/16, rechazada in limine el 18/sep/2026, y respecto a la cual denunciamos varias discrepancias el 20/sep/2026, cuya nota de recepción por correo electrónico, obra transcripta al final del presente artículo. Las posibilidades de tratamiento por parte de la Comisión IDH, son remotas, parece que la costumbre de esconder bajo la alfombra los temas vinculados a las violaciones a las garantías judiciales en los juicios denominados de lesa humanidad es sistemática y reiterada, no obstante que el ius cogens deben ser también respetado por los órganos del SIPDH. Es más, son los encargados de que se cumpla.
Como hemos sostenido en anteriores artículos («La madre del borrego» y «Dura lex») la aplicación de las garantías de imparcialidad e independencia judicial son distinguidas desde hace más de un siglo. En modo especial los requisitos básicos del debido proceso y las garantías judiciales, está establecidos en nuestra Constitución desde su redacción original de 1853 en su artículo 18 y nunca fue modificado, además desde 1984 en que Argentina adhirió a la CADH lo establece en su artículo 8.
No obstante que esta garantía es taxativa y no posibilita modificaciones, ni interpretaciones contrarias, ni excepciones, desde la reanudación de la democracia en diciembre de 1983, esta garantía ha sido reiterada y sistemáticamente vulnerada por los gobiernos democráticos.
En 1985, para el inicio del «Juicio a las Juntas Militares», el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, nombró jueces, cumpliendo los requisitos legales de la CN. Luego los incorporó para integrar el tribunal especial para este único proceso, ya que más tarde se disolvió. Estos magistrados no tenían tal condición a la fecha de los actos que debían juzgar, por lo tanto, debieron excusarse, o en su caso si las defensas los hubieran recusado haber sido excluidos del proceso, para que el nombramiento haya sido cumpliendo las pautas constitucionales, por lo tanto, la participación de estos nuevos magistrados, en procesos por hechos anteriores a su asunción era violatoria de la CN.
No obstante, la violación en el ejercicio de la judicatura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) integrada por Ministros designados por el mismo gobierno, avaló los procesos y las condenas. Una clara cadena de violaciones al artículo 18 de la CN, con numerosos responsables a los que nada les sucedió, es decir no solo se permitió violar la CN, sino que además se pudo hacer en forma impune. ¿Quién puede sostener que se respetaron las garantías judiciales y el debido proceso? Y eso que Alfonsín fue considerado por sus seguidores como «el padre de la democracia», aunque claramente no de la república y la división de poderes.
Este fue el nefasto precedente de la conducta de fusionar los intereses políticos y partidarios con la adhesión del Poder Judicial. A continuación, en la presidencia de Carlos Saúl Menem, se amplió el número de miembros de la CSJN a efectos de que el programa de privatizaciones contara con apoyo judicial, aplicando lo que se denominó «mayoría automática», y que fue también conocida como la «la corte de los milagros», promoviendo acciones como, Horacio Verbitsky dixit, el «recurso de arrancatoria».
Pero fue el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, quien llevó la situación de connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al extremo. Primero promovió el cambio total de la integración de la CSJN (solo no lo logró con el ministro Carlos Santiago Fayt), mediante amenazas como las que denunció el ex ministro Adolfo Roberto Vázquez, o renuncias, y sanciones, como las de Eduardo José Antonio Moliné O’ Connor y Antonio Boggiano, que a la fecha tramitan ante la Corte IDH por violación a las garantías judiciales. En su reemplazo, designó Ministros para una nueva integración y estableció que su actuación debía alinearse con el enfoque de derechos humanos, que apoyaran los intereses de su gobierno, como una política de Estado. Grave afrenta a la independencia judicial que además afectó la imparcialidad en los procesos que inició como presuntas violaciones de lesa humanidad.
Recientemente la Comisión IDH, resolvió elevar a la Corte IDH el caso N°. 13.118, del citado ex ministro de la CSJN Antonio Boggiano vs Argentina, en el cual en el último párrafo del apartado de la solicitud expresó: Además de la necesidad de obtener justicia y reparación integral, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. El mismo permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia sobre los estándares relativos a la independencia judicial, … (el resaltado es propio).
Un claro reconocimiento por parte de la Comisión IDH respecto de las dudas que existen, no solo en Argentina, sino también a nivel regional sobre la independencia de los magistrados y consecuentemente de las garantías judiciales y el debido proceso, que es lo que nuestra parte ha venido denunciando desde 2016 en los procesos de lesa humanidad, sobre los cuales la Comisión IDH guarda un estruendoso silencio.
Además, es necesario incorporar la actuación de la asociación denominada «justicia legítima» de jueces y fiscales, congregados en defensa de la ideología de la hermandad del Foro de São Paulo. Esto mal favor le hace a la confiabilidad del aparato de justicia. De política de Estado a intervención en la justicia, casi no hay diferencia.
Y como cereza del postre, la creación por parte de la CSJN desde inicio del kirchnerismo de la «doctrina del leal acatamiento» que hacia obligatoria para los magistrados inferiores en la jerarquía jurisdiccional el criterio establecido por dicho tribunal. En definitiva, la versión judicial de la «obediencia debida», aplicada no a un sistema como el militar regido por la subordinación, sino al judicial tutelado por la independencia, además bajo un gobierno democrático y en una época en la que no existía conflicto armado, como cuando los militares y las fuerzas de seguridad debieron enfrentar al terrorismo pro soviético que pretendía tomar el poder por las armas, lo que hacía al mandato judicial más inadmisible si esto fuera posible.
¿Puede quedar la más mínima duda que los jueces no son, ni independientes ni imparciales? Está plenamente probado que, al aceptar actuar en procesos sobre hechos presuntamente cometidos antes de su designación como magistrados, nunca podrían asegurarlo por hacerlo en violación a una norma constitucional y convencional; lo mismo ocurre con los fiscales y otros integrantes de la estructura jurídica.
La Comisión IDH, pretende negar los hechos, las pruebas y el derecho, por ello utiliza el recurso del rechazo in limine, ya que no puede motivar ni fundar el rechazo con medios legales y reglamentarios, en consecuencia, prefiere violar la CADH y su propio Reglamento, y ejecutar esta pretensión la hace participe en la violación a su obligación de defensa de los derechos humanos.
El rechazo in limine equivale a silencio cómplice, y es manifiesto que el silencio, no es salud, sobre todo para los procesados en los denominados delitos de lesa humanidad entre los cuales hay ya 1.000 fallecidos, la mayoría de ellos sin condena firme, es decir inocentes y muchos ancianos sometidos a formas de encarcelamiento no acorde con su edad.
Es evidente que la Comisión IDH, en nuestras peticiones, nunca podría haber motivado y fundado que existían la independencia y la imparcialidad dentro del sistema judicial y, por lo tanto, para nuestras reiteradas presentaciones (peticiones y solicitudes de medidas cautelares) carecía de fundamento para denegar su tratamiento. Obviamente optó por lo más cómodo, aunque antijurídico, rechazar in limine. En forma pertinaz niega la realidad y desestima la prueba, y necesariamente viola a la CADH y demás normativa convencional que integra el SIPDH.
¿Ante quien reclamar las violaciones al ius cogens? La Comisión IDH no debe avalar procesos manifiestamente antijurídicos, pero lo hace porque puede. La pregunta es ¿porque se lo permiten los Estados partes del Sistema?, y terminan siendo partícipe de las violaciones a las garantías judiciales y también de sus consecuencias.
Siendo la Comisión IDH quien habilita a que los particulares tengan acceso a la Corte IDH, es evidente que con su accionar sin motivación ni fundamentación obstruye el acceso a la jurisdicción. Existe una grave violación por parte de la misma del derecho a las garantías judiciales y el debido proceso, en este caso a nivel supranacional.
En derecho interno, el fallo de la CSJN en la causa FTU 400662/2007 /TO1/14/2/RH24. En relación al “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Sanguinetti, Esteban y otro s/ incidente de recurso extraordinario”. El voto en disidencia del Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz, expuso: 8°) Que, en definitiva, en atención a las falencias del recurso extraordinario antes descriptas, corresponde declarar su inadmisibilidad en tanto el apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma que requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario.
Si algo no está claramente motivado, mal puede fundamentarse, de allí que la posibilidad de arbitrariedad sea casi una necesidad, consecuentemente se restringe la capacidad de defensa y se afectan las garantías judiciales y el debido proceso.
Quienes lean este artículo y no sean abogados, o no tengan algún conocimiento del derecho, consideren que cuando ingresa cualquier tipo de presentación relativa a peticiones sobre derecho, es necesario que sean primeramente leídas, lo contrario, es decir rechazar sin leer sería aberrante, por lo cual la Comisión IDH conoció los hechos denunciados, las pruebas presentadas (todas indubitables), y el marco normativo y jurisprudencial que avalaba la presentación (también incluidas en los escritos), es decir que el rechazo in limine es groseramente un prejuzgamiento, realizado en forma sistemática y reiterada. La protección internacional de los derechos humanos ha desaparecido, de facto, en los casos de los procesos denominados de lesa humanidad.
En los denominados procesos de lesa humanidad, la «repregunta a los testigos de cargo» fue severamente restringida a las defensas, por los jueces, bajo la excusa de evitar la re-victimización de esos testigos. El dar testimonio es una obligación legal, no restringible por presunta o auto percibida «re-victimización».
Testigo es alguien que ha tenido conocimiento de un hecho, aunque en algunos casos, y en estos procesos se da, se posibilita aludir al relato de alguien que si (aparentemente) lo ha presenciado, es decir testigo de un testigo, o popularmente hablar por boca de ganso. Algo como lo que Joan Manuel Serrat dijo en una de sus canciones “Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día…”.
Pero la situación respecto de la prueba testimonial, que es el casi exclusivo sustento probatorio en los procesos denominados de lesa humanidad, es mucho más grave que la limitación o impedimento de repregunta por parte de las defensas, y al testigo de oídas, encontrando:
[1]: Inaplicabilidad de las «generales de la ley». Esto es cuando previo a deponer al testigo se le pregunta si tiene algún interés personal, relación de parentesco, amistad, enemistad o dependencia laboral con alguna de las partes que pueda afectar su imparcialidad.
En estos procesos los testigos generalmente revisten algunas de estas condiciones o casi todas, a las que debe agregarse un sesgo ideológico y en muchos casos un interés vindicatorio con pretensiones reparatorias, en consecuencia, necesariamente deberían ser tachados.
[2]: El «testigo víctima». En muchos casos, quien presta testimonio alega haber sido víctima de los hechos que relata, es decir puede actuar como querellante, pero su testimonio tiene un sesgo subjetivo y probablemente confirmatorio, también es tachable. La introducción de este tipo de testigos, es sostenido por los órganos de los sistemas supranacionales de presunta defensa a los derechos humanos, aunque esto no hace a la prueba creíble, y por ende afecta la necesaria seguridad jurídica.
[3]: El «entrenamiento de testigos y querellantes»: Por Resolución SDH N°. 003/07 del 19/ene/2007, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia aprobó el «Plan Nacional de acompañamiento y asistencia integral a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado».
Este Plan incluyó una estructura estatal de profesionales y adherentes a las organizaciones de derechos humanos, que no solo apoyó a los testigos con anterioridad a su actuación, con clara interferencia en la estructura emocional del deponente, es más, se los acompaño en la rendición de la prueba, apoyo inadmisible en otro tipo de procesos, y luego de su actuación como testigos.
Si a esto se le suma, que entre la rendición de la prueba y los hechos o las referencias sobre las que se testimonia, en un principio habían transcurrido al inicio de los procesos más de 20 años, muchos más en sus continuaciones ya que aún se están llevando a cabo procesos por hechos que habrían ocurrido hace 50 años, el nexo entre la realidad y el recuerdo se deteriora. El sesgo confirmatorio, más aún si es incentivado por profesionales, adquiere preminencia.
La Comisión IDH al rechazar in limine las presentaciones efectuadas desde 2016, resulta partícipe de la denegación de las garantías judiciales, ya que el criterio de interferencia en la prueba testimonial implica la nulidad de los juicios sustentados sobre esta, y está reconocido en el derecho convencional.
Como ejemplo, lo manifestado en el Tribunal Penal Internacional por su presidente Bertram Schmitt, en el juicio contra el corrupto político congolés Jean-Pierre Bemba quien expresó: “ningún sistema legal” puede aceptar la manipulación o el direccionamiento de los testigos mediante cualquier inducción o presión destinada a que sus testimonios dejen de lado la verdad. Prohibición que, por lo demás, ha sido reconocida por los tribunales penales internacionales especiales, como son los de la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leone.
In extenso ver la publicación del diario La Nación del 27/oct/2016, «La manipulación de testigos en causas de lesa humanidad», por Emilio Cárdenas.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-manipulacion-de-testigos-en-causas-de-lesa-humanidad-nid1950873/
No existe la posibilidad de sostener la validez legal de un proceso cuando los hechos que dan origen a la causa son adulterados, ya que implicaría reconocer como legítimo violar la ley y las garantías al debido proceso, por lo tanto, un grave acto de corrupción que, en el caso argentino, es de mayor gravedad ya que lo realiza un órgano del Estado, nada menos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El juzgamiento por presuntos delitos de lesa humanidad (no son tales hasta la sentencia definitiva) no puede basarse en violar derechos de los procesados (hasta la sentencia definitiva son inocentes), ya que los transforma en victimas de graves violaciones a los derechos humanos, una contradicción insostenible, no solo desde el derecho sino desde la más elemental lógica. «Defender derechos humanos violando derechos humanos» suena a disparate, más aún cuando se ejecuta.
[4]: Pero las pruebas testimoniales en los procesos de lesa humanidad, deparan otros absurdos, como lo son los «testigos soñantes», algo difícil de imaginar como posible y mucho más si se los pretende justificar desde lo jurídico.
Pero esto existe, y además de ser aceptado por el sistema judicial, es reivindicado y merituado, es más se hace apología de ello en un libro y en una publicación periodística.
En su edición del 30/dic/2024, el diario Página 12, por Oscar Ranzani, publicó
https://www.pagina12.com.ar/793574-los-suenos-en-los-testimonios-de-los-juicios-de-lesa-humnida
La psicoanalista Fabiana Rousseaux indagó sobre el inconsciente y las pruebas judiciales de los crímenes del terrorismo de Estado.
Autora del libro “Sueños y testimonios. Inconsciente y discurso jurídico”, Rousseaux expone tres casos emblemáticos de personas cuyos sueños entraron en el dispositivo judicial. La especialista torció el efecto dominante del campo jurídico que suele tener en cuenta solamente al sujeto del Derecho. “La responsabilidad es lo primero que se anula en los dispositivos totalitarios”, señala. (el resaltado es nuestro)
Una psicoanalista reivindica afectar el proceso judicial, validando y haciendo validar por los magistrados una declaración, no basada en la realidad sino en un sueño (incomprobable) del presunto o fabricado testigo.
… en su nuevo libro Sueños y testimonios. Inconsciente y discurso jurídico (Ediciones La Cebra), donde aborda tres sueños que entraron en el dispositivo testimonial del derecho penal.
Un verdadero exceso, aun para los abolicionistas del derecho penal, para los amigos.
No se especifica en el artículo periodístico quienes fueron los tres testigos y en que juicios sus sueños fueron validados como testimonial, ni tampoco que jueces lo hicieron. Es imprescindible que se haga público, en aras de la seguridad jurídica.
La citada profesional integró el colectivo establecido en el Plan regulado por la Resolución SDH N°. 003/07.
Respecto del nombrado «Plan» y en uso de la facultad que nos otorga la Ley Nº. 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina, iniciamos en febrero del corriente año, una actuación ante el Ministerio de Justicia ingresada como expediente N°. EX-2026-16253989-APN-DGDYD#MJ. En la misma solicitamos información sobre la constitución del Plan, sus integrantes, quienes lo dirigían, como se los seleccionó, donde funcionaban sus sedes, cuánto costó el mantenimiento del mismo (honorarios, viáticos, traslados, etc.) como fueron financiados y en que procesos participaron los testigos. No obtuvimos una respuesta seria, solo dilaciones e información de que carecían de los datos. La organización establecida por una Resolución de la Secretaría de Derechos Humanos, se trasformó en casi clandestina y sus integrantes impunes.
[5]: Por Decreto del Poder Ejecutivo N°. 1020/2006 se facultó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos para el dictado de las resoluciones necesarias a fin de autorizar a profesionales que actúen, como servicio de asistencia al Cuerpo de Abogados del Estado, para intervenir como parte querellante en las causas en las que se investiguen delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983.
Al respecto y en uso de los derechos que confiere la Ley N°. 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública de Argentina, iniciamos en feb/2026 el expediente EX–2026–16262094–APN–DGDYD#MJ solicitando información sobre la cantidad de querellantes designados, el criterio de selección, procesos en los que participaron etc. Todo ello sin respuesta precisa.
¿La ignorancia es un privilegio de la administración pública?
Resulta evidente que, si la prueba está afectada respecto de su credibilidad y sostenida por querellantes contratados por el Estado, no obstante, el silencio del Ministerio Público Fiscal, los juicios deberían considerarse nulos. ¿El derecho a la ignorancia judicial existe? Al menos desde el reingreso a la democracia el artículo 18 de la CN ha sido reiterado y sistemáticamente desconocido y obviamente desobedecido cuando a los intereses políticos les conviene. Ya hemos demostrado en nuestro artículo «No puede no saber», publicado en Prisionero en Argentina el 28/oct/2026 que la ignorancia si existe en sede administrativa, aunque claramente es ilegal.
https://prisioneroenargentina.com/no-puede-no-saber/.
En el SIPDH, esta facultad de ser o hacerse el ignorante también se practica. Al rechazar in limine las presentaciones realizadas respecto de las graves violaciones perpetradas en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad, existen dos opciones, ambas jurídicamente aberrantes: o bien la Comisión IDH rechaza sin leer y así no considera los hechos, las pruebas y la normativa indicada, es decir un grosero prejuzgamiento; o lee las presentaciones, es decir tiene pleno conocimiento, y la imposibilidad de rechazarlas por la falta de poder sostener una motivación y fundamentación ajustada al derecho convencional sobre derechos humanos, en cuyo caso, encubre a los perpetradores de las acciones antijurídicas y termina siendo cómplice de tales violaciones. La seguridad jurídica y el debido proceso son arrasado por un organismo creado para protegerlos. Además, niega el acceso al órgano jurisdiccional del sistema, es decir a la Corte IDH, la cual tampoco es una garantía de imparcialidad e independencia.
Hemos demostrado ut supra que los principios de legalidad y de irretroactividad son unos de los pilares que fundamentan el derecho penal, y obviamente así ha sido reconocido en forma unánime por la normativa convencional. La realidad demuestra que en la práctica estos principios son violados en forma sistemática y reiterada como ocurre en los denominados procesos por lesa humanidad, algo que la citada normativa no habilita. Si los derechos humanos son para todos sin ninguna distinción no se debe, aduciendo la defensa de los derechos humanos, violarlos por más argumentaciones doctrinarias y políticas que intenten argüirse. Taxativamente esto ha sido establecido entre otros instrumentos convencionales, a los que la Argentina ha adherido, por la DUDH y la DADDH, cuyos textos no permiten excepciones. Este principio, respecto a los crímenes de lesa humanidad, es sostenido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Observamos:
[1]: Los hechos por los que se establecieron los procesos de lesa humanidad acaecieron entre el 24 /mar/1976 y el 10/dic/1983. Por lo cual la tipificación de los delitos que se pretenden no estaba incluida en el Código Penal, que tampoco acepta la analogía. Además, hasta la CN de 1994 los convenios internacionales no estaban incluidos.
Por otra parte, en estos procesos, fueron excluidas acciones similares realizadas durante el gobierno constitucional de Perón/Perón. Clara discriminación entre unos y otros.
En consecuencia, la aplicación de normativa penal posterior a los hechos es violatoria de la garantía de irretroactividad y genera la nulidad del proceso.
[2]: Durante un gobierno democrático se establecieron, cumpliendo las pautas legales y constitucionales, las leyes de «Punto final» y de «Obediencia debida», las que luego fueron derogadas, lo que es legalmente factible, pero tal derogación implicó al establecerse los juicios denominados de lesa humanidad una aplicación retroactiva de supresión de los derechos acordados por las normas originarias.
[3]: Principio de ley más benigna. En consonancia con la Comisión IDH, se sancionó y promulgó la denominada ley del «dos por uno», que establecía que, si un proceso se extendía más de dos años, los tiempos en las prisiones preventivas se contabilizaban en doble. No obstante que dicha ley había sido derogada, se le debía respetar, por aplicación del principio de ley más benigna, reconocida legal y convencionalmente, a los que hubieran estado sujetos a proceso durante la vigencia de la ley y bajo el amparo de ella. Esto fue reconocido en fallo mayoritario por la CSJN en el caso «Muiña». Pero la presión de grupos identitarios, amparados por las organizaciones de derechos, hicieron que durante el gobierno del presidente Macri y sus cámaras legislativas establecieran una ley, que bajo la excusa de «interpretar» la derogada ley del «dos por uno» procedieron a modificarla, agregando un párrafo a su redacción, y para colmo le otorgaron efecto retroactivo, lo que fue convalidad por la CSJN. Otra vez una violación al principio de irretroactividad de la ley con el agregado de arrasar con el de la ley más benigna. Un claro ejemplo de que los tres poderes del Estado aplicaron una norma a los procesados por delitos de lesa humanidad, cuando ninguno pudo ignorar los principios de legalidad e irretroactividad. No obstante que la Comisión IDH conocía estos hechos, al menos por nuestras reiteradas peticiones, su silencio vía rechazo in limine también convalidó la violación a estos principios convencionales que está obligada a defender y proteger. A ella también es aplicable el ius cogens, el derecho que no debe ignorar.
Si las normas convencionales desde 1948 se establecieron para evitar abusos del poder de los Estados bajo una protección supra estatal, en estos casos, son sistemática y reiteradamente vulneradas, y con total impunidad, no obstante que las pruebas de tales violaciones son incuestionables y la claridad de las normas convencionales son incontrovertibles.
[4]: Uno de los derechos y prerrogativas que en la Argentina tienen los presidentes constitucionales es, el de otorgar indultos, y en base a ello el entonces presidente Menem, los otorgó en un intento de una necesaria pacificación, no solo a miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y algunos civiles vinculados a la lucha contra el terrorismo armado, sino que lo hizo también en favor de los terroristas y sus allegados. Esta decisión de la facultad presidencial, fue modificada por acciones legislativas y judiciales posteriores, que cercenaron ese derecho. Además, al no aplicarse a los procesados por terrorismo, la infracción agregó una nueva falta, la de no respetar la igualdad ante la ley. El SIPDH con su silencio o con algunas declaraciones convalidó estas acciones y, por lo tanto, quedó implicado en una violación a la garantía convencional a la que esta constreñido a defender. Esto significa, que el fundamento de la protección de los derechos humanos establecidos, en su inicio por la DUDH y la DADDH, no se aplica para defender a los ciudadanos de abusos del poder, sino que se dedica a fomentar estos abusos: una contradicción flagrante.
Ninguna de las convenciones que protegen la defensa de los derechos humanos, establece la más mínima limitación a los principios de igualdad ante la ley, que incluye la prohibición de discriminar, ya que este elemento fue el fundante de la normativa protectoria que es «ius cogens» tanto para los Estados miembro como para los órganos que los sistemas internacionales han establecido para su aplicación.
En los procesos por delitos comunes, los jueces han sido designados con anterioridad a los hechos de los procesos; los implicados deben ser juzgados por leyes anteriores a la comisión de los hechos; se presume la inocencia de los procesados; los testigos deben cumplir con las generales de la ley, no pueden sustraerse al interrogatorio de las defensas, ni son asesorados por el Estado; tienen el beneficio de la ley más benigna; los abogados querellantes deben ser solventados por esa parte; los defensores oficiales pueden iniciar peticiones ante órganos supra nacionales.
Como lo antes dicho no acontece en los denominados procesos por delitos de lesa humanidad, y los procesados son tan humanos como los que lo son por delitos comunes, la desigualdad ante la ley es manifiesta, y consecuentemente hay discriminación, lo cual necesariamente implica la violación del «ius cogens» en estos procesos, los que los convertiría en nulos.
¿Es tan difícil reconocer lo evidente? Dijo el escritor inglés George Orwell «A la mayoría de la gente no le gusta pensar. Si uno piensa debe llegar a conclusiones. Las conclusiones no siempre son agradables». Lo grave es que, en los procesos denominados de lesa humanidad, esto no lo hace «la mayoría de la gente» sino «magistrados, funcionarios de los tres poderes del Estado» que, bajo un sesgo confirmatorio inaceptable, se ven influidos por un sesgo ideológico que es contrario a la seguridad jurídica y al debido proceso. Desde las aprobaciones de la DUDH y la DADDH en 1948 han transcurrido 78 años, y su fundamento de «la igualdad ante la ley» parece un principio vulnerable que ha muerto de vejez y abandono.
Para la estructura jurídica nacional es aceptable y reivindicable la disonancia cognitiva. La incoherencia, la inconsistencia y la contradicción son aceptables en las resoluciones judiciales y en las normas. La subversión semántica un avance.
Se considera y con razón que el retardo de justicia equivale a denegación de justicia. La Corte IDH establece como plazo razonable en la duración de un proceso no más de 4 años desde la iniciación del proceso hasta que obtenga sentencia firme. Obviamente el otro órgano del sistema, es decir la Comisión IDH, no respeta esta resolución jurisprudencial, ya que como puede observarse en el fallo que da origen a este artículo, se tomó 23 años en elevarla a la Corte IDH, lo que hizo que el proceso tuviera sentencia por el SIDH luego de 25 años. A esto hay que sumarle todo el tiempo transcurrido en el tramite interno. El plazo es claramente irrazonable, existen numerosos casos en los cuales los informes sobre el fondo de la Comisión IDH o la resolución de la Corte IDH debe ser continuada por los causahabientes.
Cabe considerar que más allá del tiempo de duración del proceso, las condiciones de quienes los soportan, ya sean querellantes o imputados, implica una afectación emocional, por sostener un proceso.
En los casos de los procesos denominados de lesa humanidad, como los hechos que dieron origen a los mismos acaecieron entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, es decir hace entre 50 y 43 años, los implicados en su mayoría son adultos mayores; en el caso de los imputados todos superan los 70 años, hay quienes superan los 90 y cientos murieron sin condena. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores la Argentina le otorgó jerarquía constitucional por Ley N°. 27.700 en 2022. Esa Convención establece que la categoría de persona mayor se cumple entre los 60 o como máximo 65 años, a la fecha esto no ha sido establecido por una ley por lo cual corresponde considerar el mínimo.
Además de lo establecido por dicha Convención, y a efectos de aclarar su aplicación, la Comisión IDH, solicitó a la Corte IDH que emita una Opinión Consultiva, sobre personas encarceladas, la que fue pronunciada como O.C. N°. 29/22 la cual en la disposición sobre personas mayores las considero vulnerables y consecuentemente beneficiarios de ciertas acciones de protección, entre ellas cuidados sanitarios, alojamientos apropiados, cumplimiento de detenciones domiciliarias.
Es obvio, que agregar normas convencionales de jerarquía constitucional, de nada sirven si no se aplican o se lo hace en forma arbitraria o discriminatoria.
Como ya expusimos, los excesivos tiempos en los cuales procesados se encontraban en prisión preventiva, llevó a que en cumplimiento de un acuerdo con la Comisión IDH, se dictara la Ley N°. 24.390 en 1994 estableciendo que, trascurridos dos años, el tiempo restante en prisión se computaría el doble a hacerse efectivo con la condena. La ley fue derogada en 2001 por Ley N°. 25.430 en 2001.
En 2017, a raíz del caso «Muiña» la CSJN aplicó la condición del «dos por uno», lo que provocó una reacción en contrario de los grupos identitarios que se convocan detrás de la defensa de los derechos humanos, claro, establecidos según su criterio, presionaron al Congreso y al Poder Ejecutivo para la promulgación de la Ley N°. 27.362, que bajo una presunta interpretación de la Ley N°. 24.390, le agregó, en una particular forma interpretativa, una frase excluyendo del beneficio a los procesos de lesa humanidad. Esta norma que aplicó una reforma a una ley derogada y para colmo de la falta de respecto a las garantías constitucionales y convencionales se le otorgó efecto retroactivo, violando también la garantía de ley más benigna. Lamentablemente la CSJN convalidó esta modificación en el caso «Batalla» en 2018.
Considerando el tiempo en que muchos de los imputados se encuentran en prisión preventiva, es decir sin condena firme y, por lo tanto, presumidos inocentes, alguno de ellos con más de 90 años de edad, se ha configurado un absurdo, de dicha forma de restricción a la libertad. A esto hay que sumarle, la falta de condiciones edilicias de las cárceles para la detención de personas mayores; las inadecuadas e insuficientes condiciones de atención médica, sobre todo en el caso de urgencias, que son factibles y probables en personas de avanzada edad y con muchos años de reclusión; la existencia del instructivo emitido ya hace años por el Ministerio de Justicia denominado «impunidad gerontológica» que promueve la aplicación restrictiva en la evaluación y la satisfacción de demandas de salud a los detenidos, presuponiendo o prejuzgando que dichas solicitudes suelen ser engañosas donde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial avalan la aplicación de esta ilegítima legislación.
Nuevamente, los procesados por delitos de lesa humanidad son discriminados, ya que se les niega el principio de igualdad ante la ley, y en el caso, los magistrados incurren en una violación a la garantía establecida en el artículo 18 in fine de la CN. Además, el accionar es convalidado por la Comisión IDH configurado por los rechazos in limine de peticiones sostenida por hechos lesivos a los derechos humanos plenamente probados y sobre los que hemos informado hace más de 10 años.
El Estado está obligado a garantizar un recurso efectivo y no la mera previsión o admisión del recurso legal, sino que, por lo previsto en el SIDH, agrega el que sea idóneo, esto es que permita establecer si hubo una violación a derechos humanos y en su caso los responsables y el modo de reparación.
El proceso en el que se instaure el recurso debe contar con las garantías judiciales que no se dan como hemos expuesto en detalle ut supra.
En especial en cuanto a la obligación de contar con juez o autoridad competente, a no ser mera formalidad, u omitir argumentos de las partes, que en los procesos por delitos de lesa humanidad es una falla innata, que los afecta de nulidad.
Interponer recursos, medidas cautelares, acceder a instancias superiores en los procesos que tratamos se ha tornado un peregrinaje inoficioso, además de injusto y de constituir tortura. Una de las excepciones para, sin realizar todo el proceso en sede interna, poder acceder al SIPDH que como venimos exponiendo ejecuta un negacionismo pertinaz.
Para los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad la que fue Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de la Resolución DGN N°. 515/07 decidió y adoptó la instrucción institucional de no elevar planteos y así restringe a los defensores oficiales la posibilidad de instaurar peticiones o solicitudes ante los órganos internacionales de protección a los derechos humanos. Otro claro acto de discriminación y consecuente violación a la garantía de igualdad ante la ley.
3]: Conclusiones:
[1]: El artículo 1.1, de la CADH, establece: Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación …
Es necesario que, si la obligación pesa sobre los Estados, también lo hace respecto de los órganos de la propia CADH. Sería absurdo, aunque lamentablemente no imposible, que quien este encargado de la protección regional de los derechos humanos en dichos Estados no esté obligado a hacerlo. Por lo tanto, la Comisión IDH no puede rechazar in limine, denuncias sobre hechos claramente violatorios de la norma y que además cuentan con prueba irrefutable.
Es más, en algunos casos, como en lo relativo a la difusión y apoyo al aborto, presiona a los Estados a legislar y consumarlo aun cuando el artículo 4 de la CADH protege el derecho a la vida desde la concepción. Manifiesta inconsistencia.
[2]: El artículo 2 de la CADH impone: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Si el Estado debe legislar para proteger derechos humanos, no podría hacerlo para violarlos, por lo cual resulta inadmisible la creación y aplicación de leyes retroactivas; tal como también ocurre con la ya mencionada Resolución Nº. 85/13 que viola el derecho a la integridad. De igual modo, es improcedente pretender este mismo efecto mediante la reforma de una ley derogada, como sucede con la denominada ley del «dos por uno», y cercenar la garantía de ley más benigna.
Al rechazar in limine nuestras peticiones y solicitudes de medidas cautelares, la Comisión IDH ha avalado la creación y aplicación de estas normas contrarias a la CADH.
[3]: La Comisión IDH, posee un Reglamento que también la rige y cuyo artículo 26 instaura: 1. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas a la Comisión que llenen todos los requisitos establecidos en el Estatuto y en el artículo 28 del presente Reglamento. 2. Si una petición no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar al peticionario o a su representante que los complete. 3. Si la Secretaría Ejecutiva tuviera alguna duda sobre el cumplimiento de los requisitos mencionados, consultará a la Comisión.
Al rechazar in limine nuestras peticiones que cumplían con los requisitos legales, si hubiera habido alguna falencia debió especificarla, lo cual no hizo, o solicitar las ampliaciones necesarias.
La designación del Secretario Ejecutivo le corresponde a la propia Comisión IDH, por lo tanto, es responsable por su actuación.
[4]: El rechazo in limine, comporta que el requerimiento no cumple con los requisitos exigidos por la normativa, lo cual no significa que no deba explicitar cuales son, ya que la jurisprudencia de la Corte IDH establece la necesidad de motivación y fundamentación de cualquier resolución jurídica, y el rechazo in limine es una. Si esto no se realiza, la arbitrariedad de lo resolución es evidente, y no permite al afectado alegar en su defensa, otra garantía del SIDH que se viola. Reiteramos lo expuesto para el artículo 26 del Reglamente, no se solicitaron ampliaciones.
El accionar de la Comisión IDH implica un silencio cómplice que ha afectado la integridad y en algunos casos la vida de muchos de los procesados, aun de los legalmente inocentes. Ello agravado por su aplicación reiterada y sistemática. ¿Derechos humanos para algunos?, ¿convalidación de la máxima peronista «al amigo todo al enemigo ni justicia»? Algo que no está en el fundamento de la protección supranacional de los derechos humanos. En definitiva, el rechazo in limine, encubre, en el caso de los procesos de lesa, una clara discriminación, por el recuso fácil de la cancelación, si se dice que no existen, desaparecen, y no hay a quien reclamar, es el certificado de defunción de las garantías judiciales y el debido proceso.
[5]: En cuanto al derecho interno, tal como lo expusimos en el artículo «No puede no saber», es obligación de los funcionarios públicos, de todos los poderes del Estado, el denunciar violaciones de derechos de orden público, más aún en el caso de que pudieran resultar delitos de lesa humanidad, como son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, recordando la vigencia de la Convención sobre imprescriptibilidad de estos delitos, que como transcurren en el ámbito del Estado y sobre personas bajo su tutela, la ignorancia no es excusa.
[6]: Los verdaderos responsables de hacer efectivo el éxito ante el frente jurídico de la batalla cultural son en el orden interno los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y en el orden supranacional lo órganos establecidos para la protección de los derechos humanos para todos los humanos.
[7]: Como colofón: Para enfrentar con alguna posibilidad de éxito la batalla cultural, que viene haciéndose entre otros temas en la educación contra contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) y el adoctrinamiento, en defensa de los valores culturales de familia, resulta necesario considerar la imperiosidad de sostener y reforzar el «frente jurídico», porque es por el cual se sostienen por acciones u omisiones, las incidencias de las presiones que ejercen los grupos woke o identitarios, mayoritariamente escudados en la protección de «sus» derechos humanos, es decir no aplicados respetando la igualdad ante la ley.
Este frente jurídico, que va más allá del Poder Judicial, esta sostenido internacionalmente por el globalismo, que intenta, mediante sus organismos supranacionales, una reivindicación de derechos humanos parcializados, afectar la soberanía de los Estados con intromisiones en sus legítimos derechos constitucionales, pretende colonizar a la magistratura interna, ya afectada por los intereses e ideologías locales. Esto se aprecia incuestionablemente en la región donde las estructuras judiciales están desacreditadas, no creen en ellas ni quienes designaron a los magistrados y que ahora los acusan de practicar law fare.
En el caso de los denominados procesos de lesa humanidad el frente jurídico se ve potenciado, como lo hemos desarrollado ut supra por jueces que aceptan actuar en procesos sobre hechos anteriores a su designación; aplicación de leyes retroactivas; denegación de las garantías de igualdad ante la ley; desconocer los principios de ley más benigna y presunción de inocencia; recurrir a testigos intervenidos y a los que se limita la repregunta por parte de las defensas, testigos soñantes, testigos de lo que dijo otro y de lo cual no tuvo percepción directa; normas que violan garantías de derechos humanos y que podrían habilitar la perpetración de delitos de lesa humanidad; funcionarios de los tres poderes del Estado que no cumplen con la obligación de denunciar delitos de orden público; medios periodísticos que fingen no saber algunas cosas que son manifiestas y sostener relatos fantasiosos; organizaciones de la sociedad civil que solo miran hacia el lado que afectan sus privilegios de grupo ignorando aviesamente las violaciones a las garantías judiciales y debido proceso y los otros derechos humanos de todos.
Mientras se consolida el marco teórico y se estipulan las tareas humanas, para encarar el frente jurídico de la batalla cultural, habrá que demostrar la realidad que se esconde tras ella, o prepararse a tener los resultados de la cita del pastor luterano de Alemania Martin Niemöller (1892-1984): Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2026.
jomargaroli@yahoo.com.ar
smaculan@yahoo.com.ar
La Vida de un Analista de Inteligencia del FBI
♦
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) es el servicio interno de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. También es su principal agencia federal de aplicación de la ley. Alrededor de 35.000 personas trabajan en el FBI investigando terrorismo, delitos cibernéticos, crimen organizado, delitos violentos y mucho más. Los analistas de inteligencia del FBI son fundamentales para el éxito de la agencia, pero ¿qué hacen exactamente estos profesionales? En este artículo, desglosaremos todo lo que necesita saber sobre el trabajo, incluidas cuáles son sus funciones, qué educación y experiencia necesita, cuánto le pagan y cómo es el proceso de contratación.
El FBI es un empleador altamente competitivo, lo que significa que sólo un pequeño porcentaje de los solicitantes consigue trabajo. Debido a que el análisis de inteligencia es un campo amplio, los candidatos provienen de una variedad de antecedentes, incluidos estudios de área (Medio Oriente, Asia, África, etc.), derecho internacional, ingeniería, justicia penal o historia. La mayoría de los puestos requieren una licenciatura o una maestría, mientras que algunos requieren fluidez en un segundo idioma. Las responsabilidades potenciales incluyen la recopilación y análisis de datos, la evaluación de amenazas, la realización
de evaluaciones de riesgos y el desarrollo de productos de inteligencia. El salario varía según su nivel de habilidad, años de experiencia, grado GS del trabajo y ubicación; ZipRecruiter enumera el promedio nacional en $89,984.
Los analistas de inteligencia del FBI se especializan en diferentes áreas, pero en general, todos los analistas realizarán tareas como:
Recopilación y análisis de datos.
Los analistas de inteligencia del FBI realizan la mayoría de los objetivos esenciales de la organización. Eso incluye recopilar datos y analizarlos con herramientas y técnicas especiales para identificar patrones, anomalías y cualquier otra cosa de importancia.
Evaluación de amenazas
Identificar y evaluar amenazas es el trabajo principal de un analista de inteligencia. Al recopilar y analizar datos, siempre buscan amenazas potenciales y evalúan cuáles son legítimas.
Realizar evaluaciones de riesgos
¿Cuáles son las posibilidades de que una amenaza se convierta en un problema real? Los analistas de inteligencia necesitan evaluar todos los factores y crear evaluaciones de riesgos que informen las decisiones de la organización.
Creando productos de inteligencia
Los productos de inteligencia incluyen informes, evaluaciones y otros informes. Los analistas de inteligencia elaboran estos productos para quienes toman decisiones, por lo que deben redactarse de forma clara, precisa y no más extensa de lo necesario. Los analistas de inteligencia también necesitan comprender cuándo se debe clasificar o desclasificar la información.
Reunión con las partes interesadas
Las partes interesadas del FBI incluyen otras agencias policiales, organizaciones privadas, funcionarios gubernamentales y militares. Los analistas de inteligencia necesitan reunirse con las partes interesadas y discutir información importante (y a menudo clasificada), por lo que deben desarrollar relaciones de cooperación basadas en la confianza.
Hay diferentes caminos para los analistas de inteligencia del FBI. Según el paquete de candidatos del FBI, hay cinco pistas. Todos los analistas de inteligencia realizan al menos uno de los cinco:
Análisis de amenazas
Los analistas deben evaluar y comunicar juicios en tiempo real sobre amenazas específicas y lagunas en la inteligencia.
Gestión de colecciones
Estos analistas se centran en mejorar la recopilación de inteligencia.
Análisis de dominio
Los analistas que trabajan en esta función recopilan información en productos analíticos estratégicos que mejoran la comprensión de la organización sobre las vulnerabilidades, amenazas y brechas de inteligencia.
Análisis de segmentación
El análisis de objetivos se centra en compartir información entre equipos, para que la inteligencia sea precisa y oportuna.
Oficial de informes
Un oficial de informes comparte inteligencia bruta a través de medios, documentos e información general, lo que ayuda a determinar patrones.
El FBI normalmente exige que un candidato tenga al menos una licenciatura. Como es común en muchas carreras, obtener una maestría le ayudará a conseguir trabajos de mayor nivel. Lo que se requiere depende del puesto de trabajo y del grado (nivel Estándar General), que es el grado utilizado para determinar el salario para un trabajo gubernamental. Los antecedentes potenciales de los analistas de inteligencia del FBI incluyen:
Estudios de área (Medio Oriente, África, Asia, etc.)
Biología
Ingeniería
La seguridad cibernética
Finanzas
Inglés
Contabilidad forense
Ley internacional
Relaciones Internacionales
Ciencias Políticas
El FBI también busca candidatos con experiencia en idiomas como árabe, chino, hebreo, farsi, ruso, punjabi, coreano, etc.
¿Qué habilidades busca el FBI?
Los analistas de inteligencia necesitan una variedad de habilidades analíticas y de comunicación. El manual del candidato enumera muchos de ellos, entre ellos:
Comunicación oral, no verbal y escrita.
Pensamiento crítico
Pensamiento analítico adaptativo
resolución de problemas
Atención a los detalles
Confianza
Colaboración
Tolerancia al estrés
Los trabajos en el FBI utilizan la escala salarial GS, que tiene 15 grados que van desde trabajos/pasantías para estudiantes hasta puestos de gestión y supervisión de alto nivel. Cada uno de los 15 grados tiene 10 pasos dentro. Según información del FBI, los analistas de inteligencia principiantes suelen comenzar en GS-7 (con un título universitario) o GS-9 (con un título de posgrado). El pago del GS-7 comenzó en $40,082, mientras que el GS-9 comenzó en $49,028 en la tabla de escala salarial GS 2023. Según ZipRecruiter, los analistas de inteligencia de alto nivel pueden ganar hasta 121.500 dólares en todo Estados Unidos. El salario base se ajusta según el costo de vida del trabajo y cómo cambian cada año los salarios de los empleados del sector privado. Esto significa que si trabaja como analista de inteligencia del FBI en Hawái, que tiene el costo de vida más alto del país, ganará más que si viviera en Mississippi, que tiene el costo de vida más bajo del país.
El mercado laboral del FBI es muy competitivo, pero puedes conseguir un trabajo nada más terminar la universidad. La organización tiene programas como el Programa de pasantías de honores, que es para estudiantes universitarios de segundo, tercer y cuarto año de tiempo completo o aquellos en la escuela de posgrado. Es un programa de verano remunerado de 10 semanas. También tienen la Iniciativa de contratación colegiada, que es un programa de contratación inicial a tiempo completo. Graduados de último año y personas con licenciatura, posgrado o doctorado. Los títulos son elegibles. Puede encontrar una lista completa de requisitos en el sitio web de empleos del FBI.
Los analistas de inteligencia provienen de diversos orígenes y niveles de experiencia, pero todos tienen que pasar por el mismo proceso. Hay varias fases, todas diseñadas para evaluar su elegibilidad y calificaciones.
El FBI no es un lugar para personas solitarias o que quieren que las dejen en paz. Se espera que trabaje con un equipo en ideas, resolución de problemas y cumplimiento de todos los objetivos. Eso incluye demostrar “astucia política”, que le ayuda a navegar sin problemas por los sistemas sociales, políticos y tecnológicos de la organización.
Comunicación
Debes demostrar excelentes habilidades de comunicación ya sea que escribas o hables. Las ideas deben presentarse de forma clara, concisa, eficaz y persuasiva. Los empleados también necesitan comprender las señales no verbales, responder adecuadamente a las preguntas e identificar la información más importante.
Flexibilidad y adaptabilidad
El trabajo del FBI cambia constantemente debido a acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Los empleados deben ser flexibles y adaptarse muy rápidamente. Si prospera en entornos con nuevos desafíos, el FBI se lo ofrecerá.
Habilidad interpersonal
El profesionalismo, el respeto y la sensibilidad a las diferencias son importantes en el lugar de trabajo. El FBI valora a los empleados que pueden mantener una mente abierta, resolver y gestionar conflictos y establecer una buena relación con los demás.
Iniciativa
Se espera que los analistas de inteligencia inicien o participen en nuevos proyectos, muestren interés en nuevos desafíos y respondan bien a problemas y tareas adicionales. Anticipar nuevos proyectos o problemas también es una habilidad muy deseable.
Liderazgo
El FBI quiere que todos los empleados demuestren liderazgo, incluso si no desempeñan un papel de liderazgo. Quieren personas que puedan motivar e inspirar a otros, orientar a sus colegas y ganarse el respeto y la confianza de sus colegas.
Resolución de problemas y juicio
La resolución de problemas es una responsabilidad diaria de los analistas de inteligencia. Se espera que usted evalúe e identifique problemas, recopile los datos necesarios para tomar buenas decisiones y acepte la responsabilidad cuando se cuestionen las decisiones.
Organizar y planificar
Los analistas de inteligencia hacen malabarismos con una gran cantidad de datos y tareas a la vez, por lo que una buena capacidad de organización y planificación es fundamental. Se espera que identifique prioridades, administre bien su tiempo y planifique lo que necesita para realizar cada tarea.
“No somos todos hermanos”
♣
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó este domingo que el papa León XIV es consciente de que en la Argentina “no estamos en un país donde somos todos hermanos” y consideró que su discurso respondió a la necesidad de recuperar la unidad nacional y el diálogo entre los distintos sectores políticos.
Tras la intervención del Pontífice en el Palacio Libertad, la titular del Senado fue consultada por el periodismno sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al Gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura y destacó el llamado papal a la convivencia entre los argentinos.
“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, expresó Villarruel.
En ese contexto, la vicepresidenta dejó una definición política al interpretar que León XIV conoce las profundas divisiones que atraviesan al país.
La declaración adquirió especial relevancia en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei y de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.
Aunque evitó atribuirle críticas directas al Presidente, Villarruel interpretó que el mensaje del jefe de la Iglesia Católica puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los “vínculos” entre los dirigentes y superar los enfrentamientos políticos.
La vicepresidenta también aprovechó sus declaraciones para plantear un reclamo al Gobierno respecto de una de las posiciones que formaron parte de la identidad política del oficialismo en la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.
“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron durante la visita de León XIV a la Argentina, que incluyó un encuentro con representantes de distintos sectores políticos e institucionales en el Palacio Libertad.
La presencia del Pontífice reunió a dirigentes oficialistas y opositores en un escenario atravesado por diferencias políticas, mientras la Iglesia busca promover un mensaje de diálogo y unidad nacional.
Los egipcios y la menopausia
♣
Alrededor de 1200 a. C., la noble Matanazi, hermana del rey hitita Hattušili III, estaba comprometida en un matrimonio político con el jefe de un estado vasallo, pero no pudo quedar embarazada debido a su avanzada edad.
Para solucionar el problema, que ocasionaba considerables dificultades diplomáticas, el rey hitita decidió pedir ayuda a un poderoso aliado: el faraón Ramsés II. Los conocimientos médicos egipcios se consideraban superiores a los de los hititas y en aquella época las relaciones entre ambos países eran bastante buenas.
La extraña petición de ayuda sorprendió al faraón, quien explicó en una carta de respuesta que no había solución:
“Se dice que tu hermana Matanazi tiene 50 o incluso 60 años. Verás, una mujer de 50 o 60 años es demasiado vieja, y nadie puede preparar una medicina para hacerla procrear”.
A pesar de ello, Ramsés II no quiso arruinar las relaciones con los hititas y envió un médico y un mago para intentar un milagro.
Desgraciadamente, no sabemos el desenlace de la historia, aunque es razonable suponer que terminó sin nada hecho. Las palabras del faraón, sin embargo, constituyen una de las referencias más antiguas a la menopausia y sugieren que los egipcios ya tenían una idea bastante clara de ella.
Lo Mas Leido ♣ Noviembre 12, 2026
♣
LAS NOTAS MÁS VISTAS. LAS MÁS COMENTADAS EN PrisioneroEnArgentina.com
LA FAMILIA QUE HUYÓ EN PLENA MADRUGADA POR CULPA DE UN FANTASMA
♣
Una historia real que conmocionó a Bahía Blanca. Ruidos sobre el techo, pasos en los pasillos, presencias invisibles y una familia que terminó abandonando su vivienda para no regresar jamás.
Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires, tiene una historia que parece salida de una película de terror. Una familia decidió abandonar su propia casa después de experimentar durante meses una sucesión de acontecimientos que sus integrantes no consiguieron explicar. Escuchaban pasos, carreras sobre el techo, ruidos en las habitaciones y movimientos que parecían producidos por alguien que recorría la vivienda durante toda la noche.
La historia se conoció públicamente en junio de 2022 y rápidamente alcanzó repercusión nacional. Lo más inquietante no fue solamente el relato de sus protagonistas, sino la decisión que finalmente tomaron: escapar de la propiedad durante la madrugada, dejando atrás sus pertenencias y la esperanza de recuperar una vida normal.
Una casa en Villa Mitre
La propiedad pertenecía a la familia de Carina. La pareja había decidido mudarse allí para ahorrar dinero y comenzar a construir su futuro familiar.
Inicialmente, todo parecía normal. No había motivos para sospechar que aquella casa terminaría convirtiéndose en una pesadilla.
Los primeros acontecimientos comenzaron durante la noche. Mario contó que una vez escucharon ruidos sobre el techo, semejantes a los de una persona corriendo.
Su primera reacción fue pensar que podía tratarse de un ladrón.
Encendió las luces del patio, salió a revisar y buscó alguna señal de movimiento. No encontró absolutamente a nadie.
Sin embargo, los ruidos continuaron.
Los pasos de alguien que no estaba
Con el paso de los días, los sonidos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Los habitantes escuchaban pasos sobre las chapas, carreras y saltos que parecían trasladarse de un sector de la vivienda a otro.
La situación comenzó a afectar seriamente el descanso de la familia.
Mario explicó que cuando llegaba la noche empezaba el verdadero sufrimiento. Los ruidos podían prolongarse durante horas y nadie conseguía dormir tranquilamente.
Carina también describió situaciones aterradoras. Cuando escuchaban aquella supuesta presencia, los integrantes de la familia se encerraban juntos en una habitación. Incluso evitaban que las niñas salieran para ir al baño durante la noche.
El miedo había comenzado a dominar la vida cotidiana.
Lo más extraño era que los sonidos parecían provenir de diferentes lugares. En ocasiones se escuchaban sobre el techo; en otras, en los pasillos, el comedor y las habitaciones.
La familia llegó a comunicarse telefónicamente con los vecinos para preguntarles si observaban personas caminando por los tejados. Las respuestas eran siempre negativas.
No había nadie.
Los testigos que también sintieron miedo
Una de las partes más interesantes del relato apareció cuando comenzaron a intervenir personas ajenas a la familia.
Una amiga llamada Melisa contó que una noche escuchó ruidos semejantes a saltos junto a una cama. La experiencia fue tan aterradora que ella y otra persona salieron corriendo de la habitación.
Según los testimonios difundidos, algunos visitantes también experimentaron situaciones que no pudieron explicar.
Esto fortaleció la convicción de los habitantes de que no se trataba simplemente de una imaginación alimentada por el miedo.
La familia comenzó a considerar la posibilidad de que la vivienda estuviera habitada por un espíritu.
Biblias, videntes y parapsicólogos
Desesperados por encontrar una solución, Mario y Carina recurrieron a diferentes alternativas.
Llegaron a dormir con Biblias apoyadas sobre el pecho, buscando protección espiritual. También solicitaron ayuda a videntes y parapsicólogos.
Sin embargo, ninguno de esos intentos consiguió devolverles la tranquilidad.
La familia estaba convencida de que una presencia recorría la propiedad y que los sonidos no correspondían a una persona físicamente identificable.
La situación llegó a un punto en el que permanecer en la casa resultaba prácticamente insoportable.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Mario decidió subir al techo para comprobar personalmente de dónde provenían los ruidos.
El hombre quería terminar con la incertidumbre y descubrir si alguien estaba caminando sobre las chapas.
Pero, según contó, mientras se encontraba arriba continuó escuchando pasos y carreras, pese a que no veía absolutamente a nadie.
El miedo fue tan intenso que terminó bajándose precipitadamente.
Aquella experiencia fue decisiva.
Durante la madrugada, alrededor de las dos, la familia tomó una determinación: abandonar la vivienda.
No se trató de una mudanza organizada ni de una decisión tomada tranquilamente. Fue una salida motivada por el terror acumulado durante meses.
Mario, Carina y sus hijos se marcharon y no regresaron a vivir allí.
La historia fue publicada originalmente por el diario local La Nueva y posteriormente reproducida por medios nacionales como TN, C5N y La Nación.
¿Qué había realmente en aquella casa?
Esta es la pregunta que todavía despierta curiosidad.
Nunca se presentó una prueba científica que demostrara la existencia de un fantasma en la propiedad. Tampoco se identificó públicamente una causa definitiva para los ruidos denunciados por la familia.
Existen explicaciones posibles: animales sobre los techos, movimientos de materiales, dilataciones de las chapas, problemas estructurales o sonidos provenientes de viviendas vecinas.
Sin una investigación técnica de la propiedad, ninguna de esas posibilidades puede considerarse una explicación demostrada.
La historia también tiene un desenlace particular: según las informaciones publicadas, la casa fue demolida posteriormente.
Una leyenda que sobrevivió a la demolición
La casa de Villa Mitre se convirtió en uno de los relatos paranormales más conocidos de Bahía Blanca.
Su historia demuestra que no siempre hace falta un castillo medieval, un cementerio abandonado o una mansión centenaria para construir una leyenda de terror. A veces alcanza con una vivienda familiar, una serie de ruidos inexplicables y personas que terminan escapando de su propio hogar.
Quizás todo tuviera una explicación natural. Quizás los protagonistas interpretaron determinados sonidos bajo el efecto del miedo y el cansancio. Pero también es cierto que vivieron una experiencia que, según sus testimonios, alteró completamente sus vidas.
La vivienda ya no existe. Sus paredes fueron demolidas y los protagonistas continuaron con sus vidas en otro lugar.
Pero la historia permanece.
En Bahía Blanca quedó el recuerdo de una familia que llegó buscando un hogar y terminó huyendo en plena madrugada. Y quedó una pregunta que alimenta la leyenda: ¿qué era aquello que corría sobre el techo cuando todos estaban seguros de que no había nadie?
Balazos contra el edificio de una emisora de radio de Santa Cruz
♣
La sede de El Caletense, una radio y medio digital de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, fue atacada con disparos por dos personas que se desplazaban en una motocicleta, lo que obligó al medio a suspender su transmisión, según denunciaron este miércoles organizaciones de prensa y defensoras de la libertad de expresión.
Según el parte policial de la ciudad de Caleta Olivia, donde está ubicada la radio, el ataque tuvo lugar en la madrugada del martes y fueron los trabajadores los que advirtieron de los daños al llegar a la emisora para iniciar la jornada laboral.
Los proyectiles impactaron en la fachada, las ventanas y sectores internos del inmueble, incluido el vidrio que separa el estudio de grabación con la sala de operaciones.
Las cámaras de seguridad registraron a los dos agresores cuando disparaban contra el edificio desde una motocicleta.
“Las balas (al parecer hubo 17 disparos) fueron directamente al frente del medio de comunicación, no llegaron a mi domicilio ni a viviendas de los vecinos, tampoco a los autos que estaban estacionados al lado”,dijo Emir Silva, propietario de la emisora, al medio La Opinión Austral.
Silva consideró que la agresión estuvo relacionada con el ejercicio de la actividad periodística y pudo responder a alguna información difundida por este medio. Las autoridades no informaron aún sobre personas detenidas ni precisaron los motivos del ataque.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, condenó el ataque a través de un mensaje publicado en la red social X: “En Santa Cruz no podemos permitir que la violencia y la intimidación amenacen el trabajo de quienes informan”.
En paralelo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el ataque y pidió a las autoridades que esclarezcan el hecho, identifiquen a los responsables y garanticen la seguridad del equipo periodístico.
“Atacar a un medio regional también significa amenazar el acceso de la población a la información sobre su propio territorio”, señaló Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclamaron también el esclarecimiento del hecho y alertaron sobre sus consecuencias para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Trump avergüenza a Melania en público
♣
Con un comentario condescendiente durante la firma de una orden ejecutiva, hizo que un momento ya de por sí incómodo se volviera aún más incómodo.
Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establecía un “Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Salud de la Mujer” y una “División de Salud de la Mujer” en los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, la orden no incluía compromisos de financiación específicos.
Tras firmar el documento, Trump miró su firma y comentó: “¡Vaya, qué buena! ¡Guau!”.
Luego se giró hacia Melania, que estaba sentada a su lado.
“Vale. ¿Por qué no firmas aquí?”, preguntó.
“Perfecto, sí”, respondió Melania, intentando seguirle el juego.
Pero Trump no había terminado.
“No sé si tu firma significa algo”, dijo burlonamente mientras ella tomaba el bolígrafo.
“¿Por qué no lo haces tú? Porque yo creo que sí”, añadió, dando un golpecito al documento.
Melania respondió con torpeza: «Pero la tuya es la más importante», antes de reír nerviosamente.
Trump comparó entonces sus firmas, riéndose entre dientes mientras comentaba repetidamente que se parecían mucho.
El intercambio fue incómodo de presenciar. En lugar de permitir que Melania participara sin convertirla en objeto de burla, Trump aprovechó el momento para cuestionar la importancia de su firma.
Por supuesto, la primera dama no tiene la autoridad constitucional para ejercer poderes presidenciales simplemente por su cargo. Pero eso no significa que mereciera ser menospreciada públicamente durante una ceremonia centrada en la salud de la mujer.
Además, existe una ironía notable en la situación. La orden ejecutiva se presentó como una iniciativa para abordar la salud de la mujer, pero los comentarios del presidente corrieron el riesgo de eclipsar el anuncio y reforzar las preocupaciones sobre su trato hacia las mujeres.
Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, la administración tiene muchas razones para querer ganarse el voto femenino. Pero los anuncios simbólicos solo pueden lograr hasta cierto punto cuando la financiación y los detalles prácticos siguen sin estar claros.
Un presidente que anuncia una iniciativa para la salud de la mujer debería poder hacerlo sin convertir a su propia esposa en el blanco de las burlas.