Luego de los dichos de Juan José Gómez Centurión, Nilda Garré ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para penalizar el “negacionismo”, buscando incorporar en el Código Penal un artículo que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” agravando la pena en el caso de que se tratara de un funcionario público. Sin embargo, lejos de asimilarse a las leyes que rigen en Alemania en relación al Holocausto, con las que Garré trató de avalar jurídicamente su propuesta no hace más que restringir ferozmente la libertad de expresión y el debate de ideas sobre una época que, con muchos claroscuros, constituye una herida muy reciente que sigue provocando sentimientos encontrados y exacerbando pasiones en la sociedad. Es que los juicios de Lesa Humanidad no terminaron, y así como aún hay víctimas que buscan una respuesta del Estado, también hay grandes cuestionamientos sobre la legalidad de los procesos y la forma de buscar el esclarecimiento de los hechos. Sobre estos asuntos, no hay una página cerrada. Todo lo contrario. Hoy, a través de libros, publicaciones web o programas de televisión, se debate la cifra de los desaparecidos, el número de indemnizaciones recibidas, los subsidios a organizaciones de DDHH, el papel de los civiles durante el gobierno de facto o el juicio pendiente a las facciones guerrilleras, de manera que incriminar el hecho de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta o contestar aquellos cuestionamientos que parecían difíciles de resolver.
Todo se contradice con el aval que Garré otorgó durante años a la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional y al Instituto Dorrego cuando se propusieron reescribir la historia nacional. Así, me preocupa el alcance que pudiera tener la nueva ley, pues para la exaltación pública de cualquier crimen, como medio idóneo para provocar la comisión de esos delitos, ya existe la figura de la “apología del crimen”; de forma que crear un tipo penal de la manera en que fue redactado no hace más que incriminar el público debate que pudiera girar en torno de esos polémicos hechos, es decir que, sin una legítima razón, se busca eliminar justamente aquello que le adeudamos los argentinos a nuestra historia nacional: un auténtico juicio de la verdad.
[two_third padding=”0 30px 0 30px”]Escribe Agustín Ulivarri Rodi.
Luego de los dichos de Juan José Gómez Centurión, Nilda Garré ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para penalizar el “negacionismo”, buscando incorporar en el Código Penal un artículo que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad” agravando la pena en el caso de que se tratara de un funcionario público. Sin embargo, lejos de asimilarse a las leyes que rigen en Alemania en
relación al Holocausto, con las que Garré trató de avalar jurídicamente su propuesta no hace más que restringir ferozmente la libertad de expresión y el debate de ideas sobre una época que, con muchos claroscuros, constituye una herida muy reciente que sigue provocando sentimientos encontrados y exacerbando pasiones en la sociedad. Es que los juicios de Lesa Humanidad no terminaron, y así como aún hay víctimas que buscan una respuesta del Estado, también hay grandes cuestionamientos sobre la legalidad de los procesos y la forma de buscar el esclarecimiento de los hechos. Sobre estos asuntos, no hay una página cerrada. Todo lo contrario. Hoy, a través de libros, publicaciones web o programas de televisión, se debate la cifra de los desaparecidos, el número de indemnizaciones recibidas, los subsidios a organizaciones de DDHH, el papel de los civiles durante el gobierno de facto o el juicio pendiente a las facciones guerrilleras, de manera que incriminar el hecho de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta o contestar aquellos cuestionamientos que parecían difíciles de resolver.
Todo se contradice con el aval que Garré otorgó durante años a la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional y al Instituto Dorrego cuando se propusieron reescribir la historia nacional. Así, me preocupa el alcance que pudiera tener la nueva ley, pues para la exaltación pública de cualquier crimen, como medio idóneo para provocar la comisión de esos delitos, ya existe la figura de la “apología del crimen”; de forma que crear un tipo penal de la manera en que fue redactado no hace más que incriminar el público debate que pudiera girar en torno de esos polémicos hechos, es decir que, sin una legítima razón, se busca eliminar justamente aquello que le adeudamos los argentinos a nuestra historia nacional: un auténtico juicio de la verdad.
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Febrero 16, 2017
Tags: Aberraciones jurídicas en Argentina, Juan José Gómez Centurión, Lesa Humanidad, Nilda Garré
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