Las declaraciones del Profesor Maximiliano Rusconi, realizadas en el artículo “juicios y operaciones” publicado en Página 12, https://www.pagina12.com.ar/189027-juicios-y-operaciones son afirmaciones graves pero que nadie puede negarlas salvo hipocresía en las respuestas. Entre otras verdades dice :
algunos jueces que olvidaron su función, algunos fiscales que acompañan a los jueces que olvidaron su función…. que siempre han recordado muy bien el papel que les toca en la destrucción de los modelos republicanos y del Estado de Derecho
…tenemos… cierto, pseudojuicios que no son otra cosa que operaciones de exterminio selectivo de un sector ideológico, en donde los jueces aplican leyes de modo retroactivo, las decisiones son mágicamente anticipadas por periódicos y sujetos que trabajan en medios…. jueces y camaristas coordinan decisiones,
Los funcionarios, además, son procesados porque aunque ellos no hayan hecho nada. Se les aplica el inconstitucional “debió saber” o “no podía no saber” o al contrario si se quiere inocentar alguien se argumentará “no tenía porqué saber”.
sólo esperamos que los responsables de las operaciones, cuando llegue el oxígeno republicano, sean juzgados por sus tropelías bajo las reglas del Estado de Derecho.
Esa denuncia es una realidad en el sistema jurídico argentino que los gobiernos ( y sus aliados de circunstancias) observan pasivamente por rentabilidad política. Ella existe, es de imposible negación y de conocimiento público, porque los elementos de « juicios y operaciones » se aplican regularmente con los acusados ilegalmente de lesa humanidad desde el origen de esos procesos. Nadie del universo judicial y periodístico pueden negarlo salvo a mentir.
Es lamentable que el Prof. Rusconi, no mencione en su denuncia que esa misma situación ya la viven más de 3000 Prisioneros Políticos en los ilegales juicios de lesa humanidad. En ellos , ex agentes del Estado, magistrados, abogados, médicos, académicos, que en los aňos 70, defendieron protegieron, las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques de grupos terroristas que buscaban llegar al poder por las armas, hoy están acusados, procesados y condenados de manera ilegal, inconstitucional y no convencional. Esos hombres y mujeres, enfermos, mayores de 70 aňos, mueren en prisión abandonados, en silencio. Por la corrupción política-jurídica, la justicia utiliza la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, se ignora la amnistía, tienen prisiones preventivas ilimitadas….se violan principios constitucionales y convencionales. Tampoco puede ignorar esos hechos.
Lamentablemente no se escuchan los comentarios jurídicos del Prof. Rusconi sobre la violación de los derechos humanos de los Prisioneros Políticos, porque también es defender la justicia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Salvo que el Prof. Rusconi, considere que esos Prisioneros Políticos no merecen justicia ni derechos humanos. Solo el silencio cómplice es hasta ahora la regla de juego de los diversos sectores de la sociedad. Paris, 22 abril 2019. CasppaFrance.
El origen histórico del término “abogado” tiene sus raíces en la voz latina “advocatus” y en el verbo “advocare” que significa llamar. Siendo el abogado aquel que está llamado a representar a otro, a asumir su defensa y proteger sus intereses. Cuando un abogado asume la representación profesional de un cliente tiene el deber de realizar su labor con diligencia y responsabilidad, empleando para ello su conocimiento y habilidad en beneficio de su representado, sin que esto llegue a significar ni justifique de modo alguno el uso de cualquier medio para que su causa resulte ser la vencedora. El desempeño del abogado debe enmarcarse dentro de la ley, esencialmente en su espíritu y los propósitos que la originaron. Es indispensable que el abogado tenga plena conciencia de la importancia de su labor, como guardianes de la equidad y la justicia. Es que sobre el abogado recae el peso de propiciar y mantener un sistema de justicia eficaz y confiable, “ser instrumentos de hacer justicia”. Su labor se priorizapor ser la que se adentra en el ámbito de la justicia, de aquella justicia que más que ciencia de las leyes y de su aplicación es virtud, y nada menos que una de las virtudes cardinales. De aquella justicia que se hermana con la equidad, sujeta a la ley natural antes que a las leyes de los legisladores. De aquella justicia que equivale a rectitud, en cuanto a que es observación y fiel cumplimiento de las leyes morales. La justicia tiene, aún hoy, no solo la función de dar a cada uno lo suyo sino también la de deshacer entuertos, y eso es lo que impulsa el ánimo del abogado. Por eso un enorme abrazo en su día a todos los abogados que no debemos olvidar los que nos enseñó Juan Bautista Alberdi al decir a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Que tenemos suelo hace más de tres siglos, y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseña. Es por eso no debemos olvidar el papel y actuación de las universidades. El estudiante no puede ser un importe o tasación económica sino una esperanza y promisión de producción jurídica, sustentando y manteniendo las máximas y fundamentos básicos de la ética y la moral. Pensamiento y ponderación también apuntada y orientada a quienes cumplen una función jurisdiccional. Su doble misión de abogados y magistrados es aún más puntillosa e inefable que las demás. Es por ello que nunca debemos olvidarnos los fundamentos, raíces y orígenes de nuestros principios alberdianos. En américa latina es muy conocido el famoso “decálogo del abogado”, redactado por el eminente jurista uruguayo Eduardo Couture, que nos indica con esmerada precisión en algunas de sus frases que la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz. Feliz día del Abogado.
A esta altura de las circunstancias, el trámite procesal de la denominada “causa de los cuadernos”, sólo debería preocupar a los imputados y a sus defensores. Al resto de los argentinos nos preocupa lo que viene y lo que vendrá, indepedientemente de acusaciones, detenciones, excarcelaciones, arrepentidos, absoluciones o penas.
La condena social al saqueo más grande de nuestra historia, es inapelable. Es sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pero, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan?
En mi opinión, uno que es fundamental para reconstruir la arquitectura republicana:recuperar la credibilidad de la función pública.
Es una obra cuyo reparto consta de tres actores principales, algunos secundarios y , del otro lado de la escena, millones de espectadores: los funcionarios del Estado -en especial gobernantes y magistrados judiciales- los empresarios y los intelectuales.
Sin dudas, luego del “cuaderno-gate” la Argentina será otro país. La actividad política tendrá que cambiar -radicalmente y no sólo en las apariencias- si no se quiere reeditar otro “que se vayan todos” y vuelva a cundir el pesimismo y la desazón. El Poder Judicial deberá -luego de una obligatoria auto crítica- abandonar su oportunismo político y aplicar la Constitución y la Ley sin importar el color que ocupe transitoriamente los despachos oficiales, si se quiere que la ciudadanía vuelva a confiar en jueces y fiscales. Los empresarios, más allá de sus gestos adustos en congresos, conferencias y coloquios a los que asisten funcionarios públicos y sus arengas de “responsabilidad social empresaria”, deberán denunciar pública y corporativamente hasta el pedido de una lapicera o de una agenda por parte de la autoridad. La intelectualidad -la verdadera y no los charlatanes de feria- deberá medir las eventuales consecuencias de generar semi-dioses o de potenciar relatos que no superan la categoría de ciencia ficción…
Parece demasiado para nuestra idiosincrasia. Sin embargo, no hay otro camino.
No se trata de convertirnos -de la noche a la mañana- en una sociedad perfecta. Puede haber transiciones. Puede haber nuevos gradualismos. Tenemos derecho a tropezar, a equivocarnos. Pero, definitivamente, no podemos volver a justificar el delito, ni al delincuente, ni al que ampara a ambos.
La “coima” es delito. Es delincuente el que la pide y el que la da. No es folklore. No es uso y costumbre. No es picardía… Es decadencia y fracaso.
Los que tenemos responsabilidad de Estado estamos frente ante un desafío descomunal. El tiempo de las palabras se extinguió, tal vez por mucho tiempo. Las críticas serán feroces y, si bien no es justo que cada uno de nosotros se haga cargo de la totalidad de las culpas y fracasos de su sector, corresponde asumir la cuota-parte correspondiente.
La coyuntura actual es una bisagra en nuestra historia. La oportunidad es, tal vez, la última que tenemos de convertirnos en un país -aunque sea- normal.
Si la desaprovechamos, no será el tiempo de analistas y encuestadores. Será la hora de los psiquiatras.
Al escuchar los sollozos del ex juez Oyarbide en un programa radial y al volver a observar las patéticas imágenes de sus “coreografías” en diversos programas de televisión, siento una profunda vergüenza ajena, pero también propia. Porque, hasta hace muy poco tiempo, ese abogado integraba una de las magistraturas más importantes de la República: la justicia criminal y correccional federal de la Capital Federal, es decir, el ámbito en donde se investigan y juzgan los delitos con mayor trascendencia social y política de la vida de los argentinos. Los más graves. Los que perjudican a todos.
Como fiscal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, siento pudor ante ese triste espectáculo, más cercano al sainete rioplatense que a la Administración de Justicia Penal.
En medio del torbellino de detenciones, allanamientos, arrepentidos, cuadernos y coimas -circunstancia que desvela a una inmensa mayoría de compatriotas- vuelve a surgir la imagen del excéntrico juez que tenía la “bola mágica”, aquella que siempre salía al momento de los sorteos de las causas más sensibles.
Ya no habla con la soberbia y la suficiencia que le daba su cargo de magistrado federal, mimado por el Poder de turno. Ahora se victimiza, llora y reconoce -después de renunciado- que sus fallos fueron fraudulentos. Que no resolvía de acuerdo a su interpretación de la Ley, sino por la presión en su “cogote”.
Vergüenza ajena, pero también propia.
Qué hacemos los magistrados de todo el país frente a este bochorno?
Cómo explicarle a la comunidad que nos sostiene que no somos todos iguales?
Cómo decirle al justiciable que en el Pretorio existe una inmensa mayoría de magistrados honestos, que cometemos errores, pero que no cedemos ante las presiones?
Cómo convencer al ciudadano que no puede confiar más en nadie, porque -nada más y nada menos- un ex juez federal reconoce que cedió frente a las aprietes del poder, que vuelva a confiar en la Justicia?
Los jueces y fiscales federales en actividad deberán resolver qué hacer con Oyarbide.
Si fuera uno de ellos, no me darían las manos para solicitar la revisión de todos los sobreseimientos por él dictados.
Supongo que los defensores pensarán lo mismo respecto de todas las elevaciones a juicio oral…
Hoy como nunca, la Cosa Juzgada Fraudulenta o Írrita, está en el centro de la escena.
La inseguridad y dos perspectivadas originadas desde la Justicia. Accionar, o arrojarle la culpa a terceros.
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ROMERO
Disiento totalmente con la Sra. Juez Suprema. En la actualidad, hay jueces y fiscales abolicionistas que obstaculizan siempre el trabajo policial. Ellos sí son responsables de la inseguridad. Es de público conocimiento que las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado solo en caso de negativa del particular a identificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación.
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes.
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etcétera.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
Como se verá, el Poder Judicial es protagonista indiscutido en la problemática de la inseguridad.
Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público
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HIGHTON
La Juez de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco consideró que la “inseguridad es un tema policial, no judicial” y advirtió que, en todo caso, habría que “hablar” con el Congreso para que cambie las leyes y así poder mantener a los delincuentes “presos”.
“Los jueces aplican las leyes; si la ley dice ‘hay que liberar a alguien’, hay que liberarlo. Hablen con el Congreso para que tengan a todos presos. Después fíjense que construyan diez cárceles más”, advirtió la magistrada.
Tras presentar un informe ante la Cámara de Casación donde habló sobre la falta de jueces y fiscales, Highton de Nolasco formuló declaraciones radiales y desligó a la Justicia de la inseguridad en distintas zonas del país.
“En realidad, la inseguridad es un tema policial básicamente, no es un tema judicial”, analizó.
La integrante del alto tribunal añadió: “Yo creo que hay realidades que son así, es lo que está pasando. Los jueces igual no son responsables de la seguridad; la inseguridad, que son los delitos y eso es un tema básicamente de las fuerzas de seguridad”.
“La Inseguridad es un tema policial, no judicial”
La magistrada insistió en asegurar que los cárceles en la Argentina están colmadas: “Ese es el problema, no hay lugar; los lugares para detener a la gente están atestados”, aseveró.
Por otra parte, Highton de Nolasco alertó sobre la falta de jueces y fiscales para resolver las numerosas causas que se acumulan en los distintos juzgados.
“Los jueces aplican las leyes; si la ley dice ‘hay que liberar a alguien’, hay que liberarlo. Hablen con el Congreso para que tengan a todos presos. Después fíjense que construyan diez cárceles más”
“Faltan fiscales, faltan jueces, esta es una realidad que todos conocen, y no se llenan todas las vacantes que hay”, alertó la jueza de la Corte.
El alarmante aumento del delito en todas sus formas y el pavoroso incremento de la violencia en casi todas las modalidades de comisión criminal, preocupa sobremanera a gobernantes y gobernados.
Las secciones periodísticas dedicadas a temas policiales y judiciales-penales se han incrementado en todos los formatos de divulgación. La agenda de seguridad ocupa un triste lugar de privilegio en campañas y discursos a lo largo y ancho del país, siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y los análisis de redes sociales. Marketing político explicito.
“Más policías en las calles” es la frase mágica que pronuncian TODOS los Ministros de Seguridad de la República Argentina -desde la restauración democrática hasta nuestros días- cuando de promesas electorales, post-electorales o coyunturales se trata.
Nadie -hasta el momento- aparentemente, les ha informado a estos Secretarios de Estado y a sus equipos que, con sus promesas y anuncios, no hacen sino advertir a los delincuentes sobre las tácticas y estrategias del Gobierno al que sirven para neutralizar, o al menos, intentar controlar los graves problemas que acarrean el crimen y el criminal.
Porque no es solamente la promesa de “saturar” de efectivos policiales o de fuerzas federales de seguridad las calles de las ciudades sino, además, informar detalladamente y mediante conferencias de prensa exteriorizadas en diarios, revistas, televisión, portales de Internet, redes sociales y hasta en plataformas de mensajería personal(Whatsapp, Télegram, entre otras), la divulgación de los lugares, horarios, modalidades, etcétera, de la presencia de las fuerzas de orden para luchar contra el delito.
El marketing político se ha convertido en una obsesión de los asesores/gurúes de imagen de los dirigentes y -por ende- éstos la asumen como propia.
Poco daño causa la divulgación del inicio de una obra vial o la inauguración de un hospital. Sonrisas de 500 watts para las fotos, testimonios de vecinos agradecidos, cortes de cinta, videos institucionales…
Pero con el delito y quien lo comete es diferente.
La psicología elemental del criminal explica que el individuo al margen de la ley no se intimida con “más policías en las calles”, ni con las camaritas de seguridad, ni con los patrulleros símil a coches del TC 2000… Todo lo contrario. Toda esa parafernalia, es un nuevo desafío para él. Seguirá siendo delincuente… Pero ahora, tomará sus recaudos frente “a los giles” que intentan enervarlo.
No es necesario ser un experto del FBI, de la Scotland Yard, de la Sureté o de la Liga de la Justicia para entender que, al criminal, no se le debe brindar información que pueda beneficiar su ilícito accionar.
Es posible una estrategia eficiente para lidiar contra el delito, mostrando las cartas antes de comenzar la partida? La respuesta negativa aparece como la más lógica de las opciones.
Sin embargo, todos los días, en todos los rincones del país, lo que aparecen son funcionarios de traje y de corbata -o sin corbata- mostrando los ases que tienen en su manga para combatir a los ilegales.
La lucha contra la delincuencia necesita de políticas de Estado serias y duraderas. Es decir, continuadas en el tiempo sin importar el color político de los funcionarios que ocupen -transitoriamente- los despachos oficiales.
El delito -y sus víctimas- no son de derecha, de izquierda, del medio, de arriba o de abajo.
La Seguridad tal vez sea, junto a la Defensa, las únicas carteras ministeriales con las cuales el marketing político no conforman un buen maridaje.
A ningún General, Brigadier o Almirante -por más diezmadas que se encuentren nuestras Fuerzas Armadas, se le ocurriría mostrar por TV o por Internet las tácticas y estrategias de defensa de nuestra República.
No obliguemos a los jefes de Policía y a los comandantes de las Fuerzas Federales de Seguridad hacer lo propio, para que los delincuentes no brinden con champán antes de cometer sus tropelías.
Marcelo Carlos Romero
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO PÚBLICO
Pensar, reflexionar, discutir, disentir, respetar, aceptar, negociar, ceder… No son solo verbos en modo infinitivo. Son también acciones que en la Argentina de los últimos doscientos años se practicaron poco, demasiado poco.
Desde tiempos inmemoriales, los argentinos optamos por el caudillismo y por la frase corta, vacía de contenido ontológico y de valores de verdad, pero -en apariencia- contundente y definitiva.
“Viva la santa Federación… Mueran los salvajes unitarios”; “Que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los principios”; “Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos”; “No hay vencedores, ni vencidos”; “Hay que pasar el invierno”; “Perón no viene porque no le da el cuero para venir”; “El que apuesta al dólar, pierde”; “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”; “Con la democracia no sólo se vota: con la democracia, se come, se cura y se educa”; “Síganme, que no los voy a defraudar”; “Hay que meterle bala a los delincuentes”; “El que depositó pesos, recibirá pesos. El que depositó dólares, recibirá dólares”… Y así.
La lista sería interminable y, de continuarla, estas breves reflexiones se convertirían en un muestrario de aforismos vernáculos… Algunos, lamentables.
Pero en la última década, las “frases célebres” (¿célebres?) se convirtieron en el único argumento de conversación entre nosotros, cuando de temas importantes se trataba. Siempre alentadas desde los atriles oficiales, con el dedo índice levantado, el ceño fruncido y la cadena nacional de radio y televisión lista y a las órdenes..!
Si alguien osaba hablar de los cortes de calles, rutas y puentes, recibía un contundente“no podés criminalizar la protesta social, facho!”.
Si algún ingenuo proponía discutir respecto del aumento de los delitos cometidos por menores de edad, el régimen penal juvenil o la edad de imputabilidad, era escupido con un “ningún pibe nace chorro, gorila!”
Si surgía el tema de la corrupción de ciertos agentes del Estado en una mesa familiar, desde la silla contigua le replicaban “estás viendo, leyendo y escuchando demasiado a la corporación mediática concentrada, cipaya y vendepatria…”
Si alguien se quejaba de la excesiva propaganda política en las transmisiones del Fútbol para Todos, era aplastado con un “oligarca!!! Mejor estábamos antes no?, con los partidos codificados para unos pocos…”
También acá la lista sería demasiado larga y tediosa. Pero también, triste y miserable.
Si los argentinos logramos volver a pensar, discutir, disentir, respetar y ceder, lograremos abandonar el país panfletario y de las frases hechas, vacías de contenido.
Caso contrario, volveríamos a la Edad Media, donde, para paralizar y estigmatizar al que pensaba distinto, existía la etiqueta de “hereje”, que era sinónimo de cadalso y hoguera. Nosotros supimos reemplazar el hereje medieval por el moderno “facho”. Con idénticas cualidades e intencionalidades que las utilizadas por la Inquisición (en sentido figurado, claro. En Argentina no existe la pena de muerte…)
Creo que vale la pena intentar el cambio.
Marcelo Carlos Romero
MAGISTRADO JUDICIAL. El doctor ROMERO es FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES.
Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por Internet.
Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el Sistema Penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).
A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictivas, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la “mano dura/tolerancia cero” hasta el actual y absurdo abolicionismopenal,catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.
La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.
La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina (foránea y berreta) abolicionista, ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.
La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.
Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinadosdurante todos estos años.
Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…
Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?
Aplaudir como bobos las frases inintelegibles, construídas con palabras inventadas (gramscianismo explícito), de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, del mismo Raúl Zaffaroni…
Instalar obligatoriamente los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.
Mientras tanto, los delincuentes, brindaban con champán.
Durante este tiempo, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.
Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.
Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.
LA PESADILLA. También conocida como El íncubo, es un cuadro de Johann Heinrich Füssli pintor suizo establecido en Gran Bretaña. El pintor hizo varias versiones sobre el tema, siendo la más famosa la de 1781. Es una de las obras más emblemáticas de este pintor, reflejando los temas preferidos a lo largo de su obra: satanismo, horror, miedo, soledad, erotismo. Füssli recrea en esta obra un mundo nocturno y teatral, con fuertes contrastes lumínicos, que inspirará toda la imaginería satánica del siglo XIX. Su título en alemán, Nachtmahr, era el nombre del caballo de Mefistófeles. La obra de Füssli presenta un aspecto contradictorio: mientras la superficie del cuadro, la técnica, nos hablan de mesura y contención, las tintas frías y dramáticas y el mundo de sus personajes nos sumergen en un mundo fascinante y horrible, fiel expresión de la poética, tan británica, de lo sublime. Su atmósfera de ensueño, su alusión al mundo de íncubos y demonios de la tradición inglesa, el aire de un erotismo de pesadilla, convierten esta obra en un antecedente del surrealismo.
Según la encuesta de Management & Fit (M&F), el 49,2% de la gente no tiene “nada” de confianza en “la Justicia”, mientras que el 32,9% dice que le tiene “poca confianza” a los jueces. A su vez, el 15,2% manifiesta que tiene “algo de confianza” en la Justicia y sólo un 2,3 % contesta que tiene “mucha confianza”. Sobre este último 2,3 % lo compondrá sus familiares, gente del hampa y algunos otros como Boudou, y Timerman? En lo personal y acorde a la experiencia sufrida, está demás decir que no tengo la más mínima confianza en estos semidioses de la verdad y la justicia, en la que no pocos de sus miembros la llevaron a un desprestigio aún mayor que el de la policía. Estos últimos, a diferencia del poder judicial, están sometidos a bajos sueldos, el no reconocimiento de sus riesgos y sacrificios, el asesinato a manos de una delincuencia muchas veces favorecida por el poder político y el judicial. Poderes que parecieran preferir la muerte del policía, antes que la del delincuente. Juntamos imágenes de algunos de estos judiciales-escoria y conformamos una galería digna de una pesadilla. Estos demonios nunca o muy excepcionalmente van presos y casi siempre el peor castigo es una renuncia, la jubilación de privilegio y el olvido. Se verá que ciertos togados juntan pedidos de juicios políticos de a decenas y aun así siguen en funciones. Un policía apenas denunciado, inclusive por un delincuente con frondoso prontuario, es apartado e investigado, con suspensión de su sueldo. Evidentemente la “CORPO JUDICIAL” SÍ EXISTE, Y TODOS SOMOS SUS INDEFENSAS VÍCTIMAS.
LA PESADILLA EN CIFRAS
El Consejo de la Magistratura fundado el 17 de Noviembre de 1998, tiene a su cargo la administración del poder judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones. En caso de causas graves es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, en donde el Consejo de la Magistratura actúa como acusador. Esto en teoría, en la realidad los cientos de denuncias contra jueces que recibe anualmente en gran mayoría son desestimadas. Son pocas las que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, donde se decide la remoción o la absolución de los magistrados. Por ejemplo: de los 418 expedientes resueltos por el Consejo en el año 2016, 339 fueron desestimadas, 30 fueron archivadas por vencimiento de los plazos y 49 fueron declaradas abstractas. Es decir que en ningún caso se aplicó una sanción o se abrió el procedimiento de jury. PODRÍAMOS DECIR QUE LA IMPUNIDAD ES UN VERDADERO NEGOCIÓN, NO?
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LA PESADILLA EN IMÁGENES
JUEZ DE LA CORTE SUPREMA EUGENIO ZAFFARONI – Desde el 01/01/2016 es Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue juez durante gobiernos militares jurando: “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”. Conocido por los prostíbulos que funcionaban en varias de sus propiedades inmuebles, ha causado un daño inconmensurable a la gente de bien, formando una camada de miembros del poder judicial abolicionistas. Ha tenido una extraña relación con el abogado JACOBO ISAAC GROSSMAN quien en los años 70 se dedicaba a los secuestros extorsivos de niños, por lo que fuera condenado a 13 años de prisión. Hoy al feliz ex miembro de la Corte Suprema Zaffaroni, entre todos le pagamos una jubilación neta de $ 384.953,90 pesos por mes o sea 12.831 diarios. Su vida da para escribir un libro de varios tomos, hasta hoy, lo cual nosotros no haremos.
23/07/2014. Jacobo Grossman defiende al vicepresidente BOUDOU en la causa por el auto “trucho”, por la cual asiste a indagatoria ante el juez Bonadío.
JUEZ DE INSTRUCCIÓN FRANCISCO TROVATO Destituido el 27/12/1997, por cohecho. ESTE INMORAL, coimeó un vestidor de 19.000 dólares a la empresa ALMAGRO CONSTRUCCIONES, por la muerte de la niña Lourdes Manzanares, de cinco años, que en 1995, cayó por el hueco de un ascensor en una obra. Huyó a Brasil, donde permaneció prófugo hasta abril de 1998, cuando fue detenido. La misma se logró rastreando las llamadas telefónicas que realizaba a su ex mujer, mientras el magistrado convivía en ese país con una amante. Permaneció dos años y ocho meses preso. No recuperó su libertad meses antes, por inconductas en la prisión. En febrero de 2016 protagonizó un incidente en el playón de estacionamiento de Tribunales, en Brown y Tucumán. A bordo de un lujoso Mercedes Benz 650, acompañado por su esposa y un caniche Toy, tras mostrar una vieja chapa patente del Poder Judicial, ingresó al sector de las cocheras en donde estacionó en el espacio correspondiente a un fiscal de flagrancia. El guardia le advirtió que no tenía autorización para dejar su vehículo allí, él hizo caso omiso y una grúa de tránsito terminó retirando el coche. Este exótico ex funcionario se debió retirar del lugar caminando con sus dos acompañantes (esposa y caniche Toy). Trabaja como abogado.
JUEZ FEDERAL JUAN JOSE GALEANO Estuvo a cargo de la investigación del ataque terrorista a la AMIA, ocurrido el 18/07/1994.Fué destituido el 04/08/2005. La fiscalía el 21/12/2017 dio por probado que la detención de varios policías bonaerenses, principalmente las de Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra, que pasaron ilegalmente ocho años en la cárcel, se llevó a cabo bajo pruebas que Galeano sabía falsas. Se le solicitó una pena de 13 años de cárcel. Trabaja en el estudio de un reconocido penalista. En la forma en que nos imputan y condenan a nosotros los adultos mayores, cuantos togados tendrían que estar en iguales condiciones que Galeano?
JUEZ FEDERAL FEDERICO EFRAÍN FAGGIONATO MÁRQUEZ, quien investigó la ruta de la efedrina a la que estaban vinculados carteles mexicanos y empresarios argentinos. Se hizo conocido por involucrar en plena campaña electoral de 2009, al diputado FRANCISCO DE NARVÁEZ en la causa. En su haber tuvo 36 pedidos de juicio político y finalmente fue destituido el 25/03/2010. Las acusaciones iban desde integrar una supuesta asociación ilícita con policías, hasta haberse quedado con la cosecha de soja de un campo del Consejo del Menor y la Familia, o haber dejado morir en prisión a un detenido que debía liberar. Hoy se refugia en la profesión de abogado en Capilla del Señor y escribe sus memorias.
JUEZ CARLOS LIPORACE – Condenado en el 2002 por la sustracción de unos ocho millones de pesos que estaban embargados por la AFIP, en una causa contra Guillermo Yoma, titular de la curtiembre de la familia política del ex presidente Carlos Menem. Renunció a su cargo en 2006 luego de ser enviado a juicio político por su actuación en la causa por el contrabando de cocaína a España en un vuelo de la empresa aérea Southern Winds. Está felizmente jubilado y cuida de sus nietos.
JUEZ FEDERAL OSCAR HERGOTT Imputado por presunto acoso laboral y sexual a empleadas de su tribunal, renunció el 30/09/2017 dedicándose a la actividad privada.
JUEZ FEDERAL NORBERTO OYARBIDE (67 años de edad). Con la friolera de SESENTA Y TRES denuncias por mal desempeño, y siendo un depredador de lo justo e imparcial renunció el 15 abril de 2016. Hoy convive con su cónyuge, CLAUDIO ALONSO, ex árbitro de básquet y analista de sistemas, 26 años menor. Se lo puedo ver en programas televisivos de espectáculos, realizando excéntricas coreografías de baile y también evidencia ser feliz.
JUEZ FEDERAL RAUL REYNOSO Autocalificado como un adalid de la lucha contra el narcotráfico, se enorgullecía de que en su juzgado en centenares de procedimientos se había logrado el secuestro nada menos que de “24 mil kilos de droga de todo tipo”. Eso sí, al parecer los detenidos recuperaban rápidamente su libertad por vía económica. Luego de renunciar, está detenido desde el 01/05/2016 en la cárcel de General Güemes (Salta) a la espera del juicio oral. Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por abogados y funcionarios judiciales, que liberaban a acusados de narcotráfico y otros delitos, a cambio de dinero, bienes muebles, inmuebles o lo que fuera.
EDUARDO FREILER El juez más rico de los tribunales de Comodoro Py, seguido por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun, María Servini de Cubría y Jorge Ballestero, fue destituido por “notorios actos de corrupción”. La kirchnerista Diana Conti fue el único miembro del Consejo de la Magistratura que votó en contra de su remoción. Fue miembro fundador de la agrupación Justicia Legítima. Compadezco a quienes le compraron algunos de sus autos usados. ¿Imagino que al día de hoy estará buscando trabajo?
2018 CARLOS ROZANSKI, militante maltratador de empleados judiciales. En el año 2015 yo he sido testigo y junto a otros presos atendí prisioneros que enviaba a prisión. Ancianos, sin piernas y enfermedades terminales (hoy fallecidos) un verdadero sádico y cobarde depredador. Hago votos para que el destino le de lo que se merece. Un jubilado más de privilegio feliz, gracias al actual gobierno, escribe en Página 12 y da charlas y conferencias.
“Nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo, que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre. Y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí en seguida de una forma vivida, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolverle”.
El General Auel, el Fiscal Romero, la doctora Andrea Palomas Alarcón y la conductora radial Ana Barreiro se sometieron a una especie de cuestionario de “memoria y balance” antes de arribar al año 2018, dejando sus pareceres con respecto al período a punto de cesar.
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Andrea Palomas Alarcón
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
La Justicia no ha cambiado en lo absoluto. Sigue siendo la corporación inoperante, corrupta, oportunista, carroñera, soberbia e hipócrita que fue siempre. Siguen protegiéndose unos a otros. Siguen buscando el macho alfa que les diga cómo tienen que ser los fallos, qué tan fuertes o flojitos, de cuántas palabras. Quieren un jefe que les diga qué necesita y que les deje seguir haciendo sus buenos negocios sin molestar. Sólo que no lo han encontrado.
El gobierno se niega a intervenir.
En mi opinión es un exceso de “purismo” afirmar que no se va a intervenir cuando los jueces lacayos del kirchnerismo son los mismos y no van a volver sobre sus pasos
en los casos de “lesa” porque eso sería admitir el prevaricato.
El gobierno tiene una guerra contra las “orgas” de DDHH y contra la CIDH que les compromete todo el prestigio que están preparados a ceder en estos temas relacionados con la guerra de los 70, que no les gusta. El asunto de los militares y policías presos no les importa en lo más mínimo, es más, lo utilizan para demostrar que no influencian sobre la Justicia.
Es digno de felicitación que un gobierno quiera respetar la República y no interferir con otro Poder del Estado, pero en los hechos, como están dadas las cosas hoy en Argentina, no interferir es interferir, es dejar que los juicios de “lesa” sigan a control remoto destruyendo la vida de la gente y el prestigio de la República.
Tampoco es totalmente cierto que no intervenga el gobierno, dice una cosa y hace otra. La Secretaría de DDHH se presenta como querellante en los juicios de “lesa” lo que indica que el Poder Ejecutivo toma partido y que los imputados son expulsados de la raza humana, ya que no tienen derechos humanos.
Es que al gobierno el asunto de los militares y policías le sale gratis cuando “acusa” y caro cuando “defiende”. La cuenta es muy sencilla. Por lo que se ve hasta ahora, pretenden “solucionar” este asunto de una manera bastante hipócrita, enviando a los “invisibles” a domiciliaria y ensañándose con los emblemáticos que tendrán que pagar los platos rotos.
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Lo que imperativamente debe ser revisado es el concepto de soberanía jurídica. Si Argentina quiere ser una colonia jurídica que reciba órdenes de algunas organizaciones internacionales (internacionalistas) de dudosa representatividad en lugar de ser un país soberano que atiende sus propios intereses como hacen los países que protestan, cada vez que nuestro país se sale del redil.
A menudo se dice que las elecciones se pierden, nunca se ganan. El mejor candidato es el menos peor ¿Se debe obligar a los ciudadanos a tomar algún tipo de prueba de inteligencia o conocimiento general antes de poder votar?
Es posible, pero desconozco si existe el test del sentido común. La inteligencia no es garantía de sentido común.
Son archiconocidos los casos de personas inteligentísimas que pueden resolver abstracciones con maestría, pero en la vida diaria son estúpidas y toman decisiones estúpidas.
Lo que sí creo es que se debe educar (e informar) al ciudadano, que muchas veces desconoce qué es lo que pasa y cuál es la prosapia de quienes lo gobiernan.
Existe un enorme apagón informativo en toda una generación que alcanzó la adultez desde la guerra de Malvinas. Si uno le explica que su periodista preferido, Leuco, es un terrorista que formó parte del movimiento que atacó La Tablada en democracia, la gente se enfurece pensando que es una injuria. Así con todo. El periodismo tradicional es parte de la maquinaria desinformativa que se utiliza para manipular al ciudadano. Afortunadamente están las redes.
No soy partidaria de excluir del voto a nadie porque eso genera caos y terminaría en violencia. Los activistas de siempre se arrogarán el derecho a votar excluyendo a los demás.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Nuestro país, como de costumbre, vive preocupado por las cosas menos importantes. Le preocupa el fútbol, el mundial, el precio del transporte, de la nafta, la economía a corto plazo. El día a día. Parte de la falencia informativa es que desconoce graves problemas que aquejan a toda la Nación y, lo que es peor, el ciudadano piensa que no es importante informarse porque entiende que no puede cambiar nada. Sólo ante un gobierno abusivo e irritante como el de los Kirchner terminó reaccionando con manifestaciones callejeras y con el voto.
Por otra parte, tengo la impresión de que el argentino es pasivo, pero va sumando agravios de sus gobernantes y cuando llega a su límite se cobra todo junto, con intereses. Lo estamos viendo.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Mis logros personales son haber intermediado entre los funcionarios burócratas y la situación desesperante de algún detenido preso político, que incluso llegó a estar al borde de la muerte sin que a los funcionarios se les mueva un pelo.
Sólo en un caso un funcionario accedió a comportarse como un ser humano y se involucró personalmente en casos humanitarios de extrema gravedad, donde estaba comprometida la vida. El resto fue cuesta arriba.
Siento como logro haber roto, en parte, ese cerco mediático en el que están encerrados algunos temas e influido en que se tomen algunas medidas en favor de la Justicia. Hace mucho elegí la tarea de esclarecer e informar, al menos, a los más próximos a mí para que entre todos podamos hacer un país mejor.
HERIBERTO JUSTO AUEL
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
Mis respuestas a este cuestionario las daré en función de mi condición de militar retirado y analista de los problemas estratégicos que enfrentamos.
El actual gobierno es resultado de una coalición que surge de reales necesidades electorales -no políticas-. Recién en Oct 17 logra mejorar su posición en las Cámaras del Congreso para iniciar reformas imprescindibles para atender la gobernabilidad de una Argentina que está saltando de un trapecio a otro, sin red de salvataje. El salto es cualitativo: de una hipócrita situación adherida al socialismo S. XXI, debe posicionarse en un mundo geopolíticamente “licuado” y así recuperar un mínimo de confianza para lograr inversiones. En los dos primeros años de gobierno los cambios en el ámbito de la Justicia Argentina han sido mínimos, pues el presidente de la Corte es un obstáculo tan importante, como el de la Procuradora General. A partir de enero deberá comenzar la remoción de ambos obstáculos. El “circo” montado en las causas de “lesa-humanidad” han mostrado débiles pero necesarios indicios de un giro en el 2018 (Causa Catamarca y Santiago del Estero)
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Los juicios de “lesa-humanidad”, absolutamente ilegales. La Unión de Promociones y el Foro de Generales han solicitado auditar todo lo realizado por los TTOOFF, ante el Consejo de la Magistratura. La respuesta fue negativa, PERO se hace INEVITABLE. La situación estratégica iberoamericana o exige.
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A menudo se dice que las elecciones se pierden, nunca se ganan. El mejor candidato es el menos peor ¿Se debe obligar a los ciudadanos a tomar algún tipo de prueba de inteligencia o conocimiento general antes de poder votar?
La Constitución exige idoneidad -moral e intelectual-. Hasta ahora no se ha cumplido éste mandato. No creo que el actual Congreso pueda regular dicha condición.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
La Inseguridad Nacional, estratégica y pública. Ha legislado el enemigo en los 80 y 90 y las dos leyes que rigen aun en el área SON INTOCABLES, por la acción psico-política de las últimas tres décadas.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
He logrado mayor libertad para desarrollar mis tareas académicas. En los años anteriores he sufrido dos denuncias penales del gobierno por “apología del delito”.
Ana Barreiro
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
Los jueces han comenzado a actuar y ajustarse a derecho reactivando las causas de corrupción, poniendo presos a los ex funcionarios responsables, investigando la muerte del fiscal Nisman y tema Amia
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Si bien hay una mayor apertura (coraje) en el tratamiento de los llamados juicios de Lesa Humanidad, aun no se resuelve la situación del tema Se sigue condenando sin pruebas en juicios nulos etc. y el Estado sigue cometiendo GERONTICIDIO.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Tema inseguridad y económico sigue siendo preocupante para el común de los ciudadanos
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Acercamiento y receptividad positiva con la mayoría de los funcionarios del gobierno El mayor logro de quienes como en mi caso sufrimos esta grave situación de discriminación judicial es haber logrado tener más presencia en los medios
Marcelo Carlos Romero
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
El principal cambio es el final del intervencionismo del Ejecutivo en las decisiones judiciales. Se respira un aire diferente en los despachos judiciales. De todas maneras, esto no es excusa para justificar la larga siesta que tuvieron ciertos tribunales -en especial los ubicados en la Avda. Comodoro Py de la CABA- , sobre todo en las causas por corrupción.
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Sin ninguna duda, deben revisarse los criterios de excarcelación y morigeración de las medidas de coerción. La doctrina abolicionista ha concebido magistrados agnósticos de la pena, cuyo fallos causan un daño irreparable a la comunidad jurídicamente organizada.
También debería revisarse -a nivel códigos procesales- la multiplicidad de instancias para llegar a una sentencia defintiva. Es absurdo tener entre 6 y 8 instancias, más las que puedan operar en los tribunales internacionales.
A menudo se dice que las elecciones se pierden, nunca se ganan. El mejor candidato es el menos peor ¿Se debe obligar a los ciudadanos a tomar algún tipo de prueba de inteligencia o conocimiento general antes de poder votar?
Definitivamente, no. Debemos insistir en la educación general y en inculcar valores desde el hogar. Es una tarea titánica en un país cuya estructura educacional ha sido derruída, pero es el único camino.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Sin dudas, la corrupción. Activa y pasiva. Estatal y privada. Pero lo más grave, es la falta de un agravio total y absoluto por parte de la ciudadanía frente a los hechos de corrupción.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Como fiscal del Ministerio Público, representante de los derechos de la ciudadanía en los procesos penales, siento que cumplí con mi deber de denunciar -en todo ámbito que pude- los desastrosos efectos de la teoría abolicionista del Derecho Penal, cuyo máximo abanderado local es Eugenio Zaffaroni.
La Dra. Andrea Palomas Alarcón nació en Buenos Aires el 15 de mayo de 1965 en el seno de una familia de clase media. Padre policía (se retiró como comisario de la Policía Federal en 1967) y madre empresaria, tenía un negocio de ropa y su propio taller de confecciones.
Fue a una escuela religiosa en donde perdió la fe en la Iglesia, no en Dios ni en Cristo, sólo en la Iglesia.
Estudió equivocadamente agronomía, por creer que esos veranos en el campo de unos amigos en La Pampa eran la forma en que quería vivir el resto de su vida. Nunca se desvinculó totalmente de ese sueño pero siguió otros…como pelear contra la injusticia.
Estudió derecho y conoció la justicia desde ambos lados del mostrador, estuvo algún tiempo en un juzgado civil como meritoria y luego pasó por varios estudios jurídicos como procuradora, abogada junior y socia. Hoy tiene su propio estudio y perseguir el sueño de pelear por un país más justo, más ajustado a las leyes es como se ve terminando sus días.
Tuvo unas tímidas participaciones en política, en los años de la UCeDe, como afiliada y militante y como dirigente de UPAU cuando seguía la carrera de agronomía.
Se considera a sí misma liberal de derecha “si es que eso existe” dice.
El Gral. Heriberto Justo Auel tuvo el honor de iniciar sus estudios secundarios en el Liceo Militar “Gral. Belgrano”, en calidad de cadete de la promoción fundadora y abanderado de ese Instituto. La Provincia de Santa Fe le concedió una “Beca al Mérito”, que mantuvo luego al ingresar al Colegio Militar de la Nación. A su egreso, como Subteniente del arma de Infantería, se incorporó a una unidad de elite e inmediatamente, dos años después, pasó a ejercer la docencia en Institutos del Ejército.(Liceo y Colegio Militar).
Ello amplió su tiempo, en particular para participar en el planeamiento y auditoria de los planes de capacitación en el nivel de la enseñanza media y superior, mientras ejercía la docencia y cursaba sucesivas carreras universitarias, afines con su vocación original.
Con el grado de Capitán y como especialista en tropas aerotransportadas, fue destinado como Observador Militar de la ONU en la Línea del Cese del Fuego del Canal de Suez, luego de la Guerra de los Seis Días. Profesionalmente esa etapa de casi dos años enriqueció su experiencia militar, dada la constante actividad de combate que se desarrollaba en la llamada “Línea de Cese del Fuego”. Pero, además, pudo estar en permanente contacto con todos los niveles sociales de las partes en conflicto y, como Licenciado en Ciencias Políticas, inició sus publicaciones en Revistas especializadas sobre temas relacionados con el conflicto de Medio Oriente, aun subsistente.
Ana Barreiro conduce el programa radial DE ESO NO SE HABLA y es una preocupada activista por los derechos de los Presos Políticos argentinos ilegalmente encarcelados debido a su participación o no en la lucha contra el terrorismo.
Barreiro también fue una perseguida por las organizaciones tristemente autoproclamadas de derechos humanos, hostigando a su persona y a sus hijas.
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El Fiscal Marcelo Carlos Romero represento al Ministerio Público. Subraya no pertenecer a la generación de abogados “progres” de Argentina. Enfatiza que por esta razón no utiliza eufemismos para hablar y/o escribir sobre Delincuentes, Crimenes, Penas, Cárcel, etc.
Ha dejado claro que no le encandilan las falsas luces del abolicionismo penal, pregonado -entre otros tantos- por Eugenio Zaffaroni y sus discípulos. Sin tapujos declara no ser lector tardío de Michel Foucault y sin ruborizarse, ni ser pretencioso afirma jamás haber entendido a dicho autor.
Encontramos en su inmaculada trayectoria en la Institución Judicial:
28 de noviembre del año1988 ingresa al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el Fuero Penal, como auxiliar administrativo.
Recibió una promoción en diciembre de1994 a los cuadros Profesionales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Fuero Penal) esta vez como Auxiliar Letrado.
Las palabras del titular de la Policía de la provincia de Buenos Aires parecen salir de la boca de la gobernadora Vidal: el policía que cometa un acto irregular va a terminar afuera de la fuerza y preso. La pizza gratis del agente es un problema -no voy a desconocerlo- pero no es el único problema. Mientras el agente se hace con una porción, el comisario se lleva dos. ¿Y las cinco restantes? Pensemos en el destino de esas restantes tajadas de delicia culinaria.
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Pero eso no es lo que ha preocupado aún al fiscal Marcelo Carlos Romero, sino sus dichos sobre la edad de imputabilidad de los delincuentes. A Fabian Perrone le preocupa el tema: “Nosotros tenemos la obligación de dar seguridad y dar prevención en la provincia de Buenos Aires. Y en eso estamos tomando muchas medidas”, aseguró Perrone. “trabajar más sobre estos chicos que vienen postergados desde hace años, sin posibilidades”, culminó el jefe policial mientras transcurre el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
El fiscal Romero tomó el guante, señalando que las definiciones sobre “la inclusión social, la falta de oportunidades, el trabajo y el estudio” son temáticas que están fuera de la órbita de las funciones que deben cumplir fiscales jueces y policías, quienes deben trabajar en el último eslabón del problema de la delincuencia, cuando fracasa la prevención.
Marcelo C. Romero indicó que hay áreas difinidas del gobierno las que deben dar tratamiento a estos temas y no el jefe de policía ya que son “cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema penal el estado que él integra”.
El fiscal expresó que “estoy asombrado por las declaraciones de Perrone, no de los políticos que utilizan siempre clichés como “lo pibe” en lugar de decir los menores, los jóvenes o los niños, ya que eso forma parte del folklore nacional. Me preocupan las declaraciones del nuevo jefe de policía, que apareció en todos los canales de televisión y en todos los programas, creo que sólo le falta Cocineros Argentinos y ya está”.
“Las declaraciones que hoy salieron publicadas en el diario El Día, en las que critica a la justicia asegurando que la policía detiene a los delincuentes y la justicia los libera, es algo que tomamos y que obviamente aceptamos, pero es algo viejo, es un cliché muy antiguo. Tiene parte de razón. A reglón seguido se manifiesta abiertamente sobre la discusión de la edad de imputabilidad, un tema polémico si los hay, y obviamente apela nuevamente a los clichés de la inclusión, el trabajo, etcétera” anunció el letrado.
“Estas son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema penal el estado que él integra. Él es un altísimo funcionario del sistema penal del estado nada más y nada menos que el comandante de la fuerza policial más grande del país”, aseveró el fiscal. “La inclusión social, la falta de oportunidades, el trabajo y el estudio son áreas que no integramos ni los fiscales, ni los jueces ni los policías, ni el Ministro de Seguridad. Son otras áreas de gobierno que deben trabajar en esto, pero no nosotros. Nosotros trabajamos en el último eslabón del problema que es el sistema penal, cuando ya fracasó la prevención y el accionar policial y cuando lamentablemente hay que aplicar el Código Penal”.
Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal y no espionaje de peluquería; estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales, entre otras actividades.
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
El doctor Marcelo Carlos Romero, titular de la Fiscalía Nº6 de La Plata, expresó que es “punitivista” con relación a la necesidad de modificar no sólo la ley para que los violadores reincidentes cumplan con la condena de manera efectiva, sino también exigir que se enseñe en las universidades con nuevos conceptos distintos y distantes a la ideología abolicionista de Eugenio Raúl Zaffaroni.
“La lucha contra el anarco-abolicionismo hay que empezarla en las cátedras universitarias. Comenzar por los tribunales, es poner el techo antes que las paredes”, señalo el fiscal Romero.
“Aquellos que fuimos profesores de Derecho Penal o de Derecho Procesal Penal en los últimos treinta años, también tenemos responsabilidad frente a la nefasta colonización de la cátedras por parte del no menos nefasto abolicionismo penal”.
“La lucha contra el anarco-abolicionismo hay que empezarla en las cátedras universitarias.
Comenzar por los tribunales, es poner el techo antes que las paredes”
“En la ciudad de La Plata, por ejemplo, tenemos verdaderos maestros del Derecho Penal como Ramiro Pérez Duhalde, Alfredo Gascón, Ernesto Domenech, entre otros. También juristas de la talla de Pedro Luis Soria o de Emir Caputo Tártara en Derecho Procesal Penal”, continuó el joven fiscal.
“Sin embargo, muchos de nosotros, permanecimos impávidos frente al desembarco de una doctrina nefasta para el sistema penal argentino. Nuestros alumnos quedan embobados con este discursito neo-marxista-soft, que también seduce a graduados, profesores y magistrados judiciales”, indicó Romero. “Es hora de recuperar la discusión de ideas en las cátedras del derecho punitivo, sin temores frente a rótulos o etiquetas. Acepto mi cuota parte de responsabilidad en esta lamentable inacción: soy puntivista”.
El caso de Micaela García y el tratamiento del juez Rossi en la liberación del asesino de la joven, merece la lectura de un profesional de la ley en cuyo diccionario, la palabra abolicionismo es casi sinónimo de aberración. Para salir a este ruedo con propiedad, nada mejor que consultar con el fiscal Marcelo Carlos Romero.
PrisioneroEnArgentina.com: Nos horrorizamos con el caso de la adolescente Micaela García -y está bien- pero nos olvidamos de hechos parecidos, que, por recurrencia, han quedado casi en el olvido. ¿Son muy comunes estos casos, aunque haya muchos que no terminen en asesinato?
Marcelo Carlos Romero: Lamentablemente, si. Los delitos contra la integridad sexual van en aumento -como la mayoría de los crímenes en la República Argentina- .No solamente han aumentado en cantidad, sino que también se ha incrementado el uso de la violencia en estas conductas.
PEA: ¿Qué tan importantes son los peritajes siquiátricos en teoría y que tan importantes en la práctica, en consideración de los jueces?
Marcelo Carlos Romero: Los peritajes psiquiátricos son CARDINALES en la investigación criminal de estos hechos. Tengamos en cuenta que el depredador sexual es, por definición, un psicópata. Puede tener rasgos seductores o violentos. Puede aparentar ser una persona completamente normal, pero esconde tras su máscara, su perversidad.
Llama poderosamente la atención las declaraciones del gurú del penalismo argentino, Eugenio Raúl Zafaroni, cuando afirmó que “no todos los violadores son psicópatas sexuales…”
“O sea, a contrario sensu, para el multi-doctorado abogado, existirían “violadores normales”…
Los jueces y fiscales debemos tener muy en cuenta estos peritajes, tanto para dictaminar -en el caso de los representates del Ministerio Público- como para decidir -en el caso de los magistrados judicantes-
Para apartarnos de un peritaje psiquiátrico, simplemente, debemos basarnos en otro trabajo pericial de otros psiquiatras… Los abogados sabemos -algo- de Derecho. Nada más”.
PEA: Entiendo que el sistema carcelario argentino es desgraciado. ¿La rehabilitación es simplemente un sueño?
Marcelo Carlos Romero: Por el momento, sin nuevas unidades carcelarias, con superpoblación, hacinamiento, sin trabajo OBLIGATORIO para los detenidos, con ocio negativo en la mayoría de los internos, con corruptelas intra-muros de todo tipo, etc, la rehabilitación no sólo es un sueño… Es un milagro que suceda.
PEA: Ningún crimen merece ser saludado. No lo justifico, pero ¿es lo mismo un esposo que pierde la cordura al descubrir una infidelidad y termina con la vida de su mujer o del amante, que un crimen sexual?
Marcelo Carlos Romero: Ambos son femicidios. Ambas conductas preveen penas de prisión o reclusión perpetua. Los eventuales atenuantes a considerar, serán argumentos de la defensa. Nada mas que eso.
PEA: ¿Tiene un juez facultades para decidir en estos casos? ¿Es más importante un reporte de buena conducta de un violador, en la cárcel, que un informe siquiátrico?
Marcelo Carlos Romero: Los detenidos conocen los reglamentos carcelarios al dedillo. Ellos saben que “hacer conducta” es un buen comienzo para obtener beneficios tras los muros y fuera de ellos. Para mi, es sólo una formalidad si lo tengo que comparar con un peritaje psiquipatrico, psicológico o ambiental. La buena conducta puede surgir de no violar al compañero de celda, de no apuñalarlo, de no fabricar armas punzo-cortantes o de no agredir al personal penitenciario…
Todo muy bonito, pero sólo el psiquiatra me dirá, si este individuo -de “buena conducta” tiene alguna posibilidad de volver a la vida en libertad sin convertirse en un peligro para la comunidad.
COLOFÓN: El caso Micaela y la vergonzosa liberación de su presunto violador y homicida debe llevarnos a una profunda reflexión acerca de la nefasta pseudo doctrina abolicionista del Derecho Penal. Ese veneno que ha infestado nuestro raciocionio y que durante más de tres décadas ha lavado el cerebro de los alumnos en las facultades de Derecho de la Argentina, concibiendo una legión de fiscales abolicionistas y de jueces agnósticos de la pena.
“Junto con la organización debe venir un cambio, porque si no el
Movimiento envejecerá y terminará por morir como todo lo que es viejo”.
Juan Domingo Perón
Permítame explicarle por qué la semana pasada no respondí a cada uno de los comentarios que me enviaron, como hago desde hace catorce años. Sucedió que, contra mi costumbre de emitir mi opinión sólo los sábados, difundí el miércoles la denuncia penal que formulé contra Hebe de Bonafini y los organismos de pseudos derechos humanos, apólogos del terrorismo; el 1° de abril, la nota “Momento Crucial”; y el mismo día, al regresar de la marcha cívica, una sola frase que me salió del alma: “Contra el escepticismo y la apatía, contra el sábado y el sol, ¡SI, SE PUDO!”.
En una conmovedora reacción, mis lectores me enviaron más de tres mil mails; el sorprendente número impidió que pudiera contestarlos. Por eso, enormes disculpas y mi más emocionado agradecimiento, en especial al Dr. Eduardo San Emeterio, que me impulsó a hacer la presentación judicial, al Fiscal Marcelo Romero, a los colegas que se solidarizaron con mi posición y a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que se sumó a ella.
Como sabrá, el trompo hexagonal que sirve de título termina determinando el resultado de cada lanzamiento: toma 1, toma 2, toma todo, pon 1, pon 2 y todos ponen. El 6, con el paro de actividades que decretó la CGT, forzada por la izquierda trotskista y el kirchnerismo, acompañada por las dos CTA, muchos pusimos, sobre todo el país, y pocos tomaron. Si bien no alcanzó la contundencia de otras medidas similares del pasado, la adhesión de la UTA y la consecuencia ausencia de transporte público, le dio una imagen que superó, en mucho, a la realidad.
Los grandes gremios -petroleros, comercio, mecánicos, textiles, indumentaria, agua, etc.- ya habían cerrado sus paritarias nacionales con aumentos satisfactorios; sin embargo, la encerrona que sufrieron días atrás, cuando los verdaderos impulsores de la huelga rodearon el palco y agredieron de hecho y de palabra a los eternos líderes sindicales, llenó a estos de temor, tanto físico cuanto político, por la posibilidad de resultar desbordados. Tuvo razón uno de ellos cuando, espantado al final del acto, dijo: “Con Moyano esto no pasaba”; era verdad, porque nadie se insubordinaba al jefe camionero ni, menos aún, se atrevía a tocarlo. Es decir, les tocó poner imagen en el juego; y los resultados de las rápidas encuestas mostraron que el 70% de la ciudadanía rechazaba la medida.
Lo más perfecta demostración de cuanto digo fue que las consignas de la huelga general impuestas, como digo, por los delincuentes y los violentos irracionales no se compadecen con la realidad: no existe la ola de despidos ni la masividad de importaciones que denuncian, y tampoco la caída en el poder adquisitivo del salario, ya que se encuentra protegido por las “cláusulas gatillo” incorporadas a las negociaciones paritarias para salvarlo de la inflación. Entonces, ¿para qué se concretó?
Tuvo que poner (o deberá hacerlo pronto) Viviani, del gremio de los peones de taxis, que incitó a sus fieles a dar vuelta los coches de quienes no respetaran la huelga; cometió los mismos delitos que le imputé a Bonafini pero, a diferencia de lo que sucedió con esta señora, un fiscal cumplió con su deber y formuló la correspondiente denuncia; mientras escribo, este pseudo dirigente gremial aparentemente continúa prófugo.
Puso asimismo la izquierda insurreccional, una vez más, al ratificar el escaso número de sus seguidores, que pretende compensar con el salvajismo y la violencia de éstos que, con sus rostros enmascarados, apalean impunemente a quienes pretenden atravesar sus piquetes. Creo que, de todos modos, lo más ridículo de su posición es la aceptación del apoyo que reciben de los kirchneristas, que sólo pretenden salvar de la inexorable cárcel a los jefes cleptómanos (Cristina, Máximo, Florencia, Cristóbal López y los Báez) de la asociación ilícita que formaron para robarse el país.
Pusieron mucho los trabajadores informales, que viven de su diaria labor y no perciben ingreso alguno cuando no pueden hacer sus changas. La falta de transporte les impidió concurrir a los lugares en que consiguen obtener su magro sustento. Si hay un sector que sufrió en carne propia el irracional paro de actividades fue éste, que debiera ser el mayor foco de la preocupación de los dirigentes.
Y qué decir de lo que tuvo que poner el cínico Baradel quien, en pos de sus ambiciones personales dentro de los gremios docentes, forzó dos días más de huelga en las aulas; una juez, sospechada de pertenecer a “Justicia Legítima” le concedió una medida cautelar para obligar al Gobierno a convocar a una paritaria nacional, cuando la Nación no tiene un solo maestro ni paga un solo salario. La repulsa que causa este vandálico mugriento es tal que hasta ha perdido el apoyo de sus representados, que día a día desertan y vuelven a dar clases porque han comprendido que las medidas de fuerza están terminando con lo poco que queda de la educación pública en la Argentina. En su partida personal contra Baradel y compañía, quien más sigue “tomando” es María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen de la Argentina; la sociedad bonaerense se desgañita pidiéndole a la Gobernadora que no afloje frente a la extorsión a la que es sometida desde hace un mes.
Pusieron, sin duda, Sergio Massa y los integrantes de su Frente Renovador e, inclusive, el GEN de Margarita Stolbizer, a quienes sus continuos cambios de vereda y de disfraz y, sobre todo, la polarización que produce la permanente presencia de Cristina Fernández en el escenario, les están costando demasiado caros. Y cómo olvidar a Martín Lousteau, verdadero travesti de la política, que abandonó la embajada más importante del país en un momento crucial.
Pero, sin duda, otros de los que más pusieron fueron los jefes de la PJ S.A., encabezados por sus gerentes José Luis Gioja y Daniel Scioli, quienes parecen no recordar la recomendación que sirve de epígrafe a esta nota. La convocatoria a derrocar al Gobierno, al que consideran ilegítimo, y la pretensión de incorporar al kirchnerismo a una lista de unidad pegada con moco, empujará un poco más al Movimiento en que todos caben (Cámpora, Isabel, López Rega y Firmenich, los Montoneros y la Triple A, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina) hacia el baúl de los recuerdos de la historia.
Y el país puso mucho, no sólo en el costo directo -mil millones de dólares- que implica una jornada de huelga general sino, más grave aún, en la imagen que proyectó hacia el exterior, mientras se realizaba en Buenos Aires una reunión de ejecutivos de las grandes empresas y de los más importantes fondos de inversión, a los cuales hubiéramos debido ofrecer una imagen seductora y ordenada para atraerlos a un país que los necesita casi tanto como el oxígeno que respira. El principal reclamo de los asistentes (como de muchos argentinos, entre los que me incluyo) fue sin embargo la falta de seguridad jurídica que aún impera aquí.
Por su parte, el Gobierno recibió dos resultados de la perinola. Puso, y pone, los fondos que gira a las intendencias del Conurbano y a las organizaciones sociales, con los cuales se financian los piquetes y la logística de los actos; pero también tomó porque, aupado por la pre-ninguneada y sorpresivamente (para algunos) masiva marcha del #1ª a favor de la paz y de la democracia, que salió a discutirle a los violentos el dominio de la calle, por fin se atrevió a poner en funcionamiento el famoso protocolo anti-piquetes sin que se produjera una sola muerte entre los manifestantes, recuperando la positiva imagen de gestión que había perdido por su tolerancia frente a los desmadres; mi felicitación a Patricia Bullrich por ello. En ningún país del mundo este tipo de manifestaciones es permitido y, en aquéllos más cercanos al corazón de la izquierda (Cuba, Venezuela, Bolivia, Irán o Rusia), son reprimidas con ferocidad.
La Argentina, el “país jardín de infantes” que evocó María Elena Walsh, sigue jugando; sólo cabe esperar que se haya olvidado de la ruleta rusa, a la que fue tan fiel durante tantas décadas.
En horas de la mañana de ayer se realizó un procedimiento en la localidad de Melchor Romero en el cual un policía recibió un balazo en el pecho. El disparo, efectuado desde muy corta distancia, le hizo caer, pero el chaleco protector que vestía logró salvar su vida.
El efectivo fue transportado al hospital Italiano, y allí los médicos comprobaron que presentaba sólo una hemotoma por el poderoso impacto.
Una comitiva integrada por efectivos de la Dirección de Investigaciones, Infantería y la seccional 14ª, había ido a buscar a un acusado del delito de robo agravado, perpetrado el año pasado. La investigación, llevada a cabo por el fiscal Marcelo Carlos Romero, consiguió establecer la presunta participación de un hombre en ese hecho, por lo que el juez de garantías Jorge Moya Panisello avaló el procedimiento. El allanamiento tuvo su génesis en la denuncia de un vecino, radicada con fecha 18 de septiembre de 2016, que dio cuenta de que le habían desvalijado la vivienda, aprovechando que no se encontraba presente en su inmueble. Este fue violentado al destrozarle las rejas de acceso. Los malechores en ese lapso se apropiaron de dinero, electrodomésticos, un rifle marca Winchester 4440, dos cajas de municiones calibre 4440, tres escopetas, una escopeta 12/70 y dos carabinas calibre 22, entre otras armas de fuego, de las cuales tenía la correspondiente documentación, que autorizaba su tenencia.
Del resultados de las investigaciones, declaraciones recibidas y del trabajo realizado por personal de Policía Científica, se logró levantar una huella con valor identificatorio, y se pudo establecer que la misma se correspondía con la persona identificada por sus iniciales G.A.S., quien cuenta con frondosos antecedentes penales.
“Este recurrente desprecio a la autoridad policial es el fruto de tres décadas en donde la regla fue denostar a todos los uniformados por su sola condición de tal, sin miramientos y sin diferenciaciones”.
Dr. Marcelo Carlos Romero
En esas circunstancias, ayer le allanaron el domicilio, pero el que estaba presente era su hermano, quien recibió a los efectivos a los tiros desde el interior de la finca, apenas se percató de la llegada de los policías. Uno de las balas encontró el blanco en el Capitán Pablo Perich.
“Para los delincuentes, ese desprecio se transforma en paroxismo criminal, en donde asesinar a un policía suma “prestigio” y “chapa” en el lúgubre y siniestro submundo de la ilegalidad”
Dr. Marcelo Carlos Romero
El autor de los disparos, Ariel Ángel Santín de 31 años, fue reducido y permanece bajo custodia, quedando ahora imputado del delito de “tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de guerra”, a disposición de la fiscal penal en turno de La Plata, Leila Aguilar, quien en la jornada de hoy le tomará declaración indagatoria.
En un dormitorio de la finca del agresor había dos armas de fuego, una calibre 9 mm. robada a un policía de la 14ª y una escopeta calibre 12/70, las cuales quedaron secuestradas, junto a gran cantidad de picadura de marihuana.
La pareja del sospechoso junto a tres menores de edad -uno de 1 año y seis meses, otro de 5 años y el tercero de 12 años-, se encontraban en la morada.
El fiscal Marcelo Carlos Romero, al frente de la investigación que originó el allanamiento, reflexionó: “Este recurrente desprecio a la autoridad policial es el fruto de tres décadas en donde la regla fue denostar a todos los uniformados por su sola condición de tal, sin miramientos y sin diferenciaciones”.
“Para los delincuentes, ese desprecio se transforma en paroxismo criminal, en donde asesinar a un policía suma “prestigio” y “chapa” en el lúgubre y siniestro submundo de la ilegalidad”, agregó el fiscal, quién es -en estos críticos momentos- una de los verdaderos referentes en cuanto a la defensa de la Constitución Nacional y el cumplimiento del Código Penal.
El 22 de octubre de 2016 publiqué “La justicia podrá redimir al país”:
Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.
La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.
Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.
El 7 de noviembre de 2016 publiqué otro artículo bajo el título “Al Cesar lo que es de César“; decía:
“Hace pocas horas condené las palabras del marxista Fernando Esteche, “Si a un juez se le ocurriera detener a Cristina, podría aparecer muerto” y agregaba, ¿no hay fiscales en la justicia que lo denuncien?
Acaba por ser denunciado por el fical Marcelo Carlos Romero, que transmitió sus fundamentos por el canal de televisión TN, el mismo magistrado que fue objeto de mi nota blogspot titulada “La justicia podrá redimir al país”, y decíamos: “Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica´ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos. no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones. El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral, y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido. Lo ratifico”.
Hoy leemos la siguiente noticia que confirma mis comentarios:
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero presentó una denuncia penal contra el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia colectiva, debido a las amenazas de anteayer del dirigente piquetero acerca de que la semana próxima iban a cortar las rutas de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª6 del Departamento Judicial de La Plata señaló en su presentación que el delito de apología del crimen, previsto en el artículo 213 del Código Penal establece penas de un mes a un año de prisión.
En tanto, el delito de incitación a la violencia colectiva, normado en el artículo 212 del Código Penal fija una pena de tres a seis años de prisión “al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
El fiscal Romero cumple con su deber de magistrado, no merece premio ni medallas, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía que ve en él la justicia que espera desde hace muy largos años.
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero acaba de presentar una oportuna denuncia penal contra el desafiante líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Lo acusa, con razón, de haber hecho apología del crimen y, además, del delito de incitación a la violencia colectiva, en razón de las amenazas públicas y abiertas con las que Pérsico anunció, con total desparpajo, que se iban a cortar rutas en la provincia de Buenos Aires.
Parece otra noticia increíble, un acto desacostumbrado, inusual. Pero no es así. El fiscal está solamente cumpliendo con su deber de hacer respetar la ley. Habrá que ver qué hace ahora la Justicia ante esa denuncia, pero no es imposible, dado lo que sucede habitualmente, que ocurra poco y nada, lo cual sería muy lamentable.
Los argentinos nos hemos desacostumbrado de que la normalidad en los espacios públicos sea el respeto de la ley y no su violación descarada, particularmente cuando de ejercer el derecho a la protesta se trata. En la calle impera una suerte de “vale todo”, sin fronteras ni respeto, y lo primero que se vulnera es el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.
En buena medida esto sucede por la desagradable pusilanimidad de algunos de nuestros funcionarios públicos, que, con toda suerte de disimulos, prefieren no enfrentar jamás a quienes violan las normas, antes que ser objeto de denuncias, malos momentos y, quizás, agresiones. Como si el funcionario público tuviera sólo trono y facultades o una aureola brillante, pero nunca deberes ni obligaciones. Y menos aún, riesgos.
Esta triste actitud, que nos inquieta a todos, hace que la anomia de pronto resulte normal y genere el natural desencanto entre los administrados, que se sienten y están desprotegidos. Cuando no hay buena fe en los interlocutores, el diálogo, que siempre debe intentarse y privilegiarse, no conduce a ninguna parte. Deviene entonces un ejercicio estéril que se transforma en una mera pérdida de tiempo. Por eso, el cumplimiento de la ley, tarde o temprano, es ineludible. Mientras esto no se comprenda y se defienda, no habrá confianza en nuestros funcionarios. Tampoco el nivel de respeto necesario. Y la inseguridad personal seguirá siendo enorme, en todos los órdenes.
La violación de la ley no puede ser sacrificada debido al temor o a las suspicacias de quienes están obligados a asegurar el acatamiento de las normas, sin lo cual no existe el Estado de Derecho, que no sólo debe proclamarse como si fuera una suerte de ideal teórico y lejano, sino defenderse como una urgencia inmediata, impuesta por la necesidad de asegurar la convivencia en orden y paz. El derecho a la protesta existe y debe -y puede- ejercerse conforme a la ley, con respeto y tolerancia, sin desbordes ni violencia, como ciertamente sucede con frecuencia. Pero quienes abusan de él no pueden gozar de impunidad y deben ser denunciados, como precisamente lo acaba de hacer el fiscal Romero.
La semana pasada, el joven T., de 15 años, 11 meses y 29 días de edad, cometió un homicidio. Por escasas 24 horas, fue declarado inimputable por el juez que intervino en la causa penal. Si hubiese accionado la cola del disparador de la pistola 9 mm que portaba contra la víctima, tan solo un día después, previo un debido proceso penal juvenil, pudo haber recibido entre 8 y 25 años de cárcel…
Esta ficción, perfectamente posible en cualquier punto de nuestra República, muestra a las claras que el establecimiento de una edad cronológica que separe la imputabilidad penal de la inimputabilidad, es arbitrario. Lo mismo sucedería con un límite etario de 15, 14 o 13 años.
¿Qué hacer entonces con la edad de la imputabilidad?
Es posible una solución alternativa que dé por finalizada la eterna discusión sobre la edad de no punición. Un sistema mixto.
Que exista un límite etario es necesario. Las leyes deben ser normas generales que se aplican a los casos particulares. No podemos dejar librado al arbitrio del juez la estructura misma de los preceptos legales.
Pero es imperativo que, en una problemática como ésta, se permita una prueba en contrario a una presunción legal.
Que la persona que cometió un delito comprenda o no la criminalidad del acto depende de su evolución madurativa y no del taco calendario. No será el abogado, el juez, el fiscal o la matemática quien decida si el jovencito o la jovencita pudo discernir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo pemitido, entre lo legal y lo ilegal.
¿Puede afirmarse, en forma tajante y absoluta, que un niño o una niña de 14 años no comprendan que matar a otro ser humano significa quitar una vida y que dicha conducta está prohibida por la ley, aunque no sepan ni lo que significa “Código Penal”?
¿Puede ser el sistema creado por el Papa Gregorio XIII la única herramienta para discernir entre enviar a un ser humano a prisión o a su casa?
Ha llegado la hora de los especialistas en salud mental: Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicólogos, Neurólogos, etc.
Establecer una edad tope para la imputabilidad es necesario, como presunción. Pero es necesario crear un sistema que establezca una prueba en contrario -trabajo pericial/científico- para los casos de delitos graves o gravísimos.
No es complicado establecer un sistema así. De hecho, ya existe en varios países del Common Law.
Solo resta no terminar los debates con panfletos del estilo “ningún pibe nace chorro”…
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
Es que el catecismo laico obligatorio en facultades de Derecho, Institutos de Post-grado y Consejos de la Magistratura, al mejor estilo gramsciano, otorgó categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.
Ahora, el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y asi.
Leyendo el caso de un motochorro que, en Tucumán, le robó dinero en a un chico de seis años que iba a comprar al almacén, y, en La Plata, el caso de dos ladrones que maniataron a una anciana de 95 años para robarle dinero, no encuentro en el diccionario abolicionista el término adecuado para esta categoría de “sujetos en conflicto con la ley penal”.
Se me había ocurrido “hijos de puta”… Pero seguramente no será aceptado por los gurúes locales de esta nueva pseudo-doctrina.
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
El texto del valiente fiscal Romero me ha hecho recordar la excelente interpretación de Peter Finch como Howard Beale en Network (O Poder que Mata) de Sydney Lumet, donde vomita su rabia ante un sistema corrupto. El fiscal Romero, claro, lo hace sin ataques de locura.
“Quiero que todos se levanten ahora. Quiero que todos se levanten de sus sillas. Quiero que se levanten ahora mismo y se dirijan a las ventanas, las abran y saquen sus cabezas y griten: Estoy muy enojado y no voy a tolerar esto ni un minuto más”
El problema no es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamadoEugenio Raúl Zaffaroni y sus delirantes reflexiones, que excitan por igual a estudiantes de Derecho, graduados, magistrados judiciales, periodistas y anarquistas decadentes.
El problema no son sus postulados y sentencias alejadas del sentido común, de la lógica y hasta de la cordura.
El problema no es la inversión del paradigma del Derecho Penal, convirtiendo al criminal en víctima de la sociedad, y a ésta en victimaria de los excluídos.
El problema no es la biblia abolicionista que reza, entre otros dislates, que: El “delito” es una “creación política”. Que el Proceso Penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la “sensación de inseguridad”, etcétera…
El problema no es la flagrante falta de respeto a la memoria del ex fiscal general federal especial para el caso AMIA, Dr. Natalio Alberto Nisman, cuya muerte violenta todavía sigue siendo un misterio sin revelar.
El problema no es Zaffaroni… Sino su pseudo doctrina que está instalada en la República Argentina como obligatoria en facultades de Derecho, Institutos de post-grado, Consejos de la Magistratura y lleva treinta años lavando cerebros.
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
Juicios y operaciones, también en los ilegales procesos de lesa humanidad.
algunos jueces que olvidaron su función, algunos fiscales que acompañan a los jueces que olvidaron su función…. que siempre han recordado muy bien el papel que les toca en la destrucción de los modelos republicanos y del Estado de Derecho
…tenemos… cierto, pseudojuicios que no son otra cosa que operaciones de exterminio selectivo de un sector ideológico, en donde los jueces aplican leyes de modo retroactivo, las decisiones son mágicamente anticipadas por periódicos y sujetos que trabajan en medios…. jueces y camaristas coordinan decisiones,
Los funcionarios, además, son procesados porque aunque ellos no hayan hecho nada. Se les aplica el inconstitucional “debió saber” o “no podía no saber” o al contrario si se quiere inocentar alguien se argumentará “no tenía porqué saber”.
sólo esperamos que los responsables de las operaciones, cuando llegue el oxígeno republicano, sean juzgados por sus tropelías bajo las reglas del Estado de Derecho.
Es lamentable que el Prof. Rusconi, no mencione en su denuncia que esa misma situación ya la viven más de 3000 Prisioneros Políticos en los ilegales juicios de lesa humanidad. En ellos , ex agentes del Estado, magistrados, abogados, médicos, académicos, que en los aňos 70, defendieron protegieron, las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques de grupos terroristas que buscaban llegar al poder por las armas, hoy están acusados, procesados y condenados de manera ilegal, inconstitucional y no convencional. Esos hombres y mujeres, enfermos, mayores de 70 aňos, mueren en prisión abandonados, en silencio. Por la corrupción política-jurídica, la justicia utiliza la retroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, se ignora la amnistía, tienen prisiones preventivas ilimitadas….se violan principios constitucionales y convencionales. Tampoco puede ignorar esos hechos.
Lamentablemente no se escuchan los comentarios jurídicos del Prof. Rusconi sobre la violación de los derechos humanos de los Prisioneros Políticos, porque también es defender la justicia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Salvo que el Prof. Rusconi, considere que esos Prisioneros Políticos no merecen justicia ni derechos humanos. Solo el silencio cómplice es hasta ahora la regla de juego de los diversos sectores de la sociedad. Paris, 22 abril 2019. CasppaFrance.
www.casspafrance.org
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PrisioneroEnArgentina.com
Abril 23, 2019
T W I T T E R I A S
Lo insólito, lo increíble, lo… Argentino, sacado de las opiniones de Twitter.
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PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2019
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TRES CLASES DE IMPUTADOS PENALES
Ex jueza de Cámara
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 13, 2018
Abogados…
El origen histórico del término “abogado” tiene sus raíces en la voz latina “advocatus” y en el verbo “advocare” que significa llamar. Siendo el abogado aquel que está llamado a representar a otro, a asumir su defensa y proteger sus intereses. Cuando un abogado asume la representación profesional de un cliente tiene el deber de realizar su labor con diligencia y responsabilidad, empleando para ello su conocimiento y habilidad en beneficio de su representado, sin que esto llegue a significar ni justifique de modo alguno el uso de cualquier medio para que su causa resulte ser la vencedora. El desempeño del abogado debe enmarcarse dentro de la ley, esencialmente en su espíritu y los propósitos que la originaron. Es indispensable que el abogado tenga plena conciencia de la importancia de su labor, como guardianes de la equidad y la justicia. Es que sobre el abogado recae el peso de propiciar y mantener un sistema de justicia eficaz y confiable, “ser instrumentos de hacer justicia”. Su labor se prioriza
por ser la que se adentra en el ámbito de la justicia, de aquella justicia que más que ciencia de las leyes y de su aplicación es virtud, y nada menos que una de las virtudes cardinales. De aquella justicia que se hermana con la equidad, sujeta a la ley natural antes que a las leyes de los legisladores. De aquella justicia que equivale a rectitud, en cuanto a que es observación y fiel cumplimiento de las leyes morales. La justicia tiene, aún hoy, no solo la función de dar a cada uno lo suyo sino también la de deshacer entuertos, y eso es lo que impulsa el ánimo del abogado. Por eso un enorme abrazo en su día a todos los abogados que no debemos olvidar los que nos enseñó Juan Bautista Alberdi al decir a nuestro pueblo que la patria no es el suelo. Que tenemos suelo hace más de tres siglos, y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseña. Es por eso no debemos olvidar el papel y actuación de las universidades. El estudiante no puede ser un importe o tasación económica sino una esperanza y promisión de producción jurídica, sustentando y manteniendo las máximas y fundamentos básicos de la ética y la moral. Pensamiento y ponderación también apuntada y orientada a quienes cumplen una función jurisdiccional. Su doble misión de abogados y magistrados es aún más puntillosa e inefable que las demás. Es por ello que nunca debemos olvidarnos los fundamentos, raíces y orígenes de nuestros principios alberdianos. En américa latina es muy conocido el famoso “decálogo del abogado”, redactado por el eminente jurista uruguayo Eduardo Couture, que nos indica con esmerada precisión en algunas de sus frases que la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz. Feliz día del Abogado.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 28, 2018
DESAFÍOS POST-SAQUEO. LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS
A esta altura de las circunstancias, el trámite procesal de la denominada “causa de los cuadernos”, sólo debería preocupar a los imputados y a sus defensores. Al resto de los argentinos nos preocupa lo que viene y lo que vendrá, indepedientemente de acusaciones, detenciones, excarcelaciones, arrepentidos, absoluciones o penas.
La condena social al saqueo más grande de nuestra historia, es inapelable. Es sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pero, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan?
En mi opinión, uno que es fundamental para reconstruir la arquitectura republicana:recuperar la credibilidad de la función pública.
Es una obra cuyo reparto consta de tres actores principales, algunos secundarios y , del otro lado de la escena, millones de espectadores: los funcionarios del Estado -en especial gobernantes y magistrados judiciales- los empresarios y los intelectuales.
Sin dudas, luego del “cuaderno-gate” la Argentina será otro país. La actividad política tendrá que cambiar -radicalmente y no sólo en las apariencias- si no se quiere reeditar otro “que se vayan todos” y vuelva a cundir el pesimismo y la desazón. El Poder Judicial deberá -luego de una obligatoria auto crítica- abandonar su oportunismo político y aplicar la Constitución y la Ley sin importar el color que ocupe transitoriamente los despachos oficiales, si se quiere que la ciudadanía vuelva a confiar en jueces y fiscales. Los empresarios, más allá de sus gestos adustos en congresos, conferencias y coloquios a los que asisten funcionarios públicos y sus arengas de “responsabilidad social empresaria”, deberán denunciar pública y corporativamente hasta el pedido de una lapicera o de una agenda por parte de la autoridad. La intelectualidad -la verdadera y no los charlatanes de feria- deberá medir las eventuales consecuencias de generar semi-dioses o de potenciar relatos que no superan la categoría de ciencia ficción…
Parece demasiado para nuestra idiosincrasia. Sin embargo, no hay otro camino.
No se trata de convertirnos -de la noche a la mañana- en una sociedad perfecta. Puede haber transiciones. Puede haber nuevos gradualismos. Tenemos derecho a tropezar, a equivocarnos. Pero, definitivamente, no podemos volver a justificar el delito, ni al delincuente, ni al que ampara a ambos.
La “coima” es delito. Es delincuente el que la pide y el que la da. No es folklore. No es uso y costumbre. No es picardía… Es decadencia y fracaso.
Los que tenemos responsabilidad de Estado estamos frente ante un desafío descomunal. El tiempo de las palabras se extinguió, tal vez por mucho tiempo. Las críticas serán feroces y, si bien no es justo que cada uno de nosotros se haga cargo de la totalidad de las culpas y fracasos de su sector, corresponde asumir la cuota-parte correspondiente.
La coyuntura actual es una bisagra en nuestra historia. La oportunidad es, tal vez, la última que tenemos de convertirnos en un país -aunque sea- normal.
Si la desaprovechamos, no será el tiempo de analistas y encuestadores. Será la hora de los psiquiatras.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 20, 2018
VERGÜENZA AJENA… Y PROPIA
Al escuchar los sollozos del ex juez Oyarbide en un programa radial y al volver a observar las patéticas imágenes de sus “coreografías” en diversos programas de televisión, siento una profunda vergüenza ajena, pero también propia. Porque, hasta hace muy poco tiempo, ese abogado integraba una de las magistraturas más importantes de la República: la justicia criminal y correccional federal de la Capital Federal, es decir, el ámbito en donde se investigan y juzgan los delitos con mayor trascendencia social y política de la vida de los argentinos. Los más graves. Los que perjudican a
todos.
Como fiscal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, siento pudor ante ese triste espectáculo, más cercano al sainete rioplatense que a la Administración de Justicia Penal.
En medio del torbellino de detenciones, allanamientos, arrepentidos, cuadernos y coimas -circunstancia que desvela a una inmensa mayoría de compatriotas- vuelve a surgir la imagen del excéntrico juez que tenía la “bola mágica”, aquella que siempre salía al momento de los sorteos de las causas más sensibles.
Ya no habla con la soberbia y la suficiencia que le daba su cargo de magistrado federal, mimado por el Poder de turno. Ahora se victimiza, llora y reconoce -después de renunciado- que sus fallos fueron fraudulentos. Que no resolvía de acuerdo a su interpretación de la Ley, sino por la presión en su “cogote”.
Vergüenza ajena, pero también propia.
Qué hacemos los magistrados de todo el país frente a este bochorno?
Cómo explicarle a la comunidad que nos sostiene que no somos todos iguales?
Cómo decirle al justiciable que en el Pretorio existe una inmensa mayoría de magistrados honestos, que cometemos errores, pero que no cedemos ante las presiones?
Cómo convencer al ciudadano que no puede confiar más en nadie, porque -nada más y nada menos- un ex juez federal reconoce que cedió frente a las aprietes del poder, que vuelva a confiar en la Justicia?
Los jueces y fiscales federales en actividad deberán resolver qué hacer con Oyarbide.
Si fuera uno de ellos, no me darían las manos para solicitar la revisión de todos los sobreseimientos por él dictados.
Supongo que los defensores pensarán lo mismo respecto de todas las elevaciones a juicio oral…
Hoy como nunca, la Cosa Juzgada Fraudulenta o Írrita, está en el centro de la escena.
Esta historia continuará.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 13, 2018
Fiscal MARCELO C. ROMERO vs Juez HIGHTON de NOLASCO
La inseguridad y dos perspectivadas originadas desde la Justicia. Accionar, o arrojarle la culpa a terceros.
[ezcol_1half]ROMERO
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado solo en caso de negativa del particular a identificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación.
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación.
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etcétera.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
Como se verá, el Poder Judicial es protagonista indiscutido en la problemática de la inseguridad.
Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]HIGHTON
La Juez de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco consideró que la “inseguridad es un tema policial, no judicial” y advirtió que, en todo caso, habría que “hablar” con el Congreso para que cambie las leyes y así poder mantener a los delincuentes “presos”.
“Los jueces aplican las leyes; si la ley dice ‘hay que liberar a alguien’, hay que liberarlo. Hablen con el Congreso para que tengan a todos presos. Después fíjense que construyan diez cárceles más”, advirtió la magistrada.
Tras presentar un informe ante la Cámara de Casación donde habló sobre la falta de jueces y fiscales, Highton de Nolasco formuló declaraciones radiales y desligó a la Justicia de la inseguridad en distintas zonas del país.
“En realidad, la inseguridad es un tema policial básicamente, no es un tema judicial”, analizó.
La integrante del alto tribunal añadió: “Yo creo que hay realidades que son así, es lo que está pasando. Los jueces igual no son responsables de la seguridad; la inseguridad, que son los delitos y eso es un tema básicamente de las fuerzas de seguridad”.
La magistrada insistió en asegurar que los cárceles en la Argentina están colmadas: “Ese es el problema, no hay lugar; los lugares para detener a la gente están atestados”, aseveró.
Por otra parte, Highton de Nolasco alertó sobre la falta de jueces y fiscales para resolver las numerosas causas que se acumulan en los distintos juzgados.
“Faltan fiscales, faltan jueces, esta es una realidad que todos conocen, y no se llenan todas las vacantes que hay”, alertó la jueza de la Corte.
Fuente: Diario SemanaUno
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 18, 2016
[/ezcol_1half_end]USINA DE JUSTICIA: Propuesta para el Saneamiento de la justicia
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Mayo 3, 2018
INSEGURIDAD: CUANDO EL MARKETING POLÍTICO TAMBIÉN MATA
Por Marcelo Carlos Romero
El alarmante aumento del delito en todas sus formas y el pavoroso incremento de la violencia en casi todas las modalidades de comisión criminal, preocupa sobremanera a gobernantes y gobernados.
La agenda de seguridad ocupa un triste lugar de privilegio en campañas y discursos a lo largo y ancho del país, siempre al compás de las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y los análisis de redes sociales. Marketing político explicito.
siendo delincuente… Pero ahora, tomará sus recaudos frente “a los giles” que intentan enervarlo.
Las secciones periodísticas dedicadas a temas policiales y judiciales-penales se han incrementado en todos los formatos de divulgación.
“Más policías en las calles” es la frase mágica que pronuncian TODOS los Ministros de Seguridad de la República Argentina -desde la restauración democrática hasta nuestros días- cuando de promesas electorales, post-electorales o coyunturales se trata.
Nadie -hasta el momento- aparentemente, les ha informado a estos Secretarios de Estado y a sus equipos que, con sus promesas y anuncios, no hacen sino advertir a los delincuentes sobre las tácticas y estrategias del Gobierno al que sirven para neutralizar, o al menos, intentar controlar los graves problemas que acarrean el crimen y el criminal.
Porque no es solamente la promesa de “saturar” de efectivos policiales o de fuerzas federales de seguridad las calles de las ciudades sino, además, informar detalladamente y mediante conferencias de prensa exteriorizadas en diarios, revistas, televisión, portales de Internet, redes sociales y hasta en plataformas de mensajería personal(Whatsapp, Télegram, entre otras), la divulgación de los lugares, horarios, modalidades, etcétera, de la presencia de las fuerzas de orden para luchar contra el delito.
El marketing político se ha convertido en una obsesión de los asesores/gurúes de imagen de los dirigentes y -por ende- éstos la asumen como propia.
Poco daño causa la divulgación del inicio de una obra vial o la inauguración de un hospital. Sonrisas de 500 watts para las fotos, testimonios de vecinos agradecidos, cortes de cinta, videos institucionales…
Pero con el delito y quien lo comete es diferente.
La psicología elemental del criminal explica que el individuo al margen de la ley no se intimida con “más policías en las calles”, ni con las camaritas de seguridad, ni con los patrulleros símil a coches del TC 2000… Todo lo contrario. Toda esa parafernalia, es un nuevo desafío para él. Seguirá
No es necesario ser un experto del FBI, de la Scotland Yard, de la Sureté o de la Liga de la Justicia para entender que, al criminal, no se le debe brindar información que pueda beneficiar su ilícito accionar.
Es posible una estrategia eficiente para lidiar contra el delito, mostrando las cartas antes de comenzar la partida? La respuesta negativa aparece como la más lógica de las opciones.
Sin embargo, todos los días, en todos los rincones del país, lo que aparecen son funcionarios de traje y de corbata -o sin corbata- mostrando los ases que tienen en su manga para combatir a los ilegales.
La lucha contra la delincuencia necesita de políticas de Estado serias y duraderas. Es decir, continuadas en el tiempo sin importar el color político de los funcionarios que ocupen -transitoriamente- los despachos oficiales.
El delito -y sus víctimas- no son de derecha, de izquierda, del medio, de arriba o de abajo.
La Seguridad tal vez sea, junto a la Defensa, las únicas carteras ministeriales con las cuales el marketing político no conforman un buen maridaje.
A ningún General, Brigadier o Almirante -por más diezmadas que se encuentren nuestras Fuerzas Armadas, se le ocurriría mostrar por TV o por Internet las tácticas y estrategias de defensa de nuestra República.
No obliguemos a los jefes de Policía y a los comandantes de las Fuerzas Federales de Seguridad hacer lo propio, para que los delincuentes no brinden con champán antes de cometer sus tropelías.
Marcelo Carlos Romero
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO PÚBLICO
PRISIONEROenARGENTINA.com
Abril 30. 2018
¡DEJEMOS DE SER UN PAÍS PANFLETARIO!
Escribe el fiscal
MARCELO CARLOS ROMERO
Pensar, reflexionar, discutir, disentir, respetar, aceptar, negociar, ceder… No son solo verbos en modo infinitivo. Son también acciones que en la Argentina de los últimos doscientos años se practicaron poco, demasiado poco.
Desde tiempos inmemoriales, los argentinos optamos por el caudillismo y por la frase corta, vacía de contenido ontológico y de valores de verdad,
pero -en apariencia- contundente y definitiva.
“Viva la santa Federación… Mueran los salvajes unitarios”; “Que se pierdan cien gobiernos, pero que se salven los principios”; “Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de los de ellos”; “No hay vencedores, ni vencidos”; “Hay que pasar el invierno”; “Perón no viene porque no le da el cuero para venir”; “El que apuesta al dólar, pierde”; “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”; “Con la democracia no sólo se vota: con la democracia, se come, se cura y se educa”; “Síganme, que no los voy a defraudar”; “Hay que meterle bala a los delincuentes”; “El que depositó pesos, recibirá pesos. El que depositó dólares, recibirá dólares”… Y así.
La lista sería interminable y, de continuarla, estas breves reflexiones se convertirían en un muestrario de aforismos vernáculos… Algunos, lamentables.
Pero en la última década, las “frases célebres” (¿célebres?) se convirtieron en el único argumento de conversación entre nosotros, cuando de temas importantes se trataba. Siempre alentadas desde los atriles oficiales, con el dedo índice levantado, el ceño fruncido y la cadena nacional de radio y televisión lista y a las órdenes..!
Si algún ingenuo proponía discutir respecto del aumento de los delitos cometidos por menores de edad, el régimen penal juvenil o la edad de imputabilidad, era escupido con un “ningún pibe nace chorro, gorila!”
Si surgía el tema de la corrupción de ciertos agentes del Estado en una mesa familiar, desde la silla contigua le replicaban “estás viendo, leyendo y escuchando demasiado a la corporación mediática concentrada, cipaya y vendepatria…”
Si alguien se quejaba de la excesiva propaganda política en las transmisiones del Fútbol para Todos, era aplastado con un “oligarca!!! Mejor estábamos antes no?, con los partidos codificados para unos pocos…”
Frases. Rótulos. Estigmas. Panfletos…
Facho. Cipayo. Gorila. Oligarca. Golpista. Vendepatria…
También acá la lista sería demasiado larga y tediosa. Pero también, triste y miserable.
Si los argentinos logramos volver a pensar, discutir, disentir, respetar y ceder, lograremos abandonar el país panfletario y de las frases hechas, vacías de contenido.
Caso contrario, volveríamos a la Edad Media, donde, para paralizar y estigmatizar al que pensaba distinto, existía la etiqueta de “hereje”, que era sinónimo de cadalso y hoguera. Nosotros supimos reemplazar el hereje medieval por el moderno “facho”. Con idénticas cualidades e intencionalidades que las utilizadas por la Inquisición (en sentido figurado, claro. En Argentina no existe la pena de muerte…)
Creo que vale la pena intentar el cambio.
Marcelo Carlos Romero
MAGISTRADO JUDICIAL. El doctor ROMERO es FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 7, 2018
LA JUSTICIA PENAL Y EL SENTIDO COMÚN
Un lugar común reza: “El sentido común es el menos común de los sentidos”. Más que una reflexión profunda, parece un aforismo para adornar tarjetas de salutación o para el epígrafe de esas fotografías de atardeceres hermosos, destinadas a circular por Internet.
Sin embargo, en los últimos treinta años, el sentido común estuvo ausente en un lugar prohibido para dicha ausencia: el Sistema Penal del Estado (o aparato represivo, según la moderna terminología progre).
A la ausencia de políticas criminales sensatas y duraderas, a la negación —pública y sistemática— de los problemas que acarrean el crimen y el criminal, a la desaparición de estadísticas serias y confiables respecto de las fluctuaciones del delito y de la violencia en las conductas delictivas, se le sumó un movimiento pendular-espasmódico que osciló desde la “mano dura/tolerancia cero” hasta el actual y absurdo abolicionismo penal,catecismo-laico-obligatorio en facultades de Derecho, escuelas de posgrado, Consejos de la Magistratura, etcétera.
La comunidad argentina ha comenzado a agraviarse frente a determinados fallos judiciales carentes de sentido común, alejados de la lógica, la sana crítica y el razonamiento fundado. Reñidos con las más básicas normas morales y éticas.
La corporación política y los aspirantes a integrarla sacan número para pedir la cabeza de los magistrados firmantes de estos fallos y “descubren” -treinta años después- que la pseudo-doctrina (foránea y berreta) abolicionista , ha perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia en nuestro país.
La prensa especializada dedica horas y horas a la difusión de las sentencias y al debate entre especialistas.
Hasta los propios estudiantes de Derecho, tal vez sospechando que han sido engañados, están comenzado a dudar de las “verdades reveladas” con las que habían sido adoctrinados durante todos estos años.
Aunque extremadamente tardío, es un buen comienzo…
Pero, ¿qué hemos hecho en estas últimas tres décadas?
Aplaudir como bobos las frases inintelegibles, construídas con palabras inventadas (gramscianismo explícito), de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Adorar a su máximo exponente y posicionarlo en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Hacer cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, del mismo Raúl Zaffaroni…
Instalar obligatoriamente los ridículos postulados que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Entre otras sandeces.
Mientras tanto, los delincuentes, brindaban con champán.
Durante este tiempo, los escasos “rebeldes” que quedábamos frente al nuevo catecismo laico-jurídico, éramos etiquetados como “dinosaurios”, “neo-punitivistas” o simplemente, “fachos”… El rótulo preferido de los progres para evitar la discusión de ideas.
Ahora, un soplo de aire fresco está ingresando. El abolicionismo penal, finalmente, está en tela de juicio.
Era necesario. Sobre todo luego de tanta necedad asfixiante.
Marcelo Carlos Romero
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 25, 2017
LA JUSTICIA FEDERAL ARGENTINA
LA PESADILLA
LA PESADILLA. También conocida como El íncubo, es un cuadro de Johann Heinrich Füssli pintor suizo establecido en Gran Bretaña. El pintor hizo varias versiones sobre el tema, siendo la más famosa la de 1781. Es una de las obras más emblemáticas de este pintor, reflejando los temas preferidos a lo largo de su obra: satanismo, horror, miedo, soledad, erotismo. Füssli recrea en esta obra un mundo nocturno y teatral, con fuertes contrastes lumínicos, que inspirará toda la imaginería satánica del siglo XIX. Su título en alemán, Nachtmahr, era el nombre del caballo de Mefistófeles. La obra de Füssli presenta un aspecto contradictorio: mientras la superficie del cuadro, la técnica, nos hablan de mesura y contención, las tintas frías y dramáticas y el mundo de sus personajes nos sumergen en un mundo fascinante y horrible, fiel expresión de la poética, tan británica, de lo sublime. Su atmósfera de ensueño, su alusión al mundo de íncubos y demonios de la tradición inglesa, el aire de un erotismo de pesadilla, convierten esta obra en un antecedente del surrealismo.
Según la encuesta de Management & Fit (M&F), el 49,2% de la gente no tiene “nada” de confianza en “la Justicia”, mientras que el 32,9% dice que le tiene “poca confianza” a los jueces. A su vez, el 15,2% manifiesta que tiene “algo de confianza” en la Justicia y sólo un 2,3 % contesta que tiene “mucha confianza”. Sobre este último 2,3 % lo compondrá sus familiares, gente del hampa y algunos otros como Boudou, y Timerman? En lo personal y acorde a la experiencia sufrida, está demás decir que no tengo la más mínima confianza en estos semidioses de la verdad y la justicia, en la que no pocos de sus miembros la llevaron a un desprestigio aún mayor que el de la policía. Estos últimos, a diferencia del poder judicial, están sometidos a bajos sueldos, el no reconocimiento de sus riesgos y sacrificios, el asesinato a manos de una delincuencia muchas veces favorecida por el poder político y el judicial. Poderes que parecieran preferir la muerte del policía, antes que la del delincuente. Juntamos imágenes de algunos de estos judiciales-escoria y conformamos una galería digna de una pesadilla. Estos demonios nunca o muy excepcionalmente van presos y casi siempre el peor castigo es una renuncia, la jubilación de privilegio y el olvido. Se verá que ciertos togados juntan pedidos de juicios políticos de a decenas y aun así siguen en funciones. Un policía apenas denunciado, inclusive por un delincuente con frondoso prontuario, es apartado e investigado, con suspensión de su sueldo. Evidentemente la “CORPO JUDICIAL” SÍ EXISTE, Y TODOS SOMOS SUS INDEFENSAS VÍCTIMAS.
LA PESADILLA EN CIFRAS
El Consejo de la Magistratura fundado el 17 de Noviembre de 1998, tiene a su cargo la administración del poder judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones. En caso de causas graves es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, en donde el Consejo de la Magistratura actúa como acusador. Esto en teoría, en la realidad los cientos de denuncias contra jueces que recibe anualmente en gran mayoría son desestimadas. Son pocas las que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, donde se decide la remoción o la absolución de los magistrados. Por ejemplo: de los 418 expedientes resueltos por el Consejo en el año 2016, 339 fueron desestimadas, 30 fueron archivadas por vencimiento de los plazos y 49 fueron declaradas abstractas. Es decir que en ningún caso se aplicó una sanción o se abrió el procedimiento de jury. PODRÍAMOS DECIR QUE LA IMPUNIDAD ES UN VERDADERO NEGOCIÓN, NO?
[ezcol_1quarter].[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]LA PESADILLA EN IMÁGENES
JUEZ DE LA CORTE SUPREMA EUGENIO ZAFFARONI – Desde el 01/01/2016 es Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue juez durante gobiernos militares jurando: “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”. Conocido por los prostíbulos que funcionaban en varias de sus propiedades inmuebles, ha causado un daño inconmensurable a la gente de bien, formando una camada de miembros del poder judicial abolicionistas. Ha tenido una extraña relación con el abogado JACOBO ISAAC GROSSMAN quien en los años 70 se dedicaba a los secuestros extorsivos de niños, por lo que fuera condenado a 13 años de prisión. Hoy al feliz ex miembro de la Corte Suprema Zaffaroni, entre todos le pagamos una jubilación neta de $ 384.953,90 pesos por mes o sea 12.831 diarios. Su vida da para escribir un libro de varios tomos, hasta hoy, lo cual nosotros no haremos.
23/07/2014. Jacobo Grossman defiende al vicepresidente BOUDOU en la causa por el auto “trucho”, por la cual asiste a indagatoria ante el juez Bonadío.
JUEZ DE INSTRUCCIÓN FRANCISCO TROVATO Destituido el 27/12/1997, por cohecho. ESTE INMORAL, coimeó un vestidor de 19.000 dólares a la empresa ALMAGRO CONSTRUCCIONES, por la muerte de la niña Lourdes Manzanares, de cinco años, que en 1995, cayó por el hueco de un ascensor en una obra. Huyó a Brasil, donde permaneció prófugo hasta abril de 1998, cuando fue detenido. La misma se logró rastreando las llamadas telefónicas que realizaba a su ex mujer, mientras el magistrado convivía en ese país con una amante. Permaneció dos años y ocho meses preso. No recuperó su libertad meses antes, por inconductas en la prisión. En febrero de 2016 protagonizó un incidente en el playón de estacionamiento de Tribunales, en Brown y Tucumán. A bordo de un lujoso Mercedes Benz 650, acompañado por su esposa y un caniche Toy, tras mostrar una vieja chapa patente del Poder Judicial, ingresó al sector de las cocheras en donde estacionó en el espacio correspondiente a un fiscal de flagrancia. El guardia le advirtió que no tenía autorización para dejar su vehículo allí, él hizo caso omiso y una grúa de tránsito terminó retirando el coche. Este exótico ex funcionario se debió retirar del lugar caminando con sus dos acompañantes (esposa y caniche Toy). Trabaja como abogado.
JUEZ FEDERAL JUAN JOSE GALEANO Estuvo a cargo de la investigación del ataque terrorista a la AMIA, ocurrido el 18/07/1994.Fué destituido el 04/08/2005. La fiscalía el 21/12/2017 dio por probado que la detención de varios policías bonaerenses, principalmente las de Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra, que pasaron ilegalmente ocho años en la cárcel, se llevó a cabo bajo pruebas que Galeano sabía falsas. Se le solicitó una pena de 13 años de cárcel. Trabaja en el estudio de un reconocido penalista. En la forma en que nos imputan y condenan a nosotros los adultos mayores, cuantos togados tendrían que estar en iguales condiciones que Galeano?
JUEZ FEDERAL FEDERICO EFRAÍN FAGGIONATO MÁRQUEZ, quien investigó la ruta de la efedrina a la que estaban vinculados carteles mexicanos y empresarios argentinos. Se hizo conocido por involucrar en plena campaña electoral de 2009, al diputado FRANCISCO DE NARVÁEZ en la causa. En su haber tuvo 36 pedidos de juicio político y finalmente fue destituido el 25/03/2010. Las acusaciones iban desde integrar una supuesta asociación ilícita con policías, hasta haberse quedado con la cosecha de soja de un campo del Consejo del Menor y la Familia, o haber dejado morir en prisión a un detenido que debía liberar. Hoy se refugia en la profesión de abogado en Capilla del Señor y escribe sus memorias.
JUEZ CARLOS LIPORACE – Condenado en el 2002 por la sustracción de unos ocho millones de pesos que estaban embargados por la AFIP, en una causa contra Guillermo Yoma, titular de la curtiembre de la familia política del ex presidente Carlos Menem. Renunció a su cargo en 2006 luego de ser enviado a juicio político por su actuación en la causa por el contrabando de cocaína a España en un vuelo de la empresa aérea Southern Winds. Está felizmente jubilado y cuida de sus nietos.
JUEZ FEDERAL OSCAR HERGOTT Imputado por presunto acoso laboral y sexual a empleadas de su tribunal, renunció el 30/09/2017 dedicándose a la actividad privada.
JUEZ FEDERAL NORBERTO OYARBIDE (67 años de edad). Con la friolera de SESENTA Y TRES denuncias por mal desempeño, y siendo un depredador de lo justo e imparcial renunció el 15 abril de 2016. Hoy convive con su cónyuge, CLAUDIO ALONSO, ex árbitro de básquet y analista de sistemas, 26 años menor. Se lo puedo ver en programas televisivos de espectáculos, realizando excéntricas coreografías de baile y también evidencia ser feliz.
JUEZ FEDERAL RAUL REYNOSO Autocalificado como un adalid de la lucha contra el narcotráfico, se enorgullecía de que en su juzgado en centenares de procedimientos se había logrado el secuestro nada menos que de “24 mil kilos de droga de todo tipo”. Eso sí, al parecer los detenidos recuperaban rápidamente su libertad por vía económica. Luego de renunciar, está detenido desde el 01/05/2016 en la cárcel de General Güemes (Salta) a la espera del juicio oral. Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por abogados y funcionarios judiciales, que liberaban a acusados de narcotráfico y otros delitos, a cambio de dinero, bienes muebles, inmuebles o lo que fuera.
EDUARDO FREILER El juez más rico de los tribunales de Comodoro Py, seguido por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun, María Servini de Cubría y Jorge Ballestero, fue destituido por “notorios actos de corrupción”. La kirchnerista Diana Conti fue el único miembro del Consejo de la Magistratura que votó en contra de su remoción. Fue miembro fundador de la agrupación Justicia Legítima. Compadezco a quienes le compraron algunos de sus autos usados. ¿Imagino que al día de hoy estará buscando trabajo?
2018 CARLOS ROZANSKI, militante maltratador de empleados judiciales. En el año 2015 yo he sido testigo y junto a otros presos atendí prisioneros que enviaba a prisión. Ancianos, sin piernas y enfermedades terminales (hoy fallecidos) un verdadero sádico y cobarde depredador. Hago votos para que el destino le de lo que se merece. Un jubilado más de privilegio feliz, gracias al actual gobierno, escribe en Página 12 y da charlas y conferencias.
LA PESADILLA CONTINUARÁ?
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 19, 2018
[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end].[/ezcol_1quarter_end]BALANCE ANUAL: Reportajes a Andrea Palomas Alarcón, Ana Barreiro, Heriberto J. Auel y Marcelo Carlos Romero
El General Auel, el Fiscal Romero, la doctora Andrea Palomas Alarcón y la conductora radial Ana Barreiro se sometieron a una especie de cuestionario de “memoria y balance” antes de arribar al año 2018, dejando sus pareceres con respecto al período a punto de cesar.
[ezcol_1half]Andrea Palomas Alarcón
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
La Justicia no ha cambiado en lo absoluto. Sigue siendo la corporación inoperante, corrupta, oportunista, carroñera, soberbia e hipócrita que fue siempre. Siguen protegiéndose unos a otros. Siguen buscando el macho alfa que les diga cómo tienen que ser los fallos, qué tan fuertes o flojitos, de cuántas palabras. Quieren un jefe que les diga qué necesita y que les deje seguir haciendo sus buenos negocios sin molestar. Sólo que no lo han encontrado.
En mi opinión es un exceso de “purismo” afirmar que no se va a intervenir cuando los jueces lacayos del kirchnerismo son los mismos y no van a volver sobre sus pasos
en los casos de “lesa” porque eso sería admitir el prevaricato.
El gobierno tiene una guerra contra las “orgas” de DDHH y contra la CIDH que les compromete todo el prestigio que están preparados a ceder en estos temas relacionados con la guerra de los 70, que no les gusta. El asunto de los militares y policías presos no les importa en lo más mínimo, es más, lo utilizan para demostrar que no influencian sobre la Justicia.
Es digno de felicitación que un gobierno quiera respetar la República y no interferir con otro Poder del Estado, pero en los hechos, como están dadas las cosas hoy en Argentina, no interferir es interferir, es dejar que los juicios de “lesa” sigan a control remoto destruyendo la vida de la gente y el prestigio de la República.
Tampoco es totalmente cierto que no intervenga el gobierno, dice una cosa y hace otra. La Secretaría de DDHH se presenta como querellante en los juicios de “lesa” lo que indica que el Poder Ejecutivo toma partido y que los imputados son expulsados de la raza humana, ya que no tienen derechos humanos.
Es que al gobierno el asunto de los militares y policías le sale gratis cuando “acusa” y caro cuando “defiende”. La cuenta es muy sencilla. Por lo que se ve hasta ahora, pretenden “solucionar” este asunto de una manera bastante hipócrita, enviando a los “invisibles” a domiciliaria y ensañándose con los emblemáticos que tendrán que pagar los platos rotos.
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Lo que imperativamente debe ser revisado es el concepto de soberanía jurídica. Si Argentina quiere ser una colonia jurídica que reciba órdenes de algunas organizaciones internacionales (internacionalistas) de dudosa representatividad en lugar de ser un país soberano que atiende sus propios intereses como hacen los países que protestan, cada vez que nuestro país se sale del redil.
A menudo se dice que las elecciones se pierden, nunca se ganan. El mejor candidato es el menos peor ¿Se debe obligar a los ciudadanos a tomar algún tipo de prueba de inteligencia o conocimiento general antes de poder votar?
Es posible, pero desconozco si existe el test del sentido común. La inteligencia no es garantía de sentido común.
Son archiconocidos los casos de personas inteligentísimas que pueden resolver abstracciones con maestría, pero en la vida diaria son estúpidas y toman decisiones estúpidas.
Lo que sí creo es que se debe educar (e informar) al ciudadano, que muchas veces desconoce qué es lo que pasa y cuál es la prosapia de quienes lo gobiernan.
Existe un enorme apagón informativo en toda una generación que alcanzó la adultez desde la guerra de Malvinas. Si uno le explica que su periodista preferido, Leuco, es un terrorista que formó parte del movimiento que atacó La Tablada en democracia, la gente se enfurece pensando que es una injuria. Así con todo. El periodismo tradicional es parte de la maquinaria desinformativa que se utiliza para manipular al ciudadano. Afortunadamente están las redes.
No soy partidaria de excluir del voto a nadie porque eso genera caos y terminaría en violencia. Los activistas de siempre se arrogarán el derecho a votar excluyendo a los demás.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Nuestro país, como de costumbre, vive preocupado por las cosas menos importantes. Le preocupa el fútbol, el mundial, el precio del transporte, de la nafta, la economía a corto plazo. El día a día. Parte de la falencia informativa es que desconoce graves problemas que aquejan a toda la Nación y, lo que es peor, el ciudadano piensa que no es importante informarse porque entiende que no puede cambiar nada. Sólo ante un gobierno abusivo e irritante como el de los Kirchner terminó reaccionando con manifestaciones callejeras y con el voto.
Por otra parte, tengo la impresión de que el argentino es pasivo, pero va sumando agravios de sus gobernantes y cuando llega a su límite se cobra todo junto, con intereses. Lo estamos viendo.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Mis logros personales son haber intermediado entre los funcionarios burócratas y la situación desesperante de algún detenido preso político, que incluso llegó a estar al borde de la muerte sin que a los funcionarios se les mueva un pelo.
Sólo en un caso un funcionario accedió a comportarse como un ser humano y se involucró personalmente en casos humanitarios de extrema gravedad, donde estaba comprometida la vida. El resto fue cuesta arriba.
Siento como logro haber roto, en parte, ese cerco mediático en el que están encerrados algunos temas e influido en que se tomen algunas medidas en favor de la Justicia. Hace mucho elegí la tarea de esclarecer e informar, al menos, a los más próximos a mí para que entre todos podamos hacer un país mejor.
HERIBERTO JUSTO AUEL
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
Mis respuestas a este cuestionario las daré en función de mi condición de militar retirado y analista de los problemas estratégicos que enfrentamos.
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Los juicios de “lesa-humanidad”, absolutamente ilegales. La Unión de Promociones y el Foro de Generales han solicitado auditar todo lo realizado por los TTOOFF, ante el Consejo de la Magistratura. La respuesta fue negativa, PERO se hace INEVITABLE. La situación estratégica iberoamericana o exige.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]A menudo se dice que las elecciones se pierden, nunca se ganan. El mejor candidato es el menos peor ¿Se debe obligar a los ciudadanos a tomar algún tipo de prueba de inteligencia o conocimiento general antes de poder votar?
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
La Inseguridad Nacional, estratégica y pública. Ha legislado el enemigo en los 80 y 90 y las dos leyes que rigen aun en el área SON INTOCABLES, por la acción psico-política de las últimas tres décadas.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
He logrado mayor libertad para desarrollar mis tareas académicas. En los años anteriores he sufrido dos denuncias penales del gobierno por “apología del delito”.
Ana Barreiro
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
Los jueces han comenzado a actuar y ajustarse a derecho reactivando las causas de corrupción, poniendo presos a los ex funcionarios responsables, investigando la muerte del fiscal Nisman y tema Amia
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Tema inseguridad y económico sigue siendo preocupante para el común de los ciudadanos
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Acercamiento y receptividad positiva con la mayoría de los funcionarios del gobierno El mayor logro de quienes como en mi caso sufrimos esta grave situación de discriminación judicial es haber logrado tener más presencia en los medios
Marcelo Carlos Romero
Nos encontramos a dos años de gestión del ingeniero Mauricio Macri como presidente. ¿Cuáles son los principales cambios -si los ha habido- que se observan en el ámbito de la Justicia Argentina con respecto a la administración Kirchner?
El principal cambio es el final del intervencionismo del Ejecutivo en las decisiones judiciales. Se respira un aire diferente en los despachos judiciales. De todas maneras, esto no es excusa para justificar la larga siesta que tuvieron ciertos tribunales -en especial los ubicados en la Avda. Comodoro Py de la CABA- , sobre todo en las causas por corrupción.
¿Puede nombrar situaciones jurídicas que imperativamente deberían ser revisadas?
Sin ninguna duda, deben revisarse los criterios de excarcelación y morigeración de las medidas de coerción. La doctrina abolicionista ha concebido magistrados agnósticos de la pena, cuyo fallos causan un daño irreparable a la comunidad jurídicamente organizada.
También debería revisarse -a nivel códigos procesales- la multiplicidad de instancias para llegar a una sentencia defintiva. Es absurdo tener entre 6 y 8 instancias, más las que puedan operar en los tribunales internacionales.
Definitivamente, no. Debemos insistir en la educación general y en inculcar valores desde el hogar. Es una tarea titánica en un país cuya estructura educacional ha sido derruída, pero es el único camino.
¿Qué considera que es la actual falencia, el mayor problema, la gran preocupación que sufre y respira el país en este momento?
Sin dudas, la corrupción. Activa y pasiva. Estatal y privada. Pero lo más grave, es la falta de un agravio total y absoluto por parte de la ciudadanía frente a los hechos de corrupción.
De realizar un repaso a su participación como servidor público o como ciudadano en este año que ya tropieza con su final. ¿Qué podría mencionar como un logro personal en su actividad, en sus objetivos?
Como fiscal del Ministerio Público, representante de los derechos de la ciudadanía en los procesos penales, siento que cumplí con mi deber de denunciar -en todo ámbito que pude- los desastrosos efectos de la teoría abolicionista del Derecho Penal, cuyo máximo abanderado local es Eugenio Zaffaroni.
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[ezcol_1quarter]La Dra. Andrea Palomas Alarcón nació en Buenos Aires el 15 de mayo de 1965 en el seno de una familia de clase media. Padre policía (se retiró como comisario de la Policía Federal en 1967) y madre empresaria, tenía un negocio de ropa y su propio taller de confecciones.
Fue a una escuela religiosa en donde perdió la fe en la Iglesia, no en Dios ni en Cristo, sólo en la Iglesia.
Estudió equivocadamente agronomía, por creer que esos veranos en el campo de unos amigos en La Pampa eran la forma en que quería vivir el resto de su vida. Nunca se desvinculó totalmente de ese sueño pero siguió otros…como pelear contra la injusticia.
Estudió derecho y conoció la justicia desde ambos lados del mostrador, estuvo algún tiempo en un juzgado civil como meritoria y luego pasó por varios estudios jurídicos como procuradora, abogada junior y socia. Hoy tiene su propio estudio y perseguir el sueño de pelear por un país más justo, más ajustado a las leyes es como se ve terminando sus días.
Tuvo unas tímidas participaciones en política, en los años de la UCeDe, como afiliada y militante y como dirigente de UPAU cuando seguía la carrera de agronomía.
Se considera a sí misma liberal de derecha “si es que eso existe” dice.
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[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]El Gral. Heriberto Justo Auel tuvo el honor de iniciar sus estudios secundarios en el Liceo Militar “Gral. Belgrano”, en calidad de cadete de la promoción fundadora y abanderado de ese Instituto. La Provincia de Santa Fe le concedió una “Beca al Mérito”, que mantuvo luego al ingresar al Colegio Militar de la Nación. A su egreso, como Subteniente del arma de Infantería, se incorporó a una unidad de elite e inmediatamente, dos años después, pasó a ejercer la docencia en Institutos del Ejército.(Liceo y Colegio Militar).
Ello amplió su tiempo, en particular para participar en el planeamiento y auditoria de los planes de capacitación en el nivel de la enseñanza media y superior, mientras ejercía la docencia y cursaba sucesivas carreras universitarias, afines con su vocación original.
Con el grado de Capitán y como especialista en tropas aerotransportadas, fue destinado como Observador Militar de la ONU en la Línea del Cese del Fuego del Canal de Suez, luego de la Guerra de los Seis Días. Profesionalmente esa etapa de casi dos años enriqueció su experiencia militar, dada la constante actividad de combate que se desarrollaba en la llamada “Línea de Cese del Fuego”. Pero, además, pudo estar en permanente contacto con todos los niveles sociales de las partes en conflicto y, como Licenciado en Ciencias Políticas, inició sus publicaciones en Revistas especializadas sobre temas relacionados con el conflicto de Medio Oriente, aun subsistente.
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[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Ana Barreiro conduce el programa radial DE ESO NO SE HABLA y es una preocupada activista por los derechos de los Presos Políticos argentinos ilegalmente encarcelados debido a su participación o no en la lucha contra el terrorismo.
Barreiro también fue una perseguida por las organizaciones tristemente autoproclamadas de derechos humanos, hostigando a su persona y a sus hijas.
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]El Fiscal Marcelo Carlos Romero represento al Ministerio Público. Subraya no pertenecer a la generación de abogados “progres” de Argentina. Enfatiza que por esta razón no utiliza eufemismos para hablar y/o escribir sobre Delincuentes, Crimenes, Penas, Cárcel, etc.
Ha dejado claro que no le encandilan las falsas luces del abolicionismo penal, pregonado -entre otros tantos- por Eugenio Zaffaroni y sus discípulos. Sin tapujos declara no ser lector tardío de Michel Foucault y sin ruborizarse, ni ser pretencioso afirma jamás haber entendido a dicho autor.
Encontramos en su inmaculada trayectoria en la Institución Judicial:
28 de noviembre del año1988 ingresa al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el Fuero Penal, como auxiliar administrativo.
Recibió una promoción en diciembre de1994 a los cuadros Profesionales del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Fuero Penal) esta vez como Auxiliar Letrado.
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[/ezcol_1quarter_end]PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 18, 2017
El Fiscal Romero y el Comisario Perrone: El debate por la edad de imputabilidad
Las palabras del titular de la Policía de la provincia de Buenos Aires parecen salir de la boca de la gobernadora Vidal: el policía que cometa un acto irregular va a terminar afuera de la fuerza y preso. La pizza gratis del agente es un problema -no voy a desconocerlo- pero no es el único problema. Mientras el agente se hace con una porción, el comisario se lleva dos. ¿Y las cinco restantes? Pensemos en el destino de esas restantes tajadas de delicia culinaria.
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Pero eso no es lo que ha preocupado aún al fiscal Marcelo Carlos Romero, sino sus dichos sobre la edad de imputabilidad de los delincuentes. A Fabian Perrone le preocupa el tema: “Nosotros tenemos la obligación de dar seguridad y dar prevención en la provincia de Buenos Aires. Y en eso estamos tomando muchas medidas”, aseguró Perrone. “trabajar más sobre estos chicos que vienen postergados desde hace años, sin posibilidades”, culminó el jefe policial mientras transcurre el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
El fiscal Romero tomó el guante, señalando que las definiciones sobre “la inclusión social, la falta de oportunidades, el trabajo y el estudio” son temáticas que están fuera de la órbita de las funciones que deben cumplir fiscales jueces y policías, quienes deben trabajar en el último eslabón del problema de la delincuencia, cuando fracasa la prevención.
Marcelo C. Romero indicó que hay áreas difinidas del gobierno las que deben dar tratamiento a estos temas y no el jefe de policía ya que son “cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema penal el estado que él integra”.
El fiscal expresó que “estoy asombrado por las declaraciones de Perrone, no de los políticos que utilizan siempre clichés como “lo pibe” en lugar de decir los menores, los jóvenes o los niños, ya que eso forma parte del folklore nacional. Me preocupan las declaraciones del nuevo jefe de policía, que apareció en todos los canales de televisión y en todos los programas, creo que sólo le falta Cocineros Argentinos y ya está”.
“Las declaraciones que hoy salieron publicadas en el diario El Día, en las que critica a la justicia asegurando que la policía detiene a los delincuentes y la justicia los libera, es algo que tomamos y que obviamente aceptamos, pero es algo viejo, es un cliché muy antiguo. Tiene parte de razón. A reglón seguido se manifiesta abiertamente sobre la discusión de la edad de imputabilidad, un tema polémico si los hay, y obviamente apela nuevamente a los clichés de la inclusión, el trabajo, etcétera” anunció el letrado.
“Estas son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema penal el estado que él integra. Él es un altísimo funcionario del sistema penal del estado nada más y nada menos que el comandante de la fuerza policial más grande del país”, aseveró el fiscal. “La inclusión social, la falta de oportunidades, el trabajo y el estudio son áreas que no integramos ni los fiscales, ni los jueces ni los policías, ni el Ministro de Seguridad. Son otras áreas de gobierno que deben trabajar en esto, pero no nosotros. Nosotros trabajamos en el último eslabón del problema que es el sistema penal, cuando ya fracasó la prevención y el accionar policial y cuando lamentablemente hay que aplicar el Código Penal”.
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PrisioneroEnArgentina.com
Junio 13, 2017
¿MÁS POLICÍAS EN LAS CALLES?
Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día
más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en
caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
Fiscal Marcelo Carlos Romero: “Cátedras de derecho penal y abolicionismo, soy punitivista”
El doctor Marcelo Carlos Romero, titular de la Fiscalía Nº6 de La Plata, expresó que es “punitivista” con relación a la necesidad de modificar no sólo la ley para que los violadores reincidentes cumplan con la condena de manera efectiva, sino también exigir que se enseñe en las universidades con nuevos conceptos distintos y distantes a la ideología abolicionista de Eugenio Raúl Zaffaroni.
“La lucha contra el anarco-abolicionismo hay que empezarla en las cátedras universitarias. Comenzar por los tribunales, es poner el techo antes que las paredes”, señalo el fiscal Romero.
“Aquellos que fuimos profesores de Derecho Penal o de Derecho Procesal Penal en los últimos treinta años, también tenemos responsabilidad frente a la nefasta colonización de la cátedras por parte del no menos nefasto abolicionismo penal”.
“En la ciudad de La Plata, por ejemplo, tenemos verdaderos maestros del Derecho Penal como Ramiro Pérez Duhalde, Alfredo Gascón, Ernesto Domenech, entre otros. También juristas de la talla de Pedro Luis Soria o de Emir Caputo Tártara en Derecho Procesal Penal”, continuó el joven fiscal.
“Sin embargo, muchos de nosotros, permanecimos impávidos frente al desembarco de una doctrina nefasta para el sistema penal argentino. Nuestros alumnos quedan embobados con este discursito neo-marxista-soft, que también seduce a graduados, profesores y magistrados judiciales”, indicó Romero. “Es hora de recuperar la discusión de ideas en las cátedras del derecho punitivo, sin temores frente a rótulos o etiquetas. Acepto mi cuota parte de responsabilidad en esta lamentable inacción: soy puntivista”.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 25, 2017
El Caso Micaela García: Entrevista al fiscal Marcelo Carlos Romero
El caso de Micaela García y el tratamiento del juez Rossi en la liberación del asesino de la joven, merece la lectura de un profesional de la ley en cuyo diccionario, la palabra abolicionismo es casi sinónimo de aberración. Para salir a este ruedo con propiedad, nada mejor que consultar con el fiscal Marcelo Carlos Romero.
PrisioneroEnArgentina.com: Nos horrorizamos con el caso de la adolescente Micaela García -y está bien- pero nos olvidamos de hechos parecidos, que, por recurrencia, han quedado casi en el olvido. ¿Son muy comunes estos casos, aunque haya muchos que no terminen en asesinato?
PEA: ¿Qué tan importantes son los peritajes siquiátricos en teoría y que tan importantes en la práctica, en consideración de los jueces?
Marcelo Carlos Romero: Los peritajes psiquiátricos son CARDINALES en la investigación criminal de estos hechos. Tengamos en cuenta que el depredador sexual es, por definición, un psicópata. Puede tener rasgos seductores o violentos. Puede aparentar ser una persona completamente normal, pero esconde tras su máscara, su perversidad.
Llama poderosamente la atención las declaraciones del gurú del penalismo argentino, Eugenio Raúl Zafaroni, cuando afirmó que “no todos los violadores son psicópatas sexuales…”
http://www.lanacion.com.ar/
“O sea, a contrario sensu, para el multi-doctorado abogado, existirían “violadores normales”…
Para apartarnos de un peritaje psiquiátrico, simplemente, debemos basarnos en otro trabajo pericial de otros psiquiatras… Los abogados sabemos -algo- de Derecho. Nada más”.
PEA: Entiendo que el sistema carcelario argentino es desgraciado. ¿La rehabilitación es simplemente un sueño?
Marcelo Carlos Romero: Por el momento, sin nuevas unidades carcelarias, con superpoblación, hacinamiento, sin trabajo OBLIGATORIO para los detenidos, con ocio negativo en la mayoría de los internos, con corruptelas intra-muros de todo tipo, etc, la rehabilitación no sólo es un sueño… Es un milagro que suceda.
PEA: Ningún crimen merece ser saludado. No lo justifico, pero ¿es lo mismo un esposo que pierde la cordura al descubrir una infidelidad y termina con la vida de su mujer o del amante, que un crimen sexual?
Marcelo Carlos Romero: Ambos son femicidios. Ambas conductas preveen penas de prisión o reclusión perpetua. Los eventuales atenuantes a considerar, serán argumentos de la defensa. Nada mas que eso.
PEA: ¿Tiene un juez facultades para decidir en estos casos? ¿Es más importante un reporte de buena conducta de un violador, en la cárcel, que un informe siquiátrico?
Marcelo Carlos Romero: Los detenidos conocen los reglamentos carcelarios al dedillo. Ellos saben que “hacer conducta” es un buen comienzo para obtener beneficios tras los muros y fuera de ellos. Para mi, es sólo una formalidad si lo tengo que comparar con un peritaje psiquipatrico, psicológico o ambiental. La buena conducta puede surgir de no violar al compañero de celda, de no apuñalarlo, de no fabricar armas punzo-cortantes o de no agredir al personal penitenciario…
Todo muy bonito, pero sólo el psiquiatra me dirá, si este individuo -de “buena conducta” tiene alguna posibilidad de volver a la vida en libertad sin convertirse en un peligro para la comunidad.
COLOFÓN: El caso Micaela y la vergonzosa liberación de su presunto violador y homicida debe llevarnos a una profunda reflexión acerca de la nefasta pseudo doctrina abolicionista del Derecho Penal. Ese veneno que ha infestado nuestro raciocionio y que durante más de tres décadas ha lavado el cerebro de los alumnos en las facultades de Derecho de la Argentina, concibiendo una legión de fiscales abolicionistas y de jueces agnósticos de la pena.
He ahí parte de nuestra tragedia.
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 12, 2017
Maldita Perinola
Escribe Enrique Guillermo Avogadro.
Permítame explicarle por qué la semana pasada no respondí a cada uno de los comentarios que me enviaron, como hago desde hace catorce años. Sucedió que, contra mi costumbre de emitir mi opinión sólo los sábados, difundí el miércoles la denuncia penal que formulé contra Hebe de Bonafini y los organismos de pseudos derechos humanos, apólogos del terrorismo; el 1° de abril, la nota “Momento Crucial”; y el mismo día, al regresar de la marcha cívica, una sola frase que me salió del alma: “Contra el escepticismo y la apatía, contra el sábado y el sol, ¡SI, SE PUDO!”.
En una conmovedora reacción, mis lectores me enviaron más de tres mil mails; el sorprendente número impidió que pudiera contestarlos. Por eso, enormes disculpas y mi más emocionado agradecimiento, en especial al Dr. Eduardo San Emeterio, que me impulsó a hacer la presentación judicial, al Fiscal Marcelo Romero, a los colegas que se solidarizaron con mi posición y a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que se sumó a ella.
Como sabrá, el trompo hexagonal que sirve de título termina determinando el resultado de cada lanzamiento: toma 1, toma 2, toma todo, pon 1, pon 2 y todos ponen. El 6, con el paro de actividades que decretó la CGT, forzada por la izquierda trotskista y el kirchnerismo, acompañada por las dos CTA, muchos pusimos, sobre todo el país, y pocos tomaron. Si bien no alcanzó la contundencia de otras medidas similares del pasado, la adhesión de la UTA y la consecuencia ausencia de transporte público, le dio una imagen que superó, en mucho, a la realidad.
Los grandes gremios -petroleros, comercio, mecánicos, textiles, indumentaria, agua, etc.- ya habían cerrado sus paritarias nacionales con aumentos satisfactorios; sin embargo, la encerrona que sufrieron días atrás, cuando los verdaderos impulsores de la huelga rodearon el palco y agredieron de hecho y de palabra a los eternos líderes sindicales, llenó a estos de temor, tanto físico cuanto político, por la posibilidad de resultar desbordados. Tuvo razón uno de ellos cuando, espantado al final del acto, dijo: “Con Moyano esto no pasaba”; era verdad, porque nadie se insubordinaba al jefe camionero ni, menos aún, se atrevía a tocarlo. Es decir, les tocó poner imagen en el juego; y los resultados de las rápidas encuestas mostraron que el 70% de la ciudadanía rechazaba la medida.
Lo más perfecta demostración de cuanto digo fue que las consignas de la huelga general impuestas, como digo, por los delincuentes y los violentos irracionales no se compadecen con la realidad: no existe la ola de despidos ni la masividad de importaciones que denuncian, y tampoco la caída en el poder adquisitivo del salario, ya que se encuentra protegido por las “cláusulas gatillo” incorporadas a las negociaciones paritarias para salvarlo de la inflación. Entonces, ¿para qué se concretó?
Tuvo que poner (o deberá hacerlo pronto) Viviani, del gremio de los peones de taxis, que incitó a sus fieles a dar vuelta los coches de quienes no respetaran la huelga; cometió los mismos delitos que le imputé a Bonafini pero, a diferencia de lo que sucedió con esta señora, un fiscal cumplió con su deber y formuló la correspondiente denuncia; mientras escribo, este pseudo dirigente gremial aparentemente continúa prófugo.
Puso asimismo la izquierda insurreccional, una vez más, al ratificar el escaso número de sus seguidores, que pretende compensar con el salvajismo y la violencia de éstos que, con sus rostros enmascarados, apalean impunemente a quienes pretenden atravesar sus piquetes. Creo que, de todos modos, lo más ridículo de su posición es la aceptación del apoyo que reciben de los kirchneristas, que sólo pretenden salvar de la inexorable cárcel a los jefes cleptómanos (Cristina, Máximo, Florencia, Cristóbal López y los Báez) de la asociación ilícita que formaron para robarse el país.
Pusieron mucho los trabajadores informales, que viven de su diaria labor y no perciben ingreso alguno cuando no pueden hacer sus changas. La falta de transporte les impidió concurrir a los lugares en que consiguen obtener su magro sustento. Si hay un sector que sufrió en carne propia el irracional paro de actividades fue éste, que debiera ser el mayor foco de la preocupación de los dirigentes.
Y qué decir de lo que tuvo que poner el cínico Baradel quien, en pos de sus ambiciones personales dentro de los gremios docentes, forzó dos días más de huelga en las aulas; una juez, sospechada de pertenecer a “Justicia Legítima” le concedió una medida cautelar para obligar al Gobierno a convocar a una paritaria nacional, cuando la Nación no tiene un solo maestro ni paga un solo salario. La repulsa que causa este vandálico mugriento es tal que hasta ha perdido el apoyo de sus representados, que día a día desertan y vuelven a dar clases porque han comprendido que las medidas de fuerza están terminando con lo poco que queda de la educación pública en la Argentina. En su partida personal contra Baradel y compañía, quien más sigue “tomando” es María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen de la Argentina; la sociedad bonaerense se desgañita pidiéndole a la Gobernadora que no afloje frente a la extorsión a la que es sometida desde hace un mes.
Pusieron, sin duda, Sergio Massa y los integrantes de su Frente Renovador e, inclusive, el GEN de Margarita Stolbizer, a quienes sus continuos cambios de vereda y de disfraz y, sobre todo, la polarización que produce la permanente presencia de Cristina Fernández en el escenario, les están costando demasiado caros. Y cómo olvidar a Martín Lousteau, verdadero travesti de la política, que abandonó la embajada más importante del país en un momento crucial.
Pero, sin duda, otros de los que más pusieron fueron los jefes de la PJ S.A., encabezados por sus gerentes José Luis Gioja y Daniel Scioli, quienes parecen no recordar la recomendación que sirve de epígrafe a esta nota. La convocatoria a derrocar al Gobierno, al que consideran ilegítimo, y la pretensión de incorporar al kirchnerismo a una lista de unidad pegada con moco, empujará un poco más al Movimiento en que todos caben (Cámpora, Isabel, López Rega y Firmenich, los Montoneros y la Triple A, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina) hacia el baúl de los recuerdos de la historia.
Y el país puso mucho, no sólo en el costo directo -mil millones de dólares- que implica una jornada de huelga general sino, más grave aún, en la imagen que proyectó hacia el exterior, mientras se realizaba en Buenos Aires una reunión de ejecutivos de las grandes empresas y de los más importantes fondos de inversión, a los cuales hubiéramos debido ofrecer una imagen seductora y ordenada para atraerlos a un país que los necesita casi tanto como el oxígeno que respira. El principal reclamo de los asistentes (como de muchos argentinos, entre los que me incluyo) fue sin embargo la falta de seguridad jurídica que aún impera aquí.
Por su parte, el Gobierno recibió dos resultados de la perinola. Puso, y pone, los fondos que gira a las intendencias del Conurbano y a las organizaciones sociales, con los cuales se financian los piquetes y la logística de los actos; pero también tomó porque, aupado por la pre-ninguneada y sorpresivamente (para algunos) masiva marcha del #1ª a favor de la paz y de la democracia, que salió a discutirle a los violentos el dominio de la calle, por fin se atrevió a poner en funcionamiento el famoso protocolo anti-piquetes sin que se produjera una sola muerte entre los manifestantes, recuperando la positiva imagen de gestión que había perdido por su tolerancia frente a los desmadres; mi felicitación a Patricia Bullrich por ello. En ningún país del mundo este tipo de manifestaciones es permitido y, en aquéllos más cercanos al corazón de la izquierda (Cuba, Venezuela, Bolivia, Irán o Rusia), son reprimidas con ferocidad.
La Argentina, el “país jardín de infantes” que evocó María Elena Walsh, sigue jugando; sólo cabe esperar que se haya olvidado de la ruleta rusa, a la que fue tan fiel durante tantas décadas.
Bs.As., 8 Abr 17
Enrique Guillermo Avogadro
Un policía fue baleado en un procedimiento en Melchor Romero. El chaleco antibalas salvó su vida.
En horas de la mañana de ayer se realizó un procedimiento en la localidad de Melchor Romero en el cual un policía recibió un balazo en el pecho. El disparo, efectuado desde muy corta distancia, le hizo caer, pero el chaleco protector que vestía logró salvar su vida.
El efectivo fue transportado al hospital Italiano, y allí los médicos comprobaron que presentaba sólo una hemotoma por el poderoso impacto.
Una comitiva integrada por efectivos de la Dirección de Investigaciones, Infantería y la seccional 14ª, había ido a buscar a un acusado del delito de robo agravado, perpetrado el año pasado. La investigación, llevada a cabo por el fiscal Marcelo Carlos Romero, consiguió establecer la presunta participación de un hombre en ese hecho, por lo que el juez de garantías Jorge Moya Panisello avaló el procedimiento. El allanamiento tuvo su génesis en la denuncia de un vecino, radicada con fecha 18 de septiembre de 2016, que dio cuenta de que le habían desvalijado la vivienda,
aprovechando que no se encontraba presente en su inmueble. Este fue violentado al destrozarle las rejas de acceso. Los malechores en ese lapso se apropiaron de dinero, electrodomésticos, un rifle marca Winchester 4440, dos cajas de municiones calibre 4440, tres escopetas, una escopeta 12/70 y dos carabinas calibre 22, entre otras armas de fuego, de las cuales tenía la correspondiente documentación, que autorizaba su tenencia.
Del resultados de las investigaciones, declaraciones recibidas y del trabajo realizado por personal de Policía Científica, se logró levantar una huella con valor identificatorio, y se pudo establecer que la misma se correspondía con la persona identificada por sus iniciales G.A.S., quien cuenta con frondosos antecedentes penales.
En esas circunstancias, ayer le allanaron el domicilio, pero el que estaba presente era su hermano, quien recibió a los efectivos a los tiros desde el interior de la finca, apenas se percató de la llegada de los policías. Uno de las balas encontró el blanco en el Capitán Pablo Perich.
El autor de los disparos, Ariel Ángel Santín de 31 años, fue reducido y permanece bajo custodia, quedando ahora imputado del delito de “tentativa de homicidio y tenencia ilegal de arma de guerra”, a disposición de la fiscal penal en turno de La Plata, Leila Aguilar, quien en la jornada de hoy le tomará declaración indagatoria.
En un dormitorio de la finca del agresor había dos armas de fuego, una calibre 9 mm. robada a un policía de la 14ª y una escopeta calibre 12/70, las cuales quedaron secuestradas, junto a gran cantidad de picadura de marihuana.
La pareja del sospechoso junto a tres menores de edad -uno de 1 año y seis meses, otro de 5 años y el tercero de 12 años-, se encontraban en la morada.
El fiscal Marcelo Carlos Romero, al frente de la investigación que originó el allanamiento, reflexionó: “Este recurrente desprecio a la autoridad policial es el fruto de tres décadas en donde la regla fue denostar a todos los uniformados por su sola condición de tal, sin miramientos y sin diferenciaciones”.
“Para los delincuentes, ese desprecio se transforma en paroxismo criminal, en donde asesinar a un policía suma “prestigio” y “chapa” en el lúgubre y siniestro submundo de la ilegalidad”, agregó el fiscal, quién es -en estos críticos momentos- una de los verdaderos referentes en cuanto a la defensa de la Constitución Nacional y el cumplimiento del Código Penal.
Fuentes:
Diario EL DIA de La Plata
Radio RM Cielo, La Plata , Argentina
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 6, 2017
EL FISCAL QUE HACE HONOR A SUS FUNCIONES
Escribe Silvio Pedro Pizarro
El 22 de octubre de 2016 publiqué “La justicia podrá redimir al país”:
un sillón en la Corte Suprema de Justicia, prestándose al mandato de la ex presidente que lo manejó como un verdadero títere.
Hace varios años que vengo leyendo en la prensa publicaciones del Fiscal del Ministerio Público Marcelo Carlos Romero. Hoy aparece en Infobae otro artículo del mismo, referido a la independencia de los fiscales. Admiro su capacidad de síntesis en temas complejos como los casos expuestos en una carta que tituló “Perseguidos… y otra “Perdón Zaffaroni “ donde rebate la teoría garantista de un militante kirchnerista que llegó a ocupar
La crítica a los miserables lacayos del poder la realizó durante el mandato de los Kirchner y no se amedrentó por la persecución de que fue objeto, a pesar de que fue reiteradamente sumariado por la Procuración General por la pública expresión de sus ideas a través de la prensa.
Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica, ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos, no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones..El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido.
El 7 de noviembre de 2016 publiqué otro artículo bajo el título “Al Cesar lo que es de César“; decía:
“Hace pocas horas condené las palabras del marxista Fernando Esteche, “Si a un juez se le ocurriera detener a Cristina, podría aparecer muerto” y agregaba, ¿no hay fiscales en la justicia que lo denuncien?
Acaba por ser denunciado por el fical Marcelo Carlos Romero, que transmitió sus fundamentos por el canal de televisión TN, el mismo magistrado
que fue objeto de mi nota blogspot titulada “La justicia podrá redimir al país”, y decíamos: “Si el Poder Judicial diera cabida a magistrados de esta índole moral y jurídica´ajenos a toda política, idóneos en la función de sus cargos. no habría por qué buscar una “reforma” de las instituciones. El solo respeto al imperio de la Constitución y las leyes es la garantía de un confiable Poder Judicial. Es decir, basta idoneidad, capacidad, moral, y decidida voluntad para cumplir con el cambio prometido. Lo ratifico”.
Hoy leemos la siguiente noticia que confirma mis comentarios:
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero presentó una denuncia penal contra el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por los delitos de apología del crimen y de incitación a la violencia colectiva, debido a las amenazas de anteayer del dirigente piquetero acerca de que la semana próxima iban a cortar las rutas de la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª6 del Departamento Judicial de La Plata señaló en su presentación que el delito de apología del crimen, previsto en el artículo 213 del Código Penal establece penas de un mes a un año de prisión.
En tanto, el delito de incitación a la violencia colectiva, normado en el artículo 212 del Código Penal fija una pena de tres a seis años de prisión “al que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
El fiscal Romero cumple con su deber de magistrado, no merece premio ni medallas, pero sí el reconocimiento de la ciudadanía que ve en él la justicia que espera desde hace muy largos años.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 4, 2017
Los funcionarios y la ley
Editorial de La Nacion.
El fiscal bonaerense Marcelo Carlos Romero acaba de presentar una oportuna denuncia penal contra el desafiante líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. Lo acusa, con razón, de haber hecho apología del crimen y, además, del delito de incitación a la violencia colectiva, en razón de las amenazas públicas y abiertas con las que Pérsico anunció, con total desparpajo, que se iban a cortar rutas en la provincia de Buenos Aires.
Los argentinos nos hemos desacostumbrado de que la normalidad en los espacios públicos sea el respeto de la ley y no su violación descarada, particularmente cuando de ejercer el derecho a la protesta se trata. En la calle impera una suerte de “vale todo”, sin fronteras ni respeto, y lo primero que se vulnera es el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.
En buena medida esto sucede por la desagradable pusilanimidad de algunos de nuestros funcionarios públicos, que, con toda suerte de disimulos, prefieren no enfrentar jamás a quienes violan las normas, antes que ser objeto de denuncias, malos momentos y, quizás, agresiones. Como si el funcionario público tuviera sólo trono y facultades o una aureola brillante, pero nunca deberes ni obligaciones. Y menos aún, riesgos.
Esta triste actitud, que nos inquieta a todos, hace que la anomia de pronto resulte normal y genere el natural desencanto entre los administrados, que se sienten y están desprotegidos. Cuando no hay buena fe en los interlocutores, el diálogo, que siempre debe intentarse y privilegiarse, no conduce a ninguna parte. Deviene entonces un ejercicio estéril que se transforma en una mera pérdida de tiempo. Por eso, el cumplimiento de la ley, tarde o temprano, es ineludible. Mientras esto no se comprenda y se defienda, no habrá confianza en nuestros funcionarios. Tampoco el nivel de respeto necesario. Y la inseguridad personal seguirá siendo enorme, en todos los órdenes.
La violación de la ley no puede ser sacrificada debido al temor o a las suspicacias de quienes están obligados a asegurar el acatamiento de las normas, sin lo cual no existe el Estado de Derecho, que no sólo debe proclamarse como si fuera una suerte de ideal teórico y lejano, sino defenderse como una urgencia inmediata, impuesta por la necesidad de asegurar la convivencia en orden y paz. El derecho a la protesta existe y debe -y puede- ejercerse conforme a la ley, con respeto y tolerancia, sin desbordes ni violencia, como ciertamente sucede con frecuencia. Pero quienes abusan de él no pueden gozar de impunidad y deben ser denunciados, como precisamente lo acaba de hacer el fiscal Romero.
http://www.lanacion.com.ar/1999433-los-funcionarios-y-la-ley
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Marzo 27, 20017
EDAD DE IMPUTABILIDAD: LA HORA DE LA SALUD MENTAL
La semana pasada, el joven T., de 15 años, 11 meses y 29 días de edad, cometió un homicidio. Por escasas 24 horas, fue declarado inimputable por el juez que intervino en la causa penal. Si hubiese accionado la cola del disparador de la pistola 9 mm que portaba contra la víctima, tan solo un día después, previo un debido proceso penal juvenil, pudo haber recibido entre 8 y 25 años de cárcel…
Esta ficción, perfectamente posible en cualquier punto de nuestra República, muestra a las claras que el establecimiento de
una edad cronológica que separe la imputabilidad penal de la inimputabilidad, es arbitrario. Lo mismo sucedería con un límite etario de 15, 14 o 13 años.
¿Qué hacer entonces con la edad de la imputabilidad?
Es posible una solución alternativa que dé por finalizada la eterna discusión sobre la edad de no punición. Un sistema mixto.
Que exista un límite etario es necesario. Las leyes deben ser normas generales que se aplican a los casos particulares. No podemos dejar librado al arbitrio del juez la estructura misma de los preceptos legales.
Pero es imperativo que, en una problemática como ésta, se permita una prueba en contrario a una presunción legal.
Que la persona que cometió un delito comprenda o no la criminalidad del acto depende de su evolución madurativa y no del taco calendario. No será el abogado, el juez, el fiscal o la matemática quien decida si el jovencito o la jovencita pudo discernir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo pemitido, entre lo legal y lo ilegal.
¿Puede afirmarse, en forma tajante y absoluta, que un niño o una niña de 14 años no comprendan que matar a otro ser humano significa quitar una vida y que dicha conducta está prohibida por la ley, aunque no sepan ni lo que significa “Código Penal”?
¿Puede ser el sistema creado por el Papa Gregorio XIII la única herramienta para discernir entre enviar a un ser humano a
prisión o a su casa?
Ha llegado la hora de los especialistas en salud mental: Psiquiatras, Psicólogos, Neuropsicólogos, Neurólogos, etc.
Establecer una edad tope para la imputabilidad es necesario, como presunción. Pero es necesario crear un sistema que establezca una prueba en contrario -trabajo pericial/científico- para los casos de delitos graves o gravísimos.
No es complicado establecer un sistema así. De hecho, ya existe en varios países del Common Law.
Solo resta no terminar los debates con panfletos del estilo “ningún pibe nace chorro”…
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
¿Cómo llamarlos?
El abolicionismo zaffaroniano impuso un
nuevo vocabulario jurídico-penal.
[two_third padding=”0 30px 0 0″]Es que el catecismo laico obligatorio en facultades de Derecho, Institutos de Post-grado y Consejos de la Magistratura, al mejor estilo gramsciano, otorgó categorías ontológicas y valores de verdad a vocablos que, hasta hace muy poco tiempo, significaban otra cosa.
Ahora, el crimen se dice “conflicto”. Criminal se dice “sujeto en conflicto con la ley penal”. Cárcel se dice “jaula de exterminio”. Sistema penal del Estado se dice “aparato represivo”. Estado se dice “organización política deslegitimada”. Derecho Penal se dice “discurso represivo deslegitimante”. Poder Judicial, policías, servicios penitenciarios, patronatos de
liberados, etcétera, se llaman “agencias del poder punitivo deslegitimado”. Reincidencia, peligrosidad, antecedentes criminales son “categorías estigmatizantes del derecho penal del enemigo”, y asi.
Leyendo el caso de un motochorro que, en Tucumán, le robó dinero en a un chico de seis años que iba a comprar al almacén, y, en La Plata, el caso de dos ladrones que maniataron a una anciana de 95 años para robarle dinero, no encuentro en el diccionario abolicionista el término adecuado para esta categoría de “sujetos en conflicto con la ley penal”.
Se me había ocurrido “hijos de puta”… Pero seguramente no será aceptado por los gurúes locales de esta nueva pseudo-doctrina.
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
[/two_third] [one_fourth_last padding=”0 0 0 30px”]Sensaciones
El texto del valiente fiscal Romero me ha hecho recordar la excelente interpretación de Peter Finch como Howard Beale en Network (O Poder que Mata) de Sydney Lumet, donde vomita su rabia ante un sistema corrupto. El fiscal Romero, claro, lo hace sin ataques de locura.
“Quiero que todos se levanten ahora. Quiero que todos se levanten de sus sillas. Quiero que se levanten ahora mismo y se dirijan a las ventanas, las abran y saquen sus cabezas y griten: Estoy muy enojado y no voy a tolerar esto ni un minuto más”
Peter Finch, como Howard Beale en Network.
[/one_fourth_last]PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 14, 2017
EL PROBLEMA NO ES ZAFFARONI… ¿O SI?
Las palabras de Zaffaroni…
El problema no es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamadoEugenio Raúl Zaffaroni y sus delirantes reflexiones, que excitan por igual a estudiantes de Derecho, graduados, magistrados judiciales, periodistas y anarquistas decadentes.
El problema no es la inversión del paradigma del Derecho Penal, convirtiendo al criminal en víctima de la sociedad, y a ésta en victimaria de los excluídos.
El problema no es la biblia abolicionista que reza, entre otros dislates, que: El “delito” es una “creación política”. Que el Proceso Penal es una farsa de los poderosos, quienes les quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes o del imperio, frente a la “sensación de inseguridad”, etcétera…
El problema no es la flagrante falta de respeto a la memoria del ex fiscal general federal especial para el caso AMIA, Dr. Natalio Alberto Nisman, cuya muerte violenta todavía sigue siendo un misterio sin revelar.
El problema no es Zaffaroni… Sino su pseudo doctrina que está instalada en la República Argentina como obligatoria en facultades de Derecho, Institutos de post-grado, Consejos de la Magistratura y lleva treinta años lavando cerebros.
Marcelo Carlos Romero es Fiscal del Ministerio Público y Miembro de Usina de Justicia
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Febrero 2, 2017