Desde que en la Revolución Francesa, Robespierre, el ejecutor del terror revolucionario (guillotina mediante) pronunciara su célebre sentencia, “el terror, sin virtud, es desastroso; la virtud, sin terror, es impotente”, la izquierda, según quiénes sean los que lo practican, ha distinguido dos tipos de terrorismo. Cuando se trata del propio, éste adquiere mágicamente las características de inevitable, revolucionario y hasta higiénico. Por el contrario, cuando se trata del ajeno, es inhumano, genocida, fascista y de derecha. Es que ser de izquierda, para el marxista-leninista, es ser una persona virtuosa al que todo le está permitido en función de que, como Mesías, viene a instalar el nuevo hombre y el nuevo mundo. Ser de derecha, en cambio (los que no pertenecen a la izquierda), es oponerse al progreso y destino de la historia. De allí que, para la izquierda, el terrorismo y todo lo que provenga de la derecha no tiene justificación alguna.
Lenin, el político comunista más importante de la historia, fue también uno de los más grandes maestros del terror “virtuoso”. En la guerra civil rusa, entre otros muchos de parecido tenor, emitió un bando terrorista en el que autorizaba la requisa de armas a las familias campesinas. La pena por encontrar alguna, que no hubiera sido denunciada oportunamente, era el ahorcamiento del hijo mayor. Era un puro, un incorruptible, un sacerdote de la revolución convencido de que estaba haciendo lo mejor. Su sucesor, Stalin, también hizo lo que estuvo a su alcance para el “progreso” de la humanidad (asesinó a unos veinte millones de civiles).
El marxismo-leninismo es una teoría política que afirma la necesidad de tomar el poder con el objetivo principal de eliminar una clase social, la burguesa. Así, hacer la revolución es perpetrar un genocidio por el “bien” de la humanidad. El hecho de que la promesa de semejante crimen sea manifiesto y hasta mostrado como deseable, dice mucho de la impunidad con la que se creen investidos los “ terroristas virtuosos”. Este y no otro es el “justificativo” ideológico-moral que permite a la gente izquierda no sufrir conciencia de culpa por los cientos de millones de atroces crímenes perpetrados, por las dictaduras comunistas.
Si matar en nombre de la revolución no produce arrepentimiento ni remordimientos, ¿por qué habría de hacerlo, mentir? Me refiero a algunos encumbrados izquierdistas que, en los ’70, repitieron hasta el hartazgo de que “fue una guerra” y hoy lo niegan. Será que mienten y no se les cae la cara de verguenza de puro “virtuosos” que son.
Hay quienes sostienen que “no fue una guerra” porque les parece atroz que desde el Estado se secuestraba “en horas de la madrugada, por bandas anónimas, a ciudadanos indefensos” o porque no “es una acción de guerra torturar y matar cuando no se puede oponer resistencia”. Esto – que sin duda sucedió durante el gobierno peronista y la dictadura militar y fue perpetrado, también, por el ERP y Montoneros- no es lo ajeno, sino lo propio de la guerra. Tampoco es lo más horrendo. Hay cosas peores. Mucho más cruel es tirar una bomba atómica sobre una ciudad y matar a cientos de miles de seres humanos o exterminar a seis millones de personas cuyo único “delito” fue el de existir. Luego, siguiendo aquel razonamiento negacionista debiéramos concluir que la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra.
Aquel razonamiento sostiene que con una sociedad civil cómplice la dictadura quemó libros y desapareció personas. Es decir, que todos los argentinos somos culpables de la represión. De los que empezaron con el terror no se dice nada en contra. Al parecer, nunca se les pasó por la cabeza que si no hubiera habido subversión, tampoco hubiera existido la represión.
Lo más curioso es que los inquisidores de izquierda “buchonean” para los jueces para que condenen, por “apología del delito”, a aquellos que opinen “que fue una guerra”.
Con ellos, Mussolini, el patriarca de los escraches, estaría en su salsa.
Uno más bravo que otro y cortados por la misma tijera. Nadie con tanto poder como los “tutores” de los derechos humanos para hacer de la vida un infierno. La presunta acusación de la comisión de crimen de lesa humanidad formulada por un fiscal transforma al desgraciado en un argentino de cuarta. Un maldito a expensas de linchamiento judicial y mediático al que se puede condenar con el simple testimonio del guerrillero que hace cuarenta años intentó matarlo. Los juicios parten de la premisa de que todo aquel que participó de la lucha contra la subversión marxista en los años ’70, cometió prima facie un delito de lesa humanidad. No es la forma en que se reprimió lo que se condena sino el hecho de haberlos reprimido. De allí que, para los fiscales y jueces cualquier acto de represión contra un combatiente del ERP o Montoneros, por nimio, brutal o justificado debe considerarse dentro del “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Por lo contrario, el expreso “plan sistemático de exterminio de las fuerzas armadas y de la burguesía” ejecutado en parte por aquellos a quienes los jueces llaman “población civil”, no merece la atención de los “derechos humanos” ni de los Lorenzetti, Zaffaroni, Avruj, Garavano, Macri, Bergoglio o Lanata.
Hay que ver a los cazadores de brujas cuando querellan desde el Ministerio Público fiscal y desde la Secretaría de DD.HH. para tener una idea cabal de la sangre fría y determinación con que acosan a sus presas (Ah… si el viejo Roland Freisler estuviera para verlos). Inconmovibles e implacables llevan adelante, en nombre de los derechos humanos, una persecución feroz para impedir la “impunidad” biológica; la de esos ancianos que muriéndose antes del juicio pretenden privar a la sociedad del “humano” espectáculo de verlos pudrirse en una mazmorra. Pero los argentinos pueden dormir tranquilos; ahí están los titanes al pie del cañón exigiendo la prisión efectiva en cárcel o negando la domiciliaria a los temibles octogenarios. ¡Y minga de 2 x 1! A ver si se entiende: ¡Los derechos humanos no son para cualquiera! El rechazo unánime (con la excepción del marciano Olmedo) expedito y fulminante del congreso nacional al fallo “disparate” de la Corte así lo indica. Vaya uno a saber en qué estarían pensando los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti para cometer la herejía de fallar contra la “política de Estado de derechos humanos” consensuada por los tres poderes ¿No saben, acaso, que gracias a ese calculado odio inyectado se han montado a lo largo y ancho del país, burocracias de DD.HH. que dan trabajo a miles de argentinos? El odio puede tener su lado bueno ¡Por qué no!
Respecto del origen y diseño de la política de derechos humanos lo aconsejable es ir a las fuentes mismas: Roberto Cirilo Perdía, segundo comandante de Montoneros, en “Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona”; p. 646/47, (obra maestra del cinismo), dice: “De todas maneras mi principal actividad en esos años estuvo concentrada en la cuestión de los Derechos Humanos (…) Más adelante lo haría como asesor de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos (…) En el marco de estas políticas, en el año 95, se crearon las condiciones para la reapertura de los juicios con motivo de los crímenes cometidos durante la dictadura”. Todo bien pero no me cierra el que un violador serial de los derechos humanos como Roberto Perdía se constituya nada menos que en un mentor de la “política de Estado” en derechos humanos. Y no sólo él, también otros. Por ejemplo, los ex terroristas Horacio Vertbisky, Rodolfo Matarollo y Luis Duhalde, por citar algunos entre tantos. El primero presidente del CELS, la principal ONG de derechos humanos del país, y los otros dos subsecretario y secretario de DD.HH. de la nación, respectivamente.
Pero no sólo la calidad de quienes fueron los padres de la criatura, hace ruido, también el que en nombre de los derechos humanos se violen esos derechos a personas de carne y hueso. Un hecho del pasado puede que ayude a resolver esta aparente contradicción: Isaac Nachman Steinberg quien desde diciembre de 1917 a marzo de 1918 ejerció el cargo de comisario del pueblo de Justicia en el gobierno soviético liderado por Vladímir Lenin, cuenta que en medio de un conflicto que tuvo con la Cheka (la policía del régimen montada para asesinar opositores) se suscitó el siguiente diálogo: “¿Para qué sirve un Comisariado del Pueblo para la Justicia? –preguntó Steinberg a Lenin–. ¡Que lo llamen Comisariado del Pueblo para el Exterminio Social y se entenderá la razón!”. “Excelente idea –respondió Lenin–. Es exactamente como yo lo veo. ¡Desgraciadamente, no se le puede llamar así!”
El (supuesto) fundamento según el cual fiscales y jueces federales, respectivamente, acusan, juzgan y condenan a aquellos a quienes se les endilga la comisión de crímenes de lesa humanidad sostiene que, en la Argentina, durante los años 70, el Estado ideó y ejecutó un “plan sistemático de exterminio de la población civil” (un genocidio y no una guerra). Según se desprende de las múltiples elevaciones a juicio y/ o sentencias en las causas de lesa humanidad, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habría desatado una represión “genocida” con el inconfesable objeto de eliminar el menor atisbo de resistencia a la política económica “entreguista, capitalista y antiobrera” a cargo del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Ese y ningún otro habría sido el móvil de la represión en los años ’70. Es de destacar que dicho móvil haya sido idéntico al que esgrimieron las bandas armadas marxistas para justificar los miles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la vida y la propiedad de argentinos y extranjeros. “Feliz” coincidencia entre jueces y guerrilleros que hace de un axioma del marxismo-leninismo un puntal de la jurisprudencia argentina (es decir, que en el modo de producción capitalista las FFAA son el brazo armado del empresariado). De allí que todo aquel que durante el gobierno militar y por el solo hecho de haber vestido uniforme o administrado una empresa capitalista resulte asociado forzosamente al club de los criminales de lesa humanidad bajo sospecha. Pero el marxismo no sólo señala quiénes son los victimarios sino, también, quiénes las víctimas (los terroristas) ¡Otra “feliz” coincidencia!
Ahora bien, desde una perspectiva políticamente “incorrecta”, “retrógrada” y “fascista”, cabe esta pregunta: ¿A qué se refieren los jueces cuando aluden al “exterminio de la población civil” ? Porque, salvo que provengan del planeta Marte, deben saber que tanto los integrantes del ERP como de Montoneros se reivindicaban como combatientes de una guerra revolucionaria. Que ostentaban grado militar, portaban armas a la vista y controlaban territorio. Que en sus publicaciones expresaban sus intenciones de exterminar a las FFAA, tomar el poder del Estado y eliminar a los empresarios. Y que (como previniendo que en el futuro ningún juez esgrimiera el disparate de que los persiguieron por ser opositores a una política) secuestraron, extorsionaron y asesinaron a militares, jueces, empresarios y sindicalistas.
El juicio al Operativo Independencia
Es en Tucumán donde el argumento “estrella” del “plan de exterminio de la población civil” exhibe en toda su desnudez su naturaleza de mamarracho jurídico. Ello así porque el “Operativo (Operación) Independencia” fue ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón mediante el Decreto Nº 261/75 del 5 de Febrero de 1975, más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Como es obvio, Martínez de Hoz no había asumido y, por lo tanto, atribuir la represión en Tucumán al modelo económico del gobierno militar que todavía no existía es absurdo, torpe, inverosímil, retorcido e, indiscutiblemente, falso. Mas no así para el juez Daniel Bejas, instructor de la causa, quien sustenta la insólita teoría de que los jefes militares habrían engañado a la presidente María Martínez de Perón y su gabinete convenciéndolos de firmar un decreto (de aniquilamiento) cuya verdadera intención oculta era llevar adelante un “ensayo de laboratorio o prueba piloto de exterminio” para la represión que ocurriría después del golpe de Estado. Así de fácil los astutos militares engañaron a los peronistas ¡Es que son tan cándidos! Y es esa acreditada candidez la que conduce a Bejas a deslindar al gobierno peronista de responsabilidad alguna en el Operativo Independencia. (Que Bejas, antes de acceder a la magistratura se haya desempeñado como apoderado legal del PJ tucumano, fue pura casualidad.)
Ahora bien, el sentido común políticamente incorrecto (que no es el de los jueces) piensa otra cosa. Sostiene que el Operativo Independencia, ante el ataque sedicioso de bandas terroristas, fue la respuesta lícita, legítima, racional, estándar, constitucional, pertinente, soberana, propia, procedente, idónea y obligada del gobierno constitucional. Este último, demás está decir, tenía el mandato ineludible e indelegable de defender el territorio nacional, el Estado de Derecho y los bienes, la vida y la libertad de los tucumanos ¿Se debía o no se debía reprimir a los subversivos que asesinaron al capitán Viola y a su hija María Cristina? La pregunta es pertinente dado que el Tribunal Oral, los fiscales y el juez instructor, más que por la forma, interpretan que el delito de lesa humanidad se comete por el simple hecho de reprimir a un terrorista.
Por cierto, los militares (coronel) Jorge Oscar Grassi, (teniente primero) Luis Roberto Brzic, (capitán) Miguel Ángel Paiva, (mayor bioquímico) Jaime Gimeno, (teniente primero) Juan Carlos Gamban, (teniente primero) Ciro Ahumada, (teniente coronel médico) José Francisco Gardón, (mayor) Néstor Horacio López, (teniente primero) Roberto Eduardo Carbajo y (capitán) Humberto Viola fueron condenados a muerte y asesinados por el ERP por la mera circunstancia de pertenecer a las FFAA (todos durante el gobierno constitucional). El comunicado resaltaba que el ERP procedería a la “ejecución de oficiales indiscriminada…” Unos victimarios, otros víctimas. (¿Alguien vio un juez por ahí?)
En el año 2015, diez ex-agentes penitenciarios de la cárcel de La Plata fueron condenados a cumplir 14 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad” que habrían cometido el 7 de octubre de 1976 en ocasión de custodiar a 90 presos que fueron trasladados desde el aeropuerto de Jujuy al de La Plata. El Tribunal consideró, y así falló, que los acusados cometieron crimen de lesa humanidad durante las tres horas que duró el viaje en avión.
El 2 de julio de 1976 un artefacto explosivo estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal de la ciudad Buenos Aires. Mientras almorzaban, 23 personas murieron y otras 60 resultaron heridas. La organización Montoneros se atribuyó el hecho mediante un parte de guerra. Dado que para los jueces este tipo de crímenes no es de lesa humanidad se dio por prescripta la causa y se sobreseyó a los acusados.
Es que “No se puede pretender que se aplique la misma normativa para delitos comunes que para aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad. Estos últimos, son atroces y aberrantes”, argumentan quienes avalan los fallos citados y la negación del 2 x 1, entre otros, a los diez ex-agentes penitenciarios de La Plata.
Al respecto, confieso mi desazón por el conflicto interno que en mí se desata. Ello porque, aún con todo el empeño que me propongo, me resulta muy difícil concebir que custodiar presos durante tres horas sea infinitamente más atroz y aberrante que asesinar a 23 personas. Si la causa de esta incomprensión fuera por “Lo que Salamanca no da…”, no me sentiría tan preocupado; sí, por el contrario, si ese origen (como sospecho) fuera siniestro (el padecer, por ejemplo, el suficiente grado de discapacidad moral para arrasar de mi conciencia el sentido de justicia.)
Sostener que son los otros (los que yerran) sería muy cómodo. Mas, como es obvio, ello resultaría inaudito ante la abrumadora y masiva reacción de políticos, periodistas y hasta obispos que condenan, por injusto, el fallo de la Corte. Es más, de sólo pensar que yo fuera el que está en lo cierto, me hiela la sangre.
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
Al estigma que más le temen la mayoría de los políticos argentinos es el de ser catalogado de derecha. En este país y en buena parte del mundo ser corrupto, autoritario, tránsfuga, prevaricador e incluso genocida es menos grave si, también, se es de izquierda. A excepción de cuando le tocan las alforjas nadie, pública o privadamente, se reivindica derechista y defensor de la propiedad privada. No son pocos, en cambio, los que con aires de superioridad moral expresan su filiación de izquierda. Para la actual justicia argentina, también, ser de izquierda es mejor que ser de derecha.
Ello se hace evidente en el hecho de que un militar que combatió a la subversión o un civil que prestó su apoyo es pasible de ser acusado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, un guerrillero que cometió crímenes en su intento de derrocar el gobierno constitucional es considerado una víctima o, a lo sumo, alguien que ha cometido un delito menor. Así, por ejemplo, el Dr. Juan Alemán, por no haber denunciado la existencia del centro de detención clandestino de la ESMA, está siendo juzgado como criminal de lesa humanidad.
Por el contrario, los señores Vertbisky, Firmenich y otros cinco montoneros, acusados de colocar la bomba que asesinó a veintitrés personas y dejo heridas a otras cincuenta, han sido sobreseídos definitivamente por los jueces argentinos (el atentado fue asumido como propio en la revista de la banda) ¿Qué delito es más grave para la justicia? ¿Asesinar tirando bombas en comedores públicos o no denunciar centros clandestinos de detención y aniquilación de personas? Si es lo segundo, muchos montoneros y erpianos (detenidos y liberados por la dictadura) que conocían dichos centros y no hicieron la denuncia tendrían que estar sentados al lado de Aleman el excanciller y funcionario kirchnerista, Rafael Bielsa, entre otros ¿Porqué para los jueces, los señores Aleman, Blaquier y Levin que no son responsables de homicidios pueden ir presos y los que asesinaron no? Se deberá entonces a que unos son de derecha y los señores, Vertbisky y Firmenich y demás, de izquierda? Si esta es la razón de la sinrazón; entonces, lo que hacen los señores jueces en su función es un escándalo que no tiene nada de republicano y si mucho de mamarracho totalitario.
La derecha como tal, no existe. Es un invento de la izquierda que, con el objeto de ocultar sus crímenes y atropellos, postulan la existencia de un demonio que está al acecho. El nazismo, por ejemplo. Mas, este fue la dictadura más parecida a la comunista. Tan genocida una como la otra.
Para la izquierda argentina Mauricio Macri, Domingo Cavallo, los productores de soja, los miembros de la Sociedad Rural o los periodistas de Clarín son la derecha. Los neoliberales a los que hay que temer y odiar. Pero no sólo a la izquierda, esta tara afecta a casi todo el arco político. Es un hecho, la izquierda sigue triunfando la batalla de las ideas y, por ende, se cree con autoridad moral para “juzgar” y condenar a lo que se le resiste: la derecha. El liberalismo es una palabra maldita para el totalitarismo de cualquier signo. Mientras no lo advirtamos estamos condenados a convivir con él.
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).
El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.
La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).
Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”
El Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa kirchnerista originada en diputados que deja establecido como inamovible que el número de los desaparecidos en el gobierno de facto, iniciado el 24 de marzo de 1976, es de 30.000. Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías simple que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80% ¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos constitucionales fueron más que suficientes para que familiares o allegados de personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000. Apenas y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo contario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES. Tampoco, la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los juicios de lesa humanidad.
Usar el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA. instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su traición.
Políticos –opositores y oficialistas- intelectuales, periodistas y, en general, aquellos que frecuentan los medios de comunicación hace mucho que han dado por cerrado el debate sobre la legalidad los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dan por descontado que son justos y que todo aquel que por esa época vistió uniforme debe estar necesariamente bajo sospecha de genocidio (César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani está en ese trance). Para los jueces, está probado que existió un Plan Sistemático de Aniquilamiento de la Población Civil y con eso basta para condenar a cualquiera que entre en dicha bolsa. Con la sola declaración del querellante sobra para enviar a un “represor” a cadena perpetua. Eso sí, con los avales correspondientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las provincias. En todos los fallos de lesa humanidad (enfatizo, todos) esos señores que conforman el tribunal y que, por una cuestión de costumbre o vaya uno a saber por qué llamamos jueces, se encargan meticulosamente de advertir que ante la contradicción entre las partes el testimonio de las víctimas tiene más valor de verdad que la de los acusados. Ello porque son considerados testigos-necesarios dado que en los hechos que se juzgan, por lo general, se cometían en la clandestinidad, ocurrieron hace varias décadas y, por ello mismo, no existen pruebas. Dicho en pocas palabras, para los tres señores que ostentan el título impropio y que están sentados tras el estrado: el acusado, dice la verdad, sólo cuando sus palabras coinciden las del denunciante; éste último, a su vez, nunca miente. Esta burda, alevosa, rastrera, ignominiosa y cruel patraña (Stalin, tenía más respeto por las formas) deja en manos de cualquiera la libertad, la honra, la hacienda y la vida de los uniformados de esa época. Esta y no otra es la maloliente “justicia” que imparte el estado argentino y que tolera y hasta aplaude la sociedad en su conjunto.
La juventud maravillosa
Para los que pertenecieron a la “juventud maravillosa”, en cambio, está el goce de ser considerados víctimas-héroes. Una suerte de Bill de indemnidad que perdona, oculta y/o enaltece sus actos “revolucionarias” de antaño. “Pecados de juventud”, “travesuras de muchachos idealistas”; La prensa, políticamente correcta, prefiere referirse así a los asesinatos, secuestros extorsivos, toma de cuarteles, asaltos demás horrores. No es el caso de Nelson Castro; él dice: crímenes; pero, eso sí, siempre aclarando que los de los los militares fueron “infinitamente” más graves. Lo de “infinitamente…”, aducen, es la razón por la que -para la Justicia- unos prescriben y otros no. Nelson Castro ¿se equivoca o tiene razón? Nada mejor que ir a las cosas para averiguarlo.
Comparemos, por ejemplo, dos hechos con sus respectivas causas e imputados: 1) el traslado en el año 1976 de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal y desde allí hasta la ciudad de La Plata; 2) el atentado con bomba durante el mismo año al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.
El crimen de lesa humanidad del traslado
El 7 de octubre de 1976, el entonces Tte. 1º, Horacio Marengo, bajo el mando del Coronel Bulacio, habría sido uno más de los soldados que participó en el traslado de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal (trayecto de no más de 20 km, se cubre en aproximadamente 20 minutos). Unos diez guardiacárceles de la provincia de Buenos Aires, a su vez, se hicieron cargo de la custodia de los detenidos en el avión que los llevó desde Jujuy a la ciudad de La Plata (tres horas de viaje). Todos ellos fueron condenados en primera instancia por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” (ninguno de los trasladados murió o desapareció). Ahora bien, está más que claro en la instrucción y en la oralidad es que ni Marengo, ni los guardiacárceles fueron los que detuvieron o privaron –legítima o ilegítimamente- de la libertad a ninguna de estas personas ¡Fueron retiradas de una cárcel! Es obvio que cuando aparecen Marengo y los guardiacárceles en escena ¡ya estaban detenidos! Tan es así que, en los fundamentos de la sentencia, se consigna que se encontraban detenidos “a disposición del poder ejecutivo nacional” y el juez Gabriel Casas falla en disidencia sosteniendo que no hubo ”privación ilegítima de la libertad” de parte de los guardiacárceles. Hay que recordar que estaba vigente un decreto de Isabel Perón que disponía que las fuerzas de seguridad y los agentes penitenciarios de todo el país dependían directamente del comandante de las fuerzas armadas. De allí que, ante una orden de traslado, lo único que cabía a cualquiera de ellos era cumplirla o insubordinarse. Ni Marengo, ni los guardiacárceles tenían porqué saber que los prisioneros eran políticos. Saberlo, tampoco debería agravar su situación procesal. Para los jueces, sin embargo, para no quedar incurso en la “privación ilegítima de la libertad”, Marengo debió haberse jugado su carrera militar y su libertad favoreciendo la fuga de los detenidos apenas los sacó del penal de Villa Gorriti. Los guardiacárceles, a su vez y con idéntico fin, secuestrando y desviando el avión a Cuba. En cuanto a los “tormentos” causados durante el traslado por el que también fueron condenados, las únicas “pruebas” son las declaraciones de los testigos-necesarios-víctimas. Los guardiacárceles niegan haberlos cometidos pero, ya lo dije, lo que vale es la palabra de la querella.
El acto revolucionario de los “idealistas”
A las 13:20 Hs. del 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causando la muerte a 23 personas e hiriendo a unas 60 (mutilados, ciegos y quemados). La mayoría se encontraba almorzando. La organización terrorista Montoneros, públicamente, se hizo cargo de la masacre a través de un parte de guerra y del reportaje que concedió el montonero Mendizábal a la revista Cambio 16. La causa por el atentado la inició el señor Hugo Biazzo, uno de los heridos. Entre los sindicados como responsables, además de Firmenich, estaba el subjefe de inteligencia de Montoneros: Horacio Vertbisky. No llegó a juicio porque según, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, está prescripta. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” (la autoría confesa de otra época de un terrorista es nada frente a la negación actual del ahora, testigo-víctima). Ningún terrorista fue a juicio por (después de la AMIA) el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Por el contrario, Horacio Vertbisky, se ufana de haber pertenecido a Montoneros y preside la principal organización de DD.HH. del país. En los juicios de lesa humanidad se desempeña, a pedido de las querellas, como “testigo de concepto” y sus dichos son palabra santa para los magistrados. También, el ascenso de militares y el nombramiento de jueces pasan por su filtro. En fin, para el poder judicial argentino se podría decir que es casi un héroe (cuando falleció Juan Gelman –teniente Pedro-, otro de los terroristas implicados en el atentado, el poder ejecutivo decretó tres días de duelo nacional).
MORALEJA
Para la “Justicia” argentina, el simple traslado de presos es un crimen “infinitamente más grave” (Nelson Castro, dixit) que asesinar a 23 personas y mutilar a otras 60 con una bomba. Los jueces que permiten este absurdo moral algún día deberán rendir cuentas. Mientras tanto, son miles los que sufren cárcel, escarnio e injusticia y millones a los que la injusticia les importa un carajo.
Cuando la obra de Robert Conquest, El Gran Terror, apareció ante los ojos de Occidente, fue como una voz de alarma ante los horrores de las purgas de Josef Stalin. Se trataba de un trabajo apartidista y el más acertado sobre el tema. Esta exploración recorre una odisea de sadismo, locura y muerte propiciada por el Hombre de Hierro de la Unión Soviética. Mucho se ha dicho de las fuentes no-oficiales de las cuales se nutrió Conquest para su trabajo, pero en 1968, cuando aún estaba lejos la revelación de los archivos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el libro permitió entender que los grandes procesos se insertaban en una lógica de represión de masas, determinada por la ideología y causante de, según sus estimados, más de veinte millones de muertos. Cuando se produjo esa apertura de información, Conquest se encontró con más material para documentar una nueva edición. Allí, no dejó escapar el mínimo detalle incorporando notas y expedientes secretos sobre los tres grandes Juicios de Moscú y las ejecuciones sin pruebas al por mayor.
Un par de días atrás, Mauricio Ortín tuvo la gentileza de enviarme un ejemplar en español, lo que hizo que desempolvara una versión en inglés de mi biblioteca, cuyas páginas no había tocado en mucho tiempo, solo para comprobar que era el relato revisado de 1990. En efecto, de ese se trataba. En el mismo, Conquest fue adhiriendo los resultados de una abundante sovietología, con enmiendas en cuanto al número de víctimas, que llegaban casi a las nueve cifras. La apertura de los archivos en Moscú ha confirmado todas las hipótesis y conclusiones, solo corrigiendo sus cálculos. El gran escritor y pensador Christopher Hitchens, un marxista en su juventud, sostenía a El Gran Terror como el análisis superior del cruel accionar del comunismo en la Rusia soviética.
Agradecimiento a Mauricio Ortín por su notable colaboración y en su indirecto comportamiento, para refrescar mi memoria, ayudar a comprender y obligar a utilizar el pensamiento crítico de una porción confundida de los argentinos de hoy.
En el mundo hay personas sensibles que todavía sienten culpa por, cuando niños, haberle quitado, gratuitamente, la vida a un pajarito. Maldicen la hora en que tensaron la honda o apretaron el gatillo buscando un autoperdón que no consiguen ¿Sentirán algo semejante jueces y fiscales que, sin pruebas, acusan y condenan? Dictar prisión perpetua a un inocente es infinitamente más grave que enjaular un canario; es devastar irreparablemente la vida de un semejante junto a su familia.
Como bien se sabe, el más preciado valor en la vida es la vida misma; el segundo -para aquellos que no tienen alma de esclavos- es la libertad. Se arguirá, y con razón, que los magistrados son hombres y, por lo tanto, equivocarse en una sentencia es un riesgo inmanente al sistema que, si bien se trata de reducir al mínimo, es imposible erradicar. Ahora bien, condenar a prisión a una persona con plena conciencia de que no existen pruebas que lo ameriten, es cosa muy distinta que equivocarse de buena fe. Hay años luz de distancia moral entre una conducta y la otra.
Condenar sin pruebas es obrar, de hecho, con “dolo eventual”, es decir, no descuidadamente sino, por lo contrario, sabiendo lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico como es la libertad de una persona. El Estado fue creado para impedir la injusticia y no para cometerla. La milenaria ciencia del Derecho y el método científico son la mejor guía en este sentido y, ambos, exigen pruebas! ya sea para establecer que fulano es el asesino o que la tierra gira alrededor del sol. Sin pruebas que corroboren y fundamenten las acusaciones y sentencias, no hay justicia sino “caza de brujas”.
Las sentencias condenatorias, entre otras, al padre Julio Grassi, por el supuesto abuso, y a Carlos Carrascosa, por el crimen de María Marta García Belsunce, deberían , en cátedras de Derecho Penal, ser casos emblemáticos de estudio de lo que es un pésimo procedimiento. La lectura de estos mamarrachos devenidos en causas judiciales es imprescindible para opinar con autoridad y no repetir como loros las conjeturas tendenciosas de los periodistas especializados en el chusmerío.
Grassi, Carrascosa y tantos otros son víctimas por azar y podría sucederle a cualquiera que se encuentre lejos del poder. Los acusados por delitos de “lesa humanidad”, en cambio, son víctimas de una política de Estado y, en general, de los medios masivos de comunicación. Fue el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el que dijo: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás. Esto es una política de Estado y deben respetarla todos los argentinos”. Así que, entonces, es el Estado, a través de la aplicación de una política específica, el que opera para que militares, policías, ex jueces, empresarios y curas por el mero expediente de una denuncia vayan a juicio y sean condenados.
Particularmente, no le creo nada al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni a la política de derechos humanos “consensuada” inconstitucionalmente con los otros dos poderes. No le creo porque, sin pruebas, entre otros, encarcela a subtenientes y cabos que por la época tenían veinte años de edad y no eran dueños de decidir con qué camisa vestirse. No le creo al Dr. Ricardo Lorenzetti, ni a su libro de los Derechos Humanos, porque si, en verdad, dijera lo que dice e hiciera lo que hace por convicción y fidelidad a principios, en lugar de justificar la persecución a los últimos “orejones del tarro” (subtenientes, cabos, etcétera) debería él mismo, de oficio y para que se le aplique la “política de Estado” para los crímenes de lesa humanidad , denunciar al Dr. Eugenio Zaffaroni.
Este señor, que siendo juez juró por el Estatuto de la dictadura, que negaba hábeas corpus a los desaparecidos (reconocidos por él) tiene infinitamente más responsabilidad que muchos de los que están -entre ellos, héroes de guerra- pudriéndose en las cárceles ¿Qué espera Lorenzetti y las organizaciones de derechos humanos para llevarlo a tribunales? ¿Porqué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al respecto, hace mutis por el foro? Y, lo más doloroso y vergonzante, ¿ porqué a esta sociedad le importa, menos que la suerte de un pajarito, que pase lo que nos pasa?
Luego de leer la muy interesante y valiente nota de MAURICIO ORTÍN, titulada “ARGENTINOS DE CUARTA” no puedo por menos que destacar la existencia de una categoría más. Es la de quienes somos los “ARGENTINOS DE QUINTA” que estamos por debajo de los de cuarta por pertenecer a instituciones menores a la de las fuerzas armadas, en mi caso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Allí me esforcé, y traté de cumplir lo mejor posible con la misión que me había fijado de “servir y proteger”. Mis “combates y estrategias” junto a otros hombres y mujeres policías se libraron diariamente, a lo largo de 31 años. Para nosotros la del terrorismo solo fue una triste época más, antes y después siempre estuvimos en la calle confrontando con todo tipo de delincuencia. Casi siempre en desventaja por equivocadas políticas de seguridad aplicadas desde los despachos del poder, nos llevaron con más frecuencia de lo normal al extremo de matar y morir.
LA CULPA NO ES DEL CHANCHO
Hay un dicho popular que dice “la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”, y eso es lo que hicieron todos aquellos uniformados que accedieron a ser maltratados y vejados como el caso del BENDINI. Me refiero a él en esta forma, porque no siento respeto alguno por su persona ya que con su servil actitud directa o indirectamente, yo hoy estoy donde estoy, “sin comerla y sin beberla”.
EL MARTÍN BALZA, EL BENDINI Y EL MILANI
Debo resaltar que hubo otros Bendinis, anteriores y posteriores, en cada una de las fuerzas de la cuarta y quinta categoría, que carecieron de entrepierna, (por buena educación evito la mención literal del faltante) llámese hombría de bien. Destacable un MARTÍN BALZA y últimamente un MILANI. Estos, y otros, fueron el sumun de lo rastrero y deshonroso para cualquiera que use uniforme, y se precie de ser un servidor a esta patria que no siento mi patria. Así ellos, a pesar de ser ARGENTINOS DE CUARTA acomodaron sus situaciones personales. El BALZA no fue molestado por los miembros prevaricadores del poder judicial. Mientras el MILANI, a pesar de tener imputaciones iguales o mayores a la de quienes estamos en prisión, siguió en libertad y alcanzó la máxima jerarquía en el ejército. Simultáneamente se regodeaba mientras sus camaradas de CUARTA y nosotros los de QUINTA sufríamos y moríamos en prisión. Ni mencionar su juramento de asunción por “la causa” no?
LA DESIGUALDAD ANTE LA LEY QUE NO ES LEY
Este mamarracho, hoy sigue gozando de privilegios muy superiores a los míos ARGENTINO DE QUINTA. Estuvo declarando ante un juez cara a cara al momento de su detención, mientras que yo tardé nada menos que veinticinco meses. Lo hice por dos horas y media lo cual fue resaltado por el mismo juez, cuando yo pedí sin éxito, seguir declarando al día siguiente. La declaración del MILANI termina diciendo: “PREGUNTADO para que diga si responderá preguntas que pudiera efectuar el Ministerio Público Fiscal, DIJO que no, debido a recomendación del letrado defensor”. Yo desde el 16 de diciembre de 2014 desoyendo a mis defensores, reiteradamente, también sin éxito, vengo solicitando ser interrogado por uno o más de los fiscales que arteramente me involucraron en una causa. Cuando pude declarar en legal forma, el fiscal que se presentó en la audiencia poco sabía de la misma y a mis pedidos de interrogatorio me respondió “que era suficiente con lo que había declarado”. El ARGENTINO DE CUARTA MILANI no debió esperar como yo de QUINTA, cinco meses y un día para que se decretara su prisión preventiva, como burlona e ilegalmente actuaron conmigo.
EL SILENCIO QUE MATA
También debemos reconocer que muchos de estos ciudadanos de CUARTA, con abundantes entorchados oro aceptan mansa y silenciosamente la iniquidad a la que TODOS somos sometidos. Quienes no aceptamos esto, no guardamos silencio y junto con nuestras familias damos la cara y propagamos las aberraciones jurídicas y de todo tipo a la que somos sometidos. Sabemos que estas expresiones son urticantes y antipáticas a oídos de los temerosos, pese a lo cual no callaremos. Nunca seremos cómplices de los HIPÓCRITAS MIEMBROS DE LOS TRES PODERES DE UN ESTADO QUE SE DICE DEMOCRÁTICO. Tampoco de la mentira. La soledad solo nos afecta al saber que así no hay esperanza de éxito alguno, pese a lo cual seguiremos de pie hasta el último aliento. El tiempo transcurre, nos roban la vida nuestra y de nuestras familias mientras nos preguntamos donde quedaron, los que por años se desgañitaron cantando una y mil veces:
Coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir
“Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor”.
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
Ciudadanos de primera son, entre otros, magistrados cuyos departamentos se alquilan a prostíbulos o funcionarios que no pueden explicar sus fortunas. Caso muy distinto es el del señor Julio Alberto Poch. Este oficial retirado de la Marina lleva años preso porque un compañero de trabajo (holandés), dijo que, en una cena de camaradas, en la isla de Bali (al este de Java), Julio Poch afirmó que desde el avión que él piloteaba se arrojaron al mar a detenidos de la ESMA. Julio Poch y siete personas que estaban junto al denunciante en la mesa negaron enfáticamente esa versión. Además, está probado que Poch nunca navegó ese tipo de aviones. No existe, absolutamente, prueba alguna que lo incrimine. No quiero dar ideas; pero que fácil es encarcelar a un militar! Uno denuncia que el fulano le contó que torturaba en la época de la dictadura y marche preso! (Torquemada, era más sutil). Poch no necesitó de trámite de extradición del Gobierno argentino. Voluntariamente accedió a ser investigado por el juez Sergio Torres. Por ello, Poch es inocente en los dos sentidos del término; por un lado, porque no hizo nada de aquello de lo que se lo acusa y, por el otro, porque no tiene aún conciencia de que, para esta justicia, su condición es la de un “ciudadano de cuarta”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
La diputada Cecilia Moreau presentará un proyecto de ley que agravará la pena por apología del delito a quienes se atrevan a “Negar la existencia de un plan sistemático de represión y tortura a aquellos que pensaban distinto…” Quiero creer, en el mejor de los casos, que la diputada no vivió esa época, ignora supinamente los hechos a los que alude o, en su defecto y en el peor, pretende imponernos a fuerza de garrotazos el pensamiento único. En contra de esto último, a los que compartan esta intención, entre asesinatos, secuestros, torturas, heridos, extorsiones, robos, ataques a cuarteles, etcétera, debemos recordar que el número de atentados perpetrados por los terroristas de las bandas Montoneros, ERP y otras asciende a la friolera cifra de 17.000. También, a propósito de que la diputada integra un bloque que presume de peronista, le refiero que fue Juan Domingo Perón (no Jorge Rafael Videla) quien, al referirse a los subversivos, dijo (y actuó en consecuencia) que haría todo lo que esté a su alcance para que “…el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. Luego vinieron la represión de la mano de La Triple A, el decreto de aniquilamiento de Martínez de Perón y el gobierno militar. De manera tal que, el ardid de que los reprimieron “porque pensaban distinto” es una burda patraña que tergiversa los hechos. ¡Los reprimieron porque querían tomar el poder a fuerza de asesinar! Esa es la verdad incontrovertible (perdón, por ser tan políticamente incorrecto). Verdad que, cuando se apruebe la ley, convertirá en delincuente a aquel que la empuñe. Se perseguirá, ahora sí, a los que “piensen distinto”. Por lo pronto, los macristas Darío Lopérfido y Gómez Centurión ya sufrieron un adelanto por cuestionar el número de los desaparecidos. Y aunque a ningún diputado como tampoco al ministro de Educación le importen que en las escuelas se mienta a los niños que fueron 30 mil, los datos oficiales (chequeados por el actual y el anterior gobierno) afirman que, desde 24/03/76 al 10/12/83, fueron 6348. Por mi parte, digo que por más ley, amenazas de represión y/o escraches insistiré públicamente en que se trató de una guerra y no un genocidio. Protejo demasiado mi autoestima como para decir o hacer algo que me merezca sentir repugnancia de mí mismo.
¿Quién es el sujeto del derecho a la identidad? Y ¿Qué es la identidad? En la guerra civil que sufrió la Argentina durante década del ’70 se dio la particularidad de que en las bandas subversivas revistaban como combatientes mujeres embarazadas. La orden del gobierno constitucional de aniquilar a los elementos subversivos no incluía al ser que una terrorista en cinta llevaba en su seno. Por una cuestión humanitaria y/ o de creencias religiosas, los militares no mataban embarazadas. Y no entregaban a los recién nacidos a los familiares porque, como es obvio, ello hubiera supuesto asumir la ejecución de la madre. El análisis más elemental de los hechos demuestra que la apropiación fue un efecto no querido de la guerra y nunca un plan. Y no estoy justificando los hechos sino describiéndolos. Los Montoneros y el ERP (entre ellos, la hija de Carlotto), por su parte, no tenían ningún inconveniente con sus bombas y balaceras en matar embarazadas. De allí, que nadie los podrá acusar de “apropiadores” de niños por nacer. No así en cambio (como bien explica, Nicolás Márquez) de los huérfanos de los montoneros muertos; los cuales eran negados por la banda terrorista a sus familiares directos con el “loable” fin de evitarles una “educación burguesa”.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo salió a rechazar el fallo favorable sobre el pedido del nieto recuperado número 95, Hilario Bacca, de conservar su apellido y nombre dado por sus padres adoptivos. “Constituye una afrenta a su memoria”, señaló Estela de Carlotto. “Él lleva la sangre de sus padres, lo demás es espurio”, agregó. Ahora bien, de la única identidad de la que cabe hablar, es la que este hombre de cuarenta años ha construido a lo largo de su vida, que está justamente en los recuerdos que habitan en su memoria y que le dicen que él es uno y el mismo de todos esos actos. No tiene Carlotto, ni el Estado la potestad de quitar o entregar identidad ¡De qué memoria e identidad entonces habla Carlotto! ¡De la que quiere inventarle destruyéndole la única y real!
Más allá de las circunstancias que llevaron a ello, Hilario no tuvo, salvo en el momento del parto, relación alguna con sus padres biológicos. El primer vínculo afectivo real lo estableció con los adoptivos. Y si bien la identidad biológica es un punto de partida, la pertenencia a un grupo familiar y a un grupo social histórico tiene un peso definitorio en el sí mismo. El entorno y la interacción con hermanos, primos, tíos, abuelos, compañeros de escuela, de fútbol hacen más a la identidad que el frio perfil genético. De no ser así, tendríamos que admitir el disparate de que en la historia de la humanidad, empezando por el bíblico Moisés, hubo y hay millones de personas carentes de identidad.
¿Qué tiene de honorable el que las Abuelas de Plaza de Mayo “recuperen” a sus nietos a cambio de que éstos se nieguen a sí mismos como personas? ¿Qué tiene de reparatorio, para el “recuperado”, el enviar a la cárcel (por apropiadores) a los padres adoptivos? ¿A semejante monstruosidad le llaman derechos humanos? ¿Qué abuela es aquella, que ama más a un código numérico de un patrón genético que al nieto de carne y hueso que tiene delante? El sabio juez Salomón tiene la respuesta.
Por Mauricio Ortín en Cartas de lectores del diario La Nación.
¿Se respetan en la Argentina los derechos humanos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al presentarse como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿acaso no se autoexcluye de velar por los derechos humanos de los acusados? Desde hace más de una década que casi todo el presupuesto y el aparato de ese organismo están al servicio de perseguir, procesar y condenar a los civiles y militares que pueden o no haber participado en la lucha contra la subversión en los años setenta. Los letrados, representantes de la secretaría en las querellas, parecen haber sido elegidos por su impiedad. En sus alegatos exigen las condenas más duras y durante el proceso se oponen a casi todas las demandas básicas de respeto de los derechos humanos de los procesados. Entre otras, un juicio en el cual se garantice el principio de inocencia. De toda esa legión de abogados pagados por los contribuyentes ni uno solo está a disposición de los presos políticos. La política del presidente de la Nación, en esta materia y contra estas personas, parece ser la de seguir negando los derechos humanos en nombre de los derechos humanos.
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, me recuerda a ese personaje siniestramente cómico de la política internacional que fuera Idi Amín Dada; presidente de Uganda del siglo pasado. El africano, una mole negra de 150 kg de peso y dos metros de altura, era un denunciador serial de conspiraciones en su contra y, “por ende”, contra Uganda. En cierta oportunidad llamó a una conferencia de prensa para acusar al Imperio Británico de estar preparando una pronta invasión a Uganda por tierra, aire y mar. Uno de los presentes le observó que, por mar, resultaba imposible dado que se trata de un país mediterráneo. A lo que el inmutable Idi Amin, contestó: “Si serán ignorantes estos británicos, querer invadirnos por mar…” Otro dato de color del presidente africano era su apetito voraz. Solía devorar pantagruélicos banquetes. Entre sus platos favoritos figuraba el hígado de ministro renunciado.
Maduro por su parte ha hechos sus méritos, mas el canibalismo no es uno de ellos . Sin embargo, su denuncia, repicada hasta el cansancio, de que los EE.UU. están desestabilizando a la moneda venezolana a través de sacarla de circulación atesorándola, es digna del humor negro del caníbal de Uganda. Porque si fuera verdad que los “cochinos” yanques están comprando bolívares con sus dólares, el gobierno venezolano estaría haciendo un pingue negocio. Pues estaría cambiando un papel sin valor por otro que si lo tiene. No existe tal fiebre del bolívar en ningún lugar del mundo. El enemigo número uno de la moneda venezolana es, como es obvio, maduro y su banda La bestia fascista de Diosdado Cabello, por ejemplo; quién no tiene ningún reparo de presentarse en su programa de televisión con un simbólico garrote. Después de una larga tradición democrática, Venezuela ha retrocedido a una forma de gobierno tribal. El mote de país bananero ya le queda chico. La vida y la hacienda de los venezolanos están en manos del jefe y el brujo de la tribu. Venezuela es Africa.
Los gauchos argentinos, por su parte, no están en condiciones de mirar por encima del hombro a los llaneros del Arauca vibrador. Doce años de kirchnerismo le bajan los humos hasta a los atenienses del Siglo de Oro. Y, si ganaba el Yoli, no quedaba otra que irse. Macri, que es mejor, no cambió una coma en la política de persecución en el “curro” de los derechos humanos. Que el poder ejecutivo nacional se presente como querellante contra los acusados de delitos de lesa humanidad es la prueba irrefutable de que el actual gobierno sigue los lineamientos vengativos de Horacio Vertbisky. El macrismo le teme al ex terrorista cuyo nombre de guerra fue: “el perro”. También, a Bonafini, Carlotto y compañía. No vaya a ser que por decir algo “políticamente incorrecto” lo cataloguen facho. Hace rato que tendría que haber retirado al embajador argentino de Venezuela pero no lo hace por esto mismo. De allí que los ancianos que sufren la injusticia de ser perseguidos por el Estado por haber, o no, combatido a la subversión nada deben esperar del actual presidente y su partido. Los de Cambiemos no quieren, no les interesa o no tienen lo que hay que tener para defender la verdad y la justicia. Es que, cuando una sociedad entra en decadencia, entra nomás…
María Marta García Belsunce (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 24 de abril de 1952 – Pilar, Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2002). Fue socióloga argentina, tristemente célebre por ser la víctima fatal de un confuso homicidio que tuvo lugar en el barrio cerrado “El Carmel” en octubre de 2002. Crimen que hasta el día de hoy presenta un sin número de interrogantes. Hija de Horacio Adolfo García Belsunce -un prestigioso jurista argentino- y de María Blanca Luisa Galup, se dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como Red Social. Hasta el día de su muerte fue vicepresidente de la fundación Missing Children Argentina, desde donde -se supo más tarde- investigaba asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires, actividad por la cual habría recibido amenazas reiteradas. Actualmente toda su familia está condenada sin una sola prueba, y hay tres perfiles genéticos que no corresponden a ninguno de ellos; no obstante, la justicia no siguió investigando.
10 de julio 2011
La injusticia de la justicia
Por Mauricio Ortín
La novela policial, desde su misma aparición y en adelante, ha conquistado a millones de lectores. Lo propio sucede con las series televisivas y las películas del género. “El secreto de sus ojos”, esa gran película de Juan José Campanella, o “Las crónicas de Bustos Domecq”, escritas por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, -por citar a autores argentinos- se destacan por atrapar al espectador-lector en una trama misteriosa que mezcla la lógica con el suspenso y la emoción. Mas, no solo la ficción posee ese poder. También los casos reales de crímenes complejos no resueltos despiertan la atención del ciudadano común. Los medios masivos de comunicación, que no ignoran el poder hechizante del hecho enigmático y escandaloso, le dan una gran cobertura. La de Policiales es, tal vez, la más leída del diario. Ahora bien, que las cosas sucedan de tal manera (es decir, que los periodistas se ocupen de los casos en una suerte de juicio paralelo) no implica, necesariamente, una garantía para que se haga justicia. A menudo sucede lo contrario y por diferentes razones. Una de ellas, sin duda, es que mientras más escandalosa la noticia sea vende mejor. No tiene, por ejemplo, el mismo valor periodístico el asesinato de una joven catarmaqueña por su novio, que si tal crimen fuera perpetrado por “los hijos del poder” de Catamarca. Claro que, para poner las cosas en su lugar, están los jueces; aunque estos tampoco son de fierro ante la presión de la opinión pública y la publicada. Un sonado caso, en el que distintos factores han “embarrado la cancha” de la Justicia, es el caso sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Esta señora fue hallada muerta en su casa el 27 de octubre de 2002. Al principio se pensó que se había tratado de un accidente; luego, en la autopsia (dos meses después), se descubrió que había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza. El fiscal Molina Pico acusó al marido, Carlos Carrascosa, por el encubrimiento y/o homicidio de su esposa. También, por encubrimiento, a cinco personas más. Llegado a este punto, conviene aclarar que no soy experto en derecho alguno. Ahora bien, sí tengo formación en Filosofía de la Ciencia y disciplinas afines y es por ello que, habiéndome informado sobre el caso a través de las dos sentencias que emanaron de dos tribunales distintos, encuentro una suerte de aberración inicial que, a mi criterio, debió haber sido motivo suficiente para rechazar la acusación del fiscal Molina Pico. La hipótesis sobre lo sucedido a MMGB, por más original, imaginativa o inteligente que parezca, debe ser corroborada con pruebas o evidencias empíricas. El fiscal no ha presentado siquiera una sola prueba que abone la hipótesis del encubrimiento. Para ello debería demostrar que Carrascosa, Bártoli, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce, John Hurtig, la masajista Michelini, el médico Gauvry Gordon y todos los que asistieron o revisaron a MMGB no pudieron no darse cuenta de que había sido asesinada y además que, con el fin de encubrir el crimen, se complotaron para que pareciera un accidente. Pues bien, tal suposición fue categóricamente refutada por el informe de la autopsia que hicieron los médicos forenses. El siguiente es un párrafo crucial de dicho informe: “La persona común, no médico, pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones eran producto de disparos de arma de fuego y en cuanto a un médico no especializado en prácticas forenses, también pudo no haberse dado cuenta”. Téngase en cuenta que el fiscal no objetó ninguna de las afirmaciones de los forenses. De allí que, refutado el soporte principal de la hipótesis acusadora y (aceptado, de hecho, por el fiscal), el complot de Carrascosa con sus familiares, con extraños a los que ve por vez primera (Gauvry Gordon, por ejemplo) y con la masajista Michelini, es nulo o no tiene peso incriminatorio. Tampoco existe en la causa declaración, prueba o indicio alguno (descubierta por el fiscal) que indique tal complot. La cuestión del “pituto” y otras por el estilo, al ser aportadas espontáneamente por los procesados, sugieren más bien la inexistencia de tal complot. Además, a ninguno de los “complotados” los pudo situar en la escena del crimen. Tampoco pudo encontrar un móvil. En suma, el fiscal Molina Pico no tiene nada. Sin embargo, Carrascosa ha sido condenado a cadena perpetua y ahora van por los otros. En manos de quiénes estamos! Es para espantarse! Como, nobleza obliga, hay que reconocer que los fundamentos del juez Luis María Rizzi para votar por la absolución de Carrascosa están expuestos de manera brillante y con impecable lógica. Mas, “una golondrina no hace verano”.
10 de septiembre de 2011
Jueces… se necesitan
Por Mauricio Ortín
La calidad de la Justicia en un país, más que con la voluntad de impartirla de sus jueces, tiene que ver con la dosis de injusticia que están dispuestos a soportar sus habitantes. El sistema nunca es perfecto, por ello, uno debe resignarse a lo que se estima como una razonable administración de justicia para un momento y lugar determinado.
Las personas, es un hecho, tienen disímiles posibilidades de obtener justicia; ya sea, cuando acuden a solicitarla o cuando son llamados a rendir cuentas. El tener dinero, fama, influencias o poder es (no siempre) una ventaja; pero, el pertenecer a un país civilizado en el que rige, plenamente, el estado de derecho es, sin duda, la mejor garantía. Mas, no se debe confundir (como es habitual) estado de derecho, con gobierno elegido por el voto popular. No siempre suelen darse juntos. Menos aún, como es obvio, separados.
En la Argentina tenemos un gobierno elegido por el voto popular y jueces designados con arreglo a los dictados de las constituciones nacionales y provinciales.
Ahora bien ¿Tenemos calidad de justicia a la altura de estos tiempos? Poseemos quizás, la que nos merecemos o la que se nos parece; pero, seguramente, no la que debiéramos, si consideramos el gasto que el conjunto de la población hace para mantenerla.
El costo de una justicia del Primer Mundo con el servicio de una del Tercer Mundo. Esta afirmación, que puede parecer exagerada, para mí también lo era hasta que conocí la “africana” sentencia por encubrimiento en el caso por el homicidio de María Marta García Belsunce. Se trata, en mi opinión, del mejor diagnóstico del calamitoso estado en que se encuentra la justicia argentina. Digo esto porque, luego de haber leído y releído sus cuatrocientas y pico de páginas, todavía no entra en mi cabeza como, mamarracho semejante, no haya despertado la indignación y la repulsa espontánea en los argentinos.
Sucede que. aún cuando no es su obligación, los sentenciados (ahora detenidos) han demostrado con creces su inocencia; y, por el contrario, el alegato de la fiscalía y la monstruosa sentencia no han conseguido presentar una sola prueba que demuestre la culpabilidad. Para muestra, un botón.
La sentencia hace suya la absurda y principal teoría de la fiscalía que afirma (en contradicción con las declaraciones de Ortiz, Carrascosa, y otros dos guardias del country) que, el vigilador Ortiz, se encontró con Carlos Carrascosa alrededor de las 19.20 hs. (Carrascosa y Ortiz sostienen que fue, a más tardar, a las 19.00).
Pero resulta que la sentencia, también, da por hecho, que desde su casa Carrascosa hizo un llamado telefónico a las 19.07.58 a OSDE, con el objeto de solicitar asistencia médica (llamado, registrado por la empresa telefónica y cuya conversación fue grabada por la obra social).
Hay que agregar además el llamado del Dr. Zancolli a las-19:16 horas- y dos llamados de OSDE a la casa de Carlos Carrascosa de las 19:13:49 a las 19:15:11 horas (todos atendidos según los registros telefónicos y los testimonios de los que se comunicaron).
De lo que se deduce, necesariamente, que Carlos Carrascosa, Irene Hurtig y Guillermo Bártoli primero, descubrieron su presencia en la casa a través de los llamados telefónicos (a partir del llamado a Osde 19.07.58 hs.) y, luego, de manera incomprensible, abandonaron la escena del crimen (porque según Ortiz en la casa no había ni vehículos ni gente antes que llegara Carrascosa) para luego aparecer Carlos Carrascosa como recién llegando a su casa las 19.20.
Es estúpido pensar que Carrascosa, llegando a esa hora y aparentando que no sabía que su esposa estaba muerta, buscaba instalar una coartada que lo desincrimine ¡Acaso no había llamado a OSDE a las 19.07.58! La versión de los jueces es un insulto a la inteligencia, pues esta dicotomía, planteada en un mismo escrito, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico más elemental. Y ésta es sólo una, de las múltiples inconsistencias en las que se incurre.
Sin embargo, ello no ha sido óbice para que un batracio de porte semejante sea tragado, en seco, por los argentinos
¿Dónde están, sino, las decenas de miles de estudiantes y docentes de abogacía, de comunicaciones sociales, de filosofía, etc.?
¿Dónde están los profesionales del derecho con sus colegios, sus congresos y sus bibliotecas?
¿Acaso, no advierten como magistrados y periodistas meten presos a inocentes de la manera más desfachatada y burda?
¿No sienten, siquiera, un poquito de náuseas? No hay nada que repugne más a la conciencia que un inocente preso; tanto que debiera tener el status de delito de Lesa Humanidad.
Por otro lado, la desaprensión y la impiedad con que la prensa tira a los perros a esa familia, es tenebrosa. No es noticia, ni tiene rating, el que la sentencia sea un mamarracho. Salvo excepciones (Pablo Duggan y Raúl Kollman y, seguramente, algún otro que no conozco) los periodistas y los medios no han perseguido esclarecer la muerte de María Marta García Belsunce, sino, más bien, el impacto mediático que los distinga y los proyecte.
Faltan jueces en la Argentina; pero, más todavía, ciudadanos justos.
¿De qué lado están los organismos de derechos humanos de la provincia? 120 terroristas de la banda ERP (entre ellos, Hugo Irurzun, jefe de los que masacraron a la niña María Cristina Viola y a su padre) abrieron fuego sorpresivamente contra doce soldados salteños que pintaban la escuela de Manchalá. El objetivo no eran ellos sino tomar el pueblo de Famaillá pero, por si las moscas y ya que estaban, decidieron liquidar a los conscriptos. Pero la vaca se les volvió toro y sufrieron la peor derrota del ERP en Tucumán. Los salteños defendieron el orden constitucional pero primero por la propia vida.
En el año 2012 el Concejo Deliberante agravió a los soldados con la artera argucia de que el combate de Manchalá fue un acto represor genocida del Operativo Independencia. Eso, entre otros disparates, es lo que aprobaron los concejales que votaron la infame Resolución 37/12. La derogación de ésta última vino, más que a desagraviar a los soldados, a devolver algo de dignidad a un cuerpo legislativo manchado por la traición gratuita a sus héroes. La nueva resolución afirma que los soldados defendieron la democracia y que no son genocidas. No dice absolutamente nada a favor del gobierno militar. Es más, lo condena inequívocamente.
Lo que parecía un final feliz para todos se desquició con la irrupción desenfrenada de activistas de las organizaciones de derechos humanos locales que salieron a linchar mediáticamente a los concejales desagraviadores. Buena parte de la prensa hizo también lo suyo o guardó un manso silencio. Vamos a cuatro “perlas” del collar. La de la abogada Tania Kiriaco, por ejemplo, quién disparó que “La derogación de la ordenanza propone solapadamente instaurar la teoría de los dos demonios y no reconocer las normas que imponen al Estado argentino investigar el terrorismo e informar sobre los desaparecidos y la sustracción de bebés antes y durante la dictadura”. El partido Frente Grande, sostuvo “Esta resolución merece el repudio enérgico del Frente Grande al autor del proyecto y a los concejales firmantes por tener una ideología contraria a un Estado democrático”; La abogada Susana Aramayo, opinó: “Los firmantes de la ordenanza no se dan cuenta de que los conscriptos salteños son también víctimas del terrorismo de Estado”; El partido Memoria y Movilización Social, a su vez, dijo “La reciente resolución resulta un acto ignominioso…”
¿Qué fuerza poderosa es la que hace que las organizaciones de derechos humanos inciten al odio contra doce soldados conscriptos? ¿Qué disparate es ese de vincularlos con “los desaparecidos o la sustracción de bebés” o el golpe de Estado? ¿Qué tiene de ignominioso desagraviar a los que lo merecen? Y, de que son víctimas, no hay ninguna duda. Pero no del terrorismo de Estado sino de las organizaciones de derechos humanos.
¿No les alcanzó con destruirles el monumento? ¿Acaso piensan que lo correcto hubiese sido que se dejaran matar? ¿Quieren que los soldados carguen con el mote de “genocidas” por el resto de sus vidas? Así que mamarracho perverso de estigmatizarlos es ¡defender los derechos humanos! Si les interesara la verdad y la justicia de la que tanto hablan, tendrían que haber comenzado por preguntarles a los protagonistas. La mayoría vivos. Y no lo hacen porque cuando ellos hablan toda la farsa inventada se cae como castillo de naipes. Pero la verdad, aunque tarde, llega. La palabra de esos valientes está en la red para que cada uno juzgue por sí mismo (https://www.youtube.com/watch?v=oQYuPFtg_0E).
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
Mauricio Ortín y otra posición al respecto de la nota del diario La Nación, firmada por Daniel Gutman.
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Separar la paja del trigo
Por Daniel Gutman
Un reducido pelotón del Ejército Argentino marchaba en la tarde del 14 de febrero de 1975 por un paraje del monte tucumano cuando se encontró con un grupo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y entró en combate. Uno de los militares, el teniente Rodolfo Richter, cayó herido. Enseguida, el capitán Héctor Cáceres se tiró encima de él, lo cubrió con su propio cuerpo y le susurró: “Quedate tranquilo que ya te saco”. Pero no pudo hacerlo, porque otro tiro le acertó a él en el corazón y lo mató en el acto. Esto me lo contó hace varios años el hoy teniente coronel Richter, quien por las heridas de ese día -en el que también fueron muertos dos guerrilleros- quedó condenado de por vida a una silla de ruedas.
Entonces, apenas se iniciaba el Operativo Independencia, cuya naturaleza quedaría clara rápidamente. Gracias a un decreto de la presidenta Isabel Perón, que ordenaba “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”, el Ejército Argentino militarizó la provincia y se lanzó a la persecución de militantes políticos no armados, sindicalistas o estudiantes que no tenían vínculos con los campamentos guerrilleros instalados en las laderas del Aconquija. El primer jefe del Operativo, el general Acdel Vilas, estaba convencido de que era absurdo combatir militarmente al ERP si no se lo atacaba antes en “sus verdaderas causas”. Así, llegó a Tucumán decidido a arrasar con los derechos humanos y a dar la pelea no en el monte, sino en facultades, gremios, partidos políticos, colegios e iglesias.
Para hacer el trabajo instaló en la provincia los primeros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que conoció la Argentina. Durante esos primeros meses, se desentendió del grupo guerrillero rural que, con poco más que un desmesurado voluntarismo, soñaba con hacer la revolución. De hecho, el combate en el que murieron Cáceres y los guerrilleros Héctor Toledo y Víctor Lasser se debió a un encuentro puramente accidental entre los dos bandos. El objetivo de las fuerzas estatales era librar “una guerra sucia, de desgaste, una guerra tenebrosa y solapada, sin límites de tiempo, que se gana con decisión y cálculo”, según Vilas escribiría años más tarde. Ya se sabe cómo terminó ese experimento realizado durante el gobierno peronista: luego del golpe militar, el modelo criminal probado en Tucumán se extendió a todo el país y sirvió para aniquilar a miles de personas que no tenían nada que ver con la lucha armada.
Sin embargo, el capitán Cáceres no tuvo ninguna participación en el terrorismo de Estado. Nadie le ha adjudicado torturas o asesinatos. Simplemente, cumplió una orden legítima de salir al combate, arriesgó su cuerpo por un compañero y lo pagó con su vida, a los 29 años. La propaganda oficial de entonces lo exaltó como el primer muerto en combate del Ejército Argentino desde la Guerra del Paraguay. Esta exagerada calificación respondía a los intereses del gobierno peronista y de las Fuerzas Armadas, que querían magnificar la amenaza guerrillera y con la muerte de Cáceres conseguían un símbolo de carne y hueso. A él, hace pocos días, sus compañeros de promoción en el Colegio Militar, al cumplirse 50 años de su egreso, intentaron homenajearlo con una placa recordatoria, que algunos tomaron como una provocación.
¿Por qué hay quienes suponen que no se puede homenajear a un militar que murió durante un combate entablado por orden del gobierno constitucional? ¿Entienden que una reivindicación de Cáceres implica convalidar los crímenes de la dictadura? ¿Tan difícil es separar la paja del trigo? ¿O es que sus familiares no merecen respeto y consuelo, como cualquiera que haya pasado por un trauma similar? ¿Acaso hay algo que iguale a Cáceres con Videla, Massera u otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad?
Rodolfo Richter, aquel oficial al que Cáceres le salvó la vida, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, con una investigación acerca de las condiciones en las que el ERP lanzó la lucha revolucionaria. Defendió su tesis el año pasado, ante un público de militares y también de ex guerrilleros, con los que no tiene rencores sino respeto mutuo. Como Cáceres, Richter peleó con armas legítimas contra el ERP, por orden de un gobierno democrático, y nunca fue acusado de haber participado en la represión ilegal. Cuando lo entrevisté, resumió en una frase la soledad de sentirse víctima de la manipulación de la historia. “Un día de éstos -me dijo- alguien me va a decir: «Vos no estás en silla de ruedas porque te hirieron en un combate contra la guerrilla. Eso lo soñaste. Vos estás en silla de ruedas porque te caíste en la bañadera»”.
Miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio
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Gutman confunde la paja con el trigo
Por Mauricio Ortín
En relación al artículo de Daniel Gutman (http://www.lanacion.com.ar/1956590-separar-la-paja-del-trigo) digo, lo siguiente: Es falso que Cáceres fue exaltado como “el primer muerto en combate del Ejército Argentino desde la Guerra del Paraguay” y que el gobierno peronista y las FF.AA “querían magnificar la amenaza guerrillera”. El ERP y Montoneros habían declarado la guerra al gobierno constitucional. Por esa época Firmenich y compañía movilizaba a decena de miles de personas. El ERP asaltaba cuarteles, fabricaba armas, secuestraba, extorsionaba y estaba organizado en casi todo el país. Con el diario del lunes la cosa parece muy fácil. Antes de Cáceres asesinaron a muchos militares, policías, guardiacárceles, sindicalistas, políticos, empresarios y hasta niños. Los guerrilleros fueron cualquier cosa menos víctimas. Es falso que “luego del golpe militar, el modelo criminal probado en Tucumán se extendió a todo el país y sirvió para aniquilar a miles de personas que no tenían nada que ver con la lucha armada.” Baschetti, ex montonero y principal historiador de la banda, hizo un registro riguroso de los caídos de propia tropa que anda en los cuatro mil. Los otros dos mil son del ERP. Inocentes no llegan a cincuenta. Número bajísimo para una guerra con 8000 muertos. Fue el peronismo el principal responsable de ensangrentar el país. En su seno comenzaron los crímenes de Montoneros y la Triple A; ambos, en su momento, alentados por Perón. El ERP trabajaba por cuenta propia. Que Gutman les endose la culpa a los militares es una guachada más de los políticamente correctos. Es muy civilizado pedirle a los policías y militares que pongan la otra mejilla a los que los asesinaban con bombas y por la espalda. “Animémonos y vayan”. Asisto a los juicios de lesa humanidad. Es lo peor que sucede en la Argentina. A la vista de todos se mete preso sin pruebas, con testimonios como los de Vertbisky, Perdía y otros a viejos de 90 años. Actualmente, en Tucumán, los asesinos degenerados del Capitán Viola, Núñez, Carrizo, Emperador, etc, se presentan como querellantes y testigos-víctimas contra los policías que los metieron en cana por tan alevoso crimen. El impresentable de Mattini (Arnol Kremer), jefe del ERP, declaró en el juicio de La Perla, en Córdoba, que la guerrilla en Tucumán no fue tal; más bien se trató de una salida de pícnic, una excursión al monte. Ahora bien, en todos los libros que escribió y en los reportajes se presenta como un soldado que no tiene nada que envidiar al Che. En todas las revistas del ERP (Estrella Roja y El Combatiente) por lo menos una vez por página se sostiene que están en guerra civil y que tomarán el poder. Todos los asesinatos son ahí reivindicados. Dice Gutman que el ERP: “con poco más que un desmesurado voluntarismo, soñaba con hacer la revolución.” Lo que no dice es que, además de soñar, se dedicaban full time a asesinar.
En Francia los progre argentinos son “Je suis Charlie Hebdo”, aquí, en cambio, son “je suis Santucho”. El gobierno de Hollande destino 80000 policías para atrapar a dos subversivos. Los mató porque ellos no toman prisioneros a los terroristas y porque Hollande dijo “Francia está en guerra”.
Los Montoneros y el ERP fueron contemporáneos a la banda terrorista palestina Septiembre Negro (los Montoneros socios); cuando ésta asesinó a once atletas judíos en la masacre de Munich gatilló los mecanismos de defensa de Israel. Las fuerzas represoras israelíes los persiguieron por todo el mundo y los asesinaron allí donde los encontraron. En Noruega, mataron por error a un inocente. La pregunta para Gutman, es: ¿Quiénes son los criminales? ¿Los terroristas palestinos o los militares judíos? No vi que Israel honre con monumentos a los asesinos de israelíes, ni tampoco los indemnice con sumas millonarias.
Estoy convencido de que si el capitán Héctor Cáceres estuviera vivo estaría pudriéndose en una cárcel con los miles de los que pelearon contra la subversión. Por orden de Isabel o de Videla ¡qué importa! ¿Acaso un cabo, un agente, un subteniente o un mayor podía darse el lujo de desobedecer?
La persecución que la prensa y la política lleva adelante contra los acusados de lesa humanidad es, de lejos, lo más infame que sucede en la Argentina. Después de asesinar a un inocente, no debe haber crimen más grave que privar de la libertad o a quién no ha hecho nada para merecerlo. Con democracia y todo esta es la Argentina más decadente y cobarde de la que tenga memoria.
El grado de decadencia de una sociedad debería valorarse por la cantidad y la calidad de falsedades que sea capaz de tolerar. En los últimos días, por fin y porque no tenía otro remedio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación blanqueó el número de desaparecidos y muertos en la guerra contra la subversión. La cifra, calculada desde la asunción de Cámpora hasta la de Alfonsín, asciende a 7010. Muy lejos de los 30.000 que Pérez Esquivel, Carlotto, Bonafini y casi toda la clase política argentina anuncian dogmáticamente como número axiomático. Hace tan solo menos de un año que Darío Lopérfido, Secretario de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, debió renunciar a su cargo presionado por sostener que no eran 30.000. Al respecto, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sic) de la Nación, Claudio Avruj, expresó su desacuerdo con Lopérfido: aludió a que se trataba de una cifra emblemática y simbólica. En tanto, Malher, el funcionario que reemplazó a Lopérfido, sostuvo que el número de 30.000 había sido adoptado por el pueblo y, por tanto, lo respetaba. No hubo ni un solo político del partido radical o del de Macri que saliera a respaldarlo. Una de dos, o la verdad en la Argentina no es políticamente correcta o no se tiene lo que hay que tener para, siquiera, murmurarla. Porque hay que ser un pusilánime de quinta para soportar impávido que la señora de Carlotto acuse al gobierno de “quererla mostrar como mentirosa ante la sociedad” justamente por mentir de manera escandalosa. ¿Qué es lo que les impide decir que Carlotto MIENTE y Bonafini es una LADRONA? Un tal Daniel Lipovetzky, diputado macrista, se arrugó frente a Rossi y el periodista Silvestre cuando estos le refregaron la “infamia” de no mantener el símbolo emblemático (de la mentira) de los 30.000. Lipovetzky, con cara de “yo no fui”, hizo la defensa del blanqueo mientras, al mismo tiempo, defendía la bandera de los 30.000. Al final, chorizo. Prefiero la actitud cínica y perversa de los que mantienen su mentira a la pusilánime que ni lo uno ni lo otro.
A esta hora de la soirée (cuarenta años han pasado), la defensa sobreactuada de la mentira de los 30.000 huele a podrido. Sobre todo porque Carlotto, Bonafini, Vertbisky, con el apoyo incondicional de los Kirchner durante doce años, no pudieron estirar la cantidad ni a diez mil. De las treinta mil placas del Parque de la Memoria sólo pudieron llenar un tercio. Luego, no es pecar de precipitado el presumir que se quiere tapar un chanchullo mayúsculo. Miles de millones de dólares se destinaron para indemnizar a familiares de desaparecidos ¿Por qué habría de pasar inadvertido a los Kchorros semejante boccato di cardinali?
Ante la evidencia, arguyen que un desaparecido o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que ser discapacitado moral para entenderlo así. Inmoral también es atribuir muertes que no fueron tales a quienes no las cometieron. Pero es que, si fueron tantas, entonces los culpables serán tantos también. La ecuación es: a más muertos, mas “genocidas” a perseguir.
Con la mentira de los 30.000 se infecta el alma de los niños argentinos en las escuelas; las dirigidas por la iglesia católica, incluidas. Se le atribuye a Hitler la frase: “Mientras más grande es la mentira más gente la cree”. No comparto. Más acertado sería: “Mientras más grande es la mentira más gente teme contrariarla”. Y, de estos últimos, en la Argentina, hay cantidad como para hacer dulce.
La izquierda y el terror
Desde que en la Revolución Francesa, Robespierre, el ejecutor del terror revolucionario (guillotina mediante) pronunciara su célebre sentencia, “el terror, sin virtud, es desastroso; la virtud, sin terror, es impotente”, la izquierda, según quiénes sean los que lo practican, ha distinguido dos tipos de terrorismo. Cuando se trata del propio, éste adquiere mágicamente las características de inevitable, revolucionario y hasta higiénico. Por el contrario, cuando se trata del ajeno, es inhumano, genocida, fascista y de derecha. Es que ser de izquierda, para el marxista-leninista, es ser una persona virtuosa al que todo le está permitido en función de que, como Mesías, viene a instalar el nuevo hombre y el nuevo mundo. Ser de derecha, en cambio (los que no pertenecen a la izquierda), es oponerse al progreso y destino de la historia. De allí que, para la izquierda, el terrorismo y todo lo que provenga de la derecha no tiene justificación alguna.
Lenin, el político comunista más importante de la historia, fue también uno de los más grandes maestros del terror “virtuoso”. En la guerra civil rusa, entre otros muchos de parecido tenor, emitió un bando terrorista en el que autorizaba la requisa de armas a las familias campesinas. La pena por encontrar alguna, que no hubiera sido denunciada oportunamente, era el ahorcamiento del hijo mayor. Era un puro, un incorruptible, un sacerdote de la revolución convencido de que estaba haciendo lo mejor. Su sucesor, Stalin, también hizo lo que estuvo a su alcance para el “progreso” de la humanidad (asesinó a unos veinte millones de civiles).
El marxismo-leninismo es una teoría política que afirma la necesidad de tomar el poder con el objetivo principal de eliminar una clase social, la burguesa. Así, hacer la revolución es perpetrar un genocidio por el “bien” de la humanidad. El hecho de que la promesa de semejante crimen sea manifiesto y hasta mostrado como deseable, dice mucho de la impunidad con la que se creen investidos los “ terroristas virtuosos”. Este y no otro es el “justificativo” ideológico-moral que permite a la gente izquierda no sufrir conciencia de culpa por los cientos de millones de atroces crímenes perpetrados, por las dictaduras comunistas.
Si matar en nombre de la revolución no produce arrepentimiento ni remordimientos, ¿por qué habría de hacerlo, mentir? Me refiero a algunos encumbrados izquierdistas que, en los ’70, repitieron hasta el hartazgo de que “fue una guerra” y hoy lo niegan. Será que mienten y no se les cae la cara de verguenza de puro “virtuosos” que son.
Hay quienes sostienen que “no fue una guerra” porque les parece atroz que desde el Estado se secuestraba “en horas de la madrugada, por bandas anónimas, a ciudadanos indefensos” o porque no “es una acción de guerra torturar y matar cuando no se puede oponer resistencia”. Esto – que sin duda sucedió durante el gobierno peronista y la dictadura militar y fue perpetrado, también, por el ERP y Montoneros- no es lo ajeno, sino lo propio de la guerra. Tampoco es lo más horrendo. Hay cosas peores. Mucho más cruel es tirar una bomba atómica sobre una ciudad y matar a cientos de miles de seres humanos o exterminar a seis millones de personas cuyo único “delito” fue el de existir. Luego, siguiendo aquel razonamiento negacionista debiéramos concluir que la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra.
Aquel razonamiento sostiene que con una sociedad civil cómplice la dictadura quemó libros y desapareció personas. Es decir, que todos los argentinos somos culpables de la represión. De los que empezaron con el terror no se dice nada en contra. Al parecer, nunca se les pasó por la cabeza que si no hubiera habido subversión, tampoco hubiera existido la represión.
Lo más curioso es que los inquisidores de izquierda “buchonean” para los jueces para que condenen, por “apología del delito”, a aquellos que opinen “que fue una guerra”.
Con ellos, Mussolini, el patriarca de los escraches, estaría en su salsa.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 25, 2017
¡Ni que hubieran hecho un casting de despiadados, che!
Por Mauricio Ortín.
Uno más bravo que otro y cortados por la misma tijera. Nadie con tanto poder como los “tutores” de los derechos humanos para hacer de la vida un infierno. La presunta acusación de la comisión de crimen de lesa humanidad formulada por un fiscal transforma al desgraciado en un argentino de cuarta. Un maldito a expensas de linchamiento judicial y mediático al que se puede condenar con el simple testimonio del guerrillero que hace cuarenta años intentó matarlo. Los juicios parten de la premisa de que todo aquel que participó de la lucha contra la subversión marxista en los años ’70, cometió prima facie un delito de lesa humanidad. No es la forma en que se reprimió lo que se condena sino el hecho de haberlos reprimido. De allí que, para los fiscales y jueces cualquier acto de represión contra un combatiente del ERP o Montoneros, por nimio, brutal o justificado debe considerarse dentro del “plan sistemático de exterminio de la población civil”. Por lo contrario, el expreso “plan sistemático de exterminio de las fuerzas armadas y de la burguesía” ejecutado en parte por aquellos a quienes los jueces llaman “población civil”, no merece la atención de los “derechos humanos” ni de los Lorenzetti, Zaffaroni, Avruj, Garavano, Macri, Bergoglio o Lanata.
Hay que ver a los cazadores de brujas cuando querellan desde el Ministerio Público fiscal y desde la Secretaría de DD.HH. para tener una idea cabal de la sangre fría y determinación con que acosan a sus presas (Ah… si el viejo Roland Freisler estuviera para verlos). Inconmovibles e implacables llevan adelante, en nombre de los derechos humanos, una persecución feroz para impedir la “impunidad” biológica; la de esos ancianos que muriéndose antes del juicio pretenden privar a la sociedad del “humano” espectáculo de verlos pudrirse en una mazmorra. Pero los argentinos pueden dormir tranquilos; ahí están los titanes al pie del cañón exigiendo la prisión efectiva en cárcel o negando la domiciliaria a los temibles octogenarios. ¡Y minga de 2 x 1! A ver si se entiende: ¡Los derechos humanos no son para cualquiera! El rechazo unánime (con la excepción del marciano Olmedo) expedito y fulminante del congreso nacional al fallo “disparate” de la Corte así lo indica. Vaya uno a saber en qué estarían pensando los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti para cometer la herejía de fallar contra la “política de Estado de derechos humanos” consensuada por los tres poderes ¿No saben, acaso, que gracias a ese calculado odio inyectado se han montado a lo largo y ancho del país, burocracias de DD.HH. que dan trabajo a miles de argentinos? El odio puede tener su lado bueno ¡Por qué no!
Respecto del origen y diseño de la política de derechos humanos lo aconsejable es ir a las fuentes mismas: Roberto Cirilo Perdía, segundo comandante de Montoneros, en “Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona”; p. 646/47, (obra maestra del cinismo), dice: “De todas maneras mi principal actividad en esos años estuvo concentrada en la cuestión de los Derechos Humanos (…) Más adelante lo haría como asesor de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos (…) En el marco de estas políticas, en el año 95, se crearon las condiciones para la reapertura de los juicios con motivo de los crímenes cometidos durante la dictadura”. Todo bien pero no me cierra el que un violador serial de los derechos humanos como Roberto Perdía se constituya nada menos que en un mentor de la “política de Estado” en derechos humanos. Y no sólo él, también otros. Por ejemplo, los ex terroristas Horacio Vertbisky, Rodolfo Matarollo y Luis Duhalde, por citar algunos entre tantos. El primero presidente del CELS, la principal ONG de derechos humanos del país, y los otros dos subsecretario y secretario de DD.HH. de la nación, respectivamente.
Pero no sólo la calidad de quienes fueron los padres de la criatura, hace ruido, también el que en nombre de los derechos humanos se violen esos derechos a personas de carne y hueso. Un hecho del pasado puede que ayude a resolver esta aparente contradicción: Isaac Nachman Steinberg quien desde diciembre de 1917 a marzo de 1918 ejerció el cargo de comisario del pueblo de Justicia en el gobierno soviético liderado por Vladímir Lenin, cuenta que en medio de un conflicto que tuvo con la Cheka (la policía del régimen montada para asesinar opositores) se suscitó el siguiente diálogo: “¿Para qué sirve un Comisariado del Pueblo para la Justicia? –preguntó Steinberg a Lenin–. ¡Que lo llamen Comisariado del Pueblo para el Exterminio Social y se entenderá la razón!”. “Excelente idea –respondió Lenin–. Es exactamente como yo lo veo. ¡Desgraciadamente, no se le puede llamar así!”
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 23, 2017
OPERATIVO INDEPENDENCIA Y “JUSTICIA” MARXISTA
Por Mauricio Ortín.
El (supuesto) fundamento según el cual fiscales y jueces federales, respectivamente, acusan, juzgan y condenan a aquellos a quienes se les endilga la comisión de crímenes de lesa humanidad sostiene que, en la Argentina, durante los años 70, el Estado ideó y ejecutó un “plan sistemático de exterminio de la población civil” (un genocidio y no una guerra). Según se desprende de las múltiples elevaciones a juicio y/ o sentencias en las causas de lesa humanidad, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habría desatado una represión “genocida” con el inconfesable objeto de eliminar el menor atisbo de resistencia a la política económica “entreguista, capitalista y antiobrera” a cargo del entonces ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz. Ese y ningún otro habría sido el móvil de la represión en los años ’70. Es de destacar que dicho móvil haya sido idéntico al que esgrimieron las bandas armadas marxistas para justificar los miles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la vida y la propiedad de argentinos y extranjeros. “Feliz” coincidencia entre jueces y guerrilleros que hace de un axioma del marxismo-leninismo un puntal de la jurisprudencia argentina (es decir, que en el modo de producción capitalista las FFAA son el brazo armado del empresariado). De allí que todo aquel que durante el gobierno militar y por el solo hecho de haber vestido uniforme o administrado una empresa capitalista resulte asociado forzosamente al club de los criminales de lesa humanidad bajo sospecha. Pero el marxismo no sólo señala quiénes son los victimarios sino, también, quiénes las víctimas (los terroristas) ¡Otra “feliz” coincidencia!
Ahora bien, desde una perspectiva políticamente “incorrecta”, “retrógrada” y “fascista”, cabe esta pregunta: ¿A qué se refieren los jueces cuando aluden al “exterminio de la población civil” ? Porque, salvo que provengan del planeta Marte, deben saber que tanto los integrantes del ERP como de Montoneros se reivindicaban como combatientes de una guerra revolucionaria. Que ostentaban grado militar, portaban armas a la vista y controlaban territorio. Que en sus publicaciones expresaban sus intenciones de exterminar a las FFAA, tomar el poder del Estado y eliminar a los empresarios. Y que (como previniendo que en el futuro ningún juez esgrimiera el disparate de que los persiguieron por ser opositores a una política) secuestraron, extorsionaron y asesinaron a militares, jueces, empresarios y sindicalistas.
El juicio al Operativo Independencia
Es en Tucumán donde el argumento “estrella” del “plan de exterminio de la población civil” exhibe en toda su desnudez su naturaleza de mamarracho jurídico. Ello así porque el “Operativo (Operación) Independencia” fue ordenado por el gobierno peronista de Isabel Perón mediante el Decreto Nº 261/75 del 5 de Febrero de 1975, más de un año antes del 24 de marzo de 1976. Como es obvio, Martínez de Hoz no había asumido y, por lo tanto, atribuir la represión en Tucumán al modelo económico del gobierno militar que todavía no existía es absurdo, torpe, inverosímil, retorcido e, indiscutiblemente, falso. Mas no así para el juez Daniel Bejas, instructor de la causa, quien sustenta la insólita teoría de que los jefes militares habrían engañado a la presidente María Martínez de Perón y su gabinete convenciéndolos de firmar un decreto (de aniquilamiento) cuya verdadera intención oculta era llevar adelante un “ensayo de laboratorio o prueba piloto de exterminio” para la represión que ocurriría después del golpe de Estado. Así de fácil los astutos militares engañaron a los peronistas ¡Es que son tan cándidos! Y es esa acreditada candidez la que conduce a Bejas a deslindar al gobierno peronista de responsabilidad alguna en el Operativo Independencia. (Que Bejas, antes de acceder a la magistratura se haya desempeñado como apoderado legal del PJ tucumano, fue pura casualidad.)
Ahora bien, el sentido común políticamente incorrecto (que no es el de los jueces) piensa otra cosa. Sostiene que el Operativo Independencia, ante el ataque sedicioso de bandas terroristas, fue la respuesta lícita, legítima, racional, estándar, constitucional, pertinente, soberana, propia, procedente, idónea y obligada del gobierno constitucional. Este último, demás está decir, tenía el mandato ineludible e indelegable de defender el territorio nacional, el Estado de Derecho y los bienes, la vida y la libertad de los tucumanos ¿Se debía o no se debía reprimir a los subversivos que asesinaron al capitán Viola y a su hija María Cristina? La pregunta es pertinente dado que el Tribunal Oral, los fiscales y el juez instructor, más que por la forma, interpretan que el delito de lesa humanidad se comete por el simple hecho de reprimir a un terrorista.
Por cierto, los militares (coronel) Jorge Oscar Grassi, (teniente primero) Luis Roberto Brzic, (capitán) Miguel Ángel Paiva, (mayor bioquímico) Jaime Gimeno, (teniente primero) Juan Carlos Gamban, (teniente primero) Ciro Ahumada, (teniente coronel médico) José Francisco Gardón, (mayor) Néstor Horacio López, (teniente primero) Roberto Eduardo Carbajo y (capitán) Humberto Viola fueron condenados a muerte y asesinados por el ERP por la mera circunstancia de pertenecer a las FFAA (todos durante el gobierno constitucional). El comunicado resaltaba que el ERP procedería a la “ejecución de oficiales indiscriminada…” Unos victimarios, otros víctimas. (¿Alguien vio un juez por ahí?)
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 18, 2017
Discapacidad moral y fallo del 2 x 1
Por Mauricio Ortín.
En el año 2015, diez ex-agentes penitenciarios de la cárcel de La Plata fueron condenados a cumplir 14 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad” que habrían cometido el 7 de octubre de 1976 en ocasión de custodiar a 90 presos que fueron trasladados desde el aeropuerto de Jujuy al de La Plata. El Tribunal consideró, y así falló, que los acusados cometieron crimen de lesa humanidad durante las tres horas que duró el viaje en avión.
El 2 de julio de 1976 un artefacto explosivo estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal de la ciudad Buenos Aires. Mientras almorzaban, 23 personas murieron y otras 60 resultaron heridas. La organización Montoneros se atribuyó el hecho mediante un parte de guerra. Dado que para los jueces este tipo de crímenes no es de lesa humanidad se dio por prescripta la causa y se sobreseyó a los acusados.
Es que “No se puede pretender que se aplique la misma normativa para delitos comunes que para aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad. Estos últimos, son atroces y aberrantes”, argumentan quienes avalan los fallos citados y la negación del 2 x 1, entre otros, a los diez ex-agentes penitenciarios de La Plata.
Al respecto, confieso mi desazón por el conflicto interno que en mí se desata. Ello porque, aún con todo el empeño que me propongo, me resulta muy difícil concebir que custodiar presos durante tres horas sea infinitamente más atroz y aberrante que asesinar a 23 personas. Si la causa de esta incomprensión fuera por “Lo que Salamanca no da…”, no me sentiría tan preocupado; sí, por el contrario, si ese origen (como sospecho) fuera siniestro (el padecer, por ejemplo, el suficiente grado de discapacidad moral para arrasar de mi conciencia el sentido de justicia.)
Sostener que son los otros (los que yerran) sería muy cómodo. Mas, como es obvio, ello resultaría inaudito ante la abrumadora y masiva reacción de políticos, periodistas y hasta obispos que condenan, por injusto, el fallo de la Corte. Es más, de sólo pensar que yo fuera el que está en lo cierto, me hiela la sangre.
Mauricio Ortín
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 17, 2017
MACRI, GOLPE DE ESTADO A LA CORTE Y DURAN BARBA
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
¿Alguien ha visto un juez por ahí?
20 DE SEPTIEMBRE 2012 – 22:38
Al estigma que más le temen la mayoría de los políticos argentinos es el de ser catalogado de derecha. En este país y en buena parte del mundo ser corrupto, autoritario, tránsfuga, prevaricador e incluso genocida es menos grave si, también, se es de izquierda. A excepción de cuando le tocan las alforjas nadie, pública o privadamente, se reivindica derechista y defensor de la propiedad privada. No son pocos, en cambio, los que con aires de superioridad moral expresan su filiación de izquierda. Para la actual justicia argentina, también, ser de izquierda es mejor que ser de derecha.
Ello se hace evidente en el hecho de que un militar que combatió a la subversión o un civil que prestó su apoyo es pasible de ser acusado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Por el contrario, un guerrillero que cometió crímenes en su intento de derrocar el gobierno constitucional es considerado una víctima o, a lo sumo, alguien que ha cometido un delito menor. Así, por ejemplo, el Dr. Juan Alemán, por no haber denunciado la existencia del centro de detención clandestino de la ESMA, está siendo juzgado como criminal de lesa humanidad.
Por el contrario, los señores Vertbisky, Firmenich y otros cinco montoneros, acusados de colocar la bomba que asesinó a veintitrés personas y dejo heridas a otras cincuenta, han sido sobreseídos definitivamente por los jueces argentinos (el atentado fue asumido como propio en la revista de la banda) ¿Qué delito es más grave para la justicia? ¿Asesinar tirando bombas en comedores públicos o no denunciar centros clandestinos de detención y aniquilación de personas? Si es lo segundo, muchos montoneros y erpianos (detenidos y liberados por la dictadura) que conocían dichos centros y no hicieron la denuncia tendrían que estar sentados al lado de Aleman el excanciller y funcionario kirchnerista, Rafael Bielsa, entre otros ¿Porqué para los jueces, los señores Aleman, Blaquier y Levin que no son responsables de homicidios pueden ir presos y los que asesinaron no? Se deberá entonces a que unos son de derecha y los señores, Vertbisky y Firmenich y demás, de izquierda? Si esta es la razón de la sinrazón; entonces, lo que hacen los señores jueces en su función es un escándalo que no tiene nada de republicano y si mucho de mamarracho totalitario.
La derecha como tal, no existe. Es un invento de la izquierda que, con el objeto de ocultar sus crímenes y atropellos, postulan la existencia de un demonio que está al acecho. El nazismo, por ejemplo. Mas, este fue la dictadura más parecida a la comunista. Tan genocida una como la otra.
Para la izquierda argentina Mauricio Macri, Domingo Cavallo, los productores de soja, los miembros de la Sociedad Rural o los periodistas de Clarín son la derecha. Los neoliberales a los que hay que temer y odiar. Pero no sólo a la izquierda, esta tara afecta a casi todo el arco político. Es un hecho, la izquierda sigue triunfando la batalla de las ideas y, por ende, se cree con autoridad moral para “juzgar” y condenar a lo que se le resiste: la derecha. El liberalismo es una palabra maldita para el totalitarismo de cualquier signo. Mientras no lo advirtamos estamos condenados a convivir con él.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 8, 2017
FALLO DEL 2 X 1 E INDIGENCIA MORAL
Que la discusión en los medios sobre el reciente fallo de la Corte, que acepta el 2 x 1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad parta del supuesto de que son genocidas, constituye un despropósito epistemológico y ético. Ello porque de ninguna manera son tal cosa y los que así lo afirman, o actúan de mala fe o son unos ignorantes redomados. Ya en democracia, la guerra comenzó con el ataque artero, homicida y generalizado de las bandas terroristas contra civiles, militares y el Estado de Derecho. El objetivo confeso era imponer por las armas la dictadura comunista. La lógica reacción de los gobiernos de Juan e Isabel Perón fue actuar en defensa propia, del orden constitucional y de la sociedad en su conjunto ¿Qué otra respuesta distinta a la represión merecía la horda subversiva de Firmenich, la hija de Carlotto y compañía? Acaso, ¡que los militares y policías se echen al suelo a esperar que los capen los Montoneros! De que el peronismo y el gobierno militar no reprimió con la ley en la mano es un hecho (La paternidad peronista de la Triple A está fuera de discusión.) Ahora bien, la guerra de los ‘70 no se caracterizó por dirimir los conflictos en los tribunales sino a balazo limpio. Ello quedó más que claro cuando, después de amnistiados por el presidente Cámpora, los jóvenes “idealistas” se largaron a asesinar a los jueces que los persiguieron con la ley en la mano. Y, aunque se cuidan muy bien de decirlo, fue Juan Perón que comenzó con la represión “genocida”. Y no lo dicen porque, aunque miserable, es negocio posar de víctimas y no de victimarios. Además, ahí están los “milicos” hijos de la pavota para que se coman el garrón del victimario universal; esa y no otra es la sustancia que oculta la cáscara conocida como “Memoria, Verdad y Justicia” y “política de derechos humanos”.
Ahora bien, cabe preguntarse por las causas que disparate semejante no haya despertado la saludable reacción cívica que pusiera las cosas en su lugar. Que sujetos de baja estofa y, también, de buena leche, no hayan recibido la condena social oportuna por tergiversar los hechos con el objeto de demonizar el fallo, revela el grado de decadencia en el que está sumida la sociedad argentina. Dicho de otro modo, en la incapacidad para reunir la masa crítica de ciudadanos necesaria que incline la balanza hacia un país medianamente decente. De qué manera se explica, por ejemplo, que los “sedientos” de justicia se rasguen las vestiduras ante el fallo del 2 x 1 y no se perturben y hasta aplaudan que no se juzgue a los “jóvenes idealistas” por los homicidios y demás crímenes que cometieron ¿Qué pasa? ¿Son tontos, infames o se les ha atrofiado el sentido de justicia? Tal vez sea el pánico que infunde la posibilidad de exponerse a ser escrachado por la lengua venenosa de la Carlotto. Es que rinde mucho más y no implica riesgo alguno la cobardía (políticamente correcta) de, por ejemplo, gritarle “genocida” a un héroe de guerra como el teniente coronel Guillermo Nani. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las respectivas provincias y municipios, de hecho, se crearon para triturar a las Fuerzas Armadas. Los recursos públicos “invertidos” en esa política son fabulosos. Hay que reconocer que hicieron bien su trabajo. Las multitudinarias reacciones en contra y las escasas a favor del fallo así lo indican.
En los últimos doce años la Argentina se llevó puesta a sus Fuerzas Armadas . Soy escéptico en cuanto a que sea factible reconstituirlas. Es que los soldados saben bien que el único gesto que pueden esperar de aquellos a los que socorrieron es una fuerte y soberbia patada.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 5, 2017
“REVOLCAOS EN UN MERENGUE…”
Uno de los indicadores de la decadencia moral de una sociedad debería ser el grado de aversión a la mentira que acreditan funcionarios públicos, periodistas, autoridades eclesiásticas y ciudadanos en general. Falsificar los hechos históricos y promover su difusión desde el Estado y/o los medios masivos de comunicación constituye lisa y llanamente un delito aberrante; tolerarlo, un acto de cobardía o de idiotez política. En vigencia del Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de decir la verdad y los ciudadanos el deber cívico de exigirla. Pues bien, en la Argentina, en términos generales, luego de 35 años de democracia no sucede ni lo uno ni lo otro. El hecho evidente que lo refrenda es la circunstancia de que la legislatura la provincia de Buenos Aires aprobó la ley que obliga a los tres poderes del Estado a adoptar como verdadera, en todas sus manifestaciones oficiales en que el tema lo amerite, la mentira palmaria según la cual durante el gobierno militar que comenzara con el golpe de Estado de 1976, se cometió un genocidio que hizo desaparecer a 30.000 civiles. En la Cámara de Diputados, dicha ley-mentira obtuvo 91 votos a favor y sólo uno en contra (el del diputado Guillermo Castello).
El engendro en cuestión, sin embargo, no ha merecido de legislador nacional o gobernador alguno siquiera un monosílabo que la resista. El ignominioso silencio se extiende también a la prensa, la iglesia, sindicatos y demás asociaciones civiles.
La verdad al respecto o, si se quiere, lo más aproximado a ella es el número oficial que obra en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el cual confirma que la cifra de desaparecidos durante el gobierno militar asciende de 6.348. Número que surge de las denuncias presentadas por los deudos en los últimos 35 años. Verdad es también que no hubo ningún genocidio y que la represión “genocida” a las bandas subversivas que asolaban el país fue ordenada por el gobierno peronista. En el colmo del cinismo el senador Norberto Amilcar García alegó que “los militares” desaparecieron a 30.000 civiles porque “pensaban distinto”. Pero ni la represión comenzó el 24 de marzo de 1976 ni fue por pensar diferente. Fue Juan Perón (del que nadie puede negar su filiación peronista) y no el general Jorge Rafael Videla el que, en discurso por Cadena Oficial del 20 de enero de 1974, los definió: “El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana…” (Otra que “pensaban distinto”).
Ahora bien, si este fuera un país medianamente decente, los legisladores nacionales (Carrió, Pinedo, Massa, Tonelli, Stolbizer, Wolf, Negri y algún otro de los que todavía se puede esperar algún gesto de dignidad) estarían haciendo cola para pedir la intervención federal del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires; también y por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal hubiera vetado in limine la ley mamarracho. Mas, no somos Dinamarca, ni Perú, ni Uruguay; pero ni en Venezuela una ley semejante hubiera sido aprobada por unanimidad. La triste circunstancia de que los políticos locales, por acción u omisión, hayan traicionado con descaro los más elementales principios republicanos revela que la inhabilidad moral no es un fenómeno aislado que afecta solo a una provincia sino un tsunami que encharca casi sin excepción a todo el arco dirigencial argentino y que estamos, como dice el tango, “en un mismo lodo todos manoseaos…”
Mauricio Ortín
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 16, 2017
La última falsedad Montonera
La defensa de lo indefendible, la justificación de lo injustificable.
Colaboración: Mauricio Ortín
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Marzo 30, 2017
30.000 DESAPARECIDOS. LA MENTIRA ERIGIDA EN LEY
El Senado bonaerense transformó en ley la iniciativa kirchnerista originada en diputados que deja establecido como inamovible que el número de los desaparecidos en el gobierno de facto, iniciado el 24 de marzo de 1976, es de 30.000. Al parecer los legisladores que aprobaron la ley creen que las mayorías simple que obtuvieron en las votaciones respectivas poseen el poder suficiente para cambiar la realidad. A su vez, el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostiene que el número de desaparecidos durante la última dictadura fue de 6.348 (662 casos ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón), Luego, la diferencia entre la cifra de la legislatura, que ya es ley provincial, y la oficial del Ministerio de la Nación es casi de un 80% ¿Acaso se trata de un error? Para nada. Treinta y cinco años de gobiernos constitucionales fueron más
que suficientes para que familiares o allegados de personas desaparecidas hayan denunciado esa situación en los organismos correspondientes estatales y no estatales. Que son 30.000 no es un error sino una burda y cochina mentira. Mentira que Bonafini y Carlotto esgrimen con cinismo impune contra la montaña de evidencias que la refutan y mentira con la que los legisladores bonaerenses envilecen la política. No existe un solo fundamento en los considerandos de la ley que avale la cifra de 30.000. Apenas y como si se tratara de una gran verdad una cita, que a los efectos nada agrega, de la carta abierta del terrorista-homicida Rodolfo Walsh. Si Buenos Aires fuera provincia de verdad y no de mentira y si este país no fuera bananero, la sola presentación del mendaz y evidente proyecto de ley hubiera desencadenado sobre su autor, el legislador kirchnerista Darío Díaz Pérez, el correspondiente juicio político y destitución. Como es obvio sucedió lo contario. Ni el sindicalista opositor Baradel, ni el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ni los becarios del CONICET, ni obispo alguno de la Conferencia Episcopal Argentina, ni Carrió, Lanata, Leuco o Nelson Castro se pronunciaron en contra de semejante atentado a la verdad. Son COM-PLI-CES. Tampoco, la gobernadora Vidal acusó recibo. Ahora tiene la obligación de vetar la patraña convertida en ley so pena de convertirse en encubridora del delito de envenenar a los niños vía los textos escolares. De no suceder tal cosa estamos en el horno. La posibilidad de que, de oficio, algún fiscal se ocupe de denunciar a los legisladores ante la justicia es más que remota si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellos repite la mentira de los 30.000 en los juicios de lesa humanidad.
Usar el poder del Estado, aventando el odio hacia al colectivo de las FF.AA. instalando, por ley, 24.000 crímenes que jamás sucedieron bien podría encuadrarse tranquilamente en la figura de crimen de lesa humanidad. El cual no prescribe y por él que, si llegamos a recuperar al país de la decadencia en que está sumido, los corruptos y los pusilánimes tendrán que rendir cuentas de su traición.
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Marzo 26, 2017
NELSON CASTRO: ENTRE EL TTE 1º MARENGO Y HORACIO VERTBISKY
Políticos –opositores y oficialistas- intelectuales, periodistas y, en general, aquellos que frecuentan los medios de comunicación hace mucho que han dado por cerrado el debate sobre la legalidad los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dan por descontado que son justos y que todo aquel que por esa época vistió uniforme debe
estar necesariamente bajo sospecha de genocidio (César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani está en ese trance). Para los jueces, está probado que existió un Plan Sistemático de Aniquilamiento de la Población Civil y con eso basta para condenar a cualquiera que entre en dicha bolsa. Con la sola declaración del querellante sobra para enviar a un “represor” a cadena perpetua. Eso sí, con los avales correspondientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las provincias. En todos los fallos de lesa humanidad (enfatizo, todos) esos señores que conforman el tribunal y que, por una cuestión de costumbre o vaya uno a saber por qué llamamos jueces, se encargan meticulosamente de advertir que ante la contradicción entre las partes el testimonio de las víctimas tiene más valor de verdad que la de los acusados. Ello porque son considerados testigos-necesarios dado que en los hechos que se juzgan, por lo general, se cometían en la clandestinidad, ocurrieron hace varias décadas y, por ello mismo, no existen pruebas. Dicho en pocas palabras, para los tres señores que ostentan el título impropio y que están sentados tras el estrado: el acusado, dice la verdad, sólo cuando sus palabras coinciden las del denunciante; éste último, a su vez, nunca miente. Esta burda, alevosa, rastrera, ignominiosa y cruel patraña (Stalin, tenía más respeto por las formas) deja en manos de cualquiera la libertad, la honra, la hacienda y la vida de los uniformados de esa época. Esta y no otra es la maloliente “justicia” que imparte el estado argentino y que tolera y hasta aplaude la sociedad en su conjunto.
La juventud maravillosa
Para los que pertenecieron a la “juventud maravillosa”, en cambio, está el goce de ser considerados víctimas-héroes. Una suerte de Bill de indemnidad que perdona,
oculta y/o enaltece sus actos “revolucionarias” de antaño. “Pecados de juventud”, “travesuras de muchachos idealistas”; La prensa, políticamente correcta, prefiere referirse así a los asesinatos, secuestros extorsivos, toma de cuarteles, asaltos demás horrores. No es el caso de Nelson Castro; él dice: crímenes; pero, eso sí, siempre aclarando que los de los los militares fueron “infinitamente” más graves. Lo de “infinitamente…”, aducen, es la razón por la que -para la Justicia- unos prescriben y otros no. Nelson Castro ¿se equivoca o tiene razón? Nada mejor que ir a las cosas para averiguarlo.
Comparemos, por ejemplo, dos hechos con sus respectivas causas e imputados: 1) el traslado en el año 1976 de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal y desde allí hasta la ciudad de La Plata; 2) el atentado con bomba durante el mismo año al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.
El crimen de lesa humanidad del traslado
El 7 de octubre de 1976, el entonces Tte. 1º, Horacio Marengo, bajo el mando del Coronel Bulacio, habría sido uno más de los soldados que participó en el traslado de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal (trayecto de no más de 20 km, se cubre en aproximadamente 20
minutos). Unos diez guardiacárceles de la provincia de Buenos Aires, a su vez, se hicieron cargo de la custodia de los detenidos en el avión que los llevó desde Jujuy a la ciudad de La Plata (tres horas de viaje). Todos ellos fueron condenados en primera instancia por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” (ninguno de los trasladados murió o desapareció). Ahora bien, está más que claro en la instrucción y en la oralidad es que ni Marengo, ni los guardiacárceles fueron los que detuvieron o privaron –legítima o ilegítimamente- de la libertad a ninguna de estas personas ¡Fueron retiradas de una cárcel! Es obvio que cuando aparecen Marengo y los guardiacárceles en escena ¡ya estaban detenidos! Tan es así que, en los fundamentos de la sentencia, se consigna que se encontraban detenidos “a disposición del poder ejecutivo nacional” y el juez Gabriel Casas falla en disidencia sosteniendo que no hubo ”privación ilegítima de la libertad” de parte de los guardiacárceles. Hay que recordar que estaba vigente un decreto de Isabel Perón que disponía que las fuerzas de seguridad y los agentes penitenciarios de todo el país dependían directamente del comandante de las fuerzas armadas. De allí que, ante una orden de traslado, lo único que cabía a cualquiera de ellos era cumplirla o insubordinarse. Ni Marengo, ni los guardiacárceles tenían porqué saber que los prisioneros eran políticos. Saberlo, tampoco debería agravar su situación procesal. Para los jueces, sin embargo, para no quedar incurso en la “privación ilegítima de la libertad”, Marengo debió haberse jugado su carrera militar y su libertad favoreciendo la fuga de los detenidos apenas los sacó del penal de Villa Gorriti. Los guardiacárceles, a su vez y con idéntico fin, secuestrando y desviando el avión a Cuba. En cuanto a los “tormentos” causados durante el traslado por el que también fueron condenados, las únicas “pruebas” son las declaraciones de los testigos-necesarios-víctimas. Los guardiacárceles niegan haberlos cometidos pero, ya lo dije, lo que vale es la palabra de la querella.
El acto revolucionario de los “idealistas”
A las 13:20 Hs. del 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causando la muerte a 23 personas e
hiriendo a unas 60 (mutilados, ciegos y quemados). La mayoría se encontraba almorzando. La organización terrorista Montoneros, públicamente, se hizo cargo de la masacre a través de un parte de guerra y del reportaje que concedió el montonero Mendizábal a la revista Cambio 16. La causa por el atentado la inició el señor Hugo Biazzo, uno de los heridos. Entre los sindicados como responsables, además de Firmenich, estaba el subjefe de inteligencia de Montoneros: Horacio Vertbisky. No llegó a juicio porque según, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, está prescripta. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” (la autoría confesa de otra época de un terrorista es nada frente a la negación actual del ahora, testigo-víctima). Ningún terrorista fue a juicio por (después de la AMIA) el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Por el contrario, Horacio Vertbisky, se ufana de haber pertenecido a Montoneros y preside la principal organización de DD.HH. del país. En los juicios de lesa humanidad se desempeña, a pedido de las querellas, como “testigo de concepto” y sus dichos son palabra santa para los magistrados. También, el ascenso de militares y el nombramiento de jueces pasan por su filtro. En fin, para el poder judicial argentino se podría decir que es casi un héroe (cuando falleció Juan Gelman –teniente Pedro-, otro de los terroristas implicados en el atentado, el poder ejecutivo decretó tres días de duelo nacional).
MORALEJA
Para la “Justicia” argentina, el simple traslado de presos es un crimen “infinitamente más grave” (Nelson Castro, dixit) que asesinar a 23 personas y mutilar a otras 60 con una bomba. Los jueces que permiten este absurdo moral algún día deberán rendir cuentas. Mientras tanto, son miles los que sufren cárcel, escarnio e injusticia y millones a los que la injusticia les importa un carajo.
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Marzo 6, 2017
EL GRAN TERROR
Un par de días atrás, Mauricio Ortín tuvo la gentileza de enviarme un ejemplar en español, lo que hizo que desempolvara una versión en inglés de mi biblioteca, cuyas páginas no había tocado en mucho tiempo, solo para comprobar que era el relato revisado de 1990. En efecto, de ese se trataba. En el mismo, Conquest fue adhiriendo los resultados de una abundante sovietología, con enmiendas en cuanto al número de víctimas, que llegaban casi a las nueve cifras. La apertura de los archivos en Moscú ha confirmado todas las hipótesis y conclusiones, solo corrigiendo sus cálculos. El gran escritor y pensador Christopher Hitchens, un marxista en su juventud, sostenía a El Gran Terror como el análisis superior del cruel accionar del comunismo en la Rusia soviética.
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Agradecimiento a Mauricio Ortín por su notable colaboración y en su indirecto comportamiento, para refrescar mi memoria, ayudar a comprender y obligar a utilizar el pensamiento crítico de una porción confundida de los argentinos de hoy.
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Marzo 3, 2017
La suerte de un pajarito
En el mundo hay personas sensibles que todavía sienten culpa por, cuando niños, haberle quitado, gratuitamente, la vida a un pajarito. Maldicen la hora en que tensaron la honda o apretaron el gatillo buscando un autoperdón que no consiguen ¿Sentirán algo semejante jueces y fiscales que, sin pruebas, acusan y condenan? Dictar prisión perpetua a un inocente es infinitamente más grave que enjaular un canario; es devastar irreparablemente la vida de un semejante junto a su familia.
Como bien se sabe, el más preciado valor en la vida es la vida misma; el segundo -para aquellos que no tienen alma de esclavos- es la libertad. Se arguirá, y con razón, que los magistrados son hombres y, por lo tanto, equivocarse en una sentencia es un riesgo inmanente al sistema que, si bien se trata de reducir al mínimo, es imposible erradicar. Ahora bien, condenar a prisión a una persona con plena conciencia de que no existen pruebas que lo ameriten, es cosa muy distinta que equivocarse de buena fe. Hay años luz de distancia moral entre una conducta y la otra.
Condenar sin pruebas es obrar, de hecho, con “dolo eventual”, es decir, no descuidadamente sino, por lo contrario, sabiendo lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico como es la libertad de una persona. El Estado fue creado para impedir la injusticia y no para cometerla. La milenaria ciencia del
Derecho y el método científico son la mejor guía en este sentido y, ambos, exigen pruebas! ya sea para establecer que fulano es el asesino o que la tierra gira alrededor del sol. Sin pruebas que corroboren y fundamenten las acusaciones y sentencias, no hay justicia sino “caza de brujas”.
Las sentencias condenatorias, entre otras, al padre Julio Grassi, por el supuesto abuso, y a Carlos Carrascosa, por el crimen de María Marta García Belsunce, deberían , en cátedras de Derecho Penal, ser casos emblemáticos de estudio de lo que es un pésimo procedimiento. La lectura de estos mamarrachos devenidos en causas judiciales es imprescindible para opinar con autoridad y no repetir como loros las conjeturas tendenciosas de los periodistas especializados en el chusmerío.
Grassi, Carrascosa y tantos otros son víctimas por azar y podría sucederle a cualquiera que se encuentre lejos del poder. Los
acusados por delitos de “lesa humanidad”, en cambio, son víctimas de una política de Estado y, en general, de los medios masivos de comunicación. Fue el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el que dijo: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás. Esto es una política de Estado y deben respetarla todos los argentinos”. Así que, entonces, es el Estado, a través de la aplicación de una política específica, el que opera para que militares, policías, ex jueces, empresarios y curas por el mero expediente de una denuncia vayan a juicio y sean condenados.
Particularmente, no le creo nada al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni a la política de derechos humanos “consensuada” inconstitucionalmente con los otros dos poderes. No le creo porque, sin pruebas, entre otros, encarcela a
subtenientes y cabos que por la época tenían veinte años de edad y no eran dueños de decidir con qué camisa vestirse. No le creo al Dr. Ricardo Lorenzetti, ni a su libro de los Derechos Humanos, porque si, en verdad, dijera lo que dice e hiciera lo que hace por convicción y fidelidad a principios, en lugar de justificar la persecución a los últimos “orejones del tarro” (subtenientes, cabos, etcétera) debería él mismo, de oficio y para que se le aplique la “política de Estado” para los crímenes de lesa humanidad , denunciar al Dr. Eugenio Zaffaroni.
Este señor, que siendo juez juró por el Estatuto de la dictadura, que negaba hábeas corpus a los desaparecidos (reconocidos
por él) tiene infinitamente más responsabilidad que muchos de los que están -entre ellos, héroes de guerra- pudriéndose en las cárceles ¿Qué espera Lorenzetti y las organizaciones de derechos humanos para llevarlo a tribunales? ¿Porqué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al respecto, hace mutis por el foro? Y, lo más doloroso y vergonzante, ¿ porqué a esta sociedad le importa, menos que la suerte de un pajarito, que pase lo que nos pasa?
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Febrero 28, 2017
ARGENTINOS DE QUINTA
CASI 31 AÑOS COMBATIENDO
Luego de leer la muy interesante y valiente nota de MAURICIO ORTÍN, titulada “ARGENTINOS DE CUARTA” no puedo por menos que destacar la existencia de una categoría más. Es la de quienes somos los “ARGENTINOS DE QUINTA” que estamos por debajo de los de cuarta por pertenecer a instituciones menores a la de las fuerzas armadas, en mi caso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Allí me esforcé, y traté de cumplir lo mejor posible con la misión que me había fijado de “servir y proteger”. Mis “combates y estrategias” junto a otros hombres y mujeres policías se libraron diariamente, a lo largo de 31 años. Para nosotros la del terrorismo solo fue una triste época más, antes y después siempre estuvimos en la calle confrontando con todo tipo de delincuencia. Casi siempre en desventaja por equivocadas políticas de seguridad aplicadas desde los despachos del poder, nos llevaron con más frecuencia de lo normal al extremo de matar y morir.
LA CULPA NO ES DEL CHANCHO
EL MARTÍN BALZA, EL BENDINI Y EL MILANI
Debo resaltar que hubo otros Bendinis, anteriores y posteriores, en cada una de las fuerzas de la cuarta y quinta categoría, que carecieron de entrepierna, (por buena educación evito la mención literal del faltante) llámese hombría de bien. Destacable un MARTÍN BALZA y últimamente un MILANI. Estos, y otros, fueron el sumun de lo rastrero y deshonroso para cualquiera que use uniforme, y se precie de ser un servidor a esta patria
que no siento mi patria. Así ellos, a pesar de ser ARGENTINOS DE CUARTA acomodaron sus situaciones personales. El BALZA no fue molestado por los miembros prevaricadores del poder judicial. Mientras el MILANI, a pesar de tener imputaciones iguales o mayores a la de quienes estamos en prisión, siguió en libertad y alcanzó la máxima jerarquía en el ejército. Simultáneamente se regodeaba mientras sus camaradas de CUARTA y nosotros los de QUINTA sufríamos y moríamos en prisión. Ni mencionar su juramento de asunción por “la causa” no?
LA DESIGUALDAD ANTE LA LEY QUE NO ES LEY
Este mamarracho, hoy sigue gozando de privilegios muy superiores a los míos ARGENTINO DE QUINTA. Estuvo declarando ante un juez cara a cara al momento de su detención, mientras que yo tardé nada menos que veinticinco meses. Lo hice por dos horas y media lo cual fue resaltado por el mismo juez, cuando yo pedí sin éxito, seguir declarando al día siguiente. La declaración del MILANI termina diciendo: “PREGUNTADO para que diga si responderá preguntas que pudiera efectuar el Ministerio Público Fiscal, DIJO que no, debido a recomendación del letrado defensor”. Yo desde el 16 de diciembre de 2014 desoyendo a mis defensores, reiteradamente, también sin éxito, vengo solicitando ser interrogado por uno o más de los fiscales que arteramente me involucraron en una causa. Cuando pude declarar en legal forma, el fiscal que se presentó en la audiencia poco sabía de la misma y a mis pedidos de interrogatorio me respondió “que era suficiente con
lo que había declarado”. El ARGENTINO DE CUARTA MILANI no debió esperar como yo de QUINTA, cinco meses y un día para que se decretara su prisión preventiva, como burlona e ilegalmente actuaron conmigo.
EL SILENCIO QUE MATA
También debemos reconocer que muchos de estos ciudadanos de CUARTA, con abundantes entorchados oro aceptan mansa y silenciosamente la iniquidad a la que TODOS somos sometidos. Quienes no aceptamos esto, no guardamos silencio y junto con nuestras familias damos la cara y propagamos las aberraciones jurídicas y de todo tipo a la que somos sometidos. Sabemos que estas expresiones son urticantes y antipáticas a oídos de los temerosos, pese a lo cual no callaremos. Nunca seremos cómplices de los HIPÓCRITAS MIEMBROS DE LOS TRES PODERES DE UN ESTADO QUE SE DICE DEMOCRÁTICO. Tampoco de la mentira. La soledad solo nos afecta al saber que así no hay esperanza de éxito alguno, pese a lo cual seguiremos de pie hasta el último aliento. El tiempo transcurre, nos roban la vida nuestra y de nuestras familias mientras nos preguntamos donde quedaron, los que por años se desgañitaron cantando una y mil veces:
Coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir
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Febrero 27, 2017
Argentinos de cuarta
Que en este país la ley no es igual para todos es un hecho que resulta ocioso demostrar. Mas, una cosa es que ello suceda a pesar de la impotencia e indignación de la ciudadanía y, otra, que lo sea con su aval o indiferencia cómplice. Sobre todo, teniendo en cuenta que, más que las típicas diferencias entre “hijos y entenados” que se hace siempre desde el poder, lo que aquí se promueve y tolera son cosas mucho más graves. Es claro
que el conjunto del Poder Judicial argentino (con las excepciones de rigor) distingue, por lo menos, tres categorías de argentinos a la hora de hacer valer la ley: los ciudadanos de primera (o los que están en el poder), los de segunda (los que no están en el poder ni cerca de él) y los de cuarta (los militares). Estos, junto a su institución (que antes era de todos los argentinos) fueron y son sometidos a un proceso sistemático de vejación y demolición a partir de la asunción a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. Un gesto clave, por su simbolismo, que marca el inicio de esta operación política contra las FFAA, es la humillación que Kirchner infringe al jefe del Ejército, Gral. Roberto Bendini (y al Ejército todo), cuando le ordena que suba al banquito y baje el cuadro del Gral. Videla que se exhibía en el Colegio Militar de la Nación. Humillación gratuita si las hay, porque bien podría haberlo hecho descolgar, discretamente, el día anterior al acto. Pero no, lo hizo como lo hizo porque buscaba un efecto épico. Los “progres”, por supuesto, agradecidos (tienen una efeméride “revolú” más, para evocar). Ahora bien (decía un amigo), “lo valiente hubiese sido que Kirchner (no le pidamos descolgar el cuadro) hubiese formulado por lo menos una tímida opinión contra Videla, cuando éste era presidente”. Pero nada, ni un amague. No hay una sola palabra “pinguina” registrada en siete años de dictadura. También podrían haber asistido profesionalmente (muchos abogados lo hicieron) a algún preso político (a Menem, por ejemplo). Pero, más allá de la anécdota, lo grave e inconcebible desde punto de vista estratégico-nacional es el que públicamente un jefe de Estado debilite a la Nación, al tratar como a un pelele al principal mando militar del país (Gral. Bendini). ¿Con qué autoridad moral y profesional podrá éste último, en caso de guerra, conducir a sus subordinados?
Es difícil encontrar, en el antes y en el ahora, un presidente que desprestigie así a su jefe del Ejército (según mi amigo, más difícil todavía sería encontrar un general que cumpla una orden semejante).
De todo esto, como es notorio, ha tomado atenta nota la Justicia argentina. De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuviera ningún empacho en apuñalar al estado de derecho en la Argentina al posibilitar que los militares no sean sujetos de la aplicación de derechos humanos básicos, tales como irretroactividad de la ley, prescripción del delito, cosa juzgada, indulto, leyes de obediencia debida y punto final, prisión domiciliara por edad, etc. Quién hubiera imaginado que en la Argentina, en pleno siglo XXI, se podría desquiciar tan groseramente el derecho. Sin embargo, en las barbas de ciudadanos comunes, abogados y profesores de las facultades de abogacía de todo el país, así se procede. Salvo algunas honrosas excepciones (como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia), los doctores hacen un estruendoso “mutis por el foro”.
El profesor Mauricio Ortín publicó este artículo, por vez primera en el diario El Tribuno
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Febrero 26, 2017
GÓMEZ CENTURIÓN Y EL DELITO PENSAR DISTINTO
La diputada Cecilia Moreau presentará un proyecto de ley que agravará la pena por apología del delito a quienes se atrevan a “Negar la existencia de un plan sistemático de represión y tortura a aquellos que pensaban distinto…” Quiero creer, en el mejor de los casos, que la diputada no vivió esa época, ignora
supinamente los hechos a los que alude o, en su defecto y en el peor, pretende imponernos a fuerza de garrotazos el pensamiento único. En contra de esto último, a los que compartan esta intención, entre asesinatos, secuestros, torturas, heridos, extorsiones, robos, ataques a cuarteles, etcétera, debemos recordar que el número de atentados perpetrados por los terroristas de las bandas Montoneros, ERP y otras asciende a la friolera cifra de 17.000. También, a propósito de que la diputada integra un bloque que presume de peronista, le refiero que fue Juan Domingo Perón (no Jorge Rafael Videla) quien, al referirse a los subversivos, dijo (y actuó en consecuencia) que haría todo lo que esté a su alcance para que “…el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la Republica”. Luego vinieron la represión de la mano de La Triple A, el decreto de aniquilamiento de Martínez de Perón y el gobierno militar. De manera tal que, el ardid de que los reprimieron “porque 
pensaban distinto” es una burda patraña que tergiversa los hechos. ¡Los reprimieron porque querían tomar el poder a fuerza de asesinar! Esa es la verdad incontrovertible (perdón, por ser tan políticamente incorrecto). Verdad que, cuando se apruebe la ley, convertirá en delincuente a aquel que la empuñe. Se perseguirá, ahora sí, a los que “piensen distinto”. Por lo pronto, los macristas Darío Lopérfido y Gómez Centurión ya sufrieron un adelanto por cuestionar el número de los desaparecidos. Y aunque a ningún diputado como tampoco al ministro de Educación le importen que en las escuelas se mienta a los niños que fueron 30 mil, los datos oficiales (chequeados por el actual y el anterior gobierno) afirman que, desde 24/03/76 al 10/12/83, fueron 6348. Por mi parte, digo que por más ley, amenazas de represión y/o escraches insistiré públicamente en que se trató de una guerra y no un genocidio. Protejo demasiado mi autoestima como para decir o hacer algo que me merezca sentir repugnancia de mí mismo.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 5, 2017
EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y SALOMÓN
¿Quién es el sujeto del derecho a la identidad? Y ¿Qué es la identidad? En la guerra civil que sufrió la Argentina durante década del ’70 se dio la particularidad de que en las bandas subversivas revistaban como combatientes mujeres embarazadas. La orden del gobierno constitucional de aniquilar a los elementos subversivos no incluía al ser que una terrorista en cinta llevaba en su seno. Por una cuestión humanitaria y/ o de creencias religiosas, los militares no mataban embarazadas. Y no entregaban a los recién nacidos a los familiares porque, como es obvio, ello hubiera supuesto asumir la ejecución de la madre. El análisis más elemental de los hechos demuestra que la apropiación fue un efecto no querido de la guerra y nunca un plan. Y no estoy justificando los hechos sino describiéndolos. Los Montoneros y el ERP (entre ellos, la hija de Carlotto), por su parte, no tenían ningún inconveniente con sus bombas y balaceras en matar embarazadas. De allí, que nadie los podrá acusar de “apropiadores” de niños por nacer. No así en cambio (como bien explica, Nicolás Márquez) de los huérfanos de los montoneros muertos; los cuales eran negados por la banda terrorista a sus familiares directos con el “loable” fin de evitarles una “educación burguesa”.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo salió a rechazar el fallo favorable sobre el pedido del nieto recuperado número 95, Hilario Bacca, de conservar su apellido y nombre dado por sus padres adoptivos. “Constituye una afrenta a su memoria”, señaló Estela de Carlotto. “Él lleva la sangre de sus padres, lo demás es espurio”, agregó. Ahora bien, de la única identidad de la que cabe hablar, es la que este hombre de cuarenta años ha construido a lo largo de su vida, que está justamente en los recuerdos que habitan en su memoria y que le dicen que él es uno y el mismo de todos esos actos. No tiene Carlotto, ni el Estado la potestad de quitar o entregar identidad ¡De qué memoria e identidad entonces habla Carlotto! ¡De la que quiere inventarle destruyéndole la única y real!
Más allá de las circunstancias que llevaron a ello, Hilario no tuvo, salvo en el momento del parto, relación alguna con sus padres biológicos. El primer vínculo afectivo real lo estableció con los adoptivos. Y si bien la identidad biológica es un punto de partida, la pertenencia a un grupo familiar y a un grupo social histórico tiene un peso definitorio en el sí mismo. El entorno y la interacción con hermanos, primos, tíos, abuelos, compañeros de escuela, de fútbol hacen más a la identidad que el frio perfil genético. De no ser así, tendríamos que admitir el disparate de que en la historia de la humanidad, empezando por el bíblico Moisés, hubo y hay millones de personas carentes de identidad.
¿Qué tiene de honorable el que las Abuelas de Plaza de Mayo “recuperen” a sus nietos a cambio de que éstos se nieguen a sí mismos como personas? ¿Qué tiene de reparatorio, para el “recuperado”, el enviar a la cárcel (por apropiadores) a los padres adoptivos? ¿A semejante monstruosidad le llaman derechos humanos? ¿Qué abuela es aquella, que ama más a un código numérico de un patrón genético que al nieto de carne y hueso que tiene delante? El sabio juez Salomón tiene la respuesta.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 13, 2017
Derechos humanos
¿Se respetan en la Argentina los derechos humanos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al presentarse como querellante en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿acaso no se autoexcluye de velar por los derechos humanos de los acusados? Desde hace más de una década que casi todo el presupuesto y el aparato de ese organismo están al servicio de perseguir, procesar y condenar a los civiles y militares que pueden o no haber participado en la lucha contra la subversión en los años setenta. Los letrados, representantes de la secretaría en las querellas, parecen haber sido elegidos por su impiedad. En sus alegatos exigen las condenas más duras y durante el proceso se oponen a casi todas las demandas básicas de respeto de los derechos humanos de los procesados. Entre otras, un juicio en el cual se garantice el principio de inocencia. De toda esa legión de abogados pagados por los contribuyentes ni uno solo está a disposición de los presos políticos. La política del presidente de la Nación, en esta materia y contra estas personas, parece ser la de seguir negando los derechos humanos en nombre de los derechos humanos.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 3, 2017
IDI AMIN, MADURO Y LA DECADENCIA ARGENTINA
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, me recuerda a ese personaje siniestramente cómico de la política internacional que fuera Idi Amín
Dada; presidente de Uganda del siglo pasado. El africano, una mole negra de 150 kg de peso y dos metros de altura, era un denunciador serial de conspiraciones en su contra y, “por ende”, contra Uganda. En cierta oportunidad llamó a una conferencia de prensa para acusar al Imperio Británico de estar preparando una pronta invasión a Uganda por tierra, aire y mar. Uno de los presentes le observó que, por mar, resultaba imposible dado que se trata de un país mediterráneo. A lo que el inmutable Idi Amin, contestó: “Si serán ignorantes estos británicos, querer invadirnos por mar…” Otro dato de color del presidente africano era su apetito voraz. Solía devorar pantagruélicos banquetes. Entre sus platos favoritos figuraba el hígado de ministro renunciado.
Maduro por su parte ha hechos sus méritos, mas el canibalismo no es uno de ellos . Sin embargo, su denuncia, repicada hasta el cansancio, de que los EE.UU. están desestabilizando a la moneda venezolana a través de sacarla de circulación atesorándola, es digna del humor negro del caníbal de Uganda. Porque si fuera verdad que los “cochinos” yanques están comprando bolívares con sus dólares, el gobierno venezolano estaría haciendo un pingue negocio. Pues estaría cambiando un papel sin valor por otro que si lo tiene. No existe tal fiebre del bolívar en ningún lugar del mundo. El enemigo número uno de la moneda venezolana es, como es obvio, maduro y su banda La
bestia fascista de Diosdado Cabello, por ejemplo; quién no tiene ningún reparo de presentarse en su programa de televisión con un simbólico garrote. Después de una larga tradición democrática, Venezuela ha retrocedido a una forma de gobierno tribal. El mote de país bananero ya le queda chico. La vida y la hacienda de los venezolanos están en manos del jefe y el brujo de la tribu. Venezuela es Africa.
Los gauchos argentinos, por su parte, no están en condiciones de mirar por encima del hombro a los llaneros del Arauca vibrador. Doce años de kirchnerismo le bajan los humos hasta a los atenienses del Siglo de Oro. Y, si ganaba el Yoli, no quedaba otra que irse. Macri, que es mejor, no cambió una coma en la política de persecución en el “curro” de los derechos humanos. Que el poder ejecutivo nacional se presente como querellante contra los acusados de delitos de lesa humanidad es la prueba irrefutable de que el actual gobierno sigue los lineamientos vengativos de Horacio Vertbisky. El macrismo le teme al ex terrorista cuyo nombre de guerra fue: “el perro”. También, a Bonafini, Carlotto y compañía. No vaya a ser que por decir algo “políticamente incorrecto” lo cataloguen facho. Hace rato que tendría que haber retirado al embajador argentino de Venezuela pero no lo hace por esto mismo. De allí que los ancianos que sufren la injusticia de ser perseguidos por el Estado por haber, o no, combatido a la subversión nada deben esperar del actual presidente y su partido. Los de Cambiemos no quieren, no les interesa o no tienen lo que hay que tener para defender la verdad y la justicia. Es que, cuando una sociedad entra en decadencia, entra nomás…
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 27, 2016
EL CASO GARCIA BELSUNCE: Escritos de Mauricio Ortín
María Marta García Belsunce (Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 24 de abril de 1952 – Pilar, Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2002). Fue socióloga argentina, tristemente célebre por ser la víctima fatal de un confuso homicidio que tuvo lugar en el barrio cerrado “El Carmel” en octubre de 2002. Crimen que hasta el día de hoy presenta un sin número de interrogantes. Hija de Horacio Adolfo García Belsunce -un prestigioso jurista argentino- y de María Blanca Luisa Galup, se dedicó los últimos años de su vida a labores sociales, principalmente en organizaciones sin fines de lucro como Red Social. Hasta el día de su muerte fue vicepresidente de la fundación Missing Children Argentina, desde donde -se supo más tarde- investigaba asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires, actividad por la cual habría recibido amenazas reiteradas. Actualmente toda su familia está condenada sin una sola prueba, y hay tres perfiles genéticos que no corresponden a ninguno de ellos; no obstante, la justicia no siguió investigando.
10 de julio 2011
La injusticia de la justicia
Por Mauricio Ortín
La novela policial, desde su misma aparición y en adelante, ha conquistado a millones de lectores. Lo propio sucede con las series televisivas y las películas del género. “El secreto de sus ojos”, esa gran película de Juan José Campanella, o “Las crónicas de Bustos Domecq”, escritas por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, -por citar a autores argentinos- se destacan por atrapar al espectador-lector en una trama misteriosa que mezcla la lógica con el suspenso y la emoción. Mas, no solo la ficción posee ese poder. También los casos reales de crímenes complejos no resueltos despiertan la atención del ciudadano común. Los medios masivos de comunicación, que no ignoran el poder hechizante del hecho enigmático y escandaloso, le dan una gran cobertura. La de Policiales es, tal vez, la más leída del diario. Ahora bien, que las cosas sucedan de tal manera (es decir, que los periodistas se ocupen de los casos en una suerte de juicio paralelo) no implica, necesariamente, una garantía para que se haga justicia. A menudo sucede lo contrario y por diferentes razones. Una de ellas, sin duda, es que mientras más escandalosa la noticia sea vende mejor. No tiene, por ejemplo, el mismo valor periodístico el asesinato de una joven catarmaqueña por su novio, que si tal crimen fuera perpetrado por “los hijos del poder” de Catamarca. Claro que, para poner las cosas en su lugar, están los jueces; aunque estos tampoco son de fierro ante la presión de la opinión pública y la publicada. Un sonado caso, en el que distintos factores han “embarrado la cancha” de la Justicia, es el caso sobre el crimen de María Marta García Belsunce. Esta señora fue hallada muerta en su casa el 27 de octubre de 2002. Al principio se pensó que se había tratado de un accidente; luego, en la autopsia (dos meses después), se descubrió que había sido asesinada de cinco disparos en la cabeza. El fiscal Molina Pico acusó al marido, Carlos Carrascosa, por el encubrimiento y/o homicidio de su esposa. También, por encubrimiento, a cinco personas más. Llegado a este punto, conviene aclarar que no soy experto en derecho alguno. Ahora bien, sí tengo formación en Filosofía de la Ciencia y disciplinas afines y es por ello que, habiéndome informado sobre el caso a través de las dos sentencias que emanaron de dos tribunales distintos, encuentro una suerte de aberración inicial que, a mi criterio, debió haber sido motivo suficiente para rechazar la acusación del fiscal Molina Pico. La hipótesis sobre lo sucedido a MMGB, por más original, imaginativa o inteligente que parezca, debe ser corroborada con pruebas o evidencias empíricas. El fiscal no ha presentado siquiera una sola prueba que abone la hipótesis del encubrimiento. Para ello debería demostrar que Carrascosa, Bártoli, Irene Hurtig, Horacio García Belsunce, John Hurtig, la masajista Michelini, el médico Gauvry Gordon y todos los que asistieron o revisaron a MMGB no pudieron no darse cuenta de que había sido asesinada y además que, con el fin de encubrir el crimen, se complotaron para que pareciera un accidente. Pues bien, tal suposición fue categóricamente refutada por el informe de la autopsia que hicieron los médicos forenses. El siguiente es un párrafo crucial de dicho informe: “La persona común, no médico, pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones eran producto de disparos de arma de fuego y en cuanto a un médico no especializado en prácticas forenses, también pudo no haberse dado cuenta”. Téngase en cuenta que el fiscal no objetó ninguna de las afirmaciones de los forenses. De allí que, refutado el soporte principal de la hipótesis acusadora y (aceptado, de hecho, por el fiscal), el complot de Carrascosa con sus familiares, con extraños a los que ve por vez primera (Gauvry Gordon, por ejemplo) y con la masajista Michelini, es nulo o no tiene peso incriminatorio. Tampoco existe en la causa declaración, prueba o indicio alguno (descubierta por el fiscal) que indique tal complot. La cuestión del “pituto” y otras por el estilo, al ser aportadas espontáneamente por los procesados, sugieren más bien la inexistencia de tal complot. Además, a ninguno de los “complotados” los pudo situar en la escena del crimen. Tampoco pudo encontrar un móvil. En suma, el fiscal Molina Pico no tiene nada. Sin embargo, Carrascosa ha sido condenado a cadena perpetua y ahora van por los otros. En manos de quiénes estamos! Es para espantarse! Como, nobleza obliga, hay que reconocer que los fundamentos del juez Luis María Rizzi para votar por la absolución de Carrascosa están expuestos de manera brillante y con impecable lógica. Mas, “una golondrina no hace verano”.
10 de septiembre de 2011
Jueces… se necesitan
Por Mauricio Ortín
La calidad de la Justicia en un país, más que con la voluntad de impartirla de sus jueces, tiene que ver con la dosis de injusticia que están dispuestos a soportar sus habitantes. El sistema nunca es perfecto, por ello, uno debe resignarse a lo que se estima como una razonable administración de justicia para un momento y lugar determinado.
Las personas, es un hecho, tienen disímiles posibilidades de obtener justicia; ya sea, cuando acuden a solicitarla o cuando son llamados a rendir cuentas. El tener dinero, fama, influencias o poder es (no siempre) una ventaja; pero, el pertenecer a un país civilizado en el que rige, plenamente, el estado de derecho es, sin duda, la mejor garantía. Mas, no se debe confundir (como es habitual) estado de derecho, con gobierno elegido por el voto popular. No siempre suelen darse juntos. Menos aún, como es obvio, separados.
En la Argentina tenemos un gobierno elegido por el voto popular y jueces designados con arreglo a los dictados de las constituciones nacionales y provinciales.
Ahora bien ¿Tenemos calidad de justicia a la altura de estos tiempos? Poseemos quizás, la que nos merecemos o la que se nos parece; pero, seguramente, no la que debiéramos, si consideramos el gasto que el conjunto de la población hace para mantenerla.
El costo de una justicia del Primer Mundo con el servicio de una del Tercer Mundo. Esta afirmación, que puede parecer exagerada, para mí también lo era hasta que conocí la “africana” sentencia por encubrimiento en el caso por el homicidio de María Marta García Belsunce. Se trata, en mi opinión, del mejor diagnóstico del calamitoso estado en que se encuentra la justicia argentina. Digo esto porque, luego de haber leído y releído sus cuatrocientas y pico de páginas, todavía no entra en mi cabeza como, mamarracho semejante, no haya despertado la indignación y la repulsa espontánea en los argentinos.
Sucede que. aún cuando no es su obligación, los sentenciados (ahora detenidos) han demostrado con creces su inocencia; y, por el contrario, el alegato de la fiscalía y la monstruosa sentencia no han conseguido presentar una sola prueba que demuestre la culpabilidad. Para muestra, un botón.
La sentencia hace suya la absurda y principal teoría de la fiscalía que afirma (en contradicción con las declaraciones de Ortiz, Carrascosa, y otros dos guardias del country) que, el vigilador Ortiz, se encontró con Carlos Carrascosa alrededor de las 19.20 hs. (Carrascosa y Ortiz sostienen que fue, a más tardar, a las 19.00).
Pero resulta que la sentencia, también, da por hecho, que desde su casa Carrascosa hizo un llamado telefónico a las 19.07.58 a OSDE, con el objeto de solicitar asistencia médica (llamado, registrado por la empresa telefónica y cuya conversación fue grabada por la obra social).
Hay que agregar además el llamado del Dr. Zancolli a las-19:16 horas- y dos llamados de OSDE a la casa de Carlos Carrascosa de las 19:13:49 a las 19:15:11 horas (todos atendidos según los registros telefónicos y los testimonios de los que se comunicaron).
De lo que se deduce, necesariamente, que Carlos Carrascosa, Irene Hurtig y Guillermo Bártoli primero, descubrieron su presencia en la casa a través de los llamados telefónicos (a partir del llamado a Osde 19.07.58 hs.) y, luego, de manera incomprensible, abandonaron la escena del crimen (porque según Ortiz en la casa no había ni vehículos ni gente antes que llegara Carrascosa) para luego aparecer Carlos Carrascosa como recién llegando a su casa las 19.20.
Es estúpido pensar que Carrascosa, llegando a esa hora y aparentando que no sabía que su esposa estaba muerta, buscaba instalar una coartada que lo desincrimine ¡Acaso no había llamado a OSDE a las 19.07.58! La versión de los jueces es un insulto a la inteligencia, pues esta dicotomía, planteada en un mismo escrito, es incompatible e irreconciliable con el razonamiento lógico más elemental. Y ésta es sólo una, de las múltiples inconsistencias en las que se incurre.
Sin embargo, ello no ha sido óbice para que un batracio de porte semejante sea tragado, en seco, por los argentinos
¿Dónde están, sino, las decenas de miles de estudiantes y docentes de abogacía, de comunicaciones sociales, de filosofía, etc.?
¿Dónde están los profesionales del derecho con sus colegios, sus congresos y sus bibliotecas?
¿Acaso, no advierten como magistrados y periodistas meten presos a inocentes de la manera más desfachatada y burda?
¿No sienten, siquiera, un poquito de náuseas? No hay nada que repugne más a la conciencia que un inocente preso; tanto que debiera tener el status de delito de Lesa Humanidad.
Por otro lado, la desaprensión y la impiedad con que la prensa tira a los perros a esa familia, es tenebrosa. No es noticia, ni tiene rating, el que la sentencia sea un mamarracho. Salvo excepciones (Pablo Duggan y Raúl Kollman y, seguramente, algún otro que no conozco) los periodistas y los medios no han perseguido esclarecer la muerte de María Marta García Belsunce, sino, más bien, el impacto mediático que los distinga y los proyecte.
Faltan jueces en la Argentina; pero, más todavía, ciudadanos justos.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 26, 2016
LOS “MALDITOS” DE MANCHALÁ
¿De qué lado están los organismos de derechos humanos de la provincia? 120 terroristas de la banda ERP (entre ellos, Hugo Irurzun, jefe de los que masacraron a la niña María Cristina Viola y a su padre) abrieron fuego sorpresivamente contra doce soldados salteños que pintaban la escuela de Manchalá. El objetivo no eran ellos sino tomar el pueblo de Famaillá pero, por si las moscas y ya que estaban, decidieron liquidar a los conscriptos. Pero la vaca se les volvió toro y sufrieron la peor derrota del ERP en Tucumán. Los salteños defendieron el orden constitucional pero primero por la propia vida.
Lo que parecía un final feliz para todos se desquició con la irrupción desenfrenada de activistas de las organizaciones de derechos humanos locales que salieron a linchar mediáticamente a los concejales desagraviadores. Buena parte de la prensa hizo también lo suyo o guardó un manso silencio. Vamos a cuatro “perlas” del collar. La de la abogada Tania Kiriaco, por ejemplo, quién disparó que “La derogación de la ordenanza propone solapadamente instaurar la teoría de los dos demonios y no reconocer las normas que imponen al Estado argentino investigar el terrorismo e informar sobre los desaparecidos y la sustracción de bebés antes y durante la dictadura”. El partido Frente Grande, sostuvo “Esta resolución merece el repudio enérgico del Frente Grande al autor del proyecto y a los concejales firmantes por tener una ideología contraria a un Estado democrático”; La abogada Susana Aramayo, opinó: “Los firmantes de la ordenanza no se dan cuenta de que los conscriptos salteños son también víctimas del terrorismo de Estado”; El partido Memoria y Movilización Social, a su vez, dijo “La reciente resolución resulta un acto ignominioso…”
¿Qué fuerza poderosa es la que hace que las organizaciones de derechos humanos inciten al odio contra doce soldados conscriptos? ¿Qué disparate es ese de vincularlos con “los desaparecidos o la sustracción de bebés” o el golpe de Estado? ¿Qué tiene de ignominioso desagraviar a los que lo merecen? Y, de que son víctimas, no hay ninguna duda. Pero no del terrorismo de Estado sino de las organizaciones de derechos humanos.
¿No les alcanzó con destruirles el monumento? ¿Acaso piensan que lo correcto hubiese sido que se dejaran matar? ¿Quieren que los soldados carguen con el mote de “genocidas” por el resto de sus vidas? Así que mamarracho perverso de estigmatizarlos es ¡defender los derechos humanos! Si les interesara la verdad y la justicia de la que tanto hablan, tendrían que haber comenzado por preguntarles a los protagonistas. La mayoría vivos. Y no lo hacen porque cuando ellos hablan toda la farsa inventada se cae como castillo de naipes. Pero la verdad, aunque tarde, llega. La palabra de esos valientes está en la red para que cada uno juzgue por sí mismo (https://www.youtube.com/watch?v=oQYuPFtg_0E).
Quien quiera oír que los oiga.-
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 5, 2016
EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA
Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días que se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”, afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.
Yo no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas en su escrito sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas de la traición
El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los hechos
A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en El juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); deribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todo esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?
Lo evidente
Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Mas, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.-
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 1, 2016
Mauricio Ortín le contesta a Daniel Gutman
Mauricio Ortín y otra posición al respecto de la nota del diario La Nación, firmada por Daniel Gutman.
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Separar la paja del trigo
Un reducido pelotón del Ejército Argentino marchaba en la tarde del 14 de febrero de 1975 por un paraje del monte tucumano cuando se encontró con un grupo de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y entró en combate. Uno de los militares, el teniente Rodolfo Richter, cayó herido. Enseguida, el capitán Héctor Cáceres se tiró encima de él, lo cubrió con su propio cuerpo y le susurró: “Quedate tranquilo que ya te saco”. Pero no pudo hacerlo, porque otro tiro le acertó a él en el corazón y lo mató en el acto. Esto me lo contó hace varios años el hoy teniente coronel Richter, quien por las heridas de ese día -en el que también fueron muertos dos guerrilleros- quedó condenado de por vida a una silla de ruedas.
Entonces, apenas se iniciaba el Operativo Independencia, cuya naturaleza quedaría clara rápidamente. Gracias a un decreto de la presidenta Isabel Perón, que ordenaba “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en Tucumán”, el Ejército Argentino militarizó la provincia y se lanzó a la persecución de militantes políticos no armados, sindicalistas o estudiantes que no tenían vínculos con los campamentos guerrilleros instalados en las laderas del Aconquija. El primer jefe del Operativo, el general Acdel Vilas, estaba convencido de que era absurdo combatir militarmente al ERP si no se lo atacaba antes en “sus verdaderas causas”. Así, llegó a Tucumán decidido a arrasar con los derechos humanos y a dar la pelea no en el monte, sino en facultades, gremios, partidos políticos, colegios e iglesias.
Para hacer el trabajo instaló en la provincia los primeros centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que conoció la Argentina. Durante esos primeros meses, se desentendió del grupo guerrillero rural que, con poco más que un desmesurado voluntarismo, soñaba con hacer la revolución. De hecho, el combate en el que murieron Cáceres y los guerrilleros Héctor Toledo y Víctor Lasser se debió a un encuentro puramente accidental entre los dos bandos. El objetivo de las fuerzas estatales era librar “una guerra sucia, de desgaste, una guerra tenebrosa y solapada, sin límites de tiempo, que se gana con decisión y cálculo”, según Vilas escribiría años más tarde. Ya se sabe cómo terminó ese experimento realizado durante el gobierno peronista: luego del golpe militar, el modelo criminal probado en Tucumán se extendió a todo el país y sirvió para aniquilar a miles de personas que no tenían nada que ver con la lucha armada.
Sin embargo, el capitán Cáceres no tuvo ninguna participación en el terrorismo de Estado. Nadie le ha adjudicado torturas o asesinatos. Simplemente, cumplió una orden legítima de salir al combate, arriesgó su cuerpo por un compañero y lo pagó con su vida, a los 29 años. La propaganda oficial de entonces lo exaltó como el primer muerto en combate del Ejército Argentino desde la Guerra del Paraguay. Esta exagerada calificación respondía a los intereses del gobierno peronista y de las Fuerzas Armadas, que querían magnificar la amenaza guerrillera y con la muerte de Cáceres conseguían un símbolo de carne y hueso. A él, hace pocos días, sus compañeros de promoción en el Colegio Militar, al cumplirse 50 años de su egreso, intentaron homenajearlo con una placa recordatoria, que algunos tomaron como una provocación.
¿Por qué hay quienes suponen que no se puede homenajear a un militar que murió durante un combate entablado por orden del gobierno constitucional? ¿Entienden que una reivindicación de Cáceres implica convalidar los crímenes de la dictadura? ¿Tan difícil es separar la paja del trigo? ¿O es que sus familiares no merecen respeto y consuelo, como cualquiera que haya pasado por un trauma similar? ¿Acaso hay algo que iguale a Cáceres con Videla, Massera u otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad?
Rodolfo Richter, aquel oficial al que Cáceres le salvó la vida, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, con una investigación acerca de las condiciones en las que el ERP lanzó la lucha revolucionaria. Defendió su tesis el año pasado, ante un público de militares y también de ex guerrilleros, con los que no tiene rencores sino respeto mutuo. Como Cáceres, Richter peleó con armas legítimas contra el ERP, por orden de un gobierno democrático, y nunca fue acusado de haber participado en la represión ilegal. Cuando lo entrevisté, resumió en una frase la soledad de sentirse víctima de la manipulación de la historia. “Un día de éstos -me dijo- alguien me va a decir: «Vos no estás en silla de ruedas porque te hirieron en un combate contra la guerrilla. Eso lo soñaste. Vos estás en silla de ruedas porque te caíste en la bañadera»”.
Miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio
[/one_half] [one_half_last padding=”0 0 0 20px”]Gutman confunde la paja con el trigo
En relación al artículo de Daniel Gutman (http://www.lanacion.com.ar/1956590-separar-la-paja-del-trigo) digo, lo siguiente: Es falso que Cáceres fue exaltado como “el primer muerto en combate del Ejército Argentino desde la Guerra del Paraguay” y que el gobierno peronista y las FF.AA “querían magnificar la amenaza guerrillera”. El ERP y Montoneros habían declarado la guerra al gobierno constitucional. Por esa época Firmenich y compañía movilizaba a decena de miles de personas. El ERP asaltaba cuarteles, fabricaba armas, secuestraba, extorsionaba y estaba organizado en casi todo el país. Con el diario del lunes la cosa parece muy fácil. Antes de Cáceres asesinaron a muchos militares, policías, guardiacárceles, sindicalistas, políticos, empresarios y hasta niños. Los guerrilleros fueron cualquier cosa menos víctimas. Es falso que “luego del golpe militar, el modelo criminal probado en Tucumán se extendió a todo el país y sirvió para aniquilar a miles de personas que no tenían nada que ver con la lucha armada.” Baschetti, ex montonero y principal historiador de la banda, hizo un registro riguroso de los caídos de propia tropa que anda en los cuatro mil. Los otros dos mil son del ERP. Inocentes no llegan a cincuenta. Número bajísimo para una guerra con 8000 muertos. Fue el peronismo el principal responsable de ensangrentar el país. En su seno comenzaron los crímenes de Montoneros y la Triple A; ambos, en su momento, alentados por Perón. El ERP trabajaba por cuenta propia. Que Gutman les endose la culpa a los militares es una guachada más de los políticamente correctos. Es muy civilizado pedirle a los policías y militares que pongan la otra mejilla a los que los asesinaban con bombas y por la espalda. “Animémonos y vayan”. Asisto a los juicios de lesa humanidad. Es lo peor que sucede en la Argentina. A la vista de todos se mete preso sin pruebas, con testimonios como los de Vertbisky, Perdía y otros a viejos de 90 años. Actualmente, en Tucumán, los asesinos degenerados del Capitán Viola, Núñez, Carrizo, Emperador, etc, se presentan como querellantes y testigos-víctimas contra los policías que los metieron en cana por tan alevoso crimen. El impresentable de Mattini (Arnol Kremer), jefe del ERP, declaró en el juicio de La Perla, en Córdoba, que la guerrilla en Tucumán no fue tal; más bien se trató de una salida de pícnic, una excursión al monte. Ahora bien, en todos los libros que escribió y en los reportajes se presenta como un soldado que no tiene nada que envidiar al Che. En todas las revistas del ERP (Estrella Roja y El Combatiente) por lo menos una vez por página se sostiene que están en guerra civil y que tomarán el poder. Todos los asesinatos son ahí reivindicados. Dice Gutman que el ERP: “con poco más que un desmesurado voluntarismo, soñaba con hacer la revolución.” Lo que no dice es que, además de soñar, se dedicaban full time a asesinar.
En Francia los progre argentinos son “Je suis Charlie Hebdo”, aquí, en cambio, son “je suis Santucho”. El gobierno de Hollande destino 80000 policías para atrapar a dos subversivos. Los mató porque ellos no toman prisioneros a los terroristas y porque Hollande dijo “Francia está en guerra”.
Los Montoneros y el ERP fueron contemporáneos a la banda terrorista palestina Septiembre Negro (los Montoneros socios); cuando ésta asesinó a once atletas judíos en la masacre de Munich gatilló los mecanismos de defensa de Israel. Las fuerzas represoras israelíes los persiguieron por todo el mundo y los asesinaron allí donde los encontraron. En Noruega, mataron por error a un inocente. La pregunta para Gutman, es: ¿Quiénes son los criminales? ¿Los terroristas palestinos o los militares judíos? No vi que Israel honre con monumentos a los asesinos de israelíes, ni tampoco los indemnice con sumas millonarias.
Estoy convencido de que si el capitán Héctor Cáceres estuviera vivo estaría pudriéndose en una cárcel con los miles de los que pelearon contra la subversión. Por orden de Isabel o de Videla ¡qué importa! ¿Acaso un cabo, un agente, un subteniente o un mayor podía darse el lujo de desobedecer?
La persecución que la prensa y la política lleva adelante contra los acusados de lesa humanidad es, de lejos, lo más infame que sucede en la Argentina. Después de asesinar a un inocente, no debe haber crimen más grave que privar de la libertad o a quién no ha hecho nada para merecerlo. Con democracia y todo esta es la Argentina más decadente y cobarde de la que tenga memoria.
Miembro del Centro Estudios Salta
[/one_half_last]COMO PARA HACER DULCE
El grado de decadencia de una sociedad debería valorarse por la cantidad y la calidad de falsedades que sea capaz de tolerar. En los últimos días, por fin y porque no tenía otro remedio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación blanqueó el número de desaparecidos y muertos en la guerra contra la subversión. La cifra, calculada desde la asunción de Cámpora hasta la de Alfonsín, asciende a 7010. Muy lejos de los 30.000 que Pérez Esquivel, Carlotto, Bonafini y casi toda la clase política argentina anuncian dogmáticamente como número axiomático. Hace tan solo menos de un año que Darío Lopérfido, Secretario de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, debió renunciar a su cargo presionado por sostener que no eran 30.000. Al respecto, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sic) de la Nación, Claudio Avruj, expresó su desacuerdo con Lopérfido: aludió a que se trataba de una cifra emblemática y simbólica. En tanto, Malher, el funcionario que reemplazó a Lopérfido, sostuvo que el número de 30.000 había sido adoptado por el pueblo y, por tanto, lo respetaba. No hubo ni un solo político del partido radical o del de Macri que saliera a respaldarlo. Una de dos, o la verdad en la Argentina no es políticamente correcta o no se tiene lo que hay que tener para, siquiera, murmurarla. Porque hay que ser un pusilánime de quinta para soportar impávido que la señora de Carlotto acuse al gobierno de “quererla mostrar como mentirosa ante la sociedad” justamente por mentir de manera escandalosa. ¿Qué es lo que les impide decir que Carlotto MIENTE y Bonafini es una LADRONA? Un tal Daniel Lipovetzky, diputado macrista, se arrugó frente a Rossi y el periodista Silvestre cuando estos le refregaron la “infamia” de no mantener el símbolo emblemático (de la mentira) de los 30.000. Lipovetzky, con cara de “yo no fui”, hizo la defensa del blanqueo mientras, al mismo tiempo, defendía la bandera de los 30.000. Al final, chorizo. Prefiero la actitud cínica y perversa de los que mantienen su mentira a la pusilánime que ni lo uno ni lo otro.
A esta hora de la soirée (cuarenta años han pasado), la defensa sobreactuada de la mentira de los 30.000 huele a podrido. Sobre todo porque Carlotto, Bonafini, Vertbisky, con el apoyo incondicional de los Kirchner durante doce años, no pudieron estirar la cantidad ni a diez mil. De las treinta mil placas del Parque de la Memoria sólo pudieron llenar un tercio. Luego, no es pecar de precipitado el presumir que se quiere tapar un chanchullo mayúsculo. Miles de millones de dólares se destinaron para indemnizar a familiares de desaparecidos ¿Por qué habría de pasar inadvertido a los Kchorros semejante boccato di cardinali?
Ante la evidencia, arguyen que un desaparecido o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que ser discapacitado moral para entenderlo así. Inmoral también es atribuir muertes que no fueron tales a quienes no las cometieron. Pero es que, si fueron tantas, entonces los culpables serán tantos también. La ecuación es: a más muertos, mas “genocidas” a perseguir.
Con la mentira de los 30.000 se infecta el alma de los niños argentinos en las escuelas; las dirigidas por la iglesia católica, incluidas. Se le atribuye a Hitler la frase: “Mientras más grande es la mentira más gente la cree”. No comparto. Más acertado sería: “Mientras más grande es la mentira más gente teme contrariarla”. Y, de estos últimos, en la Argentina, hay cantidad como para hacer dulce.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 13, 2016