La sede del Congreso de Estados Unidos fue blindada hoy viernes y está bajo alerta máxima después de que un vehículo embistiera a dos policías cerca de allí, tres meses después de la violenta toma del Capitolio por seguidores del expresidente Donald Trump.
Uno de los agentes y el conductor del vehículo murieron, según explicaron medios estadounidenses. Por ahora, la policía descarta que se tratara de un acto terrorista.
El atacante, del que no se han dado detalles, recibió varios disparos por las agentes tras esgrimir un cuchillo y falleció poco después en un hospital de Washington, de acuerdo a estas informaciones preliminares.
Las imágenes de televisión mostraron un coche azul que se había estrellado contra la barrera de seguridad de unas de las calles que lleva al Congreso de Estados Unidos. También mostraron a dos personas en camillas, que parecían ser los oficiales heridos.
Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre la identidad del conductor del vehículo y, según medios estadounidenses, en el momento de la detención del sospechoso se escucharon disparos. Se informó que el individuo salió del vehículo con un cuchillo.
Tras el incidente de hoy viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados. De todas formas el Congreso estaba en receso por Semana Santa por lo que había menos personal en el lugar.
Este incidente se produce después del violento asalto del edificio del Capitolio perpetrado el 6 de enero por partidarios de Trump que querían interrumpir la certificación de las elecciones.
La mayoría de los miembros que integrarán a mediados de este mes el nuevo Buró Político del Partido Comunista de Cuba carecen del aura heroica que rodea a los revolucionarios históricos, pero tienen la misión de seguir el camino trazado por Fidel y Raúl Castro.
El octavo congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), a celebrarse entre el 16 y 19 de abril, elegirá a los 17 hombres y mujeres que integrarán el nuevo Buró Político, el órgano superior del Comité Central del partido. En este último reside el centro del poder del partido y la fuerza política que dirige al país, de acuerdo con la Constitución.
Diaz-CanelRaúl Castro
La anunciada jubilación de Raúl Castro, a los 89 años, deja vacante la jefatura del PCC como primer secretario del partido. Su salida debe ser seguida por los otros dos históricos del núcleo duro de la Revolución: José Ramón Machado Ventura (90), número dos del PCC, y el comandante Ramiro Valdés (88). Está previsto que el actual presidente, Miguel Díaz-Canel (60), asuma como primer secretario del PCC y tome las riendas del poder absoluto del país, como en su día lo tuvieron Fidel (1926-2016) y Raúl Castro.
Los hombres claves de su entorno no lucharon en la Sierra Maestra y nacieron después del triunfo de la revolución en 1959.
Aunque se espera que sigan en este grupo tres históricos que en esa época eran adolescentes: los generales Leopoldo Cintra Frías (79), Ramón Espinosa (83) y Álvaro López Miera (77), ministro, viceministro y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, respectivamente.
En el Buró Político deben estar representados los más importantes cargos y sectores de la sociedad y, aunque en los últimos años se busca un equilibrio racial y de género, la elección también esta determinada por la coyuntura que vive el país. Por eso se prevé la entrada de otro general, Lázaro Álvarez Casas (57), recién nombrado ministro del Interior, en momentos en que algunas protestas han irrumpido en la escena pública.
El gran enigma de momento es quién pueda sustituir a Machado Ventura como segundo secretario del PCC, cargo que resulta ser una especie de jefe de Estado Mayor del Partido, con capacidad de veto para dirigentes y cuadros del PCC y de las principales instituciones estatales. En medio de una acelerada reforma y una fuerte crisis económica, parece asegurada la entrada del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz (57), quien hizo carrera empresarial en las Fuerzas Armadas y hoy goza de un evidente apoyo del generalato.
También el actual viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández (60), cuya entrada podría limitar la autoridad de Marino Murillo (60), el hombre encargado de la aplicación de las reformas, blanco de numerosas críticas populares, por la actual reforma monetaria. Deben permanecer, debido a sus responsabilidades, el canciller Bruno Rodríguez (63), el presidente del Parlamento, Esteban Lazo (76); el secretario de la Central de Trabajadores (CTC), Ulises Guilarte (56); la secretaria de la Federación de Mujeres, Teresa Amarelle (56), y el exministro de Salud Roberto Morales (53), actual viceprimer ministro.
La biotecnología, de papel primordial ante la pandemia e importante fuente de ingresos, está representada por la científica Marta Ayala (54). Esta área podría ser reforzada con Vicente Vérez (67), director del Instituto Finlay de Vacunas, responsable de la creación de dos de los cuatro candidatos vacunales contra el Covid-19 de Cuba. Debido al peso de La Habana en la vida nacional, su primer secretario del PCC, Luis Antonio Torres Iribar (55), podría formar parte también del equipo.
Después de la histórica producción de tormentas tropicales de 2020, los meteorólogos predicen que 2021 podría ser otra temporada de huracanes demasiado productiva. Estos pronosticas de 18 a 24 tormentas con nombre para la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 que se extiende oficialmente del 1 de junio al 1 de noviembre.
La temporada típica produce 12 tormentas con nombre, de las cuales 6 se convierten en huracanes, incluidos 3 huracanes importantes, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Kottlowski
Ahora se pronostica no solo una mayor producción de tormentas tropicales, sino también muchos más huracanes con una predicción de ocho a doce huracanes, y se prevé que de cinco a siete se convertirán en fenómenos importantes, que son tormentas de al menos categoría 3 y tienen vientos máximos sostenidos de 111 mph. (180 kimómetros por hora) o mayor.
El año pasado, antes de la temporada de huracanes, la NOAA hizo una predicción de 13 a 19 tormentas con nombre, de las cuales de seis a 10 podían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph -120 kph- o más), y de tres a seis de las cuales se convertirían en huracanes importantes. Sin embargo, la temporada 2020 desafió todas las predicciones con un inaudito de 30 tormentas tropicales con 13 huracanes; seis de las cuales fueron tormentas importantes.
Un experto de la Universidad de Miami descubrió que el Atlántico ha entrado en una “nueva normalidad” en la producción de tormentas, según un promedio de 30 años entre 1991 y 2020.
“Los indicios actuales son que esta será otra temporada por encima de lo normal”, dijo Dan Kottlowski, quien dirigió al equipo AccuWeather en esta predicción. “Esto puede traducirse en un gran impacto en los Estados Unidos”.
El equipo estudió los patrones climáticos actuales y los comparó con modelos climáticos de largo alcance para tomar una determinación sobre lo que podría suceder durante el pico de la temporada de huracanes, que cae entre mediados de agosto y mediados de octubre.
Una de las hojas de té preocupantes que examinó AccuWeather fue la ya alta temperatura de la superficie del mar que alcanza niveles superiores a lo normal en el Atlántico norte y el Golfo de México.
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Las temperaturas se tomaron frente a la costa de Key West y se encontraron 81,5 grados, o cinco grados por encima de lo normal. Si bien la temperatura es alta, no es tan alta como la de 2020, que promedió 87.8, informó AccuWeather. De todas maneras, se encontró que la temperatura del agua era más fría de lo normal en el Golfo de México.
“Sin embargo, se espera que las temperaturas del agua aumenten cuando comience la temporada”, afirmó AccuWeather.
Se prevé que Estados Unidos experimente de cuatro a seis tormentas que tocarán tierra esta temporada en Florida, según AccuWeather. Una razón por la que eso podría ser posible se debe a un Bermuda High más débil, que es una zona de alta presión y fue responsable de dirigir varias tormentas hacia el Golfo de México.
En la primera emisión de su canal Huellas de Malvinas, el director cinematográfico Sandro Rojas Filártiga nos brinda la arenga, en la previa de la Operación Rosario, del Contralmirante Carlos Alberto Bússer, el 1 de abril de 1982.
A comienzos del año 2016, en plena carrera por convertirse en candidato republicano como rival de Barack Obama, el entonces congresista por el 4º distrito electoral de Kansas, Mike Pompeo, era un firme defensor de la candidatura del senador de Florida, Marco Rubio. Así, durante los caucus de su estado avisó de los tintes “autoritarios” del aún presidente y de que Donald Trump, de alcanzar el despacho oval, podría desarrollar similares comportamientos.
“Hemos malgastado siete años y medio con un presidente autoritario que ha ignorado nuestra constitución. No necesitamos cuatro años más de eso”, dijo entonces. Aunque eso, claro, fue en marzo de 2016.
TrumpRubioPompeo
Poco después la carrera de Trump en la primarias republicanas se disparó de forma irremediable y Marco Rubio no pudo más que sucumbir, al igual que todo el Great Old Party (GOP-Partido Republicano), incluido Pompeo, quien, de hecho, se convertiría en uno de los más estrechos colaboradores de Trump durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
Recién llegado a la Casa Blanca, Trump nombró a Pompeo director del Agencia Central de Inteligencia, más conocida como la CIA, en un claro movimiento proteccionista para sus intereses y claramente ofensivo hacia la política internacional de los demócratas durante las dos legislaturas de Barack Obama en la Casa Blanca.
Pompeo era miembro del movimiento ciudadano ultraconservador del Tea Party y como congresista formó parte del comité que investigó el ataque al consulado de Bengasi (Libia) en 2012 cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. Él achacó el atentado en el que murió el embajador de EEUU en ese país y otros tres funcionarios (dos de ellos, contratistas de la CIA) a “una trágica falta de liderazgo” de la derrotada candidata demócrata a la presidencia y de la Administración Obama.
Durante la confirmación de su nombramiento en el Senado, Pompeo fue incapaz de desactivar los vínculos de su actividad empresarial con compañías propiedad del gobierno Chino. Más adelante, asumió el control del Centro de Contrainteligencia, la oficina al frente de las primeras investigaciones sobre las relaciones de Trump con oficiales rusos y suyas fueron también las primeras gestiones entre Estados Unidos y Corea del norte, que cristalizaron en junio de 2019 con la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un en la frontera entre las dos Coreas.
TillersonKimObama
Apenas un año después de su nombramiento al frente de la CIA, Trump fulminó a golpe de tuit a Rex Tillerson, el único contrapeso diplomático que le quedaba a su administración, y elevó a Pompeo a secretario de Estado y responsable máximo de las relaciones internacionales de Estados Unidos durante su mandato. El crítico en 2016 se ha bía convertido en fiel seguidos en 2017 para llegar a ser mano derecha desde 2018 hasta su último día en el despacho oval.
Pompeo siempre ha sido considerado uno de los más estrechos colaboradores de Trump y también uno de los cargos con más similitudes políticas con el propio presidente. Quizás por eso, el propio Pompeo se ve entre los pocos candidatos posibles a relevar al ahora empresario en la carrera presidencial de 2024 en representación del partido republicano.
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– ¿Está considerando presentarse a la carrera electoral?
– Siempre estoy dispuesto a una buena pelea.
Respuesta directa, sin ambages, a la pregunta directa del periodista Sean Hannity en uno de los programas de Fox News, la cadena conservadora que siempre apoyó a Trump.
“Me preocupo profundamente por Estados Unidos. Tú y yo hemos sido parte del movimiento conservador durante mucho tiempo”
“Mi objetivo es seguir haciéndolo”, añadió por si alguien albergaba dudas de sus intenciones.
Los rumores comenzaron en PAC republicano de Florida del pasado mes de marzo. Durante la Conferencia anual de Acción Política del partido conservador los senadores Tom Cotton, de Arkansas; Ted Cruz, de Texas; Josh Hawley, de Missouri, y Rick Scott, de Florida; además de los gobernadores Ron DeSantis, de Florida, y Kristi Noem, de Dakota del Sur, dejaron clara su intención de suceder a Trump, un puesto para el que también se dejó querer Donald Trump Jr.
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Trump Jr.
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Sin embargo, todas las miradas se fijaron en el discurso de Pompeo, probablemente el más encendido, probablemente el más trumpista de los trumpistas y probablemente el candidato más fuerte en una carrera que no comenzará hasta dentro de tres años y que el propio Donald Trump podría desactivar con un solo tuit que dijera ‘Soy candidato’.
Una compañía israelí que elabora alimentos cárnicos presentó su primer bisctec de costilla de carne cultivada, creada mediante una técnica que desarrollaron junto a socios de investigación del Instituto Tecnológico de Israel.
ToubiaNetanyahu
La empresa “Aleph Farms”, para elaborar estos productos, utiliza la tecnología de bioimpresión en 3D: incuba células animales vivas en una matriz de origen vegetal para que crezcan, se diferencien e interactúen hasta conseguir la textura y las propiedades de un corte real.
A su vez, tiene un sistema similar al sistema vascular de un animal: permite que las células maduren y los nutrientes se desplacen por el tejido más grueso, lo que brinda la forma y estructura similar a las del tejido tradicional de la vaca antes y durante la cocción.
Esta forma de producción de carne permite comercializar cortes de músculo entero de primera calidad y permitirá una expansión en la comercialización de productos de las empresas de este rubro.
Sin embargo, por el momento no existe una aprobación reglamentaria oficial para comerciar carne cultivada en laboratorio y podría frenar la carrera de estas empresas hacia el mercado.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue el primer mandatario del mundo en comer carne cultivada. Al mismo tiempo, Singapur aprobó ese mes la venta de carne cultivada y fue el primer país en realizarlo. Por el momento, se desconoce con exactitud la posible adherencia de los demás países.
El director ejecutivo de Aleph Farms, Didier Toubia, explicó que “no se trata sólo de proteínas, sino de un producto complejo y emocional”, y aseguró que el producto refleja la calidad sensorial, la textura, el sabor y el marmoleado graso de un costillar de producción tradicional.
Respecto al costillar de Aleph, el líder de la empresa afirme que se servirá en el centro del plato y sin aderezos ni “adornos”, a diferencia de las hamburguesas vegetales o las tiras de carne normalmente usadas en platos sofisticados.
El director adelantó que la empresa podrá incluso adaptar el filete a un país o un paladar específico, a gusto del consumidor.
“En el caso de las vacas, la raza tiene un papel, pero la calidad proviene de la alimentación. Con nuestra carne cultivada ocurre algo parecido”, informó Toubia, y agregó: “Controlamos el proceso de cultivo, y podemos diseñar la carne específicamente para un mercado, ajustando la cantidad de colágeno y tejidos conectivos y grasa, para adaptar la carne a las necesidades específicas. La idea no es sustituir la agricultura tradicional, sino construir una segunda categoría de carne”.
El director aseguró que los primeros productos de la empresa llegarán al mercado en el segundo semestre de 2022.
Bajo esta modalidad, al poder rastrearse hasta una célula concreta y cultivarse en un medio estéril, se podrá comercializar certificada como libre de patógenos sin necesidad de antibióticos, permitirá conservarse durante más tiempo y habrá más transparencia que con la agricultura animal tradicional.
La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día Martes 30 de Marzo de 2021, del Teniente Coronel (R) Carlos Alberto MARTÍNEZ (Comunicaciones – Promoción 87 – CMN), de 85años de edad.
Especial atención: Debe hacerse notar, que el citado Oficial Jefe, padecía graves problemas de salud, razón por la cual había sido separado de la causa judicial.
Ya son 639(seiscientos treinta y nueve) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.
El grave cuadro de situación, obliga a destacar y considerar los siguientes aspectos:
Períodos donde se produjeron los 639 fallecimientos
*Fallecidos entre el 10 Dic 83 / 25 May 03: 25.
*Fallecidos entre el 25 May 03 / 10 Dic 07: 56.
*Fallecidos entre el 10 Dic 07 / 10 Dic 15: 282.
*Fallecidos entre el 10 Dic 15 / 10 Dic 19: 208.
* Fallecidos desde el 10 Dic 19: 68 (sesenta y ocho) decesosse hanproducido desde el día 10 de Diciembre de 2019.
Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.
Alessandro Sandrini, un empresario de Brescia (en el norte de Italia), pasaba por un mal momento económico cuando aceptó la propuesta de una banda criminal de tres personas para simular su propio secuestro a cambio de dinero. La idea parecía sencilla: se iria a la ciudad turca de Adana donde permanecería un tiempo hasta que lograran cobrar su rescate. Pero una vez llegado a Adana, todo se complicó y lo que era una estafa se transformó en la peor pesadilla de Sandrini que se vio en manos de un grupo terrorista sirio.
Una vez en Turquía, tres criminales -un italiano y dos albaneses- engañaron al empresario, al que acabaron llevando contra su voluntad a Siria y le entregaron a un grupo yihadista nacido de la disolución del Frente Jabhat Al Nusra. Sandrini era, así, oficialmente secuestrado en octubre de 2016 cerca de la frontera turco-siria.
Permaneció en manos del grupo terrorista durante tres años, hasta que le liberaron el 22 de mayo de 2019, cerca de Idleb, al norte de Siria. La pesadilla parecía haber terminado pero ahora, de vuelta a Italia, el empresario italiano está siendo investigado por simular su secuestro, acusado de fraude. El empresario niega todas las acusaciones.
“No es como se está diciendo. No he recibido un solo centavo. No recibí dinero para ir allí y tampoco después. Todo ese tiempo fue un secuestro real. De principio a fin. No hay nada acordado “, aseguró Sandrini.
La Fiscalía indaga también si los tres detenidos llevaron a cabo la misma estafa con otro secuestro similar y bastante anómalo, el de Sergio Zanotti, que despareció en mayo de 2016, cuando estaba en Turquía y fue liberado en abril de 2019 en Siria, además de intentarlo con otros empresarios.
Sin embargo Zanotti, que no está siendo investigado, fue inducido por los estafadores a viajar a Turquía con el pretexto de comprar dinares iraquíes.
Además de Alessandro Sandrini y Sergio Zanotti, la pandilla se habría acercado a un tercer empresario, proponiendo el mismo plan. Los tres habrían propuesto la estafa a un empresario de Rezzato, también en la provincia de Brescia, que aún no ha sido identificado. Según la investigación, este secuestro no salió a delante porque el empresario el día pactado para la salida, el 25 de septiembre, no se presentó en el punto de embarque del aeropuerto.
Birmania se enfrenta a la posibilidad de una guerra civil “a una escala sin precedentes”, advirtió el miércoles Christine Schraner Burgener, enviada especial de la ONU al país asiático, e instó al Consejo de Seguridad a que considere una “acción potencialmente significativa” para revertir el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero y restaurar la democracia.
Schraner Burgener no especificó qué medidas consideraba como significativas, pero describió una grave situación de la represión militar en su sesión informativa virtual ante el consejo. La enviada también advirtió que el país está “a punto de convertirse en un Estado fallido”.
“Esto podría ocurrir ante nuestros propios ojos”, comentó, “y no evitar una mayor intensificación de las atrocidades le costará al mundo mucho más a largo plazo que invertir en este momento en la prevención, sobre todo a los países vecinos de Myanmar y a la región en general”.
Schraner Burgener
Schraner Burgener instó al consejo “a considerar todas las herramientas disponibles para tomar una acción colectiva” y hacer lo que el pueblo de Myanmar merece: “evitar una catástrofe multidimensional en el centro de Asia”.
El golpe de Estado revirtió años de lento progreso hacia la democracia en Myanmar, que durante cinco décadas había estado bajo un estricto mando militar que provocó un aislamiento y sanciones internacionales. A medida que los generales soltaban el control, lo que culminó con el ascenso al poder de Aung San Suu Kyi luego de unas elecciones celebradas en 2015, la comunidad internacional respondió retirando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en el país.
En la reunión virtual, que fue privada, Schraner Burgener denunció el homicidio y arresto de manifestantes que no estaban armados y que buscaban restaurar la democracia. Hasta el miércoles, unas 2.729 personas habían sido detenidas, acusadas o sentenciadas desde el golpe de Estado y aproximadamente 536 han sido asesinadas, señaló Schraner Burgener, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar.
El pasado 10 de marzo, el Consejo de Seguridad adoptó un comunicado presidencial, medida apenas por debajo de una resolución, en el que solicitó que se revirtiera el golpe de Estado, condenó la violencia contra los manifestantes pacíficos y pidió “mayor mesura” por parte de las fuerzas militares. Destacó la necesidad de defender “las instituciones y procesos democráticos” y pidió liberar de inmediato a los dirigentes del gobierno que han sido encarcelados, incluida Suu Kyi y el presidente Win Myint.
El Pentágono eliminó el miércoles las políticas de la era Trump que prohibían en gran medida a las personas transgénero servir en el ejército, emitiendo nuevas reglas que les ofrecen un acceso más amplio a la atención médica y asistencia con la transición de género.
Las nuevas regulaciones del departamento permiten a las personas transgénero que cumplen con los estándares militares alistarse y servir abiertamente en su género autoidentificado, y podrán obtener la atención relacionada con la transición médicamente necesaria autorizada por la ley, dijo a la prensa el portavoz principal del Pentágono, John Kirby .
Kirby
Los cambios se producen después de una revisión del Pentágono de dos meses destinada a desarrollar pautas para la nueva política, que fue anunciada por el presidente Joe Biden pocos días después de que asumiera el cargo en enero.
La orden ejecutiva de Biden anuló la política de Trump e inmediatamente prohibió que cualquier miembro del servicio fuera expulsado del ejército por motivos de identidad de género. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, le dio al Pentágono dos meses para ultimar las regulaciones más detalladas que seguirán los servicios militares.
Las nuevas reglas también prohíben la discriminación basada en la identidad de género. Su lanzamiento el miércoles coincide con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y entrarán en vigencia en 30 días. Kirby dijo que le dará a los servicios militares el tiempo que necesitan para actualizar sus políticas y brindar orientación a los comandantes.
Lloyd
“El ejército de los Estados Unidos es la fuerza de combate más grande del planeta porque estamos compuestos por un equipo de voluntarios dispuestos a intensificar y defender los derechos y libertades de todos los estadounidenses”, dijo Austin en un comunicado el miércoles. “Seguiremos siendo el mejor y más capaz equipo porque nos servimos del mejor talento posible que Estados Unidos tiene para ofrecer, independientemente de la identidad de género”.
Austin también ha pedido un nuevo examen de los registros de los miembros del servicio que fueron dados de alta o se les negó el reenganche debido a problemas de identidad de género bajo la política anterior. Stephanie Miller, directora de política de adhesión militar, dijo a los periodistas que aún no hay datos sobre cuántas personas pueden ser.
Obama
Hasta hace unos años, los miembros del servicio podían ser dados de baja del ejército por ser transgénero, pero eso cambió durante la administración Obama. En 2016, el Pentágono anunció que a las personas transgénero que ya estaban en el ejército se les permitiría servir abiertamente y que para julio de 2017 se les permitiría alistarse.
Sin embargo, después de que Donald Trump asumió el cargo, su administración retrasó la fecha de alistamiento y pidió estudios adicionales. Unas semanas más tarde, Trump tomó por sorpresa a los líderes militares y tuiteó que el gobierno no aceptaría ni permitiría que las personas transgénero sirvieran “en ninguna capacidad” en el ejército.
Después de una batalla legal larga y complicada y revisiones adicionales, el Departamento de Defensa en abril de 2019 aprobó una política que no llegó a una prohibición total, pero prohibió a las tropas y reclutas transgénero la transición a otro sexo y requirió que la mayoría de las personas sirvieran en lo que la administración llamado su “género de nacimiento”.
Bajo esa política, las tropas transgénero que actualmente están en servicio y cualquier persona que haya firmado un contrato de alistamiento antes de la fecha de vigencia podría continuar con los planes de tratamientos hormonales y transición de género si se le hubiera diagnosticado disforia de género.
Pero después de esa fecha, no se permitió alistarse a nadie con disforia de género que estuviera tomando hormonas o que hubiera pasado a otro género. Las tropas que ya estaban en servicio y fueron diagnosticadas con disforia de género debían servir en el género asignado al nacer y se les prohibió tomar hormonas o someterse a una cirugía de transición.
Las nuevas políticas publicadas el miércoles son similares a las desarrolladas en 2016. El anuncio fue elogiado por grupos de defensa y miembros del Congreso.
Speier
“El Pentágono hizo absolutamente lo correcto hoy al restablecer una política de inclusión para los miembros del servicio transgénero, quienes una vez más podrán servir abierta y orgullosamente en su género autoidentificado”, dijo la representante Jackie Speier, demócrata de California, quien encabeza el Subcomité de Personal Militar de los Servicios Armados de la Cámara.
Nicolas Talbott, cuyos planes de alistarse en la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea fueron marginados por la administración Trump, expresó alivio el miércoles.
“Estoy más seguro que nunca de que cuando presente la solicitud para alistarme, se me juzgará por mis habilidades y logros, en lugar de por mi condición de transgénero, que no tiene nada que ver con mi capacidad para servir”, dijo Talbott, quien planea hacerlo. conseguir.
Miller dijo que la cantidad de miembros del servicio que se identifican a sí mismos como transgénero podría oscilar entre 1.000 y 8.000, incluidos aquellos que no buscan tratamiento. Otros estudios han dicho que el total podría llegar a 14.700. Hay más de 1.3 millones de soldados en servicio activo y cerca de 800,000 en la Guardia Nacional y Reservas.
Trump
Hablando durante una sesión informativa en el Pentágono, Miller proporcionó cifras actualizadas sobre las tropas que han sido diagnosticadas con disforia de género, y dijo que hay 2.200 que están sirviendo actualmente. Ese total es más del doble de los 1.071 que estaban sirviendo en febrero de 2019, según los datos publicados en ese momento.
Miller también dijo que los costos médicos asociados con el tratamiento y la transición de género son muy pequeños, “un puñado de millones de dólares por año”. Agregó que “no anticipamos con estos cambios en las políticas que habrá un impacto significativo en términos de costos médicos”.
Según el Pentágono, el departamento gastó alrededor de U$ 8 millones en atención a personas transgénero de 2016 a 2019.
Cuatro de los jefes del servicio militar le dijeron al Congreso en 2018 que no habían visto problemas de disciplina, moral o preparación de la unidad con las tropas transgénero que prestaban servicio abiertamente en el ejército. Pero también reconocieron que algunos comandantes pasaban mucho tiempo con personas transgénero que estaban trabajando con los requisitos médicos y otros problemas de transición.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles un confinamiento atenuado para todo el país a partir del sábado por la noche durante un mes, a lo que se añadirá un cierre de las escuelas durante tres semanas y de cuatro para la secundaria.
En una intervención emitida por televisión, Macron ha pedido un “esfuerzo suplementario” a la ciudadanía en un mes de abril que será “difícil” para evitar la saturación de las unidades de intensivos de los hospitales de todo el país, que ya se ha producido en algunas regiones.
Macron
“La situación es más peligrosa que en otoño, porque el virus es más contagioso y más mortífero debido a la variante británica”, ha afirmado.
Las medidas incluyen colocar a todo el país en el confinamiento menos estricto en el que ya están 19 departamentos, entre ellos la región de París.
Este confinamiento supone que los comercios no esenciales cerrarán sus puertas, aunque la lista de sectores abiertos es más amplia e incluye ahora librerías o floristerías.
No se puede salir de las regiones, salvo causa justificada, y los ciudadanos tampoco podrán desplazarse a más de diez kilómetros de su domicilio, excepto para trabajar o un motivo perentorio.
El toque de queda se mantiene de 19:00 a 06:00, período que se fijó hace dos semanas.
El cierre de guarderías y escuelas primarias será durante tres semanas y el de secundarias e institutos durante cuatro semanas.
El cierre comenzará la próxima semana, cuando la enseñanza se hará a distancia en todos los centros. Luego vendrán dos semanas de vacaciones de Pascua, ya previstas, entre el 12 y el 25 de abril.
El 26 reabrirán guarderías y centros de primaria, pero los de secundaria e institutos tendrán otra semana de enseñanza a distancia y no regresarán al aula hasta el 5 de mayo, cuando lo harán con aforos adaptados en función de la situación de la pandemia.
Macron ha insistido en el éxito que ha supuesto mantener el máximo posible las escuelas abiertas, frente a otros países que las han cerrado hace meses.
También ha señalado que aquellos padres que no puedan teletrabajar tendrán la posibilidad de acogerse al desempleo temporal (ERTE) para atender a sus hijos durante ese periodo, al tiempo que anunció ayudas a comerciantes y otros sectores para el cuidado de sus menores.
El 1 de abril de 1918, la Royal Air Force (RAF) se forma con la fusión del Royal Flying Corps (RFC) y el Royal Naval Air Service (RNAS).
La RAF tomó su lugar junto a la marina y el ejército británicos como un servicio militar separado con su propio ministerio.
En abril de 1911, ocho años después de que los estadounidenses Wilbur y Orville Wright hicieran el primer vuelo de un avión autopropulsado más pesado que el aire, se formó un batallón aéreo de los Ingenieros Reales del ejército británico en Larkhill, Wiltshire.
El batallón estaba formado por compañías de aviones, dirigibles, globos y cometas portadoras de hombres. En diciembre de 1911, la marina británica formó la Royal Naval Flying School (RNAS) en Eastchurch, Kent. En mayo de 1912, ambos fueron absorbidos por el recién creado Royal Flying Corps (RFC), que estableció una nueva escuela de vuelo en Upavon, Wiltshire, y formó nuevos escuadrones de aviones.
En julio de 1914, los requisitos especializados de la marina llevaron a la creación de RNAS. Un mes después, el 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y entró en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el RFC tenía 84 aviones y el RNAS tenía 71 aviones y siete dirigibles. Más tarde ese mes, cuatro escuadrones RFC se desplegaron en Francia para apoyar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Durante los dos años siguientes,
Alemania tomó la delantera en estrategia aérea con tecnologías como la ametralladora manual, e Inglaterra sufrió bombardeos y frustración en los cielos contra ases voladores alemanes como Manfred von Richthofen, “El Barón Rojo”. Los repetidos ataques aéreos alemanes llevaron a los planificadores militares británicos a impulsar la creación de un ministerio del aire separado, que llevaría a cabo bombardeos estratégicos contra Alemania.
Adolf Hitler
El 1 de abril de 1918, se formó la RAF junto con una rama femenina del servicio, la Real Fuerza Aérea Femenina. Ese día, los cazas Bristol F.2B del 22º Escuadrón llevaron a cabo las primeras misiones oficiales de la RAF. Al final de la guerra, en noviembre de 1918, la RAF había ganado la superioridad aérea a lo largo del frente occidental. La fuerza de la RAF en noviembre de 1918 era de casi 300.000 oficiales y aviadores, y más de 22.000 aviones. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, la fuerza operativa de la RAF en Europa había disminuido a unos 2.000 aviones.
En junio de 1940, las democracias occidentales de la Europa continental cayeron ante Alemania una a una, dejando a Gran Bretaña sola en su resistencia a la Alemania nazi. El líder nazi Adolf Hitler planeó una invasión de Gran Bretaña y en julio de 1940 ordenó a su poderosa fuerza aérea, la Luftwaffe, que destruyera los puertos británicos a lo largo de la costa en preparación.
Von Richthofen, el Barón Rojo
Los aviadores de la RAF, superados en número, opusieron una feroz resistencia en las primeras semanas de la Batalla de Gran Bretaña, lo que llevó a los comandantes de la Luftwaffe a colocar la destrucción de la flota aérea británica al frente de la ofensiva alemana. Si los alemanes lograban acabar con la RAF, podrían comenzar su invasión según lo programado en el otoño. Sin embargo, durante los siguientes tres meses, la RAF resistió con éxito la masiva invasión aérea alemana, confiando en la tecnología de radar, aviones más maniobrables y una valentía excepcional.
Por cada avión británico derribado, se destruyeron dos aviones de combate de la Luftwaffe. En octubre, Hitler retrasó indefinidamente la invasión alemana y en mayo de 1941 llegó a su fin la Batalla de Gran Bretaña. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo sobre los pilotos de la RAF: “Nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos”. Al final de la guerra en 1945, la fuerza de la RAF era de casi un millón de personas. Posteriormente, este número se redujo y se estabilizó en unos 150.000 hombres y mujeres.
Un documento entregado al Emmanuel Macrón indica que Francia “cerró los ojos frente a la preparación” del genocidio de los tutsis en Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas, según el informe de una comisión de historiadores publicado este viernes. En el documento se acusa a Francia de haber “cerrado los ojos” frente a la deriva genocida, pese a las “alertas”, pero descarta que París haya sido “cómplice” del genocidio que dejó al menos 800.000 muertos, según cifras de la ONU. Este informe podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países, envenenada durante más de 25 años por las violentas controversias sobre el papel de Francia en este exterminio.
Habyarimana
Mitterrand
El documento, de más de 1.000 páginas y realizado en base a telegramas diplomáticos y notas confidenciales, apunta la responsabilidad crucial del presidente socialista de ese entonces, François Mitterrand (1981-1995). Mitterrand brindó un apoyo casi “incondicional” al régimen “racista, corrupto y violento” del presidente Juvénal Habyarimana, frente a una rebelión tutsi considerada como dirigida desde la Uganda anglosajona.
El mandatario socialista tenía “una relación fuerte, personal y directa” con Habyarimana, señalan los 14 historiadores de la comisión creada por Macron. El informe apunta también la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial (EMP) de Mitterrand, dirigido por el general Christian Quesnot y su adjunto, el coronel (ahora general) Jean-Pierre Huchon. Francois Mitterrand falleció en 1996 pero los dos militares, ahora jubilados, aún viven.
“La EMP tiene una responsabilidad muy importante en la instauración de una hostilidad general por parte de la presidencia francesa hacia el FPR”, reza el informe.
Cuando estalló el genocidio, Francia “tardó en romper” con el gobierno ruandés, y siguió considerando a la amenaza del FPR como “el centro de sus preocupaciones”, escriben los historiadores.
Kagame
Macron
“Reaccionó tardíamente” con una operación militar-humanitaria, conocida como la misión Turquesa, entre junio y agosto de 1994, “que permitió salvar muchas vidas, pero no las de la gran mayoría de los tutsis ruandeses exterminados en las primeras semanas del genocidio”, añaden.
Sus autores afirman también que las autoridades francesas “se negaron a detener” a los autores intelectuales del genocidio que se habían refugiado en la zona bajo control francés.
Este es uno de los puntos más controvertidos de la acción francesa en Ruanda. El genocidio terminó con la victoria del FPR (Frente Patriótico Ruandés, es rebelión tutsi dirigida por Paul Kagame, que se convirtió en presidente de Ruanda), en julio de 1994.
Aunque las relaciones entre ambas capitales han mejorado con la llegada de Emmanuel Macron en 2017, el rol de París, acusado durante mucho tiempo de “complicidad” en el genocidio, ha sido un tema explosivo entre ambas naciones desde hace más de un cuarto de siglo.
UN PARAPOLICIAL LLAMADO GUSTAVO BAHUT Y LAS 60 VACUNAS
Eufemísticamente se les dicen: “Vacunados VIP”, pero en realidad es: “Sálvese quien pueda, yo me vacuno contra el COVID 19 y los demás que se jodan”, ese es el pensamiento y el accionar de numerosos funcionarios gubernamentales y sus allegados. Esta vez la maniobra fue denunciada horas atrás por la diputada GRACIELA OCAÑA, y se habría producido en el ámbito del aeropuerto de Ezeiza sobre las 8 horas del día 23 de enero pasado. Ese día GUSTAVO JAVIER BAHUT, jefe de la central de monitoreo del Hospital Posadas, (servicio de seguridad cubierto por miembros de grupos de choque de ATE-Asociación de Trabajadores del Estado) con la asistencia de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizaron una manipulación fuera de todo protocolo. En el lugar se separó unas 60 dosis de la vacuna Sputnik V, de un lote con destino a El Calafate, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, “Su Compañía”, las que fueron depositadas en un pequeño refrigerador. Este luego pasó por el escáner destinado al control de la tripulación y entregado en mano propia a un tal DONO, comandante de la aeronave, que con retraso partió a las 8.40 horas. Al tomar estado público el hecho, en el Ministerio de Salud le restaron importancia al incidente, informando que “se trató de un envío complementario de las dosis solicitado por las autoridades del Hospital SAMIC. También aclararon que “el intercambio de insumos entre hospitales dependientes de la órbita nacional es habitual”.
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Septiembre 2018, la ex titular del departamento de psiquiatría del Hospital Posadas Gisela Mannoia denunció: ”El día miércoles coloqué en la puerta de acceso al servicio un cartel donde informaba a los pacientes de los médicos despedidos, dado que hay aproximadamente 1000 pacientes que estaban a cargo de ellos” – “Mientras estaba en el servicio ingresa sin golpear el sr. Bahut, se presenta tomándome fuerte de la muñeca y dice que con el cartel que había puesto, el que había roto, que esto no se hacía, que no podía pegar ningún cartel sin autorización de seguridad, que así las cosas no se hacen, siempre agarrándome de la muñeca, amedrentándome y con postura amenazante” – “Me dice que deje de hacer esto y que me dedique a atender pacientes, retirándose con un portazo y poniendo nerviosos a los pacientes que estaban en el lugar y frente a otras personas del servicio”.
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Federico Bodlovic (vacunado VIP), Intendente de Luis Piedrabuena, Alicia Kirchner, Gobernadora de Santa Cruz y José (papá Bodlovic, diputado), también vacunado VIP. ¿La familia unida?
Hospital Posadas
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En la provincia de Santa Cruz, donde la mandamás es ALICIA KIRCHNER a mediados de febrero ya habían salido a la luz escándalos por vacunados VIP. Fue cuando trascendió que el intendente de Luis Piedrabuena FEDERICO BODLOVIC, su esposa, su padre y su chofer habían sido vacunados contra el Coronavirus. A todo esto, es digno de destacar la eficacia y discreción de los esbirros uniformados de la PSA para colaborar con GUSTAVO JAVIER BAHUT, miembro de ATE Morón, un violento, denunciado en septiembre de 2018 por la ex jefe de psiquiatría doctora GISELA MANNOIA. Este parapolicial está con su “patota” a cargo de la vigilancia de los pasillos del Hospital Posadas, custodiando al personal sanitario. Si bien hay miembros de la Policía Federal y en el perímetro está la Gendarmería, él se impone por tener el dominio de las cámaras de seguridad de dicho nosocomio.
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Gustavo Javier Bahut, jefe de la central de monitoreo (encargado de la seguridad) del Hospital Posadas. Miembro de ATE Morón.
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Graciela Ocaña, Diputada de la Nación
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Llamativamente existe una zona muerta para los indiscretos lentes y es un chalet existente dentro del predio, utilizado por BAHUT y su gente. Las instituciones de seguridad del estado, “bien gracias”. Destacamos que la PSA ha sido la fuerza por excelencia dedicada a detener adultos mayores imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad. Su llamativo ahínco y perseverancia para apresar uniformados es proverbial, tanto… como el de servir en calidad de fieles esbirros a personajes como BAHUT.
♣ OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGALES O POR MOTIVOS POLÍTICOS
RESUMEN EJECUTIVO ANUNCIO: El Departamento de Estado publicará un anexo a este informe a mediados de 2021 que amplía la subsección sobre Mujeres en la Sección 6 para incluir una gama más amplia de cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos.
Argentina es una república constitucional federal. En octubre de 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente en unas elecciones que los observadores locales e internacionales consideraron generalmente libres y justas. El mismo día, el país también celebró elecciones municipales, provinciales y federales. Los votantes eligieron gobernadores en 22 de las 24 provincias y la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, en representación de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y un tercio de los miembros del Senado, en representación de ocho provincias.
Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Todas las fuerzas policiales federales dependen del Ministerio de Seguridad, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: asesinatos ilegales y arbitrarios y torturas a manos de la policía federal y provincial; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; problemas importantes con la independencia del poder judicial; graves actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlo.
Las autoridades judiciales acusaron y procesaron a varios ex funcionarios gubernamentales en funciones que cometieron abusos contra los derechos humanos durante el año, así como a funcionarios que cometieron crímenes de la época de la dictadura (1976-1983).
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la ausencia de: A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGALES O POR MOTIVOS POLÍTICOS Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales.
El 6 de agosto, la policía provincial disparó y mató a Valentino Blas Correas, de 17 años, cuando el conductor del vehículo en el que viajaba intentó evadir un control policial en la ciudad de Córdoba. Las autoridades arrestaron a un oficial, Javier Catriel Almiron, por cargos de homicidio calificado e intento de asesinato, ya que balística ataba la bala fatal a su arma de servicio.
En marzo, los fiscales confirmaron que presentarían cargos de “homicidio involuntario” contra el oficial de policía de la ciudad de Buenos Aires Esteban Armando Ramírez por la muerte de Jorge Martín Gómez. Cámaras de circuito cerrado capturaron a Ramírez pateando a Gómez en el pecho durante un arresto en agosto de 2019. Como resultado de la patada, Gómez se cayó, se fracturó el cráneo y posteriormente murió. Los medios locales informaron que los agentes involucrados intentaron encubrir sus acciones. Ramírez afirmó que no tenía intención de matar a Gómez, pero los abogados de la víctima pidieron un aumento de la acusación de homicidio agravado, que conllevaría una posible cadena perpetua en lugar de la pena de prisión de uno a tres años que enfrentaba Ramírez por el cargo original. En noviembre se estaban llevando a cabo los procedimientos.
El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas.
Los medios informaron un aumento en los homicidios en la provincia de Santa Fe durante el año, con 330 reportados hasta octubre, en comparación con 279 durante el mismo período en 2019. Junto con la prensa, las ONG, incluida Insight Crime, atribuyeron la alta tasa de homicidios al narcotráfico y al crimen organizado. . En septiembre, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que enviaría a 50 agentes federales para apoyar a la policía local. Las autoridades provinciales, sin embargo, criticaron la medida como insuficiente y solicitaron una mayor coordinación y asistencia con las autoridades federales.
B. DESAPARICIÓN PrisioneroEnArgentina.com Hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año.
Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19. Las autoridades recuperaron el cuerpo de Astudillo en un canal cuatro meses después, el 30 de agosto, y una autopsia realizada por un equipo de antropólogos forenses de prestigio internacional no pudo descartar un homicidio. Los fiscales dijeron a los medios locales que los agentes de la policía provincial eran sus principales sospechosos, pero que hasta el 18 de noviembre aún no habían presentado cargos contra ningún agente. El 10 de julio, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas exigió a las autoridades que llevaran a cabo una investigación inmediata y exhaustiva. El 30 de octubre, la madre de Astudillo denunció la lentitud de la investigación y pidió a la jueza de instrucción que lidera el caso, María Gabriel Marrón, que se recusase.
Las autoridades continuaron investigand o y procesando a personas implicadas en desapariciones, asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura militar de 1976-83 y el gobierno de Isabel Perón en 1974-76. Durante el año, los tribunales escucharon testimonios por videoconferencia en dos “megacasos”, uno por crímenes dictatoriales en la provincia de San Juan y otro por los de la instalación de Campo de Mayo cerca de Buenos Aires. Treinta y cinco personas enfrentaron cargos en San Juan y 22 en el caso Campo de Mayo.
C.TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES La ley prohíbe tales prácticas y establece penas por tortura similares a las del homicidio, pero hubo informes de que la policía y los funcionarios de prisiones torturaron a los presos. La Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN), un organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias, y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires (CPM), una oficina autónoma establecida por el gobierno provincial, denunciaron denuncias de tortura. perpetrados por funcionarios penitenciarios provinciales y federales, al igual que ONG locales e internacionales.
El PPN reportó 427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, el PPN había registrado 87 casos. Aunque el PPN creó un Registro Nacional de Casos de Tortura en 2010, sus informes permanecieron en gran parte limitados a la ciudad y provincia de Buenos Aires (hogar de aproximadamente el 46 por ciento de la población).
El 25 de julio, la policía de la sexta comisaría en La Plata, provincia de Buenos Aires, golpeó y aplicó descargas eléctricas a un preso de 17 años durante una detención estimada de 10 horas, según el CPM. El CPM señaló que los oficiales aparentemente filmaron sus acciones y las distribuyeron en las redes sociales.
El 13 de mayo, las autoridades detuvieron a ocho miembros de la Policía Provincial de Buenos Aires por torturar y abusar sexualmente de 14 mujeres detenidas en la tercera comisaría del municipio de La Matanza. Según los medios locales, en diciembre de 2019 y enero, los agentes de policía obligaron a los detenidos a desvestirse y a ponerse en cuclillas durante períodos prolongados y los sometieron a registros de cavidades violentos e injustificados.
La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19.
CONDICIONES DE PRISIONES Y CENTROS DE DETENCIÓN Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y las malas condiciones sanitarias. Hubo informes de traslados forzosos y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que albergaba a más de la mitad de la población carcelaria total del país.
Condiciones físicas: El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. Según el PPN, al 31 de julio, el sistema penitenciario federal estaba al 95 por ciento de su capacidad, con una capacidad estimada de 11.500 prisioneros. En abril, las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires tenían casi 42.100 reclusos en instalaciones diseñadas inicialmente para 24.000, según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchos detenidos en prisión preventiva fueron recluidos con presos condenados.
En marzo y abril, los presos de todo el país protagonizaron disturbios mortales para protestar por el hacinamiento y exigir el traslado a arresto domiciliario debido al COVID-19. Luego de los disturbios, que dejaron siete reclusos muertos, varios juzgados comenzaron a trasladar a miles de detenidos de las cárceles de la provincia y ciudad de Buenos Aires a arresto domiciliario para reducir el hacinamiento y limitar la propagación del virus. Los jueces generalmente daban prioridad a los presos en categorías de alto riesgo para la salud y a los delincuentes no violentos.
El hacinamiento en las instalaciones para menores a menudo dio lugar a que los menores fueran retenidos en las instalaciones de la comisaría, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo.
Las cárceles de mujeres eran en general menos violentas, peligrosas y estaban superpobladas que las de hombres. Las prisioneras embarazadas fueron eximidas del trabajo y ejercicio físico riguroso y fueron trasladadas a la clínica penitenciaria antes de la fecha de su parto. Los niños nacidos de mujeres en prisión tenían derecho a permanecer en un área especial de la prisión con la madre y recibir cuidados diurnos hasta los cuatro años.
El Servicio Penitenciario Federal reportó 52 muertes de reclusos en cárceles federales hasta el 31 de octubre, de las cuales 19 fueron violentas. Por el contrario, el Comité de Tortura de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires señaló que 148 presos murieron en la provincia de Buenos Aires durante 2019-118 por problemas de salud desatendidos. El Ministerio de Justicia no había publicado estadísticas oficiales a nivel nacional sobre muertes de presos desde 2016.
Según las organizaciones de derechos humanos y los centros de investigación, los reclusos de muchas instalaciones también sufrían de mala nutrición; tratamiento médico y psicológico inadecuado; saneamiento, calefacción, ventilación e iluminación inadecuados; visitas familiares limitadas; y frecuentes tratos degradantes.
En diciembre de 2019, un tribunal penal declaró al exjefe Alberto Donza y a cinco compañeros culpables de negligencia después de que los detenidos murieran en un incendio en 2017 en la Comisaría N ° 1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Donza recibió una sentencia de 15 años y los otros oficiales recibieron entre seis y 14 años de prisión.
Administración: Las autoridades a veces llevaron a cabo investigaciones de acusaciones creíbles de maltrato. Según las ONG locales, los presos en ocasiones no presentaban denuncias a las autoridades por temor a represalias.
Monitoreo independiente: el gobierno generalmente permitía el monitoreo por observadores de derechos humanos locales e internacionales independientes.
D. ARRESTOS O DETENCIONES ARBITRARIOS La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El gobierno en general observó estos requisitos.
PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DETENIDOS La policía generalmente detuvo a las personas abiertamente con órdenes judiciales basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado. Por ley, la policía puede detener a los sospechosos durante un máximo de seis horas sin una orden de arresto si las autoridades creen firmemente que han cometido o están a punto de cometer un delito, o si la policía no puede determinar la identidad del sospechoso. En todos los casos, las autoridades deben notificar inmediatamente a la oficina del fiscal del estado del arresto. El fiscal del estado puede aprobar la detención hasta por 72 horas. En casos excepcionales, un juez puede extender la detención por otras 72 horas. Grupos de derechos humanos informaron que la policía detuvo ocasionalmente a personas arbitrariamente y detuvo a los sospechosos por más tiempo de lo permitido por la ley o no siguió los procedimientos de notificación adecuados.
La ley otorga a los detenidos el derecho a una pronta determinación de la legalidad de su detención por parte de un juez de primera instancia en lo penal, quien determina si se debe proceder con una investigación. En algunos casos hubo demoras en este proceso y en informar a los detenidos de los cargos en su contra.
La ley prevé el derecho a la libertad bajo fianza, excepto en casos que impliquen riesgo de fuga o riesgo de soborno de la justicia.
Las autoridades permitieron a los detenidos acceder rápidamente a un abogado y proporcionaron defensores públicos si no podían pagar un abogado. En algunos casos, dicho acceso se retrasó debido a un sistema judicial sobrecargado.
Arresto arbitrario: las ONG locales informaron que en ocasiones la policía arrestó y detuvo a ciudadanos arbitrariamente.
El 19 de agosto, la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a tres vendedores ambulantes afrodescendientes por vender productos falsificados. Los grupos locales que representan a los trabajadores informales denunciaron las detenciones como un uso innecesario y excesivo de la fuerza. En marzo de 2019, el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes señaló que, según informes, los migrantes afrodescendientes, especialmente los vendedores ambulantes, fueron objeto de detenciones arbitrarias y violencia policial. Las organizaciones de derechos humanos también acusaron a las fuerzas policiales de realizar detenciones arbitrarias, nominalmente como resultado de una cuarentena nacional contra el COVID-19, que comenzó el 20 de marzo y finalizó en fases el 8 de noviembre. Las organizaciones acusaron a la policía de no registrar las detenciones y tratar a los detenidos. con fuerza excesiva y colocando a los detenidos en entornos que amenazan su salud.
El 16 de agosto, los espectadores capturaron un video de cinco policías arrestando violentamente a una mujer en Bariloche mientras paseaba a su perro en violación de la cuarentena. Los oficiales de policía dijeron a la prensa local que la mujer insultó a los oficiales después de rechazar múltiples solicitudes para regresar a casa. El alcalde de Bariloche, Gustavo Gennuso, anunció más tarde una investigación sobre un posible uso excesivo de la fuerza.
Detención preventiva: La ley prevé la detención preventiva de hasta dos años para los acusados en espera o en proceso de juicio; el período puede extenderse por un año en circunstancias limitadas. La lentitud del sistema judicial a menudo resultó en detenciones prolongadas más allá del período estipulado por la ley. El PPN informó que el 53 por ciento de los presos estaban en espera de juicio durante los primeros seis meses del año.
E. DENEGACIÓN DE JUICIO PÚBLICO JUSTO La ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios federales fueron sometidos en ocasiones a manipulación política.
PROCEDIMIENTOS DE JUICIO PrisioneroEnArgentina.com La ley establece el derecho a un juicio público y con las debidas garantías, y un poder judicial independiente generalmente hizo cumplir este derecho.
Los acusados gozan de una presunción de inocencia y tienen derecho a un abogado y a la asistencia gratuita de un intérprete, a guardar silencio, a llamar testigos de la defensa y a apelar. Si es necesario, se proporciona un defensor público con cargo al gasto público. En un juicio oral, los acusados pueden presentar testigos y solicitar el testimonio de un experto. Los acusados tienen derecho a estar presentes en sus audiencias y no hay juicio en rebeldía.
Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia facultad discrecional de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a que el público percibiera que muchas decisiones eran arbitrarias.
Un código de procedimiento penal federal aprobado en 2018 reemplazó el sistema inquisitivo federal híbrido del país con un sistema acusatorio completo. En junio de 2019 Salta y Jujuy se convirtieron en las primeras provincias en implementar este sistema acusatorio a nivel federal, el cual está programado para extenderse progresivamente al resto del país. El nuevo código generalmente requiere que los casos sean llevados a juicio dentro de un año y resueltos dentro de tres años. También implementa el uso de nuevas técnicas de investigación y amplía los derechos de las víctimas. Los fiscales de las provincias que implementaron el nuevo código informaron que los casos que antes llevaban años ahora podrían resolverse en meses. El código transfiere las responsabilidades de investigación de los magistrados a los fiscales, con la asistencia de las fuerzas de seguridad. La implementación completa de los procedimientos de juicio por jurado estaba pendiente en Corrientes y San Juan. Las provincias de Neuquén, Mendoza, Salta, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires otorgan a los imputados por ciertos delitos graves el derecho a un juicio con jurado. Hasta octubre no hubo juicios con jurado para casos federales.
PRISIONEROS Y DETENIDOS POLÍTICOS No hubo informes de presos políticos o detenidos.
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS JUDICIALES CIVILES Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para entablar demandas por daños o la protección de los derechos previstos por la constitución. También pueden apelar decisiones adversas a nivel nacional o ante órganos regionales de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
RESTITUCIÓN DE PROPIEDAD El país respaldó la Declaración de Terezin de 2009, que instó a los países a prever la restitución de los bienes incautados indebidamente durante el Holocausto, proporcionar acceso a los archivos y promover la educación y la conmemoración del Holocausto. No hubo reclamos conocidos por bienes muebles o inmuebles en el país, y no tiene leyes de restitución. La Comisión Argentina de Investigación de las Actividades del Nazismo, creada en 1997, concluyó que el Museo Nacional de Bellas Artes no poseía ninguna obra de arte saqueada, aunque la comisión admitió que no había revisado ningún otro museo estatal y que enfrentaba dificultades. investigar las actividades del mercado del arte del país durante el Holocausto. El informe de la Ley de Justicia para Sobrevivientes No Compensados Hoy (JUST) del Departamento de Estado al Congreso, publicado públicamente el 29 de julio, se puede encontrar en el sitio web del Departamento: https://www.state.gov/reports/just-act-report-to -congreso/.
F. INTERFERENCIA ARBITRARIA O ILEGAL CON LA PRIVACIDAD, LA FAMILIA, EL HOGAR O LA CORRESPONDENCIA La constitución prohíbe tales acciones y no hubo informes de que el gobierno no respetara estas prohibiciones.
El 28 de agosto, un juez federal anunció una investigación oficial por espionaje ilegal durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, citando a los exjefes de Inteligencia Federal Argentina (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros funcionarios. Los miembros de AFI fueron acusados de haber monitoreado ilegalmente las actividades y comunicaciones privadas de políticos (tanto de los partidos gobernantes como de la oposición), periodistas, líderes sindicales y figuras religiosas. La investigación continuó hasta noviembre.
Sección 2. Respeto por las libertades civiles, que incluye: A. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUIDA PARA LA PRENSA La constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa.
Libertad de prensa y medios, incluidos los medios en línea: Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones.
En octubre, el gobierno anunció su intención de crear el Observatorio sobre Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio). La Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de comunicación y la asociación nacional de periodistas expresaron su preocupación de que Nodio sirva como una herramienta extrajudicial que el gobierno podría utilizar para restringir la libertad de expresión o regular los medios.
En julio de 2019, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación luego de que un juez federal convocara a Daniel Santoro del diario Clarín y obtuviera sus registros telefónicos en relación a una investigación. Las denuncias se referían a las conexiones de Santoro con Marcelo D’Alessio, acusado de extorsión después de amenazar a personas con cobertura mediática negativa. Santoro afirmó que D’Alessio era una fuente periodística. En abril, Edison Lanza, director de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, también criticó el enjuiciamiento de Santoro y dijo que los periodistas “no deberían ser objeto de abusos judiciales u otros comportamientos amenazantes como represalia por su trabajo. ” En octubre, el mismo juez acusó a Santoro de pertenecer a una “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal” y de realizar “acciones de inteligencia prohibidas”. La coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, se pronunció en contra de los cargos y enfatizó que “responsabilizar a los periodistas por las acciones de sus fuentes sienta un precedente profundamente preocupante que abre la puerta a cargos penales contra periodistas de investigación que trabajan para descubrir irregularidades”. La Asociación Argentina de Empresas de Medios (ADEPA) y el Foro Argentino de Periodismo (FOPEA) condenaron los últimos cargos contra Santoro como un “intento de criminalizar el periodismo”.
Violencia y acoso: Hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas.
En junio, FOPEA y ADEPA expresaron su preocupación por las revelaciones de que AFI pudo haber espiado ilegalmente a periodistas durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. FOPEA declaró que AFI había intimidado activamente a los periodistas e interferido con sus informes.
En junio, FOPEA y ADEPA criticaron a la vicepresidenta Christina Fernández de Kirchner por compartir un video en Twitter que intentaba desacreditar a los periodistas que investigaban casos de corrupción de alto nivel. Las organizaciones advirtieron que tal campaña podría fomentar el acoso público y en línea de periodistas.
FOPEA informó solo de un presunto ataque físico contra periodistas hasta septiembre, en comparación con 27 en el año anterior. En julio, los manifestantes atacaron a un equipo de televisión de C5N que cubría una manifestación contra el gobierno en Buenos Aires. Dos miembros de la tripulación resultaron heridos y los manifestantes rompieron las ventanas de uno de sus vehículos.
LIBERTAD DE INTERNET El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal apropiada.
LIBERTAD ACADÉMICA Y EVENTOS CULTURALES No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o los eventos culturales.
B. LIBERTADES DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICAS La constitución establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno en general respetó estos derechos.
En respuesta a la emergencia sanitaria COVID-19, un decreto presidencial del 19 de marzo estableció restricciones a la capacidad de las personas para reunirse, incluso para protestas pacíficas. Sin embargo, varias protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país se llevaron a cabo sin incidentes después del establecimiento de estas restricciones.
En ocasiones, la policía utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes. El 10 de abril, la policía disolvió una protesta de 300 trabajadores de un matadero en el municipio bonaerense de Quilmes con balas de goma y porras, según medios locales. Los manifestantes exigían semanas de pago retroactivo después de que su lugar de trabajo cerrara debido a las restricciones sanitarias.
El 21 de septiembre, la policía utilizó la violencia contra las enfermeras que protestaban por mejores salarios y condiciones laborales frente a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, según la prensa local. Los portavoces de la policía señalaron que las enfermeras habían intentado ingresar al edificio a la fuerza.
C. LIBERTAD DE RELIGIÓN Consulte el Informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
D. LIBERTAD DE MOVIMIENTO La constitución establece la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno en general respetó estos derechos.
E. ESTADO Y TRATO DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE No aplica.
F. PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS PrisioneroEnArgentina.com El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés.
Acceso al asilo: la ley prevé la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. Las decisiones sobre solicitudes de asilo pueden tardar hasta dos años en adjudicarse.
A septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones informó que 32,911 migrantes venezolanos habían llegado al país durante el año. De ellos, más de 31.000 solicitaron residencia temporal. La Comisión Nacional para los Refugiados recibió 3,184 solicitudes de estatus de refugiado en 2019, aproximadamente un 20 por ciento más que en 2018, y adjudicó 1,680.
Como resultado de la pandemia de COVID-19 y las restricciones resultantes a la libertad de movimiento y asociación, muchos refugiados y migrantes perdieron sus trabajos y medios de vida, según el representante regional del ACNUR. Muchos migrantes no tuvieron acceso a los programas sociales nacionales porque no tenían la documentación requerida o no cumplían con los requisitos. En mayo, el ministro de desarrollo social, el representante regional del ACNUR y el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados firmaron un memorando de acuerdo para mejorar la inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados en el país. A través de un grupo de trabajo interinstitucional de reciente creación, el ACNUR y las autoridades locales entregaron kits de alimentos, higiene y saneamiento a los refugiados en la región de Buenos Aires.
Sección 3. Libertad para participar en el proceso político La constitución brinda a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres y justas celebradas mediante votación secreta y basadas en el sufragio universal e igualitario.
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA Elecciones recientes: Alberto Fernández fue elegido presidente en octubre de 2019 en elecciones generalmente consideradas libres y justas. El país también celebró elecciones municipales, provinciales y federales. Los votantes eligieron la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, en representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y un tercio de los miembros del Senado, en representación de ocho provincias. Los votantes también eligieron gobernadores en 22 provincias, así como legisladores provinciales, alcaldes y ayuntamientos. Los observadores locales e internacionales consideraron que las elecciones en general eran libres y justas.
Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios: No hay leyes que limiten la participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios en el proceso político, y participaron. Según un estudio de diciembre de 2019 realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las mujeres ocupaban un récord del 37,7 por ciento de los cargos gubernamentales superiores: 106 miembros, o el 41 por ciento, de la Cámara de Diputados de 2019-21 eran mujeres, un aumento del 3 por ciento desde la cámara 2017-19. El desglose por género del Senado siguió siendo el mismo con 29 senadoras, aproximadamente el 40 por ciento de la cámara alta. A nivel provincial, la participación de la mujer fue desigual y las autoridades nacionales reconocieron que la paridad de género en los cargos políticos aún no se había logrado en todo el país. La ley requiere que una lista electoral de candidatos para cargos legislativos nacionales contenga porcentajes iguales de candidatos masculinos y femeninos. La ley también establece que en caso de renuncia, ausencia temporal o muerte de un funcionario electo, el reemplazo debe ser del mismo sexo. Las provincias de Buenos Aires, Salta, Chubut, Neuquén y Santa Fe cuentan con leyes de paridad de género para los candidatos a los órganos provinciales y municipales.
Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción.
Corrupción: En octubre se estaban llevando a cabo una serie de investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri. En septiembre de 2019, un juez federal envió a juicio el escándalo de corrupción conocido como “el caso de los cuadernos”. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 52 acusados fueron acusados de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $ 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre. Según los medios locales, los funcionarios judiciales declararon que los retrasos relacionados con la pandemia retrasarían los juicios en algunos de estos casos hasta al menos finales de 2021.
En marzo, un tribunal federal ordenó la liberación de la prisión del exministro de Planificación Julio De Vido. De Vido había cumplido dos años en prisión preventiva mientras enfrentaba varios cargos de corrupción, y los jueces dictaminaron que su liberación no amenazaría las investigaciones. En 2018, de Vido recibió una sentencia de cinco años y ocho meses por fraude, malversación de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas. Esa sentencia seguía siendo revisada por el Tribunal Nacional de Casación a septiembre. De Vido también enfrentó cargos en el caso de los “cuadernos” y otros relacionados con su gestión de proyectos de obra pública.
La corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de activos y la promoción de la prostitución. También fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales.
Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a las leyes de divulgación de información financiera, y la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de analizar e investigar a los funcionarios del poder ejecutivo federal, según sus formularios de divulgación de información financiera. La ley prevé la divulgación pública, pero no todas las agencias cumplieron y la aplicación siguió siendo un problema. La oficina también es responsable de investigar la corrupción dentro del poder ejecutivo federal y en asuntos que involucren fondos federales, excepto los fondos transferidos a las provincias. Como parte del poder ejecutivo, la oficina no tiene autoridad para procesar casos de forma independiente, pero puede remitir casos a otras agencias o actuar como demandante y solicitar a un juez que inicie un caso.
Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno solían ser cooperativos y, en general, receptivos a sus puntos de vista.
Órganos gubernamentales de derechos humanos: El gobierno tiene una secretaría de derechos humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su principal objetivo es coordinarse dentro del ministerio y colaborar con otros ministerios y el poder judicial para promover políticas, planes y programas de protección de los derechos humanos. Publicó folletos y libros sobre una variedad de temas de derechos humanos.
Las ONG argumentaron que el hecho de que el gobierno no cubriera el puesto de defensor del pueblo nacional, vacante desde 2009, socavaba el mandato de la oficina de proteger los derechos humanos.
La Fiscalía General de Delitos contra la Humanidad investigó y documentó las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1976-1983.
Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas MUJER Violación y violencia doméstica: La violación de hombres y mujeres, incluida la violación conyugal, es un delito. Las penas oscilan entre seis meses y 20 años de prisión, según la edad del perpetrador y la víctima, su relación y el uso de la violencia, entre otros factores. La mayoría de los perpetradores recibieron penas de entre seis y 15 años de prisión. Hubo informes anecdóticos de reticencia policial o judicial a actuar en casos de violación; Los defensores de los derechos de las mujeres alegaron que las actitudes de la policía, los hospitales y los tribunales hacia las sobrevivientes de violencia sexual a veces las volvieron a victimizar, a menudo obligándolas a contar detalles de su trauma, confundiendo el silencio con el consentimiento o admitiendo como evidencia su historia sexual pasada.
La ley prohíbe la violencia doméstica, incluido el abuso conyugal. Los sobrevivientes pueden obtener medidas de protección. En general, las leyes se hicieron cumplir y los sobrevivientes en general tuvieron acceso a medidas de protección. La ley impone una pena más estricta que el asesinato a quienes matan a sus cónyuges, parejas o hijos como consecuencia de su género. Según las ONG locales, la falta de vigilancia policial y judicial a menudo condujo a una falta de protección para las víctimas. La ley requiere que todos los empleados federales reciban capacitación sobre género y violencia de género. La ley se hizo cumplir, incluso para los funcionarios a nivel de gabinete y el presidente.
El Registro Nacional de Femicidios, que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, registró que 268 mujeres murieron como resultado de violencia doméstica o de género durante el 2019. Al 31 de julio, la Defensoría del Pueblo informó que 168 mujeres murieron como consecuencia de violencia. Aproximadamente el 17 por ciento de estas víctimas habían presentado anteriormente denuncias formales. En agosto, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad (Ministerio de la Mujer) señaló que los informes de violencia de género aumentaron aproximadamente un 28 por ciento durante la cuarentena de COVID-19.
En junio, el Ministerio de la Mujer lanzó un plan nacional bienal contra la violencia de género, que incluía una propuesta de presupuesto específico. El ministerio también operó una línea directa las 24 horas para las víctimas de violencia de género y creó canales de emergencia por WhatsApp y correo electrónico para las víctimas que no pueden hablar por teléfono. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema proporcionó protección y recursos las 24 horas del día a las víctimas de violencia doméstica. La oficina también llevó a cabo las evaluaciones de riesgo necesarias para obtener una orden de alejamiento. Las instituciones públicas y privadas ofrecieron programas de prevención y brindaron apoyo y tratamiento a las mujeres maltratadas. Una red nacional de refugios incluía 89 instalaciones, aunque el gobierno había planeado construir aproximadamente 30 más para 2019. En agosto, el Ministerio de la Mujer lanzó un programa nacional para fortalecer la capacidad de estos refugios. La Ley Brisa de 2018 prevé el apoyo financiero de los niños que perdieron a sus madres a causa de la violencia de género; sin embargo, muchas familias se quejaron de retrasos en la recepción del pago. A diciembre de 2019, se estima que 345 niños y adultos jóvenes habían recibido apoyo a través del programa. Sin embargo, para el 20 de julio, ese número casi se había duplicado a 623, ya que las autoridades dijeron que habían puesto especial énfasis en el programa.
Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en el sector público e impone medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, el acoso sexual puede derivar en el despido del agresor, mientras que en otras, como la provincia de Santa Fe, la pena máxima es de cinco días de prisión. No prohíbe el acoso sexual en el empleo de manera más amplia.
El 16 de abril, el Senado aprobó una ley que penaliza el acoso en espacios públicos como una forma de violencia de género.
Coacción en el control de la población: No hubo informes de aborto forzado o esterilización involuntaria por parte de las autoridades gubernamentales.
Discriminación: La constitución proporciona el mismo estatus legal y derechos para mujeres y hombres y prohíbe la discriminación en el empleo basada en el género. En general, el gobierno hizo cumplir la ley, aunque la discriminación siguió siendo un problema persistente y generalizado en la sociedad.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema capacitó a jueces, secretarias y secretarias para manejar casos judiciales relacionados con cuestiones de género y garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a puestos en el sistema judicial. La oficina también capacitó a jueces, fiscales, personal judicial y agentes del orden para aumentar la conciencia sobre los delitos relacionados con el género y desarrollar técnicas para abordar los casos y las víctimas relacionados con el género.
Las mujeres no pueden trabajar en todas las mismas industrias que los hombres; existen restricciones a su empleo en los sectores de minería, manufactura y transporte. También existen restricciones para las mujeres que trabajan en trabajos considerados peligrosos o arduos. El 11 de noviembre, el Congreso ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La convención estaba programada para entrar en vigor en junio de 2021.
En agosto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió una resolución exigiendo a las organizaciones de la sociedad civil y las empresas que respeten la paridad de género en la composición de sus juntas administrativas. Según la resolución, al menos un tercio de los miembros de los órganos de administración y supervisión de una organización deben ser mujeres.
NIÑOS Registro de nacimiento: el gobierno proporciona el registro de nacimiento universal, y la ciudadanía se deriva tanto por nacimiento dentro del territorio del país como de los padres. Los padres tienen 40 días para registrar los nacimientos y el estado tiene 20 días adicionales para hacerlo. El Ministerio del Interior y Transporte puede emitir certificados de nacimiento a niños menores de 12 años cuyos nacimientos no fueron registrados previamente.
Abuso infantil: Por ley, el abuso sexual de un niño es un delito punible, con penas de hasta 20 años de prisión. El daño físico a un niño se castiga con hasta 15 años de prisión. El abuso infantil era común; La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que aproximadamente el 30 por ciento de las denuncias que recibió entre el 20 de marzo y el 17 de julio, el período más estricto de la cuarentena COVID-19, involucraron a niños. El gobierno mantuvo una línea directa las 24 horas del día atendida por psicólogos infantiles profesionales para consultas y consejos gratuitos.
Matrimonio infantil, precoz y forzado: Los niños mayores de 16 años pueden casarse legalmente con el permiso de los padres. Los niños menores de 16 años deben obtener una autorización judicial además del consentimiento de los padres.
Explotación sexual de niños: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de niños y la venta, oferta o adquisición de niños para la prostitución. Las autoridades generalmente hicieron cumplir la ley; sin embargo, la explotación sexual de niños, incluida la prostitución, es un problema. La edad mínima para tener relaciones sexuales consensuales es de 13 años, pero existen mayores protecciones para las personas de 13 a 16 años. Una ley de estupro establece penas que van de seis meses a 20 años de prisión, según la edad de la víctima y otros factores.
En junio comenzó un juicio para dos monjas y siete ex empleadas de un grupo de escuelas para niños con discapacidad auditiva, los Institutos Antonio Provolo. Se informó que 67 estudiantes denunciaron abusos entre 1983 y 2002. Esto siguió a las condenas en noviembre de 2019 de dos exsacerdotes de la escuela, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, declarados culpables de abuso sexual infantil y condenados a 42 y 45 años de prisión, respectivamente.
La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil, con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión. La posesión de pornografía infantil es un delito.
Durante el año, los fiscales de la Red nacional de puntos de contacto contra la pornografía infantil en Internet persiguieron casos de pornografía infantil en Internet. La Oficina de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires sirvió como el principal punto de contacto para recibir y distribuir pistas de pornografía infantil del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados a fiscales y fuerzas policiales de todo el país. La Defensoría Pública de Buenos Aires reportó un incremento interanual del 30 por ciento en las denuncias de producción y distribución de imágenes de explotación sexual infantil durante el bimestre 19 de marzo al 18 de mayo, coincidiendo con los primeros 60 años. días de un cierre nacional en respuesta al COVID-19.
En septiembre, la Policía Federal arrestó a ocho personas luego de una serie de redadas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Salta, Córdoba y Río Negro contra una red de pornografía infantil que tenía al menos 406 suscriptores en el país y más de 1.700 en todo el mundo. Las redadas siguieron a una investigación de tres años de la Policía Federal en el ring.
En septiembre de 2019, las autoridades locales arrestaron al ex policía Rodolfo Suárez por su participación en una red de pornografía infantil que había victimizado a aproximadamente 1.200 niños entre las edades de cuatro meses y 14 años desde 2003. El hombre se hizo pasar por productor de televisión juvenil para atraer a su víctimas. En agosto, un juez de la ciudad de Buenos Aires envió a juicio el caso de Suárez.
Secuestros internacionales de menores: el país es parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Consulte el Informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por parte de los padres en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported -cases.html.
ANTISEMITISMO PrisioneroEnArgentina.com Las estimaciones del tamaño de la comunidad judía variaron, pero los datos más recientes disponibles, publicados por el Berman Jewish Databank, estimaron la población en 180,300 en 2018. Continuaron los actos esporádicos de discriminación antisemita y vandalismo. La Delegación de Asociaciones Judías Argentinas (DAIA) registró 918 denuncias de antisemitismo en 2019, en comparación con 834 en 2018, un aumento del 10 por ciento. Los incidentes antisemitas más comúnmente reportados por el informe fueron insultos publicados en varios sitios web, a menudo en relación con artículos de noticias. Otros incidentes incluyeron grafitis y difamaciones verbales.
El 4 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitió una resolución adoptando la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) dentro del poder ejecutivo. La resolución invitaba a las demás ramas y niveles de gobierno del país a unirse para adoptar la definición de la IHRA.
El 1 de abril, el periodista de televisión Tomás Méndez asoció el origen del virus COVID-19 con “las personas más ricas del mundo nacidas en Estados Unidos e Israel” durante su programa Periodismo Federal. La DAIA y el embajador de Israel, entre otros, criticaron las declaraciones, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo inició una investigación oficial por antisemitismo. El 2 de abril, Méndez se disculpó públicamente por sus comentarios.
TRATA DE PERSONAS Consulte el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES La constitución y las leyes prohíben la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. En general, el gobierno hizo cumplir la ley, pero hubo informes dispersos de discriminación. Varias agencias gubernamentales ofrecieron una variedad de servicios y programas para personas con discapacidades, incluidos programas de rehabilitación basados en la comunidad, instalaciones deportivas y recreativas, servicios de traducción en braille, servicios legales y una variedad de pensiones y subsidios. La ley también obliga a las personas con discapacidad a acceder a los edificios. Según un informe de 2016 de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, solo el 33 por ciento de las estaciones del metro metropolitano tenían ascensores o escaleras mecánicas. Mientras la ciudad trabajaba para instalar nuevos ascensores y escaleras mecánicas y para reparar los existentes, el defensor del pueblo visitó varias de las estaciones más nuevas del metro en julio de 2019 y descubrió que varios de los ascensores no funcionaban.
Con el lema “Poner fin a las esterilizaciones forzadas”, varias organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña en octubre para cambiar una ley de 2006 que, según ellos, había dado lugar a la esterilización de muchas personas con discapacidad sin su consentimiento. La ley fue redactada para brindar a todos los ciudadanos acceso a ciertas medidas anticonceptivas quirúrgicas, pero permite a los representantes legales dar su consentimiento a cualquier individuo declarado legalmente incompetente. Las organizaciones argumentaron que esta laguna, junto con la amplia aceptación social de las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidades, había llevado a un uso extensivo de la práctica.
Si bien el gobierno federal tiene leyes de protección, muchas provincias no habían adoptado esas leyes y no tenían mecanismos para garantizar su cumplimiento. Una ley de cuotas de empleo reserva el 4 por ciento de los trabajos del gobierno federal para personas con discapacidades. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas mostraron que en 2018 solo se estimaba que el 32 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral estaban empleadas.
En 2019, el Congreso propuso y aprobó un aumento presupuestario del 56 por ciento para la Agencia Nacional de Discapacidades, que brinda una variedad de servicios y subsidios para personas con discapacidades. En marzo, el gobierno proporcionó fondos adicionales a la agencia para ayudar a garantizar que las necesidades de las personas con discapacidades pudieran satisfacerse durante la pandemia de COVID-19. Si bien el gobierno hizo excepciones a las restricciones de cuarentena para ayudar a las personas con discapacidades, no hubo excepciones para brindar una educación adecuada a los niños con discapacidades.
PUEBLOS INDÍGENAS PrisioneroEnArgentina.com La constitución reconoce las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas y establece que el Congreso protegerá su derecho a la educación bilingüe, reconocerá sus comunidades y la propiedad comunal de sus tierras ancestrales y permitirá su participación en el manejo de sus recursos naturales.
Un estudio realizado durante el año con investigadores de ocho universidades examinó la situación de 27 grupos indígenas y encontró que las personas indígenas tenían más probabilidades de tener un empleo informal que el público en general (70 por ciento, en comparación con 44 por ciento). El estudio señaló que las personas indígenas a menudo no podían acceder a los programas de servicios sociales en las áreas aisladas donde vivían muchos de ellos y que estas comunidades carecían de infraestructura básica, incluida agua potable.
La falta de maestros capacitados obstaculizó los esfuerzos del gobierno para ofrecer oportunidades de educación bilingüe a los pueblos indígenas.
No se consultó plenamente a los pueblos indígenas sobre el manejo de sus tierras o recursos naturales, en particular el litio, en parte porque la responsabilidad de implementar la ley se delega en las 23 provincias, cuyas constituciones de solo 11 de las cuales reconocen los derechos indígenas.
Los proyectos desarrollados por las industrias agrícolas y extractivas desplazaron a las personas, limitaron su acceso a los medios de vida tradicionales, redujeron la superficie de tierras de las que dependían y provocaron una contaminación que en algunos casos puso en peligro la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. El conflicto se produjo cuando las autoridades desalojaron a los pueblos indígenas de las tierras ancestrales que entonces eran de propiedad privada.
Medios locales informaron que policías provinciales ingresaron violentamente a tres viviendas pertenecientes a miembros de la comunidad Qom en Fontana, provincia del Chaco, el 31 de mayo. Según el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, muchos de los agentes iban vestidos de civil y no poseían un orden de registro. La policía detuvo a cuatro personas después de una pelea física, incluido uno de 16 años, y luego continuó insultándolos, amenazándolos y torturándolos en la comisaría. Un juez liberó a las personas el 8 de julio, al considerar que el registro de sus casas era ilegal e implicaba “humillación”. Los casos estaban pendientes contra cuatro agentes en noviembre.
ACTOS DE VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y OTROS ABUSOS BASADOS EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró 177 denuncias oficiales de delitos de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en 2019. Esto representó un aumento aproximado del 20 por ciento con respecto a 2018 e incluyó 16 asesinatos de personas LGBTI. PrisioneroEnArgentina.com
Las leyes nacionales contra la discriminación no incluyen específicamente los términos “orientación sexual o identidad de género” como motivos protegidos, solo “sexo”. Sin embargo, no se informó de discriminación oficial por motivos de orientación sexual o identidad de género en el empleo, la vivienda o el acceso a la educación. Hubo algunos casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género en el acceso a la atención médica. Funcionarios del Ministerio de la Mujer, así como medios de comunicación y ONG, denunciaron casos de discriminación, violencia y brutalidad policial hacia personas LGBTI, especialmente personas transgénero.
En agosto, el Ministerio de la Mujer y la ministra de Salud expresaron su preocupación de que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular no permitiría que miembros de la comunidad LGBTI donaran sangre debido a su orientación sexual. En agosto, a Emiliano Ivaldi, paciente de COVID-19 recuperado, no se le permitió donar plasma en el Hospital Eva Perón de la provincia de Santa Fe. Las autoridades del hospital justificaron la decisión basándose en el hecho de que Ivaldi era homosexual.
El 4 de septiembre, el presidente Fernández decretó que al menos el 1 por ciento de los cargos en la administración pública deben ser ocupados por travestis, transexuales y personas transgénero. El 15 de septiembre, el Senado implementó un decreto similar para regular sus propias prácticas de contratación.
Sección 7. Derechos de los trabajadores A. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA La ley establece los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos independientes, negociar colectivamente y realizar huelgas legales; el gobierno en general respetó estos derechos. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y protege a los trabajadores del despido, suspensión y cambios en las condiciones laborales. También prohíbe al personal militar y policial formar sindicatos y afiliarse a ellos. El gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva y las sanciones fueron proporcionales a las de otras leyes que impliquen la negación de los derechos civiles, como la discriminación. Las quejas por prácticas laborales injustas pueden presentarse ante el poder judicial. Las infracciones de la ley pueden dar lugar a la imposición de una multa al empleador o la asociación de empleadores correspondiente, según corresponda. Hubo casos de retrasos importantes o apelaciones en el proceso de negociación colectiva.
La ley permite que los sindicatos se registren sin autorización previa, y las organizaciones sindicales registradas pueden participar en ciertas actividades para representar a sus miembros, incluida la petición al gobierno y los empleadores. La ley otorga estatus sindical oficial a un solo sindicato considerado el “más representativo”, definido por ley como el sindicato que tiene la proporción promedio más alta de afiliados que pagan cuotas respecto al número de trabajadores representados, por sector industrial dentro de una región geográfica específica. Sólo los sindicatos con ese reconocimiento oficial gozan de inmunidad sindical frente a las represalias del empleador contra sus dirigentes, pueden deducir las cuotas sindicales directamente de los salarios y pueden negociar colectivamente recurriendo a la conciliación y el arbitraje. El sindicato más representativo negocia en nombre de todos los trabajadores de un sector determinado, y los convenios colectivos cubren tanto a los miembros del sindicato como a los que no son miembros del sector. La ley requiere que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo) ratifique los convenios colectivos.
La Central de Trabajadores de Argentina y otros grupos laborales no afiliados a la Confederación General del Trabajo continuaron alegando que el reconocimiento legal de un solo sindicato por sector contradecía las normas internacionales, a saber, el Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y evitaba estos sindicatos de obtener una plena legitimación. Un fallo de la Corte Suprema del 3 de septiembre confirmó la constitucionalidad de la ley.
Los funcionarios públicos y los trabajadores de los servicios esenciales sólo pueden hacer huelga después de un proceso de conciliación obligatorio de 15 días, y están sujetos a la condición de que se mantengan “servicios mínimos” no especificados. Vencido el plazo de conciliación, los funcionarios y trabajadores de los servicios esenciales deben dar aviso con cinco días de anticipación a la autoridad administrativa y al organismo público contra el que pretenden hacer huelga. Si los “servicios mínimos” no se definen previamente en un acuerdo de negociación colectiva, todas las partes negocian qué servicios mínimos continuarán proporcionándose y un cronograma para su prestación. La agencia pública, a su vez, debe notificar a los clientes con dos días de anticipación sobre la inminente huelga.
Los empleadores generalmente respetaron el derecho de negociación colectiva y de huelga.
B. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, y el gobierno generalmente hizo cumplir la ley. Las penas están en consonancia con las de otros delitos graves análogos, como el secuestro.
A pesar de estos mecanismos, se produjo trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil forzoso. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo inspecciones periódicas en todo el país. Prosiguieron los esfuerzos para hacer responsables a los perpetradores. El Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Rurales reportó 28 denuncias de trabajo forzoso durante el primer semestre del año, 12 de las cuales estaban siendo investigadas por la Fiscalía Especial de Trata y Explotación de Personas.
Los empleadores sometieron a un número significativo de bolivianos, paraguayos y peruanos, así como a argentinos de las provincias más pobres del norte, a trabajos forzados en el sector de la confección, agricultura, venta ambulante, producción de carbón y ladrillos, construcción, trabajo doméstico y pequeñas empresas (incluyendo restaurantes y supermercados). Los traficantes explotaron a los ciudadanos chinos que trabajaban en los supermercados para someterlos a la servidumbre por deudas. Los traficantes obligaron a las víctimas de la trata a transportar drogas a través de las fronteras del país. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de trabajo forzoso, aunque el género y la edad típicos de las víctimas variaban según el sector laboral (véase la sección 7.c.). PrisioneroEnArgentina.com
Consulte también el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
C. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y EDAD MÍNIMA DE EMPLEO La edad mínima para trabajar es de 16 años. En raras ocasiones, las autoridades laborales pueden autorizar a un niño menor a trabajar como parte de una unidad familiar. Los niños de 16 a 18 años pueden trabajar en un número limitado de categorías laborales y por horas limitadas si han completado la educación obligatoria, que normalmente termina a los 18 años. Los niños menores de 18 años no pueden ser contratados para realizar trabajos peligrosos, arduos o insalubres. La ley exige que los empleadores proporcionen una atención adecuada a los hijos de los trabajadores durante las horas de trabajo para desalentar el trabajo infantil.
Los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son responsables de la aplicación de la legislación laboral. Las sanciones por emplear trabajadores menores de edad fueron generalmente suficientes para disuadir las infracciones.
Si bien el gobierno generalmente hizo cumplir las leyes aplicables, los observadores señalaron que algunos inspectores conocían o estaban asociados con las personas que inspeccionaban, y la corrupción seguía siendo un obstáculo para el cumplimiento, especialmente en las provincias. Las penas están en consonancia con las de otros delitos graves análogos, como el secuestro. En agosto, el Ministerio de Trabajo presentó un Programa Nacional de Fortalecimiento de las Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de mejorar la coordinación nacional-provincial.
Los niños participaban en las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de personas, incluido el trabajo forzoso en la servidumbre doméstica, la agricultura y la producción de prendas de vestir, y actividades ilícitas como el transporte y la venta de drogas. . El gobierno publicó el informe final de su encuesta nacional sobre trabajo infantil 2016-17 en 2018. La Encuesta Nacional sobre Actividades Infantiles y Juveniles encontró que el 19.8 por ciento de los niños en áreas rurales realizaban al menos una forma de trabajo, mientras que el 8.4 por ciento de los niños en áreas urbanas también lo hizo.
Surgieron patrones similares con los adolescentes, que el informe definió como niños de 16 y 17 años. El informe encontró que el 43,5 por ciento de los adolescentes en las zonas rurales y el 29,9 por ciento en las zonas urbanas participan en al menos una forma de trabajo. Las actividades principales fueron ayudar en un negocio u oficina; reparación o construcción de viviendas; cortar césped o podar árboles; el cuidado de niños, ancianos o enfermos; ayudando en un taller; hacer pan, dulces u otros alimentos para la venta; recolectar papel, cajas, latas y otros materiales reciclables en la calle; repartir folletos o material promocional para una empresa; limpiar hogares y negocios o lavar y planchar ropa para terceros; y cultivar o cosechar productos agrícolas.
Consulte también las conclusiones del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings y la Lista de productos producidos por el trabajo infantil del Departamento de Trabajo. o Trabajo forzoso en https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.
D. DISCRIMINACIÓN CON RESPECTO AL EMPLEO Y OCUPACIÓN La ley prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, características físicas, situación social o económica u opinión política, y el gobierno generalmente hizo cumplir la ley. Las sanciones estaban en consonancia con las leyes relacionadas con los derechos civiles. Los casos más prevalentes de discriminación en el lugar de trabajo se basaron en la discapacidad, el género y la edad. La discriminación también se produjo sobre la base de la condición de seropositivo y contra las personas de origen indígena. Las mujeres tienen prohibido trabajar en determinadas industrias; por ejemplo, existen restricciones sobre su empleo en los sectores de minería, manufactura y transporte. También existen restricciones para las mujeres que trabajan en trabajos considerados peligrosos o arduos.
Aunque las mujeres gozan de la misma condición jurídica y derechos que los hombres, continúan sufriendo discriminación económica. Las mujeres ocupaban una proporción desproporcionadamente alta de trabajos informales mal remunerados y significativamente menos puestos ejecutivos en el sector privado que los hombres, según varios estudios. Aunque el salario igual por trabajo igual es un mandato constitucional, las mujeres ganaban aproximadamente un 25 por ciento menos que los hombres ganaban por un trabajo igual o similar.
E. CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES El salario mínimo se mantuvo por debajo del nivel oficial de ingresos de pobreza para una familia de cuatro, a pesar de un aumento del 35 por ciento anunciado en octubre de 2019. La mayoría de los trabajadores del sector formal ganaban significativamente más que el salario mínimo. El salario mínimo generalmente sirve para marcar el salario mínimo que debe recibir un trabajador informal.
La ley federal establece estándares en materia de horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. La jornada laboral máxima es de ocho horas y la semana laboral máxima es de 48 horas. Se requiere el pago de horas extraordinarias por las horas trabajadas que superen estos límites. La ley prohíbe las horas extraordinarias excesivas y define los niveles permitidos de horas extraordinarias como tres horas al día. La ley laboral exige entre 14 y 35 días de vacaciones pagadas, dependiendo de la duración del servicio del trabajador.
La ley establece un pago adicional por horas extras, agregando un 50 por ciento adicional de la tarifa por hora en días normales y el 100 por ciento los sábados por la tarde, domingos y feriados. No se puede obligar a los empleados a trabajar horas extra a menos que la interrupción del trabajo suponga un riesgo o cause lesiones, la necesidad de horas extra sea causada por un acto de Dios u otras razones excepcionales que afecten la economía nacional o que ocurran “situaciones inusuales e impredecibles” que afecten a las empresas.
El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación relacionada con las condiciones laborales. El gobierno establece normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), vigentes y adecuadas para las principales industrias del país. El gobierno hizo cumplir efectivamente las leyes de SST. Las sanciones por infracciones de las leyes de seguridad y salud en el trabajo están en consonancia con las de delitos como la negligencia. La ley requiere que los empleadores aseguren a sus empleados contra accidentes en el lugar de trabajo y cuando viajen hacia y desde el trabajo. La ley requiere que los empleadores proporcionen un seguro a través de una entidad de seguros contra riesgos laborales o que proporcionen su propio seguro a los empleados para cumplir con los requisitos especificados por el regulador nacional de seguros. La ley limita el derecho del trabajador a presentar una denuncia si no agota los trámites administrativos obligatorios ante comités médicos específicos.
Las leyes que rigen las condiciones aceptables de trabajo no se aplicaron universalmente, en particular para los trabajadores del sector informal (aproximadamente el 35 por ciento de la fuerza laboral). El Ministerio de Trabajo prosiguió las inspecciones para garantizar que los trabajadores de las empresas estuvieran registrados y contratados formalmente. Los inspectores tenían la autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso e iniciar sanciones. El ministerio realizó inspecciones en varias provincias, pero la Inspección de Trabajo empleó muy por debajo del número de inspectores recomendados por la OIT, dado el tamaño de la fuerza laboral. La Superintendencia de Riesgos Laborales actuó como organismo de ejecución para monitorear el cumplimiento de las leyes de SST y las actividades de las compañías de seguros de riesgos laborales.
Los trabajadores no siempre pueden recusarse de situaciones que ponen en peligro su salud o seguridad sin poner en peligro su empleo, y las autoridades no protegen eficazmente a los empleados en estas circunstancias. Hasta septiembre, el Ministerio de Trabajo informó la recepción de 81.000 quejas de seguridad ocupacional relacionadas con COVID-19, especialmente en el sector salud. Como resultado, el sector superó a los sectores manufacturero y minero tradicionalmente más peligrosos en el número de denuncias recibidas.
El expresidente Donald J. Trump lanzó una página web para “preservar el magnífico legado” de su administración y avanzar en la agenda “America First” en la que no hay mención alguna a las cosas que empañaron su presidencia.
Ni haber sido el primer presidente sometido a dos juicios políticos en el Congreso, aunque en ambos fue absuelto con los votos de los republicanos, ni la toma del Congreso por sus seguidores a los que había arengado antes a luchar contra el “fraude” del que dijo haber sido víctima en las elecciones de noviembre de 2020, tienen cabida en una web hecha a mayor gloria del 45 presidente de EE. UU.
Nombrada 45office.com, la página que está pensada como una plataforma para que los exseguidores del expresidente republicano puedan estar en contacto dada la clausura de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook por incitar a la violencia, es un panegírico de su presidencia, que como tal omite cualquier cosa que le quite brillo y ensalza al máximo su figura y hechos.
“A través del compromiso cívico y el activismo público, la Oficina de Donald J. Trump se esforzará por informar, educar e inspirar a los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida mientras buscamos construir un futuro estadounidense verdaderamente grandioso“, señala 45office.com en su página de apertura.
Una fotografía tomada el día que asumió la presidencia, en enero de 2017, en la que se ve a Trump bailando con su esposa Melania en la Casa Blanca es la imagen que uno se encuentra al entrar a la web del hoy expresidente y residente en Palm Beach (Florida).
“A través de esta oficina, el presidente Trump seguirá siendo un defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro gran país, y de su derecho a vivir con seguridad, dignidad, prosperidad y paz”, agrega como tarjeta de presentación. 45office.com presenta a Trump como el artífice del “movimiento político más extraordinario de la Historia”, el hombre que derrotó el “aparato (establishment) de Washington y el primer “outsider” (ajeno a la política) verdadero en llegar a la Casa Blanca.
El acento está puesto en sus logros económicos, en cómo la clase media vio subir sus ingresos “cinco veces más que en la anterior administración” y en la reducción del desempleo “al nivel más bajo en medio siglo”, incluyendo los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos.
La política migratoria es otro “fuerte” de Trump que la web resalta. “Al comprender que la seguridad fronteriza es un tema de seguridad nacional, el presidente Trump logró la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y firmó una serie de acuerdos históricos con nuestros socios en el hemisferio occidental para detener el contrabando, el tráfico y la migración ilegal”.
Entre otro méritos que le atribuye esta web está el haber restaurado el principio de que los recién llegados al país deben ser económicamente autosuficientes y el haber terminado con “el fraude sistémico de asilo” y reducido “las admisiones de refugiados a niveles sostenibles”.
“Ningún presidente ha hecho más para construir un sistema de inmigración que promueva la seguridad, la dignidad, la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense“, señala web, siguiendo los pasos a un Trump que desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach no ha parado de acusar al presidente Joe Biden de crear un “desastre” en la frontera con México por haber desmantelado sus políticas.
La nueva web también otorga a Trump el mérito de haber “salvado” un número incontable de vidas a los inicios de la pandemia con el cierre de las fronteras de Estados Unidos para chinos y europeos, el reabastecimiento de unos suministros médicos que estaban “agotados” y las pruebas de covid-19 y vacunaciones masivas.
Estados Unidos es casi desde los inicios de la pandemia en 2020 el país con más casos de covid-19 (30,3 millones) y más muertos (más de 550.000) por la enfermedad.
La web ensalza también la política exterior de Trump por haber puesto a EE. UU. primero frente a China y otros países y haber logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio.
“Luchando contra el virus o terroristas extranjeros, creando empleos, asegurando las fronteras de EE. UU., liberando la energía de EE.UU., revitalizando el patriotismo o restaurando el espíritu estadounidense, el presidente Trump nunca flaqueó en la defensa de nuestros valores, nuestras familias, nuestra tradiciones y nuestra libertad”, señala 45office.com.
G. Gordon Liddy, autor intelectual del incidente de Watergate y presentador de un programa de radio tras salir de la cárcel, murió el martes a los 90 años. Su hijo, Thomas Liddy, confirmó la muerte pero no reveló la causa, aparte de decir que no estaba relacionada con COVID-19.
Liddy, un ex agente del FBI y veterano del ejército, fue declarado culpable de conspiración, robo y escuchas telefónicas ilegales por su papel en el robo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Pasó cuatro años y cuatro meses en prisión, incluidos más de 100 días en régimen de aislamiento.
G. Gordon Liddy
“Lo volvería a hacer por mi presidente”, dijo años después.
Liddy fue franco y controvertido, tanto como operativo político bajo Nixon como como personalidad de la radio. Liddy recomendó asesinar a los enemigos políticos, bombardear un grupo de expertos de izquierda y secuestrar a los manifestantes de la guerra. Sus colegas de la Casa Blanca ignoraron tales sugerencias.
Una de sus empresas, el allanamiento de la sede demócrata en el edificio Watergate en junio de 1972, fue aprobada. El robo salió mal, lo que llevó a una investigación, un encubrimiento y la renuncia de Nixon en 1974.
Liddy también fue condenado por conspiración en el robo en septiembre de 1971 del psiquiatra del analista de defensa Daniel Ellsberg, quien filtró la historia secreta de la Guerra de Vietnam conocida como los Papeles del Pentágono.
Después de su liberación de la prisión, Liddy, con sus penetrantes ojos oscuros, bigote tupido y cabeza rapada, se convirtió en un presentador de programas de radio popular, provocador y controvertido. También trabajó como consultor de seguridad, escritor y actor.
En el aire, ofreció consejos sobre cómo matar a los agentes federales de armas de fuego, montó etiquetas de automóviles que decían “H20GATE” (Watergate) y despreció a las personas que cooperaron con los fiscales.
Nacido en Hoboken, Nueva Jersey, George Gordon Battle Liddy era un niño frágil que creció en un vecindario poblado principalmente por estadounidenses de origen alemán. De amigos y una sirvienta que era de nacionalidad alemana, Liddy desarrolló una curiosidad por el líder alemán Adolf Hitler y se inspiró al escuchar los discursos de radio de Hitler en la década de 1930.
Richard Nixon
E. Howard Hunt
John Dean
“Si una nación entera pudiera cambiar, elevarse de la debilidad a una fuerza extraordinaria, también podría hacerlo una persona”, escribió Liddy en “Will” (Voluntad), su autobiografía.
Liddy decidió que era fundamental enfrentar sus miedos y superarlos. A los 11 años, Liddy asó una rata y se la comió para superar su miedo a las ratas. “A partir de ahora, las ratas podrían temerme como temían a los gatos”, escribió.
Después de asistir a la Universidad de Fordham y servir una temporada en el Ejército, Liddy se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y luego se unió al FBI. Se postuló sin éxito para el Congreso desde Nueva York en 1968 y ayudó a organizar la campaña presidencial de Nixon en el estado.
Cuando Nixon asumió el cargo, Liddy fue nombrado asistente especial del Tesoro y estuvo bajo el mando del secretario del Tesoro, David M. Kennedy. Más tarde, Liddy se mudó a la Casa Blanca, luego a la campaña de reelección de Nixon, donde su título oficial fue el de abogado general.
Liddy era el jefe de un equipo de operativos republicanos conocidos como “los fontaneros”, cuya misión era encontrar filtraciones de información que avergonzaran a la administración de Nixon. Entre las especialidades de Liddy estaban la recopilación de inteligencia política y la organización de actividades para desbaratar o desacreditar a los oponentes demócratas de Nixon.
Mientras reclutaba a una mujer para que le ayudara a llevar a cabo uno de sus planes, Liddy trató de convencerla de que nadie podía obligarlo a revelar su identidad o cualquier otra cosa en contra de su voluntad. Para convencerla, Liddy puso su mano sobre un encendedor en llamas. Su mano estaba muy quemada. La mujer rechazó el trabajo.
Liddy se hizo conocido por sugerencias tan poco convencionales como secuestrar a los organizadores de las protestas contra la guerra y llevarlos a México durante la Convención Nacional Republicana; asesinar al periodista de investigación Jack Anderson; y bombardear la Brookings Institution, un grupo de expertos de izquierda en Washington donde se almacenaban documentos clasificados filtrados por Ellsberg.
Liddy y su compañero de operaciones Howard Hunt, junto con los cinco arrestados en Watergate, fueron acusados de cargos federales tres meses después del robo en junio de 1972. Hunt y sus reclutas se declararon culpables en enero de 1973, y James McCord y Liddy fueron declarados culpables. Nixon renunció el 9 de agosto de 1974.
G. Gordon Liddy en Miami Vice (División Miami) con los actores Don Johnson y Bob Balaban
Después del fallido intento de allanamiento, Liddy recordó haberle dicho al abogado de la Casa Blanca, John Dean: “Si alguien quiere dispararme, simplemente dígame en qué esquina debo pararme y estaré allí, ¿de acuerdo?”. Según los informes, Dean respondió: “No creo que hayamos llegado todavía, Gordon”.
Liddy afirmó en una entrevista que Nixon fue “insuficientemente despiadado” y debería haber destruido las grabaciones de sus conversaciones con sus principales colaboradores.
Liddy aprendió a comercializar su reputación como un defensor intrépido, aunque a veces demasiado entusiasta, de causas conservadoras. El programa de entrevistas de radio sindicado de Liddy, transmitido desde Virginia, fue durante mucho tiempo uno de los más populares del país. Escribió los libros más vendidos, actuó en programas de televisión como “Miami Vice”, fue un conferenciante invitado frecuente en los campus universitarios, comenzó una franquicia de detectores privados y trabajó como consultor de seguridad. Durante un tiempo, formó equipo en el circuito de conferencias con un socio poco probable, el gurú del LSD de los años 60, Timothy Leary.
A mediados de la década de 1990, Liddy dijo a los radioescuchas que portaban armas que apuntasen a la cabeza cuando se encontraran con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. “Disparos a la cabeza, disparos a la cabeza”, enfatizó, y explicó que la mayoría de los agentes usan chalecos antibalas debajo de sus chaquetas. Liddy dijo más tarde que no estaba alentando a la gente a cazar agentes, pero agregó que si un agente ataca a alguien con fuerza letal, “debes defenderte y defender tus derechos con fuerza letal”.
Liddy siempre se enorgulleció de su papel en Watergate. Una vez dijo: “Estoy orgulloso de ser el tipo que no habló”.
Benjamín Franklin dijo una vez: “Algunas personas se quejan porque encuentra espinas entre las rosas. ¿Por qué no ser agradecido por haber puesto rosas entre las espinas de un camino?” Lo leí por primera vez hace un tiempo. Desde ese día, ha ocupado un lugar destacado en mi vida y le ha dado una tendencia optimista. “Ser positivo es tener la voluntad de ver las rosas entre los espinas, en lugar de quejarse de las espinas entre las rosas… ¿Que ves? Tu respuesta te ayudará a juzgar si tienes esa mansedumbre de la positividad que hablo.
Para llegar a la cima de una montaña es necesario afrontar las dificultades de la escalada. Para cruzar un río peligroso, es necesario vencer la fuerza de su corriente. Para lograr el objetivo ansiado, muchas veces necesitamos superar los obstáculos en el camino. Y cuando llegamos a la meta, es mejor gozar de la victoria que murmurar por las dificultades encontradas en nuestro intento.
¿Cuántas veces hemos fracasado en la consecución de mis propósitos? ¿Cuántas decepciones enfrentamos hasta que nuestro sueño se hizo realidad? ¿Eso es importante? Cuando llega la satisfacción por el logro obtenido se lo decimos a los amigos, pasamos el día con una sonrisa radiante en los labios. Pero, ¿qué pasa con las batallas enfrentadas? De hecho, ya no recordamos lo difícil que fue lograr nuestras satisfacciones. Solo queremos celebrar la victoria.
¡Bien por las rosas junto a las espinas! ¡Bien por la victoria, después de muchas luchas! ¡Bien por haberlo hecho!
Desde la ciudad de Campana, Buenos Aires, envío un abrazo y mi deseo que la vida te sonría y prospere en todo lo que emprendas; y derrame sobre ti Salud, Paz, Amor y mucha Prosperidad.
Qatar no deja de acumular polémicas sobre las pésimas condiciones laborales de los trabajadores que están construyendo las instalaciones para su máximo acontecimiento futbolístico.
Ya son varios los países que han protestado por esta situación y se espera que, a medida que se acerque tan señalada fecha, sean más los que pongan el foco en la vulneración de los derechos humanos que se están produciendo en el país del Golfo, ya que unos 6.500 trabajadores han fallecido desde que se inició la construcción de infraestructuras para el evento deportivo.
Más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que comenzaron las obras para ser la sede de la Copa del Mundo. Con datos que consiguieron recabar a partir de fuentes gubernamentales, desde diciembre del 2010 han muerto cada semana una media de 12 trabajadores migrantes de estos cinco países.
Además, según cifras de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 5.927 trabajadores han fallecido en Qatar entre 2011 y 2020. A estas cifras hay que añadir los datos aportados por la embajada de Pakistán en Qatar que confirman otras 824 muertes de trabajadores pakistaníes entre 2010 y 2020.
No obstante, el número de fallecidos es significativamente mayor ya que las cifras no incluyen las de los países de los que proceden otras muchas personas que están realizando trabajos allí como Filipinas y Kenia, ni tampoco se incluyen las muertes de los últimos meses del 2020 ni de los primeros meses del 2021.
El sombrío número de muertos de Qatar se revela en largas hojas de cálculo de datos oficiales que enumeran las causas de muerte: múltiples lesiones contundentes debido a una caída desde una altura; asfixia por ahorcamiento; causa indeterminada de muerte por descomposición”. En los reportes aseguran que la causa más común es la que denominan como “muerte natural”, lo que demuestra que tales calificaciones se realizan sin una autopsia.
Retrasos en los pagos, incumplimiento de contratos e incluso suspensión de los salarios son algunos de los abusos que se cometen con los trabajadores migrantes en Qatar para la Copa del Mundial 2022.
Entre enero del 2019 y mayo del 2020 la organización habló con más de 90 trabajadores migrantes que trabajaban en el país y todos informaron sobre diversos tipos de abusos laborales. Hubo trabajadores que contaron a la organización que sus empleadores dejaron de pagarles y, a menudo, tenían dificultades para alimentarse.
Aunque en agosto del año pasado el país del Golfo anunció el nuevo salario mínimo y desmanteló el sistema de empleo kafala, este ha sido clave en la vulneración de derechos de los trabajadores migrantes en Qatar.
El sistema kafala es una forma de esclavitud moderna y está presente en diversos países como El Líbano, Jordania y otros países del Golfo Pérsico. Con él, ciudadanos y empresas privadas toman el rol de patrocinadores y los gobiernos delegan en estos patrocinadores la supervisión y responsabilidad de trabajadores extranjeros. Sin el permiso de estos patrocinadores un trabajador no puede ni cambiar de trabajo, ni renunciar al trabajo ni volver a su país. De esta forma, hay países que se aprovechan de los trabajadores migrantes y les explotan bajo este sistema.
Varios equipos han protestado por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Qatar y han reivindicado que se cumplan los derechos humanos. Uno de los últimos equipos que ha dicho basta ha sido Alemania, que ha cogido el testigo de Noruega y antes de disputar su partido se manifestó a favor de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar.
Los futbolistas alemanes se formaron abrazados en una línea, portando cada uno de ellos una camiseta negra con una letra mayúscula de color blanco hasta componer las palabras “derechos humanos”.
Por su parte Noruega, antes de enfrentarse a Turquía, salió al campo con una camiseta blanca en la que se podía leer: “Derechos humanos, dentro y fuera del campo. Noruega, Alemania ¿Quién sigue?”. Esta camiseta la llevaron durante el calentamiento pre competitivo y hasta la ceremonia de los himnos sobre el uniforme de la selección.
La Federación Holandesa de Fútbol ha manifestado también estar completamente consternada por las más de 6.500 muertes de obreros migrantes en Qatar y los jugadores holandeses han posado este sábado con camisetas en las que se podía leer la frase: “El fútbol apoya el cambio”, sumándose así a la protesta.
En cambio, el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, de nacionalidad española, ha explicado que boicotear el torneo sería “un gran error”.
Con todo ello, los preparativos continúan con supuesta normalidad para el evento deportivo que comenzará el 21 de noviembre del 2022, aunque es muy probable que las protestas se incrementen a medida que la fecha se acerque.
Con 27 estados en rojo y alzas de casos de muertes y contagios en todo el país, el Centro de Enfermedades Contagiosas solicitó limitar los viajes, o de necesitar hacerlo, tomar conciencia de que sean solo por motivos esenciales.
Las nuevas recomendaciones, que se basan en las actualizaciones científicas más recientes, incluye recomendaciones sobre cómo y cuándo una persona completamente vacunada puede visitar a otras personas que están también completamente vacunadas y a otras personas que no están vacunadas. Los CDC actualizarán estas recomendaciones a medida que se vacunen más personas, cambien las tasas de COVID-19 en la comunidad y se disponga de evidencia científica adicional.
Walensky
“Sabemos que las personas quieren vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, dijo la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky. “Hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en sus propios hogares. Todos, incluso aquellos que están vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando se encuentren en entornos públicos. A medida que la ciencia evolucione y más personas se vacunen, continuaremos brindando más orientación para ayudar a las personas completamente vacunadas a reanudar más actividades de manera segura”.
“Los viajes ya sea en trenes, autobuses o avión son extremadamente riesgosos, debido al riesgo de adquirir y propagar el virus durante los viajes, las personas que están completamente inmunizadas también deben seguir las recomendaciones de los CDC antes y después de viajar”, agregó Walensky.
Los nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos continuaron aumentando la semana pasada, aumentando en un 13 por ciento en todo el país, ya que altos funcionarios imploraron a los estadounidenses que se adhieran a las medidas de salud pública para ayudar a revertir la tendencia. El promedio de siete días de casos nuevos superó los 63.000 por primera vez en casi un mes. La nación parece encaminada para una cuarta ola de enfermedades, incluso cuando la elegibilidad para vacunas se está expandiendo en muchos estados.
Según la ley de los Estados Unidos, el gobierno puede imponer sanciones a cualquier país, organización o persona que se considere que representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional o la política exterior. En el pasado, Estados Unidos impuso sanciones en relación con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en países como Irán, Corea del Norte y Siria. El 2 de septiembre del año 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo marcó un nuevo punto de partida en la política estadounidense al anunciar sanciones a dos altos funcionarios de una organización internacional basada en tratados de la que son miembros la mayoría de los aliados estadounidenses, la Corte Penal Internacional (CPI). La medida parecerá a la mayoría de los europeos como un flagrante ataque al estado de derecho internacional, pero también es la culminación de una confrontación en evolución entre Estados Unidos y la CPI que se remonta a la fundación de la organización.
La CPI fue establecida por el Estatuto de Roma en 1998, con un mandato para enjuiciar a los responsables de los crímenes internacionales más graves: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los países europeos se encontraban entre los defensores más firmes de la corte, y la vieron como un paso hacia un mundo en el que nadie tiene impunidad por las atrocidades masivas. Pero la corte es un organismo basado en un tratado, y muchos de los estados más poderosos del mundo permanecen fuera, incluidos Estados Unidos, Rusia y China. La tensión entre la visión de la justicia encarnada por la CPI y las realidades de la política de poder internacional ha estado presente desde el principio y ha sido particularmente marcada en la relación fluctuante y turbulenta de la corte con Estados Unidos.
Pompeo
Mochochoko
Según el Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción para enjuiciar los delitos cometidos por nacionales de los estados miembros, pero también los delitos cometidos en el territorio de los estados miembros, incluso si los responsables son ciudadanos de un país que no es miembro de la corte. Estados Unidos luchó duramente contra esta disposición en las negociaciones que llevaron a la fundación de la CPI, temiendo que pudiera abrir a los ciudadanos estadounidenses al enjuiciamiento.
Estados Unidos considera el enjuiciamiento de sus ciudadanos ante un organismo internacional sin el consentimiento de Estados Unidos como una violación de su soberanía. Los partidarios de la CPI argumentan que si los estados pueden enjuiciar a los extranjeros por crímenes de guerra cometidos en su territorio en sus propios tribunales, tienen la autoridad para transferir ese poder a un tribunal internacional como la CPI.
Los primeros años de la corte coincidieron con la presidencia de George W. Bush, quien tomó una serie de medidas para limitar cualquier acción potencial contra ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos persuadió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aprobara una serie de exenciones para las fuerzas de mantenimiento de la paz, evitando que los soldados de países no miembros de la CPI fueran investigados o procesados (aunque dejó de buscar exenciones después de que se revelara el escándalo de la prisión de Abu Ghraib en 2004). Bush también lanzó una campaña de búsqueda de acuerdos bilaterales de inmunidad con otros países y revocó formalmente la firma estadounidense del Estatuto de Roma (bajo Bill Clinton, EE. UU. había firmado pero no ratificado el tratado, lo que significa que no estaba obligado por él, pero estaba obligado no emprender acciones que frustrarían su objeto y propósito). La administración Obama se involucró más con la CPI, pero no tomó ninguna medida para ratificar su estatuto.
Trump
Bensauda
Por su parte, la CPI también parecía en sus primeros años estar tratando de evitar cualquier enfrentamiento con las grandes potencias mientras buscaba establecerse como un organismo internacional incipiente. El primer fiscal, Luis Moreno Ocampo, actuó con notable cautela al abrir investigaciones donde estaban involucrados intereses de grandes poderes. Afganistán se unió a la CPI en 2003, otorgando competencia al tribunal sobre los delitos que ocurran allí después de esa fecha, y Ocampo (amigo de Brad Pitt y Angelina Jolie)abrió un examen preliminar de la situación en Afganistán en 2006. Pero, a pesar de la violencia persistente en el país, la fiscalía no solicitó permiso para pasar a una investigación completa hasta 2017, bajo la sucesora de Ocampo, Fatou Bensouda. De manera similar, largas demoras han marcado el examen por parte del tribunal de Colombia (nuevamente, un país sensible para los EE. UU.) Y Georgia (donde Rusia estuvo directamente involucrada). La moderación del tribunal en estos casos contrastó con la velocidad a la que actuó en algunos casos africanos, lo que contribuyó a dar la sensación de que la CPI se centró indebidamente en África.
Más sorprendente aún, después de que Bensouda solicitó permiso para abrir una investigación en Afganistán, la sala de instrucción de la Corte inicialmente rechazó la solicitud en 2019, argumentando que no sería “en interés de la justicia” proceder. Las investigaciones sin el apoyo de los países involucrados pueden ser difíciles, y tanto Afganistán como Estados Unidos se habrían resistido a la cooperación con el tribunal. Pero la medida de la cámara fue ampliamente criticada por comprometer la independencia judicial para evitar una confrontación con Estados Unidos, y la cámara de apelaciones de la CPI la anuló este año. Bensouda ha dicho que su investigación está analizando posibles crímenes cometidos por los talibanes, las fuerzas afganas y las fuerzas estadounidenses, incluido el abuso de los detenidos como parte de la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos. Pompeo dijo después de que se aprobó la investigación que fue “una acción verdaderamente impresionante de una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por un cuerpo legal”. En junio, Trump emitió una orden ejecutiva que permitía sanciones contra la CPI. La semana pasada nombró a Bensouda y al jefe de la división de jurisdicción, Phakiso Mochochoko, como objetivos.
Putin
Biden
En la práctica, las posibilidades de que la CPI procese a cualquier ciudadano estadounidense son mínimas, ya que sería muy difícil desarrollar un caso viable frente a la falta de cooperación de los Estados Unidos, y aún más improbable que la corte alguna vez obtenga la custodia de cualquier ciudadano estadounidense. Sin embargo, la administración Trump, de acuerdo con su enfoque hiper-agresivo hacia las organizaciones multilaterales, ha aprovechado la oportunidad para asestar un golpe potencialmente radical contra la corte. La acción de Estados Unidos también debe entenderse como una respuesta al examen actual de la corte de las acciones israelíes en Palestina y las inacciones en cuanto a operaciones llevadas a cabo por Rusia o Estados terroristas.
Por suerte para Bensouda y Mochochoko, pero, si lo desea, Estados Unidos podría intentar cerrar la investigación de Afganistán del tribunal en su totalidad persiguiendo a las organizaciones y empresas con las que hace negocios. Es cierto que Europa y otros países miembros preferirían evitar una batalla campal con Estados Unidos por la CPI, pero la duda es si las posiciones serían defender la corte o apoyar a Estados Unidos si la administración de Biden intentara ponerla fuera de acción.
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Dos agentes fueron atropellados cerca del Congreso de EE. UU.
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La sede del Congreso de Estados Unidos fue blindada hoy viernes y está bajo alerta máxima después de que un vehículo embistiera a dos policías cerca de allí, tres meses después de la violenta toma del Capitolio por seguidores del expresidente Donald Trump.
Uno de los agentes y el conductor del vehículo murieron, según explicaron medios estadounidenses. Por ahora, la policía descarta que se tratara de un acto terrorista.
Las imágenes de televisión mostraron un coche azul que se había estrellado contra la barrera de seguridad de unas de las calles que lleva al Congreso de Estados Unidos. También mostraron a dos personas en camillas, que parecían ser los oficiales heridos.
Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre la identidad del conductor del vehículo y, según medios estadounidenses, en el momento de la detención del sospechoso se escucharon disparos. Se informó que el individuo salió del vehículo con un cuchillo.
Tras el incidente de hoy viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados. De todas formas el Congreso estaba en receso por Semana Santa por lo que había menos personal en el lugar.
Este incidente se produce después del violento asalto del edificio del Capitolio perpetrado el 6 de enero por partidarios de Trump que querían interrumpir la certificación de las elecciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 2, 2021
El retiro de Raúl Castro y la nueva generación de dirigentes cubanos
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La mayoría de los miembros que integrarán a mediados de este mes el nuevo Buró Político del Partido Comunista de Cuba carecen del aura heroica que rodea a los revolucionarios históricos, pero tienen la misión de seguir el camino trazado por Fidel y Raúl Castro.
El octavo congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), a celebrarse entre el 16 y 19 de abril, elegirá a los 17 hombres y mujeres que integrarán el nuevo Buró Político, el órgano superior del Comité Central del partido. En este último reside el centro del poder del partido y la fuerza política que dirige al país, de acuerdo con la Constitución.
La anunciada jubilación de Raúl Castro, a los 89 años, deja vacante la jefatura del PCC como primer secretario del partido. Su salida debe ser seguida por los otros dos históricos del núcleo duro de la Revolución: José Ramón Machado Ventura (90), número dos del PCC, y el comandante Ramiro Valdés (88). Está previsto que el actual presidente, Miguel Díaz-Canel (60), asuma como primer secretario del PCC y tome las riendas del poder absoluto del país, como en su día lo tuvieron Fidel (1926-2016) y Raúl Castro.
Los hombres claves de su entorno no lucharon en la Sierra Maestra y nacieron después del triunfo de la revolución en 1959.
Aunque se espera que sigan en este grupo tres históricos que en esa época eran adolescentes: los generales Leopoldo Cintra Frías (79), Ramón Espinosa (83) y Álvaro López Miera (77), ministro, viceministro y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, respectivamente.
En el Buró Político deben estar representados los más importantes cargos y sectores de la sociedad y, aunque en los últimos años se busca un equilibrio racial y de género, la elección también esta determinada por la coyuntura que vive el país. Por eso se prevé la entrada de otro general, Lázaro Álvarez Casas (57), recién nombrado ministro del Interior, en momentos en que algunas protestas han irrumpido en la escena pública.
El gran enigma de momento es quién pueda sustituir a Machado Ventura como segundo secretario del PCC, cargo que resulta ser una especie de jefe de Estado Mayor del Partido, con capacidad de veto para dirigentes y cuadros del PCC y de las principales instituciones estatales. En medio de
una acelerada reforma y una fuerte crisis económica, parece asegurada la entrada del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz (57), quien hizo carrera empresarial en las Fuerzas Armadas y hoy goza de un evidente apoyo del generalato.
También el actual viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández (60), cuya entrada podría limitar la autoridad de Marino Murillo (60), el hombre encargado de la aplicación de las reformas, blanco de numerosas críticas populares, por la actual reforma monetaria. Deben permanecer, debido a sus responsabilidades, el canciller Bruno Rodríguez (63), el presidente del Parlamento, Esteban Lazo (76); el secretario de la Central de Trabajadores (CTC), Ulises Guilarte (56); la secretaria de la Federación de Mujeres, Teresa Amarelle (56), y el exministro de Salud Roberto Morales (53), actual viceprimer ministro.
La biotecnología, de papel primordial ante la pandemia e importante fuente de ingresos, está representada por la científica Marta Ayala (54). Esta área podría ser reforzada con Vicente Vérez (67), director del Instituto Finlay de Vacunas, responsable de la creación de dos de los cuatro candidatos vacunales contra el Covid-19 de Cuba. Debido al peso de La Habana en la vida nacional, su primer secretario del PCC, Luis Antonio Torres Iribar (55), podría formar parte también del equipo.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 2, 2021
Predicciones poco optimistas para la temporada de huracanes de 2021 para el Este de Estados Unidos
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Después de la histórica producción de tormentas tropicales de 2020, los meteorólogos predicen que 2021 podría ser otra temporada de huracanes demasiado productiva. Estos pronosticas de 18 a 24 tormentas con nombre para la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 que se extiende oficialmente del 1 de junio al 1 de noviembre.
La temporada típica produce 12 tormentas con nombre, de las cuales 6 se convierten en huracanes, incluidos 3 huracanes importantes, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Ahora se pronostica no solo una mayor producción de tormentas tropicales, sino también muchos más huracanes con una predicción de ocho a doce huracanes, y se prevé que de cinco a siete se convertirán en fenómenos importantes, que son tormentas de al menos categoría 3 y tienen vientos máximos sostenidos de 111 mph. (180 kimómetros por hora) o mayor.
El año pasado, antes de la temporada de huracanes, la NOAA hizo una predicción de 13 a 19 tormentas con nombre, de las cuales de seis a 10 podían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph -120 kph- o más), y de tres a seis de las cuales se convertirían en huracanes importantes. Sin embargo, la temporada 2020 desafió todas las predicciones con un inaudito de 30 tormentas tropicales con 13 huracanes; seis de las cuales fueron tormentas importantes.
Un experto de la Universidad de Miami descubrió que el Atlántico ha entrado en una “nueva normalidad” en la producción de tormentas, según un promedio de 30 años entre 1991 y 2020.
“Los indicios actuales son que esta será otra temporada por encima de lo normal”, dijo Dan Kottlowski, quien dirigió al equipo AccuWeather en esta predicción. “Esto puede traducirse en un gran impacto en los Estados Unidos”.
El equipo estudió los patrones climáticos actuales y los comparó con modelos climáticos de largo alcance para tomar una determinación sobre lo que podría suceder durante el pico de la temporada de huracanes, que cae entre mediados de agosto y mediados de octubre.
Una de las hojas de té preocupantes que examinó AccuWeather fue la ya alta temperatura de la superficie del mar que alcanza niveles superiores a lo normal en el Atlántico norte y el Golfo de México.
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[/ezcol_1half_end]Las temperaturas se tomaron frente a la costa de Key West y se encontraron 81,5 grados, o cinco grados por encima de lo normal. Si bien la temperatura es alta, no es tan alta como la de 2020, que promedió 87.8, informó AccuWeather. De todas maneras, se encontró que la temperatura del agua era más fría de lo normal en el Golfo de México.
“Sin embargo, se espera que las temperaturas del agua aumenten cuando comience la temporada”, afirmó AccuWeather.
Se prevé que Estados Unidos experimente de cuatro a seis tormentas que tocarán tierra esta temporada en Florida, según AccuWeather. Una razón por la que eso podría ser posible se debe a un Bermuda High más débil, que es una zona de alta presión y fue responsable de dirigir varias tormentas hacia el Golfo de México.
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Abril 2, 2021
La Arenga
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En la primera emisión de su canal Huellas de Malvinas, el director cinematográfico Sandro Rojas Filártiga nos brinda la arenga, en la previa de la Operación Rosario, del Contralmirante Carlos Alberto Bússer, el 1 de abril de 1982.
Visite Huellas de Malvinas
El canal de Sandro Rojas Filártiga
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Abril 2, 2021
¿Mike Pompeo 2024?
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A comienzos del año 2016, en plena carrera por convertirse en candidato republicano como rival de Barack Obama, el entonces congresista por el 4º distrito electoral de Kansas, Mike Pompeo, era un firme defensor de la candidatura del senador de Florida, Marco Rubio. Así, durante los caucus de su estado avisó de los tintes “autoritarios” del aún presidente y de que Donald Trump, de alcanzar el despacho oval, podría desarrollar similares comportamientos.
“Hemos malgastado siete años y medio con un presidente autoritario que ha ignorado nuestra constitución. No necesitamos cuatro años más de eso”, dijo entonces. Aunque eso, claro, fue en marzo de 2016.
Poco después la carrera de Trump en la primarias republicanas se disparó de forma irremediable y Marco Rubio no pudo más que sucumbir, al igual que todo el Great Old Party (GOP-Partido Republicano), incluido Pompeo, quien, de hecho, se convertiría en uno de los más estrechos colaboradores de Trump durante sus cuatro años en la Casa Blanca.
Recién llegado a la Casa Blanca, Trump nombró a Pompeo director del Agencia Central de Inteligencia, más conocida como la CIA, en un claro movimiento proteccionista para sus intereses y claramente ofensivo hacia la política internacional de los demócratas durante las dos legislaturas de Barack Obama en la Casa Blanca.
Pompeo era miembro del movimiento ciudadano ultraconservador del Tea Party y como congresista formó parte del comité que investigó el ataque al consulado de Bengasi (Libia) en 2012 cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. Él achacó el atentado en el que murió el embajador de EEUU en ese país y otros tres funcionarios (dos de ellos, contratistas de la CIA) a “una trágica falta de liderazgo” de la derrotada candidata demócrata a la presidencia y de la Administración Obama.
Durante la confirmación de su nombramiento en el Senado, Pompeo fue incapaz de desactivar los vínculos de su actividad empresarial con compañías propiedad del gobierno Chino. Más adelante, asumió el control del Centro de Contrainteligencia, la oficina al frente de las primeras investigaciones sobre las relaciones de Trump con oficiales rusos y suyas fueron también las primeras gestiones entre Estados Unidos y Corea del norte, que cristalizaron en junio de 2019 con la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-Un en la frontera entre las dos Coreas.
Apenas un año después de su nombramiento al frente de la CIA, Trump fulminó a golpe de tuit a Rex Tillerson, el único contrapeso diplomático que le quedaba a su administración, y elevó a Pompeo a secretario de Estado y responsable máximo de las relaciones internacionales de Estados Unidos durante su mandato. El crítico en 2016 se ha bía convertido en fiel seguidos en 2017 para llegar a ser mano derecha desde 2018 hasta su último día en el despacho oval.
Pompeo siempre ha sido considerado uno de los más estrechos colaboradores de Trump y también uno de los cargos con más similitudes políticas con el propio presidente. Quizás por eso, el propio Pompeo se ve entre los pocos candidatos posibles a relevar al ahora empresario en la carrera presidencial de 2024 en representación del partido republicano.
– ¿Está considerando presentarse a la carrera electoral?
– Siempre estoy dispuesto a una buena pelea.
Respuesta directa, sin ambages, a la pregunta directa del periodista Sean Hannity en uno de los programas de Fox News, la cadena conservadora que siempre apoyó a Trump.
“Me preocupo profundamente por Estados Unidos. Tú y yo hemos sido parte del movimiento conservador durante mucho tiempo”
“Mi objetivo es seguir haciéndolo”, añadió por si alguien albergaba dudas de sus intenciones.
Los rumores comenzaron en PAC republicano de Florida del pasado mes de marzo. Durante la Conferencia anual de Acción Política del partido conservador los senadores Tom Cotton, de Arkansas; Ted Cruz, de Texas; Josh Hawley, de Missouri, y Rick Scott, de Florida; además de los gobernadores Ron DeSantis, de Florida, y Kristi Noem, de Dakota del Sur, dejaron clara su intención de suceder a Trump, un puesto para el que también se dejó querer Donald Trump Jr.
[ezcol_1fifth]Sin embargo, todas las miradas se fijaron en el discurso de Pompeo, probablemente el más encendido, probablemente el más trumpista de los trumpistas y probablemente el candidato más fuerte en una carrera que no comenzará hasta dentro de tres años y que el propio Donald Trump podría desactivar con un solo tuit que dijera ‘Soy candidato’.
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Abril 2, 2021
Bife de costilla de carne cultivada
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Una compañía israelí que elabora alimentos cárnicos presentó su primer bisctec de costilla de carne cultivada, creada mediante una técnica que desarrollaron junto a socios de investigación del Instituto Tecnológico de Israel.
La empresa “Aleph Farms”, para elaborar estos productos, utiliza la tecnología de bioimpresión en 3D: incuba células animales vivas en una matriz de origen vegetal para que crezcan, se diferencien e interactúen hasta conseguir la textura y las propiedades de un corte real.
A su vez, tiene un sistema similar al sistema vascular de un animal: permite que las células maduren y los nutrientes se desplacen por el tejido más grueso, lo que brinda la forma y estructura similar a las del tejido tradicional de la vaca antes y durante la cocción.
Esta forma de producción de carne permite comercializar cortes de músculo entero de primera calidad y permitirá una expansión en la comercialización de productos de las empresas de este rubro.
Sin embargo, por el momento no existe una aprobación reglamentaria oficial para comerciar carne cultivada en laboratorio y podría frenar la carrera de estas empresas hacia el mercado.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue el primer mandatario del mundo en comer carne cultivada. Al mismo tiempo, Singapur aprobó ese mes la venta de carne cultivada y fue el primer país en realizarlo. Por el momento, se desconoce con exactitud la posible adherencia de los demás países.
El director ejecutivo de Aleph Farms, Didier Toubia, explicó que “no se trata sólo de proteínas, sino de un producto complejo y emocional”, y aseguró que el producto refleja la calidad sensorial, la textura, el sabor y el marmoleado graso de un costillar de producción tradicional.
Respecto al costillar de Aleph, el líder de la empresa afirme que se servirá en el centro del plato y sin aderezos ni “adornos”, a diferencia de las hamburguesas vegetales o las tiras de carne normalmente usadas en platos sofisticados.
El director adelantó que la empresa podrá incluso adaptar el filete a un país o un paladar específico, a gusto del consumidor.
“En el caso de las vacas, la raza tiene un papel, pero la calidad proviene de la alimentación. Con nuestra carne cultivada ocurre algo parecido”, informó Toubia, y agregó: “Controlamos el proceso de cultivo, y podemos diseñar la carne específicamente para un mercado, ajustando la cantidad de colágeno y tejidos conectivos y grasa, para adaptar la carne a las necesidades específicas. La idea no es sustituir la agricultura tradicional, sino construir una segunda categoría de carne”.
El director aseguró que los primeros productos de la empresa llegarán al mercado en el segundo semestre de 2022.
Bajo esta modalidad, al poder rastrearse hasta una célula concreta y cultivarse en un medio estéril, se podrá comercializar certificada como libre de patógenos sin necesidad de antibióticos, permitirá conservarse durante más tiempo y habrá más transparencia que con la agricultura animal tradicional.
Falleció otro preso político
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La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día Martes 30 de Marzo de 2021, del Teniente Coronel (R) Carlos Alberto MARTÍNEZ (Comunicaciones – Promoción 87 – CMN), de 85 años de edad.
Especial atención: Debe hacerse notar, que el citado Oficial Jefe, padecía graves problemas de salud, razón por la cual había sido separado de la causa judicial.
Ya son 639 (seiscientos treinta y nueve) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.
El grave cuadro de situación, obliga a destacar y considerar los siguientes aspectos:
Períodos donde se produjeron los 639 fallecimientos
* Fallecidos entre el 10 Dic 83 / 25 May 03: 25.
* Fallecidos entre el 25 May 03 / 10 Dic 07: 56.
* Fallecidos entre el 10 Dic 07 / 10 Dic 15: 282.
* Fallecidos entre el 10 Dic 15 / 10 Dic 19: 208.
* Fallecidos desde el 10 Dic 19: 68 (sesenta y ocho) decesos se hanproducido desde el día 10 de Diciembre de 2019.
Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.
Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.
Coronel (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones.
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Abril 2, 2021
El italiano que fingió su secuestro y acabó retenido tres años por un grupo terrorista en Siria
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Alessandro Sandrini, un empresario de Brescia (en el norte de Italia), pasaba por un mal momento económico cuando aceptó la propuesta de una banda criminal de tres personas para simular su propio secuestro a cambio de dinero. La idea parecía sencilla: se iria a la ciudad turca de Adana donde permanecería un tiempo hasta que lograran cobrar su rescate. Pero una vez llegado a Adana, todo se complicó y lo que era una estafa se transformó en la peor pesadilla de Sandrini que se vio en manos de un grupo terrorista sirio.
Una vez en Turquía, tres criminales -un italiano y dos albaneses- engañaron al empresario, al que acabaron llevando contra su voluntad a Siria y le entregaron a un grupo yihadista nacido de la disolución del Frente Jabhat Al Nusra. Sandrini era, así, oficialmente secuestrado en octubre de 2016
cerca de la frontera turco-siria.
Permaneció en manos del grupo terrorista durante tres años, hasta que le liberaron el 22 de mayo de 2019, cerca de Idleb, al norte de Siria. La pesadilla parecía haber terminado pero ahora, de vuelta a Italia, el empresario italiano está siendo investigado por simular su secuestro, acusado de fraude. El empresario niega todas las acusaciones.
“No es como se está diciendo. No he recibido un solo centavo. No recibí dinero para ir allí y tampoco después. Todo ese tiempo fue un secuestro real. De principio a fin. No hay nada acordado “, aseguró Sandrini.
La Fiscalía indaga también si los tres detenidos llevaron a cabo la misma estafa con otro secuestro similar y bastante anómalo, el de Sergio Zanotti, que despareció en mayo de 2016, cuando estaba en Turquía y fue liberado en abril de 2019 en Siria, además de intentarlo con otros empresarios.
Sin embargo Zanotti, que no está siendo investigado, fue inducido por los estafadores a viajar a Turquía con el pretexto de comprar dinares iraquíes.
Además de Alessandro Sandrini y Sergio Zanotti, la pandilla se habría acercado a un tercer empresario, proponiendo el mismo plan. Los tres habrían propuesto la estafa a un empresario de Rezzato, también en la provincia de Brescia, que aún no ha sido identificado. Según la investigación, este secuestro no salió a delante porque el empresario el día pactado para la salida, el 25 de septiembre, no se presentó en el punto de embarque del aeropuerto.
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Abril 2, 2021
LO MÁS VISTO ☺ Abril 1, 2021
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El Pentágono da a conocer nuevas políticas transgénero
Posible Guerra Civil en Birmania
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Birmania se enfrenta a la posibilidad de una guerra civil “a una escala sin precedentes”, advirtió el miércoles Christine Schraner Burgener, enviada especial de la ONU al país asiático, e instó al Consejo de Seguridad a que considere una “acción potencialmente significativa” para revertir el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero y restaurar la democracia.
Schraner Burgener no especificó qué medidas consideraba como significativas, pero describió una grave situación de la represión militar en su sesión informativa virtual ante el consejo. La enviada también advirtió que el país está “a punto de convertirse en un Estado fallido”.
“Esto podría ocurrir ante nuestros propios ojos”, comentó, “y no evitar una mayor intensificación de las atrocidades le costará al mundo mucho más a largo plazo que invertir en este momento en la prevención, sobre todo a los países vecinos de Myanmar y a la región en general”.
Schraner Burgener instó al consejo “a considerar todas las herramientas disponibles para tomar una acción colectiva” y hacer lo que el pueblo de Myanmar merece: “evitar una catástrofe multidimensional en el centro de Asia”.
El golpe de Estado revirtió años de lento progreso hacia la democracia en Myanmar, que durante cinco décadas había estado bajo un estricto mando militar que provocó un aislamiento y sanciones internacionales. A medida que los generales soltaban el control, lo que culminó con el ascenso al poder de Aung San Suu Kyi luego de unas elecciones celebradas en 2015, la comunidad internacional respondió retirando la mayoría de las sanciones e invirtiendo en el país.
En la reunión virtual, que fue privada, Schraner Burgener denunció el homicidio y arresto de manifestantes que no estaban armados y que buscaban restaurar la democracia. Hasta el miércoles, unas 2.729 personas habían sido detenidas, acusadas o sentenciadas desde el golpe de Estado y aproximadamente 536 han sido asesinadas, señaló Schraner Burgener, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Myanmar.
El pasado 10 de marzo, el Consejo de Seguridad adoptó un comunicado presidencial, medida apenas por debajo de una resolución, en el que solicitó que se revirtiera el golpe de Estado, condenó la violencia contra los manifestantes pacíficos y pidió “mayor mesura” por parte de las fuerzas militares. Destacó la necesidad de defender “las instituciones y procesos democráticos” y pidió liberar de inmediato a los dirigentes del gobierno que han sido encarcelados, incluida Suu Kyi y el presidente Win Myint.
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Abril 1, 2021
El Pentágono da a conocer nuevas políticas transgénero
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El Pentágono eliminó el miércoles las políticas de la era Trump que prohibían en gran medida a las personas transgénero servir en el ejército, emitiendo nuevas reglas que les ofrecen un acceso más amplio a la atención médica y asistencia con la transición de género.
Las nuevas regulaciones del departamento permiten a las personas transgénero que cumplen con los estándares militares alistarse y servir abiertamente en su género autoidentificado, y podrán obtener la atención relacionada con la transición médicamente necesaria autorizada por la ley, dijo a la prensa el portavoz principal del Pentágono, John Kirby .
Los cambios se producen después de una revisión del Pentágono de dos meses destinada a desarrollar pautas para la nueva política, que fue anunciada por el presidente Joe Biden pocos días después de que asumiera el cargo en enero.
La orden ejecutiva de Biden anuló la política de Trump e inmediatamente prohibió que cualquier miembro del servicio fuera expulsado del ejército por motivos de identidad de género. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, le dio al Pentágono dos meses para ultimar las regulaciones más detalladas que seguirán los servicios militares.
Las nuevas reglas también prohíben la discriminación basada en la identidad de género. Su lanzamiento el miércoles coincide con el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y entrarán en vigencia en 30 días. Kirby dijo que le dará a los servicios militares el tiempo que necesitan para actualizar sus políticas y brindar orientación a los comandantes.
“El ejército de los Estados Unidos es la fuerza de combate más grande del planeta porque estamos compuestos por un equipo de voluntarios dispuestos a intensificar y defender los derechos y libertades de todos los estadounidenses”, dijo Austin en un comunicado el miércoles. “Seguiremos siendo el mejor y más capaz equipo porque nos servimos del mejor talento posible que Estados Unidos tiene para ofrecer, independientemente de la identidad de género”.
Austin también ha pedido un nuevo examen de los registros de los miembros del servicio que fueron dados de alta o se les negó el reenganche debido a problemas de identidad de género bajo la política anterior. Stephanie Miller, directora de política de adhesión militar, dijo a los periodistas que aún no hay datos sobre cuántas personas pueden ser.
Hasta hace unos años, los miembros del servicio podían ser dados de baja del ejército por ser transgénero, pero eso cambió durante la administración Obama. En 2016, el Pentágono anunció que a las personas transgénero que ya estaban en el ejército se les permitiría servir abiertamente y que para julio de 2017 se les permitiría alistarse.
Sin embargo, después de que Donald Trump asumió el cargo, su administración retrasó la fecha de alistamiento y pidió estudios adicionales. Unas semanas más tarde, Trump tomó por sorpresa a los líderes militares y tuiteó que el gobierno no aceptaría ni permitiría que las personas transgénero sirvieran “en ninguna capacidad” en el ejército.
Después de una batalla legal larga y complicada y revisiones adicionales, el Departamento de Defensa en abril de 2019 aprobó una política que no llegó a una prohibición total, pero prohibió a las tropas y reclutas transgénero la transición a otro sexo y requirió que la mayoría de las personas sirvieran en lo que la administración llamado su “género de nacimiento”.
Bajo esa política, las tropas transgénero que actualmente están en servicio y cualquier persona que haya firmado un contrato de alistamiento antes de la fecha de vigencia podría continuar con los planes de tratamientos hormonales y transición de género si se le hubiera diagnosticado disforia de género.
Pero después de esa fecha, no se permitió alistarse a nadie con disforia de género que estuviera tomando hormonas o que hubiera pasado a otro género. Las tropas que ya estaban en servicio y fueron diagnosticadas con disforia de género debían servir en el género asignado al nacer y se les prohibió tomar hormonas o someterse a una cirugía de transición.
Las nuevas políticas publicadas el miércoles son similares a las desarrolladas en 2016. El anuncio fue elogiado por grupos de defensa y miembros del Congreso.
“El Pentágono hizo absolutamente lo correcto hoy al restablecer una política de inclusión para los miembros del servicio transgénero, quienes una vez más podrán servir abierta y orgullosamente en su género autoidentificado”, dijo la representante Jackie Speier, demócrata de California, quien encabeza el Subcomité de Personal Militar de los Servicios Armados de la Cámara.
Nicolas Talbott, cuyos planes de alistarse en la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea fueron marginados por la administración Trump, expresó alivio el miércoles.
“Estoy más seguro que nunca de que cuando presente la solicitud para alistarme, se me juzgará por mis habilidades y logros, en lugar de por mi condición de transgénero, que no tiene nada que ver con mi capacidad para servir”, dijo Talbott, quien planea hacerlo. conseguir.
Miller dijo que la cantidad de miembros del servicio que se identifican a sí mismos como transgénero podría oscilar entre 1.000 y 8.000, incluidos aquellos que no buscan tratamiento. Otros estudios han dicho que el total podría llegar a 14.700. Hay más de 1.3 millones de soldados en servicio activo y cerca de 800,000 en la Guardia Nacional y Reservas.
Hablando durante una sesión informativa en el Pentágono, Miller proporcionó cifras actualizadas sobre las tropas que han sido diagnosticadas con disforia de género, y dijo que hay 2.200 que están sirviendo actualmente. Ese total es más del doble de los 1.071 que estaban sirviendo en febrero de 2019, según los datos publicados en ese momento.
Miller también dijo que los costos médicos asociados con el tratamiento y la transición de género son muy pequeños, “un puñado de millones de dólares por año”. Agregó que “no anticipamos con estos cambios en las políticas que habrá un impacto significativo en términos de costos médicos”.
Según el Pentágono, el departamento gastó alrededor de U$ 8 millones en atención a personas transgénero de 2016 a 2019.
Cuatro de los jefes del servicio militar le dijeron al Congreso en 2018 que no habían visto problemas de disciplina, moral o preparación de la unidad con las tropas transgénero que prestaban servicio abiertamente en el ejército. Pero también reconocieron que algunos comandantes pasaban mucho tiempo con personas transgénero que estaban trabajando con los requisitos médicos y otros problemas de transición.
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Abril 1, 2021
Macron confina toda Francia
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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles un confinamiento atenuado para todo el país a partir del sábado por la noche durante un mes, a lo que se añadirá un cierre de las escuelas durante tres semanas y de cuatro para la secundaria.
En una intervención emitida por televisión, Macron ha pedido un “esfuerzo suplementario” a la ciudadanía en un mes de abril que será “difícil” para evitar la saturación de las unidades de intensivos de los hospitales de todo el país, que ya se ha producido en algunas regiones.
“La situación es más peligrosa que en otoño, porque el virus es más contagioso y más mortífero debido a la variante británica”, ha afirmado.
Las medidas incluyen colocar a todo el país en el confinamiento menos estricto en el que ya están 19 departamentos, entre ellos la región de París.
Este confinamiento supone que los comercios no esenciales cerrarán sus puertas, aunque la lista de sectores abiertos es más amplia e incluye ahora librerías o floristerías.
No se puede salir de las regiones, salvo causa justificada, y los ciudadanos tampoco podrán desplazarse a más de diez kilómetros de su domicilio, excepto para trabajar o un motivo perentorio.
El toque de queda se mantiene de 19:00 a 06:00, período que se fijó hace dos semanas.
El cierre de guarderías y escuelas primarias será durante tres semanas y el de secundarias e institutos durante cuatro semanas.
El cierre comenzará la próxima semana, cuando la enseñanza se hará a distancia en todos los centros. Luego vendrán dos semanas de vacaciones de Pascua, ya previstas, entre el 12 y el 25 de abril.
El 26 reabrirán guarderías y centros de primaria, pero los de secundaria e institutos tendrán otra semana de enseñanza a distancia y no regresarán al aula hasta el 5 de mayo, cuando lo harán con aforos adaptados en función de la situación de la pandemia.
Macron ha insistido en el éxito que ha supuesto mantener el máximo posible las escuelas abiertas, frente a otros países que las han cerrado hace meses.
También ha señalado que aquellos padres que no puedan teletrabajar tendrán la posibilidad de acogerse al desempleo temporal (ERTE) para atender a sus hijos durante ese periodo, al tiempo que anunció ayudas a comerciantes y otros sectores para el cuidado de sus menores.
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Abril 1, 2021
La Fundación de la RAF
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El 1 de abril de 1918, la Royal Air Force (RAF) se forma con la fusión del Royal Flying Corps (RFC) y el Royal Naval Air Service (RNAS).
La RAF tomó su lugar junto a la marina y el ejército británicos como un servicio militar separado con su propio ministerio.
En abril de 1911, ocho años después de que los estadounidenses Wilbur y Orville Wright hicieran el primer vuelo de un avión autopropulsado más pesado que el aire, se formó un batallón aéreo de los Ingenieros Reales del ejército británico en Larkhill, Wiltshire.
El batallón estaba formado por compañías de aviones, dirigibles, globos y cometas portadoras de hombres. En diciembre de 1911, la marina británica formó la Royal Naval Flying School (RNAS) en Eastchurch, Kent. En mayo de 1912, ambos fueron absorbidos por el recién creado Royal Flying Corps (RFC), que estableció una nueva escuela de vuelo en Upavon, Wiltshire, y formó nuevos escuadrones de aviones.
En julio de 1914, los requisitos especializados de la marina llevaron a la creación de RNAS. Un mes después, el 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y entró en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el RFC tenía 84 aviones y el RNAS tenía 71 aviones y siete dirigibles. Más tarde ese mes, cuatro escuadrones RFC se desplegaron en Francia para apoyar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Durante los dos años siguientes,
Alemania tomó la delantera en estrategia aérea con tecnologías como la ametralladora manual, e Inglaterra sufrió bombardeos y frustración en los cielos contra ases voladores alemanes como Manfred von Richthofen, “El Barón Rojo”. Los repetidos ataques aéreos alemanes llevaron a los planificadores militares británicos a impulsar la creación de un ministerio del aire separado, que llevaría a cabo bombardeos estratégicos contra Alemania.
El 1 de abril de 1918, se formó la RAF junto con una rama femenina del servicio, la Real Fuerza Aérea Femenina. Ese día, los cazas Bristol F.2B del 22º Escuadrón llevaron a cabo las primeras misiones oficiales de la RAF. Al final de la guerra, en noviembre de 1918, la RAF había ganado la superioridad aérea a lo largo del frente occidental. La fuerza de la RAF en noviembre de 1918 era de casi 300.000 oficiales y aviadores, y más de 22.000 aviones. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, la fuerza operativa de la RAF en Europa había disminuido a unos 2.000 aviones.
En junio de 1940, las democracias occidentales de la Europa continental cayeron ante Alemania una a una, dejando a Gran Bretaña sola en su resistencia a la Alemania nazi. El líder nazi Adolf Hitler planeó una invasión de Gran Bretaña y en julio de 1940 ordenó a su poderosa fuerza aérea, la Luftwaffe, que destruyera los puertos británicos a lo largo de la costa en preparación.
Los aviadores de la RAF, superados en número, opusieron una feroz resistencia en las primeras semanas de la Batalla de Gran Bretaña, lo que llevó a los comandantes de la Luftwaffe a colocar la destrucción de la flota aérea británica al frente de la ofensiva alemana. Si los alemanes lograban acabar con la RAF, podrían comenzar su invasión según lo programado en el otoño. Sin embargo, durante los siguientes tres meses, la RAF resistió con éxito la masiva invasión aérea alemana, confiando en la tecnología de radar, aviones más maniobrables y una valentía excepcional.
Por cada avión británico derribado, se destruyeron dos aviones de combate de la Luftwaffe. En octubre, Hitler retrasó indefinidamente la invasión alemana y en mayo de 1941 llegó a su fin la Batalla de Gran Bretaña. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo sobre los pilotos de la RAF: “Nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos”. Al final de la guerra en 1945, la fuerza de la RAF era de casi un millón de personas. Posteriormente, este número se redujo y se estabilizó en unos 150.000 hombres y mujeres.
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Abril 1, 2021
Francia y su responsabilidad en el genocidio en Ruanda
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Un documento entregado al Emmanuel Macrón indica que Francia “cerró los ojos frente a la preparación” del genocidio de los tutsis en Ruanda en 1994 y tiene una “responsabilidad abrumadora” en las matanzas, según el informe de una comisión de historiadores publicado este viernes. En el documento se acusa a Francia de haber “cerrado los ojos” frente a la deriva genocida, pese a las “alertas”, pero descarta que París haya sido “cómplice” del genocidio que dejó al menos 800.000 muertos, según cifras de la ONU. Este informe podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países, envenenada durante más de 25 años por las violentas controversias sobre el papel de Francia en este exterminio.
El documento, de más de 1.000 páginas y realizado en base a telegramas diplomáticos y notas confidenciales, apunta la responsabilidad crucial del presidente socialista de ese entonces, François Mitterrand (1981-1995). Mitterrand brindó un apoyo casi “incondicional” al régimen “racista, corrupto y violento” del presidente Juvénal Habyarimana, frente a una rebelión tutsi considerada como dirigida desde la Uganda anglosajona.
El mandatario socialista tenía “una relación fuerte, personal y directa” con Habyarimana, señalan los 14 historiadores de la comisión creada por Macron. El informe apunta también la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial (EMP) de Mitterrand, dirigido por el general Christian Quesnot y su adjunto, el coronel (ahora general) Jean-Pierre Huchon. Francois Mitterrand falleció en 1996 pero los dos militares, ahora jubilados, aún viven.
“La EMP tiene una responsabilidad muy importante en la instauración de una hostilidad general por parte de la presidencia francesa hacia el FPR”, reza el informe.
Cuando estalló el genocidio, Francia “tardó en romper” con el gobierno ruandés, y siguió considerando a la amenaza del FPR como “el centro de sus preocupaciones”, escriben los historiadores.
“Reaccionó tardíamente” con una operación militar-humanitaria, conocida como la misión Turquesa, entre junio y agosto de 1994, “que permitió salvar muchas vidas, pero no las de la gran mayoría de los tutsis ruandeses exterminados en las primeras semanas del genocidio”, añaden.
Sus autores afirman también que las autoridades francesas “se negaron a detener” a los autores intelectuales del genocidio que se habían refugiado en la zona bajo control francés.
Este es uno de los puntos más controvertidos de la acción francesa en Ruanda. El genocidio terminó con la victoria del FPR (Frente Patriótico Ruandés, es rebelión tutsi dirigida por Paul Kagame, que se convirtió en presidente de Ruanda), en julio de 1994.
Aunque las relaciones entre ambas capitales han mejorado con la llegada de Emmanuel Macron en 2017, el rol de París, acusado durante mucho tiempo de “complicidad” en el genocidio, ha sido un tema explosivo entre ambas naciones desde hace más de un cuarto de siglo.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 1, 2021
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA), LA EXCELENCIA EN ESBIRROS ARGENTINOS
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UN PARAPOLICIAL LLAMADO GUSTAVO BAHUT Y LAS 60 VACUNAS
Eufemísticamente se les dicen: “Vacunados VIP”, pero en realidad es: “Sálvese quien pueda, yo me vacuno contra el COVID 19 y los demás que se jodan”, ese es el pensamiento y el accionar de numerosos funcionarios gubernamentales y sus allegados. Esta vez la maniobra fue denunciada horas atrás por la diputada GRACIELA OCAÑA, y se habría producido en el ámbito del aeropuerto de Ezeiza sobre las 8 horas del día 23 de enero pasado. Ese día GUSTAVO JAVIER BAHUT, jefe de la central de monitoreo del Hospital Posadas, (servicio de seguridad cubierto por miembros de grupos de choque de ATE-Asociación de Trabajadores del Estado) con la asistencia de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizaron una manipulación fuera de todo protocolo. En el lugar se separó unas 60 dosis de la vacuna Sputnik V, de un lote con destino a El Calafate, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, “Su Compañía”, las que fueron depositadas en un pequeño refrigerador. Este luego pasó por el escáner destinado al control de la tripulación y entregado en mano propia a un tal DONO, comandante de la aeronave, que con retraso partió a las 8.40 horas. Al tomar estado público el hecho, en el Ministerio de Salud le restaron importancia al incidente, informando que “se trató de un envío complementario de las dosis solicitado por las autoridades del Hospital SAMIC. También aclararon que “el intercambio de insumos entre hospitales dependientes de la órbita nacional es habitual”.
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En la provincia de Santa Cruz, donde la mandamás es ALICIA KIRCHNER a mediados de febrero ya habían salido a la luz escándalos por vacunados VIP. Fue cuando trascendió que el intendente de Luis Piedrabuena FEDERICO BODLOVIC, su esposa, su padre y su chofer habían sido vacunados contra el Coronavirus. A todo esto, es digno de destacar la eficacia y discreción de los esbirros uniformados de la PSA para colaborar con GUSTAVO JAVIER BAHUT, miembro de ATE Morón, un violento, denunciado en septiembre de 2018 por la ex jefe de psiquiatría doctora GISELA MANNOIA. Este parapolicial está con su “patota” a cargo de la vigilancia de los pasillos del Hospital Posadas, custodiando al personal sanitario. Si bien hay miembros de la Policía Federal y en el perímetro está la Gendarmería, él se impone por tener el dominio de las cámaras de seguridad de dicho nosocomio.
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Llamativamente existe una zona muerta para los indiscretos lentes y es un chalet existente dentro del predio, utilizado por BAHUT y su gente. Las instituciones de seguridad del estado, “bien gracias”. Destacamos que la PSA ha sido la fuerza por excelencia dedicada a detener adultos mayores imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad. Su llamativo ahínco y perseverancia para apresar uniformados es proverbial, tanto… como el de servir en calidad de fieles esbirros a personajes como BAHUT.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Pcia. Buenos Aires
Abril 01, 2021
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PrisioneroEnArgentina.com
Abril 1, 2021
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OFICINA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGALES O POR MOTIVOS POLÍTICOS
RESUMEN EJECUTIVO
ANUNCIO: El Departamento de Estado publicará un anexo a este informe a mediados de 2021 que amplía la subsección sobre Mujeres en la Sección 6 para incluir una gama más amplia de cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos.
Argentina es una república constitucional federal. En octubre de 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente en unas elecciones que los observadores locales e internacionales consideraron generalmente libres y justas. El mismo día, el país también celebró elecciones municipales, provinciales y federales. Los votantes eligieron gobernadores en 22 de las 24 provincias y la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, en representación de todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y un tercio de los miembros del Senado, en representación de ocho provincias.
Las fuerzas policiales federales, provinciales y municipales comparten la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Todas las fuerzas policiales federales dependen del Ministerio de Seguridad, mientras que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.
Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: asesinatos ilegales y arbitrarios y torturas a manos de la policía federal y provincial; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; problemas importantes con la independencia del poder judicial; graves actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlo.
Las autoridades judiciales acusaron y procesaron a varios ex funcionarios gubernamentales en funciones que cometieron abusos contra los derechos humanos durante el año, así como a funcionarios que cometieron crímenes de la época de la dictadura (1976-1983).
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la ausencia de:
A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE VIDA Y OTROS HOMICIDIOS ILEGALES O POR MOTIVOS POLÍTICOS
Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales.
El 6 de agosto, la policía provincial disparó y mató a Valentino Blas Correas, de 17 años, cuando el conductor del vehículo en el que viajaba intentó evadir un control policial en la ciudad de Córdoba. Las autoridades arrestaron a un oficial, Javier Catriel Almiron, por cargos de homicidio calificado e intento de asesinato, ya que balística ataba la bala fatal a su arma de servicio.
En marzo, los fiscales confirmaron que presentarían cargos de “homicidio involuntario” contra el oficial de policía de la ciudad de Buenos Aires Esteban Armando Ramírez por la muerte de Jorge Martín Gómez. Cámaras de circuito cerrado capturaron a Ramírez pateando a Gómez en el pecho durante un arresto en agosto de 2019. Como resultado de la patada, Gómez se cayó, se fracturó el cráneo y posteriormente murió. Los medios locales informaron que los agentes involucrados intentaron encubrir sus acciones. Ramírez afirmó que no tenía intención de matar a Gómez, pero los abogados de la víctima pidieron un aumento de la acusación de homicidio agravado, que conllevaría una posible cadena perpetua en lugar de la pena de prisión de uno a tres años que enfrentaba Ramírez por el cargo original. En noviembre se estaban llevando a cabo los procedimientos.
El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas organizaciones afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia fueron limitadas.
Los medios informaron un aumento en los homicidios en la provincia de Santa Fe durante el año, con 330 reportados hasta octubre, en comparación con 279 durante el mismo período en 2019. Junto con la prensa, las ONG, incluida Insight Crime, atribuyeron la alta tasa de homicidios al narcotráfico y al crimen organizado. . En septiembre, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que enviaría a 50 agentes federales para apoyar a la policía local. Las autoridades provinciales, sin embargo, criticaron la medida como insuficiente y solicitaron una mayor coordinación y asistencia con las autoridades federales.
B. DESAPARICIÓN PrisioneroEnArgentina.com
Hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año.
Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena COVID-19. Las autoridades recuperaron el cuerpo de Astudillo en un canal cuatro meses después, el 30 de agosto, y una autopsia realizada por un equipo de antropólogos forenses de prestigio internacional no pudo descartar un homicidio. Los fiscales dijeron a los medios locales que los agentes de la policía provincial eran sus principales sospechosos, pero que hasta el 18 de noviembre aún no habían presentado cargos contra ningún agente. El 10 de julio, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas exigió a las autoridades que llevaran a cabo una investigación inmediata y exhaustiva. El 30 de octubre, la madre de Astudillo denunció la lentitud de la investigación y pidió a la jueza de instrucción que lidera el caso, María Gabriel Marrón, que se recusase.
Las autoridades continuaron investigand o y procesando a personas implicadas en desapariciones, asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura militar de 1976-83 y el gobierno de Isabel Perón en 1974-76. Durante el año, los tribunales escucharon testimonios por videoconferencia en dos “megacasos”, uno por crímenes dictatoriales en la provincia de San Juan y otro por los de la instalación de Campo de Mayo cerca de Buenos Aires. Treinta y cinco personas enfrentaron cargos en San Juan y 22 en el caso Campo de Mayo.
C.TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
La ley prohíbe tales prácticas y establece penas por tortura similares a las del homicidio, pero hubo informes de que la policía y los funcionarios de prisiones torturaron a los presos. La Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN), un organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias, y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires (CPM), una oficina autónoma establecida por el gobierno provincial, denunciaron denuncias de tortura. perpetrados por funcionarios penitenciarios provinciales y federales, al igual que ONG locales e internacionales.
El PPN reportó 427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, el PPN había registrado 87 casos. Aunque el PPN creó un Registro Nacional de Casos de Tortura en 2010, sus informes permanecieron en gran parte limitados a la ciudad y provincia de Buenos Aires (hogar de aproximadamente el 46 por ciento de la población).
El 25 de julio, la policía de la sexta comisaría en La Plata, provincia de Buenos Aires, golpeó y aplicó descargas eléctricas a un preso de 17 años durante una detención estimada de 10 horas, según el CPM. El CPM señaló que los oficiales aparentemente filmaron sus acciones y las distribuyeron en las redes sociales.
El 13 de mayo, las autoridades detuvieron a ocho miembros de la Policía Provincial de Buenos Aires por torturar y abusar sexualmente de 14 mujeres detenidas en la tercera comisaría del municipio de La Matanza. Según los medios locales, en diciembre de 2019 y enero, los agentes de policía obligaron a los detenidos a desvestirse y a ponerse en cuclillas durante períodos prolongados y los sometieron a registros de cavidades violentos e injustificados.
La impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos. En general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19.
CONDICIONES DE PRISIONES Y CENTROS DE DETENCIÓN
Las condiciones carcelarias a menudo eran duras debido al hacinamiento, la mala atención médica y las malas condiciones sanitarias. Hubo informes de traslados forzosos y el uso recurrente de la incomunicación como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que albergaba a más de la mitad de la población carcelaria total del país.
Condiciones físicas: El hacinamiento en las cárceles siguió siendo un problema. Según el PPN, al 31 de julio, el sistema penitenciario federal estaba al 95 por ciento de su capacidad, con una capacidad estimada de 11.500 prisioneros. En abril, las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires tenían casi 42.100 reclusos en instalaciones diseñadas inicialmente para 24.000, según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchos detenidos en prisión preventiva fueron recluidos con presos condenados.
En marzo y abril, los presos de todo el país protagonizaron disturbios mortales para protestar por el hacinamiento y exigir el traslado a arresto domiciliario debido al COVID-19. Luego de los disturbios, que dejaron siete reclusos muertos, varios juzgados comenzaron a trasladar a miles de detenidos de las cárceles de la provincia y ciudad de Buenos Aires a arresto domiciliario para reducir el hacinamiento y limitar la propagación del virus. Los jueces generalmente daban prioridad a los presos en categorías de alto riesgo para la salud y a los delincuentes no violentos.
El hacinamiento en las instalaciones para menores a menudo dio lugar a que los menores fueran retenidos en las instalaciones de la comisaría, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohíbe hacerlo.
Las cárceles de mujeres eran en general menos violentas, peligrosas y estaban superpobladas que las de hombres. Las prisioneras embarazadas fueron eximidas del trabajo y ejercicio físico riguroso y fueron trasladadas a la clínica penitenciaria antes de la fecha de su parto. Los niños nacidos de mujeres en prisión tenían derecho a permanecer en un área especial de la prisión con la madre y recibir cuidados diurnos hasta los cuatro años.
El Servicio Penitenciario Federal reportó 52 muertes de reclusos en cárceles federales hasta el 31 de octubre, de las cuales 19 fueron violentas. Por el contrario, el Comité de Tortura de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires señaló que 148 presos murieron en la provincia de Buenos Aires durante 2019-118 por problemas de salud desatendidos. El Ministerio de Justicia no había publicado estadísticas oficiales a nivel nacional sobre muertes de presos desde 2016.
Según las organizaciones de derechos humanos y los centros de investigación, los reclusos de muchas instalaciones también sufrían de mala nutrición; tratamiento médico y psicológico inadecuado; saneamiento, calefacción, ventilación e iluminación inadecuados; visitas familiares limitadas; y frecuentes tratos degradantes.
En diciembre de 2019, un tribunal penal declaró al exjefe Alberto Donza y a cinco compañeros culpables de negligencia después de que los detenidos murieran en un incendio en 2017 en la Comisaría N ° 1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Donza recibió una sentencia de 15 años y los otros oficiales recibieron entre seis y 14 años de prisión.
Administración: Las autoridades a veces llevaron a cabo investigaciones de acusaciones creíbles de maltrato. Según las ONG locales, los presos en ocasiones no presentaban denuncias a las autoridades por temor a represalias.
Monitoreo independiente: el gobierno generalmente permitía el monitoreo por observadores de derechos humanos locales e internacionales independientes.
D. ARRESTOS O DETENCIONES ARBITRARIOS
La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El gobierno en general observó estos requisitos.
PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DETENIDOS
La policía generalmente detuvo a las personas abiertamente con órdenes judiciales basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado. Por ley, la policía puede detener a los sospechosos durante un máximo de seis horas sin una orden de arresto si las autoridades creen firmemente que han cometido o están a punto de cometer un delito, o si la policía no puede determinar la identidad del sospechoso. En todos los casos, las autoridades deben notificar inmediatamente a la oficina del fiscal del estado del arresto. El fiscal del estado puede aprobar la detención hasta por 72 horas. En casos excepcionales, un juez puede extender la detención por otras 72 horas. Grupos de derechos humanos informaron que la policía detuvo ocasionalmente a personas arbitrariamente y detuvo a los sospechosos por más tiempo de lo permitido por la ley o no siguió los procedimientos de notificación adecuados.
La ley otorga a los detenidos el derecho a una pronta determinación de la legalidad de su detención por parte de un juez de primera instancia en lo penal, quien determina si se debe proceder con una investigación. En algunos casos hubo demoras en este proceso y en informar a los detenidos de los cargos en su contra.
La ley prevé el derecho a la libertad bajo fianza, excepto en casos que impliquen riesgo de fuga o riesgo de soborno de la justicia.
Las autoridades permitieron a los detenidos acceder rápidamente a un abogado y proporcionaron defensores públicos si no podían pagar un abogado. En algunos casos, dicho acceso se retrasó debido a un sistema judicial sobrecargado.
Arresto arbitrario: las ONG locales informaron que en ocasiones la policía arrestó y detuvo a ciudadanos arbitrariamente.
El 19 de agosto, la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a tres vendedores ambulantes afrodescendientes por vender productos falsificados. Los grupos locales que representan a los trabajadores informales denunciaron las detenciones como un uso innecesario y excesivo de la fuerza. En marzo de 2019, el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes señaló que, según informes, los migrantes afrodescendientes, especialmente los vendedores ambulantes, fueron objeto de detenciones arbitrarias y violencia policial. Las organizaciones de derechos humanos también acusaron a las fuerzas policiales de realizar detenciones arbitrarias, nominalmente como resultado de una cuarentena nacional contra el COVID-19, que comenzó el 20 de marzo y finalizó en fases el 8 de noviembre. Las organizaciones acusaron a la policía de no registrar las detenciones y tratar a los detenidos. con fuerza excesiva y colocando a los detenidos en entornos que amenazan su salud.
El 16 de agosto, los espectadores capturaron un video de cinco policías arrestando violentamente a una mujer en Bariloche mientras paseaba a su perro en violación de la cuarentena. Los oficiales de policía dijeron a la prensa local que la mujer insultó a los oficiales después de rechazar múltiples solicitudes para regresar a casa. El alcalde de Bariloche, Gustavo Gennuso, anunció más tarde una investigación sobre un posible uso excesivo de la fuerza.
Detención preventiva: La ley prevé la detención preventiva de hasta dos años para los acusados en espera o en proceso de juicio; el período puede extenderse por un año en circunstancias limitadas. La lentitud del sistema judicial a menudo resultó en detenciones prolongadas más allá del período estipulado por la ley. El PPN informó que el 53 por ciento de los presos estaban en espera de juicio durante los primeros seis meses del año.
E. DENEGACIÓN DE JUICIO PÚBLICO JUSTO
La ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetaron la independencia y la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios federales fueron sometidos en ocasiones a manipulación política.
PROCEDIMIENTOS DE JUICIO PrisioneroEnArgentina.com
La ley establece el derecho a un juicio público y con las debidas garantías, y un poder judicial independiente generalmente hizo cumplir este derecho.
Los acusados gozan de una presunción de inocencia y tienen derecho a un abogado y a la asistencia gratuita de un intérprete, a guardar silencio, a llamar testigos de la defensa y a apelar. Si es necesario, se proporciona un defensor público con cargo al gasto público. En un juicio oral, los acusados pueden presentar testigos y solicitar el testimonio de un experto. Los acusados tienen derecho a estar presentes en sus audiencias y no hay juicio en rebeldía.
Las demoras prolongadas, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial. La amplia facultad discrecional de los jueces sobre la realización de las investigaciones y la forma de hacerlo contribuyó a que el público percibiera que muchas decisiones eran arbitrarias.
Un código de procedimiento penal federal aprobado en 2018 reemplazó el sistema inquisitivo federal híbrido del país con un sistema acusatorio completo. En junio de 2019 Salta y Jujuy se convirtieron en las primeras provincias en implementar este sistema acusatorio a nivel federal, el cual está programado para extenderse progresivamente al resto del país. El nuevo código generalmente requiere que los casos sean llevados a juicio dentro de un año y resueltos dentro de tres años. También implementa el uso de nuevas técnicas de investigación y amplía los derechos de las víctimas. Los fiscales de las provincias que implementaron el nuevo código informaron que los casos que antes llevaban años ahora podrían resolverse en meses. El código transfiere las responsabilidades de investigación de los magistrados a los fiscales, con la asistencia de las fuerzas de seguridad. La implementación completa de los procedimientos de juicio por jurado estaba pendiente en Corrientes y San Juan. Las provincias de Neuquén, Mendoza, Salta, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires otorgan a los imputados por ciertos delitos graves el derecho a un juicio con jurado. Hasta octubre no hubo juicios con jurado para casos federales.
PRISIONEROS Y DETENIDOS POLÍTICOS
No hubo informes de presos políticos o detenidos.
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS JUDICIALES CIVILES
Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para entablar demandas por daños o la protección de los derechos previstos por la constitución. También pueden apelar decisiones adversas a nivel nacional o ante órganos regionales de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
RESTITUCIÓN DE PROPIEDAD
El país respaldó la Declaración de Terezin de 2009, que instó a los países a prever la restitución de los bienes incautados indebidamente durante el Holocausto, proporcionar acceso a los archivos y promover la educación y la conmemoración del Holocausto. No hubo reclamos conocidos por bienes muebles o inmuebles en el país, y no tiene leyes de restitución. La Comisión Argentina de Investigación de las Actividades del Nazismo, creada en 1997, concluyó que el Museo Nacional de Bellas Artes no poseía ninguna obra de arte saqueada, aunque la comisión admitió que no había revisado ningún otro museo estatal y que enfrentaba dificultades. investigar las actividades del mercado del arte del país durante el Holocausto. El informe de la Ley de Justicia para Sobrevivientes No Compensados Hoy (JUST) del Departamento de Estado al Congreso, publicado públicamente el 29 de julio, se puede encontrar en el sitio web del Departamento: https://www.state.gov/reports/just-act-report-to -congreso/.
F. INTERFERENCIA ARBITRARIA O ILEGAL CON LA PRIVACIDAD, LA FAMILIA, EL HOGAR O LA CORRESPONDENCIA
La constitución prohíbe tales acciones y no hubo informes de que el gobierno no respetara estas prohibiciones.
El 28 de agosto, un juez federal anunció una investigación oficial por espionaje ilegal durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, citando a los exjefes de Inteligencia Federal Argentina (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros funcionarios. Los miembros de AFI fueron acusados de haber monitoreado ilegalmente las actividades y comunicaciones privadas de políticos (tanto de los partidos gobernantes como de la oposición), periodistas, líderes sindicales y figuras religiosas. La investigación continuó hasta noviembre.
Sección 2. Respeto por las libertades civiles, que incluye:
A. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUIDA PARA LA PRENSA
La constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, y el gobierno en general respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinan para promover la libertad de expresión, incluida la prensa.
Libertad de prensa y medios, incluidos los medios en línea: Los medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones.
En octubre, el gobierno anunció su intención de crear el Observatorio sobre Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio). La Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de comunicación y la asociación nacional de periodistas expresaron su preocupación de que Nodio sirva como una herramienta extrajudicial que el gobierno podría utilizar para restringir la libertad de expresión o regular los medios.
En julio de 2019, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación luego de que un juez federal convocara a Daniel Santoro del diario Clarín y obtuviera sus registros telefónicos en relación a una investigación. Las denuncias se referían a las conexiones de Santoro con Marcelo D’Alessio, acusado de extorsión después de amenazar a personas con cobertura mediática negativa. Santoro afirmó que D’Alessio era una fuente periodística. En abril, Edison Lanza, director de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, también criticó el enjuiciamiento de Santoro y dijo que los periodistas “no deberían ser objeto de abusos judiciales u otros comportamientos amenazantes como represalia por su trabajo. ” En octubre, el mismo juez acusó a Santoro de pertenecer a una “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal” y de realizar “acciones de inteligencia prohibidas”. La coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, se pronunció en contra de los cargos y enfatizó que “responsabilizar a los periodistas por las acciones de sus fuentes sienta un precedente profundamente preocupante que abre la puerta a cargos penales contra periodistas de investigación que trabajan para descubrir irregularidades”. La Asociación Argentina de Empresas de Medios (ADEPA) y el Foro Argentino de Periodismo (FOPEA) condenaron los últimos cargos contra Santoro como un “intento de criminalizar el periodismo”.
Violencia y acoso: Hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas.
En junio, FOPEA y ADEPA expresaron su preocupación por las revelaciones de que AFI pudo haber espiado ilegalmente a periodistas durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. FOPEA declaró que AFI había intimidado activamente a los periodistas e interferido con sus informes.
En junio, FOPEA y ADEPA criticaron a la vicepresidenta Christina Fernández de Kirchner por compartir un video en Twitter que intentaba desacreditar a los periodistas que investigaban casos de corrupción de alto nivel. Las organizaciones advirtieron que tal campaña podría fomentar el acoso público y en línea de periodistas.
FOPEA informó solo de un presunto ataque físico contra periodistas hasta septiembre, en comparación con 27 en el año anterior. En julio, los manifestantes atacaron a un equipo de televisión de C5N que cubría una manifestación contra el gobierno en Buenos Aires. Dos miembros de la tripulación resultaron heridos y los manifestantes rompieron las ventanas de uno de sus vehículos.
LIBERTAD DE INTERNET
El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró el contenido en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara las comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal apropiada.
LIBERTAD ACADÉMICA Y EVENTOS CULTURALES
No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica o los eventos culturales.
B. LIBERTADES DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICAS
La constitución establece las libertades de reunión y asociación pacíficas, y el gobierno en general respetó estos derechos.
En respuesta a la emergencia sanitaria COVID-19, un decreto presidencial del 19 de marzo estableció restricciones a la capacidad de las personas para reunirse, incluso para protestas pacíficas. Sin embargo, varias protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país se llevaron a cabo sin incidentes después del establecimiento de estas restricciones.
En ocasiones, la policía utilizó la fuerza para dispersar a los manifestantes. El 10 de abril, la policía disolvió una protesta de 300 trabajadores de un matadero en el municipio bonaerense de Quilmes con balas de goma y porras, según medios locales. Los manifestantes exigían semanas de pago retroactivo después de que su lugar de trabajo cerrara debido a las restricciones sanitarias.
El 21 de septiembre, la policía utilizó la violencia contra las enfermeras que protestaban por mejores salarios y condiciones laborales frente a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, según la prensa local. Los portavoces de la policía señalaron que las enfermeras habían intentado ingresar al edificio a la fuerza.
C. LIBERTAD DE RELIGIÓN
Consulte el Informe sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
D. LIBERTAD DE MOVIMIENTO
La constitución establece la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno en general respetó estos derechos.
E. ESTADO Y TRATO DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE
No aplica.
F. PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS PrisioneroEnArgentina.com
El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés.
Acceso al asilo: la ley prevé la concesión de asilo o la condición de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. Las decisiones sobre solicitudes de asilo pueden tardar hasta dos años en adjudicarse.
A septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones informó que 32,911 migrantes venezolanos habían llegado al país durante el año. De ellos, más de 31.000 solicitaron residencia temporal. La Comisión Nacional para los Refugiados recibió 3,184 solicitudes de estatus de refugiado en 2019, aproximadamente un 20 por ciento más que en 2018, y adjudicó 1,680.
Como resultado de la pandemia de COVID-19 y las restricciones resultantes a la libertad de movimiento y asociación, muchos refugiados y migrantes perdieron sus trabajos y medios de vida, según el representante regional del ACNUR. Muchos migrantes no tuvieron acceso a los programas sociales nacionales porque no tenían la documentación requerida o no cumplían con los requisitos. En mayo, el ministro de desarrollo social, el representante regional del ACNUR y el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados firmaron un memorando de acuerdo para mejorar la inclusión socioeconómica de los migrantes y refugiados en el país. A través de un grupo de trabajo interinstitucional de reciente creación, el ACNUR y las autoridades locales entregaron kits de alimentos, higiene y saneamiento a los refugiados en la región de Buenos Aires.
Sección 3. Libertad para participar en el proceso político
La constitución brinda a los ciudadanos la posibilidad de elegir su gobierno en elecciones periódicas libres y justas celebradas mediante votación secreta y basadas en el sufragio universal e igualitario.
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Elecciones recientes: Alberto Fernández fue elegido presidente en octubre de 2019 en elecciones generalmente consideradas libres y justas. El país también celebró elecciones municipales, provinciales y federales. Los votantes eligieron la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, en representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y un tercio de los miembros del Senado, en representación de ocho provincias. Los votantes también eligieron gobernadores en 22 provincias, así como legisladores provinciales, alcaldes y ayuntamientos. Los observadores locales e internacionales consideraron que las elecciones en general eran libres y justas.
Participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios: No hay leyes que limiten la participación de mujeres y miembros de grupos minoritarios en el proceso político, y participaron. Según un estudio de diciembre de 2019 realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las mujeres ocupaban un récord del 37,7 por ciento de los cargos gubernamentales superiores: 106 miembros, o el 41 por ciento, de la Cámara de Diputados de 2019-21 eran mujeres, un aumento del 3 por ciento desde la cámara 2017-19. El desglose por género del Senado siguió siendo el mismo con 29 senadoras, aproximadamente el 40 por ciento de la cámara alta. A nivel provincial, la participación de la mujer fue desigual y las autoridades nacionales reconocieron que la paridad de género en los cargos políticos aún no se había logrado en todo el país. La ley requiere que una lista electoral de candidatos para cargos legislativos nacionales contenga porcentajes iguales de candidatos masculinos y femeninos. La ley también establece que en caso de renuncia, ausencia temporal o muerte de un funcionario electo, el reemplazo debe ser del mismo sexo. Las provincias de Buenos Aires, Salta, Chubut, Neuquén y Santa Fe cuentan con leyes de paridad de género para los candidatos a los órganos provinciales y municipales.
Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno
La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; no obstante, múltiples informes alegaron que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción.
Corrupción: En octubre se estaban llevando a cabo una serie de investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri. En septiembre de 2019, un juez federal envió a juicio el escándalo de corrupción conocido como “el caso de los cuadernos”. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 52 acusados fueron acusados de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $ 160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre. Según los medios locales, los funcionarios judiciales declararon que los retrasos relacionados con la pandemia retrasarían los juicios en algunos de estos casos hasta al menos finales de 2021.
En marzo, un tribunal federal ordenó la liberación de la prisión del exministro de Planificación Julio De Vido. De Vido había cumplido dos años en prisión preventiva mientras enfrentaba varios cargos de corrupción, y los jueces dictaminaron que su liberación no amenazaría las investigaciones. En 2018, de Vido recibió una sentencia de cinco años y ocho meses por fraude, malversación de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas. Esa sentencia seguía siendo revisada por el Tribunal Nacional de Casación a septiembre. De Vido también enfrentó cargos en el caso de los “cuadernos” y otros relacionados con su gestión de proyectos de obra pública.
La corrupción ocurrió en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de activos y la promoción de la prostitución. También fueron frecuentes las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales.
Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a las leyes de divulgación de información financiera, y la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de analizar e investigar a los funcionarios del poder ejecutivo federal, según sus formularios de divulgación de información financiera. La ley prevé la divulgación pública, pero no todas las agencias cumplieron y la aplicación siguió siendo un problema. La oficina también es responsable de investigar la corrupción dentro del poder ejecutivo federal y en asuntos que involucren fondos federales, excepto los fondos transferidos a las provincias. Como parte del poder ejecutivo, la oficina no tiene autoridad para procesar casos de forma independiente, pero puede remitir casos a otras agencias o actuar como demandante y solicitar a un juez que inicie un caso.
Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos
Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno solían ser cooperativos y, en general, receptivos a sus puntos de vista.
Órganos gubernamentales de derechos humanos: El gobierno tiene una secretaría de derechos humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su principal objetivo es coordinarse dentro del ministerio y colaborar con otros ministerios y el poder judicial para promover políticas, planes y programas de protección de los derechos humanos. Publicó folletos y libros sobre una variedad de temas de derechos humanos.
Las ONG argumentaron que el hecho de que el gobierno no cubriera el puesto de defensor del pueblo nacional, vacante desde 2009, socavaba el mandato de la oficina de proteger los derechos humanos.
La Fiscalía General de Delitos contra la Humanidad investigó y documentó las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar de 1976-1983.
Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas
MUJER
Violación y violencia doméstica: La violación de hombres y mujeres, incluida la violación conyugal, es un delito. Las penas oscilan entre seis meses y 20 años de prisión, según la edad del perpetrador y la víctima, su relación y el uso de la violencia, entre otros factores. La mayoría de los perpetradores recibieron penas de entre seis y 15 años de prisión. Hubo informes anecdóticos de reticencia policial o judicial a actuar en casos de violación; Los defensores de los derechos de las mujeres alegaron que las actitudes de la policía, los hospitales y los tribunales hacia las sobrevivientes de violencia sexual a veces las volvieron a victimizar, a menudo obligándolas a contar detalles de su trauma, confundiendo el silencio con el consentimiento o admitiendo como evidencia su historia sexual pasada.
La ley prohíbe la violencia doméstica, incluido el abuso conyugal. Los sobrevivientes pueden obtener medidas de protección. En general, las leyes se hicieron cumplir y los sobrevivientes en general tuvieron acceso a medidas de protección. La ley impone una pena más estricta que el asesinato a quienes matan a sus cónyuges, parejas o hijos como consecuencia de su género. Según las ONG locales, la falta de vigilancia policial y judicial a menudo condujo a una falta de protección para las víctimas. La ley requiere que todos los empleados federales reciban capacitación sobre género y violencia de género. La ley se hizo cumplir, incluso para los funcionarios a nivel de gabinete y el presidente.
El Registro Nacional de Femicidios, que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, registró que 268 mujeres murieron como resultado de violencia doméstica o de género durante el 2019. Al 31 de julio, la Defensoría del Pueblo informó que 168 mujeres murieron como consecuencia de violencia. Aproximadamente el 17 por ciento de estas víctimas habían presentado anteriormente denuncias formales. En agosto, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad (Ministerio de la Mujer) señaló que los informes de violencia de género aumentaron aproximadamente un 28 por ciento durante la cuarentena de COVID-19.
En junio, el Ministerio de la Mujer lanzó un plan nacional bienal contra la violencia de género, que incluía una propuesta de presupuesto específico. El ministerio también operó una línea directa las 24 horas para las víctimas de violencia de género y creó canales de emergencia por WhatsApp y correo electrónico para las víctimas que no pueden hablar por teléfono. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema proporcionó protección y recursos las 24 horas del día a las víctimas de violencia doméstica. La oficina también llevó a cabo las evaluaciones de riesgo necesarias para obtener una orden de alejamiento. Las instituciones públicas y privadas ofrecieron programas de prevención y brindaron apoyo y tratamiento a las mujeres maltratadas. Una red nacional de refugios incluía 89 instalaciones, aunque el gobierno había planeado construir aproximadamente 30 más para 2019. En agosto, el Ministerio de la Mujer lanzó un programa nacional para fortalecer la capacidad de estos refugios. La Ley Brisa de 2018 prevé el apoyo financiero de los niños que perdieron a sus madres a causa de la violencia de género; sin embargo, muchas familias se quejaron de retrasos en la recepción del pago. A diciembre de 2019, se estima que 345 niños y adultos jóvenes habían recibido apoyo a través del programa. Sin embargo, para el 20 de julio, ese número casi se había duplicado a 623, ya que las autoridades dijeron que habían puesto especial énfasis en el programa.
Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en el sector público e impone medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, el acoso sexual puede derivar en el despido del agresor, mientras que en otras, como la provincia de Santa Fe, la pena máxima es de cinco días de prisión. No prohíbe el acoso sexual en el empleo de manera más amplia.
El 16 de abril, el Senado aprobó una ley que penaliza el acoso en espacios públicos como una forma de violencia de género.
Coacción en el control de la población: No hubo informes de aborto forzado o esterilización involuntaria por parte de las autoridades gubernamentales.
Discriminación: La constitución proporciona el mismo estatus legal y derechos para mujeres y hombres y prohíbe la discriminación en el empleo basada en el género. En general, el gobierno hizo cumplir la ley, aunque la discriminación siguió siendo un problema persistente y generalizado en la sociedad.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema capacitó a jueces, secretarias y secretarias para manejar casos judiciales relacionados con cuestiones de género y garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a puestos en el sistema judicial. La oficina también capacitó a jueces, fiscales, personal judicial y agentes del orden para aumentar la conciencia sobre los delitos relacionados con el género y desarrollar técnicas para abordar los casos y las víctimas relacionados con el género.
Las mujeres no pueden trabajar en todas las mismas industrias que los hombres; existen restricciones a su empleo en los sectores de minería, manufactura y transporte. También existen restricciones para las mujeres que trabajan en trabajos considerados peligrosos o arduos. El 11 de noviembre, el Congreso ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La convención estaba programada para entrar en vigor en junio de 2021.
En agosto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió una resolución exigiendo a las organizaciones de la sociedad civil y las empresas que respeten la paridad de género en la composición de sus juntas administrativas. Según la resolución, al menos un tercio de los miembros de los órganos de administración y supervisión de una organización deben ser mujeres.
NIÑOS
Registro de nacimiento: el gobierno proporciona el registro de nacimiento universal, y la ciudadanía se deriva tanto por nacimiento dentro del territorio del país como de los padres. Los padres tienen 40 días para registrar los nacimientos y el estado tiene 20 días adicionales para hacerlo. El Ministerio del Interior y Transporte puede emitir certificados de nacimiento a niños menores de 12 años cuyos nacimientos no fueron registrados previamente.
Abuso infantil: Por ley, el abuso sexual de un niño es un delito punible, con penas de hasta 20 años de prisión. El daño físico a un niño se castiga con hasta 15 años de prisión. El abuso infantil era común; La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que aproximadamente el 30 por ciento de las denuncias que recibió entre el 20 de marzo y el 17 de julio, el período más estricto de la cuarentena COVID-19, involucraron a niños. El gobierno mantuvo una línea directa las 24 horas del día atendida por psicólogos infantiles profesionales para consultas y consejos gratuitos.
Matrimonio infantil, precoz y forzado: Los niños mayores de 16 años pueden casarse legalmente con el permiso de los padres. Los niños menores de 16 años deben obtener una autorización judicial además del consentimiento de los padres.
Explotación sexual de niños: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de niños y la venta, oferta o adquisición de niños para la prostitución. Las autoridades generalmente hicieron cumplir la ley; sin embargo, la explotación sexual de niños, incluida la prostitución, es un problema. La edad mínima para tener relaciones sexuales consensuales es de 13 años, pero existen mayores protecciones para las personas de 13 a 16 años. Una ley de estupro establece penas que van de seis meses a 20 años de prisión, según la edad de la víctima y otros factores.
En junio comenzó un juicio para dos monjas y siete ex empleadas de un grupo de escuelas para niños con discapacidad auditiva, los Institutos Antonio Provolo. Se informó que 67 estudiantes denunciaron abusos entre 1983 y 2002. Esto siguió a las condenas en noviembre de 2019 de dos exsacerdotes de la escuela, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, declarados culpables de abuso sexual infantil y condenados a 42 y 45 años de prisión, respectivamente.
La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil, con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión. La posesión de pornografía infantil es un delito.
Durante el año, los fiscales de la Red nacional de puntos de contacto contra la pornografía infantil en Internet persiguieron casos de pornografía infantil en Internet. La Oficina de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires sirvió como el principal punto de contacto para recibir y distribuir pistas de pornografía infantil del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados a fiscales y fuerzas policiales de todo el país. La Defensoría Pública de Buenos Aires reportó un incremento interanual del 30 por ciento en las denuncias de producción y distribución de imágenes de explotación sexual infantil durante el bimestre 19 de marzo al 18 de mayo, coincidiendo con los primeros 60 años. días de un cierre nacional en respuesta al COVID-19.
En septiembre, la Policía Federal arrestó a ocho personas luego de una serie de redadas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Salta, Córdoba y Río Negro contra una red de pornografía infantil que tenía al menos 406 suscriptores en el país y más de 1.700 en todo el mundo. Las redadas siguieron a una investigación de tres años de la Policía Federal en el ring.
En septiembre de 2019, las autoridades locales arrestaron al ex policía Rodolfo Suárez por su participación en una red de pornografía infantil que había victimizado a aproximadamente 1.200 niños entre las edades de cuatro meses y 14 años desde 2003. El hombre se hizo pasar por productor de televisión juvenil para atraer a su víctimas. En agosto, un juez de la ciudad de Buenos Aires envió a juicio el caso de Suárez.
Secuestros internacionales de menores: el país es parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Consulte el Informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por parte de los padres en https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported -cases.html.
ANTISEMITISMO PrisioneroEnArgentina.com
Las estimaciones del tamaño de la comunidad judía variaron, pero los datos más recientes disponibles, publicados por el Berman Jewish Databank, estimaron la población en 180,300 en 2018. Continuaron los actos esporádicos de discriminación antisemita y vandalismo. La Delegación de Asociaciones Judías Argentinas (DAIA) registró 918 denuncias de antisemitismo en 2019, en comparación con 834 en 2018, un aumento del 10 por ciento. Los incidentes antisemitas más comúnmente reportados por el informe fueron insultos publicados en varios sitios web, a menudo en relación con artículos de noticias. Otros incidentes incluyeron grafitis y difamaciones verbales.
El 4 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitió una resolución adoptando la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) dentro del poder ejecutivo. La resolución invitaba a las demás ramas y niveles de gobierno del país a unirse para adoptar la definición de la IHRA.
El 1 de abril, el periodista de televisión Tomás Méndez asoció el origen del virus COVID-19 con “las personas más ricas del mundo nacidas en Estados Unidos e Israel” durante su programa Periodismo Federal. La DAIA y el embajador de Israel, entre otros, criticaron las declaraciones, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo inició una investigación oficial por antisemitismo. El 2 de abril, Méndez se disculpó públicamente por sus comentarios.
TRATA DE PERSONAS
Consulte el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La constitución y las leyes prohíben la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. En general, el gobierno hizo cumplir la ley, pero hubo informes dispersos de discriminación. Varias agencias gubernamentales ofrecieron una variedad de servicios y programas para personas con discapacidades, incluidos programas de rehabilitación basados en la comunidad, instalaciones deportivas y recreativas, servicios de traducción en braille, servicios legales y una variedad de pensiones y subsidios. La ley también obliga a las personas con discapacidad a acceder a los edificios. Según un informe de 2016 de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, solo el 33 por ciento de las estaciones del metro metropolitano tenían ascensores o escaleras mecánicas. Mientras la ciudad trabajaba para instalar nuevos ascensores y escaleras mecánicas y para reparar los existentes, el defensor del pueblo visitó varias de las estaciones más nuevas del metro en julio de 2019 y descubrió que varios de los ascensores no funcionaban.
Con el lema “Poner fin a las esterilizaciones forzadas”, varias organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña en octubre para cambiar una ley de 2006 que, según ellos, había dado lugar a la esterilización de muchas personas con discapacidad sin su consentimiento. La ley fue redactada para brindar a todos los ciudadanos acceso a ciertas medidas anticonceptivas quirúrgicas, pero permite a los representantes legales dar su consentimiento a cualquier individuo declarado legalmente incompetente. Las organizaciones argumentaron que esta laguna, junto con la amplia aceptación social de las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidades, había llevado a un uso extensivo de la práctica.
Si bien el gobierno federal tiene leyes de protección, muchas provincias no habían adoptado esas leyes y no tenían mecanismos para garantizar su cumplimiento. Una ley de cuotas de empleo reserva el 4 por ciento de los trabajos del gobierno federal para personas con discapacidades. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas mostraron que en 2018 solo se estimaba que el 32 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral estaban empleadas.
En 2019, el Congreso propuso y aprobó un aumento presupuestario del 56 por ciento para la Agencia Nacional de Discapacidades, que brinda una variedad de servicios y subsidios para personas con discapacidades. En marzo, el gobierno proporcionó fondos adicionales a la agencia para ayudar a garantizar que las necesidades de las personas con discapacidades pudieran satisfacerse durante la pandemia de COVID-19. Si bien el gobierno hizo excepciones a las restricciones de cuarentena para ayudar a las personas con discapacidades, no hubo excepciones para brindar una educación adecuada a los niños con discapacidades.
PUEBLOS INDÍGENAS PrisioneroEnArgentina.com
La constitución reconoce las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas y establece que el Congreso protegerá su derecho a la educación bilingüe, reconocerá sus comunidades y la propiedad comunal de sus tierras ancestrales y permitirá su participación en el manejo de sus recursos naturales.
Un estudio realizado durante el año con investigadores de ocho universidades examinó la situación de 27 grupos indígenas y encontró que las personas indígenas tenían más probabilidades de tener un empleo informal que el público en general (70 por ciento, en comparación con 44 por ciento). El estudio señaló que las personas indígenas a menudo no podían acceder a los programas de servicios sociales en las áreas aisladas donde vivían muchos de ellos y que estas comunidades carecían de infraestructura básica, incluida agua potable.
La falta de maestros capacitados obstaculizó los esfuerzos del gobierno para ofrecer oportunidades de educación bilingüe a los pueblos indígenas.
No se consultó plenamente a los pueblos indígenas sobre el manejo de sus tierras o recursos naturales, en particular el litio, en parte porque la responsabilidad de implementar la ley se delega en las 23 provincias, cuyas constituciones de solo 11 de las cuales reconocen los derechos indígenas.
Los proyectos desarrollados por las industrias agrícolas y extractivas desplazaron a las personas, limitaron su acceso a los medios de vida tradicionales, redujeron la superficie de tierras de las que dependían y provocaron una contaminación que en algunos casos puso en peligro la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. El conflicto se produjo cuando las autoridades desalojaron a los pueblos indígenas de las tierras ancestrales que entonces eran de propiedad privada.
Medios locales informaron que policías provinciales ingresaron violentamente a tres viviendas pertenecientes a miembros de la comunidad Qom en Fontana, provincia del Chaco, el 31 de mayo. Según el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, muchos de los agentes iban vestidos de civil y no poseían un orden de registro. La policía detuvo a cuatro personas después de una pelea física, incluido uno de 16 años, y luego continuó insultándolos, amenazándolos y torturándolos en la comisaría. Un juez liberó a las personas el 8 de julio, al considerar que el registro de sus casas era ilegal e implicaba “humillación”. Los casos estaban pendientes contra cuatro agentes en noviembre.
ACTOS DE VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y OTROS ABUSOS BASADOS EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró 177 denuncias oficiales de delitos de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en 2019. Esto representó un aumento aproximado del 20 por ciento con respecto a 2018 e incluyó 16 asesinatos de personas LGBTI. PrisioneroEnArgentina.com
Las leyes nacionales contra la discriminación no incluyen específicamente los términos “orientación sexual o identidad de género” como motivos protegidos, solo “sexo”. Sin embargo, no se informó de discriminación oficial por motivos de orientación sexual o identidad de género en el empleo, la vivienda o el acceso a la educación. Hubo algunos casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género en el acceso a la atención médica. Funcionarios del Ministerio de la Mujer, así como medios de comunicación y ONG, denunciaron casos de discriminación, violencia y brutalidad policial hacia personas LGBTI, especialmente personas transgénero.
En agosto, el Ministerio de la Mujer y la ministra de Salud expresaron su preocupación de que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular no permitiría que miembros de la comunidad LGBTI donaran sangre debido a su orientación sexual. En agosto, a Emiliano Ivaldi, paciente de COVID-19 recuperado, no se le permitió donar plasma en el Hospital Eva Perón de la provincia de Santa Fe. Las autoridades del hospital justificaron la decisión basándose en el hecho de que Ivaldi era homosexual.
El 4 de septiembre, el presidente Fernández decretó que al menos el 1 por ciento de los cargos en la administración pública deben ser ocupados por travestis, transexuales y personas transgénero. El 15 de septiembre, el Senado implementó un decreto similar para regular sus propias prácticas de contratación.
Sección 7. Derechos de los trabajadores
A. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La ley establece los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos independientes, negociar colectivamente y realizar huelgas legales; el gobierno en general respetó estos derechos. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y protege a los trabajadores del despido, suspensión y cambios en las condiciones laborales. También prohíbe al personal militar y policial formar sindicatos y afiliarse a ellos. El gobierno hizo cumplir la ley de manera efectiva y las sanciones fueron proporcionales a las de otras leyes que impliquen la negación de los derechos civiles, como la discriminación. Las quejas por prácticas laborales injustas pueden presentarse ante el poder judicial. Las infracciones de la ley pueden dar lugar a la imposición de una multa al empleador o la asociación de empleadores correspondiente, según corresponda. Hubo casos de retrasos importantes o apelaciones en el proceso de negociación colectiva.
La ley permite que los sindicatos se registren sin autorización previa, y las organizaciones sindicales registradas pueden participar en ciertas actividades para representar a sus miembros, incluida la petición al gobierno y los empleadores. La ley otorga estatus sindical oficial a un solo sindicato considerado el “más representativo”, definido por ley como el sindicato que tiene la proporción promedio más alta de afiliados que pagan cuotas respecto al número de trabajadores representados, por sector industrial dentro de una región geográfica específica. Sólo los sindicatos con ese reconocimiento oficial gozan de inmunidad sindical frente a las represalias del empleador contra sus dirigentes, pueden deducir las cuotas sindicales directamente de los salarios y pueden negociar colectivamente recurriendo a la conciliación y el arbitraje. El sindicato más representativo negocia en nombre de todos los trabajadores de un sector determinado, y los convenios colectivos cubren tanto a los miembros del sindicato como a los que no son miembros del sector. La ley requiere que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo) ratifique los convenios colectivos.
La Central de Trabajadores de Argentina y otros grupos laborales no afiliados a la Confederación General del Trabajo continuaron alegando que el reconocimiento legal de un solo sindicato por sector contradecía las normas internacionales, a saber, el Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y evitaba estos sindicatos de obtener una plena legitimación. Un fallo de la Corte Suprema del 3 de septiembre confirmó la constitucionalidad de la ley.
Los funcionarios públicos y los trabajadores de los servicios esenciales sólo pueden hacer huelga después de un proceso de conciliación obligatorio de 15 días, y están sujetos a la condición de que se mantengan “servicios mínimos” no especificados. Vencido el plazo de conciliación, los funcionarios y trabajadores de los servicios esenciales deben dar aviso con cinco días de anticipación a la autoridad administrativa y al organismo público contra el que pretenden hacer huelga. Si los “servicios mínimos” no se definen previamente en un acuerdo de negociación colectiva, todas las partes negocian qué servicios mínimos continuarán proporcionándose y un cronograma para su prestación. La agencia pública, a su vez, debe notificar a los clientes con dos días de anticipación sobre la inminente huelga.
Los empleadores generalmente respetaron el derecho de negociación colectiva y de huelga.
B. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
La ley prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, y el gobierno generalmente hizo cumplir la ley. Las penas están en consonancia con las de otros delitos graves análogos, como el secuestro.
A pesar de estos mecanismos, se produjo trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil forzoso. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo inspecciones periódicas en todo el país. Prosiguieron los esfuerzos para hacer responsables a los perpetradores. El Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Rurales reportó 28 denuncias de trabajo forzoso durante el primer semestre del año, 12 de las cuales estaban siendo investigadas por la Fiscalía Especial de Trata y Explotación de Personas.
Los empleadores sometieron a un número significativo de bolivianos, paraguayos y peruanos, así como a argentinos de las provincias más pobres del norte, a trabajos forzados en el sector de la confección, agricultura, venta ambulante, producción de carbón y ladrillos, construcción, trabajo doméstico y pequeñas empresas (incluyendo restaurantes y supermercados). Los traficantes explotaron a los ciudadanos chinos que trabajaban en los supermercados para someterlos a la servidumbre por deudas. Los traficantes obligaron a las víctimas de la trata a transportar drogas a través de las fronteras del país. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de trabajo forzoso, aunque el género y la edad típicos de las víctimas variaban según el sector laboral (véase la sección 7.c.). PrisioneroEnArgentina.com
Consulte también el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
C. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y EDAD MÍNIMA DE EMPLEO
La edad mínima para trabajar es de 16 años. En raras ocasiones, las autoridades laborales pueden autorizar a un niño menor a trabajar como parte de una unidad familiar. Los niños de 16 a 18 años pueden trabajar en un número limitado de categorías laborales y por horas limitadas si han completado la educación obligatoria, que normalmente termina a los 18 años. Los niños menores de 18 años no pueden ser contratados para realizar trabajos peligrosos, arduos o insalubres. La ley exige que los empleadores proporcionen una atención adecuada a los hijos de los trabajadores durante las horas de trabajo para desalentar el trabajo infantil.
Los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son responsables de la aplicación de la legislación laboral. Las sanciones por emplear trabajadores menores de edad fueron generalmente suficientes para disuadir las infracciones.
Si bien el gobierno generalmente hizo cumplir las leyes aplicables, los observadores señalaron que algunos inspectores conocían o estaban asociados con las personas que inspeccionaban, y la corrupción seguía siendo un obstáculo para el cumplimiento, especialmente en las provincias. Las penas están en consonancia con las de otros delitos graves análogos, como el secuestro. En agosto, el Ministerio de Trabajo presentó un Programa Nacional de Fortalecimiento de las Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de mejorar la coordinación nacional-provincial.
Los niños participaban en las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, a veces como resultado de la trata de personas, incluido el trabajo forzoso en la servidumbre doméstica, la agricultura y la producción de prendas de vestir, y actividades ilícitas como el transporte y la venta de drogas. . El gobierno publicó el informe final de su encuesta nacional sobre trabajo infantil 2016-17 en 2018. La Encuesta Nacional sobre Actividades Infantiles y Juveniles encontró que el 19.8 por ciento de los niños en áreas rurales realizaban al menos una forma de trabajo, mientras que el 8.4 por ciento de los niños en áreas urbanas también lo hizo.
Surgieron patrones similares con los adolescentes, que el informe definió como niños de 16 y 17 años. El informe encontró que el 43,5 por ciento de los adolescentes en las zonas rurales y el 29,9 por ciento en las zonas urbanas participan en al menos una forma de trabajo. Las actividades principales fueron ayudar en un negocio u oficina; reparación o construcción de viviendas; cortar césped o podar árboles; el cuidado de niños, ancianos o enfermos; ayudando en un taller; hacer pan, dulces u otros alimentos para la venta; recolectar papel, cajas, latas y otros materiales reciclables en la calle; repartir folletos o material promocional para una empresa; limpiar hogares y negocios o lavar y planchar ropa para terceros; y cultivar o cosechar productos agrícolas.
Consulte también las conclusiones del Departamento de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil en https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings y la Lista de productos producidos por el trabajo infantil del Departamento de Trabajo. o Trabajo forzoso en https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods.
D. DISCRIMINACIÓN CON RESPECTO AL EMPLEO Y OCUPACIÓN
La ley prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, características físicas, situación social o económica u opinión política, y el gobierno generalmente hizo cumplir la ley. Las sanciones estaban en consonancia con las leyes relacionadas con los derechos civiles. Los casos más prevalentes de discriminación en el lugar de trabajo se basaron en la discapacidad, el género y la edad. La discriminación también se produjo sobre la base de la condición de seropositivo y contra las personas de origen indígena. Las mujeres tienen prohibido trabajar en determinadas industrias; por ejemplo, existen restricciones sobre su empleo en los sectores de minería, manufactura y transporte. También existen restricciones para las mujeres que trabajan en trabajos considerados peligrosos o arduos.
Aunque las mujeres gozan de la misma condición jurídica y derechos que los hombres, continúan sufriendo discriminación económica. Las mujeres ocupaban una proporción desproporcionadamente alta de trabajos informales mal remunerados y significativamente menos puestos ejecutivos en el sector privado que los hombres, según varios estudios. Aunque el salario igual por trabajo igual es un mandato constitucional, las mujeres ganaban aproximadamente un 25 por ciento menos que los hombres ganaban por un trabajo igual o similar.
E. CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES
El salario mínimo se mantuvo por debajo del nivel oficial de ingresos de pobreza para una familia de cuatro, a pesar de un aumento del 35 por ciento anunciado en octubre de 2019. La mayoría de los trabajadores del sector formal ganaban significativamente más que el salario mínimo. El salario mínimo generalmente sirve para marcar el salario mínimo que debe recibir un trabajador informal.
La ley federal establece estándares en materia de horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional. La jornada laboral máxima es de ocho horas y la semana laboral máxima es de 48 horas. Se requiere el pago de horas extraordinarias por las horas trabajadas que superen estos límites. La ley prohíbe las horas extraordinarias excesivas y define los niveles permitidos de horas extraordinarias como tres horas al día. La ley laboral exige entre 14 y 35 días de vacaciones pagadas, dependiendo de la duración del servicio del trabajador.
La ley establece un pago adicional por horas extras, agregando un 50 por ciento adicional de la tarifa por hora en días normales y el 100 por ciento los sábados por la tarde, domingos y feriados. No se puede obligar a los empleados a trabajar horas extra a menos que la interrupción del trabajo suponga un riesgo o cause lesiones, la necesidad de horas extra sea causada por un acto de Dios u otras razones excepcionales que afecten la economía nacional o que ocurran “situaciones inusuales e impredecibles” que afecten a las empresas.
El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación relacionada con las condiciones laborales. El gobierno establece normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), vigentes y adecuadas para las principales industrias del país. El gobierno hizo cumplir efectivamente las leyes de SST. Las sanciones por infracciones de las leyes de seguridad y salud en el trabajo están en consonancia con las de delitos como la negligencia. La ley requiere que los empleadores aseguren a sus empleados contra accidentes en el lugar de trabajo y cuando viajen hacia y desde el trabajo. La ley requiere que los empleadores proporcionen un seguro a través de una entidad de seguros contra riesgos laborales o que proporcionen su propio seguro a los empleados para cumplir con los requisitos especificados por el regulador nacional de seguros. La ley limita el derecho del trabajador a presentar una denuncia si no agota los trámites administrativos obligatorios ante comités médicos específicos.
Las leyes que rigen las condiciones aceptables de trabajo no se aplicaron universalmente, en particular para los trabajadores del sector informal (aproximadamente el 35 por ciento de la fuerza laboral). El Ministerio de Trabajo prosiguió las inspecciones para garantizar que los trabajadores de las empresas estuvieran registrados y contratados formalmente. Los inspectores tenían la autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso e iniciar sanciones. El ministerio realizó inspecciones en varias provincias, pero la Inspección de Trabajo empleó muy por debajo del número de inspectores recomendados por la OIT, dado el tamaño de la fuerza laboral. La Superintendencia de Riesgos Laborales actuó como organismo de ejecución para monitorear el cumplimiento de las leyes de SST y las actividades de las compañías de seguros de riesgos laborales.
Los trabajadores no siempre pueden recusarse de situaciones que ponen en peligro su salud o seguridad sin poner en peligro su empleo, y las autoridades no protegen eficazmente a los empleados en estas circunstancias. Hasta septiembre, el Ministerio de Trabajo informó la recepción de 81.000 quejas de seguridad ocupacional relacionadas con COVID-19, especialmente en el sector salud. Como resultado, el sector superó a los sectores manufacturero y minero tradicionalmente más peligrosos en el número de denuncias recibidas.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
El expresidente estadounidense Donald Trump lanzó su página web
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El expresidente Donald J. Trump lanzó una página web para “preservar el magnífico legado” de su administración y avanzar en la agenda “America First” en la que no hay mención alguna a las cosas que empañaron su presidencia.
Ni haber sido el primer presidente sometido a dos juicios políticos en el Congreso, aunque en ambos fue absuelto con los votos de los republicanos, ni la toma del Congreso por sus seguidores a los que había arengado antes a luchar contra el “fraude” del que dijo haber sido víctima en las elecciones de noviembre de 2020, tienen cabida en una web hecha a mayor gloria del 45 presidente de EE. UU.
Nombrada 45office.com, la página que está pensada como una plataforma para que los exseguidores del expresidente republicano puedan estar en contacto dada la clausura de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook por incitar a la violencia, es un panegírico de su presidencia, que como tal omite cualquier cosa que le quite brillo y ensalza al máximo su figura y hechos.
Una fotografía tomada el día que asumió la presidencia, en enero de 2017, en la que se ve a Trump bailando con su esposa Melania en la Casa Blanca es la imagen que uno se encuentra al entrar a la web del hoy expresidente y residente en Palm Beach (Florida).
“A través de esta oficina, el presidente Trump seguirá siendo un defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro gran país, y de su derecho a vivir con seguridad, dignidad, prosperidad y paz”, agrega como tarjeta de presentación. 45office.com presenta a Trump como el artífice del “movimiento político más extraordinario de la Historia”, el hombre que derrotó el “aparato (establishment) de Washington y el primer “outsider” (ajeno a la política) verdadero en llegar a la Casa Blanca.
El acento está puesto en sus logros económicos, en cómo la clase media vio subir sus ingresos “cinco veces más que en la anterior administración” y en la reducción del desempleo “al nivel más bajo en medio siglo”, incluyendo los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos.
La política migratoria es otro “fuerte” de Trump que la web resalta. “Al comprender que la seguridad fronteriza es un tema de seguridad nacional, el presidente Trump logró la frontera más segura en la historia de Estados Unidos y firmó una serie de acuerdos históricos con nuestros socios en el hemisferio occidental para detener el contrabando, el tráfico y la migración ilegal”.
Entre otro méritos que le atribuye esta web está el haber restaurado el principio de que los recién llegados al país deben ser económicamente autosuficientes y el haber terminado con “el fraude sistémico de asilo” y reducido “las admisiones de refugiados a niveles sostenibles”.
La nueva web también otorga a Trump el mérito de haber “salvado” un número incontable de vidas a los inicios de la pandemia con el cierre de las fronteras de Estados Unidos para chinos y europeos, el reabastecimiento de unos suministros médicos que estaban “agotados” y las pruebas de covid-19 y vacunaciones masivas.
Estados Unidos es casi desde los inicios de la pandemia en 2020 el país con más casos de covid-19 (30,3 millones) y más muertos (más de 550.000) por la enfermedad.
La web ensalza también la política exterior de Trump por haber puesto a EE. UU. primero frente a China y otros países y haber logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio.
“Luchando contra el virus o terroristas extranjeros, creando empleos, asegurando las fronteras de EE. UU., liberando la energía de EE.UU., revitalizando el patriotismo o restaurando el espíritu estadounidense, el presidente Trump nunca flaqueó en la defensa de nuestros valores, nuestras familias, nuestra tradiciones y nuestra libertad”, señala 45office.com.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
G. Gordon Liddy, cerebro de Watergate, muerto a los 90 años
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G. Gordon Liddy, autor intelectual del incidente de Watergate y presentador de un programa de radio tras salir de la cárcel, murió el martes a los 90 años. Su hijo, Thomas Liddy, confirmó la muerte pero no reveló la causa, aparte de decir que no estaba relacionada con COVID-19.
Liddy, un ex agente del FBI y veterano del ejército, fue declarado culpable de conspiración, robo y escuchas telefónicas ilegales por su papel en el robo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon. Pasó cuatro años y cuatro meses en prisión, incluidos más de 100 días en régimen de aislamiento.
“Lo volvería a hacer por mi presidente”, dijo años después.
Liddy fue franco y controvertido, tanto como operativo político bajo Nixon como como personalidad de la radio. Liddy recomendó asesinar a los enemigos políticos, bombardear un grupo de expertos de izquierda y secuestrar a los manifestantes de la guerra. Sus colegas de la Casa Blanca ignoraron tales sugerencias.
Una de sus empresas, el allanamiento de la sede demócrata en el edificio Watergate en junio de 1972, fue aprobada. El robo salió mal, lo que llevó a una investigación, un encubrimiento y la renuncia de Nixon en 1974.
Liddy también fue condenado por conspiración en el robo en septiembre de 1971 del psiquiatra del analista de defensa Daniel Ellsberg, quien filtró la historia secreta de la Guerra de Vietnam conocida como los Papeles del Pentágono.
Después de su liberación de la prisión, Liddy, con sus penetrantes ojos oscuros, bigote tupido y cabeza rapada, se convirtió en un presentador de programas de radio popular, provocador y controvertido. También trabajó como consultor de seguridad, escritor y actor.
En el aire, ofreció consejos sobre cómo matar a los agentes federales de armas de fuego, montó etiquetas de automóviles que decían “H20GATE” (Watergate) y despreció a las personas que cooperaron con los fiscales.
Nacido en Hoboken, Nueva Jersey, George Gordon Battle Liddy era un niño frágil que creció en un vecindario poblado principalmente por estadounidenses de origen alemán. De amigos y una sirvienta que era de nacionalidad alemana, Liddy desarrolló una curiosidad por el líder alemán Adolf Hitler y se inspiró al escuchar los discursos de radio de Hitler en la década de 1930.
“Si una nación entera pudiera cambiar, elevarse de la debilidad a una fuerza extraordinaria, también podría hacerlo una persona”, escribió Liddy en “Will” (Voluntad), su autobiografía.
Liddy decidió que era fundamental enfrentar sus miedos y superarlos. A los 11 años, Liddy asó una rata y se la comió para superar su miedo a las ratas. “A partir de ahora, las ratas podrían temerme como temían a los gatos”, escribió.
Después de asistir a la Universidad de Fordham y servir una temporada en el Ejército, Liddy se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y luego se unió al FBI. Se postuló sin éxito para el Congreso desde Nueva York en 1968 y ayudó a organizar la campaña presidencial de Nixon en el estado.
Cuando Nixon asumió el cargo, Liddy fue nombrado asistente especial del Tesoro y estuvo bajo el mando del secretario del Tesoro, David M. Kennedy. Más tarde, Liddy se mudó a la Casa Blanca, luego a la campaña de reelección de Nixon, donde su título oficial fue el de abogado general.
Liddy era el jefe de un equipo de operativos republicanos conocidos como “los fontaneros”, cuya misión era encontrar filtraciones de información que avergonzaran a la administración de Nixon. Entre las especialidades de Liddy estaban la recopilación de inteligencia política y la organización de actividades para desbaratar o desacreditar a los oponentes demócratas de Nixon.
Mientras reclutaba a una mujer para que le ayudara a llevar a cabo uno de sus planes, Liddy trató de convencerla de que nadie podía obligarlo a revelar su identidad o cualquier otra cosa en contra de su voluntad. Para convencerla, Liddy puso su mano sobre un encendedor en llamas. Su mano estaba muy quemada. La mujer rechazó el trabajo.
Liddy se hizo conocido por sugerencias tan poco convencionales como secuestrar a los organizadores de las protestas contra la guerra y llevarlos a México durante la Convención Nacional Republicana; asesinar al periodista de investigación Jack Anderson; y bombardear la Brookings Institution, un grupo de expertos de izquierda en Washington donde se almacenaban documentos clasificados filtrados por Ellsberg.
Liddy y su compañero de operaciones Howard Hunt, junto con los cinco arrestados en Watergate, fueron acusados de cargos federales tres meses después del robo en junio de 1972. Hunt y sus reclutas se declararon culpables en enero de 1973, y James McCord y Liddy fueron declarados culpables. Nixon renunció el 9 de agosto de 1974.
Después del fallido intento de allanamiento, Liddy recordó haberle dicho al abogado de la Casa Blanca, John Dean: “Si alguien quiere dispararme, simplemente dígame en qué esquina debo pararme y estaré allí, ¿de acuerdo?”. Según los informes, Dean respondió: “No creo que hayamos llegado todavía, Gordon”.
Liddy afirmó en una entrevista que Nixon fue “insuficientemente despiadado” y debería haber destruido las grabaciones de sus conversaciones con sus principales colaboradores.
Liddy aprendió a comercializar su reputación como un defensor intrépido, aunque a veces demasiado entusiasta, de causas conservadoras. El programa de entrevistas de radio sindicado de Liddy, transmitido desde Virginia, fue durante mucho tiempo uno de los más populares del país. Escribió los libros más vendidos, actuó en programas de televisión como “Miami Vice”, fue un conferenciante invitado frecuente en los campus universitarios, comenzó una franquicia de detectores privados y trabajó como consultor de seguridad. Durante un tiempo, formó equipo en el circuito de conferencias con un socio poco probable, el gurú del LSD de los años 60, Timothy Leary.
A mediados de la década de 1990, Liddy dijo a los radioescuchas que portaban armas que apuntasen a la cabeza cuando se encontraran con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. “Disparos a la cabeza, disparos a la cabeza”, enfatizó, y explicó que la mayoría de los agentes usan chalecos antibalas debajo de sus chaquetas. Liddy dijo más tarde que no estaba alentando a la gente a cazar agentes, pero agregó que si un agente ataca a alguien con fuerza letal, “debes defenderte y defender tus derechos con fuerza letal”.
Liddy siempre se enorgulleció de su papel en Watergate. Una vez dijo: “Estoy orgulloso de ser el tipo que no habló”.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
¿Y TÚ QUÉ VES?
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Benjamín Franklin dijo una vez: “Algunas personas se quejan porque encuentra espinas entre las rosas. ¿Por qué no ser agradecido por haber
puesto rosas entre las espinas de un camino?” Lo leí por primera vez hace un tiempo. Desde ese día, ha ocupado un lugar destacado en mi vida y le ha dado una tendencia optimista. “Ser positivo es tener la voluntad de ver las rosas entre los espinas, en lugar de quejarse de las espinas entre las rosas… ¿Que ves? Tu respuesta te ayudará a juzgar si tienes esa mansedumbre de la positividad que hablo.
Para llegar a la cima de una montaña es necesario afrontar las dificultades de la escalada. Para cruzar un río peligroso, es necesario vencer la fuerza de su corriente. Para lograr el objetivo ansiado, muchas veces necesitamos superar los obstáculos en el camino. Y cuando llegamos a la meta, es mejor gozar de la victoria que murmurar por las dificultades encontradas en nuestro intento.
¿Cuántas veces hemos fracasado en la consecución de mis propósitos? ¿Cuántas decepciones enfrentamos hasta que nuestro sueño se hizo realidad? ¿Eso es importante? Cuando llega la satisfacción por el logro obtenido se lo decimos a los amigos, pasamos el día con una sonrisa radiante en los labios. Pero, ¿qué pasa con las batallas enfrentadas? De hecho, ya no recordamos lo difícil que fue lograr nuestras satisfacciones. Solo queremos celebrar la victoria.
¡Bien por las rosas junto a las espinas! ¡Bien por la victoria, después de muchas luchas! ¡Bien por haberlo hecho!
Desde la ciudad de Campana, Buenos Aires, envío un abrazo y mi deseo que la vida te sonría y prospere en todo lo que emprendas; y derrame sobre ti Salud, Paz, Amor y mucha Prosperidad.
Claudio Valerio
“Valerius”
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
Los goles en contra del Mundial de Qatar
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Ya son varios los países que han protestado por esta situación y se espera que, a medida que se acerque tan señalada fecha, sean más los que pongan el foco en la vulneración de los derechos humanos que se están produciendo en el país del Golfo, ya que unos 6.500 trabajadores han fallecido desde que se inició la construcción de infraestructuras para el evento deportivo.
Más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que comenzaron las obras para ser la sede de la Copa del Mundo. Con datos que consiguieron recabar a partir de fuentes gubernamentales, desde diciembre del 2010 han muerto cada semana una media de 12 trabajadores migrantes de estos cinco países.
Además, según cifras de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 5.927 trabajadores han fallecido en Qatar entre 2011 y 2020. A estas cifras hay que añadir los datos aportados por la embajada de Pakistán en Qatar que confirman otras 824 muertes de trabajadores pakistaníes entre 2010 y 2020.
No obstante, el número de fallecidos es significativamente mayor ya que las cifras no incluyen las de los países de los que proceden otras muchas personas que están realizando trabajos allí como Filipinas y Kenia, ni tampoco se incluyen las muertes de los últimos meses del 2020 ni de los primeros meses del 2021.
El sombrío número de muertos de Qatar se revela en largas hojas de cálculo de datos oficiales que enumeran las causas de muerte: múltiples lesiones contundentes debido a una caída desde una altura; asfixia por ahorcamiento; causa indeterminada de muerte por descomposición”. En los reportes aseguran que la causa más común es la que denominan como “muerte natural”, lo que demuestra que tales calificaciones se realizan sin una autopsia.
Retrasos en los pagos, incumplimiento de contratos e incluso suspensión de los salarios son algunos de los abusos que se cometen con los trabajadores migrantes en Qatar para la Copa del Mundial 2022.
Entre enero del 2019 y mayo del 2020 la organización habló con más de 90 trabajadores migrantes que trabajaban en el país y todos informaron sobre diversos tipos de abusos laborales. Hubo trabajadores que contaron a la organización que sus empleadores dejaron de pagarles y, a menudo, tenían dificultades para alimentarse.
Aunque en agosto del año pasado el país del Golfo anunció el nuevo salario mínimo y desmanteló el sistema de empleo kafala, este ha sido clave en la vulneración de derechos de los trabajadores migrantes en Qatar.
El sistema kafala es una forma de esclavitud moderna y está presente en diversos países como El Líbano, Jordania y otros países del Golfo Pérsico. Con él, ciudadanos y empresas privadas toman el rol de patrocinadores y los gobiernos delegan en estos patrocinadores la supervisión y responsabilidad de trabajadores extranjeros. Sin el permiso de estos patrocinadores un trabajador no puede ni cambiar de trabajo, ni renunciar al trabajo ni volver a su país. De esta forma, hay países que se aprovechan de los trabajadores migrantes y les explotan bajo este sistema.
Varios equipos han protestado por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en Qatar y han reivindicado que se cumplan los derechos humanos. Uno de los últimos equipos que ha dicho basta ha sido Alemania, que ha cogido el testigo de Noruega y antes de disputar su partido se manifestó a favor de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Qatar.
Por su parte Noruega, antes de enfrentarse a Turquía, salió al campo con una camiseta blanca en la que se podía leer: “Derechos humanos, dentro y fuera del campo. Noruega, Alemania ¿Quién sigue?”. Esta camiseta la llevaron durante el calentamiento pre competitivo y hasta la ceremonia de los himnos sobre el uniforme de la selección.
La Federación Holandesa de Fútbol ha manifestado también estar completamente consternada por las más de 6.500 muertes de obreros migrantes en Qatar y los jugadores holandeses han posado este sábado con camisetas en las que se podía leer la frase: “El fútbol apoya el cambio”, sumándose así a la protesta.
En cambio, el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, de nacionalidad española, ha explicado que boicotear el torneo sería “un gran error”.
Con todo ello, los preparativos continúan con supuesta normalidad para el evento deportivo que comenzará el 21 de noviembre del 2022, aunque es muy probable que las protestas se incrementen a medida que la fecha se acerque.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
Estados Unidos recomendó restringir los viajes, incluso a los vacunados contra el coronavirus
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Con 27 estados en rojo y alzas de casos de muertes y contagios en todo el país, el Centro de Enfermedades Contagiosas solicitó limitar los viajes, o de necesitar hacerlo, tomar conciencia de que sean solo por motivos esenciales.
Las nuevas recomendaciones, que se basan en las actualizaciones científicas más recientes, incluye recomendaciones sobre cómo y cuándo una persona completamente vacunada puede visitar a otras personas que están también completamente vacunadas y a otras personas que no están vacunadas. Los CDC actualizarán estas recomendaciones a medida que se vacunen más personas, cambien las tasas de COVID-19 en la comunidad y se disponga de evidencia científica adicional.
“Sabemos que las personas quieren vacunarse para poder volver a hacer las cosas que disfrutan con las personas que aman”, dijo la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky. “Hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en sus propios hogares. Todos, incluso aquellos que están vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando se encuentren en entornos públicos. A medida que la ciencia evolucione y más personas se vacunen, continuaremos brindando más orientación para ayudar a las personas completamente vacunadas a reanudar más actividades de manera segura”.
“Los viajes ya sea en trenes, autobuses o avión son extremadamente riesgosos, debido al riesgo de adquirir y propagar el virus durante los viajes, las personas que están completamente inmunizadas también deben seguir las recomendaciones de los CDC antes y después de viajar”, agregó Walensky.
Los nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos continuaron aumentando la semana pasada, aumentando en un 13 por ciento en todo el país, ya que altos funcionarios imploraron a los estadounidenses que se adhieran a las medidas de salud pública para ayudar a revertir la tendencia. El promedio de siete días de casos nuevos superó los 63.000 por primera vez en casi un mes. La nación parece encaminada para una cuarta ola de enfermedades, incluso cuando la elegibilidad para vacunas se está expandiendo en muchos estados.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2021
Estados Unidos y la Corte Penal Internacional
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Según la ley de los Estados Unidos, el gobierno puede imponer sanciones a cualquier país, organización o persona que se considere que representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional o la política exterior. En el pasado, Estados Unidos impuso sanciones en relación con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en países como Irán, Corea del Norte y Siria. El 2 de septiembre del año 2020, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo marcó un nuevo punto de partida en la política estadounidense al anunciar sanciones a dos altos funcionarios de una organización internacional basada en tratados de la que son miembros la mayoría de los aliados estadounidenses, la Corte Penal Internacional (CPI). La medida parecerá a la mayoría de los europeos como un flagrante ataque al estado de derecho internacional, pero también es la culminación de una confrontación en evolución entre Estados Unidos y la CPI que se remonta a la fundación de la organización.
La CPI fue establecida por el Estatuto de Roma en 1998, con un mandato para enjuiciar a los responsables de los crímenes internacionales más graves: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los países europeos se encontraban entre los defensores más firmes de la corte, y la vieron como un paso hacia un mundo en el que nadie tiene impunidad por las atrocidades masivas. Pero la corte es un organismo basado en un tratado, y muchos de los estados más poderosos del mundo permanecen fuera, incluidos Estados Unidos, Rusia y China. La tensión entre la visión de la justicia encarnada por la CPI y las realidades de la política de poder internacional ha estado presente desde el principio y ha sido particularmente marcada en la relación fluctuante y turbulenta de la corte con Estados Unidos.
Según el Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción para enjuiciar los delitos cometidos por nacionales de los estados miembros, pero también los delitos cometidos en el territorio de los estados miembros, incluso si los responsables son ciudadanos de un país que no es miembro de la corte. Estados Unidos luchó duramente contra esta disposición en las negociaciones que llevaron a la fundación de la CPI, temiendo que pudiera abrir a los ciudadanos estadounidenses al enjuiciamiento.
Estados Unidos considera el enjuiciamiento de sus ciudadanos ante un organismo internacional sin el consentimiento de Estados Unidos como una violación de su soberanía. Los partidarios de la CPI argumentan que si los estados pueden enjuiciar a los extranjeros por crímenes de guerra cometidos en su territorio en sus propios tribunales, tienen la autoridad para transferir ese poder a un tribunal internacional como la CPI.
Los primeros años de la corte coincidieron con la presidencia de George W. Bush, quien tomó una serie de medidas para limitar cualquier acción potencial contra ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos persuadió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aprobara una serie de exenciones para las fuerzas de mantenimiento de la paz, evitando que los soldados de países no miembros de la CPI fueran investigados o procesados (aunque dejó de buscar exenciones después de que se revelara el escándalo de la prisión de Abu Ghraib en 2004). Bush también lanzó una campaña de búsqueda de acuerdos bilaterales de inmunidad con otros países y revocó formalmente la firma estadounidense del Estatuto de Roma (bajo Bill Clinton, EE. UU. había firmado pero no ratificado el tratado, lo que significa que no estaba obligado por él, pero estaba obligado no emprender acciones que frustrarían su objeto y propósito). La administración Obama se involucró más con la CPI, pero no tomó ninguna medida para ratificar su estatuto.
Por su parte, la CPI también parecía en sus primeros años estar tratando de evitar cualquier enfrentamiento con las grandes potencias mientras buscaba establecerse como un organismo internacional incipiente. El primer fiscal, Luis Moreno Ocampo, actuó con notable cautela al abrir investigaciones donde estaban involucrados intereses de grandes poderes. Afganistán se unió a la CPI en 2003, otorgando competencia al tribunal sobre los delitos que ocurran allí después de esa fecha, y Ocampo (amigo de Brad Pitt y Angelina Jolie)abrió un examen preliminar de la situación en Afganistán en 2006. Pero, a pesar de la violencia persistente en el país, la fiscalía no solicitó permiso para pasar a una investigación completa hasta 2017, bajo la sucesora de Ocampo, Fatou Bensouda. De manera similar, largas demoras han marcado el examen por parte del tribunal de Colombia (nuevamente, un país sensible para los EE. UU.) Y Georgia (donde Rusia estuvo directamente involucrada). La moderación del tribunal en estos casos contrastó con la velocidad a la que actuó en algunos casos africanos, lo que contribuyó a dar la sensación de que la CPI se centró indebidamente en África.
Más sorprendente aún, después de que Bensouda solicitó permiso para abrir una investigación en Afganistán, la sala de instrucción de la Corte inicialmente rechazó la solicitud en 2019, argumentando que no sería “en interés de la justicia” proceder. Las investigaciones sin el apoyo de los países involucrados pueden ser difíciles, y tanto Afganistán como Estados Unidos se habrían resistido a la cooperación con el tribunal. Pero la medida de la cámara fue ampliamente criticada por comprometer la independencia judicial para evitar una confrontación con Estados Unidos, y la cámara de apelaciones de la CPI la anuló este año. Bensouda ha dicho que su investigación está analizando posibles crímenes cometidos por los talibanes, las fuerzas afganas y las fuerzas estadounidenses, incluido el abuso de los detenidos como parte de la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos. Pompeo dijo después de que se aprobó la investigación que fue “una acción verdaderamente impresionante de una institución política que no rinde cuentas y que se hace pasar por un cuerpo legal”. En junio, Trump emitió una orden ejecutiva que permitía sanciones contra la CPI. La semana pasada nombró a Bensouda y al jefe de la división de jurisdicción, Phakiso Mochochoko, como objetivos.
En la práctica, las posibilidades de que la CPI procese a cualquier ciudadano estadounidense son mínimas, ya que sería muy difícil desarrollar un caso viable frente a la falta de cooperación de los Estados Unidos, y aún más improbable que la corte alguna vez obtenga la custodia de cualquier ciudadano estadounidense. Sin embargo, la administración Trump, de acuerdo con su enfoque hiper-agresivo hacia las organizaciones multilaterales, ha aprovechado la oportunidad para asestar un golpe potencialmente radical contra la corte. La acción de Estados Unidos también debe entenderse como una respuesta al examen actual de la corte de las acciones israelíes en Palestina y las inacciones en cuanto a operaciones llevadas a cabo por Rusia o Estados terroristas.
Por suerte para Bensouda y Mochochoko, pero, si lo desea, Estados Unidos podría intentar cerrar la investigación de Afganistán del tribunal en su totalidad persiguiendo a las organizaciones y empresas con las que hace negocios. Es cierto que Europa y otros países miembros preferirían evitar una batalla campal con Estados Unidos por la CPI, pero la duda es si las posiciones serían defender la corte o apoyar a Estados Unidos si la administración de Biden intentara ponerla fuera de acción.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 30, 2021