El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, se reunió ayer sábado con su homólogo argentino, Javier Milei, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), según lo comunicaron ambas administraciones en sus respectivas redes sociales.
Los mandatarios hablaron sobre las “revolucionarias reformas económicas” implementadas por el mandatario argentino y la manera en que ambos países “puedan trabajar más juntos”, escribió la cuenta de la Casa Blanca en X. “El presidente Trump también invitó al presidente Milei a visitar la Casa Blanca en los próximos meses”, se agrega.
Justo antes de su investidura, se lanzó la moneda meme $Trump del presidente Donald Trump, lo que resultó en importantes ganancias financieras para los primeros inversores, pero pérdidas sustanciales para muchos otros.Según Chainalysis, más de 800.000 compradores sufrieron pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares.Si bien no hay evidencia de manipulación de precios por parte de Trump o sus asociados, se han planteado inquietudes con respecto a un posible uso de información privilegiada y las acciones de los primeros inversores.
Trump
El ex asesor de criptomonedas Corey Frayer dijo: “El presidente está participando en esquemas criptográficos turbios que perjudican a los inversores y, al mismo tiempo, nombra reguladores financieros que reducirán las protecciones para las víctimas y que pueden aislarlo a él y a su familia de la aplicación de la ley”. El 23 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva sobre activos digitales, ordenando a las agencias federales evaluar políticas favorables a las criptomonedas y prohibiendo los esfuerzos para desarrollar una moneda digital del banco central estadounidense (CBDC).La orden rescindió las políticas de activos digitales de la administración anterior y pidió una revisión de las regulaciones existentes.
El senador Tim Scott (republicano por Carolina del Sur), el senador Bill Hagerty (republicano por Tennessee), la senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming) y la senadora Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York) han respaldado la Ley de Guía y Establecimiento de Innovación Nacional para las Monedas Establecidas de Estados Unidos (GENIUS, por sus siglas en inglés).La legislación tiene como objetivo establecer marcos regulatorios para las monedas estables, abordando las preocupaciones sobre su posible uso en actividades ilícitas.
Tim Scott
El nombramiento de Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por parte de Trump ha indicado un cambio hacia un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas.Atkins ha iniciado reformas destinadas a aclarar la clasificación de los activos digitales y establecer pautas más claras para la industria. La administración está explorando la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, una iniciativa apoyada por la senadora Cynthia Lummis.La propuesta tiene como objetivo evaluar el potencial de Bitcoin como activo de reserva para protegerse contra la inflación y fortalecer la posición del dólar estadounidense a nivel mundial.
Se han recibido acusaciones de juego sucio relacionadas con las empresas de criptomonedas de Donald Trump.Un congresista estadounidense ha pedido una investigación ética sobre los proyectos de criptomonedas de Trump, centrándose específicamente en posibles conflictos de intereses y ganancias financieras.Las preocupaciones se centran en la participación de Trump con World Liberty Financial (WLFI) y el token TRUMP, una moneda meme vinculada a su marca política. Las acusaciones sugieren que Trump podría estar aprovechando su cargo público para generar ganancias personales a partir de estas empresas de criptomonedas.Se ha iniciado una investigación de terceros para revisar estas acusaciones y garantizar la transparencia.
Milei
Al mismo tiempo, el presidente argentino Javier Milei se enfrenta actualmente a un gran escándalo relacionado con una criptomoneda llamada $LIBRA.Milei promocionó la criptomoneda en las redes sociales, afirmando que ayudaría a financiar pequeñas empresas y nuevas empresas.Sin embargo, el valor de $LIBRA se disparó y luego se desplomó en cuestión de horas, lo que llevó a acusaciones de “rug pull”, un esquema en el que los promotores inflan el precio de una criptomoneda y luego venden sus tenencias, lo que hace que el precio se desplome y deje a los inversores con pérdidas.
Milei ha sido acusado de promover la criptomoneda sin comprender completamente sus implicaciones, y hay investigaciones en curso sobre posible fraude y conflictos de intereses.El escándalo ha dado lugar a pedidos de destitución y ha afectado significativamente sus índices de aprobación.
Viale
Hubo un incidente durante la entrevista del presidente Javier Milei con el periodista Jonatan Viale donde el asesor de Milei, Santiago Caputo, interrumpió la entrevista fuera de cámara.Esta interrupción fue para advertir a Milei sobre posibles problemas legales relacionados con sus comentarios sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
La versión sin editar de la entrevista se filtró en Internet y muestra a Caputo susurrándole algo al oído a Milei y a Viale cambiando la línea de preguntas. Esto ha provocado importantes críticas y controversias, y muchos cuestionan la transparencia e integridad del proceso de entrevistas.
El profesor de Ciencias Políticas del Amherst College, Javier Corrales, ha dedicado su carrera al estudio de los procesos de democratización y autocratización en naciones de toda América Latina, y ve un patrón muy familiar y preocupante que se está desarrollando en los Estados Unidos. En un artículo, Corrales describió muchas de las “casillas que Trump ya ha marcado” en sus esfuerzos por transformar a los Estados Unidos de una democracia representativa a un estado autoritario. En primer lugar, Corrales señala la declaración de Trump durante el fin de semana de que “quien salva a su país no viola ninguna ley” como una justificación clásica utilizada por los dictadores para acumular poder sin control.
Pero no es solo la retórica lo que alarma a Corrales, ya que también señala los intentos de Trump de despedir a sectores masivos de la administración pública y de desfinanciar o abolir agencias gubernamentales enteras sin ninguna participación del Congreso de los Estados Unidos. Además de esto, escribe Corrales, Trump ha lanzado una campaña para “movilizar el odio en toda la sociedad” al “alentar a la gente a desarrollar un odio intenso hacia algún grupo externo (inmigrantes ilegales, personas trans, minorías étnicas, celebridades de Hollywood, universidades de élite, disidentes)”.
Finalmente, escribe, “Trump ha adoptado un plan para desafiar a los tribunales cuando se vuelven contra ti y asegurarse de tener un conflicto con los tribunales, de modo que puedas contraatacarlos en bloque. Toda mi vida he estudiado la democratización y la autocratización.Mi primer viaje de campo fue a la recién democratizada Argentina.Luego añadí las autocracias a mi cartera: Cuba, Venezuela, etc. Creo que puedo reconocer las etapas de la transición al autoritarismo.Estas son las casillas que Trump ya ha marcado”.
Hijo de cubanos que viven en el exilio en Puerto Rico, Javier Corrales participó en conversaciones sobre política desde muy joven. Su investigación sobre América Latina se ha centrado en la calidad de la democracia, el tipo de régimen, los poderes presidenciales, los partidos políticos, las reformas educativas, la formulación de políticas económicas, la seguridad energética y las relaciones internacionales. Corrales se ha dedicado al tema de los derechos LGBT y su desigual difusión por toda América Latina. Junto con un equipo de profesores, estudiantes y personal de la biblioteca y de Tecnologías de la Información, está desarrollando la “Línea de tiempo de los derechos LGBT en las Américas”, un proyecto digital de humanidades e historia que tendrá su sede en Amherst.
Sus cursos en Amherst incluyen: Economía política del desarrollo, Economía política de los petroestados: comparación con Venezuela, Cuba: la política del extremismo, Relaciones entre Estados Unidos y América Latina, El Estado, Mercados y democracia en América Latina.
Corrales también ha impartido, como curso complementario, un seminario de Mellon para seis estudiantes, “Temas avanzados en la economía política de América Latina”. Se trata de seminarios experimentales financiados por Mellon destinados a fomentar la colaboración en materia de investigación entre profesores y estudiantes universitarios.
Un abogado de Dallas ha ideado una forma única en la que los tribunales podrían detener el torbellino de acciones ejecutivas del presidente Donald Trump.
David Coale dijo que los jueces sepultados bajo múltiples órdenes judiciales que desafían una avalancha de acciones ejecutivas legalmente dudosas podrían adoptar una táctica que suele estar reservada a quienes pierden el tiempo en extremo.
Se ocuparía, dijo, de la sugerencia de Trump de que, cualquiera que sea la decisión de los tribunales, su administración podría ignorarlas, y el poder judicial no tendría poder para hacerla cumplir.
Coale da el ejemplo de un “abogado de la cárcel”, como un preso que cumple cadena perpetua en prisión y lucha contra su sentencia presentando una multitud de demandas frívolas.
Los jueces, sostiene Coale, pueden evitar la pérdida de tiempo al dictaminar que el demandante es un “litigante vejatorio” y desestimar sus demandas de plano.
Coale
Se podría hacer lo mismo con la administración del presidente, afirmó Coale.
“¿Qué pasaría si el poder judicial tratara al propio gobierno federal como un litigante vejatorio?”, preguntó.
“Imaginemos que los tribunales se negaran a escuchar una amplia gama de casos en los que Estados Unidos es parte hasta que el poder ejecutivo obedezca las órdenes judiciales. Las agencias y departamentos que conforman el gobierno federal dependen en gran medida de los tribunales para hacer cumplir los contratos, procesar casos penales y resolver una amplia gama de disputas sobre el funcionamiento del gobierno.
“Negarse a escuchar algunos —o la mayoría— de los casos de una administración que no respeta la autoridad judicial sería una medida drástica pero contundente, y mucho más eficaz que imponer multas que probablemente no se pagarán”.
La acción, dijo, sería como si los jueces declararan que están en huelga cuando se trata de asuntos gubernamentales que tienen ante sí.
“El equivalente funcional de una ‘huelga judicial’ es una idea radical sin precedentes”, escribió.
“Pero también lo es una administración que contempla abiertamente desafiar las órdenes judiciales… Si las órdenes judiciales pueden ignorarse sin consecuencias significativas, entonces los tribunales perderán casos de todos modos, y los más impactantes, donde están en juego los límites de la Constitución al poder ejecutivo”.
Un litigante vejatorio es una persona que presenta demandas frívolas en repetidas ocasiones, a menudo con la intención de acosar o agobiar al acusado.Según el Tribunal Superior de California, un litigante vejatorio se define como una persona que, en un período de siete años, ha iniciado, mantenido o procesado al menos cinco litigios que han sido resueltos de manera adversa para ellos o se les ha permitido permanecer pendientes durante al menos dos años sin ser llevados a juicio o audiencia.
El mayor temor de muchos de los que nunca apoyaron a Trump es que el presidente republicano ignore la Constitución, los tribunales y el Congreso para remodelar el poder ejecutivo y convertirlo en un simple ejecutivo, una sola persona que gobierne el gobierno, inmune a la supervisión, una monarquía sin realeza.
Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump brindó una ventana a su pensamiento con dos publicaciones en las redes sociales que citaban al famoso general francés Napoleón Bonaparte. Bonaparte se autoproclamó emperador y gobernó como autoritario.
Trump
El mayor temor de muchos de los que nunca apoyaron a Trump es que el presidente republicano ignore la Constitución, los tribunales y el Congreso para remodelar el poder ejecutivo.
“Quien salva a su país no viola ninguna ley”, escribió Trump en su sitio de redes sociales, Truth Social, y en la plataforma X de Elon Musk el sábado. Musk lo volvió a publicar junto con 14 emojis de la bandera estadounidense, y la cuenta de la Casa Blanca en X también compartió el mensaje junto con la fotografía presidencial oficial de Trump.
El domingo, insistió y pidió a los abogados y jueces que sean “duros” y protejan al país mientras su administración enfrenta una serie de batallas judiciales por su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y su desmantelamiento de la burocracia federal.
Los críticos se abalanzaron sobre las publicaciones, diciendo que confirman lo que han estado diciendo todo el tiempo sobre el 47º presidente.
La columnista del New York Times Jamelle Bouie, en la plataforma de redes sociales Bluesky, lo calificó como “la declaración más antiestadounidense y anticonstitucional jamás pronunciada por un presidente estadounidense”.
El senador demócrata de California Adam Schiff respondió a Trump en X: “Habló como un verdadero dictador”.
El comentarista conservador Bill Kristol fue un paso más allá, comparando la cita con una declaración de 1929 de Adolf Hitler que se convirtió en un principio nazi: “La autoridad del Führer no está limitada por leyes o estatutos”.
“Esto se lee mejor en el alemán original”, opinó Kristol.
El escritor conservador Charles C.W. Cooke calificó las publicaciones como “tonterías. La presidencia la crea la Constitución, no al revés”.
Incluso el ex vicepresidente Mike Pence intervino y compartió un ensayo que apareció en su libro de 2010, The Presidency and the Constitution: “Un presidente que desprecia la Constitución es como un jinete que odia a su caballo: será derribado, y la nación junto con él. El presidente jura solemnemente preservar, proteger y defender la Constitución. No jura solemnemente ignorarla, pasarla por alto, complementarla o reinterpretarla”.
El ex jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo que quienes se sintieron profundamente perturbados por la cita simplemente están jugando en las manos del presidente.
“Es un entretenimiento para Trump. Es una distracción”, dijo Priebus en “This Week” de ABC News el domingo, desestimando la cita como si Trump estuviera troleando a los medios. “Esto es lo que hace el presidente”.
Sin embargo, el presidente no es el único en su administración que parece haber renunciado a la democracia liberal.
Loomer
El vicepresidente J.D. Vance publicó en X el 9 de febrero que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, lo cual es demostrablemente falso. Pero, ¿qué pasa si Trump decide ignorar las órdenes judiciales? ¿Quién lo va a detener? Para que conste, Trump dijo a los periodistas la semana pasada que se apegaría a los fallos judiciales.
“Siempre cumplo con los tribunales, y luego tendré que apelar”, dijo Trump.
Y el lunes, el presidente en la sombra Musk, enojado porque 60 Minutes transmitió una entrevista con un crítico de DOGE, dijo que los empleados del programa “merecen una larga sentencia de prisión”.
Musk hizo la escalofriante publicación en X en respuesta a un tuit de “60 Minutes” que promocionaba su último episodio.
El activista liberal Angelo Carusone lo resumió bien: “No es lo que Trump publicó lo que te dice hacia dónde va esto; “Lo que realmente te dice hacia dónde va esto es cómo responde su gente”.
Carusone compartió una publicación del superfan de Trump y teórico de la conspiración Jack Posobiec, quien respondió a la cita de Trump con: “Estados Unidos se salvará. Lo que se debe hacer se hará”.
Laura Loomer, que se dedica a teorías conspirativas similares, también aplaudió la fantasía de Trump: “Gracias, presidente Trump. Te amamos”.
El llamado a un “Proceso de destitución, nuevamente” refleja la división política actual en Estados Unidos y la naturaleza polémica de la presidencia y las acciones posteriores de Donald Trump. La noción de un nuevo proceso de destitución, especialmente durante su segundo mandato como el 47.º presidente, subraya los fervientes debates en torno a sus políticas, comportamiento e impacto en la nación.
En primer lugar, es esencial entender el contexto detrás de los llamados a un nuevo proceso de destitución. Donald Trump fue sometido a un proceso de destitución dos veces durante su primer mandato: primero en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción del Congreso en relación con sus tratos con Ucrania, y nuevamente en enero de 2021 por incitación a la insurrección tras el motín del Capitolio. Aunque fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones, estos procesos de destitución dejaron un impacto duradero en su legado y amplificaron la polarización en la política estadounidense.
Los partidarios de un tercer impeachment argumentan que las acciones de Trump siguen socavando las instituciones democráticas y plantean una amenaza a la estabilidad nacional. Citan preocupaciones actuales sobre su retórica, que algunos creen que incita a la división y la violencia. Además, las acusaciones de corrupción, conflictos de intereses y abuso del poder ejecutivo se mencionan con frecuencia como justificaciones para intentar un nuevo impeachment.
Constitución de los Estados Unidos de América Artículo II, Sección 4: El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de acusación y condena por traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.
Por otro lado, los partidarios de Trump ven estos llamados a un impeachment como ataques con motivaciones políticas destinados a desacreditarlo a él y a su administración. Argumentan que los impeachments anteriores fueron esfuerzos partidistas que carecían de evidencia sustancial y fueron impulsados por la oposición a su agenda política. Para ellos, el liderazgo y las políticas de Trump representan un cambio audaz respecto del status quo, priorizando los intereses nacionales y el crecimiento económico.
Además, las implicaciones legales y constitucionales de un nuevo impeachment de un presidente en funciones son complejas. El impeachment es una herramienta diseñada por los redactores de la Constitución para exigirle cuentas al poder ejecutivo. Sin embargo, su uso repetido contra el mismo individuo plantea interrogantes sobre los umbrales para el impeachment y la posibilidad de que se convierta en un arma política en lugar de un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas.
La Constitución de los Estados Unidos otorga el poder de enjuiciar a la Cámara de Representantes, mientras que le otorga al Senado el poder de juzgar los juicios políticos. La Cámara vota si se presenta la acusación y el Senado juzga el caso. La votación de la Cámara es por mayoría simple, pero el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.
Los motivos para el juicio político son: “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”.
Para iniciar los procedimientos de juicio político, un documento o “resolución que solicita una investigación del comité de los cargos contra el oficial en cuestión” debe remitirse al Comité de Reglas de la Cámara, que puede remitirlo al Comité Judicial para su investigación. El Comité Judicial puede votar para juzgar el caso y el Senado procederá con un juicio y una votación. En un procedimiento alternativo, la resolución puede solicitar directamente el juicio político, en el que la resolución va directamente al Comité Judicial para su revisión.
La idea de enjuiciar a Donald Trump pone de relieve una vez más las profundas divisiones en la sociedad estadounidense y los debates en curso sobre el papel y los límites del poder presidencial. Independientemente de que se lleve a cabo o no un nuevo impeachment, las discusiones en torno a él seguirán dando forma al panorama político e influyendo en el futuro de la democracia estadounidense. En última instancia, la decisión de enjuiciar a Trump debe guiarse por un compromiso con la defensa de los principios de justicia, rendición de cuentas y el estado de derecho, trascendiendo los intereses partidistas y centrándose en el bienestar de la nación.
Las razones por las que el movimiento quiere enjuiciar a Trump
¿Por qué un juicio político? Desde el momento en que asumió el cargo, la negativa del presidente Trump a desprenderse de sus intereses comerciales lo ha colocado en violación directa de la Cláusula de Emolumentos Extranjeros y la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de los Estados Unidos. Desde entonces, su corrupción y abuso de poder solo han aumentado. El presidente debe rendir cuentas ante la ley, a través del proceso de juicio político, por estas graves violaciones y por este nivel sin precedentes de corrupción en la Oficina Oval.
Free Speech For People y RootsAction instan al Congreso a abrir una investigación para determinar si existen motivos suficientes para enjuiciar al presidente Trump, incluidos: obstrucción de la justicia; violaciones de la Cláusula de Emolumentos Extranjeros y la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de los Estados Unidos; conspirar con otros para: (a) cometer delitos contra los Estados Unidos que impliquen la solicitud y la recepción intencionada por parte de la campaña de Donald J. Trump de cosas de valor de un gobierno extranjero y otros ciudadanos extranjeros; y (b) ocultar esas violaciones; abogar por la violencia ilegal, brindar ayuda y consuelo a los supremacistas blancos y neonazis, y socavar las protecciones constitucionales de igualdad de protección ante la ley; abusar del poder de indulto; amenazar imprudentemente con una guerra nuclear contra naciones extranjeras, socavar y subvertir las funciones diplomáticas esenciales y la autoridad de las agencias federales, incluido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y participar en otras conductas que ponen en peligro de manera grave y deliberada la paz y la seguridad de los Estados Unidos, su pueblo y los pueblos de otras naciones, al aumentar el riesgo de hostilidades que involucran armas de destrucción masiva, con un desprecio temerario por el riesgo de muerte y lesiones corporales graves; ordenar o intentar ordenar a las fuerzas del orden, incluido el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones, que investiguen y procesen a adversarios políticos y otros, con fines indebidos no justificados por ninguna función legal de su cargo, erosionando así el estado de derecho, socavando la independencia de las fuerzas del orden de la política y comprometiendo el derecho constitucional al debido proceso legal; socavar la libertad de prensa; encarcelar cruel e inconstitucionalmente a niños y sus familias; y realizar y dirigir pagos ilegales para influir en las elecciones de 2016.
Donald Trump anunció el domingo sus planes de introducir aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio en EE.UU. de todos los países, incluyendo México y Canadá, sus principales proveedores.
Al respecto, David Fickling, columnista de Bloomberg, opina que la imposición de tarifas no contribuirá a la economía estadounidense. “Tratar de proteger las industrias del acero y el aluminio como vía para la construcción nacional es un proyecto condenado al fracaso que hará a Estados Unidos más débil, no más fuerte”, expresó.
Fickling también considera que dicha medida será ineficaz para fomentar la producción nacional, ya que restricciones similares introducidas en 2018 no surtieron el resultado deseado. Desde entonces, la capacidad de producción estadounidense de aluminio ha caído un 32 %, mientras que la de acero se ha reducido un 3,6 %.
“Solo un rey loco esperaría un resultado diferente de volver a intentar lo mismo”, escribió el columnista. En este contexto, agregó que tal paso perjudicaría a los productores de dichos metales no solo en EE.UU., sino también de sus aliados.
La nueva ronda de aranceles sobre los metales se produce después de que Trump firmara a principios de este mes las órdenes ejecutivas para aplicar tarifas del 25 % a las importaciones procedentes de Canadá y México, importantes socios comerciales de EE.UU., aunque luego decidió retrasar un mes su entrada en vigor. Además, promulgó un arancel adicional del 10 % sobre las importaciones procedentes de China, lo que llevó a este país a aplicar medidas de represalia.
A diferencia de los celulares, las computadoras, la maquinaria y los bienes de consumo, EE.UU. obtiene aluminio y acero en su inmensa mayoría de los aliados y países con los que busca mantener buenas relaciones, y no de sus rivales geopolíticos, recuerda Fickling.
Asimismo, Canadá, México, la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Japón y Taiwán suman el 80 % de las importaciones estadounidenses de acero, mientras que desde Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, que albergan tres de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero, proviene cerca del 70 % del aluminio importado por EE.UU.
Los dos metales, además, ya cuentan con amplias protecciones en EE.UU. Más allá de los aranceles de 2018 de la Administración Trump, son objeto de algo menos de la mitad de las 736 órdenes y acuerdos ‘antidumping’ y de derechos compensatorios actualmente en vigor.
“Este comercio no es, como parece creer Trump, un juego global de suma cero, sino un aspecto crucial para mantener industrias rentables en toda una serie de aliados”, concluye Fickling.
Por su parte, la asesora política canadiense Catherine Loubier comentó que, en su opinión, las amenazas de Trump son reales, pero podría haber una solución dado lo conectadas que están ambas economías.
“Cientos de miles de puestos de trabajo en EE.UU. están vinculados al ingreso de acero y aluminio de Canadá”, señaló. “Creo que hay mucho en juego y nadie sale ganando con estos aranceles, eso seguro”, agregó.
El presidente de EE.UU. afirmó que próximamente firmará una orden ejecutiva para poner fin a la “ridícula” promoción del uso de pajitas (bombillas) de papel, impulsada por la administración de Joe Biden.
“Firmaré una orden ejecutiva la próxima semana para poner fin a la ridícula campaña de Biden para usar pajitas de papel, que no funcionan. “¡DE VUELTA AL PLÁSTICO!“, escribió el mandatario en Truth Social.
El anuncio llega meses después de que Biden diera la orden de eliminar gradualmente el plástico de un solo uso en operaciones de servicios de alimentos, eventos y envases del Gobierno federal para el 2027, y de todas las demás operaciones federales para el 2035.
Por su parte, Trump ha expresado varias veces su negativa hacia las pajitas de papel, quejándose de que se deshacen en pleno uso y cuestionando su practicidad.
Durante su campaña electoral del 2019, el equipo del republicano vendió pajitas de plástico reutilizables de color rojo con su nombre. “Las pajitas de papel liberales no funcionan. Apoye al presidente Trump y compre su paquete de pajitas reciclables hoy mismo“, decía la promoción del producto.
El año pasado, también se burló de que, aunque estén hechas de papel, se entregan envueltas en plástico.
“Las pajitas de papel vienen envueltas en celofán. Quiero decir, ¿qué está pasando? Tienes pajitas de papel, envueltas en celofán. Este país se ha vuelto loco”
Las medidas de Biden habían sido impulsadas por la Agencia de Protección Ambiental del país, y pretendían reducir los desechos plásticos al promover el uso de materiales que sean reutilizables, compostables o más fácilmente reciclables. Algunos estados, como California y Nueva York, ya tienen leyes que limitan el uso de pajitas de plástico en restaurantes, exceptuando los casos en los que el cliente lo solicite.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda usar pajitas de papel en lugar de pajitas de plástico principalmente porque las pajitas de papel son más amigables con el medio ambiente. La biodegradabilidad significa que las pajitas de papel se descomponen mucho más rápido que las pajitas de plástico, lo que reduce su impacto en el medio ambiente. Reducción de la contaminación: las pajitas de plástico contribuyen significativamente a la contaminación plástica, especialmente en océanos y vías fluviales. Las pajitas de papel ayudan a mitigar este problema. Reciclabilidad: el papel es generalmente más fácil de reciclar en comparación con el plástico, que a menudo termina en vertederos o como basura. Sostenibilidad: el uso de pajitas de papel respalda el uso de recursos renovables, mientras que las pajitas de plástico están hechas de combustibles fósiles no renovables. Si bien las pajitas de papel pueden no ser perfectas (pueden disolverse rápidamente y, a veces, ser menos resistentes), se consideran una mejor opción para reducir el impacto ambiental.
Donald J. Trump y Javier Milei comparten varias similitudes, tanto en sus ideologías políticas como en sus estilos personales. Ambos tienen ideologías de derecha. Tanto Trump como Milei son conocidos por sus opiniones de derecha. Abogan por políticas que enfatizan el nacionalismo, la desregulación y la reducción de la intervención gubernamental en la economía. Ambos líderes utilizan la retórica populista para atraer a su base. A menudo critican al establishment político y se presentan como outsiders que luchan contra el status quo.
TrumpMilei
Trump y Milei son firmes defensores de la desregulación. Creen que la reducción de las regulaciones gubernamentales estimulará el crecimiento económico y beneficiará a las empresas. Ambos líderes han expresado escepticismo hacia el globalismo y las instituciones internacionales. Priorizan los intereses nacionales y son críticos con los acuerdos y organizaciones multinacionales.
Trump y Milei son conocidos por sus personalidades audaces y a veces abrasivas. No tienen miedo de decir lo que piensan y a menudo participan en una retórica confrontativa. Tanto Trump como Milei han recibido el apoyo de Elon Musk. Musk ha elogiado el enfoque de Milei en materia de reducción presupuestaria y eficiencia, y también ha sido un firme defensor de Trump.
Los dos líderes rechazan lo que perciben como “wokeismo” y liberalismo cultural. A menudo critican los movimientos sociales que, en su opinión, socavan los valores tradicionales.
Estas similitudes han dado lugar a una fuerte afinidad política entre los dos líderes, y Milei incluso ha sido descrito como uno de los aliados extranjeros más importantes de Trump.
Una jueza federal dictó este miércoles un fallo judicial preliminar que pone en pausa la aplicación de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los bebés de inmigrantes irregulares y extranjeros con visas temporales, informan medios locales.
Esta decisión judicial, que estará vigente a nivel nacional de forma indefinida mientras se considera el caso, puede significar que el decreto de Trump no entre en vigor el 19 de febrero como se tenía previsto.
Trump
La demanda fue interpuesta por grupos de derechos civiles que alegan que la orden de Trump viola la cláusula de ciudadanía de la 14.ª enmienda de la Constitución de EE.UU. La jueza federal de distrito Deborah Boardman presidió la audiencia judicial en Greenbelt (Maryland).
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de EE.UU. y del Estado en el que residen”, estipula la 14.ª enmienda.
Mientras tanto, la Casa Blanca sostiene que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª enmienda se malinterpreta y es explotada como un vacío legal por inmigrantes irregulares y visitantes extranjeros. Según la visión de la Administración Trump, los extranjeros que se encuentran en el país de forma temporal y los irregulares no están del todo bajo la jurisdicción de EE.UU., y como consecuencia sus hijos no deberían recibir la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Al leer su fallo, la jueza recordó un precedente de la Corte Suprema de EE.UU. que protege la ciudadanía por nacimiento y destacó que hasta ahora ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación de la Administración Trump de la 14.ª enmienda, por lo que su tribunal “no será el primero”.
“La ciudadanía es un derecho más precioso, otorgado expresamente por la 14.ª enmienda de la Constitución”
Juez Deborah Boardman
Asimismo, la jueza señaló que los demandantes “muy probablemente” tengan éxito en el caso, ya que la orden ejecutiva de Trump “entra en conflicto con el lenguaje claro de la 14.ª enmienda”.
Coughenour
Además de la demanda de Maryland, la orden de Trump está siendo impugnada en al menos cinco casos federales presentados por un total de 22 estados demócratas y varios grupos de derechos civiles. Asimismo, 18 fiscales generales republicanos anunciaron recientemente que se unían a una de las demandas federales presentadas contra el decreto de Trump en Nueva Hampshire.
El fallo de Boardman es el segundo en poner en pausa la orden ejecutiva de Trump. Previamente, el juez federal de distrito John Coughenour, en una audiencia celebrada el 23 de enero en Seattle, bloqueó la misma directiva presidencial a nivel nacional por un período de al menos 14 días. “Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dictaminó el magistrado.
El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, afirmó que merece el Premio Nobel de la Paz, aunque considera que “nunca” se lo otorgarán.
“Lo merezco, pero nunca me lo darán”, declaró Trump en la Casa Blanca durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La prensa surcoreana informó que Park Sun-won, del opositor Partido Democrático de Corea, había nominado a Trump al Nobel de la Paz por su papel en la facilitación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos durante la administración del expresidente Moon Jae-in.
El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, también se mostró dispuesto a respaldar la candidatura de Trump al galardón si este fuera un verdadero pacificador, pero le aconsejó no centrarse únicamente en “hacer felices” a los estadounidenses.
“Si es un pacificador, trabaje para que no haya guerras. Puede hacerlo. Porque los estadounidenses siempre han empezado estas guerras, o presionado para que haya guerras”, dijo Lukashenko, añadiendo que “EE.UU. se ha comportado muy mal últimamente”.
El mandatario estadounidense ya fue nominado en varias ocasiones para el Nobel de la Paz, pero no logró el galardón. Así, en septiembre de 2020 Trump fue nominado por Christian Tybring-Gjedde, miembro del Parlamento noruego, quien elogió los esfuerzos del político republicano para resolver conflictos prolongados en el mundo. Más tarde, ese mismo año, fue nominado por segunda vez por su papel en las negociaciones entre Serbia y Kosovo, cuyos líderes firmaron un acuerdo el 4 de septiembre para normalizar sus relaciones económicas.
En enero de 2024, recibió otra nominación de parte de la miembro republicana de la Cámara de Representantes, Claudia Tenney, que destacó su importante papel al negociar los Acuerdos de Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en 2020 con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas.
Javier Milei ordenó este miércoles la salida de su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, aseveró el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que realizó el anuncio.
También explicó que el presidente ya instruyó al canciller Gerardo Werthein para que concrete la renuncia a la OMS.
Werthein
“[La decisión] se sustenta en las profundas diferencias con respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad”, afirmó al referirse a la crisis del coronavirus que duró de 2020 a 2021.
Adorni agregó que las políticas de aislamiento social que Milei siempre criticó fueron posibles gracias a la falta de independencia política de algunos Estados, como considera que fue el caso de Argentina durante el último Gobierno peronista.
Además, aseguró que no habrá ningún impacto negativo en el país sudamericano porque no recibe recursos de la OMS para sus gestiones sanitarias. “Por lo tanto, esta medida no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios”, dijo.
La salida de la OMS, aseguró Adorni, permitirá una mayor flexibilidad para implementar políticas de salud acordes con el contexto e intereses que requiere Argentina, así como mayor disponibilidad de los recursos.
“Reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía en materia de salud. Lo dijo el presidente: las decisiones en Argentina la toman los argentinos”, señaló.
El vocero anticipó que también se está evaluando la salida de Argentina del Acuerdo de París, el tratado internacional sobre cambio climático, y de otros organismos internacionales.
“El presidente es muy tajante con respecto a hacer más libre la Argentina, así que toda vinculación que tenga con organismos que vayan en contra de las libertades, efectivamente vamos a hacer lo posible porque no interfieran en la vida de los argentinos”, señaló.
MileiTrump
De esta manera, Milei imitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ya anunció su salida del Acuerdo de París y de la OMS, lo que coloca a este organismo en una crisis de financiamiento.
Luego de la conferencia de Adorni, el Gobierno emitió un comunicado en el que amplió los argumentos para abandonar al organismo.
“La OMS (…) promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de Covid-19. Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y (…) podrían catalogarse como delitos de lesa humanidad”, afirmó.
También denunció que las recetas de la OMS no funcionan “porque son resultado de la influencia política”, no basadas en la ciencia.
“Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismo supranacionales, financiados por todos, que no cumplen los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros”, convocó.
El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, no sabe adónde han ido a parar los miles de millones de dólares asignados por Washington a Kiev. Según dijo en una entrevista publicada el domingo, Ucrania solo ha recibido de EE.UU. ayuda militar por unos 75.000-76.000 millones de dólares, mientras que algunos líderes del país norteamericano hablan de cifras mayores.
Trump
El mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció que Washington había gastado 200.000 millones de dólares más en asistencia militar a Ucrania que otros países de la OTAN. “Oigo, antes y ahora, que Estados Unidos ha dado a Ucrania cientos, 177.000 millones de dólares para ser exactos […] Yo les digo como presidente de un país en guerra: hemos recibido más de 75.000 millones de dólares”, declaró Zelenski. “Así que 100.000 millones de esos 177 o incluso 200, como dicen algunos, nunca los recibimos”, agregó.
“Son muchas ayudas, pero no son 200.000 millones, seamos sinceros”, aseveró, detallando que el país recibe la asistencia mencionada “no en dinero, sino en armas”. “Pero cuando dicen que Ucrania durante la guerra recibió 200.000 millones para apoyar al Ejército no es cierto. No sé dónde está todo ese dinero. Tal vez sea cierto en términos de cómo se ve en el papel”, sugirió.
BidenZelensky
Zelenski también comentó la reciente congelación de la ayuda por parte de Washington a través de los programas de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en el campo de la energía, la medicina y otros, afirmando que compensaría todo esto con los “recursos internos” del país.
El líder del régimen ucraniano detalló que el Estado recibió para estos programas unos 300-400 millones de dólares, “dinero no tan grande, pero importante”. “Y vamos a cerrar esto. Lo cerraré con los europeos o con recursos internos, es importante para mí”, aseveró, en un contexto de déficit presupuestario.
“Hay un gran número de otros programas de los que no sé nada […] Probablemente el presidente de Estados Unidos hará una auditoría y dirá que se asignaron otros miles de millones. Pero no sé adónde fueron a parar”, concluyó Zelenski.
Una serie de “errores” en las primeras semanas por parte de algunos de los colaboradores más cercanos de Donald Trump ha dado lugar a la creencia de que su plan para revocar las normas gubernamentales enfrentará más problemas de los que se esperaban anteriormente
Y esos problemas, hasta ahora, son autoinfligidos, según un escritor de artículos.
Heather Digby Parton
En su columna para Salon, la observadora política de larga data Heather Digby Parton examinó lo que ha sucedido en menos de dos semanas y preguntó: “¿Saben lo que están haciendo o simplemente están arrojando todo contra la pared para ver qué se pega?”
Un ejemplo de ello, señaló, fue la decisión del gobierno de Trump el lunes de que la Oficina de Administración y Presupuesto ordenara una “pausa temporal” en todas las subvenciones y préstamos del gobierno federal, lo que inmediatamente creó un caos que puso a los miembros de ambos partidos furiosos.
“Al día siguiente, los sitios web dejaron de funcionar y la gente de todo el país llamaba a sus representantes exigiendo saber qué estaba pasando. Se dice que los senadores “llegaron al techo”. “Y en lugar de simplemente decirle a todos que cierren la boca y afronten el problema, como han estado diciendo durante meses a cualquiera que cuestione sus odiosas políticas, la Casa Blanca dio marcha atrás”, escribió.
Fue entonces cuando la Casa Blanca de Trump cometió otro error, dijo.
Después de afirmar primero que el primer memorando no había sido “examinado” por los altos mandos de la administración, la recién nombrada secretaria de prensa Karoline Leavitt corrió a las redes sociales para anunciar: “Esto NO es una rescisión del congelamiento de la financiación federal. Es simplemente una rescisión del memorando de la OMB. ¿Por qué? Para acabar con cualquier confusión creada por la orden judicial. Las órdenes ejecutivas del presidente sobre la financiación federal siguen en pleno vigor y efecto, y se implementarán rigurosamente”.
Trump
“Fue un error garrafal, y uno de los más graves, teniendo en cuenta lo importante que es esta táctica de ‘confinación’ para los arquitectos del Proyecto 2025, que están ejecutando el programa para destruir la fuerza laboral federal”, escribió Parton antes de añadir que el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk, también hizo su parte para crearle problemas a la Casa Blanca con un “memorando de compra” muy criticado como parte de sus esfuerzos por deshacerse de los empleados del gobierno.
“Es posible que Trump le haya dado el visto bueno cuando salía a jugar otra ronda de golf una tarde, pero según el Post, ninguno de los altos funcionarios de la Casa Blanca ni el personal de carrera de la OPM lo sabían”, sugirió la columnista. “No creo que le importe mucho lo que hagan, pero tiene que recordar que todo se vuelve en su contra cuando cometen un error. Y están cometiendo un error grave”.
Con eso en mente, sugirió que se suponía que el segundo mandato de Trump estaría poblado por personas que tenían un plan definido para impulsar su agenda, y ese globo parece haber estallado.
“Resulta que son tan incompetentes como el hombre para el que trabajan”, acusó. “Pueden causar mucho daño simplemente tirando todo esto contra la pared, pero no son una máquina autoritaria, sistemática y bien engrasada. No estoy segura de que eso sea mejor, pero es bueno saber con qué nos enfrentamos”.
La representante republicana Anna Paulina Luna de Florida acaba de presentar un proyecto de ley que seguramente provocará un frenesí entre los demócratas. El martes, Luna anunció en la plataforma de redes sociales X que había presentado un proyecto de ley en el Congreso para añadir al presidente Donald Trump al Monte Rushmore. Luna comentó: “Sus notables logros para nuestro país y el éxito que seguirá ofreciendo merecen el mayor reconocimiento y honor en este emblemático monumento nacional”. Añadió con entusiasmo: “¡A tallar ya mismo!”.
TrumpLunaReagan
El sitio web de Luna publicó el siguiente comunicado de prensa: “Este proyecto de ley tiene como objetivo honrar al presidente Trump, el 45.º y 47.º presidente de los Estados Unidos, por su impacto transformador en Estados Unidos y la importancia histórica de su liderazgo. “La propuesta enfatiza los logros consecuentes alcanzados bajo el liderazgo del presidente Trump, incluido el crecimiento económico, la seguridad nacional y una política exterior que trajo la paz al mundo y puso a Estados Unidos en primer lugar”. Trump se uniría a los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln si se aprueba el proyecto de ley. Este no es el primer intento de agregar un presidente al Monte Rushmore. En 1999, el Congreso rechazó agregar al expresidente Ronald Reagan como una quinta cara. Todo esto parece estar bien en el papel, pero es poco probable que se materialice. Después de las difamaciones, la guerra legal y las comparaciones con Adolf Hitler, el berrinche que tendrían los demócratas si se agregara a Trump es casi inimaginable.
Dicho esto, el legado de Trump aún se está determinando, con otros cuatro añosmandato por cumplir. De los cuatro presidentes que estuvieron en el Monte Rushmore, el último en ocupar el cargo fue Roosevelt, que estuvo en el cargo entre 1901 y 1909. El proyecto comenzó en 1927, casi dos décadas después de que dejara el cargo. Trump sigue en el cargo y tiene mucho por hacer con la esperanza de salvar a nuestro país después de cuatro años desastrosos de la administración Biden. A menos de dos semanas de su nombramiento, el futuro parece prometedor para Trump si su impulso continúa, pero no nos adelantemos. El 47.º presidente debería terminar el trabajo que tiene entre manos antes de que las discusiones sobre su conmemoración lleguen a ninguna parte.
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump otorgó clemencia a todas las personas acusadas o condenadas por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, incluso a las condenadas por agredir violentamente a agentes de policía. Pero los indultos y conmutaciones de penas de Trump para las personas a las que ha llamado “patriotas” no borraron los extensos antecedentes penales de ciertos acusados ni cualquier otro cargo penal que pudieran estar enfrentando.
Si bien muchas personas no tenían antecedentes penales antes de cometer delitos el 6 de enero, se han identificado docenas de acusados con condenas previas o cargos pendientes por delitos que incluyen violación, abuso sexual de un menor, violencia doméstica, homicidio involuntario, producción de material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas.
Uno de esos acusados, Matthew Huttle, fue asesinado recientemente a tiros por la policía en Indiana durante una parada de tráfico pocos días después de recibir un indulto por su papel en el motín del Capitolio. En 2023, Huttle se declaró culpable de entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido el 6 de enero, y recibió una sentencia de seis meses de prisión. Huttle “tiene un historial criminal extenso que demuestra un patrón y una práctica de faltarle el respeto y desobedecer el estado de derecho, lo cual es consistente con sus acciones el 6 de enero de 2021”, dijeron los fiscales.
En un incidente, “Huttle azotó a su hijo de 3 años con tanta fuerza que le dejó moretones en todo el trasero y el cuello, y el niño tenía un dolor tan extremo en el trasero que no pudo sentarse correctamente durante una semana”, dijeron los fiscales. “Huttle fue sentenciado a 2,5 años de prisión”.
Los fiscales también señalaron arrestos repetidos por conducir bajo los efectos del alcohol. El abogado defensor de Huttle atribuyó sus antecedentes penales a un historial de “abuso extremo de alcohol”. Incluso después del 6 de enero, Huttle continuó acumulando cargos estatales en Indiana por delitos de conducción. Menos de una semana después de recibir el indulto de Trump, Huttle recibió un disparo mortal en un altercado con un ayudante del sheriff, según la Policía Estatal de Indiana.
Trump ha defendido su decisión de otorgar indultos y conmutaciones de penas a todos los acusados en relación con el violento ataque del 6 de enero, sugiriendo que evaluar todos los casos individualmente habría sido demasiado difícil.
“Sería muy, muy complicado ir a buscarlos; ¿sabe de cuántas personas estamos hablando? 1.500 personas”, dijo Trump a la prensa a principios de este mes.
También dijo que las sentencias de prisión para los acusados del 6 de enero eran excesivas.
“Estas personas han cumplido condena, horriblemente, durante mucho tiempo”, dijo en su entrevista con Fox News.
Los comentarios de Trump pasaron por alto el papel que tuvieron los antecedentes penales de los acusados del 6 de enero en la sentencia. Los jueces federales tienen en cuenta esos antecedentes penales al decidir la sentencia de un acusado penal.
Si Trump hubiera analizado los casos individuales, los extensos antecedentes penales de algunos de los acusados del 6 de enero podrían haber levantado algunas alarmas.
Los fiscales de Illinois acusaron a Theodore Middendorf de “agresión sexual depredadora y criminal a un menor”. Los fiscales dijeron en un expediente judicial que Middendorf “cometió un acto de penetración sexual”. Los registros del estado de Indiana indican que la víctima de Middendorf tenía 7 años.
Middendorf se declaró culpable en ese caso en mayo de 2024 y fue sentenciado a 19 años de prisión. Actualmente está registrado como delincuente sexual en el estado y permanece detenido por esos cargos.
Por otra parte, Middendorf se declaró culpable de destrucción de propiedad gubernamental por golpear una ventana del Capitolio de los Estados Unidos con un asta de bandera el 6 de enero. Todavía no había sido sentenciado por su papel en el motín del Capitolio cuando el Departamento de Justicia decidió desestimar su caso tras la orden de Trump.
Peter Schwartz tenía un “historial criminal asombroso de 38 condenas previas que se remontan a 1991” cuando agredió a agentes de policía con gas pimienta el 6 de enero, según los fiscales federales.
Cuando esos fiscales hicieron sus recomendaciones de sentencia al juez, describieron un caso de alteración del orden público de 1994 por arrojar un “cigarrillo encendido a una víctima” y golpearla “cerca de los ojos”; un caso de 2004 por agresión con un arma letal; un caso de 2019 por “amenazas terroristas” por amenazar a la policía mientras estaba detenido por agresión doméstica; y un caso de 2020 por agredir a su esposa “incluso mordiéndola en la frente y golpeándola varias veces”.
Schwartz
Teniendo en cuenta ese historial, los fiscales dijeron: “El único método confiable para proteger a la comunidad de Schwartz en el futuro es alejarlo de la comunidad durante el mayor tiempo posible”.
El juez federal Amit Mehta le dio a Schwartz una de las sentencias de prisión más duras derivadas del motín del Capitolio: más de 14 años.
Menos de cuatro años después del arresto de Schwartz, el indulto de Trump lo liberó de prisión.
Los casos penales no relacionados con el 6 de enero están en curso
Los indultos de Trump se aplican solo a las personas “condenadas por delitos relacionados con los eventos que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos o cerca de él el 6 de enero de 2021”.
Como resultado, algunos acusados del 6 de enero aún enfrentan cargos penales por otros presuntos incidentes.
David Daniel de Mint Hill, Carolina del Norte, está acusado de “Producción de pornografía infantil” y “Posesión de pornografía infantil”, que supuestamente “involucraron a un menor prepúber” y a un niño menor de 12 años.
“La previsión de pruebas del gobierno es convincente y sugiere que el acusado participó en actos sexuales con dos niñas de su propia familia”, escribió el magistrado David Keesler sobre el caso contra Daniel. “También se alega que tomó y conservó fotografías de los genitales de las víctimas. La madre de una de las víctimas (la ex esposa del acusado) compareció ante el tribunal para solicitar que el acusado no fuera liberado”. Debido a esos hallazgos, el juez Keesler ordenó que Daniel permaneciera detenido en espera de juicio. Daniel se declaró inocente de los cargos en Carolina del Norte y ese caso sigue pendiente.
Por otra parte, Daniel se declaró culpable de un cargo de agresión a agentes de policía el 6 de enero, pero aún no había sido sentenciado. El Departamento de Justicia de Trump desestimó ese caso.
No es el único acusado que enfrenta cargos penales en curso.
Los registros de la orden de arresto alegaban que Daniel Ball, de Florida, lanzó un “dispositivo explosivo que detonó sobre al menos 25 agentes” durante el motín del Capitolio y también empujó “con fuerza” a la policía que intentaba proteger el edificio. Según los documentos de acusación, Ball tenía antecedentes penales antes de su arresto el 6 de enero, incluidos los de “agresión por violencia doméstica mediante estrangulamiento”, “resistencia a la policía con violencia” y “agresión a un agente de la ley”.
Cuando los agentes federales arrestaron a Ball por los cargos del 6 de enero, descubrieron que también estaba en posesión de un arma y municiones, lo cual era ilegal dado su historial criminal, según los fiscales. Además de los cargos del 6 de enero, un gran jurado en Florida dictó una acusación separada contra Ball en agosto de 2024 por “posesión de un arma de fuego o municiones por un delincuente convicto”.
Ball se declaró inocente de sus cargos por disturbios en el Capitolio y el Departamento de Justicia, siguiendo la orden de Trump, desestimó su caso. Pero el indulto de Trump no resolvió su caso de armas. El 22 de enero, Ball fue arrestado nuevamente por los cargos de armas de Florida. Ese caso sigue pendiente y Ball se declaró inocente.
Andrew Taake, de Texas, se declaró culpable de agredir a agentes de policía con spray para osos y un “látigo de metal” el 6 de enero y fue sentenciado a seis años de prisión.
Daniel
También tenía un caso penal previo que sigue sin resolverse.
El fiscal de distrito del condado de Harris en Texas ha dicho que se busca a Taake por cargos de 2016 de solicitar a una menor en línea. “Ya estamos en el proceso de rastrear a Taake”, dijo el fiscal de distrito Sean Teare en una declaración compartida con NPR. Taake supuestamente envió mensajes sexualmente explícitos a alguien que él pensó que era una niña de 15 años, pero era, de hecho, un agente de la ley encubierto, alegaron los fiscales como parte de su caso del 6 de enero.
A continuación, se presentan algunos de los otros casos del 6 de enero en los que los acusados tenían antecedentes penales importantes antes de ser acusados por su papel en el motín. Todos recibieron indultos de Trump:
Estados Unidos contra Kasey Hopkins
Kasey Hopkins, “tiene un historial criminal extenso y preocupante”, que incluye una condena en 2002 por “violación forzada”, que resultó en una sentencia de siete años de prisión, según el memorando de sentencia de los fiscales para su caso del 6 de enero.
“El acusado tuvo relaciones sexuales a la fuerza con la víctima, la estranguló hasta el punto de perjudicar su visión, golpeó su cabeza contra una pared y orinó en la boca de la víctima para humillarla”, alegaron los fiscales en los argumentos sobre la sentencia. “Cuando la víctima intentó huir, desnuda, el acusado la alcanzó y la arrojó al suelo”.
Los fiscales alegaron que Hopkins también tenía otras condenas previas por “agresión a un agente de la ley”, “conducir un vehículo de motor sin licencia” y “posesión de una sustancia controlada”.
En 2022, Hopkins se declaró culpable de un cargo de “desfilar, manifestarse y hacer piquetes en un edificio del Capitolio” y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Los fiscales dijeron que antes del motín del 6 de enero, había hablado de la posibilidad de una “Guerra Civil” y había propuesto formar un grupo llamado “Orgullosos Delincuentes por Trump”.
Hopkins escribió una carta a la jueza Tanya Chutkan, que supervisó su caso del 6 de enero, señalando que “Señora, tiene mi historial y, para mi vergüenza, no es bueno”, escribió. “De hecho, no estoy seguro de que haya algún historial que sea ‘bueno'”. Dijo que la prisión lo había cambiado para mejor y expresó vergüenza y arrepentimiento por sus acciones del 6 de enero.
En 2004, Edward Richmond Jr. estaba sirviendo en el ejército de los EE. UU. cuando “fue condenado por homicidio involuntario después de dispararle a un pastor de vacas iraquí esposado en la cabeza con su rifle”, dijeron los fiscales en sus argumentos sobre la sentencia en el caso de Richmond del 6 de enero. Por la condena por homicidio involuntario, “Richmond fue sentenciado a tres años de confinamiento militar y dado de baja deshonrosamente”.
Los antecedentes penales de Richmond, según indican los documentos judiciales, también incluyen condenas por resistirse a los agentes y conducir bajo los efectos del alcohol, así como un arresto por abuso doméstico.
Por su papel en el ataque del 6 de enero, Richmond se declaró culpable de un cargo de “agredir, resistir o impedir el uso de un arma peligrosa por parte de determinados agentes”. Según una declaración de delito a la que Richmond accedió como parte de su declaración, el 6 de enero llevaba “equipo táctico” en el Capitolio, que incluía un casco, gafas protectoras y un chaleco de camuflaje. “Permaneció al frente de la turba que luchaba contra la policía durante casi dos horas”, decía la declaración, y golpeó a los agentes con una porra.
Richmond fue condenado a más de cuatro años de prisión en su caso del 6 de enero.
Estados Unidos contra Jonathan Gennaro Mellis
Jonathan Gennaro Mellis ya había sido condenado por un delito grave de tráfico de drogas (conspiración para fabricar o vender metanfetamina), lo que le valió una sentencia de 20 años de prisión, según documentos judiciales. Los fiscales dijeron que también tenía antecedentes de arrestos que no resultaron en una condena, incluso por agresión doméstica.
En 2023, Mellis se declaró culpable de “agredir, resistir o impedir el uso de un arma peligrosa por parte de ciertos agentes” y aceptó, como parte de su declaración, que utilizó un gran palo de madera para “golpear o apuñalar repetidamente” a agentes de policía el 6 de enero.
Estados Unidos contra Benjamin Martin
Benjamin Martin en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Benjamin Martin se declaró culpable de obstrucción a un funcionario público en 2003, un cargo de agresión en 2016 en el que golpeó repetidamente a su hija de 14 años y un cargo de agresión en 2018 en el que Martin estranguló a su novia y la arrastró de vuelta a la casa después de que ella intentara huir”, escribieron los fiscales.
Martin estaba “bajo supervisión” por su condena anterior cuando participó en el motín del 6 de enero, dijeron los fiscales.
Martin fue condenado en el juicio por múltiples cargos relacionados con el 6 de enero, incluidos “desorden civil” y “entrada y salida de la casa”. Permanecer en un edificio o terreno restringido”.
Debido a sus antecedentes penales, a Martin se le prohibió poseer armas. Cuando los agentes del FBI arrestaron a Martin en relación con su caso del 6 de enero, encontraron “ocho armas de fuego, incluido un rifle estilo AR-15, múltiples cargadores de alta capacidad para el AR-15 y más de 500 rondas de municiones”. Martin sostuvo que las armas de fuego pertenecían a su prometida y suegro. Fue juzgado por separado y condenado en California por “posesión de arma de fuego y municiones por parte de una persona con condena por un delito menor de violencia doméstica”, un delito grave.
Martin fue sentenciado a 13 meses de prisión por su caso del 6 de enero y a más de tres años de prisión por el caso de las armas. Después de que Trump indultara a Martin por su condena del 6 de enero, Martin posteriormente se entregó a las autoridades por la condena por armas, según informes de los medios locales.
Estados Unidos contra Edward Hemenway
Edward Hemenway “tiene antecedentes penales graves, que se remontan a 2004”, dijeron los fiscales en sus argumentos durante la sentencia en el caso del 6 de enero. En 2006, Hemenway se declaró culpable de “agresión sexual y confinamiento criminal” y fue sentenciado inicialmente a tres años de prisión. “Sin embargo, su libertad condicional fue revocada y fue sentenciado nuevamente a 5 años de prisión”, dijeron los fiscales.
En relación con el 6 de enero, Hemenway se declaró culpable de un cargo de “desfilar, manifestarse o hacer piquetes en un edificio del Capitolio”, después de que irrumpiera en el edificio del Capitolio de los EE. UU. mientras cantaba “¡Detengan el robo!” y “¡Nuestra casa!”. En un momento, dijeron los fiscales, se tomó una selfie dentro del Capitolio con el dedo medio levantado hacia la cámara y posó para otra foto mientras estaba de pie en un vehículo del gobierno que había sido invadido por los alborotadores.
El abogado defensor de Hemenway argumentó que éste había cambiado después de sus condenas anteriores. “Ha dejado atrás esa parte de su vida y ha creado una nueva”, escribió su abogado.
Hemenway recibió una sentencia de 45 días de prisión y 60 horas de servicio comunitario por sus acciones del 6 de enero.
El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, emitió el lunes un decreto en el que ordena “restaurar” la pena de muerte y pide al fiscal general del país garantizar el suministro de fármacos para las inyecciones letales en los estados en los que se aplica la pena capital.
La orden ejecutiva, compartida en la página oficial de la Casa Blanca, describe a la pena de muerte como una “herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses”.
Además, el texto recrimina la decisión del expresidente Joe Biden de conmutar las penas de 37 de 40 condenados a muerte, a los que Trump calificó como los “violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos”.
“Conmutó sus sentencias a pesar de que las leyes de nuestra nación siempre han protegido a las víctimas al aplicar la pena capital a actos bárbaros como los suyos”, afirmó, indicando que aquellos que se oponen al ajusticiamiento por considerarlo “inconstitucional” olvidan que la “Constitución reconoce explícitamente su legalidad”.
El presidente republicano también ordenó que se emplee la pena de muerte cada vez que sea “compatible con la ley aplicable”, así como cuando un delito capital federal sea cometido por un extranjero que resida ilegalmente en EE.UU. o si se produce el asesinato de un agente de la ley, independientemente de otros factores.
Adicionalmente, la orden exige que se evalúen las condiciones de reclusión de cada uno de los 37 criminales que recibieron cadena perpetua en lugar de la pena de muerte que esperaban. Trump enfatizó que se deben tomar las medidas necesarias “para garantizar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean”.
El presidente argentino Javier Milei insistió en que buscará firmar un tratado de libre comercio con EE.UU. este año.
El mandatario se pronunció durante una reunión que sostuvo con empresarios en el marco de la gira que realizó a Washington para asistir a la toma de posesión de Donald Trump.
El texto cita a “un hombre de negocios” que estuvo en el encuentro y que aseguró que Milei había ratificado su deseo de pactar un objetivo comercial con Washington.
A finales del año pasado, el mandatario reveló que pretendía signar acuerdo de esa naturaleza con EE.UU. Sin embargo, la principal “traba” para ese pacto está en el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque al que Argentina pertenece y que impide tratados de manera unilateral con socios externos.
Por ello, analistas internacionales han advertido que un acuerdo entre EE.UU. y Argentina implicaría la ruptura del Mercosur, afectaría las políticas proteccionistas de la Casa Blanca y también impactaría las economías de ambos países, por la falta de complementariedad.
Sin embargo, consideró que Milei se “ilusiona” en que el pacto comercial se concrete gracias a la “afinidad ideológica” que tiene con Trump, además de que confía en que el presidente estadounidense le ayudará a renegociar la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El artículo cita opiniones de los exembajadores argentinos en EE.UU., Jorge Argüello y Diego Guelar; y el analista internacional Patricio Giusto, sobre las dificultades que entrañaría un tratado con EE.UU, en principio porque contradice las políticas proteccionistas de Trump.
La oleada de órdenes ejecutivas planeadas por Trump está plagada de “abusos de poder peligrosos e ilegales” que no resistirán el más mínimo escrutinio legal, escribió el profesor de derecho de la Universidad George Mason Ilya Somin en un análisis mordaz para la revista libertaria Reason el lunes.
En particular, argumentó, los planes de Trump de atacar la inmigración de manera nuclear enfrentarán desafíos legales inmediatos que incluso sus propios jueces tendrán dificultades para defender bajo la Constitución.
Somin
Para empezar, escribió, los planes de Trump de dejar de reconocer la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes no autorizados.
“Esto es descaradamente inconstitucional”, escribió. “La Sección 1 de la Enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona ‘nacida… en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción'”.
Trump quiere argumentar que los inmigrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción estadounidense, pero esto es una tontería, señaló, de lo contrario, no tendrían que seguir las leyes estadounidenses y no podrían ser arrestados.
“Creo que es muy probable que los tribunales anulen esta acción, ya que el texto y el significado original son claros, los precedentes de larga data de la Corte Suprema apuntan en la misma dirección y existe un amplio (aunque no del todo universal) acuerdo interideológico sobre el tema entre los académicos legales”.
De manera similar, Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como base para una deportación masiva, como ha sugerido, continuó Somin, “porque no estamos en una ‘guerra declarada’ con ninguna nación extranjera, y tampoco hay ninguna ‘invasión o incursión depredadora perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por ninguna nación o gobierno extranjero'”.
Trump
Trump también planea declarar una emergencia nacional en la frontera sur.
“No hay una crisis repentina en la frontera en este momento. De hecho, las entradas ilegales han bajado a su nivel más bajo desde agosto de 2020, cuando la tasa era inusualmente baja debido a la pandemia de Covid. Lo que queda es un problema de política en curso, sobre el cual hay un desacuerdo de larga data”, escribió Somin. Dicho esto, añadió, Trump tiene más posibilidades de ganar en los tribunales, porque los jueces pueden simplemente dejar en manos del poder ejecutivo lo que constituye una emergencia.
Una de las ideas más alarmantes, concluyó, es el reiterado sueño de Trump de “recuperar” el Canal de Panamá.
“Tal vez fue un error que Estados Unidos transfiriera el Canal a Panamá en 1999”, escribió. “Pero lo hicimos, y no hay justificación moral o legal remotamente plausible para apoderarse de él ahora. Al igual que con los posibles ataques a México, envenenaría las relaciones con un aliado clave y dañaría la posición internacional de Estados Unidos sin ninguna buena razón”.
La Justicia de Brasil negó el pedido hecho por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien está siendo investigado por diversos hechos en el gigante suramericano, para viajar a EE.UU., donde tenía la intención de asistir a la investidura de Donald Trump, prevista para el próximo lunes.
Este jueves, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), rechazó la solicitud de devolución del pasaporte del exmandatario, hecha por su defensa, para poder realizar el viaje.
Esta es la cuarta ocasión en la que la máxima corte niega la devolución del documento a Bolsonaro, que le fue retenido en febrero de 2024. El exmandatario tiene prohibido salir de su país por estar inmerso en una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado, trama con la que se buscaba impedir la investidura del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero de 2023.
En la reciente resolución, se señala que “no hay duda” de que desde la decisión unánime del primer panel del STF (de retener el pasaporte), “no ha habido ningún cambio fáctico que justifique la revocación de la medida cautelar”.
En la decisión, además, se menciona que el exmandatario continúa dando señales de intentar huir de Brasil “para evitar la aplicación de la ley penal”. El STF recuerda que, poco después de ser acusado, Bolsonaro consideró, en una entrevista con un periódico, salir del país y pedir asilo político en otra nación.
La semana pasada, el exgobernante aseguró ser uno de los convidados de Trump para su toma de posesión. Al respecto, comentó que era “un gran honor”, haber recibido la invitación.
Entonces, dijo que solicitó a la Justicia autorización para hacer el viaje y que su abogado, Paulo Bueno, envió una petición a Moraes para que le devolviera provisionalmente el pasaporte y así poder asistir a este “honorable e importante evento histórico”.
La idea de adquirir Groenlandia ha sido un tema recurrente en la carrera política de Donald Trump, lo que refleja su interés en expandir el territorio y la influencia de Estados Unidos. Esta idea ganó atención generalizada por primera vez en 2019 durante la presidencia de Trump, cuando expresó públicamente su interés en comprar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. La propuesta fue recibida con escepticismo y diversión por muchos, pero también puso de relieve consideraciones estratégicas y económicas que desde hace mucho tiempo se han asociado con la región del Ártico.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, es rica en recursos naturales, incluidos petróleo, gas natural y tierras raras. Su ubicación estratégica entre América del Norte y Europa la convierte en un activo valioso para fines militares y económicos. Estados Unidos ya mantiene una importante presencia militar en Groenlandia, en particular en la base aérea de Thule, que es crucial para la defensa antimisiles y la vigilancia espacial. El interés de Trump en Groenlandia estuvo impulsado en parte por estas consideraciones estratégicas, así como por el potencial de desarrollo económico en la región.
En 2025, cuando Trump se preparaba para asumir un segundo mandato, resurgieron sus ambiciones con respecto a Groenlandia. Subrayó la importancia de Groenlandia por razones económicas y de seguridad nacional, y sugirió que la adquisición del territorio beneficiaría tanto a Estados Unidos como a los residentes de Groenlandia. Trump argumentó que los recursos de Groenlandia y su ubicación estratégica podrían mejorar la seguridad y los intereses económicos de Estados Unidos, en particular frente a la creciente competencia de China y Rusia en el Ártico.
La propuesta de Trump de adquirir Groenlandia no estuvo exenta de controversias. Dinamarca, que ha controlado Groenlandia durante siglos, rechazó firmemente la idea de vender el territorio. El gobierno de Groenlandia, que tiene una autonomía significativa, también expresó su oposición a la propuesta. La noción de utilizar la presión económica o militar para adquirir Groenlandia generó inquietud entre los aliados europeos sobre la inviolabilidad de las fronteras y el potencial de un aumento de las tensiones geopolíticas.
A pesar de los desafíos, el interés de Trump en Groenlandia refleja tendencias más amplias en la geopolítica global. La región del Ártico está adquiriendo cada vez más importancia debido al cambio climático, que está abriendo nuevas rutas de navegación y acceso a recursos previamente sin explotar. A medida que las naciones compiten por la influencia en el Ártico, es probable que la importancia estratégica de Groenlandia aumente. La propuesta de Trump, si bien es controvertida, subraya la importancia permanente de la expansión territorial y la adquisición de recursos en las relaciones internacionales6.
En conclusión, el interés de Trump en adquirir Groenlandia es una cuestión compleja que entrelaza consideraciones estratégicas, económicas y geopolíticas. Si bien la propuesta ha enfrentado una oposición significativa, pone de relieve la dinámica cambiante de la geopolítica del Ártico y la competencia en curso por la influencia y los recursos en la región. Independientemente de que Groenlandia se convierta o no en parte de los Estados Unidos, su importancia en el escenario mundial es innegable y seguirá siendo un punto focal en las relaciones internacionales en los próximos años.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se ha comprometido a desmantelar el “Estado profundo” como parte de las amplias reformas que se promulgarán en el 2025 durante el primer año de mandato de Donald Trump.
Johnson, que fue reelegido el pasado viernes, declaró que los republicanos están preparados para actuar con rapidez en su agenda en el nuevo Congreso. “Hemos hecho muchas promesas de campaña. Y vamos a ir desmantelando el Estado profundo a lo largo del camino”, afirmó.
Mike Johnson
En este contexto, Johnson asegura que un elemento central del plan republicano para “reactivar” la economía es “evitar la mayor subida de impuestos de la historia de Estados Unidos”, advirtiendo que podría producirse automáticamente a finales del próximo año si el Congreso no se prepara.
Para ello, prometió prorrogar los recortes fiscales de Trump del 2017, cuyas disposiciones clave expiran a finales de este año, y cumplir las promesas de campaña, como eliminar los impuestos sobre las propinas y la Seguridad Social, al tiempo que se eleva el tope de la deducción fiscal estatal y local.
“Vamos a incentivar a las empresas estadounidenses para que vuelvan a fabricar en Estados Unidos, y vamos a asegurarnos de que se reduzca y elimine la carga reguladora y la burocracia que ha asfixiado nuestro libre mercado”, indicó. “Vamos a desmantelar el Estado profundo a lo largo del camino y vamos a restaurar el dominio energético estadounidense”, agregó.
Previamente, Trump, anunció que brinda todo su apoyo al legislador republicano. “El pueblo estadounidense necesita un alivio inmediato de todas las políticas destructivas de la última administración. El presidente [de la Cámara Baja del Congreso] Mike Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso. Hará lo correcto y seguiremos ganando. Mike tiene mi completo y total apoyo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
(Fuente del mapa: Limes, Italia. En gris, área de fuerte volatilidad y probabilidad de conflicto)
A fines de 2024, el nuevo mandatario de los Estados Unidos volvió a poner a Panamá en el centro de la tormenta. La metáfora no es exagerada. Cruce de importantes flujos transnacionales y compuerta inédita entre dos océanos, Panamá es hoy uno de los puntos de contacto entre las dos principales potencias del momento y entre dos eras geopolíticas. Desde 1999, el istmo no es más el protectorado de otrora, controlado unilateralmente por los Estados Unidos. No es tampoco una nación totalmente soberana, teniendo sus márgenes de maniobra definitivamente asegurados. Es hoy un lugar de altísima interdependencia, donde se libra la confrontación híbrida entre los dos bloques geopolíticos del momento en el marco de una nueva Guerra fría.
El destino manifiesto de Panamá
Algunas naciones tienen un destino manifiesto. Panamá es una de ellas. El auge del transporte marítimo en las cuatro últimas décadas, su geografía interoceánica y su proximidad con los Estados Unidos hicieron de ella un lugar triplemente neurálgico. Su infraestructura marítima conecta a 160 países y 1700 puertos a nivel global. Permite el tránsito de alrededor de 6% del comercio marítimo global y 70% del comercio estadounidense. A la vez nodo aéreo, marítimo, financiero y migratorio, la economía panameña se desarrolló en gran parte sobre esta predisposición a operar dentro de los flujos transnacionales, inevitablemente también en el campo de la economía ilícita.
El país se hizo cargo de este destino en 1999, luego de los acuerdos de transferencia Carter-Torrijos firmados en 1977. La “renta estratégica” conseguida a partir de esta colosal herencia le permitió gozar de un modelo de crecimiento destacado en la región, posicionándose en los diez primeros países (en términos de PBIper capita).
No quita que esta prosperidad está asentada sobre un arcaísmo político-institucional. La cultura política responde a un perfil sociológico bastante característico del “enclave” territorial. El ejercicio del poder se suele concebir como un privilegio reservado a una minoría selectiva, llegando así a distorsionar las reglas básicas del estado de derecho y amputar el dinamismo local.
La reforma del Contrato Minero -en octubre 2023- puso este contraste en superficie. Mientras el poder legislativo ratificaba un marco minero confuso y discrecional, la ciudadanía se movilizaba masivamente para denunciar a la vez el contenido del proyecto y la captura abusiva del poder.
La matriz conflictiva de China
La trama conflictiva que envuelve el istmo panameño no es fácil de radiografiar. Lo es porque tanto Estados Unidos como China han desarrollado culturas de combate sistémicas, extendidas y sigilosas, que trabajan en la permanencia de una lógica dual, a la vez visible e invisible, realizadas en múltiples campos. Se enmarca dentro de una guerra de “quinta generación” o de una “guerra sin límites” para retomar el léxico chino asentado en la doctrina de Unrestricted Warfare (1991).
Según las propias palabras del Partido Comunista chino -expresadas en mayo 2019– esta ofensiva contra los Estados Unidos es “total”, es decir justamente “sin límites” entre los dominios de confrontación. La llegada a un nuevo umbral de confrontación, observable en varias áreas y puntos del planeta, diseña ahora un escenario de Guerra fría más nítido, dicho de otra manera una guerra total y multidominio, librada en tiempo de paz.
El relativo silencio de la dirigencia y de la comunidad estratégico contribuye a esta falta de mapeo. Además, como lo resaltaba Mike Studeman, almirante retirado de la Marina estadounidense, Washington ha resignado voluntariamente a comunicar sobre esta conflictividad, perdiendo así terreno en una confrontación que envuelve muy fuertemente la dimensión psicológica e informacional.
En esencia, China teje por un lado una trama diplomática, económica y cultural que permea a la sociedad panameña y la envuelve en dependencias.
Pekín ya está presente en la infraestructura del canal bioceánico con el grupo Hutchison Holdings, con vínculos demostrados con la inteligencia y el Partido comunista Chino. Junto con un puñado de otros grupos, el grupo Hutchison es un vector de conquista de los nodos logísticos a nivel global. Opera desde el año 1996 en Panamá en los dos principales puertos del canal. No sólo controla los dos puertos extremos, sino también las áreas aledañas que estaban bajo supervisión de Washington, inclusive las antiguas bases militares Rodman y Albrook Air Force Base. Pese a llegar en cuarto lugar en la licitación, el contrato fue arreglado para un periodo de 25 años -con reconducción automática- mediante el método conocido de soborno.
Su presencia como operador le permite determinar ciertas reglas de control -o no control- de las naves, encubrir actividades de inteligencia y eventualmente cerrar el acceso en caso de conflicto bélico con los Estados Unidos. En 1991 el mismo grupo había sido vetado por las autoridades filipinas ante la posibilidad de operar el puerto de Subic Bay en el mismo país.
Esta implantación logística de larga data en Panamá va de la mano con otros elementos. La comunidad china en Panamá ya es la más importante de América Central, contando con 200.000 ciudadanos. Los niveles de inversión en infraestructura no han parado de aumentar desde 2010, con presencia creciente en otros puertos atlánticos y pacíficos a nivel regional. La megaobra del cuarto puente vial pasando arriba del canal de Panamá ha sido ganada por operadores chinos.
La inversión logística está dirigida también a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil, Salvador, Argentina, modificando así el paisaje de la logística marítima. El último ejemplo es el mega puerto de Chancay, recién lanzado en Perú, cuya operación queda bajo órbita china. Ante semejante evolución, un general hondureño declaraba al respecto: “China no conquista el mundo. China se vuelve el mundo”).
Estos avances fueron acompañados de la afirmación de nuevas líneas rojas dirigidas a Washington de parte de la diplomacia china. Estas “líneas rojas” forman parte del escudo informacional mediante el cual China puede ocupar el terreno con el consentimiento de los actores locales y blanquear su finalidad conflictiva. Pivotea en cinco aspectos tácticos:
legitimar la acción de China -valorización del derecho al desarrollo y defensa a la soberanía de los países iberoamericanos-
enfatizar las ventajas de cooperación con ella,
limitar las reticencias locales y externas,
incentivar las divergencias en el campo opuesto,
neutralizar las reacciones y las maniobras.
Estos elementos han sido rápidamente visibles luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la “reconquista” del canal de Panamá a fines de 2024. Resultan de una acción íntimamente coordinada entre los ámbitos gubernamentales, los medios de comunicación y la influencia local -mediante repetidores-.
En paralelo y de modo más encubierto, Pekín instrumentaliza el narcotráfico y las migraciones para librar una ofensiva directa a los Estados Unidos. Fomenta la distribución de precursores de fentanilo por las vías logísticas abiertas hasta la sociedad norteamericana. Lo mismo ocurre con los flujos migratorios. El territorio oriental del Darien Gap, fronterizo con Colombia, forma una plataforma de acogimiento de migrantes de los cinco continentes (alrededor de 150 nacionalidades censadas). Está sostenido por las agencias internacionales -OIM, AHNUR, CRUZ ROJA, ONU- y los Estados Unidos.
Algunos observadores estiman el flujo de ingreso hacia el norte entre 4.000 y 10.000 migrantes por día. Se observa una cantidad importante de ciudadanos chinos. Este flujo migratorio se ha naturalmente convertido en una preocupación securitaria para los panameños. El nuevo presidente electo en julio 2024 prometió reducir el flujo de tránsito. Tomó medidas todavía tímidas al respecto. El flujo, articulado entre varios países donde la influencia china pesa estructuralmente -Venezuela, Colombia, Brasil, México-, sigue todavía muy activo.
Por lo tanto Pekín no trabaja solamente para un objetivo ganador-ganador, como lo pretenden varios actores atrapados en su influencia. No implementa solamente una política de conquista económica en pos de competir con su rival occidental. Al igual que los Estados Unidos su cultura de combate pivotea sobre un principio de dualidad y de desborde. Su involucramiento en el campo estratégico de las percepciones es imprescindible para asentar la legitimidad de su potencia -derecho al desarrollo, comunidad de destino, cooperación win-win, defensa de la soberanía panameña, etc.-, mientras construye dependencias económicas apuntado a construir nuevas formas de dominación geopolítica y librar simultáneamente una ofensiva a los Estados Unidos.
La estrategia de desborde consiste en no confrontar frontalmente a sus adversarios, sino de modo indirecto, tomando posiciones en terrenos donde no pueden -o no quieren- estar Washington y los países iberoamericanos.
Esta caracterización no desacredita la cooperación con Pekín. De hecho no es posible hoy desacoplarse de China. No obstante, la naturaleza de esta realidad conflictiva implica un giro copernicano en cuanto al modo de enmarcar esta cooperación y organizar la sociedad para tal fin. Ya colocó a Panamá en un tejido creciente de dependencias y de renta política de la que una fracción de las élites extraen de su influencia. Hace de Panamá copartícipe de su diseño conflictivo, arrastrándolo hacia una zona de exposición mayor en el marco de la confrontación global que mencionamos. Otros países en Asia y África muestran ejemplos de ello.
Estados Unidos.
¿Es posible que los Estados Unidos no hayan podido prevenir y contener un desborde de esa índole en su hemisferio desde la visión monroista o de otro referencial de seguridad hemisférica? Cualquier potencia, consciente de este despliegue multidominio y de las vulnerabilidades de los países suramericanos, hubiese emprendido una acción defensiva u ofensiva frente a tal riesgo sistémico. Por cierto, esta estrategia tuvo algunas manifestaciones. La intervención militar en Panamá en 1989 demostró un límite no transable respecto al manejo del pase bioceánico. Panamá tuvo que seguir siendo socio de Washington en los temas principales de la agenda internacional.
Pero una visión más amplia obliga a comprobar que esta agenda ha sido a la vez parcial, subejecutada e inclusive funcional a su rival chino. Por un lado Washington ha ejercido un cerco comercial hacia Panamá, característico de su modelo de hegemonía. El Tratado de Promoción Comercial pactado en los años ´80 trajo resultados desfavorables para el istmo. El libre comercio ha sido el paraguas informal, detrás del cual Washington estableció una correlación de fuerza ventajosa en términos comerciales. Los panameños encontraron una relación económica más fluida con Pekín para valorizar su sector agrícola y manufacturero, que sostiene un tercio de la fuerza laboral del país.
Panamá no tuvo otra solución que abrirse a los flujos globales y a China para conseguir otros ingredientes de prosperidad. En 2017 dio vuelta su postura respecto a Taiwán, junto a otros países sureños, a pedido de China. El mismo año, fue el primero a nivel regional en sumarse al proyecto de Ruta de la Seda (BRI). Mientras el distanciamiento de Washington se afirmó a fines de los años ´90, su economía orientó gradualmente sus exportaciones hacia Asia.
Por otro lado Washington trabajó para inducir esta evolución, a punto de jugar en contra de sus propios intereses. Tal paradoja encuentra su explicación en la fractura interna que se abrió en el mundo angloamericano. Ésta se exportó hacia Panamá y al conjunto de la región. Es una línea divisoria más honda que un mero quiebre partidario entre demócratas y conservadores o neoliberales y proteccionistas. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la “cuarta guerra de independencia” que Washington libra desde hace décadas para extirparse de la influencia “umbilical” del Reino Unido.
Volviendo hacia atrás, Londres trabajó desde el siglo XVIII para mantener un imperio “informal” con las Américas. Luego de haber debilitado al imperio hispánico, fracasó su intento de unificación angloamericana. Pasados los tres conflictos intra-anglosajones, parte de su gran estrategia ha sido evitar que los Estados Unidos sean una potencia excesivamente unipolar. En paralelo, Londres ayudaba a la revolución rusa y francesa, en pos de debilitar las potencias monárquicas de aquel tiempo. Abonó a la “Primera Guerra Fría” en pos de diseñar un orden global más orientado a un equilibrio de potencias, compatible con sus intereses. Después de la Segunda Guerra mundial, empujó el crecimiento de China parar formar un contrapeso global a los Estados Unidos.
En esta perspectiva, el genio estratégico inglés consistió en lograr instalar una ideología “globalista” en las élites occidentales. Esta ideología colectivista y autoritariahíbridó la ideología comunista con la del capitalismo y del estatismo. Su matriz de combate es amplia. Recure a todos los recursos de una guerra de “quinta generación”. Si bien es desconocida por el público en general, esta ideología se beneficia de un estatuto hegemónico. Fue propagada muy eficazmente en las élites americanas para encarnarse particularmente en figuras tales como Wilson, Kissinger, Carter, Brzezinski, Soros, Obama, Clinton, Bush, Biden y muchos otros. Fueron generaciones de dirigentes envueltos en este horizonte cognitivo cuya finalidad apuntaba a debilitar a la esfera estadounidense y concentrar los medios para ejercer un dominium postnacional. Richard Poe y el joven Sean Stone son dos historiadores norteamericanos contemporáneos que más han penetrado en la fábrica de esta corriente.
Luego de décadas de presencia en los Estados Unidos, Donald Trump rompe con esta corriente ideológica, primero en el 2016. Es un hecho mayor, no percibido como tal. Parte de su nueva administración va a seguir inevitablemente relacionada con esta corriente. China ha entendido este movimiento desde sus inicios en la medida en que fue directamente beneficiada desde el giro operado por Deng Xiaoping en 1979 y la normalización llevada adelante por Henry Kissinger. Lo usó naturalmente a su favor, al igual que otras potencias del tablero internacional que contestan el orden occidental.
Las consecuencias directas de estos periodos bajo órbita “globalista” han sido varias. Se subejecutó la agenda de Washington respecto a su seguridad hemisférica, en el marco de la tradición monroista. Contribuyó además a la erosión de la sociedad hispanoamericana y norteamericana, mediante el apoyo sigiloso a la lucha armada castrista, al marxismo cultural, a las migraciones irregulares, al narcotráfico y a regímenes políticos adversos, así como también el ingreso de Rusia y China en el hemisferio. Hoy en Panamá, las agencias internacionales -OIM, ONU, HIRAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL- y Washington y Pekín apoyan la acción de desestabilización mediante el flujo migratorio en Panamá y otros países.
Uno de los primeros gestos fue justamente el acto de transferencia del canal a Panamá a partir de 1977 por iniciativa de Jimmy Carter, en condiciones que iban a garantizar una dispersión estratégica. La mayor presencia de actores chinos en la infraestructura del canal de Panamá y más ampliamente en la economía de América Central se vincula con esta retirada no declaradapero ejecutada. Inevitablemente las élites panameñas han sido influenciadas por esta corriente. La muestra de esto es que, en vez de asistir a la asunción de Donald Trump en enero 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino participará en la máxima reunión del círculo globalista, el Foro económico mundial de Davos.
La provocación retórica de Donald Trump recubre entonces este espesor histórico. Tiene que ver con la intención, por ahora confusamente enunciada, de recuperar un área de influencia dañada. Los compromisos respectivos, firmados en el Tratado entre Panamá y Washington, dan un puntapié al nuevo mandatario para ingresar en una agenda estratégica más amplia. Se abre hoy una ventana de oportunidad primero para deconstruir los posicionamientos diplomáticos consolidados. Se abre eventualmente la posibilidad de colocar de nuevo a Panamá como protagonista de la reparación de la brecha de seguridad hemisférica.
Panamá
Entre herencia “incestuosa” del intervencionismo estadounidense y el desafío de edificar una cultura nacional, las élites panameñas parecen todavía estar lejos de estas circunstancias. A riesgo de ser demasiado caricatural, aprovecharon los privilegios que les fueron ofrecidos -respectivamente- por cada potencia en su momento. El pase del Canal a manos de Panamá -en 1978- alimentó una lógica de “corporatocracia” que vive en cierta medida de la gestión discrecional y depredadora del país, en detrimento de la agenda nacional y de la seguridad hemisférica. Desde hace dos décadas, las abundantes inversiones chinas cumplen un rol de seducción similar.
No impidió al país liderar los rankings de crecimientos durante algunos años, junto con Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero esta situación ha cambiado. La ciudadanía pujante ha demostrado entre los años 2022 y 2024 que le costaba más aceptar los planteos de una élite política privilegiada. La infraestructura del canal bioceánico acusa un desgaste relativo. Como expresión de la ideología mencionada más arriba, el episodio de sequía relativa del año 2023 fue utilizado por las autoridades políticas para disimular un desmanejo del recurso hídrico del canal. Como se suele practicar ahora -en varios ámbitos- el argumento del cambio climático dio puntapié para ocultar un problema de gestión. En el fondo, los problemas hídricos no han sido enfrentados correctamente por las autoridades del canal. La corrupción y ante todo el crony capitalism panameño -es decir la cartelización de su economía- en íntima asociación con la esfera política, sintetiza una tendencia ya conocida a nivel regional.
Los Estados Unidos y China, especialmente, aprovecharon este arcaísmo institucional para avanzar sus intereses. A mayor debilidad institucional, mayor capacidad de influencia y coerción. Estos factores contribuyen directamente a bajar la competitividad económica del canal, en un mundo más conflictivo. Con el apoyo de China, países como México, Nicaragua, Perú y Colombia han anunciado nuevas infraestructuras que pretenden competir con el paso bioceánico. Falta todavía mucho para eso. Panamá sigue siendo una compuerta central. Pero un nuevo paisaje logístico va tomando forma como lo mencionamos más arriba.
Panamá tiene hoy tres principales adversarios: China, los Estados Unidos y él mismo. El futuro del Canal de Panamá depende en gran parte de una capacidad genuina para efectuar un aggiornamento interno. Es decir cambiar sus estructuras político-institucionales y sus modos de entender las fuerzas que diseñan la realidad. Sin esta actualización genuina en el contexto actual, Panamá tendrá toda la suerte de seguir en un estado estacionario o en degradación, caminando hacia un foco abierto de conflicto. Más allá de nuevas inversiones y de los “planes de modernización” anunciados en la superficie, se trata de liberar los motores de generación de riqueza con un marco institucional más abierto, ordenado y transparente.
En el fondo, se trata de enfrentar a dos potencias que introdujeron brechas en el equilibrio hemisférico y en la sociedad panameña. En esta perspectiva, la participación de la comunidad estratégica, del sector privado y de la sociedad civil es central para modificar el status quo. La sociedad panameña es más polarizada. Expresa un resentimiento legítimo hacia Washington y en parte hacia su sistema político. Sin embargo, su estado de movilización en favor de una mayor estabilidad y modernización es un punto de apoyo. Puede contribuir a actualizar el marco de comprensión de la conflictividad panameña incidir en su percepción, modificar la correlación de fuerzas y buscar aliados internacionales.
Nos guste o no, Panamá es hoy un centro de gravedad que vincula a la región con el escenario de Guerra fría 2.0 que se afirma a nivel global. Es una zona de interés regional que debe ser analizada con precisión y profundidad.
* Dunia investiga esta nueva matriz conflictiva. Acompaña instituciones y actores civiles y privados en:
el mapeo de los riesgos geopolíticos y geoeconómicos.
el armado de prospectivas y escenarios y
las estrategias de combate económico e informacional.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha advertido que, en caso de que el mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, lleve a cabo una deportación masiva de hondureños, la base militar estadounidense ubicada en el país centroamericano podría ser retirada, informan medios locales.
“Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con EE.UU., especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”, afirmó.
Castro
Asimismo, la mandataria señaló que espera que la Administración Trump “sea abierta al diálogo constructivo y amistoso” y “no tome represalias innecesarias” contra los migrantes hondureños, que son un “gran aporte” para la economía de la nación norteamericana.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se encuentra en la Base Aérea Soto Cano, en Comayagua, y ha estado en funcionamiento desde 1982. Esta unidad está compuesta por más de 500 soldados estadounidenses y alrededor de 500 civiles de Honduras y Estados Unidos.
Según datos de Honduras, más de un millón de hondureños, tanto aquellos con estatus legal como los que no lo tienen, residen en EE.UU., y hay 280.000 compatriotas en proceso de deportación.
Las remesas que envían los hondureños residentes en el exterior constituyen aproximadamente el 25 % del producto interno bruto del país centroamericano. El 90 % de estas remesas provienen de EE.UU. y se han convertido en una de las principales fuentes de apoyo para numerosas familias.
Trump y Milei sostuvieron una reunión
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El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, se reunió ayer sábado con su homólogo argentino, Javier Milei, en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), según lo comunicaron ambas administraciones en sus respectivas redes sociales.
Los mandatarios hablaron sobre las “revolucionarias reformas económicas” implementadas por el mandatario argentino y la manera en que ambos países “puedan trabajar más juntos”, escribió la cuenta de la Casa Blanca en X. “El presidente Trump también invitó al presidente Milei a visitar la Casa Blanca en los próximos meses”, se agrega.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 23, 2025
Malditas criptomonedas
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Justo antes de su investidura, se lanzó la moneda meme $Trump del presidente Donald Trump, lo que resultó en importantes ganancias financieras para los primeros inversores, pero pérdidas sustanciales para muchos otros. Según Chainalysis, más de 800.000 compradores sufrieron pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares. Si bien no hay evidencia de manipulación de precios por parte de Trump o sus asociados, se han planteado inquietudes con respecto a un posible uso de información privilegiada y las acciones de los primeros inversores.
El ex asesor de criptomonedas Corey Frayer dijo: “El presidente está participando en esquemas criptográficos turbios que perjudican a los inversores y, al mismo tiempo, nombra reguladores financieros que reducirán las protecciones para las víctimas y que pueden aislarlo a él y a su familia de la aplicación de la ley”. El 23 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva sobre activos digitales, ordenando a las agencias federales evaluar políticas favorables a las criptomonedas y prohibiendo los esfuerzos para desarrollar una moneda digital del banco central estadounidense (CBDC). La orden rescindió las políticas de activos digitales de la administración anterior y pidió una revisión de las regulaciones existentes.
El senador Tim Scott (republicano por Carolina del Sur), el senador Bill Hagerty (republicano por Tennessee), la senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming) y la senadora Kirsten Gillibrand (demócrata por Nueva York) han respaldado la Ley de Guía y Establecimiento de Innovación Nacional para las Monedas Establecidas de Estados Unidos (GENIUS, por sus siglas en inglés). La legislación tiene como objetivo establecer marcos regulatorios para las monedas estables, abordando las preocupaciones sobre su posible uso en actividades ilícitas.
El nombramiento de Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por parte de Trump ha indicado un cambio hacia un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas. Atkins ha iniciado reformas destinadas a aclarar la clasificación de los activos digitales y establecer pautas más claras para la industria. La administración está explorando la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, una iniciativa apoyada por la senadora Cynthia Lummis. La propuesta tiene como objetivo evaluar el potencial de Bitcoin como activo de reserva para protegerse contra la inflación y fortalecer la posición del dólar estadounidense a nivel mundial.
Se han recibido acusaciones de juego sucio relacionadas con las empresas de criptomonedas de Donald Trump. Un congresista estadounidense ha pedido una investigación ética sobre los proyectos de criptomonedas de Trump, centrándose específicamente en posibles conflictos de intereses y ganancias financieras. Las preocupaciones se centran en la participación de Trump con World Liberty Financial (WLFI) y el token TRUMP, una moneda meme vinculada a su marca política. Las acusaciones sugieren que Trump podría estar aprovechando su cargo público para generar ganancias personales a partir de estas empresas de criptomonedas. Se ha iniciado una investigación de terceros para revisar estas acusaciones y garantizar la transparencia.
Al mismo tiempo, el presidente argentino Javier Milei se enfrenta actualmente a un gran escándalo relacionado con una criptomoneda llamada $LIBRA. Milei promocionó la criptomoneda en las redes sociales, afirmando que ayudaría a financiar pequeñas empresas y nuevas empresas. Sin embargo, el valor de $LIBRA se disparó y luego se desplomó en cuestión de horas, lo que llevó a acusaciones de “rug pull”, un esquema en el que los promotores inflan el precio de una criptomoneda y luego venden sus tenencias, lo que hace que el precio se desplome y deje a los inversores con pérdidas.
Milei ha sido acusado de promover la criptomoneda sin comprender completamente sus implicaciones, y hay investigaciones en curso sobre posible fraude y conflictos de intereses. El escándalo ha dado lugar a pedidos de destitución y ha afectado significativamente sus índices de aprobación.
Hubo un incidente durante la entrevista del presidente Javier Milei con el periodista Jonatan Viale donde el asesor de Milei, Santiago Caputo, interrumpió la entrevista fuera de cámara. Esta interrupción fue para advertir a Milei sobre posibles problemas legales relacionados con sus comentarios sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
La versión sin editar de la entrevista se filtró en Internet y muestra a Caputo susurrándole algo al oído a Milei y a Viale cambiando la línea de preguntas. Esto ha provocado importantes críticas y controversias, y muchos cuestionan la transparencia e integridad del proceso de entrevistas.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 20, 2025
Experto califica el daño masivo que Trump infligió en sus primeros días
PrisioneroEnArgentina.com
La estrategia para detener las infinitas ordenes ejecutivas de Trump
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David Coale dijo que los jueces sepultados bajo múltiples órdenes judiciales que desafían una avalancha de acciones ejecutivas legalmente dudosas podrían adoptar una táctica que suele estar reservada a quienes pierden el tiempo en extremo.
Se ocuparía, dijo, de la sugerencia de Trump de que, cualquiera que sea la decisión de los tribunales, su administración podría ignorarlas, y el poder judicial no tendría poder para hacerla cumplir.
Coale da el ejemplo de un “abogado de la cárcel”, como un preso que cumple cadena perpetua en prisión y lucha contra su sentencia presentando una multitud de demandas frívolas.
Los jueces, sostiene Coale, pueden evitar la pérdida de tiempo al dictaminar que el demandante es un “litigante vejatorio” y desestimar sus demandas de plano.
Se podría hacer lo mismo con la administración del presidente, afirmó Coale.
“¿Qué pasaría si el poder judicial tratara al propio gobierno federal como un litigante vejatorio?”, preguntó.
“Imaginemos que los tribunales se negaran a escuchar una amplia gama de casos en los que Estados Unidos es parte hasta que el poder ejecutivo obedezca las órdenes judiciales. Las agencias y departamentos que conforman el gobierno federal dependen en gran medida de los tribunales para hacer cumplir los contratos, procesar casos penales y resolver una amplia gama de disputas sobre el funcionamiento del gobierno.
“Negarse a escuchar algunos —o la mayoría— de los casos de una administración que no respeta la autoridad judicial sería una medida drástica pero contundente, y mucho más eficaz que imponer multas que probablemente no se pagarán”.
La acción, dijo, sería como si los jueces declararan que están en huelga cuando se trata de asuntos gubernamentales que tienen ante sí.
“El equivalente funcional de una ‘huelga judicial’ es una idea radical sin precedentes”, escribió.
“Pero también lo es una administración que contempla abiertamente desafiar las órdenes judiciales… Si las órdenes judiciales pueden ignorarse sin consecuencias significativas, entonces los tribunales perderán casos de todos modos, y los más impactantes, donde están en juego los límites de la Constitución al poder ejecutivo”.
Un litigante vejatorio es una persona que presenta demandas frívolas en repetidas ocasiones, a menudo con la intención de acosar o agobiar al acusado. Según el Tribunal Superior de California, un litigante vejatorio se define como una persona que, en un período de siete años, ha iniciado, mantenido o procesado al menos cinco litigios que han sido resueltos de manera adversa para ellos o se les ha permitido permanecer pendientes durante al menos dos años sin ser llevados a juicio o audiencia.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 19, 2025
Los conservadores se enfurecen contra Trump después de que se declarara por encima de la ley en un discurso inspirado en Napoleón
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Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump brindó una ventana a su pensamiento con dos publicaciones en las redes sociales que citaban al famoso general francés Napoleón Bonaparte. Bonaparte se autoproclamó emperador y gobernó como autoritario.
El mayor temor de muchos de los que nunca apoyaron a Trump es que el presidente republicano ignore la Constitución, los tribunales y el Congreso para remodelar el poder ejecutivo.
“Quien salva a su país no viola ninguna ley”, escribió Trump en su sitio de redes sociales, Truth Social, y en la plataforma X de Elon Musk el sábado. Musk lo volvió a publicar junto con 14 emojis de la bandera estadounidense, y la cuenta de la Casa Blanca en X también compartió el mensaje junto con la fotografía presidencial oficial de Trump.
El domingo, insistió y pidió a los abogados y jueces que sean “duros” y protejan al país mientras su administración enfrenta una serie de batallas judiciales por su intento de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y su desmantelamiento de la burocracia federal.
Los críticos se abalanzaron sobre las publicaciones, diciendo que confirman lo que han estado diciendo todo el tiempo sobre el 47º presidente.
La columnista del New York Times Jamelle Bouie, en la plataforma de redes sociales Bluesky, lo calificó como “la declaración más antiestadounidense y anticonstitucional jamás pronunciada por un presidente estadounidense”.
El senador demócrata de California Adam Schiff respondió a Trump en X: “Habló como un verdadero dictador”.
El comentarista conservador Bill Kristol fue un paso más allá, comparando la cita con una declaración de 1929 de Adolf Hitler que se convirtió en un principio nazi: “La autoridad del Führer no está limitada por leyes o estatutos”.
“Esto se lee mejor en el alemán original”, opinó Kristol.
El escritor conservador Charles C.W. Cooke calificó las publicaciones como “tonterías. La presidencia la crea la Constitución, no al revés”.
Incluso el ex vicepresidente Mike Pence intervino y compartió un ensayo que apareció en su libro de 2010, The Presidency and the Constitution: “Un presidente que desprecia la Constitución es como un jinete que odia a su caballo: será derribado, y la nación junto con él. El presidente jura solemnemente preservar, proteger y defender la Constitución. No jura solemnemente ignorarla, pasarla por alto, complementarla o reinterpretarla”.
El ex jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo que quienes se sintieron profundamente perturbados por la cita simplemente están jugando en las manos del presidente.
“Es un entretenimiento para Trump. Es una distracción”, dijo Priebus en “This Week” de ABC News el domingo, desestimando la cita como si Trump estuviera troleando a los medios. “Esto es lo que hace el presidente”.
Sin embargo, el presidente no es el único en su administración que parece haber renunciado a la democracia liberal.
El vicepresidente J.D. Vance publicó en X el 9 de febrero que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”, lo cual es demostrablemente falso. Pero, ¿qué pasa si Trump decide ignorar las órdenes judiciales? ¿Quién lo va a detener? Para que conste, Trump dijo a los periodistas la semana pasada que se apegaría a los fallos judiciales.
“Siempre cumplo con los tribunales, y luego tendré que apelar”, dijo Trump.
Y el lunes, el presidente en la sombra Musk, enojado porque 60 Minutes transmitió una entrevista con un crítico de DOGE, dijo que los empleados del programa “merecen una larga sentencia de prisión”.
Musk hizo la escalofriante publicación en X en respuesta a un tuit de “60 Minutes” que promocionaba su último episodio.
El activista liberal Angelo Carusone lo resumió bien: “No es lo que Trump publicó lo que te dice hacia dónde va esto; “Lo que realmente te dice hacia dónde va esto es cómo responde su gente”.
Carusone compartió una publicación del superfan de Trump y teórico de la conspiración Jack Posobiec, quien respondió a la cita de Trump con: “Estados Unidos se salvará. Lo que se debe hacer se hará”.
Laura Loomer, que se dedica a teorías conspirativas similares, también aplaudió la fantasía de Trump: “Gracias, presidente Trump. Te amamos”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 19, 2025
Proceso de Destitución a Trump
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El llamado a un “Proceso de destitución, nuevamente” refleja la división política actual en Estados Unidos y la naturaleza polémica de la presidencia y las acciones posteriores de Donald Trump. La noción de un nuevo proceso de destitución, especialmente durante su segundo mandato como el 47.º presidente, subraya los fervientes debates en torno a sus políticas, comportamiento e impacto en la nación.
En primer lugar, es esencial entender el contexto detrás de los llamados a un nuevo proceso de destitución. Donald Trump fue sometido a un proceso de destitución dos veces durante su primer mandato: primero en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción del Congreso en relación con sus tratos con Ucrania, y nuevamente en enero de 2021 por incitación a la insurrección tras el motín del Capitolio. Aunque fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones, estos procesos de destitución dejaron un impacto duradero en su legado y amplificaron la polarización en la política estadounidense.
Los partidarios de un tercer impeachment argumentan que las acciones de Trump siguen socavando las instituciones democráticas y plantean una amenaza a la estabilidad nacional. Citan preocupaciones actuales sobre su retórica, que algunos creen que incita a la división y la violencia. Además, las acusaciones de corrupción, conflictos de intereses y abuso del poder ejecutivo se mencionan con frecuencia como justificaciones para intentar un nuevo impeachment.
Artículo II, Sección 4:
El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de acusación y condena por traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.
Por otro lado, los partidarios de Trump ven estos llamados a un impeachment como ataques con motivaciones políticas destinados a desacreditarlo a él y a su administración. Argumentan que los impeachments anteriores fueron esfuerzos partidistas que carecían de evidencia sustancial y fueron impulsados por la oposición a su agenda política. Para ellos, el liderazgo y las políticas de Trump representan un cambio audaz respecto del status quo, priorizando los intereses nacionales y el crecimiento económico.
Además, las implicaciones legales y constitucionales de un nuevo impeachment de un presidente en funciones son complejas. El impeachment es una herramienta diseñada por los redactores de la Constitución para exigirle cuentas al poder ejecutivo. Sin embargo, su uso repetido contra el mismo individuo plantea interrogantes sobre los umbrales para el impeachment y la posibilidad de que se convierta en un arma política en lugar de un mecanismo para garantizar la rendición de cuentas.
La Constitución de los Estados Unidos otorga el poder de enjuiciar a la Cámara de Representantes, mientras que le otorga al Senado el poder de juzgar los juicios políticos. La Cámara vota si se presenta la acusación y el Senado juzga el caso. La votación de la Cámara es por mayoría simple, pero el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.
Los motivos para el juicio político son: “traición, soborno u otros delitos y faltas graves”.
Para iniciar los procedimientos de juicio político, un documento o “resolución que solicita una investigación del comité de los cargos contra el oficial en cuestión” debe remitirse al Comité de Reglas de la Cámara, que puede remitirlo al Comité Judicial para su investigación. El Comité Judicial puede votar para juzgar el caso y el Senado procederá con un juicio y una votación. En un procedimiento alternativo, la resolución puede solicitar directamente el juicio político, en el que la resolución va directamente al Comité Judicial para su revisión.
La idea de enjuiciar a Donald Trump pone de relieve una vez más las profundas divisiones en la sociedad estadounidense y los debates en curso sobre el papel y los límites del poder presidencial. Independientemente de que se lleve a cabo o no un nuevo impeachment, las discusiones en torno a él seguirán dando forma al panorama político e influyendo en el futuro de la democracia estadounidense. En última instancia, la decisión de enjuiciar a Trump debe guiarse por un compromiso con la defensa de los principios de justicia, rendición de cuentas y el estado de derecho, trascendiendo los intereses partidistas y centrándose en el bienestar de la nación.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 13, 2025
Trump y los aranceles al acero y aluminio
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Al respecto, David Fickling, columnista de Bloomberg, opina que la imposición de tarifas no contribuirá a la economía estadounidense. “Tratar de proteger las industrias del acero y el aluminio como vía para la construcción nacional es un proyecto condenado al fracaso que hará a Estados Unidos más débil, no más fuerte”, expresó.
Fickling también considera que dicha medida será ineficaz para fomentar la producción nacional, ya que restricciones similares introducidas en 2018 no surtieron el resultado deseado. Desde entonces, la capacidad de producción estadounidense de aluminio ha caído un 32 %, mientras que la de acero se ha reducido un 3,6 %.
“Solo un rey loco esperaría un resultado diferente de volver a intentar lo mismo”, escribió el columnista. En este contexto, agregó que tal paso perjudicaría a los productores de dichos metales no solo en EE.UU., sino también de sus aliados.
La nueva ronda de aranceles sobre los metales se produce después de que Trump firmara a principios de este mes las órdenes ejecutivas para aplicar tarifas del 25 % a las importaciones procedentes de Canadá y México, importantes socios comerciales de EE.UU., aunque luego decidió retrasar un mes su entrada en vigor. Además, promulgó un arancel adicional del 10 % sobre las importaciones procedentes de China, lo que llevó a este país a aplicar medidas de represalia.
A diferencia de los celulares, las computadoras, la maquinaria y los bienes de consumo, EE.UU. obtiene aluminio y acero en su inmensa mayoría de los aliados y países con los que busca mantener buenas relaciones, y no de sus rivales geopolíticos, recuerda Fickling.
Asimismo, Canadá, México, la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Japón y Taiwán suman el 80 % de las importaciones estadounidenses de acero, mientras que desde Bahréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, que albergan tres de las mayores bases militares estadounidenses en el extranjero, proviene cerca del 70 % del aluminio importado por EE.UU.
Los dos metales, además, ya cuentan con amplias protecciones en EE.UU. Más allá de los aranceles de 2018 de la Administración Trump, son objeto de algo menos de la mitad de las 736 órdenes y acuerdos ‘antidumping’ y de derechos compensatorios actualmente en vigor.
“Este comercio no es, como parece creer Trump, un juego global de suma cero, sino un aspecto crucial para mantener industrias rentables en toda una serie de aliados”, concluye Fickling.
Por su parte, la asesora política canadiense Catherine Loubier comentó que, en su opinión, las amenazas de Trump son reales, pero podría haber una solución dado lo conectadas que están ambas economías.
“Cientos de miles de puestos de trabajo en EE.UU. están vinculados al ingreso de acero y aluminio de Canadá”, señaló. “Creo que hay mucho en juego y nadie sale ganando con estos aranceles, eso seguro”, agregó.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 13, 2025
De vuelta al plástico
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“Firmaré una orden ejecutiva la próxima semana para poner fin a la ridícula campaña de Biden para usar pajitas de papel, que no funcionan. “¡DE VUELTA AL PLÁSTICO!“, escribió el mandatario en Truth Social.
El anuncio llega meses después de que Biden diera la orden de eliminar gradualmente el plástico de un solo uso en operaciones de servicios de alimentos, eventos y envases del Gobierno federal para el 2027, y de todas las demás operaciones federales para el 2035.
Por su parte, Trump ha expresado varias veces su negativa hacia las pajitas de papel, quejándose de que se deshacen en pleno uso y cuestionando su practicidad.
El año pasado, también se burló de que, aunque estén hechas de papel, se entregan envueltas en plástico.
“Las pajitas de papel vienen envueltas en celofán. Quiero decir, ¿qué está pasando? Tienes pajitas de papel, envueltas en celofán. Este país se ha vuelto loco”
Las medidas de Biden habían sido impulsadas por la Agencia de Protección Ambiental del país, y pretendían reducir los desechos plásticos al promover el uso de materiales que sean reutilizables, compostables o más fácilmente reciclables. Algunos estados, como California y Nueva York, ya tienen leyes que limitan el uso de pajitas de plástico en restaurantes, exceptuando los casos en los que el cliente lo solicite.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda usar pajitas de papel en lugar de pajitas de plástico principalmente porque las pajitas de papel son más amigables con el medio ambiente. La biodegradabilidad significa que las pajitas de papel se descomponen mucho más rápido que las pajitas de plástico, lo que reduce su impacto en el medio ambiente. Reducción de la contaminación: las pajitas de plástico contribuyen significativamente a la contaminación plástica, especialmente en océanos y vías fluviales. Las pajitas de papel ayudan a mitigar este problema. Reciclabilidad: el papel es generalmente más fácil de reciclar en comparación con el plástico, que a menudo termina en vertederos o como basura. Sostenibilidad: el uso de pajitas de papel respalda el uso de recursos renovables, mientras que las pajitas de plástico están hechas de combustibles fósiles no renovables. Si bien las pajitas de papel pueden no ser perfectas (pueden disolverse rápidamente y, a veces, ser menos resistentes), se consideran una mejor opción para reducir el impacto ambiental.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 12, 2025
Javier Trump y Donald Milei
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Donald J. Trump y Javier Milei comparten varias similitudes, tanto en sus ideologías políticas como en sus estilos personales. Ambos tienen ideologías de derecha. Tanto Trump como Milei son conocidos por sus opiniones de derecha. Abogan por políticas que enfatizan el nacionalismo, la desregulación y la reducción de la intervención gubernamental en la economía. Ambos líderes utilizan la retórica populista para atraer a su base. A menudo critican al establishment político y se presentan como outsiders que luchan contra el status quo.
Trump y Milei son firmes defensores de la desregulación. Creen que la reducción de las regulaciones gubernamentales estimulará el crecimiento económico y beneficiará a las empresas. Ambos líderes han expresado escepticismo hacia el globalismo y las instituciones internacionales. Priorizan los intereses nacionales y son críticos con los acuerdos y organizaciones multinacionales.
Trump y Milei son conocidos por sus personalidades audaces y a veces abrasivas. No tienen miedo de decir lo que piensan y a menudo participan en una retórica confrontativa. Tanto Trump como Milei han recibido el apoyo de Elon Musk. Musk ha elogiado el enfoque de Milei en materia de reducción presupuestaria y eficiencia, y también ha sido un firme defensor de Trump.
Los dos líderes rechazan lo que perciben como “wokeismo” y liberalismo cultural. A menudo critican los movimientos sociales que, en su opinión, socavan los valores tradicionales.
Estas similitudes han dado lugar a una fuerte afinidad política entre los dos líderes, y Milei incluso ha sido descrito como uno de los aliados extranjeros más importantes de Trump.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 8, 2025
Una juez federal bloquea la orden de Trump que niega la ciudadanía por nacimiento
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Esta decisión judicial, que estará vigente a nivel nacional de forma indefinida mientras se considera el caso, puede significar que el decreto de Trump no entre en vigor el 19 de febrero como se tenía previsto.
La demanda fue interpuesta por grupos de derechos civiles que alegan que la orden de Trump viola la cláusula de ciudadanía de la 14.ª enmienda de la Constitución de EE.UU. La jueza federal de distrito Deborah Boardman presidió la audiencia judicial en Greenbelt (Maryland).
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de EE.UU. y del Estado en el que residen”, estipula la 14.ª enmienda.
Mientras tanto, la Casa Blanca sostiene que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª enmienda se malinterpreta y es explotada como un vacío legal por inmigrantes irregulares y visitantes extranjeros. Según la visión de la Administración Trump, los extranjeros que se encuentran en el país de forma temporal y los irregulares no están del todo bajo la jurisdicción de EE.UU., y como consecuencia sus hijos no deberían recibir la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
Al leer su fallo, la jueza recordó un precedente de la Corte Suprema de EE.UU. que protege la ciudadanía por nacimiento y destacó que hasta ahora ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación de la Administración Trump de la 14.ª enmienda, por lo que su tribunal “no será el primero”.
“La ciudadanía es un derecho más precioso, otorgado expresamente por la 14.ª enmienda de la Constitución”
Juez Deborah Boardman
Asimismo, la jueza señaló que los demandantes “muy probablemente” tengan éxito en el caso, ya que la orden ejecutiva de Trump “entra en conflicto con el lenguaje claro de la 14.ª enmienda”.
Además de la demanda de Maryland, la orden de Trump está siendo impugnada en al menos cinco casos federales presentados por un total de 22 estados demócratas y varios grupos de derechos civiles. Asimismo, 18 fiscales generales republicanos anunciaron recientemente que se unían a una de las demandas federales presentadas contra el decreto de Trump en Nueva Hampshire.
El fallo de Boardman es el segundo en poner en pausa la orden ejecutiva de Trump. Previamente, el juez federal de distrito John Coughenour, en una audiencia celebrada el 23 de enero en Seattle, bloqueó la misma directiva presidencial a nivel nacional por un período de al menos 14 días. “Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dictaminó el magistrado.
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Febrero 6, 2025
“Lo merezco”: Trump y el premio Nobel de la Paz
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“Lo merezco, pero nunca me lo darán”, declaró Trump en la Casa Blanca durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La prensa surcoreana informó que Park Sun-won, del opositor Partido Democrático de Corea, había nominado a Trump al Nobel de la Paz por su papel en la facilitación del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos durante la administración del expresidente Moon Jae-in.
El presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, también se mostró dispuesto a respaldar la candidatura de Trump al galardón si este fuera un verdadero pacificador, pero le aconsejó no centrarse únicamente en “hacer felices” a los estadounidenses.
“Si es un pacificador, trabaje para que no haya guerras. Puede hacerlo. Porque los estadounidenses siempre han empezado estas guerras, o presionado para que haya guerras”, dijo Lukashenko, añadiendo que “EE.UU. se ha comportado muy mal últimamente”.
El mandatario estadounidense ya fue nominado en varias ocasiones para el Nobel de la Paz, pero no logró el galardón. Así, en septiembre de 2020 Trump fue nominado por Christian Tybring-Gjedde, miembro del Parlamento noruego, quien elogió los esfuerzos del político republicano para resolver conflictos prolongados en el mundo. Más tarde, ese mismo año, fue nominado por segunda vez por su papel en las negociaciones entre Serbia y Kosovo, cuyos líderes firmaron un acuerdo el 4 de septiembre para normalizar sus relaciones económicas.
En enero de 2024, recibió otra nominación de parte de la miembro republicana de la Cámara de Representantes, Claudia Tenney, que destacó su importante papel al negociar los Acuerdos de Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en 2020 con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 8, 2025
Argentina afuera de la Organización Mundial de la Salud
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“No vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, aseveró el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la que realizó el anuncio.
También explicó que el presidente ya instruyó al canciller Gerardo Werthein para que concrete la renuncia a la OMS.
“[La decisión] se sustenta en las profundas diferencias con respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia que junto al Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad”, afirmó al referirse a la crisis del coronavirus que duró de 2020 a 2021.
Adorni agregó que las políticas de aislamiento social que Milei siempre criticó fueron posibles gracias a la falta de independencia política de algunos Estados, como considera que fue el caso de Argentina durante el último Gobierno peronista.
Además, aseguró que no habrá ningún impacto negativo en el país sudamericano porque no recibe recursos de la OMS para sus gestiones sanitarias. “Por lo tanto, esta medida no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios”, dijo.
La salida de la OMS, aseguró Adorni, permitirá una mayor flexibilidad para implementar políticas de salud acordes con el contexto e intereses que requiere Argentina, así como mayor disponibilidad de los recursos.
“Reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía en materia de salud. Lo dijo el presidente: las decisiones en Argentina la toman los argentinos”, señaló.
El vocero anticipó que también se está evaluando la salida de Argentina del Acuerdo de París, el tratado internacional sobre cambio climático, y de otros organismos internacionales.
“El presidente es muy tajante con respecto a hacer más libre la Argentina, así que toda vinculación que tenga con organismos que vayan en contra de las libertades, efectivamente vamos a hacer lo posible porque no interfieran en la vida de los argentinos”, señaló.
De esta manera, Milei imitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ya anunció su salida del Acuerdo de París y de la OMS, lo que coloca a este organismo en una crisis de financiamiento.
Luego de la conferencia de Adorni, el Gobierno emitió un comunicado en el que amplió los argumentos para abandonar al organismo.
“La OMS (…) promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de Covid-19. Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y (…) podrían catalogarse como delitos de lesa humanidad”, afirmó.
También denunció que las recetas de la OMS no funcionan “porque son resultado de la influencia política”, no basadas en la ciencia.
“Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismo supranacionales, financiados por todos, que no cumplen los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembros”, convocó.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 5, 2025
¿Y donde está el dinero?
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El mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció que Washington había gastado 200.000 millones de dólares más en asistencia militar a Ucrania que otros países de la OTAN. “Oigo, antes y ahora, que Estados Unidos ha dado a Ucrania cientos, 177.000 millones de dólares para ser exactos […] Yo les digo como presidente de un país en guerra: hemos recibido más de 75.000 millones de dólares”, declaró Zelenski. “Así que 100.000 millones de esos 177 o incluso 200, como dicen algunos, nunca los recibimos”, agregó.
“Son muchas ayudas, pero no son 200.000 millones, seamos sinceros”, aseveró, detallando que el país recibe la asistencia mencionada “no en dinero, sino en armas”. “Pero cuando dicen que Ucrania durante la guerra recibió 200.000 millones para apoyar al Ejército no es cierto. No sé dónde está todo ese dinero. Tal vez sea cierto en términos de cómo se ve en el papel”, sugirió.
Zelenski también comentó la reciente congelación de la ayuda por parte de Washington a través de los programas de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en el campo de la energía, la medicina y otros, afirmando que compensaría todo esto con los “recursos internos” del país.
El líder del régimen ucraniano detalló que el Estado recibió para estos programas unos 300-400 millones de dólares, “dinero no tan grande, pero importante”. “Y vamos a cerrar esto. Lo cerraré con los europeos o con recursos internos, es importante para mí”, aseveró, en un contexto de déficit presupuestario.
“Hay un gran número de otros programas de los que no sé nada […] Probablemente el presidente de Estados Unidos hará una auditoría y dirá que se asignaron otros miles de millones. Pero no sé adónde fueron a parar”, concluyó Zelenski.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 6, 2025
¿Qué está sucediendo en la América de Trump?
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Una serie de “errores” en las primeras semanas por parte de algunos de los colaboradores más cercanos de Donald Trump ha dado lugar a la creencia de que su plan para revocar las normas gubernamentales enfrentará más problemas de los que se esperaban anteriormente
Y esos problemas, hasta ahora, son autoinfligidos, según un escritor de artículos.
En su columna para Salon, la observadora política de larga data Heather Digby Parton examinó lo que ha sucedido en menos de dos semanas y preguntó: “¿Saben lo que están haciendo o simplemente están arrojando todo contra la pared para ver qué se pega?”
Un ejemplo de ello, señaló, fue la decisión del gobierno de Trump el lunes de que la Oficina de Administración y Presupuesto ordenara una “pausa temporal” en todas las subvenciones y préstamos del gobierno federal, lo que inmediatamente creó un caos que puso a los miembros de ambos partidos furiosos.
“Al día siguiente, los sitios web dejaron de funcionar y la gente de todo el país llamaba a sus representantes exigiendo saber qué estaba pasando. Se dice que los senadores “llegaron al techo”. “Y en lugar de simplemente decirle a todos que cierren la boca y afronten el problema, como han estado diciendo durante meses a cualquiera que cuestione sus odiosas políticas, la Casa Blanca dio marcha atrás”, escribió.
Fue entonces cuando la Casa Blanca de Trump cometió otro error, dijo.
Después de afirmar primero que el primer memorando no había sido “examinado” por los altos mandos de la administración, la recién nombrada secretaria de prensa Karoline Leavitt corrió a las redes sociales para anunciar: “Esto NO es una rescisión del congelamiento de la financiación federal. Es simplemente una rescisión del memorando de la OMB. ¿Por qué? Para acabar con cualquier confusión creada por la orden judicial. Las órdenes ejecutivas del presidente sobre la financiación federal siguen en pleno vigor y efecto, y se implementarán rigurosamente”.
“Fue un error garrafal, y uno de los más graves, teniendo en cuenta lo importante que es esta táctica de ‘confinación’ para los arquitectos del Proyecto 2025, que están ejecutando el programa para destruir la fuerza laboral federal”, escribió Parton antes de añadir que el asesor multimillonario de Trump, Elon Musk, también hizo su parte para crearle problemas a la Casa Blanca con un “memorando de compra” muy criticado como parte de sus esfuerzos por deshacerse de los empleados del gobierno.
“Es posible que Trump le haya dado el visto bueno cuando salía a jugar otra ronda de golf una tarde, pero según el Post, ninguno de los altos funcionarios de la Casa Blanca ni el personal de carrera de la OPM lo sabían”, sugirió la columnista. “No creo que le importe mucho lo que hagan, pero tiene que recordar que todo se vuelve en su contra cuando cometen un error. Y están cometiendo un error grave”.
Con eso en mente, sugirió que se suponía que el segundo mandato de Trump estaría poblado por personas que tenían un plan definido para impulsar su agenda, y ese globo parece haber estallado.
“Resulta que son tan incompetentes como el hombre para el que trabajan”, acusó. “Pueden causar mucho daño simplemente tirando todo esto contra la pared, pero no son una máquina autoritaria, sistemática y bien engrasada. No estoy segura de que eso sea mejor, pero es bueno saber con qué nos enfrentamos”.
PrisioneroEnArgentina.com
febrero 3, 2025
¿Donald Trump en el Monte Rushmore?
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El sitio web de Luna publicó el siguiente comunicado de prensa: “Este proyecto de ley tiene como objetivo honrar al presidente Trump, el 45.º y 47.º presidente de los Estados Unidos, por su impacto transformador en Estados Unidos y la importancia histórica de su liderazgo. “La propuesta enfatiza los logros consecuentes alcanzados bajo el liderazgo del presidente Trump, incluido el crecimiento económico, la seguridad nacional y una política exterior que trajo la paz al mundo y puso a Estados Unidos en primer lugar”. Trump se uniría a los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln si se aprueba el proyecto de ley. Este no es el primer intento de agregar un presidente al Monte Rushmore. En 1999, el Congreso rechazó agregar al expresidente Ronald Reagan como una quinta cara.
Todo esto parece estar bien en el papel, pero es poco probable que se materialice. Después de las difamaciones, la guerra legal y las comparaciones con Adolf Hitler, el berrinche que tendrían los demócratas si se agregara a Trump es casi inimaginable.
Dicho esto, el legado de Trump aún se está determinando, con otros cuatro años mandato por cumplir. De los cuatro presidentes que estuvieron en el Monte Rushmore, el último en ocupar el cargo fue Roosevelt, que estuvo en el cargo entre 1901 y 1909. El proyecto comenzó en 1927, casi dos décadas después de que dejara el cargo. Trump sigue en el cargo y tiene mucho por hacer con la esperanza de salvar a nuestro país después de cuatro años desastrosos de la administración Biden. A menos de dos semanas de su nombramiento, el futuro parece prometedor para Trump si su impulso continúa, pero no nos adelantemos. El 47.º presidente debería terminar el trabajo que tiene entre manos antes de que las discusiones sobre su conmemoración lleguen a ninguna parte.
PriisioneroEnArgentina.com
Enero 31, 2025
Los antecedentes penales de los alborotadores del 6 de enero indultados por Trump incluyen violación
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Si bien muchas personas no tenían antecedentes penales antes de cometer delitos el 6 de enero, se han identificado docenas de acusados con condenas previas o cargos pendientes por delitos que incluyen violación, abuso sexual de un menor, violencia doméstica, homicidio involuntario, producción de material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas.
Uno de esos acusados, Matthew Huttle, fue asesinado recientemente a tiros por la policía en Indiana durante una parada de tráfico pocos días después de recibir un indulto por su papel en el motín del Capitolio. En 2023, Huttle se declaró culpable de entrar y permanecer en un edificio o terreno restringido el 6 de enero, y recibió una sentencia de seis meses de prisión. Huttle
“tiene un historial criminal extenso que demuestra un patrón y una práctica de faltarle el respeto y desobedecer el estado de derecho, lo cual es consistente con sus acciones el 6 de enero de 2021”, dijeron los fiscales.
En un incidente, “Huttle azotó a su hijo de 3 años con tanta fuerza que le dejó moretones en todo el trasero y el cuello, y el niño tenía un dolor tan extremo en el trasero que no pudo sentarse correctamente durante una semana”, dijeron los fiscales. “Huttle fue sentenciado a 2,5 años de prisión”.
Los fiscales también señalaron arrestos repetidos por conducir bajo los efectos del alcohol. El abogado defensor de Huttle atribuyó sus antecedentes penales a un historial de “abuso extremo de alcohol”. Incluso después del 6 de enero, Huttle continuó acumulando cargos estatales en Indiana por delitos de conducción. Menos de una semana después de recibir el indulto de Trump, Huttle recibió un disparo mortal en un altercado con un ayudante del sheriff, según la Policía Estatal de Indiana.
Trump ha defendido su decisión de otorgar indultos y conmutaciones de penas a todos los acusados en relación con el violento ataque del 6 de enero, sugiriendo que evaluar todos los casos individualmente habría sido demasiado difícil.
“Sería muy, muy complicado ir a buscarlos; ¿sabe de cuántas personas estamos hablando? 1.500 personas”, dijo Trump a la prensa a principios de este mes.
También dijo que las sentencias de prisión para los acusados del 6 de enero eran excesivas.
“Estas personas han cumplido condena, horriblemente, durante mucho tiempo”, dijo en su entrevista con Fox News.
Los comentarios de Trump pasaron por alto el papel que tuvieron los antecedentes penales de los acusados del 6 de enero en la sentencia. Los jueces federales tienen en cuenta esos antecedentes penales al decidir la sentencia de un acusado penal.
Si Trump hubiera analizado los casos individuales, los extensos antecedentes penales de algunos de los acusados del 6 de enero podrían haber levantado algunas alarmas.
Los fiscales de Illinois acusaron a Theodore Middendorf de “agresión sexual depredadora y criminal a un menor”. Los fiscales dijeron en un expediente judicial que Middendorf “cometió un acto de penetración sexual”. Los registros del estado de Indiana indican que la víctima de Middendorf tenía 7 años.
Middendorf se declaró culpable en ese caso en mayo de 2024 y fue sentenciado a 19 años de prisión. Actualmente está registrado como delincuente sexual en el estado y permanece detenido por esos cargos.
Por otra parte, Middendorf se declaró culpable de destrucción de propiedad gubernamental por golpear una ventana del Capitolio de los Estados Unidos con un asta de bandera el 6 de enero. Todavía no había sido sentenciado por su papel en el motín del Capitolio cuando el Departamento de Justicia decidió desestimar su caso tras la orden de Trump.
Peter Schwartz tenía un “historial criminal asombroso de 38 condenas previas que se remontan a 1991” cuando agredió a agentes de policía con gas pimienta el 6 de enero, según los fiscales federales.
Cuando esos fiscales hicieron sus recomendaciones de sentencia al juez, describieron un caso de alteración del orden público de 1994 por arrojar un “cigarrillo encendido a una víctima” y golpearla “cerca de los ojos”; un caso de 2004 por agresión con un arma letal; un caso de 2019 por “amenazas terroristas” por amenazar a la policía mientras estaba detenido por agresión doméstica; y un caso de 2020 por agredir a su esposa “incluso mordiéndola en la frente y golpeándola varias veces”.
Teniendo en cuenta ese historial, los fiscales dijeron: “El único método confiable para proteger a la comunidad de Schwartz en el futuro es alejarlo de la comunidad durante el mayor tiempo posible”.
El juez federal Amit Mehta le dio a Schwartz una de las sentencias de prisión más duras derivadas del motín del Capitolio: más de 14 años.
Menos de cuatro años después del arresto de Schwartz, el indulto de Trump lo liberó de prisión.
Los casos penales no relacionados con el 6 de enero están en curso
Los indultos de Trump se aplican solo a las personas “condenadas por delitos relacionados con los eventos que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos o cerca de él el 6 de enero de 2021”.
Como resultado, algunos acusados del 6 de enero aún enfrentan cargos penales por otros presuntos incidentes.
David Daniel de Mint Hill, Carolina del Norte, está acusado de “Producción de pornografía infantil” y “Posesión de pornografía infantil”, que supuestamente “involucraron a un menor prepúber” y a un niño menor de 12 años.
“La previsión de pruebas del gobierno es convincente y sugiere que el acusado participó en actos sexuales con dos niñas de su propia familia”, escribió el magistrado David Keesler sobre el caso contra Daniel. “También se alega que tomó y conservó fotografías de los genitales de las víctimas. La madre de una de las víctimas (la ex esposa del acusado) compareció ante el tribunal para solicitar que el acusado no fuera liberado”. Debido a esos hallazgos, el juez Keesler ordenó que Daniel permaneciera detenido en espera de juicio. Daniel se declaró inocente de los cargos en Carolina del Norte y ese caso sigue pendiente.
Por otra parte, Daniel se declaró culpable de un cargo de agresión a agentes de policía el 6 de enero, pero aún no había sido sentenciado. El Departamento de Justicia de Trump desestimó ese caso.
No es el único acusado que enfrenta cargos penales en curso.
Los registros de la orden de arresto alegaban que Daniel Ball, de Florida, lanzó un “dispositivo explosivo que detonó sobre al menos 25 agentes” durante el motín del Capitolio y también empujó “con fuerza” a la policía que intentaba proteger el edificio. Según los documentos de acusación, Ball tenía antecedentes penales antes de su arresto el 6 de enero, incluidos los de “agresión por violencia doméstica mediante estrangulamiento”, “resistencia a la policía con violencia” y “agresión a un agente de la ley”.
Cuando los agentes federales arrestaron a Ball por los cargos del 6 de enero, descubrieron que también estaba en posesión de un arma y municiones, lo cual era ilegal dado su historial criminal, según los fiscales. Además de los cargos del 6 de enero, un gran jurado en Florida dictó una acusación separada contra Ball en agosto de 2024 por “posesión de un arma de fuego o municiones por un delincuente convicto”.
Ball se declaró inocente de sus cargos por disturbios en el Capitolio y el Departamento de Justicia, siguiendo la orden de Trump, desestimó su caso. Pero el indulto de Trump no resolvió su caso de armas. El 22 de enero, Ball fue arrestado nuevamente por los cargos de armas de Florida. Ese caso sigue pendiente y Ball se declaró inocente.
Andrew Taake, de Texas, se declaró culpable de agredir a agentes de policía con spray para osos y un “látigo de metal” el 6 de enero y fue sentenciado a seis años de prisión.
También tenía un caso penal previo que sigue sin resolverse.
El fiscal de distrito del condado de Harris en Texas ha dicho que se busca a Taake por cargos de 2016 de solicitar a una menor en línea. “Ya estamos en el proceso de rastrear a Taake”, dijo el fiscal de distrito Sean Teare en una declaración compartida con NPR. Taake supuestamente envió mensajes sexualmente explícitos a alguien que él pensó que era una niña de 15 años, pero era, de hecho, un agente de la ley encubierto, alegaron los fiscales como parte de su caso del 6 de enero.
A continuación, se presentan algunos de los otros casos del 6 de enero en los que los acusados tenían antecedentes penales importantes antes de ser acusados por su papel en el motín. Todos recibieron indultos de Trump:
Estados Unidos contra Kasey Hopkins
Kasey Hopkins, “tiene un historial criminal extenso y preocupante”, que incluye una condena en 2002 por “violación forzada”, que resultó en una sentencia de siete años de prisión, según el memorando de sentencia de los fiscales para su caso del 6 de enero.
“El acusado tuvo relaciones sexuales a la fuerza con la víctima, la estranguló hasta el punto de perjudicar su visión, golpeó su cabeza contra una pared y orinó en la boca de la víctima para humillarla”, alegaron los fiscales en los argumentos sobre la sentencia. “Cuando la víctima intentó huir, desnuda, el acusado la alcanzó y la arrojó al suelo”.
Los fiscales alegaron que Hopkins también tenía otras condenas previas por “agresión a un agente de la ley”, “conducir un vehículo de motor sin licencia” y “posesión de una sustancia controlada”.
En 2022, Hopkins se declaró culpable de un cargo de “desfilar, manifestarse y hacer piquetes en un edificio del Capitolio” y fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Los fiscales dijeron que antes del motín del 6 de enero, había hablado de la posibilidad de una “Guerra Civil” y había propuesto formar un grupo llamado “Orgullosos Delincuentes por Trump”.
Hopkins escribió una carta a la jueza Tanya Chutkan, que supervisó su caso del 6 de enero, señalando que “Señora, tiene mi historial y, para mi vergüenza, no es bueno”, escribió. “De hecho, no estoy seguro de que haya algún historial que sea ‘bueno'”. Dijo que la prisión lo había cambiado para mejor y expresó vergüenza y arrepentimiento por sus acciones del 6 de enero.
En 2004, Edward Richmond Jr. estaba sirviendo en el ejército de los EE. UU. cuando “fue condenado por homicidio involuntario después de dispararle a un pastor de vacas iraquí esposado en la cabeza con su rifle”, dijeron los fiscales en sus argumentos sobre la sentencia en el caso de Richmond del 6 de enero. Por la condena por homicidio involuntario, “Richmond fue sentenciado a tres años de confinamiento militar y dado de baja deshonrosamente”.
Los antecedentes penales de Richmond, según indican los documentos judiciales, también incluyen condenas por resistirse a los agentes y conducir bajo los efectos del alcohol, así como un arresto por abuso doméstico.
Por su papel en el ataque del 6 de enero, Richmond se declaró culpable de un cargo de “agredir, resistir o impedir el uso de un arma peligrosa por parte de determinados agentes”. Según una declaración de delito a la que Richmond accedió como parte de su declaración, el 6 de enero llevaba “equipo táctico” en el Capitolio, que incluía un casco, gafas protectoras y un chaleco de camuflaje. “Permaneció al frente de la turba que luchaba contra la policía durante casi dos horas”, decía la declaración, y golpeó a los agentes con una porra.
Richmond fue condenado a más de cuatro años de prisión en su caso del 6 de enero.
Estados Unidos contra Jonathan Gennaro Mellis
Jonathan Gennaro Mellis ya había sido condenado por un delito grave de tráfico de drogas (conspiración para fabricar o vender metanfetamina), lo que le valió una sentencia de 20 años de prisión, según documentos judiciales. Los fiscales dijeron que también tenía antecedentes de arrestos que no resultaron en una condena, incluso por agresión doméstica.
En 2023, Mellis se declaró culpable de “agredir, resistir o impedir el uso de un arma peligrosa por parte de ciertos agentes” y aceptó, como parte de su declaración, que utilizó un gran palo de madera para “golpear o apuñalar repetidamente” a agentes de policía el 6 de enero.
Estados Unidos contra Benjamin Martin
Benjamin Martin en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Benjamin Martin se declaró culpable de obstrucción a un funcionario público en 2003, un cargo de agresión en 2016 en el que golpeó repetidamente a su hija de 14 años y un cargo de agresión en 2018 en el que Martin estranguló a su novia y la arrastró de vuelta a la casa después de que ella intentara huir”, escribieron los fiscales.
Martin estaba “bajo supervisión” por su condena anterior cuando participó en el motín del 6 de enero, dijeron los fiscales.
Martin fue condenado en el juicio por múltiples cargos relacionados con el 6 de enero, incluidos “desorden civil” y “entrada y salida de la casa”. Permanecer en un edificio o terreno restringido”.
Debido a sus antecedentes penales, a Martin se le prohibió poseer armas. Cuando los agentes del FBI arrestaron a Martin en relación con su caso del 6 de enero, encontraron “ocho armas de fuego, incluido un rifle estilo AR-15, múltiples cargadores de alta capacidad para el AR-15 y más de 500 rondas de municiones”. Martin sostuvo que las armas de fuego pertenecían a su prometida y suegro. Fue juzgado por separado y condenado en California por “posesión de arma de fuego y municiones por parte de una persona con condena por un delito menor de violencia doméstica”, un delito grave.
Martin fue sentenciado a 13 meses de prisión por su caso del 6 de enero y a más de tres años de prisión por el caso de las armas. Después de que Trump indultara a Martin por su condena del 6 de enero, Martin posteriormente se entregó a las autoridades por la condena por armas, según informes de los medios locales.
Estados Unidos contra Edward Hemenway
Edward Hemenway “tiene antecedentes penales graves, que se remontan a 2004”, dijeron los fiscales en sus argumentos durante la sentencia en el caso del 6 de enero. En 2006, Hemenway se declaró culpable de “agresión sexual y confinamiento criminal” y fue sentenciado inicialmente a tres años de prisión. “Sin embargo, su libertad condicional fue revocada y fue sentenciado nuevamente a 5 años de prisión”, dijeron los fiscales.
En relación con el 6 de enero, Hemenway se declaró culpable de un cargo de “desfilar, manifestarse o hacer piquetes en un edificio del Capitolio”, después de que irrumpiera en el edificio del Capitolio de los EE. UU. mientras cantaba “¡Detengan el robo!” y “¡Nuestra casa!”. En un momento, dijeron los fiscales, se tomó una selfie dentro del Capitolio con el dedo medio levantado hacia la cámara y posó para otra foto mientras estaba de pie en un vehículo del gobierno que había sido invadido por los alborotadores.
El abogado defensor de Hemenway argumentó que éste había cambiado después de sus condenas anteriores. “Ha dejado atrás esa parte de su vida y ha creado una nueva”, escribió su abogado.
Hemenway recibió una sentencia de 45 días de prisión y 60 horas de servicio comunitario por sus acciones del 6 de enero.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 30, 2025
Trump y la pena de muerte
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La orden ejecutiva, compartida en la página oficial de la Casa Blanca, describe a la pena de muerte como una “herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses”.
Además, el texto recrimina la decisión del expresidente Joe Biden de conmutar las penas de 37 de 40 condenados a muerte, a los que Trump calificó como los “violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos”.
El presidente republicano también ordenó que se emplee la pena de muerte cada vez que sea “compatible con la ley aplicable”, así como cuando un delito capital federal sea cometido por un extranjero que resida ilegalmente en EE.UU. o si se produce el asesinato de un agente de la ley, independientemente de otros factores.
Adicionalmente, la orden exige que se evalúen las condiciones de reclusión de cada uno de los 37 criminales que recibieron cadena perpetua en lugar de la pena de muerte que esperaban. Trump enfatizó que se deben tomar las medidas necesarias “para garantizar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean”.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 22, 2024
Milei y acuerdo de libre comercio con Estados Unidos
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El mandatario se pronunció durante una reunión que sostuvo con empresarios en el marco de la gira que realizó a Washington para asistir a la toma de posesión de Donald Trump.
El texto cita a “un hombre de negocios” que estuvo en el encuentro y que aseguró que Milei había ratificado su deseo de
pactar un objetivo comercial con Washington.
A finales del año pasado, el mandatario reveló que pretendía signar acuerdo de esa naturaleza con EE.UU. Sin embargo, la principal “traba” para ese pacto está en el Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque al que Argentina pertenece y que impide tratados de manera unilateral con socios externos.
Por ello, analistas internacionales han advertido que un acuerdo entre EE.UU. y Argentina implicaría la ruptura del Mercosur, afectaría las políticas proteccionistas de la Casa Blanca y también impactaría las economías de ambos países, por la falta de complementariedad.
Sin embargo, consideró que Milei se “ilusiona” en que el pacto comercial se concrete gracias a la “afinidad ideológica” que tiene con Trump, además de que confía en que el presidente estadounidense le ayudará a renegociar la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El artículo cita opiniones de los exembajadores argentinos en EE.UU., Jorge Argüello y Diego Guelar; y el analista internacional Patricio Giusto, sobre las dificultades que entrañaría un tratado con EE.UU, en principio porque contradice las políticas proteccionistas de Trump.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 22, 2025
Un profesor de derecho dice que las órdenes ejecutivas clave de Trump no sobrevivirán
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La oleada de órdenes ejecutivas planeadas por Trump está plagada de “abusos de poder peligrosos e ilegales” que no resistirán el más mínimo escrutinio legal, escribió el profesor de derecho de la Universidad George Mason Ilya Somin en un análisis mordaz para la revista libertaria Reason el lunes.
En particular, argumentó, los planes de Trump de atacar la inmigración de manera nuclear enfrentarán desafíos legales inmediatos que incluso sus propios jueces tendrán dificultades para defender bajo la Constitución.
Para empezar, escribió, los planes de Trump de dejar de reconocer la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes no autorizados.
“Esto es descaradamente inconstitucional”, escribió. “La Sección 1 de la Enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona ‘nacida… en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción'”.
Trump quiere argumentar que los inmigrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción estadounidense, pero esto es una tontería, señaló, de lo contrario, no tendrían que seguir las leyes estadounidenses y no podrían ser arrestados.
“Creo que es muy probable que los tribunales anulen esta acción, ya que el texto y el significado original son claros, los precedentes de larga data de la Corte Suprema apuntan en la misma dirección y existe un amplio (aunque no del todo universal) acuerdo interideológico sobre el tema entre los académicos legales”.
De manera similar, Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como base para una deportación masiva, como ha sugerido, continuó Somin, “porque no estamos en una ‘guerra declarada’ con ninguna nación extranjera, y tampoco hay ninguna ‘invasión o incursión depredadora perpetrada, intentada o amenazada contra el territorio de los Estados Unidos por ninguna nación o gobierno extranjero'”.
Trump también planea declarar una emergencia nacional en la frontera sur.
“No hay una crisis repentina en la frontera en este momento. De hecho, las entradas ilegales han bajado a su nivel más bajo desde agosto de 2020, cuando la tasa era inusualmente baja debido a la pandemia de Covid. Lo que queda es un problema de política en curso, sobre el cual hay un desacuerdo de larga data”, escribió Somin. Dicho esto, añadió, Trump tiene más posibilidades de ganar en los tribunales, porque los jueces pueden simplemente dejar en manos del poder ejecutivo lo que constituye una emergencia.
Una de las ideas más alarmantes, concluyó, es el reiterado sueño de Trump de “recuperar” el Canal de Panamá.
“Tal vez fue un error que Estados Unidos transfiriera el Canal a Panamá en 1999”, escribió. “Pero lo hicimos, y no hay justificación moral o legal remotamente plausible para apoderarse de él ahora. Al igual que con los posibles ataques a México, envenenaría las relaciones con un aliado clave y dañaría la posición internacional de Estados Unidos sin ninguna buena razón”.
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Enero 22, 2025
Brasil niega pedido de Bolsonaro para viajar a EE.UU. a la asumción de Trump
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Este jueves, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), rechazó la solicitud de devolución del pasaporte del exmandatario, hecha por su defensa, para poder realizar el viaje.
Esta es la cuarta ocasión en la que la máxima corte niega la devolución del documento a Bolsonaro, que le fue retenido en febrero de 2024. El exmandatario tiene prohibido salir de su país por estar inmerso en una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado, trama con la que se buscaba impedir la investidura del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero de 2023.
En la reciente resolución, se señala que “no hay duda” de que desde la decisión unánime del primer panel del STF (de retener el pasaporte), “no ha habido ningún cambio fáctico que justifique la revocación de la medida cautelar”.
En la decisión, además, se menciona que el exmandatario continúa dando señales de intentar huir de Brasil “para evitar la aplicación de la ley penal”. El STF recuerda que, poco después de ser acusado, Bolsonaro consideró, en una entrevista con un periódico, salir del país y pedir asilo político en otra nación.
La semana pasada, el exgobernante aseguró ser uno de los convidados de Trump para su toma de posesión. Al respecto, comentó que era “un gran honor”, haber recibido la invitación.
Entonces, dijo que solicitó a la Justicia autorización para hacer el viaje y que su abogado, Paulo Bueno, envió una petición a Moraes para que le devolviera provisionalmente el pasaporte y así poder asistir a este “honorable e importante evento histórico”.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 17, 2024
Trump y Groenlandia
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La idea de adquirir Groenlandia ha sido un tema recurrente en la carrera política de Donald Trump, lo que refleja su interés en expandir el territorio y la influencia de Estados Unidos. Esta idea ganó atención generalizada por primera vez en 2019 durante la presidencia de Trump, cuando expresó públicamente su interés en comprar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. La propuesta fue recibida con escepticismo y diversión por muchos, pero también puso de relieve consideraciones estratégicas y económicas que desde hace mucho tiempo se han asociado con la región del Ártico.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, es rica en recursos naturales, incluidos petróleo, gas natural y tierras raras. Su ubicación estratégica entre América del Norte y Europa la convierte en un activo valioso para fines militares y económicos. Estados Unidos ya mantiene una importante presencia militar en Groenlandia, en particular en la base aérea de Thule, que es crucial para la defensa antimisiles y la vigilancia espacial. El interés de Trump en Groenlandia estuvo impulsado en parte por estas consideraciones estratégicas, así como por el potencial de desarrollo económico en la región.
En 2025, cuando Trump se preparaba para asumir un segundo mandato, resurgieron sus ambiciones con respecto a Groenlandia. Subrayó la importancia de Groenlandia por razones económicas y de seguridad nacional, y sugirió que la adquisición del territorio beneficiaría tanto a Estados Unidos como a los residentes de Groenlandia. Trump argumentó que los recursos de Groenlandia y su ubicación estratégica podrían mejorar la seguridad y los intereses económicos de Estados Unidos, en particular frente a la creciente competencia de China y Rusia en el Ártico.
La propuesta de Trump de adquirir Groenlandia no estuvo exenta de controversias. Dinamarca, que ha controlado Groenlandia durante siglos, rechazó firmemente la idea de vender el territorio. El gobierno de Groenlandia, que tiene una autonomía significativa, también expresó su oposición a la propuesta. La noción de utilizar la presión económica o militar para adquirir Groenlandia generó inquietud entre los aliados europeos sobre la inviolabilidad de las fronteras y el potencial de un aumento de las tensiones geopolíticas.
A pesar de los desafíos, el interés de Trump en Groenlandia refleja tendencias más amplias en la geopolítica global. La región del Ártico está adquiriendo cada vez más importancia debido al cambio climático, que está abriendo nuevas rutas de navegación y acceso a recursos previamente sin explotar. A medida que las naciones compiten por la influencia en el Ártico, es probable que la importancia estratégica de Groenlandia aumente. La propuesta de Trump, si bien es controvertida, subraya la importancia permanente de la expansión territorial y la adquisición de recursos en las relaciones internacionales6.
En conclusión, el interés de Trump en adquirir Groenlandia es una cuestión compleja que entrelaza consideraciones estratégicas, económicas y geopolíticas. Si bien la propuesta ha enfrentado una oposición significativa, pone de relieve la dinámica cambiante de la geopolítica del Ártico y la competencia en curso por la influencia y los recursos en la región. Independientemente de que Groenlandia se convierta o no en parte de los Estados Unidos, su importancia en el escenario mundial es innegable y seguirá siendo un punto focal en las relaciones internacionales en los próximos años.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 10, 2024
El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. promete terminar con el “Estado profundo”
Johnson, que fue reelegido el pasado viernes, declaró que los republicanos están preparados para actuar con rapidez en su agenda en el nuevo Congreso. “Hemos hecho muchas promesas de campaña. Y vamos a ir desmantelando el Estado profundo a lo largo del camino”, afirmó.
En este contexto, Johnson asegura que un elemento central del plan republicano para “reactivar” la economía es “evitar la mayor subida de impuestos de la historia de Estados Unidos”, advirtiendo que podría producirse automáticamente a finales del próximo año si el Congreso no se prepara.
Para ello, prometió prorrogar los recortes fiscales de Trump del 2017, cuyas disposiciones clave expiran a finales de este año, y cumplir las promesas de campaña, como eliminar los impuestos sobre las propinas y la Seguridad Social, al tiempo que se eleva el tope de la deducción fiscal estatal y local.
“Vamos a incentivar a las empresas estadounidenses para que vuelvan a fabricar en Estados Unidos, y vamos a asegurarnos de que se reduzca y elimine la carga reguladora y la burocracia que ha asfixiado nuestro libre mercado”, indicó. “Vamos a desmantelar el Estado profundo a lo largo del camino y vamos a restaurar el dominio energético estadounidense”, agregó.
Previamente, Trump, anunció que brinda todo su apoyo al legislador republicano. “El pueblo estadounidense necesita un alivio inmediato de todas las políticas destructivas de la última administración. El presidente [de la Cámara Baja del Congreso] Mike Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso. Hará lo correcto y seguiremos ganando. Mike tiene mi completo y total apoyo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 7, 2024
Panamá, compuerta entre dos océanos y dos tiempos geopolíticos
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Por François Soulard.
Fundador de Dunia*
A fines de 2024, el nuevo mandatario de los Estados Unidos volvió a poner a Panamá en el centro de la tormenta. La metáfora no es exagerada. Cruce de importantes flujos transnacionales y compuerta inédita entre dos océanos, Panamá es hoy uno de los puntos de contacto entre las dos principales potencias del momento y entre dos eras geopolíticas. Desde 1999, el istmo no es más el protectorado de otrora, controlado unilateralmente por los Estados Unidos. No es tampoco una nación totalmente soberana, teniendo sus márgenes de maniobra definitivamente asegurados. Es hoy un lugar de altísima interdependencia, donde se libra la confrontación híbrida entre los dos bloques geopolíticos del momento en el marco de una nueva Guerra fría.
El destino manifiesto de Panamá
Algunas naciones tienen un destino manifiesto. Panamá es una de ellas. El auge del transporte marítimo en las cuatro últimas décadas, su geografía interoceánica y su proximidad con los Estados Unidos hicieron de ella un lugar triplemente neurálgico. Su infraestructura marítima conecta a 160 países y 1700 puertos a nivel global. Permite el tránsito de alrededor de 6% del comercio marítimo global y 70% del comercio estadounidense. A la vez nodo aéreo, marítimo, financiero y migratorio, la economía panameña se desarrolló en gran parte sobre esta predisposición a operar dentro de los flujos transnacionales, inevitablemente también en el campo de la economía ilícita.
El país se hizo cargo de este destino en 1999, luego de los acuerdos de transferencia Carter-Torrijos firmados en 1977. La “renta estratégica” conseguida a partir de esta colosal herencia le permitió gozar de un modelo de crecimiento destacado en la región, posicionándose en los diez primeros países (en términos de PBI per capita).
No quita que esta prosperidad está asentada sobre un arcaísmo político-institucional. La cultura política responde a un perfil sociológico bastante característico del “enclave” territorial. El ejercicio del poder se suele concebir como un privilegio reservado a una minoría selectiva, llegando así a distorsionar las reglas básicas del estado de derecho y amputar el dinamismo local.
La reforma del Contrato Minero -en octubre 2023- puso este contraste en superficie. Mientras el poder legislativo ratificaba un marco minero confuso y discrecional, la ciudadanía se movilizaba masivamente para denunciar a la vez el contenido del proyecto y la captura abusiva del poder.
La matriz conflictiva de China
La trama conflictiva que envuelve el istmo panameño no es fácil de radiografiar. Lo es porque tanto Estados Unidos como China han desarrollado culturas de combate sistémicas, extendidas y sigilosas, que trabajan en la permanencia de una lógica dual, a la vez visible e invisible, realizadas en múltiples campos. Se enmarca dentro de una guerra de “quinta generación” o de una “guerra sin límites” para retomar el léxico chino asentado en la doctrina de Unrestricted Warfare (1991).
Según las propias palabras del Partido Comunista chino -expresadas en mayo 2019– esta ofensiva contra los Estados Unidos es “total”, es decir justamente “sin límites” entre los dominios de confrontación. La llegada a un nuevo umbral de confrontación, observable en varias áreas y puntos del planeta, diseña ahora un escenario de Guerra fría más nítido, dicho de otra manera una guerra total y multidominio, librada en tiempo de paz.
El relativo silencio de la dirigencia y de la comunidad estratégico contribuye a esta falta de mapeo. Además, como lo resaltaba Mike Studeman, almirante retirado de la Marina estadounidense, Washington ha resignado voluntariamente a comunicar sobre esta conflictividad, perdiendo así terreno en una confrontación que envuelve muy fuertemente la dimensión psicológica e informacional.
En esencia, China teje por un lado una trama diplomática, económica y cultural que permea a la sociedad panameña y la envuelve en dependencias.
Pekín ya está presente en la infraestructura del canal bioceánico con el grupo Hutchison Holdings, con vínculos demostrados con la inteligencia y el Partido comunista Chino. Junto con un puñado de otros grupos, el grupo Hutchison es un vector de conquista de los nodos logísticos a nivel global. Opera desde el año 1996 en Panamá en los dos principales puertos del canal. No sólo controla los dos puertos extremos, sino también las áreas aledañas que estaban bajo supervisión de Washington, inclusive las antiguas bases militares Rodman y Albrook Air Force Base. Pese a llegar en cuarto lugar en la licitación, el contrato fue arreglado para un periodo de 25 años -con reconducción automática- mediante el método conocido de soborno.
Su presencia como operador le permite determinar ciertas reglas de control -o no control- de las naves, encubrir actividades de inteligencia y eventualmente cerrar el acceso en caso de conflicto bélico con los Estados Unidos. En 1991 el mismo grupo había sido vetado por las autoridades filipinas ante la posibilidad de operar el puerto de Subic Bay en el mismo país.
Esta implantación logística de larga data en Panamá va de la mano con otros elementos. La comunidad china en Panamá ya es la más importante de América Central, contando con 200.000 ciudadanos. Los niveles de inversión en infraestructura no han parado de aumentar desde 2010, con presencia creciente en otros puertos atlánticos y pacíficos a nivel regional. La megaobra del cuarto puente vial pasando arriba del canal de Panamá ha sido ganada por operadores chinos.
La inversión logística está dirigida también a Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, México, Brasil, Salvador, Argentina, modificando así el paisaje de la logística marítima. El último ejemplo es el mega puerto de Chancay, recién lanzado en Perú, cuya operación queda bajo órbita china. Ante semejante evolución, un general hondureño declaraba al respecto: “China no conquista el mundo. China se vuelve el mundo”).
Estos avances fueron acompañados de la afirmación de nuevas líneas rojas dirigidas a Washington de parte de la diplomacia china. Estas “líneas rojas” forman parte del escudo informacional mediante el cual China puede ocupar el terreno con el consentimiento de los actores locales y blanquear su finalidad conflictiva. Pivotea en cinco aspectos tácticos:
Estos elementos han sido rápidamente visibles luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la “reconquista” del canal de Panamá a fines de 2024. Resultan de una acción íntimamente coordinada entre los ámbitos gubernamentales, los medios de comunicación y la influencia local -mediante repetidores-.
En paralelo y de modo más encubierto, Pekín instrumentaliza el narcotráfico y las migraciones para librar una ofensiva directa a los Estados Unidos. Fomenta la distribución de precursores de fentanilo por las vías logísticas abiertas hasta la sociedad norteamericana. Lo mismo ocurre con los flujos migratorios. El territorio oriental del Darien Gap, fronterizo con Colombia, forma una plataforma de acogimiento de migrantes de los cinco continentes (alrededor de 150 nacionalidades censadas). Está sostenido por las agencias internacionales -OIM, AHNUR, CRUZ ROJA, ONU- y los Estados Unidos.
Algunos observadores estiman el flujo de ingreso hacia el norte entre 4.000 y 10.000 migrantes por día. Se observa una cantidad importante de ciudadanos chinos. Este flujo migratorio se ha naturalmente convertido en una preocupación securitaria para los panameños. El nuevo presidente electo en julio 2024 prometió reducir el flujo de tránsito. Tomó medidas todavía tímidas al respecto. El flujo, articulado entre varios países donde la influencia china pesa estructuralmente -Venezuela, Colombia, Brasil, México-, sigue todavía muy activo.
Por lo tanto Pekín no trabaja solamente para un objetivo ganador-ganador, como lo pretenden varios actores atrapados en su influencia. No implementa solamente una política de conquista económica en pos de competir con su rival occidental. Al igual que los Estados Unidos su cultura de combate pivotea sobre un principio de dualidad y de desborde. Su involucramiento en el campo estratégico de las percepciones es imprescindible para asentar la legitimidad de su potencia -derecho al desarrollo, comunidad de destino, cooperación win-win, defensa de la soberanía panameña, etc.-, mientras construye dependencias económicas apuntado a construir nuevas formas de dominación geopolítica y librar simultáneamente una ofensiva a los Estados Unidos.
La estrategia de desborde consiste en no confrontar frontalmente a sus adversarios, sino de modo indirecto, tomando posiciones en terrenos donde no pueden -o no quieren- estar Washington y los países iberoamericanos.
Esta caracterización no desacredita la cooperación con Pekín. De hecho no es posible hoy desacoplarse de China. No obstante, la naturaleza de esta realidad conflictiva implica un giro copernicano en cuanto al modo de enmarcar esta cooperación y organizar la sociedad para tal fin. Ya colocó a Panamá en un tejido creciente de dependencias y de renta política de la que una fracción de las élites extraen de su influencia. Hace de Panamá copartícipe de su diseño conflictivo, arrastrándolo hacia una zona de exposición mayor en el marco de la confrontación global que mencionamos. Otros países en Asia y África muestran ejemplos de ello.
Estados Unidos.
¿Es posible que los Estados Unidos no hayan podido prevenir y contener un desborde de esa índole en su hemisferio desde la visión monroista o de otro referencial de seguridad hemisférica? Cualquier potencia, consciente de este despliegue multidominio y de las vulnerabilidades de los países suramericanos, hubiese emprendido una acción defensiva u ofensiva frente a tal riesgo sistémico. Por cierto, esta estrategia tuvo algunas manifestaciones. La intervención militar en Panamá en 1989 demostró un límite no transable respecto al manejo del pase bioceánico. Panamá tuvo que seguir siendo socio de Washington en los temas principales de la agenda internacional.
Pero una visión más amplia obliga a comprobar que esta agenda ha sido a la vez parcial, subejecutada e inclusive funcional a su rival chino. Por un lado Washington ha ejercido un cerco comercial hacia Panamá, característico de su modelo de hegemonía. El Tratado de Promoción Comercial pactado en los años ´80 trajo resultados desfavorables para el istmo. El libre comercio ha sido el paraguas informal, detrás del cual Washington estableció una correlación de fuerza ventajosa en términos comerciales. Los panameños encontraron una relación económica más fluida con Pekín para valorizar su sector agrícola y manufacturero, que sostiene un tercio de la fuerza laboral del país.
Panamá no tuvo otra solución que abrirse a los flujos globales y a China para conseguir otros ingredientes de prosperidad. En 2017 dio vuelta su postura respecto a Taiwán, junto a otros países sureños, a pedido de China. El mismo año, fue el primero a nivel regional en sumarse al proyecto de Ruta de la Seda (BRI). Mientras el distanciamiento de Washington se afirmó a fines de los años ´90, su economía orientó gradualmente sus exportaciones hacia Asia.
Por otro lado Washington trabajó para inducir esta evolución, a punto de jugar en contra de sus propios intereses. Tal paradoja encuentra su explicación en la fractura interna que se abrió en el mundo angloamericano. Ésta se exportó hacia Panamá y al conjunto de la región. Es una línea divisoria más honda que un mero quiebre partidario entre demócratas y conservadores o neoliberales y proteccionistas. Tiene que ver con lo que podríamos denominar la “cuarta guerra de independencia” que Washington libra desde hace décadas para extirparse de la influencia “umbilical” del Reino Unido.
Volviendo hacia atrás, Londres trabajó desde el siglo XVIII para mantener un imperio “informal” con las Américas. Luego de haber debilitado al imperio hispánico, fracasó su intento de unificación angloamericana. Pasados los tres conflictos intra-anglosajones, parte de su gran estrategia ha sido evitar que los Estados Unidos sean una potencia excesivamente unipolar. En paralelo, Londres ayudaba a la revolución rusa y francesa, en pos de debilitar las potencias monárquicas de aquel tiempo. Abonó a la “Primera Guerra Fría” en pos de diseñar un orden global más orientado a un equilibrio de potencias, compatible con sus intereses. Después de la Segunda Guerra mundial, empujó el crecimiento de China parar formar un contrapeso global a los Estados Unidos.
En esta perspectiva, el genio estratégico inglés consistió en lograr instalar una ideología “globalista” en las élites occidentales. Esta ideología colectivista y autoritaria híbridó la ideología comunista con la del capitalismo y del estatismo. Su matriz de combate es amplia. Recure a todos los recursos de una guerra de “quinta generación”. Si bien es desconocida por el público en general, esta ideología se beneficia de un estatuto hegemónico. Fue propagada muy eficazmente en las élites americanas para encarnarse particularmente en figuras tales como Wilson, Kissinger, Carter, Brzezinski, Soros, Obama, Clinton, Bush, Biden y muchos otros. Fueron generaciones de dirigentes envueltos en este horizonte cognitivo cuya finalidad apuntaba a debilitar a la esfera estadounidense y concentrar los medios para ejercer un dominium postnacional. Richard Poe y el joven Sean Stone son dos historiadores norteamericanos contemporáneos que más han penetrado en la fábrica de esta corriente.
Luego de décadas de presencia en los Estados Unidos, Donald Trump rompe con esta corriente ideológica, primero en el 2016. Es un hecho mayor, no percibido como tal. Parte de su nueva administración va a seguir inevitablemente relacionada con esta corriente. China ha entendido este movimiento desde sus inicios en la medida en que fue directamente beneficiada desde el giro operado por Deng Xiaoping en 1979 y la normalización llevada adelante por Henry Kissinger. Lo usó naturalmente a su favor, al igual que otras potencias del tablero internacional que contestan el orden occidental.
Las consecuencias directas de estos periodos bajo órbita “globalista” han sido varias. Se subejecutó la agenda de Washington respecto a su seguridad hemisférica, en el marco de la tradición monroista. Contribuyó además a la erosión de la sociedad hispanoamericana y norteamericana, mediante el apoyo sigiloso a la lucha armada castrista, al marxismo cultural, a las migraciones irregulares, al narcotráfico y a regímenes políticos adversos, así como también el ingreso de Rusia y China en el hemisferio. Hoy en Panamá, las agencias internacionales -OIM, ONU, HIRAS, CRUZ ROJA INTERNACIONAL- y Washington y Pekín apoyan la acción de desestabilización mediante el flujo migratorio en Panamá y otros países.
Uno de los primeros gestos fue justamente el acto de transferencia del canal a Panamá a partir de 1977 por iniciativa de Jimmy Carter, en condiciones que iban a garantizar una dispersión estratégica. La mayor presencia de actores chinos en la infraestructura del canal de Panamá y más ampliamente en la economía de América Central se vincula con esta retirada no declarada pero ejecutada. Inevitablemente las élites panameñas han sido influenciadas por esta corriente. La muestra de esto es que, en vez de asistir a la asunción de Donald Trump en enero 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino participará en la máxima reunión del círculo globalista, el Foro económico mundial de Davos.
La provocación retórica de Donald Trump recubre entonces este espesor histórico. Tiene que ver con la intención, por ahora confusamente enunciada, de recuperar un área de influencia dañada. Los compromisos respectivos, firmados en el Tratado entre Panamá y Washington, dan un puntapié al nuevo mandatario para ingresar en una agenda estratégica más amplia. Se abre hoy una ventana de oportunidad primero para deconstruir los posicionamientos diplomáticos consolidados. Se abre eventualmente la posibilidad de colocar de nuevo a Panamá como protagonista de la reparación de la brecha de seguridad hemisférica.
Panamá
Entre herencia “incestuosa” del intervencionismo estadounidense y el desafío de edificar una cultura nacional, las élites panameñas parecen todavía estar lejos de estas circunstancias. A riesgo de ser demasiado caricatural, aprovecharon los privilegios que les fueron ofrecidos -respectivamente- por cada potencia en su momento. El pase del Canal a manos de Panamá -en 1978- alimentó una lógica de “corporatocracia” que vive en cierta medida de la gestión discrecional y depredadora del país, en detrimento de la agenda nacional y de la seguridad hemisférica. Desde hace dos décadas, las abundantes inversiones chinas cumplen un rol de seducción similar.
No impidió al país liderar los rankings de crecimientos durante algunos años, junto con Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero esta situación ha cambiado. La ciudadanía pujante ha demostrado entre los años 2022 y 2024 que le costaba más aceptar los planteos de una élite política privilegiada. La infraestructura del canal bioceánico acusa un desgaste relativo. Como expresión de la ideología mencionada más arriba, el episodio de sequía relativa del año 2023 fue utilizado por las autoridades políticas para disimular un desmanejo del recurso hídrico del canal. Como se suele practicar ahora -en varios ámbitos- el argumento del cambio climático dio puntapié para ocultar un problema de gestión. En el fondo, los problemas hídricos no han sido enfrentados correctamente por las autoridades del canal. La corrupción y ante todo el crony capitalism panameño -es decir la cartelización de su economía- en íntima asociación con la esfera política, sintetiza una tendencia ya conocida a nivel regional.
Los Estados Unidos y China, especialmente, aprovecharon este arcaísmo institucional para avanzar sus intereses. A mayor debilidad institucional, mayor capacidad de influencia y coerción. Estos factores contribuyen directamente a bajar la competitividad económica del canal, en un mundo más conflictivo. Con el apoyo de China, países como México, Nicaragua, Perú y Colombia han anunciado nuevas infraestructuras que pretenden competir con el paso bioceánico. Falta todavía mucho para eso. Panamá sigue siendo una compuerta central. Pero un nuevo paisaje logístico va tomando forma como lo mencionamos más arriba.
Panamá tiene hoy tres principales adversarios: China, los Estados Unidos y él mismo. El futuro del Canal de Panamá depende en gran parte de una capacidad genuina para efectuar un aggiornamento interno. Es decir cambiar sus estructuras político-institucionales y sus modos de entender las fuerzas que diseñan la realidad. Sin esta actualización genuina en el contexto actual, Panamá tendrá toda la suerte de seguir en un estado estacionario o en degradación, caminando hacia un foco abierto de conflicto. Más allá de nuevas inversiones y de los “planes de modernización” anunciados en la superficie, se trata de liberar los motores de generación de riqueza con un marco institucional más abierto, ordenado y transparente.
En el fondo, se trata de enfrentar a dos potencias que introdujeron brechas en el equilibrio hemisférico y en la sociedad panameña. En esta perspectiva, la participación de la comunidad estratégica, del sector privado y de la sociedad civil es central para modificar el status quo. La sociedad panameña es más polarizada. Expresa un resentimiento legítimo hacia Washington y en parte hacia su sistema político. Sin embargo, su estado de movilización en favor de una mayor estabilidad y modernización es un punto de apoyo. Puede contribuir a actualizar el marco de comprensión de la conflictividad panameña incidir en su percepción, modificar la correlación de fuerzas y buscar aliados internacionales.
Nos guste o no, Panamá es hoy un centro de gravedad que vincula a la región con el escenario de Guerra fría 2.0 que se afirma a nivel global. Es una zona de interés regional que debe ser analizada con precisión y profundidad.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 6, 2024
Honduras amenaza con retirar base militar de EE.UU.
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“Tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con EE.UU., especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”, afirmó.
Asimismo, la mandataria señaló que espera que la Administración Trump “sea abierta al diálogo constructivo y amistoso” y “no tome represalias innecesarias” contra los migrantes hondureños, que son un “gran aporte” para la economía de la nación norteamericana.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo se encuentra en la Base Aérea Soto Cano, en Comayagua, y ha estado en funcionamiento desde 1982. Esta unidad está compuesta por más de 500 soldados estadounidenses y alrededor de 500 civiles de Honduras y Estados Unidos.
Según datos de Honduras, más de un millón de hondureños, tanto aquellos con estatus legal como los que no lo tienen, residen en EE.UU., y hay 280.000 compatriotas en proceso de deportación.
Las remesas que envían los hondureños residentes en el exterior constituyen aproximadamente el 25 % del producto interno bruto del país centroamericano. El 90 % de estas remesas provienen de EE.UU. y se han convertido en una de las principales fuentes de apoyo para numerosas familias.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 2, 2024