El general de división de las Fuerzas Armadas de Alemania (la Bundeswehr), Marcus Kurczyk, fue suspendido de su cargo por el Ministerio de Defensa del país ante señalamientos de que había acosado sexualmente a un soldado.

Kurczyk, que tiene 58 años y hasta ahora ha ocupado el cargo del comandante del Centro de Mando Interno, intentó supuestamente besar en la boca a un soldado sin su consentimiento. Se precisa que el episodio ocurrió en el marco de los juegos deportivos Invictus celebrados en la ciudad de Dusseldorf.

Tras enterarse del incidente y recibir una denuncia el viernes, la cartera de Defensa alemana inició una investigación interna y relevó al general de sus funciones sin explicación alguna.

Como jefe del Centro de Mando Interno, Kurczyk era responsable de velar por el cumplimiento de las cuestiones éticas básicas de los efectivos y ser un ejemplo para ellos.

En este contexto, el medio cita un documento interno del Ministerio de Defensa en la que se asevera que el acoso sexual en cualquier forma “representa un grave atentado contra la dignidad y la integridad física de la persona afectada, por lo que no puede tolerarse”.

Según un informe del Comisario de Defensa alemán publicado en marzo, los acosos sexuales en la Bundeswehr han ido en aumento en los últimos tiempos, incluidas las violaciones de la autodeterminación sexual. Asimismo, una investigación interna de las Fuerzas Armadas del país reveló que el 80 % de las víctimas eran mujeres y que un tercio se produjeron bajo los efectos del alcohol.

Un informe reciente del Defensor del Pueblo militar sugirió una tendencia al aumento de la conducta sexual inapropiada dentro de la Bundeswehr. El informe incluyó cifras sobre violaciones de la autodeterminación sexual, con 357 eventos reportables en 2022, frente a 303 el año anterior. Una investigación interna de la Bundeswehr reveló que el 80% de los afectados eran mujeres y que un tercio de estas agresiones sexuales se produjeron bajo los efectos del alcohol. Esta tendencia creciente y el caso actual del mayor general Kurczyk resaltan la necesidad de una mayor vigilancia y medidas más estrictas contra la conducta sexual inapropiada dentro de las filas militares.

EE.UU. habría manifestado a Perú su preocupación por el aumento de inversiones de China en el país andino y el control que estaría adquiriendo sobre partes críticas de la infraestructura peruana, reveló este martes un alto funcionario estadounidense.

Se refirió a la compra que China Southern Power Grid International (HK) hizo de activos de Enel, la compañía italiana que maneja gran parte de la energía en Perú, en abril pasado. Una operación que está en fase de evaluación por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Como Luz del Sur, la otra empresa energética en Perú que “forma parte del mismo grupo económico”, en referencia a HK, una comisión del Indecopi “identificó potenciales efectos restrictivos a la competencia de carácter vertical”.

“En los grandes temas geoestratégicos, el Gobierno peruano no está suficientemente concentrado en analizar los beneficios y amenazas para el país”, subrayó el alto funcionario bajo condición de anonimato.

La fuente también mencionó uno de los proyectos estrella del gigante asiático en Perú, la nueva terminal portuaria de Chancay, que prevé convertirse en un punto de entrada y salida para el comercio entre América del Sur y Asia, principalmente con China, a través de su puerto en Shanghái.

La construcción del puerto está a cargo de las empresas Cosco (China) y Volcan Compañía Minera (Perú), que poseen una participación del 60 % y el 40 %, respectivamente. Las obras del proyecto portuario comenzaron en abril de 2011, y se espera que la primera etapa concluya a finales del próximo año, con la entrada en operación de cuatro amarraderos para el desembarco de buques de más de 18.000 contenedores.

“Debería ser de gran preocupación para el Gobierno peruano que toda la infraestructura del puerto de Chancay quede bajo el control de una potencia extranjera”, criticó la alta autoridad estadounidense.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones peruano, Raúl Pérez Reyes, enfatizó que Perú “es un país soberano y establece sus relaciones internacionales sobre esa base”.

En los últimos ocho años China ha sido el principal socio comercial de Perú, seguido de EE.UU. y la Unión Europea. Solo en 2022, el comercio bilateral con la nación asiática alcanzó los 34.800 millones de dólares. 

“El principal problema es que (…) el capital chino ha adquirido empresas eléctricas, mineras y otras. Geopolíticamente hablando, (las) inquietudes [de EE.UU.] estarían justificadas”, añadió el alto funcionario norteamericano.

Este martes el ex primer vicepresidente de Perú, Raúl Diez Canseco, calificó la próxima inauguración del puerto de Chancay “como un catalizador para el futuro económico del país”.

“Estratégicamente ubicado a menos de 60 kilómetros al norte de Lima, con una inversión de más de USD 3.000 millones, este puerto se erige como un nodo logístico clave que conecta los principales centros de producción y consumo del país. Su inminente puesta en marcha augura un renovado impulso al comercio internacional y a la competitividad económica de Perú”, dijo.

En un artículo publicado en el diario local Expreso, Diez Canseco indicó que la obra dará una “ventaja estratégica y geopolítica” a la nación latinoamericana por su conectividad con Asia.

“Es una oportunidad para volver a crecer, crear nuevos negocios, llegar a más mercados y consolidar la posición de Perú como líder en el ámbito del comercio internacional”, añadió.

Una investigación reciente ha demostrado que el bienestar subjetivo varía a lo largo de la vida. De esta manera, disminuye entre los 9 y los 16 años, pero luego aumenta y alcanza su máximo a los 70 años. Sin embargo, vuelve a caer a los 96 años, según un estudio publicado Neuroscience News.

Para obtener los resultados, los científicos examinaron los datos disponibles de 443 estudios en los que participaron 460.902 personas.

“Nos centramos en los cambios en tres componentes principales del bienestar subjetivo: la satisfacción con la vida, los estados emocionales positivos y los estados emocionales negativos”, explicó la profesora Susanne Bücker.

Los estados emocionales positivos mostraron una disminución general desde los 9 hasta los 94 años, mientras que los estados emocionales negativos fluctuaron ligeramente entre los 9 y los 22 años, luego disminuyeron hasta los 60 años y más adelante volvieron a aumentar.

“Esto podría estar relacionado con el hecho de que en personas muy mayores el rendimiento físico disminuye, la salud muchas veces se deteriora y los contactos sociales se reducen, sobre todo, porque sus pares fallecen”, sostuvo la investigadora.

Los investigadores atribuyen el ligero descenso de la satisfacción con la vida en la adolescencia a cambios fisiológicos y a los aspectos sociales que se producen durante esta etapa. No obstante, vuelve a aumentar a partir de la edad adulta temprana.

“En general, el estudio muestra una tendencia positiva durante un amplio período de la vida, si consideramos la satisfacción con la vida y los estados emocionales negativos”, resumió Bücker citada por Science Daily.

El estudio destaca la necesidad de considerar y promover el bienestar subjetivo con sus diversos componentes a lo largo de toda la vida. Los resultados del análisis podrían proporcionar una guía para elaborar programas de intervención, sobre todo aquellos destinados a mantener o mejorar el bienestar subjetivo en etapas avanzadas de la vida.

Ciudades seguras, enfermedades diagnosticadas a tiempo, servicios públicos eficientes, aprovechamiento máximo de la tierra cultivable, protección de las fuentes de agua y control de pandemias forman parte de las posibilidades que ofrecen las tecnologías desarrolladas a partir del procesamiento de grandes volúmenes de datos, conocidas bajo el nombre genérico de ‘big data’.

Su principal materia prima son las huellas que dejan los internautas mientras navegan o publican contenido en la red, instalan alguna aplicación, son captados por alguna cámara de seguridad o autorizan a un propietario de ‘software’ para que ingrese a su dispositivo electrónico.

Así, la mayoría de los usuarios deviene en consumidor a merced de una máquina de vigilancia y control que opera en las sombras, que resulta además una fuente privilegiada para el enriquecimiento en una élite muy reducida.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han advierte que en el presente la ciudadanía no se siente permanentemente vigilada, como ocurría en las sociedades distópicas que describía George Orwell en sus novelas, sino que, por lo contrario, se impone la “apariencia” de que se vive en un mundo donde la libertad y la comunicación no tienen límites. 

Lo que no suele decirse es que en ese supuesto territorio de la libertad, los algoritmos –que funcionan con ‘big data’– le ofrecen a cada quien un menú exclusivo aparentemente gratuito basado en sus preferencias, pero al precio de su privacidad y seguridad.

Mientras tanto, unas pocas corporaciones tecnológicas incrementan sus ganancias sin que sus prácticas sean puestas suficientemente bajo el escrutinio público y las potencias aprovechan la coyuntura para hacer de este terreno otro campo de disputa.

Cuando de vigilancia masiva se trata, los Estados suelen estar en el banquillo de los acusados, pues hay suficientes razones para creer que la recopilación masiva de datos de los ciudadanos acaba por socavar derechos fundamentales y contribuye a exacerbar desigualdades ya existentes. 

Acaso la revelación más significativa en este orden se produjo en 2013, cuando Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés), destapó al mundo el programa de vigilancia y espionaje masivo de Washington, también aplicado por el Reino Unido.

En su decir, durante la década de 2000, los Gobiernos de esos dos países interceptaron comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos, historiales médicos y mensajes de texto, de miles de personas en todo el mundo, incluso dentro de EE.UU., cuya legislación proscribe explícitamente estas prácticas.

Los Gobiernos están en capacidad de vigilar masivamente a sus ciudadanos bajo el paraguas de la seguridad nacional, sin que se les puedan fijar límites realistas y eficaces para impedirlo. 

El escándalo subió de nivel cuando Snowden develó que estos espionajes se extendieron a representantes de Gobiernos presuntamente aliados, como ocurrió en la cumbre del G20 que se celebró en Londres en abril de 2009. El tiempo solo ha demostrado que tenía razón y que EE.UU. espió durante años a líderes europeos, como la excancillera alemana Angela Merkel.

Además, divulgaciones de The Intercept basadas en archivos desclasificados, dan cuenta de la existencia de un sistema de búsqueda desarrollado por la NSA –a la manera de Google–, que permite explorar entre miles de millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y similares interceptados por distintas agencias de EE.UU. de aparatos electrónicos de ciudadanos comunes, no solo de presuntos terroristas.

El recuento es ilustrativo: potencialmente, los Gobiernos están en capacidad de vigilar masivamente a sus ciudadanos bajo el paraguas de la seguridad nacional, sin que se les puedan fijar límites realistas y eficaces para impedirlo. 

Más allá de las tramas gubernamentales de alto nivel, hechos recientes como las medidas adoptadas para contener la pandemia del covid-19, han dejado fuera de cuestión que las denuncias formuladas por Snowden distan de ser exageraciones, que la vigilancia masiva es una realidad creciente y que las autoridades pueden sacar provecho de cualquier situación para recopilar datos de sus ciudadanos.

En un reportaje de The Associated Press publicado en diciembre de 2022, se llama a recordar que durante los primeros días de la crisis sanitaria, cuando reinaba el desconcierto, “millones de personas de todo el mundo” depositaron su confianza en los funcionarios que les pidieron datos confidenciales para desarrollar “herramientas tecnológicas” que permitieran frenar la propagación del virus.

Por vuelta, “los Gobiernos obtuvieron una gran cantidad de datos privados de salud de las personas, fotografías que capturaban sus medidas faciales y sus direcciones particulares”, asevera la agencia.

En el trabajo también se afirma que los datos se usaron para restringir la movilidad de “activistas y gente común, acosar a comunidades marginadas y vincular la información de salud de las personas con otras herramientas de vigilancia y aplicación de la ley”, y en algunos casos, incluso “se compartieron con agencias de espionaje”.

Esta situación, indicaron, se replicó en países gobernados por líderes de distintos signos ideológicos y sistemas políticos diferentes. La lista presentada incluye a EE.UU., Israel, India, Arabia Saudita, Corea del Sur, China, Reino Unido y Australia. 

En este universo de vigilancia casi omnipresente, la reducción de la criminalidad ocupa un sitial destacado entre las ofertas que pueden formular los Gobiernos para justificar el desarrollo de tecnologías masivas de recopilación de datos, pues difícilmente un ciudadano se resiste a que los trasgresores sean castigados y menos todavía a la posibilidad de evitar los delitos.

Sobre esto se asientan los proyectos de “policía predictiva” desplegados en más de 50 países de los cinco continentes. Solo en EE.UU., esta tecnología se ha implementado en decenas de ciudades con índices de criminalidad considerados elevados.

En términos simples, se trata de utilizar los registros históricos de crímenes violentos –homicidios, asaltos, robos y robo de vehículos– o historiales delictivos de individuos para definir áreas “calientes” y predecir dónde es más probable que se repliquen estos hechos o pronosticar qué tan posible es que una persona delinca por primera vez o reincida en alguna actividad considerada ilegal.

Empero, el Brennan Center for Justice, una organización no gubernamental asentada en EE.UU., advierte que esta estrategia adolece de transparencia y añade que “si bien las empresas de ‘big data’ afirman que sus tecnologías pueden ayudar a eliminar los sesgos en la toma de decisiones policiales, los algoritmos que se basan en datos históricos corren el riesgo de reproducir esos mismos sesgos”.

Para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), es un hecho que los algoritmos de la policía predictiva son reproductores del racismo y por tal razón deben abandonarse, como se recoge en un análisis publicado en 2020 en la revista MIT Technology Review.

El problema, apunta el trabajo, “radica en los datos de los que se alimentan los algoritmos”, ya que estos “se ven fácilmente sesgados por las tasas de arrestos”, sensiblemente más elevados entre poblaciones racializadas que entre personas blancas.

En el documento se reitera que en EE.UU., “una persona negra tiene cinco veces más probabilidades de ser detenida sin una causa justa que una persona blanca”.

Eso fue lo que le pasó a Damien Sardjoe, un joven negro residente de Ámsterdam (Países Bajos), que tras haberse visto implicado en un par de asaltos durante su adolescencia, fue incluido en una lista negra conocida con el nombre de TOP 600, donde figuran las personas, que según el modelo policial predictivo, tienen mayor riesgo de delinquir.

Estuvo bajo vigilancia y acoso largo tiempo y su nombre no fue retirado del listado aún después de haber cumplido su sentencia. Además, su hermano mayor fue sumado a otra lista negra, la TOP 400, compuesta por adolescentes sin antecedentes penales que tienen mayores posibilidades de quebrantar la ley, a pesar de que no había cometido ningún delito. 

Por situaciones como la que vivieron Sardjoe y su familia, activistas y expertos advierten que los “modelos espaciales” para reducir el crimen se traducen en la estigmatización y victimización de minorías, por lo general racializadas y de bajos ingresos.

Es claro que las tecnologías basadas en el ‘big data’ pueden ser usadas –y se usan– con fines de vigilancia y control de la ciudadanía, como demuestran los casos de las aplicaciones para el rastreo de contactos y reporte de síntomas en el contexto pandémico y la policía predictiva, entre una amplia variedad de opciones.

No obstante, la recolección masiva de datos también puede emplearse con propósitos más nobles, como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (ODS), de particular urgencia en las naciones del Sur global.

Es lo que pretende el Centro Internacional de Investigaciones de ‘big data’ para el Desarrollo Sostenible de China (CBAS), un ‘think tank’ de financiamiento público creado para desarrollar “productos, métodos y tecnologías científicos desde escalas global a local para garantizar el acceso a la información más reciente y confiable sobre los indicadores de los ODS”, como se lee en su portal oficial.

En relación con su política de transparencia, el ente aclara que “trabajará para movilizar los recursos tecnológicos y de datos necesarios para analizar y visualizar información para acciones y políticas informadas, con acceso justo y abierto para todos”, a partir de imágenes capturadas “por una serie de satélites científicos (…), adaptadas para medir los indicadores de los ODS”.

Si bien no hay manera de asegurar fehacientemente que los datos recabados en este megaproyecto impulsado por el Estado chino no acaben por convertirse en una fuente para el espionaje o la vigilancia a gran escala, el enfoque colaborativo y de acceso abierto para todos los países, hablan en su favor.   

En contraste de lo que sucede con los Estados, grandes tecnológicas como Google, Amazon, Apple o Meta* rara vez son señaladas por capturar masivamente datos de sus usuarios –aún en los ámbitos más privados– con fines económicos.

Se trata de lo que Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, ha denominado “capitalismo de la vigilancia”.

“Invaden nuestra vida privada a través de la vigilancia, obtienen datos de comportamiento y consideran que esa cantidad de datos es de su propiedad. Así funciona el ‘capitalismo de vigilancia’. Es una operación fundamentalmente ilegítima”, apuntó la académica en un documental. 

Este modelo, explica, se ha convertido en dominante gracias a la combinación de poderosos ‘lobbies’ en los centros del poder mundial, vacíos legales, políticas opacas, tolerancia gubernamental y desinterés generalizado de la ciudadanía, que como advierte Byung-Chul Han, ve en las plataformas digitales un espacio de libertad sin límites.

Muy al margen de las críticas avanzadas por Zuboff, los cuestionamientos hacia las gigantes de la tecnología están principalmente enfocados en la violación de las leyes antimonopolio vigentes en gran parte de los países occidentales, las deficiencias para proteger a personas vulnerables de abusos o en la guerra comercial contra China.

El caso de Google, que enfrenta un juicio en tribunales estadounidenses por atentar contra la libre competencia y ha preferido pagar una multa de 10.000 millones de dólares al año, a cambio de mantener su hegemonía como motor de búsquedas en internet, representa un buen ejemplo de hacia dónde se están enfocando los esfuerzos de control.

De forma semejante se han zafado otros consorcios como Apple, Amazon o Meta* cuando se les ha puesto bajo el escrutinio de la Justicia: pagando multas que representan una fracción insignificante dentro del capital que controlan, gracias a la ausencia de marcos regulatorios precisos y al trabajo de sus departamentos jurídicos, conformados por varios cientos de abogados.

Con todo, en el espacio de la UE, donde hay un fuerte activismo en favor de transparencia digital y del resguardo de la privacidad de los usuarios, el Parlamento se ha visto obligado a legislar para poner freno a las compañías tecnológicas, aunque sigue sin estar claro cómo se materializarán en la práctica, más allá de las sanciones monetarias. 

Por otro lado, aplicaciones como TikTok y equipos fabricados por Huawei o ZTE se transformaron en blanco de críticas desde Washington y Bruselas porque, según se dijo, supuestamente son el medio que usa el Gobierno chino para recopilar datos de usuarios y poner en riesgo la seguridad de sus competidores. 

Hasta ahora, ello se ha traducido en proscripciones para los funcionarios y en amenazas de nuevos embargos comerciales contra Beijing, aspecto que deja traslucir que los ataques contra las compañías tecnológicas chinas tienen motivaciones de mayor calado.

La reciente salida al mercado del Huawei Mate Pro 60 es ilustrativa en ese sentido. En EE.UU. se encendieron las alarmas, al comprobar que el dispositivo no solo exhibía un rendimiento en la red 5G comparable al iPhone 15, la última novedad de Apple en el ramo, sino que el chip Kirin 9000s en su interior dejó al descubierto la ineficacia de las sanciones impuestas por Washington a la industria china de semiconductores.

Pese a la evidencia disponible, la respuesta estadounidense frente a este desafío fue considerar la prohibición de cualquier exportación de tecnología a Huawei y a la Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), principal fabricante de chips del gigante asiático. 

Frente a este panorama, la discusión sobre el límite ético de los procedimientos de captura masiva de datos y las ganancias que las ‘Big Tech’ obtienen a partir de ‘big data’ no luce como una prioridad. Sin embargo, lo es. Al margen de las diatribas geopolíticas, el capitalismo de la vigilancia sigue generando riqueza para unos pocos a costa de miles de millones de personas, sin que aparezca un límite claro a la vista.

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha destituido a su presidente, el republicano Kevin McCarthy, como resultado de una votación después de que uno de sus copartidarios presentara la noche de este lunes una moción con este objetivo. De este modo, el político se ha convertido en el primer presidente de la historia de la Cámara en ser destituido mediante una moción de este tipo.

La iniciativa de la destitución fue propuesta por el representante de Florida, Matt Gaetz, quien previamente acusó a McCarthy de haber llegado a un “acuerdo paralelo en secreto” sobre Ucrania con el presidente de EE.UU., Joe Biden. Tras presentar la moción, Gaetz declaró a los medios que tiene “suficientes republicanos para hacer que una de dos cosas ocurra la próxima semana: que Kevin McCarthy no sea presidente de la Cámara de Representantes, o que sea presidente de la Cámara de Representantes trabajando a voluntad de los demócratas”.

El propio McCarthy creyó que sobreviviría a las acciones de Gaetz para destituirlo.

Así, pocos minutos después de que se conociera la presentación de la moción, McCarthy reaccionó con ironía, publicando en la red social X: “¡Adelante!”.

Anteriormente, la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. aprobaron un proyecto de ley de financiación del Gobierno para 45 días propuesto por el Partido Republicano.

El proyecto no contiene ninguna ayuda financiera a Ucrania, pero la Casa Blanca instó a McCarthy a presentar otro documento que proporcione los fondos.

Francesco Spagnesi, el párroco de la iglesia de la Anunciación de Castellina (Italia) que fue arrestado por la Policía el pasado mes de septiembre por robar miles de dólares de las arcas de la diócesis para organizar orgías gay con consumo de drogas, fue condenado esta semana a tres años y ocho meses de cárcel, informan medios locales.  

Spagnesi, de 40 años, negoció la sentencia como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que se confirmaron los cargos de tráfico de drogas y apropiación indebida, si bien fueron retirados los de intento de daño grave por, presuntamente, haber tenido sexo sin protección con múltiples hombres sin decirles que era VIH positivo.

El novio de Spagnesi, por su parte, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por complicidad en la compra y venta de drogas.

El exsacerdote cumplirá parte de su condena en una comunidad terapéutica, donde recibirá tratamiento por su adicción a las drogas y se le pedirá que realice servicios sociales.

Por otro lado, el tribunal determinó que Spagnesi tendrá que devolver los, aproximadamente, 338.000 dólares que robó de su parroquia.

Se cree que usaba ese dinero para comprar la ‘droga de las violaciones’ y organizar, a través de Internet, fiestas orgiásticas a las que asistían médicos, banqueros y empresarios. Se calcula que hasta 200 personas llegaron a participar en ese tipo de eventos.

El pasado mes de abril, el eclesiástico confesó al obispo Giovanni Nerbini que había consumido estupefacientes, por lo que este le pidió que acudiera a un psicoterapeuta. A primeros de septiembre, Spagnesi fue destituido de sus funciones sacerdotales.

Una eventual victoria del lider de La Libertad Avanza, Javier Milei, en las próximas elecciones presidenciales de Argentina afectaría las relaciones entre los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y pondría en riesgo el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), reiteró este lunes el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Durante el Foro Económico de la Fundación Getulio Vargas, realizado en Sao Paulo, el ministro Haddad dijo, reseñado por medios locales, que para Brasil es importante reducir los riesgos comerciales, una advertencia que lanzó la semana pasada desde Nueva York, EE.UU., al hablar sobre el posible “resultado electoral exótico” en las presidenciales argentinas de octubre próximo.

“El Mercosur está en riesgo, en especial por los eventos próximos”, como los comicios argentinos, con “la capacidad del alcance de la narrativa del candidato que lidera las elecciones”, dijo Haddad, en referencia al ultraderechista Milei. Además, el ministro brasileño indicó que ante ese escenario político, el Mercosur debe procurar concretar este año el esperado acuerdo con la UE, sobre todo, porque Milei ha dicho que ese bloque suramericano es una “unión aduanera defectuosa” de la que ha prometido retirarse.

El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, anunció el domingo que visitará las Islas Malvinas en apoyo a la “autodeterminación” de los habitantes del territorio, cuya soberanía es reclamada por Argentina. 

Cleverly anticipó su viaje durante una recepción en la Conferencia del Partido Conservador, en la que alertó que, ante la proximidad de las elecciones en Argentina, algunos políticos están tratando de hacer una “demostración de fuerza” respecto al conflicto.

“Creo en el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el pueblo de las Malvinas ha dejado clara su posición. Necesitamos restablecer un gobierno conservador para asegurarnos de que ellos y otros en todo el mundo estén protegidos”, manifestó el canciller.

“Mi labor es reiterar que solo un gobierno conservador garantizará los intereses de aquellos que dependen del liderazgo británico”, añadió el ministro.

Este lunes, el Gobierno argentino rechazó el anuncio de Cleverly y reiteró su pedido a las autoridades británicas de sentarse a negociar sobre el conflicto por la soberanía de las islas.

“Como es habitual, cuando a los conservadores británicos se les aproximan elecciones se les da por exhibir el anacrónico y decadente imperialismo colonial”, declaró el secretario argentino de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

“En lugar de aceptar la propuesta del canciller Santiago Cafiero de diálogo sobre una renovada agenda con eje en la cuestión de la soberanía y ajustada al derecho internacional, Cleverly elige seguir comprometiendo la dañada reputación de su país en la cuestión Malvinas”, manifestó Carmona.

Y desafió al ministro británico ante su visita “a la Argentina”: “Lo estaremos esperando con las formales protestas diplomáticas y el debido repudio a una acción que se preanuncia como provocación innecesaria que desafía al derecho internacional”. 

Semanas atrás, durante su intervención en la 78.° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente argentino, Alberto Fernández, reafirmó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” sobre las Islas Malvinas, y cuestionó al Reino Unido por negarse a reanudar las negociaciones. 

No es la primera vez que Trump se burla de Biden, de 80 años. El pasado mes de abril hizo algo parecido durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 que tuvo lugar en la ciudad de Mánchester, en el estado de Nuevo Hampshire.

A pesar de que la Unión Europea cuenta con las “herramientas” necesarias para sobrellevar otro invierno de crisis energética —que incluyen la conservación y energías renovables—, la dependencia de las exportaciones del gas natural licuado (GNL) estadounidense se mantendrá durante décadas, advirtió la directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jorgensen.

“Vamos a necesitar algunas moléculas fósiles en el sistema durante un par de décadas venideras. Y en ese contexto, habrá necesidad de energía estadounidense”, afirmó Jorgensen.

La declaración de la alta funcionaria europea representa uno de los mensajes más fuertes desde Bruselas acerca de que los países miembros de la UE seguirán consumiendo el gas natural licuado de EE.UU. mucho más allá del fin de la década, a pesar de las preocupaciones de que esto podría hacer mella en las ambiciosas metas climáticas del bloque comunitario.

Ciarán Cuffe, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Verde irlandés, declaró que “es míope” incrementar la dependencia del GNL y del gas extraído por fracturación hidráulica, y que, en cambio, la UE debería impulsar la adopción de energías renovables.

Entretanto, las exportaciones estadounidenses del gas natural licuado a la Unión Europea aumentaron con creces el año pasado, llegando hasta los 56 bcm desde los 22 bcm en 2021.

El gas ruso representaba el 16 % de las importaciones europeas para finales del año pasado, frente al 37 % de marzo de 2022, y en la actualidad los envíos del GNL desde Rusia a Europa se encuentran en sus máximos históricos.

Las empresas estadounidenses que condensan el gas natural licuado para cargarlo en buques petroleros ya han firmado nuevos acuerdos de suministro a largo plazo con Europa.

Así, Cheniere Energy, el mayor exportador estadounidense de GNL, firmó este año dos contratos con las compañías europeas Equinor y BASF, comprometiéndose a suministrar 2,55 millones de toneladas anuales a través del Atlántico hasta el año 2040.

“Seguimos observando una significante necesidad de gas natural en Europa durante décadas, especialmente para los usuarios finales que valoran la cooperación a largo plazo y la seguridad del suministro”, señaló Anatol Feygin, director comercial de Cheniere Energy.

Otro exportador estadounidense, Venture Global LNG, firmó en junio un contrato de 20 años para suministrar 2,25 millones de toneladas anuales del hidrocarburo a la empresa estatal alemana SEFE. La compañía estadounidense ya firmó en octubre pasado otro contrato de 20 años con EnBW, con lo que Venture Global se convertirá en el mayor proveedor del gas natural licuado en Alemania.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 2, 2023

El presidente de la Conferencia Episcopal Suiza, el obispo Felix Gmur, se ha pronunciado contra el celibato y a favor de las mujeres sacerdotes, luego de que una investigación revelara más de 1.000 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Suiza desde 1950.

“El celibato significa que estoy disponible para Dios. Pero creo que este símbolo ya no es comprendido por la sociedad actual”, declaró este sábado Gmur en una entrevista. “Ha llegado el momento de abolir el requisito del celibato. No tengo ningún problema en imaginar sacerdotes casados”, agregó.

El obispo reveló que, al principio de su carrera, hizo hincapié en la conducta jurídicamente correcta en los casos de abusos, cuyo proceso descuidaba la perspectiva de la víctima. Sin embargo, ya no piensa de esa forma: “en este sentido, he cambiado mi perspectiva con el tiempo”, comentó.

Gmur es partidario de un control externo de la investigación eclesiástica de los casos de abusos, tal y como exige la Conferencia Central Católica Romana. Asimismo, asegura que le gustaría actuar de forma mucho más liberal de lo que Roma le permite. “Estoy en conflicto porque estamos integrados en la Iglesia universal, que tiene sus normas, a las que también tenemos que atenernos”, indicó, destacando que en Roma hará campaña para que la Iglesia se “descentralice”. 

“Necesitamos una nueva moral sexual y la oportunidad de dictar nuestras normas a nivel regional. Es un acto de inculturación importante para la Iglesia”, resalta el eclesiástico. 

Según el obispo, la exclusión de las mujeres de la ordenación sacerdotal también debería caer. “La subordinación de la mujer en la Iglesia católica me resulta incomprensible. Allí se necesitan cambios”, destaca.

El 12 de septiembre, la Universidad de Zúrich publicó un estudio que calcula que se han registrado al menos 1.002 casos de abusos sexuales por parte del clero católico suizo desde 1950. Según los investigadores, esto es solo la punta del iceberg, puesto que la mayoría de los casos no se denunciaron y los documentos se destruyeron.

La Conferencia Episcopal Suiza ha decidido crear un tribunal penal y disciplinario eclesiástico para la Iglesia católica romana en Suiza. Sin embargo, esto aún debe discutirse con el papa Francisco, ya que dicho tribunal no está previsto en el derecho canónico, indicó Gmur.