El chapitel de la famosa catedral de Notre Dame de París se ha derrumbado después de un incendio masivo que estalló en la catedral.
Enormes columnas de humo que se acumularon en el horizonte de la ciudad y las llamas envuelven grandes secciones del edificio histórico mientras los bomberos luchan por contener el infierno.
El incendio se desató en el ático del monumento antes de extenderse por el techo.
Funcionarios de París dijeron que el incendio podría estar relacionado con las obras de restauración, ya que el pico de la iglesia se encuentra actualmente en un proyecto de renovación de 6 millones de euros ($ 6,8 millones).
Un portavoz de la catedral dijo que el incendio fue reportado por primera vez a las 5,50 pm (Hora local) y que el edificio fue evacuado poco después.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, pospuso un discurso televisado a la nación debido al impresionante incendio y fue a la catedral.
Macron twitteó poco después del incendio: ‘Nuestra Señora de París en llamas. Emoción de toda una nación. Los pensamientos salen a todos los católicos y a toda Francia. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche al ver que esta parte de nosotros se quema.
El discurso pregrabado de Macron se emitiría el lunes por la noche para exponer sus esperadas respuestas a la crisis del chaleco amarillo que ha sacudido al país desde noviembre pasado.
El portavoz de la catedral, Andre Finot, le dijo a Le Monde: “Todo está ardiendo. El marco, que data del siglo XIX por un lado y del siglo XIII por el otro, no quedará nada.
“Tendremos que esperar y ver si la bóveda, que protege la catedral, será tocada por el fuego o no”.
Actualmente, en Argentina, más de 3000 prisioneros políticos, con sus respectivas familias son víctimas de la violación de los derechos humanos por parte de la justicia, con la complicidad del gobierno, de las mal llamadas asociaciones de derechos humanos y de otros militantes oportunistas. Esos hombres y mujeres, mayores de 70 aňos, enfermos, con prisiones preventivas ilimitadas, con detenciones domiciliarias condicionales, se atacan sus domicilios, no tienen los mismos derechos que los presos comunes. Mueren en silencio social, institucional y familiar. No es un secreto para nadie que no quiera saber.
Esos ex agentes del Estado, magistrados, sacerdotes, abogados, académicos, médicos, profesionales…que desde sus funciones, en los aňos 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques de grupos terroristas, hoy son ilegalmente juzgados y condenados en nombre de una justicia de venganza y odio. Son condenados en un ficticio e ilegal proceso judicial. Los miembros de los grupos terroristas son indemnizados y declarados inocentes de todos los delitos y crimines cometidos.
Los autores de esas violaciones de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales a los Prisionerpos Políticos , son conocidos, actúan impunemente, públicamente, protegidos por un sistema corrupto y de inseguridad jurídica. Esos delincuentes a quienes la justicia todavía no los juzgó, son : Magistrados, jueces, altos funcionarios, oficiales de las fuerzas armadas, seguridad, policiales, penitenciarios, parlamentarios, funcionarios nacionales, provinciales, municipales, miembros de organizaciones ilegales de derechos humanos, militantes disfrazados de periodistas, académicos, artistas, profesionales….Los unos dicen obedecer ordenes, los otros argumentan principios jurídicos inexistentes.
Pero como todo tiene su tiempo de vida, el momento llegará que deberán responder ante una justicia parcial, objetiva y justa.
Ninguno de los que hoy violan los Derechos Humanos a los Prisioneros Políticos en Argentina podrá argumentar que ignoraban lo que hacían, el porque o a quienes. Actúan como agentes de persecución, se presentan como defensores de los humanos pero violan esos derechos a numerosas personas por venganza, odio y sobretodo por beneficios económicos. Tampoco ignoran que ningún país respectuoso del Estado de derecho, utiliza el « modelo de justicia argentina ». Con un relato, una ucronia engaňan la sociedad nacional y la comunidad internacional.
En la última reunión que tuvo el gobierno con más de 50 embajadares acreditados en el pais https://www.argentina.gob.ar/noticias/pena-se-reunio-con-50-embajadores-extranjeros el jefe de gabinete o el ministro de relaciones exteriores, presentaron a los representantes diplomáticos, el modelo de política de derechos humanos que utilizan con un sector particular de la sociedad. Comunicaron que continuarán en esa dirección (es decir violar los derechos humanos a numerosas personas) e invitaron a la comunidad internacional (representada en esa asamblea) a adherir y poner en prácticas principios de excepción, la suspensión de garantías, la irretroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, analogía penal, no respeto de la amnistía y otros pilares que violen las garantias del debido proceso, la seguridad juridica, los principios de legalidad…. en sus respectivas instituciones judiciales para defender los derechos humanos. https://mobile.twitter.com/JorgeFaurie/status/1115600929527492608 ¿O los países presentes en esa reunión violan los derechos humanos pero la Argentina no quiere denunciarlos ?
Pronto, donde vayan también los iremos a buscar, parar llevarlos ante la justicia nacional o universal, porque a esos individuos sí se les podrá aplicar el estatus de la CPI y las convenciones respectivas, sin violar sus derechos humanos, leyes y garantias procesales como actualmente se realiza con los Prisioneros Políticos. Ya no podrán cubrirse detrás de un asilo político o la persecución de una dictadura por haber simplemente distribuido un panfleto, luchar contra ella o querer un mundo mejor. Esperando ese día, será nuestra forma de resistir[1]. Paris, 15 abril 2019. CasppaFrance.
Continuando con las falsas acusaciones de los fiscales, “los militares son empleados públicos”, acusaciones que son plenamente aceptadas por los jueces prevaricadores que llevan adelante todos los juicios mal llamados de lesa humanidad.
Esta acusación no es falsa por lo de empleado público en sí mismo, esa calificación está correcta. Lo que es una mentira de esta acusación es lo que a continuación paso a detallar.
Las fuerzas armadas son consideradas empleados públicos porque tienen el cuidado de todos los bienes que el Estado les entrega para cumplir adecuadamente con las misiones que el poder político les encomienda, bienes que las fuerzas armadas sólo disponen para el cumplimiento de esas misiones.
En esta acusación de empleado público, nos consideran como si fuese un intendente, un gobernador, un político, un diputado o un senador, lo cual salta a simple vista y no es para nada así.
La diferencia fundamental es que las fuerzas armadas, no pueden disponer de esos bienes que el pueblo les entrega, y el resto de los empleados públicos como sabemos hacen uso y abuso de los bienes y del dinero que también el pueblo les entrega. Así es que de quinta potencia mundial antes de Perón ahora pasamos a ser una Nación miserable, sin seguridad, sin justicia, sin educación, sin trabajo etc.
25.05.2003 Néstor Kirchner asume democráticamente la presidencia de Argentina, acompañado por Hugo Chávez y Fidel Castro. Posteriormente su esposa Cristina Kirchner (actualmente Senadora de la Nación) fue elegida por el voto popular para sucederlo en dos oportunidades como presidente.
Es verdad que un militar puede ser empleado público, no en el sentido que los mentirosos lo hacen. Durante el gobierno de facto hubo muchos casos en que así se desempeñaron en la administración pública, pero bajo ningún punto de vista eso se dio en las tropas que combatieron y siempre lo hicieron con ESTADO MILITAR, en cumplimiento de órdenes emanadas por el gobierno sea democrático o de facto.
Es importante también explicar, que todo eso estaba perfectamente detallado en las leyes y reglamentos militares con que nos tocó actuar en la lucha contra el terrorista guerrillero. Al menos en esos momentos se cumplían a rajatabla, y la misma hace referencia que en casos excepcionales el militar podría actuar como empleado público. Es decir las leyes, vigente en el momento de los hechos, determinan claramente que es ESTADO MILITAR y en qué condiciones puede ser empleado público, ley que todavía está vigente y que paso a detallar..
EMPLEADO PÚBLICO.
Como mencionara el militar maneja bienes que le entrega el Estado pero exclusivamente en el ámbito militar, y como tal éramos objeto de inspecciones y auditorías por parte de los superiores en cada uno de los rubros que manteníamos con cargo a saber: armamento, munición, correspondiente a Arsenales, ropa vestuario y equipo correspondiente a Intendencia. Edificios correspondiente a Ingenieros, de los que era responsable directo y ante cualquier irregularidad debía responder a la Justicia Militar ya que actuaba bajo la tutela del Código de Justicia Militar (CJM), y si fuese necesario ante el tribunal militar (art 842 y 870 del CJM). Por tal responsabilidad en el cuidado de los bienes del estado, era también calificado por los superiores inmediatos, en mi caso de un regimiento por el Jefe y 2do Jefe del Regimiento.
El Ministerio Público Fiscal en una de las argucias jurídicas que utiliza hace uso del art. 77 del Código Penal (CP) para definirnos, como funcionario público fuera del ámbito militar, a fin de que se nos pueda juzgar por los supuesto delitos con ese Código Penal. Esto es de un absurdo tal, que tan solo esta acusación, la de ser empleado público fuera del ámbito militar, es de nulidad absoluta, lo que nulifica de hecho la aplicación del Código Penal es estos juicios. Esto no es un error producto de habernos sacado de los jueces naturales (art. 18 Constitución Nacional), es en realidad una mentira prolijamente elaborada por la ejecución de estos juicios de esta índole, cuando sabemos que el Ministerio Público Fiscal es lego en materia castrense tanto en leyes militares como en el Código de Justicia Militar. Lo más grave es que el art. 77, paf. 5 menciona la Ley Orgánica para el personal militar, actualmente en vigencia y este MPF no se molestará en estudiar la misma, en claro prevaricato, lo que determina claramente cuando el militar puede ser funcionario público, en el sentido que pretende darle el MPF.
Lo mencionado precedentemente es la más puro aplicación de uno de los principios del Nazismo El Principio de Silenciasión, de haber estudiado las leyes militares, nunca hubieran efectuado tal acusación, según términos del Código Penal, y más grave sería aún si habiendo leído la ley 19.101, Ley para el Personal Militar, la dejara de lado. Esto lo vienen haciendo con leyes y sentencias, para poder efectuar otras falsas acusaciones, y así poder llevar adelante estos juicios de la venganza asegurando las condenas.
A continuación, paso a fundamentar la nulidad absoluta de esta acusación, mediante la Ley 19.101 – LEY PARA EL PERSONAL MILITAR la que establece:
1 . “TITULO I.
CAPITULO I
Art 1: Las Fuerzas Armadas (FFAA) de la Nación son exclusivamente el Ejército Argentino (EA), la Armada Argentina (AA) y la Fuerza Aérea ( Fza Ae).
Art 2: El EA, la AA y la Fza Ae son aquellas organizaciones de sus respectivas FFAA
que se mantienen en servicio en forma efectiva. Con respecto a su personal este
constituye su cuadro permanente que está integrado por personal que voluntariamente
se encuentra incorporado a sus respectivas FFAA para prestar servicios militares y está
en actividad.
CAPITULO II.
Art 5 define:
ESTADO MILITAR: es la situación Jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía militar de las FFAAA.
GRADO: Es la denominación de cada uno de los escalones de la jerarquía, en el orden existente entre grados
ACTIVIDAD: Es la situación en la cual el personal militar tiene la obligación de desempeñar funciones dentro de la institución militar y cubrir destinos que prevean las disposiciones reglamentarias.
RETIRO: Es la situación en que el personal militar sin perder su grado ni su estado militar, cesa en sus funciones propias de la situación en actividad, salvo casos provistos en esta ley y su reglamentación.
Art 6:
Tendrá estado militar el personal de las FFAA que integre su cuadro permanente y su reserva incorporada y el que proveniente de su cuadro permanente se encuentre en situación de retiro.
Art 7:
Son deberes esenciales impuestos por el estado militar para el personal en situación de actividad: Inc. 5:La no aceptación, ni desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a la actividad militar sin autorización previa de autoridad competente.
Inc. 6: La no aceptación ni desempeño de funciones públicas electivas y la no participación directa o indirecta en las actividades políticas.
CONCLUSIÓN: Lo mencionado en el Art. 7. Inc. 5 y 6. del Capítulo II, prohíbe expresamente al militar ser funcionario público.
Para que se entienda el militar no era funcionario público fuera del ámbito militar, en el sentido que el Ministerio Público Fiscal pretende hacer creer, solamente podrían serlo en lo establecido por vía de excepción. Se establecen dos excepciones que están en el Reglamento Publico RV- 110- 5-1- (Reglamentación para el Ejército del Decreto Ley 19101/71 – Ley para el Personal Militar Tomo I “CUADROS PERMANENTES Y DE RESERVA” el cual expresa:
Art 18: El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas en los siguientes casos:
1) Cuando sea designado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
2) Cuando sea designado por otras autoridades, previa autorización del Comandante General del Ejército.
Estas dos excepciones quedan comprendidas en lo dispuesto en el Art 38 Inc. 2 Apart 6, Inc 3 Apart a. del Decreto Ley 19101/71 el que paso a detallar.
Art 38:
Inc. 2: Disponibilidad cuando se encuentre:
Apart. b: El personal superior del cuadro permanente que fuera designado por el PEN para desempeñar funciones o cargos no vinculados a las necesidades de los comandos en Jefe de las FFAA y no provistos en las leyes nacionales y sus reglamentaciones correspondientes y que impongan su alejamiento del servicio efectivo, desde el momento que tal asignación exceda de dos meses, hasta completar como máximo seis.
Inc. 3: Pasivo cuando se encuentre:
Apart. a: El personal superior desempeñado por designación del PEN funciones o cargos no vinculados a las necesidades de las respectivas FFAA y no previstas en las leyes nacionales y sus reglamentaciones correspondientes y que imponga el alejamiento del servicio efectivo desde el momento que exceda los seis meses previstos en el apartado b. del Inc. 2. De este artículo hasta completar dos años como máximo.
Por lo mencionado precedentemente, esta vía de excepción está considerada exclusivamente para los oficiales, en el hipotético caso de haberse desempeñado como funcionario público, el Ejército Argentino me habría colocado en disponibilidad y luego de los seis meses, en pasiva.
Estas dos situaciones de revista, como lo establece la Ley 19101, deberían haber estado registradas en mi legajo, el que presentó como prueba, al respecto y también esta ley establece que tendría que haber sido separado de mis funciones en mi servicio activo, lo que no fue así puesto que, en el momento en que el Ministerio Público Fiscal (MPF)me acusa, revistaba en estado militar, al mando de un elemento de combate. El Equipo de Combate Caspinchango (Eq Comb C) perteneciente a la Fuerza de Tarea Berdina (Fza T B) y en estado de guerra, configurado por el gobierno democrático, combatiendo contra el ERP, por lo que nunca actué como funcionario público, en el sentido que pretende darle el MPF y que explicara precedentemente.
El Código Penal de la Nación establece en su art 77 “(Para la inteligencia de este Código se tendrán presente estas reglas: (…) “Por los términos de funcionario público y empleado público usados en este Código, se designa al que participa accidentalmente o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección o por nombramiento de autoridad competente.
Por término “militar” se designa a toda persona que revista “ESTADO MILITAR”, en el momento del hecho conforme a la Ley Orgánica Para el Personal Militar” (Texto según ley 26.733 (B.O. 28/12/11)).
Ambos párrafos del Código Penal no hacen más que confirmar todo lo desarrollado precedentemente, por lo que las figuras legales del Derecho Penal Interno no pueden ser aplicables en violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tortura agravadas etc. Por ello nunca la acusación del MPF puedes darle EL SENTIDO QUE PRETENDE DARLE EL MPF, en quenos desempeñamos como funcionarios públicos, en el ámbito civil, según texto del Art. 77. Actuamos como funcionario público solo en jurisdicción militar con ESTADO MILITAR Y EN ACTIVIDAD como oficial del Ejército Argentino pertenecientes a una de la FFAA de la República Argentina. Combatir en una guerra revolucionaria, contra soldados terroristas guerrilleros que habían ocupada un tercio de la provincia de Tucumán, los distintos decretos 1454/73- 1368/74- 2462/75- 2770/75- 2772/75- 2712/75 (entre otros), las directivas u órdenes 1/75- 404/75- 405/75 (entre otras), todas emanadas de un gobierno democrático que me ordenó, facultó y me dio legítimas atribuciones para realizar operaciones militares y de seguridad, en territorio ocupado por el enemigo donde por decreto 1368/74 del 07/11/74 y Decreto 2715/75 de octubre del 75 se decretó el estado de sitio por el gobierno democrático, “quedando allí suspendidas las garantías constitucionales” (art 23 CN).
PP – VGMT. (PRESO POLÍTICO – VETERANO DE GUERRA EN EL MONTE TUCUMANO)
Paul G. Allen (1953-2018), co-fundador de Microsoft
Jean Floyd
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Ayer 13 de Abril de 2019 un gigantesco pájaro jet de doble fuselaje construido por el hombre, partió del Puerto Espacial y Aéreo Mojave, en su primer vuelo poco antes de las 7 a.m. Lo hizo sobre el desierto, a 112 kilómetros al norte de Los Ángeles. Voló algo más de dos horas, a una velocidad máxima de 304 kilómetros por hora y altitudes de hasta 5.181 metros, indicaron los directivos de la compañía Stratolaunch Systems Corp. Fundada por PAUL G. ALLEN, co-fundador de Microsoft, fallecido en octubre del año pasado, intenta ser un contendiente en el mercado del lanzamiento de satélites desde el aire.
“Fue un momento emotivo para mí ver personalmente a este majestuoso pájaro despegar, ver el sueño de Paul Allen cobrar vida frente a mis propios ojos”, declaró Jean Floyd, director generaL en una teleconferencia. A medida que el avión se elevaba, agregó, “susurré un gracias a Paul por permitirme formar parte de este logro notable”.
El avión está diseñado para transportar hasta tres cohetes con sus satélites al mismo tiempo bajo el centro de su enorme ala, que alcanza los 117 metros, de envergadura.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina registraron cuatro viviendas ubicadas en la ciudad bonaerense de San Nicolás y detuvieron a un hombre por comercialización de estupefacientes.
El operativo realizado conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se enmarca en una investigación propia que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 a cargo de la Dra. Verónica Marcantonio.
Como resultado de los allanamientos, se detuvo a un hombre de 29 años y se secuestraron hojas de marihuana, un kilo de cocaína, cerca de 600.000 pesos en efectivo, celulares, tablets y una pistola calibre 22, junto con cargadores y proyectiles.
Los medios de comunicación informan que fue capturado esta semana, el represor Alberto Jaime por la unidad de investigaciones de la Gendarmería Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está imputado del “homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de la militante montonera Yolanda Rosa Ponti.
Lo que no cuentan los medios, es que la que llaman “militante”, era una terrorista.
Y que el “homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas”; no fue tal, sino que la occisa provocó un enfrentamiento.
En la tarde del 01 de diciembre de 1976, el sargento 1ro OSCAR ALBERTO CABEZAS integraba un grupo que casualmente observo que una delincuente terrorista ascendió a un colectivo de la línea 3. Decidieron seguir a la terrorista y Óscar Cabezas y un acompañante, con órdenes de ir desarmados para estar obligados a evitar cualquier enfrentamiento que pudiera causar victimas inocentes, abordaron el mismo colectivo en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre.
La terrorista que resultó ser Yolanda Rosa Ponti al verse descubierta abrió fuego, impactando tres disparos contra el sargento 1ro del Ejército Argentino OSCAR ALBERTO CABEZAS, causándole la muerte.
La homicida vuelve a disparar ahora contra el acompañante de Cabezas que estaba en el estribo del colectivo, pero el proyectil impacta contra la espalda del conductor del colectivo ARNALDO MARTINAZZO, que aterrorizado por la situación, abandonando el volante, trataba de descender del ómnibus.. El acompañante de Cabezas, se aleja rodeando el colectivo, hacia el auto en el que se desplazaban los intervinientes. La terrorista, pasando sobre los cuerpos de Cabezas y Martinazzo, desciende del colectivo y arroja una granada por sobre el techo del colectivo, tratando de matar al acompañante de Cabezas, pero las esquirlas provocaron la muerte de ROBERTO HERRERA, un señor jubilado como ordenanza de la Casa de Gobierno de Santa Fe y que ayudaba a su sustento económico como cuidacoches en el lugar.
La montonera luego de haber arrojado la granada, fue alcanzada por un disparo efectuado por otro integrante del grupo militar. Y como la intención del personal no era la de asesinar, se solicitó una ambulancia para asistirla, e internada en el Hospital José María Cullen, la homicida falleció al cabo de varios días.
Pero a esta asesina se la pretende hacer pasar como una heroína, ocultando su accionar criminal.
Y si los diarios de la época pueden ser criticados y puestos en duda por no ajustarse su información a los deseos de quienes pregonan “memoria, verdad y justicia”; podemos hurgar en los archivos del no tan honorable Senado de la Nación, donde se puede encontrar que
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés el proyecto “Memoria en la pared” a desarrollarse en las ciudades de Rafaela, San Cristóbal y Sunchales de la provincia de Santa Fe, organizado por el Espacio de la Memoria de la ciudad de Rafaela, durante el período 2018-2022.
Proyecto presentado por el ahora candidato a Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar A. Perotti y aprobado por ese no tan honorable Senado, el 4 de setiembre del año pasado; en el que se rinde homenaje a 22 supuestas víctimas del “terrorismo de estado”. Estas supuestas víctimas, mencionadas con nombre y apellido, se las señala como “asesinada”, “desaparecida”, “fallecida” (¿?), “fusilada”; y Yolanda Rosa Ponti (muerta en situación de enfrentamiento el 1 de diciembre de 1976)
Más claro, echale agua.
Por esta muerta en situación de enfrentamiento el 1 de diciembre de 1976, se encuentra privado de su libertad por una justicia prevaricadora, Alberto Jaime.
Y fue indagado por el Juez Federal Nº 1 de la Ciudad de Santa Fe, Dr. Reinaldo Rodríguez, el mismo que fue cuestionado por los generosos amparos que concedía en la época del “corralito”; el que dejó prescribir la causa contra la mafia del transporte de colectivos, el que dejó librada a su suerte a dos víctimas de explotación sexual, el que dejó en libertad al narcotraficante Ignacio Salvador Principatto, chófer del camión que encontraron en Arroyo Leyes con más de mil quinientos kilos de marihuana.
Alberto Jaime, es otra víctima del prevaricato como instrumento de venganza.
Pero algo está cambiando. En esta oportunidad, se puede comprobar la falsedad de las imputaciones y los falaces testigos, deberán asumir las consecuencias.
Benjamin “Bugsy” Siegel nació el 28 de febrero de 1906 en Williamsburg, Brooklyn. Sus padres eran inmigrantes judíos que se habían establecido en la ciudad de Nueva York a principios de siglo. Más tarde se mudaron al Lower East Side de Manhattan, que era un hervidero de delitos. No pasó mucho tiempo antes de que su hijo descubriera que le gustaba la vida en la calle.
El temperamento violento de Siegel y los dramáticos cambios de humor hicieron que los amigos comentaran que estaba “loco como una chinche de cama”. De ahí que “Bugsy”, un apodo que en realidad despreciaba. Siegel se hizo amigo de su compañero gángster judío Meyer Lansky cuando era un adolescente. Juntos formaron “The Bugs and Meyer Mob”, una violenta pandilla judía en el Lower East Side que se especializaba en la extorsión. Este equipo finalmente se transformó en el grupo de asesinos a sueldo de la mafia que se conoció como “Asesinato. Cía.” (Crime.inc)
La prohibición supondría un enorme beneficio para las pandillas de Nueva York, con Siegel y Lansky uniendo fuerzas con la de las estrellas en ascenso del inframundo, Charles “Lucky” Luciano. Después de que Luciano contrató a cuatro asesinos de Murder Inc. (uno de los cuales supuestamente era Siegel) para asesinar a su rival Salvatore Maranzano, se convirtió en el mafioso más poderoso de Nueva York y, junto con Lansky, estableció el National Crime Syndicate, que dividió el poder entre Diferentes pandillas para evitar nuevas guerras territoriales.
Bugsy Siegel encajaba a la perfección con el gángster estereotipado de la década de 1920 que desde entonces el cine y la televisión han hecho un glamour. Para 1931, el antiguo “vago” de la calle había ganado suficiente dinero para comprar un apartamento en el exclusivo Waldorf Astoria.
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Hizo alarde de su dinero vistiendo trajes caros y frecuentando las discotecas más famosas de la ciudad. A pesar de su aspecto elegante y distinguido, Siegel no temía hacer el trabajo sucio de la mafia él mismo. Una vez, le confesó a un conocido en Las Vegas que él personalmente había matado a al menos una docena de personas. En un intento de tranquilizar a su confidente, agregó: “Nosotros [los gángsteres] solo nos matamos unos a otros”.
Sin embargo, Siegel solo podía matar a tantos pandilleros antes de que comenzaran a buscar venganza. El Departamento de Policía de Nueva York ya lo había estado vigilando de cerca, y luego de ir de juerga y matar a tres mafiosos rivales, se le comunicó a él y a Lansky que era el turno de Siegel de ser marcado para el asesinato.
Lansky decidió que, dado que el Sindicato estaba buscando expandirse hacia el Oeste, su viejo amigo sería el candidato perfecto para enviar a California para establecer y consolidar las operaciones de juego. Siegel prosperó en el brillo y el glamour de Tinseltown: se mudó a una villa costosa y se juntó con estrellas de cine y sociales. En primer lugar, sin olvidar por qué lo habían enviado a Golden State, Siegel pronto supo de una interesante oportunidad de negocios en Nevada.
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En 1941, el primer hotel abrió sus puertas en la autopista 91: El Rancho Vegas Resort. Otros hoteles-casinos siguieron su ejemplo, y esta sección se conoció rápidamente como ‘The Strip’. En 1946, el mafioso de la costa este, Bugsy Siegel, respaldado por el dinero de la droga mexicana de Meyer Lansky, jefe de la mafia, abrió el Flamingo, un complejo de alta gama con el modelo de Hollywood, atrayendo a talentos de primer orden y celebridades. Siegel fue asesinado en 1947, pero otros pandilleros llevaron a cabo su visión de Sin City, muchos ayudando a abrir la Riviera, la Nueva Frontera, las Arenas y el Sahara en los años cincuenta y sesenta. La mayor parte de la construcción fue financiada por el narcotráfico y las prácticas comerciales ilegales, utilizando el hotel-casino para lavar dinero; muchos mafiosos recibieron inversiones de grupos reputados como los bancos de Wall Street y la Iglesia Mormona. Con una escena de casino en auge, los turistas acudieron a Las Vegas para apostar, jugar a las máquinas tragamonedas y ver artistas famosos como Frank Sinatra y Elvis Presley.
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El Rancho Vegas fue el primer resort establecido en la autopista 91 en medio del desierto de Nevada; hoy es mejor conocido como “The Strip”, un oasis para jugadores y juerguistas de todo el mundo. Siegel vio lo bien que estaba El Rancho y se dio cuenta del potencial de la mafia en Sin City (Las Vegas, ciudad del pecado); convenció a su viejo amigo Meyer Lansky para que invirtiera dinero en su nuevo plan de negocios.
Bugsy Siegel se hizo cargo del desarrollo de The Flamingo, un resort que ya estaba en construcción, pero cuyos inversionistas originales se habían quedado sin dinero. Siegel prometió a sus amigos del inframundo en la costa este que podría completar el resort por un mísero millón de dólares, pero debido a una combinación de mala administración y dinero robado, Lansky y los demás pronto se encontraron en el agujero por $ 6 millones.
Naturalmente, los jefes de Nueva York no estaban contentos con el aumento de los costos. Cuando el Flamingo finalmente abrió en 1946, los jugadores felices bautizaron al casino con una racha de victorias, lo que fue una buena noticia para los huéspedes, pero una mala noticia para la mafia. Siegel sabía que las cosas no le parecían bien, pero eventualmente, su propia suerte cambió y el resort finalmente comenzó a ganar mucho dinero.
Desafortunadamente para Bugsy Siegel, era demasiado poco tarde: su destino había sido decidido por sus antiguos amigos en una reunión en La Habana. El 20 de junio de 1947, Siegel pasaba una noche tranquila en la casa de su novia Virginia Hill en Beverly Hills, leyendo un periódico en la sala de estar. La paz se rompió cuando nueve disparos de una carabina militar saltaron por la ventana y golpearon a Siegel en la cara. El gángster fue asesinado de forma instantánea y espantosa; uno de los disparos había sacado su globo ocular de su lugar y al otro lado de la habitación.
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Hasta el día de hoy, se desconoce quién mató a Siegel, o por qué razones. Su muerte ciertamente estuvo relacionada con la mafia, pero si fue por el aumento de los costos de construcción, las sospechas que había estado robando a los patrones, o una lucha interna por el poder nunca fue determinada.
Solo su hermano y su rabino se presentaron en el funeral de Bugsy Siegel, pero su nombre perduraría en la infamia. El flamingo ayudó a establecer la mafia en Las Vegas, y sigue en pie hoy.
Ayer terminó el juicio por el asalto al Regimiento de la Tablada, luctuoso hecho ocurrido entre los días 23 y 24 de Enero de 1989, en el que murieron 32 terroristas, 2 civiles ajenos al hecho y las fuerzas legales tuvieran once bajas. Allí, además de numerosos heridos, murieron nueve militares y dos policías de la Provincia de Buenos Aires, el Comisario Inspector Emilio García García y el Sargento José Manuel Soria. En este acto “legal” por la memoria verdad y justicia, fue condenado a cadena perpetua el General del Ejército ALFREDO ARRILLAGA por el tribunal compuesto por los jueces MATIAS MANCINI, ESTEBAN RODRÍGUEZ EGGERS Y ALEJANDRO DE KORVEZ. A este último togado lo conocí y traté en su juventud, cuando en los años 80 me desempeñaba como Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones Tigre, con asiento en la localidad de Martínez y él vecino de Olivos, trabajaba como abogado defensor penal en la zona norte del Gran Buenos Aires. Puedo asegurar que a muchos de nosotros él nos debe favores y así llegó a tener amistad con algunos policías. Luego ingresó al poder judicial y entonces nos solicitó que dejáramos de tutearnos, pedido que molestara por estar demás ya que nadie haría eso dado su nueva condición de funcionario, que antes de asumir se le había subido a la cabeza. Después, le perdí el rastro. Hoy verlo en la justicia federal actuando en un hecho donde juntamente con los 9 militares abatidos también hubo 2 miembros de la policía a la que tanto le debe, hace que me pregunte: ¿Este hombre adulto mayor sentirá algo, desempeñándose como miembro de una justicia tuerta, que debe juzgar a unos sí y a otros no?
General Alfredo Arrillaga, condenado a cadena perpetua.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Pcia. Buenos Aires
Abril 13, 2019
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Juez Federal Alejandro de Korvez
1989 – Copamiento La Tablada
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“Del mismo papel en que el juez ha escrito una sentencia contra un
adúltero rasgará un pedazo para escribir unas líneas amorosas a la esposa de un colega”
Más de 150 hombres (156, para ser exactos) han muerto en cautiverio desde diciembre 2015. A cada uno de ellos se le negó la posibilidad de acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva. Les dimos la espalda como sociedad; no objetamos que están siendo juzgados por hechos que ocurrieron hace más de 40 años, cuando éramos gobernados por un régimen democrático incapaz de reprimir actos terroristas. Existen actualmente muchas urgencias, muchas de ellas de orden económico. Pero también tenemos temas importantes a resolver como sociedad. Por ejemplo, recuperar el respeto por las instituciones y volver a creer en la Justicia para empezar a ser una nación creíble. Los que apoyamos al oficialismo en las elecciones de 2015 lo hicimos porque queremos un país distinto, serio, confiable. Para ello hace falta un gobierno firme, que deje de tomar medidas populistas, que diga la verdad. Se me ocurre pensar que en un acto heroico el Poder Ejecutivo pueda desterrar de una vez por todas el “relato” setentista excarcelando a quienes están en cautiverio y condenados injustamente. Tal vez esto sea el puntapié inicial para empezar a recomponer nuestro tan poco respetado aparato judicial.
“Había que despertar en el pueblo un sentimiento de vergüenza por los
delitos que mancharon doce años de nuestra historia, y denuncié a
quienes indirecta o directamente vindican ese espacio de infamia”.
Jorge Luis Borges
En general, las necesidades electorales de algunos y la desesperación por la pérdida de la impunidad de otros generan situaciones repugnantes. Ayer, La Nación publicó una desagradable noticia que pasó desapercibida en medio de los planes para reducir los precios de los artículos de la canasta alimentaria, de las disputas políticas de baja estofa y de la detención de Julian Assange, que tanto ha dividido a la opinión mundial.
En ella, Lucrecia Bullrich listó quiénes asistieron a una cena en Palermo; entre otros, reunió a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Marcelo Tinelli, Miguel Pichetto, Daniel Vila, Rodolfo D’Onofrio y Facundo Manes. Hasta allí, una cita más de los electrones libres que pululan en el peronismo alternativo, el radicalismo, la televisión, el fútbol y las empresas. Pero también estuvo presente Sebastián Eskenazi y, como dicen los jóvenes, allí se pudrió todo. Según trascendió, otro prócer de este país decadente faltó a la cita: el banquero Jorge Brito; de haber asistido, alguien hubiera gritado ¡bingo!
Porque don Sebastián y su padre, Enrique Eskenazy, fueron eslabones fundamentales de la siniestra cadena montada por Néstor Kirchner y su viuda para saquear, como nunca antes, a la Argentina: no solamente operaron desde su banco la fuga de los famosos “fondos de Santa Cruz” -los US$ 1.100 millones de la Provincia que desaparecieron en las cuentas extranjeras privadas de su entonces Gobernador- sino que actuaron como testaferros en la apropiación del 25% de YPF, un truco de ilusionismo que le costó al país el autoabastecimiento energético y le generó un gasto superior a los US$ 50.000 millones en importación -además, sobrefacturada- de gas licuado.
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Massa
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Lijo
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Bonadio
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Kirchner
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Manes
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Pero no se agotó así la vocación ladrona de los cómplices, ya que aún pretenden robar otros US$ 5.000 millones con un juicio promovido en los Estados Unidos contra el Estado. ¿Somos conscientes de la magnitud de los montos involucrados?, ¿y de qué relación tienen con el 32% de pobreza y la pauperización de la educación y de la salud, la inflación y el endeudamiento?
Es sabido que aquí no existe la condena social a los corruptos y a los cleptómanos, que circulan libremente por la calle y son invitados a los más rumbosos eventos públicos, donde son fotografiados por la prensa amarilla y cholula. En cualquier sociedad civilizada y con férreas reglas morales, muchos de los asistentes no se hubieran siquiera sentado a esa mesa, ya que al hacerlo se convertían en inmorales cómplices de la impunidad, y los corruptos estarían escondidos en sus madrigueras para evitar el castigo que, sin duda, les impondrían sus tribunales; entre nosotros, hasta cenan con los jueces que deberían juzgarlos o duermen las causas que los complican. ¡Teléfono para los jueces Ariel Lijo y Claudio Bonadio!
Pero cuando la Argentina nació, ya la violación de la ley y el contrabando formaban parte de su ADN; nada ha cambiado desde entonces, como no sea el agravamiento de los hechos y el suicidio colectivo de un país que, hace cien años, era una verdadera potencia y la quinta o sexta economía mundial.
Me pregunto cuáles habrán sido, en la reunión en cuestión, amén de las viandas y los mostos, que imagino exquisitos, los favores prometidos e intercambiados entre los asistentes: ¿alguna forma de amnistía para los funcionarios, empresarios y banqueros ladrones?, ¿fondos frescos (y negros) para las campañas políticas, anoréxicas desde el estallido de los “cuadernos”?
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Tinelli
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Assange
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Vila
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Pichetto
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D’onofrio
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Las agencias anticorrupción, con toda lógica, avanzaron esta semana ante la Justicia buscando el procesamiento por lavado de dinero de los protagonistas de esa causa. Y digo que es totalmente razonable que lo hicieran, ya que el producto de los sobreprecios que el Estado se vio obligado a pagar en todas, todas las obras públicas del kirchnerismo, terminó en cuentas del exterior de ex-funcionarios y hombres de empresa y luego fue objeto del blanqueo, pese a su origen ilícito.
Para completar el cuadro del fangal siniestro en que se mueve la Justicia, que describí la semana pasada, recomiendo una imprescindible nota de Andrea Palomas Alarcón (http://tinyurl.com/y5w9f6dy).
Finalmente, aplaudo el tardío (llegó cuatro años después) decreto del Gobierno para autoimponer al Ejecutivo nacional un claro procedimiento que impida o, al menos, dificulte la continuación de la corrupción sistémica que tanto nos ha costado; sería deseable que los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, hicieran suyas esas mismas normas, y que éstas se replicaran en las distintas administraciones provinciales. Como se ve, adoro las utopías.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02 Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003 Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896 E.mail: ega1@avogadro.com.ar E.mail: ega1avogadro@gmail.com
Los Estados Unidos entregaron a Argentina hoy viernes 5.600 documentos recientemente desclasificados relacionados investigaciones e intervencios en el país sudamericano durante los años 70s.
La colección proviene de 16 agencias y se suma a las casi 50,000 páginas de documentos que ya se entregaron como parte del Proyecto de Desclasificación de Argentina, el mayor esfuerzo de desclasificación de gobierno a gobierno en la historia de los Estados Unidos.
Durante una ceremonia en el Edificio de Archivos Nacionales, el archivista de los Estados Unidos, David Ferriero, entregó varios discos duros de documentos escaneados al Ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano.
Más tarde, Garavano dijo a los reporteros que “los documentos incluyen detalles como los nombres de los perpetradores y las víctimas que pueden ayudar al sistema judicial de Argentina a cerrar al menos algunas de las 400 investigaciones pendientes de 30,000 personas desaparecidas por la dictadura”.
Los últimos registros marcan la cuarta y última publicación por el gobierno de los Estados Unidos de documentos relacionados con el período.
El proceso de revisión, que comenzó en 2002, cobró impulso con las solicitudes del presidente argentino, Mauricio Macri, al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y al presidente Donald Trump.
Un total de 25 empleados del Centro Nacional de Desclasificación, el Centro de Archivos Legislativos y las bibliotecas presidenciales dedicaron más de 1,300 horas para identificar y revisar los registros relevantes. (Medios argentinos indican 320 empleados y 30,000 horas de trabajo. Ver al pie de página el comunicado oficial)
John Powers, director asociado de la oficina de supervisión de seguridad de la información en los Archivos Nacionales, dijo que solo se redime el 3% de los registros publicados y que solo el 1% de todos los documentos relacionados con el tema no se han entregado.
Carlos Osorio, analista de la organización no gubernamental National Security Archive, dijo que el proyecto representa un “nuevo modelo de diplomacia de desclasificación” y que “representa una contribución excepcionalmente valiosa a la causa de los derechos humanos, la causa de la justicia y la causa de Nuestros derechos fundamentales. “Derecho a saber”.
Los documentos fueron presentados mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos. UU., Mike Pompeo, comenzó una gira de cuatro días por América Latina que lo llevará a Chile, Paraguay y Perú.
EL COMUNICADO OFICIAL DEL ARCHIVO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS
Ceremonia marca finalización del proyecto de desclasificación de registros en Argentina
Alerta de medios ·
Jueves 11 de abril de 2019.
Washington DC
QUÉ: el archivista de los Estados Unidos, David S. Ferriero, presentará el tramo final de los registros del gobierno de EE. UU. Recientemente desclasificados al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, el Honorable Germán Carlos Garavano, que marca la finalización con éxito del Proyecto de Desclasificación de los EE. UU. Para Argentina. La publicación de desclasificación de gobierno a gobierno más grande en la historia de los Estados Unidos.
Esto finaliza un esfuerzo de varios años en 16 agencias y departamentos del Poder Ejecutivo para proporcionar al Gobierno de Argentina registros desclasificados entre 1975 y 1984 relacionados con abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983).
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha publicado la colección en su totalidad, que se puede encontrar aquí: intel.gov/argentina
Los registros publicados por el Centro Nacional de Desclasificación de los Archivos Nacionales están disponibles al público aquí: https://www.archives.gov/argentina/humanrights
QUIEN:
El Honorable David S. Ferriero, Archivista de los Estados Unidos.
El Honorable Germán Carlos Garavano, Ministro de Justicia argentino
El Honorable Fernando Oris de Roa, Embajador de Argentina en los Estados Unidos.
CUÁNDO: viernes 12 de abril de 2019 a las 10 de la mañana.
DÓNDE: Sala de Recepción del Archivista, Edificio de Archivos Nacionales, 700 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC. El enlace a los registros se proporcionará el 12 de abril de 2019, a las 10 am
TENGA EN CUENTA: Medios de impresión solamente. RSVP a public.affairs@nara.gov. Prensa debe utilizar la entrada de la avenida Pennsylvania.
Fondo
Esto representa la etapa final de un esfuerzo histórico del gobierno de los EE. UU. Para buscar, identificar, revisar el acceso público y proporcionar registros que arrojen luz sobre los abusos de los derechos humanos en Argentina entre 1975 y 1984. El proyecto, a solicitud del gobierno argentino , participaron los Archivos Nacionales de los Estados Unidos y cuatro de sus Bibliotecas Presidenciales (Ford, Carter, Reagan y George HW Bush). Incluía otros 15 departamentos y agencias gubernamentales de EE. UU., Incluidos los organismos de inteligencia, defensa y de aplicación de la ley.
La misión de los Archivos Nacionales es preservar y hacer accesibles los registros permanentemente valiosos del gobierno federal. Para apoyar este importante proyecto, 25 empleados del Centro Nacional de Desclasificación, las Bibliotecas Presidenciales y el Centro de Archivos Legislativos pasaron más de 1,300 horas identificando y revisando los registros relevantes.
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Para obtener información de la prensa, comuníquese con el personal de comunicaciones de medios y medios de comunicación nacional al 202-357-5300.
Con el « nuevo » Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023) publicado en el Decreto258/2019 del 10 abril 2019 y su Anexo I, el gobierno del ingeniero Macri trata de mostrar una supuesta seriedad a la comunidad internacional para llamar a las esperadas inversiones extranjeras, brindar la imagen de transparencia en los asuntos públicos a nivel nacional e internacional y sobretodo responder a las condiciones óptimas para ingresar a la OCDE. Pero, la actualidad muestra los innumerables casos de corrupción en sectores públicos y privados que la justicia instruye según un calendario político.
El primer pilar donde se debe aplicar un real y severo plan de anticorrupción es precisamente en los sectores que deben juzgar la corrupcion, es decir la justicia, en particular la justicia federal. Los magistrados de ese fuero, representan ante la sociedad la corrupcion judicial, política, personal, exhiben poder e inmunidades sin limites. Perdieron la legitimidad y la confianza (discurso del Presidente de la CSJN,del 19 mars 2019)
Recordando que los jueces federales en Argentina :
– No pagan impuestos a las ganancias,
– Declaran un patrimonio incompatible con los salarios de magistrados a nivel nacional e internacional, ninguna agencia del Estado los controla seriamente.
– El Estado pone a disposición recursos humanos y logísticos excesivos : custodia personal, domiciliaria, vehículo de función, inmatriculación oficial del poder judicial.
– Tienen una ilegal inmunidad penal (que viola el principio de igualdad ante la ley) por actos realizados fuera de sus funciones, por ejemplo el Fiscal Carlos Stornelli decide no presentarse a una citación realizada por un juez federal que investiga hechos ajenos a la función del fiscal Stornelli.
– Las denuncias ante el Consejo de la Magistratura son abandonadas.
-En caso de inevitable proceso judicial, el Poder Ejecutivo les otorga como último beneficio una jubilación de priveligio.
Reconociendo que la corrupción afecta el Estado de derecho, los sectores públicos y privados, la justicia, el universo político, empresarial, las instituciones y los agentes del Estado, facilita la criminalidad y la violencia social. Todo ello, a nivel nacional, provincial y municipal. Pero lo más grave es que con la corrupción no hay Derechos Humanos para todos los ciudadanos por igual. La Argentina es el modelo vivo de esa situación porque los jueces y las autoridades del Estado (con la alianza coyuntural de las llamadas ONG de derechos humanos) eligen a quienes beneficiar de esos derechos subjetivos según el oportunismo o interés político, ideológico y hasta económico. El clientelismo es la norma y el gobierno lo utiliza sin limites. Se constata así, que a un sector representativo de las instituciones y la sociedad de los 70 se les violan públicamente, jurídicamente y políticamente los derechos humanos ante la pasividad de los defensores de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción.
Ese Plan anticorrupcion que dice ser innovador no contiene precisiones legales para la protección de denunciante (protection of whistleblower, protection des lanceurs d’alerte) figura prevista en normas nacionales e internacionales, como por ejemplo:
– La Recomendación CM/Rec(2014)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la Protección de los Denunciantes (ciudadano alertador)(30 abril de 2014)1 entre sus 29 principios, señala que dentro de la información que podrá ser objeto de protección deberán estar comprendidas las infracciones de la ley y la vulneración de los derechos humanos, el abuso de autoridad o de cargo públicolo mismo que los riesgos para la salud y la seguridad pública y para el medio ambiente
– Las Convenciones regionales e internacionales, OCDE….
– Solo en el anexo I del Decreto 258/2019, se hace referencia en el Punto 148 : Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección integral de quienes denuncien de buena fe o sean testigos de actos de corrupción. Entre los objetivos a alcanzar se encuentra: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial; fortalecer los mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. Para ello se planea la elaboración de UNA (1) norma de protección de denunciantes que incluya UN (1) procedimiento claro para efectuar denuncias y solicitar protección, garantías adecuadas de protección de la identidad del denunciante y remedios adecuados ante actos de represalias.
Finalmente, el enemigo de la corrupción en la Argentina es la justicia (en particular la del fuero federal) junto a los profesionales de la política (en el poder o no) y sectores empresariales de circunstancias. Los primeros garantizan la impunidad de los segundos los que a su vez no se interesan como los jueces ejercen la administración de justicia, buscan tenerlos como protectores, los asocian en sus negocios, otorgándoles sorprendentes beneficios. Este nuevo Plan Nacional Anticorrupción es de la comunicación política para la campaña electoral de las próximas elecciones. Paris, 11 abril 2019. Casppa.France
El 28 de julio de 2016 comenzó este sainete entre el juez Juan Carlos Gemignani y una protagonista que no aparece en la sentencia que adjunta (ver al pie) pero que es principal: la juez Ana María Figueroa.
En una de las salas de audiencias de Comodoro Py habían unas cajas con electrodomésticos que había enviado el Ministro de Planificación Federal Julio de Vido a la juez Figueroa.
Por rencillas internas, el juez Gemignani quiso hacer un inventario de las mismas a lo que una secretaria de Cámara tuvo reparos. Gemignani le ordenó que levante un acta inventariando todos esos elementos pero la mujer, que no quería quedar en medio de la disputa, siguió negándose. Gemignani, en uso de su “imperium” le ordenó a dos agentes de la policía federal que la detengan y la incomuniquen, lo que hicieron más por separar a las partes que discutían a los gritos (y la mujer lloraba) que por la orden misma.
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Increíble pero real, ya que es el Planeta Argentina. En julio de 2018, el juez Juan Carlos Gemignani -hoy presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- fue sobreseído en la causa en la que estaba imputado por privación ilegal de la libertad agravada debido a que ordenó la detención de la secretaria de la Sala Primera de Casación María Amelia Expucci luego de que ella no acatara sus instrucciones. Lo curioso del asunto es que ahora se conoció que el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a los dos policías que cumplieron con la orden del magistrado de detener a Expucci.
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La secretaria fue liberada a las pocas horas por otro juez y Gemignani fue sobreseído tiempo después por la mafia judicial que se protege entre sí pero los únicos que siguen involucrados en este despropósito son los dos agentes que cumplieron la orden de Gemignani,el suboficial Contreras y el suboficial mayor Iriarte. Procesados y embargados por 60.000 pesos.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el pliego deSergio Gabriel Torres para ocupar la vacante disponible en la Corte Suprema de Justicia bonaerense.La designación fue aprobada por unanimidad. El magistrado había sido propuesto por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires,María Eugenia Vidal.
La Cámara alta aceptó el pedido de la gobernadora Vidal para completar la integración del máximo tribunal. El flamante ministro de la Corte bonaerense estyvo presente durante el debate sobre su nominación.
Marcelo Dileo, miembro informante del bloque oficialista el senador de Cambiemos (Palabra que ha creado confusión en la población), apoyó la postulación de Sergio Torres: “La propuesta de la gobernadora de incorporar a este funcionario va en el sentido de cubrir un espacio con una persona destacada en todos los ámbitos que le ha tocado actuar”.
Dileo agregó que “las casi 400 adhesiones que existen en el expediente hablan por sí mismas y ponen bien en alto las cualidades profesionales y humanas del doctor Torres”. En esa línea, destacó: “Logramos mayor contenido y una dinámica que nos reclaman los justiciables de la provincia”.
José L. Pallares, integrante del bloque del Frente Renovador, respaldó los antecedentes y el currículum del juez. Puso de relieve la adhesión que recibió de la UBA y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En el mismo sentido expresó su conformidad el titular del bloque Renovación y Unidad peronista, Darío Díaz Pérez: “Ha mostrado honor en muchos temas lacerantes de nuestra sociedad, que lo han encontrado jugando una posición muy firme con los derechos humanos”.
La senadora Teresa García acompañó los conceptos precedentes de sus pares: “Integrará la Corte una persona con muy buenos antecedentes, con una postura de compromiso”.
También dio su visión el legislador Roberto Costa: “Estamos satisfechos por cubrir la vacante en la Corte con una persona de infinito prestigio”.
Torres era uno de los once jueces federales de primera instancia de los tribunales de Comodoro Py 2002. A cargo del juzgado 12 desde noviembre del 2001 -ingresó a la Justicia federal en 1985-, tuvo a su cargo la investigación del caso en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y aún tramita múltiples de expedientes vinculados a delitos de narcotráfico.
Antes de la confirmación de la nominación bonaerense, circuló la versión de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -de estrechísimo vínculo con la gobernadora-, quería al magistrado para ocupar una de las dos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Al final, Vidal ganó la pulseada.
Torres se suma ahora al tribunal integrado por Eduardo Pettigiani -su presidente-, y los ministros Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan.
Los funcionarios argentinos como decìa yo en una nota se sienten “Semidioses” mientras en el mundo que tuve la oportunidad de viajar se sienten como cualquier otro ciudadano argentino en general y con las exepciones del caso.
Señores Politicos todavìa no aprendieron a respetar al pueblo comùn. No abusen de los privilegios de sus cargos y no le roben mas al pueblo. Funcionarios ricos y el pueblo comùn pobre. No hagan negocios con las empresas publicas que uds. tienen que controlar. La PATRIA NOS EXIGE GRANDEZA.
La soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, dirigentes de gremios, empleados públicos y casi todos los pobres mortales que se encuentran de golpe con una escasa cuota de poder.
Una vez más bajo la presión de militantes oportunistas de derechos humanos, travestidos en sindicalistas o gremialistas, se busca neutralizar las opiniones contrarias a los defensores de la mentira oficial de los años 70 y sus consecuencias actuales. Esta vez, se trata de callar las expresiones de la jueza Marzetegui Marcó por decir la verdad.
Asi, el 08 abril pasado, el Secretario General Sr. Julio Piumato y el Secretario Adjunto Luis Bechis de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nacion (UEJN) presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra de Fuego una demanda de Juicio Político contra la jueza Maiztegui Marcó, bajo el modelo de requisitoria propia de los fiscales en los tribunales revolucionarios. Acusaciones y analogias inoperantes, aproximaciones, afirmaciones sin pruebas, referencias inexactas. https://www.radiofueguina.com/locales/2019/04/el-gremio-judicial-pidio-el-juicio-politico-contra-la-jueza-maiztegui-marco/ El solo objetivo es buscar la exclusión de la Sra Marcó del cuerpo de magistrados.
Las primeras y rápidas observaciones de esa presentación, son las bestiales (vocabulario UEJN) inexactitudes históricas, constitucionales y convencionales, que se mencionan.
Recordando que : « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión » (Art. 19 Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 10dic1948). Ninguna convención fija limites o restricciones a ese derecho. Suspenderlo o privarlo es ir contra numerosos principios determinados en el Estado de derecho, la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales. Sería violar los derechos humanos. El supuesto abuso de este derecho, que los denunciantes argumentan, solo es posible si una ley fija expresamente esa necesidad (Art. 19 del PIDCyP) pero Argentina no tiene una legislación que prohiba comentar, criticar, opinar, expresarse, sobre los casos que la magistrada hizo público y por el cual se la acusa.
En cuanto a la CPI :El estatuto de Roma de 1998 no puede aplicarse por hechos de los años 70, la CPI no acepta la retroactividad, precisa el requisito de la intencionalidad y otros aspectos procesales. Asi, la competencia temporal (art 11) determina que : La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto. Asimismo, se aplica, el Principio de Cosa Juzgada (art.20), Nullum crimen sine lege (art.22) Nulla poena sine lege (art.23), la Irretroactividad ratione personae (art. 24). Los autores de la presentación de referencia, olvidaron agregar en los requisitos constitutivos a las infracciones del art. 7 : « y con conocimiento de dicho ataque » condición esencial que está relacionada con « el elemento de intencionalidad » del art. 30. Sin ello no hay crimen o delito. Al contrario la CPI podrá juzgar todos los magistrados y actores argentinos que violan los derechos humanos de los ex agentes del Estado, sacerdotes, magistrados, acusados ilegalmente por la justicia y los mal llamados organismos de derechos humanos.
Otras oposiciones al escrito firmado por el Sres. Julio Piumato y Luis Bechis, en nombre de la libertad de opinión y de expresión. Los mismos no solamente realizan ataques ad-hominem y ad-personam contra la Sra Marzetegui Marcó, sino que mienten a la sociedad argentina y a la comunidad internacional. Por ejemplo :
En Argentina jurídicamente no hubo crimen de genocidio, por consecuencia no hay genocidas. Utilizar esa palabra es despreciable y miserable por la memoria de las víctimas y sus familias, que vivieron esa inhumana situación en un momento histórico preciso. Por las calumnias e injurias y el revisionismo que efectúan merecen el rechazo de la sociedad, ningún historiador o jurista responsables pueden asociarlos con la Argentina actual o a los 70.
En Argentina, no existe el negacionismo como infracción penal pese a las pretendidas acusaciones que intentan realizar los responsbles de la UEJN. La creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 1987[1]. La utilización de ese término en el debate de la historia política argentina no solamente es inoperante, inexacto e ilegal, sino que moralmente injustificado. Es sorprendente la utilización de la palabra negacionista en la boca de revisionistas, que es más una tautología que un análisis político e ideológico. Al utilizar amalgamas, efectúan un proceso de intención, adoptan un negacionismo histórico.
No existe el delito o crimen de Terrorismo de Estado: Jurídicamente el delito o crimen de Terrorismo de Estado, es inexistente, esa expresión es una utilización únicamente ideológica porque no tiene realidad como sistema o régimen, analizado desde la óptica del derecho político, constitucional o la ciencia política. Es un concepto político-ideológico. “La expresión Terrorismo de Estado no existe, el Estado no puede subvertirse a sí mismo”, España, 28 abril2008, Audiencia Nacional, Sala Penal (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/04/28/auto1.pdf). Asimismo, “el secretario general de la ONU, expresó en 2005 la conceptualización de terrorismo y en forma clara y precisa la inexistencia del terrorismo de Estado[2]. Por otra parte: la CIDH[3], la Unión Europea[4], la ONU[5], la Sociedad de Naciones de 1937[6], y el Código Penal Argentino (art. 41 quinquies)[7] , encuadraron el concepto, la definición de terrorismo. Es decir, aterrorizar las autoridades públicas, el Estado, y no lo contrario. Ninguna de esas convenciones, códigos o documentos de organizaciones internacionales mencionan el Terrorismo de Estado como pretenden los defensores de ese concepto, con la clara intención de crear una conceptualización criminal ex-nihilo.
La cifra de 30000 desaparecidos es una hipótesis ideológica que no tiene validación empírica ni jurídica. “Es muy ligero decir que hubo 30 mil desaparecidos, redondeando, en un país donde hubo registros como en ningún otro… Cuando se instaló la democracia y la Conadep…En ese momento no se llegaba a 5.000 nombres registrados con documentos. Si ustedes van a al monumento de la Memoria en la Costanera y cuentan las placas que tienen nombres, van a tener ese número y va a variar si lo toman desde el ’69 o desde otro período. Cada víctima tiene derecho a que su nombre y datos figuren individualizados, y no en esa generalización de 30.000, que a mi criterio es muy irrespetuosa…”. Fernández Meijide, 03octubre2018, https://www.perfil.com/noticias/universidades/en-el-gobierno-de-los-kirchner-los-derechos-humanos-se-usaron-politicamente.phtml . Por otra parte, no corresponden a los informes vertidos por la Argentina al Comité contra la Tortura de la ONU (Comunicaciones 1/2/3 de 1988 C c/T http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/09/1989.11.23_No.1.19881.19883.1988_O.R-y-otros-v.-Argentina_INADMISIBLE.pdf ), ni los publicados por el gobierno nacional.
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Piumato
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Maiztegui Marcó
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Bechis
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En relación a la jurisprudencia argentina de la CSJN : No escapará a los dos sindicalistas, sobretodo al parecer que uno de ellos es detentor de un diploma de abogado, que :
– esos fallos son contrarios a la Constitución Nacional y Convenios suscriptos por la Argentina. Observarán también los denunciantes que únicamente la Argentina afirma esos principios porque ningún país miembro del Consejo de Europa y otros siguen esa doctrina (¿violan entonces los derechos humanos?). En el mundo civilizado, donde se respeta los principios juridicos y los derechos humanos ningun excepción justifica violar las garantias fundamentales, abusando de la frase : « por tratarse de delitos de lesa humanidad ». Tampoco pueden ignorar que las leyes 23492 y 23521 fueron reconocidas por la CSJN en más de 14 decisiones.
Sobre la acusación de incapacidad moral, nula vocacion democrática, total desprecio al Estado de Derecho, negacionismo, apologia al odio: la Sra. Marzetegui Marcó, en sus funciones de jueza no violó principios deontológicos, normas nacionales o convencionales, por ejemplo: Declaración de principios mínimos sobre la independencia de los poderes judiciales y de los jueces en América Latina, de Campeche, abril 2008https://flammagistrados.org/sobre-nosotros/declaracion-campeche/ Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, 2002 https://flammagistrados.org/principios-de-bangalore-sobre-la-conducta-judicial-2002 Los Principios básicos relativos a la Independencia de la judicatura, 1985 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx o el Estatuto universal del juez, actualizado en 2017. Unión Internacional de Magistrados https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_spanish.pdf, por las cuales debe intervenir el Consejo de la Magistratura. Tampoco promueve y por consecuencia no viola los principios del artículo 13, inciso 5 de la Convención de San José, sobre la apología del odio. Aqui toma toda su dimension el art. 19 de la CN : « Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe ».
– En ese mismo registro, ¿cual es la posición de los sindicalistas de la UEJN con los jueces del fuero federal que constantemente violan el secreto de la instrucción, se presentan en actos políticos con los denunciantes de casos bajo su responsabilidad, ejercen como asesores de las organizaciones llamadas de derechos humanos, participan a manifestaciones políticas, tratan en los medios las causas en curso, realizan procesos judiciales contrarios a la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales ?
En cuanto a la opiniónde la asociacion Abuelas de Plaza de Mayo nadie ignora que se opone públicamente al reconocimiento de los Derechos Humanos a los agentes del Estado adoptando asi una conducta discriminatoria, defiende los derechos subjetivos solo para sus ex combatientes y familias. Junto a otros organismos mal llamados de derechos humanos son estructuras integradas por militantes reivindicando la acción de los grupos terroristas de los 70, promueven la violación de los derechos humanos de los ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de los 70, mienten en sus objetivos, viven del curro de los derechos humanos desde hace más de tres décadas. Tienen como consignas : ni olvido, ni perdón, ni reconcialiación. Es una realidad objetiva no acusatoria.
Finalmente,
Porque la libertad de opinión, el derecho de expresión, de los denunciantes sería oportuno, legal y los de la Sra. Marzetegui Marcó, no. La UEJN y sus aliados deben aceptar las críticas, las oposiciones, las rivalidades ideológicas. Es el juego democrático. Libertad de expresión no significa decir lo que ellos aceptan.
Si el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego acepta la demanda realizada por la UEJN sería reconocer la violación a los principios constitucionales y convencionales, como también la suspensión de garantías y los derechos fundamentales de la Sra. Marzetegui Marcó. Paris, 10 abril 2019. Casppa.France
[1]El neologismo negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. Designa también la contestación o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Nuremberg.
[7]Código penal argentino, artículo 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
Raúl Castro instó a los cubanos a estar preparados para la peor variante de la economía, en un momento en el que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos y los agravados problemas en la balanza de pagos ponen en jaque la economía del país.
“La situación podría agravarse en los próximos meses”, advirtió el líder del gobernante Partido Comunista (PCC, único legal), en su discurso este miércoles durante el acto de promulgación de la nueva Constitución del país en la Asamblea Nacional.
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Raúl Castro
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Fidel Castro
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Díaz-Canel
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Confió, sin embargo, en que Cuba no va a experimentar un nuevo Período Especial, en referencia a la grave crisis financiera, energética y alimentaria que sufrió el país a principios de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y la retirada de los subsidios que la isla recibía del bloque comunista.
“Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante”, expresó el ex mandatario de 87 años, que asumió el poder de su hermano Fidel Castro en 2006 y lo legó en abril del año pasado al actual presidente, Miguel Díaz-Canel.
Para combatir la supuesta crisis económica que se avecina, Castro propuso “luchar y alcanzar la victoria, no existe otra alternativa”, y concretamente pidió a la población redoblar esfuerzos para aumentar la producción, en especial de alimentos, adoptar hábitos de ahorro, optimizar el uso de la energía y evitar los robos de combustible.
Amin gobernó directamente, evitando la delegación de poder. Se destacó por sus abruptos cambios de humor, desde la tontería hasta la astucia, desde la delicadeza hasta la tiranía. Fue a menudo extremo en su nacionalismo.
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LA FUGA DE IDI
El 11 de abril de 1979, el dictador ugandés Idi Amin huye de la capital ugandesa de Kampala mientras se cierran las tropas y fuerzas de Tanzanía del Frente de Liberación Nacional de Uganda.
Dos días después, Kampala cayó y un gobierno de coalición de exiliados tomó el poder.
Amin, jefe del ejército y la fuerza aérea de Uganda desde 1966, tomó el control de la nación africana en 1971.
Tirano y nacionalista extremo, lanzó un programa genocida para purgar a Uganda de sus grupos étnicos Lango y Acholi.
En 1972, ordenó a todos los asiáticos que no habían tomado la nacionalidad ugandesa que abandonaran el país, y unos 60.000 indios y pakistaníes huyeron.
Estos asiáticos constituían una parte importante de la fuerza laboral, y la economía de Uganda se derrumbó después de su partida.
En 1979, sus ocho años de gobierno caótico llegaron a su fin cuando Tanzania y las fuerzas ugandesas anti-Amin invadieron y derrocaron a su régimen.
Amin lanzó un ataque fallido contra Tanzania en octubre de 1978 en un esfuerzo por desviar la atención de los problemas internos de Uganda.
Se escapó a Libia y finalmente se estableció en Arabia Saudí, donde murió en agosto de 2003. Las muertes de 300.000 ugandeses se atribuyen a Idi Amin.
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Idi Amin fue un presidente de Uganda nacido alrededor de 1925 en Kokobo, provincia del Nilo Occidental, Uganda. Ascendió en el ejército desde 1940 hasta 1970. Amin derrocó al líder actual en 1971 y se declaró a sí mismo como presidente, y permaneció en el poder desde 1971-1979. Durante su mandato, vivió un estilo de vida lujoso mientras contribuía al colapso de la economía de Uganda. Intentó mantenerse en el poder a toda costa, lo que resultó en violaciones a los derechos humanos a través de asesinatos en masa. Derrocado en 1979, huyó primero a Libia y luego a Arabia Saudita, donde murió el 16 de agosto de 2003. Idi Amin era miembro del pequeño grupo étnico Kakwa del noroeste de Uganda. Su fecha de nacimiento no está confirmada, pero se estima que lo fue en 1925. Su madre, herbolaria y adivina, lo crió después de que su padre abandonó a la familia. Amin tuvo poca educación formal antes de unirse a los rifles africanos del rey del ejército colonial británico en 1946 como asistente de cocina. Extremadamente carismático y hábil, Amin rápidamente ascendió a través de las filas. Su estatura era bastante notable. Tenía 6 pies, 4 pulgadas de altura y fue campeón de boxeo de peso semipesado de Uganda desde 1951 hasta 1960, además de nadador. Pronto se hizo famoso entre sus compañeros soldados por sus celosos y crueles interrogatorios militares. Finalmente, logró el rango más alto posible para un africano negro sirviendo en el ejército británico. Desde 1952 hasta 1956, sirvió en la acción británica contra la revuelta de Mau Mau en Kenia.
Antes de la independencia de Uganda en 1962, Amin se asoció estrechamente con el primer ministro y presidente de la nueva nación, Milton Obote. Los dos hombres trabajaron para contrabandear oro, café y marfil fuera del Congo, pero pronto surgieron conflictos entre ellos, y el 25 de enero de 1971, mientras Obote asistía a una reunión en Singapur, Amin organizó un exitoso golpe militar. Amin se convirtió en presidente y jefe de las fuerzas armadas en 1971, mariscal de campo en 1975 y presidente vitalicio en 1976.
Amin comenzó su gobierno con acciones populares, incluida la liberación de varios presos políticos. Simultáneamente, sin embargo, envió “escuadrones de asesinos” para cazar y asesinar a los partidarios de Obote, predominantemente de los grupos étnicos de Acholi y Lango, personal militar y civiles. Sus víctimas pronto llegaron a incluir personas de todos los órdenes y rangos, incluidos periodistas, abogados, homosexuales, estudiantes y burócratas de alto nivel. Expulsó a todos los asiáticos de Uganda en 1972, una acción que llevó a la ruptura de la economía de su país.
Amin fue conocido como el “Carnicero de Uganda” por su brutalidad. Se cree que unas 300.000 personas fueron asesinadas durante su presidencia. En julio de 1976, estuvo personalmente involucrado en el secuestro de un avión francés a Entebbe. En octubre de 1978, Amin ordenó un ataque a Tanzania. Con la ayuda de los nacionalistas ugandeses, las tropas tanzanas finalmente vencieron al ejército ugandés. Cuando las fuerzas lideradas por Tanzania se acercaron a Kampala, la capital de Uganda, el 13 de abril de 1979, Amin huyó de la ciudad. Escapando primero a Libia, finalmente se estableció en Arabia Saudita.
El 16 de agosto de 2003, Idi Amin murió en Jeddah, Arabia Saudita. La causa de la muerte fue reportada como falla orgánica múltiple. Aunque el gobierno de Uganda anunció que su cuerpo podría ser enterrado en Uganda, fue rápidamente enterrado en Arabia Saudita. Nunca fue juzgado por abusos graves contra los derechos humanos.
El inquisidor jefe, el padre Vincenzo Maculani da Firenzuola, nombrado por el Papa Urbano VIII, comienza la inquisición del físico y astrónomo Galileo Galilei, el 12 de abril de 1633. Galileo recibió la orden de entregarse al Santo Oficio para comenzar un juicio por creer que la Tierra giraba alrededor del Sol (que anbsurdo!), lo que fue considerado de herético por la Iglesia Católica. La práctica estándar exigía que el acusado fuera encarcelado y aislado durante el juicio.
Esta fue la segunda vez que Galileo estuvo en el asiento caliente por negarse a aceptar la ortodoxia de la Iglesia que la Tierra era el centro inamovible del universo: en 1616, se le había prohibido mantener o defender sus creencias. En el interrogatorio de 1633, Galileo negó que él “sostuviera” la creencia en el punto de vista copernicano, pero continuó escribiendo sobre el tema y la evidencia como un medio de “discusión” en lugar de creencia. La Iglesia había decidido que la idea de que el Sol se movía alrededor de la Tierra era un hecho absoluto de las Sagradas Escrituras que no podía ser discutido, a pesar del hecho de que los científicos habían sabido durante siglos que la Tierra no era el centro del universo.
Esta vez, el argumento técnico de Galileo no tuvo eco. El 22 de junio de 1633, la Iglesia pronunció la siguiente orden: “Declaramos, juzgamos y declaramos que usted, dicho Galileo … se ha declarado vehementemente sospechoso por este Santo Oficio del delito de herejía, es decir, de haber creído y mantenido la doctrina que es falsa y contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras de que el sol es el centro del mundo, y que no se mueve de este a oeste, y que la tierra se mueve, y no es el centro del Universo.”
Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 cerca de Pisa, hijo de un músico. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Pisa, pero cambió a filosofía y matemáticas. En 1589, se convirtió en profesor de matemáticas en Pisa. En 1592, se convirtió en profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, una posición que ocupó hasta 1610. Durante este tiempo trabajó en una variedad de experimentos, incluida la velocidad a la que caen los diferentes objetos, la mecánica y los péndulos.
Junto con la orden, llegó la siguiente sanción: “Ordenamos que por un edicto público se prohíba el libro de los Diálogos de Galileo Galilei, y le condenamos a la prisión de este Santo Oficio durante Nuestra voluntad y placer; y como una penitencia saludable, le ordenamos que durante tres años recite una vez a la semana los Siete Salmos Penitenciales “.
Galileo aceptó no enseñar la herejía y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La Iglesia tardó más de 300 años en admitir que Galileo tenía razón y en limpiar su nombre de herejía.
EL ANTECEDENTE PRINCIPAL DE LA TRAGEDIA TERRORISTA ARGENTINA
Si bien todos los antecedentes gravitaron en la tragedia, la resistencia peronista estuvo presente en todos ellos. Es que el peronismo en la Argentina es un componente omnipresente en todo estudio político de nuestro país a partir de mediados del siglo XX. Esto no quiere decir, que el peronismo sea responsable de la guerra civil. Lo que quiero expresar es que este pensamiento político se convirtió en un estado afectivo de la población hacia los connacionales que no pensaban en esta idea como ellos. Y como es llevado al campo de los afectos, hay muchos que lo asumen por amor y otros muchos por odio. Y ahí finaliza la posibilidad de encontrar posturas racionales tendientes a un diálogo entre unos y otros. Y deja libre para la soberbia de unos y otros, al mutuo desprecio, donde la riqueza del pensamiento que pudiera tener, se pierde en la mutua calificación sea de odio violento o de inmoralidad, siendo unos y otros sensibles a ser criticado por lo mismo que desprecia.
El tomo 02 y 03, presenta datos que servirán para coincidir o no con mi hipótesis de trabajo, pero es a mi juicio muestra, de este cruzamiento, que sin querer pone en evidencia un campo favorable para el aprovechamiento de un pensamiento tan afectivo como es el marxismo. Pero este es el fomento del odio a todo lo ajeno. Es la búsqueda de la lucha de clases, y esto en pos de la acción violenta contra lo que califica como la clase opuesta a la cual hay que destruir, dado que es irredimible.
En esta idea impregnó en esta tragedia, del odio entre connacionales, y aseguró el enfrentamiento cruento entre dos sectores, no importara lo que sostuviera. Pero esto quedará en el juicio personal de quien lea los dos tomos. Espero las críticas enmarcados en el diálogo que nos aparta del odio y nos abre el camino a conocer y comprender los que creen quienes se encuentran en las antipodas de nosotros.
Como he informado el mes pasado, hoy publico el tomo 02, y dejo para el otro mes el tomo 03, mientras yo continuo el tomo 04 si DIos me lo permite.
Alberto SOLANET y Carlos BOSCH, por la representación que acreditamos, constituyendo domicilio procesal en Tucumán 1650 piso 1ro. de CABA, al señor Presidente decimos:
Presentación
Las copias adjuntas corresponden a sus originales en nuestro poder y certifican que, como Presidente y Secretario de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con domicilio legal en la calle Tucumán 1650 piso 1º de esta ciudad, estamos facultados para asumir la representación de la entidad en este tipo de actos.
En dicho carácter nos presentamos al señor Presidente instando el procedimiento previsto por la Ley 24.937 por derivación del artículo 114 apartado 5 de la Constitución, por considerar que los hechos que expondremos seguidamente son razón suficiente para resolver la remoción del juez al cual nos referiremos seguidamente.
Nuestra representada es una asociación civil regular formada hace años por abogados del foro local para bregar por la vigencia irrestricta de la ley y el derecho.
Durante estos años seguimos con atención los juicios tramitados en todo el país bajo criterios y pautas que, desconocidos hasta entonces en la práctica judicial argentina, se usaron generalizadamente en los casos llamados de “lesa humanidad”, con una notable discriminación en el trato legal y violación de institutos garantizadores del debido proceso y normas protectoras de los derechos humanos de los procesados.
En el ejercicio y cumplimiento de los fines para los cuales fue fundada nuestra Asociación, venimos a solicitar se someta a juicio político y se destituya al Dr. Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correcional Federal nro. 3 de la Capital, por mal desempeño en sus funciones y la comisión de delitos que serán descriptos seguidamente.
Antecedentes:
Los Dres. María Laura Olea y Ricardo Saint Jean asumieron en octubre de 2018 la defensa de dos ex militares, los señores Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, mantenidos detenidos desde agosto de 2017 por el Dr. Rafecas en autos 14216/2003/TO10 “Fernández Bustos Luis Felipe y otros s/inf art. 144 bis inc. 1 y último párrafo…”.
Luego de un profundo estudio de dichas actuaciones, con fecha 26 de febrero de 2019 realizaron un pedido de nulidad que brevitatis causae reproducimos en la presente, denunciando al Juez y Secretaria actuante por su conducta prevaricadora y parcial en dicho expediente, así como por la materialización de diversos delitos, todo lo cual motiva el presente pedido de juicio político para el indigno magistrado.
Antecedentes de la causa:
Tal como lo indican los citados letrados, el hecho central de la investigación lo constituye lo ocurrido el 10 de julio de 1976 en una finca ubicada en Ecuador 170 de la localidad de San Andres, en el cual se produjo un enfrentamiento con combatientes armados del ERP –que tuvo amplia e inmediata difusión en la prensa- los cuales custodiaban en esa vivienda al Vice Comodoro Etchegoyen, secuestrado por esa facción. La víctima estaba encadenada a una cama y antes de que pudieran entrar las fuerzas del orden a la vivienda, los secuestradores lo asesinan de un disparo en la nuca. En los subsuelos de la finca se descubre una imprenta de esa siniestra organización terrorista.
No es este el primer procedimiento de enfrentamiento con guerrilleros protagonizado por fuerzas del orden y que fueran ampliamente difundidos por la prensa, que el juez Rafecas tergiversa para convertirla en delito de lesa humanidad y responsabilizar a agentes del Estado que fueron llamados a actuar en los mismos.
“El 4 de noviembre de 1975 una comisión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que investigaba el asalto a la sucursal Alejandro Korn del Banco Provincia y el secuestro de un empresario, a órdenes del Oficial Subinspector Guillermo Orstein, llegó a Honduras 4183, Capital Federal, una casa operativa del ERP, una mujer entreabrió la puerta, el oficial se identificó y la mujer gritó: “¡es la policía!”, luego de lo cual se produjo un violento combate.
Una de las guerrilleras, María Teresa Barvich -alias “Chabela”- murió en el enfrentamiento y sus cinco camaradas finalmente se rindieron. Con ellos estaban tres menores, que fueron entregados a familiares directos. En el allanamiento se encontraron armas de guerra, municiones, documentos de identidad en blanco y ejemplares de las revistas del “ERP”: “Estrella Roja” y “El Combatiente”.
Griselda Valentina Zárate, estaba secuestrada y sometida a “juicio revolucionario”, acusada de abandonar el ERP. Tres eran uruguayos, ex integrantes de “Tupamaros” y prófugos: Julio César y Washington Mogordoy y Noemí Charo Moreno. La otra mujer era Blanca Frida Becher de Moctulski. El quinto era el médico Norberto Rey, dirigente del PRT, liberado el 25 de mayo de 1973 por el gobierno de Héctor Cámpora, estando preso por el secuestro y homicidio de Oberdan Salustro de la FIAT…..
La muerte de Barvich fue objeto de otra causa en la que el juez, Dr. Guillermo Rivarola, previo dictamen favorable del fiscal Julio Strassera, dictó sobreseimiento de la causa, declarando que “el procedimiento fue llevado en forma correcta (…) sin que las fuerzas policiales se excedieran en el marco de sus atribuciones, pues respondieron con sus armas al ataque del que eran objeto desde el interior del inmueble”
No obstante lo anterior, en el “Listado de víctimas de desaparición forzada y asesinato”, publicado en noviembre de 2015, “Chabela”, está registrada como víctima de “asesinato”. En el “Parque de la Memoria – Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado”, en la Costanera Norte, una placa de pórfido patagónico lleva el nombre de María Teresa Barvich.
Los familiares de Barvich cobraron una indemnización estatal que, actualizada a julio de 2018, equivale a $ 5.100.346, según liquidación 34.801 del Ministerio de Economía, en noviembre de 2001 y por “ley reparatoria” Nro. 24.411.
La existencia de una condena judicial en su contra no fue obstáculo para que los erpianos detenidos en Honduras 4183, cobraran también indemnizaciones como “víctimas del terrorismo de Estado”, en el marco de otra “ley reparatoria” la Nro. 24.043. La oportunidad se les presentó cuando en la Argentina se instaló el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia”….
“…los terroristas de la calle Honduras cobraron indemnizaciones que, actualizadas a julio de 2018, dan como resultado los siguientes montos: Zárate: Liquidación N° 14.791, en enero de 2013: $ 542.562; Julio Mogordoy: Liquidación N° 15.755, en agosto de 2014, $ 1.592,204; Washington Mogordoy, Liquidación N° 4.998, en enero de 1995: $ 3.040.694; Moreno, cobró dos veces; la primera, Liquidación N° 2.890, en septiembre de 1994: $ 3.122.391 y la segunda, Liquidación N° 15.677, en julio de 2014: $ 1.660.279; Becher de Moctulski, Liquidación N° 3.062, en septiembre de 1994: $ 5.261.253 y Rey, Liquidación N° 5.228, en marzo de 1995: $ 5.044.355 En total, incluida “Chabela”, los argentinos les pagamos, a estos terroristas, a moneda actualizada $ 25.364.084 equivalentes a US$ 889.968; considerando un dólar de $ 28,5
En el año 2007, los apresados en Honduras 4183, denunciaron a los policías. El Juez Federal Daniel Rafecas procesó y detuvo, en octubre de 2011, a Orstein, al Oficial Subinspector José F. Madrid, al Agente Nildo J. Delgado y al agente Carlos A. Tarantino, quienes estuvieron, desde entonces y por más de seis años y medio, en prisión preventiva. En forma muy reciente, los fiscales de la causa pidieron penas de 25 años para Orstein y Madrid, de 20 años para Tarantino y Salerno y de 15 años para Delgado,con lo que la farsa quedaría consumada.
Esta es la “alquimia setentista”: transmutar combates en asesinatos; disolver a las víctimas del terrorismo; convertir a sus victimarios terroristas primero en héroes y después en víctimas y transfomar, a todos los agentes estatales, en criminales y meterlos presos, con o sin condena, sin matices de grado, responsabilidad o participación, por delitos de lesa humanidad[1].
El Tribunal Oral Federal nro. 6 dispuso recientemente la absolución de todos los policías y su inmediata libertad luego de haber permanecido siete años presos, absolviendo a JOSÉ FÉLIX MADRID, GUILLERMO HORACIO ORNSTEIN, CARLOS ALBERTO TARANTINO y ÁNGEL SALERNO, por los hechos por los que fueron acusados por la querella y el Ministerio Público.
El 4 de febrero de 2019 dio los fundamentos de la sentencia dictada en dicho juicio y dijo:
“…en la causa Barvich, aunque cabe destacar que en esta última el día 6 de diciembre de 2016 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6 resolvió “PRIVAR DE EFECTOS JURÍDICOS a la resolución que dispone el sobreseimiento definitivo de la causa 8234/1975 caratulada “Barvich, María Teresa s/averiguación homicidio” … en los términos del artículo 434, inciso 1 del C.P.M.P –ley 2372-, por entender que se trata de un supuesto de COSA JUZGADA IRRITA violatoria del debido proceso (art. 18 de la C.N.) y en consecuencia REABRIR la investigación orientada a conocer las circunstancias reales en que tuvo lugar el homicidio de María Teresa Barvich”.Lo cierto aquí, y esto parécenos que resulta importante destacar, tal decisión se centró fundamentalmente, como reza la parte dispositiva transcripta, en continuar la investigación para dar con el responsable de la muerte de la nombrada pero no para ahondar acerca de los motivos por los cuáles los agentes de la bonaerense llegaron hasta allí y en punto a la legitimidad del procedimiento. Es decir que tal cuestión, por lo menos en esa causa, se encuentra fuera de discusión…Y sobre el punto liminarmente debemos señalar que resulta difícil no darle la razón a los defensores de los encausados en punto a la afirmación acerca de que en sus legajos policiales no íbamos a encontrar otra cosa distinta de personas de más o menos la misma edad cumpliendo funciones en ámbitos geográficos más o menos próximos en un mismo espacio temporal. Lejos se encuentra el Tribunal de desconocer el esfuerzo realizado por la parte acusadora al tejer ese entramado de conexiones, pero lo cierto es que, a nuestro modo de ver, el reproche penal realizado sobre los encartados por haber cumplido una función específica en un lugar determinado en un momento puntual, sin deslegitimar la actuación policial de la época convalidada por los órganos judiciales entonces intervinientes, no puede prosperar. Es decir que desde tal perspectiva, a nuestro entender, la construcción fiscal no reviste la entidad suficiente para endilgar a los imputados algún comportamiento defectuoso que justifique la punición pretendida, pues si descartamos la teoría de la Acusación Pública sobre el “armado” fraudulento de actuaciones judiciales en tiempos de gobierno democrático, resulta innegable que la consecuencia directa de tal decisión es que aquélla pierda virtualidad o cuanto menos aparezca desnuda de contenido”.
Lo mismo acaba de ocurrir en otra causa tramitada en el Juzgado de Rafecas, Secretaría Caron. Se trata del Expte Nro. 5530 / 2012 caratulado: “Legajo No 25 – QUERELLANTE: VIVIANA SONIA LOSADA Y OTROS IMPUTADO: SALVETTI, JULIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION”, causa en la que se investiga otro enfrentamiento ampliamente difundido por la prensa en su momento, llevado a cabo por fuerzas militares y policiales el día 29 de marzo del año 1976 en la quinta “La Pastoril”, ubicada entre las calles Monsegur y Padre Fahy de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaba una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), que tuvo como resultado el fallecimiento de varios guerrilleros y la privación de la libertad de otras siete personas, quienes corrieron diversos destinos.
La Cámara Federal dispuso REVOCAR el procesamiento y disponer la libertad por falta de mérito de los ex oficiales del Ejército argentino JUAN CARLOS JÖCKER, JUAN MANUEL GIRAUD, CARLOS ALBERTO GUARDIOLA, EDUARDO SAKAMOTO y HÉCTOR ALBERTO RAFFO, quienes habían sido procesados y detenidos por Rafecas por homicidios reiterados agravados y privación ilegal de la libertad agravada en base a su participación en tal hecho.
Tal como ocurrió en estos dos casos, estamos ante otra parcial y prevaricadora investigación del Juez Rafecas, en la misma Secretaría y con los mismos querellantes, con una instrucción plagada de nulidades que los letrados puntualizan.
En efecto, solicitan la nulidad de todo o actuado en la causa a partir por lo menos del 5 de enero del año 2015 y en especial de las declaraciones de los “testigos” Hugo Travi, Ricardo Antonio Villalba y Bárbara García. Y denuncian además la actividad parcial desarrollada por el Juez Rafecas y su Secretaria Albertina Caron, como creadores y sustentadores de una metodología en la instrucción de la causa, que ha generado la violación del debido proceso legal, dificultado y/o impedido el correcto ejercicio de la defensa en juicio. Los peticionantes resaltan:
1) el dictado del procesamiento del señor Martín Sánchez Zinny mediante la incorporación –determinante- de un testimonio falso mediante un reconocimiento fotográfico fraudulento (el hecho Martinez Borbolla y Martucci);
2) haber detenido y procesado a los entonces Subteniente Luis Alberto Brun y al Teniente Primero Guillermo Eduardo Cogorno por su presencia y protagonismo en el procedimento del 10 de julio de 1976, cuando ambos oficiales nunca estuvieron presentes en ese lugar tal como resulta de numerosas constancias de prueba que el Juez se negó a corroborar. Para procesar a estas personas, encarceladas por Rafecas (uno de los cuales se encuentra hace casi dos años en la cárcel) se acudió a testimonios falsos que son los de Hugo Travi y Ricardo Villalba.
3) la reapertura de la investigación de este y otros 36 hechos que atribuye al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (en adelante RI6), se habría realizado prescindiendo de lo actuado y resuelto en las actuaciones judiciales labradas oportunamente en cada uno de esos hechos, sin haber revocado el cierre de las mismas ni habérselas elevado a juicio. Ello, junto a la fabricación de una hipótesis delictiva que no es producto de la derivación razonada de las constancias de la causa, sino todo lo contrario.
4) responsabilizar por la detención de un sujeto -Pablo Pavich- al RI6 sabiendo que la privación ilegal de la libertad de esa persona le fue atribuída en dos sentencias firmes a otras personas ajenas a esa Unidad que fueron condenadas por ello;
Estos defectos, como podrá verse, no son propios del ejercicio jurisdiccional que, como toda actividad humana, está sujeta a error. La metodología impuesta está dirigida ex profeso por Rafecas para impedir el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Los aportes de testimonios falsos con que cuenta la causa que Rafecas consintió; la renuncia a evacuar las citas exculpantes consignadas en las indagatorias; la omisión de lo actuado y resuelto en las causas judiciales en las que se investigaron los hechos; el hecho de que no se las haya elevado a juicio y otras irregularidades presentes en perjuicio del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, constituyen actos dolosos de evidente mal desempeño en las funciones que autorizan a la destitución del magistrado.
LA AMPLIACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE UN DETENIDO (MARTIN SANCHEZ ZINNY) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN –DETERMINANTE- DE UN TESTIMONIO FALSO MEDIANTE UN RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO FRAUDULENTO.
Los Dres. Olea y Saint Jean señalan que los hermanos Bárbara y Camilo Martín García tenían 8 y 4 años de edad respectivamente cuando, en la madrugada del 13 al 14 de junio de 1976 su madre, Rocío Angela Martinez Borbolla y su compañero Pedro Oscar Martucci, fueron privados de su libertad en un departamento ubicado en Haedo Norte. Y continúan:
“Bárbara García declara en la causa en una primera oportunidad en el año 2013 (fs. 103299/302) y en ella describe a un hombre muy alto, de unos 40 años de edad, rubio, con bigotes finos y pelo ondulado largo hasta los hombros, el cual estaba a cargo y daba las órdenes a la veintena de personas que irrumpieron esa madrugada en el departamento en el que vivían.
Pero el Juzgado la vuelve a convocar en 2017 para reconocimiento fotográfico del personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Lo hace luego de haber detenido al nombrado Sanchez Zinny –junto a otros ex oficiales- y que varios periódicos y portales difundieran la noticia publicando no sólo su identidad y fotografías, sino la versión de que se les atribuían a los detenidos, delitos ocurridos “en los meses de junio y julio de 1976”, entre ellos, el secuestro de Martinez Borbolla y su compañero, así como parientes del cantante Víctor Heredia.
Las noticias fueron difundidas por el Juzgado o por el querellante Pablo LLonto -nombrado expresamente por las publicaciones como abogado de los hermanos García- y señalaban que ambos detenidos junto a otros dos oficiales, formaban un “grupo de tareas” responsable de secuestrar a más de 30 personas de las zonas de Luján, Mercedes y Gral. Rodriguez, con títulos tales como “Detuvieron a los asesinos de la hermana de Víctor Heredia y la mamá de Camilo García” o “Publicaciones de etiqueta: Martín Sanchez Zinny (con su foto) y el texto que lo responsabiliza de lo mismo pero señalando además “Cuatro asesinos de la última dictadura militar fueron detenidos en las últimas horas…”.
Esta anormalidad debía viciar todo reconocimiento fotográfico de los detenidos ya que es imposible pensar que la hija de Martínez Borbolla, periodista, con acceso a internet y que nunca dejó “de reclamar por el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de su madre” como dicen las notas y como ella misma lo admitiría, no hubiera visto y leído tales publicaciones. La anormalidad fue denunciada previa al acto, por la entonces defensora de uno de los detenidos, la Dra. Elena Genise, en un escrito presentado en la causa con el agregado de varias de las publicaciones.
El Juzgado, no obstante, le toma declaración a la señora Bárbara García y le muestra diversas fotografías de ex oficiales del Regimiento 6, entre ellos la de Sánchez Zinny, sin que en la audiencia estuviera presente su abogado defensor que era entonces el Dr. Dante Fernandez Acuña (fs. 142303/9).
Bárbara García fue preguntada por las defensas presentes si vio en publicaciones gráficas o en internet fotografías de los detenidos, y afirmó que tomó conocimiento de las noticias acerca de la detención de las personas imputadas de haber secuestrado a su madre, pero que la foto que vio era de un hombre de 70 años que no se correspondía con “la que identifiqué hoy ni por casualidad”.
El que “ni por casualidad” se parece al sujeto al cual Bárbara describe en las dos oportunidades como el autor del secuestro, es precisamente Sánchez Zinny, quien en junio de 1976 tenía 20 años, pelo corto oscuro, ojos marrones y no era en absoluto corpulento. Los abogados lo probaron mediante fotografías de aquellas épocas que incluyen la evolución fisionómica de Sanchez Zinny y que indica que jamás, ni diez ni veinte años después de los hechos, se pareció ni mínimamente al sujeto al cual describe Bárbara García en su primer declaración.
En efecto, Bárbara en su primer declaración, describió a un hombre a quien llama “el malo” como muy alto, corpulento, rubio, de pelo ondulado hasta los hombros, bigotes finos, de unos 40 años. Pero en la segunda, sugestivamente, tratará de acercar –vanamente de todas formas- la descripción del sujeto corpulento que daba las órdenes de la primer declaración, a la fisonomía de aquel a quien “identificaría” en base a las fotos que ya había visto en las publicaciones.
Vemos que en la segunda declaración la testigo n﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽a semejante acusaciriofalsos incorporados a las actuaciones, , hasta llegar a este tal “tos delictivos que denunciamosintentará bajarle la edad al sujeto diciendo que tendría “como máximo 30”pero, repreguntada por una de las defensas por el sospechoso cambio, corrige, “entre 30 y 40”. También modificará en esta segunda declaración el color del pelo: ya no es rubio sino “castaño rojizo” y luego “…Me acuerdo que era una persona que tenía cuello largo, me refiero al malo, al bueno no lo vi, no hay ninguno que me haga recordar….El que vino a mi casa no tenía pelo corto, acá si, pero sabemos que usaban pelucas. Lo que sí era muy alto, narigón”.
¿A quién se refiere cuando dice que “sabemos” que usaban peluca”?, ¿quién o quiénes y dónde le dijeron o informaron eso?.
Bárbara García, como vimos, manifiesta haber dado con el responsable de la desaparición de su madre en esta declaración, ocurrida el 11 de julio de 2017.
¿Por qué llama la atención que la señora García se emocione hasta las lágrimas y declame, eufórica, que después de tantos años dió con la identidad del responsable de la trágica desaparición de su madre?: porque la señora García, su hermano Camilo Martín, sus abogados querellantes y el titular del Juzgado Federal que instruyó esta causa, ya habían decidido sindicar como responsable de ello, desde tiempo atrás, a Martín Sánchez Zinny”.
Ocurre que el 5 de enero de 2015, en el programa “Intratables”, el hermano de Bárbara, Camilo García, había señalado a Sánchez Zinny como autor del secuestro de su madre. Los Dres. Olea y Saint Jean lo puntualizan en otro escrito en el cual acompañan el video del programa: veamos:
“Camilo García: “Nunca supe nada de mi vieja, este, hasta hace 2 o 3 años que surgió un testigo de un programa de protección de aquellos que hubieran sido colimbas durante la dictadura y surgieron algunos nombres de esas 30 o 40 personas que entraron a mi casa. Supuestamente habría sido un comando que operaba desde la ciudad de Mercedes. Tengo nombres y apellidos de tipos que posiblemente hayan sido ellos. Y en la cadena de desapariciones, que también estaba mi vieja, estaba la hermana de Víctor Heredia. Así que, bueno, entre toda la gente que de esas caídas hicimos una presentación en el juzgado del juez Rafecas. Y hay una serie de gentes incluso te digo, de los investigados de estas personas que la mayoría están libres, hay uno que es un personaje que realmente, no quiero decir el nombre todavía hasta que no lo muerda la justicia como me recomiendan las organizaciones de Derechos Humanos, pero es un verdadero cachafaz que firma autógrafos en la Feria del Libro porque publica unos libros…francamente muy malos pero ehh
Del Moro: ¿a qué se dedica?
García: es un ex militar que estuvo con Seineldin también
Del Moro: ¿estaría involucrado en la desaparición de tu madre?
García: Totalmente y además fue uno de los principales, incluso que ejecutó a sangre fría adelante de los colimbas a alguien”
Veamos el contenido de estas afirmaciones:
Dice haber recogido los datos de un testigo que habría declarado en el 2012 o 2013 (“hace dos o tres años”) proveniente del programa de protección a testigos que hubieren hecho la conscripción durante el gobierno militar. El ex conscripto HugoTravi es quien declara en 2012 ya que el otro posible, Ricardo Villalba, lo hace recién el 27 de noviembre de 2014.
Dice que se trataría de un comando que operaba en Mercedes.
Y que entre ellos hay uno que es ex militar, que firma libros en la feria del Libro, que estuvo involucrado en la desaparición de su madre, que era uno de los principales y que además ejecutó a una persona a sangre fría delante de los colimbas. Pero no quiere adelantar el nombre hasta que lo “muerda la Justicia” porque así lo recomiendan las organizaciones de ddhh.
No es necesario que revelara el nombre: se estaba refiriendo al ex Subteniente Martín Sánchez Zinny, que era y es el único ex Oficial del Ejército Argentino que ha prestado servicios en el Regimiento de Infantería 6, en junio de 1976, y que desde 2012 ha publicado diversas obras escritas, las cuales ha presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires firmando ejemplares, tal como lo ilustran las notas y fotografías que acompañamos como prueba en Anexo IV del pedido de nulidad.
Por eso muchas de las personas que lo conocían lo llamaron a Sánchez Zinny esa noche y al otro día para avisarle que se habían referido a él en el programa “Intratables”.
Pero hay un dato más que los testigos que vieron el programa no conocían pero Camilo García sí: la persona a la cual se refiere Camilo García en el programa, cuyo nombre no quiere revelar, que fue uno de los principales que actuó en el secuestro de su madre, es el mismo que “ejecutó a sangre fría adelante de los colimbas a alguien”.
Sólo dos testigos se refieren con nombre y apellido al supuesto autor de un disparo al terrorista Arancibia el día del procedimiento en la imprenta del ERP en presencia de los conscriptos: Villalba le atribuye el hecho al entonces Capitán Del Rio, pero Hugo Travi dice en 2012 que fue Martín Sánchez Zinny.
Evidentemente Camilo García, su hermana Bárbara y las organizaciones de ddhh a las que aquel se refiere en su exposición en el programa, habían decidido ya por lo menos desde el 5 de enero de 2015 que la imputación sobre el secuestro de la señora Martinez Borbolla recayera sobre el ex subteniente Martín Sánchez Zinny.
El testigo nos aporta otro dato no menos revelador del fraude: dice que de los testimonios de los ex conscriptos surgieron algunos de los nombres de los 30 o 40 de los que entraron a su casa. No existe ningún testigo que haya señalado la presencia de personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes en el secuestro de Maríinez Borbolla. Los nombres de los 30 o 40 oficiales y suboficiales del RI6 que habrían participado en ese secuestro era, por lo que se ve, otro de los objetivos de las organizaciones de ddhh a las que se refiere Camilo García. Objetivo que habría de ser satisfecho por el juez Rafecas, autor consciente de toda esta vergonzosa causa, al procesar a Sanchez Zinny de ese hecho, para luego extender la responsabilidad de la Unidad en la que servía a otros 36 hechos ocurridos en diversas localidades.
El querellante Llonto intenta vanamente refutar el cúmulo de evidencias que muestran el armado de esta causa, señalando que las expresiones de Camilo García estarían justificadas porque los hermanos eran querellantes “y conocen desde el 11-12-2012 el nombre de todos los miembros de las patotas secuestradoras entre los que se encontraban los imputados que presentaron la nulidad….siempre supieron que entre ellos estaban los desaparecdedores y asesinos de su madre”.
Lo que no encuentra ninguna explicación es por qué entonces Bárbara García no dio siquiera un indicio de ello cuando fue invitada a decir todo lo que supiera sobre la desaparición de su madre en su declaración de fecha 18 de junio de 2013.
La propia querella de Llonto y los Lombardi, que involucra el secuestro de María Isabel Caldú y parte de su familia, permite observar que se dirige no específicamente contra el RI6 de Mercedes sino por asociación ilícita contra los Comandantes del Ejército y los miembros de su Estado Mayor; los jefes de inteligencia del Ejército al momento de los hechos, los jefes y oficiales de la Policía Federal, jefes y oficiales de la Policía de la provincia correspondientes a la zona de Luján (ver fs. 117526), mientras que querella a “Jefes y oficiales del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires (por la relación con los hechos ocurridos bajo el nombre de “La masacre de la imprenta de San Andrés”)” (querella fs. 117526).
Esto demuestra que en septiembre de 2014, como vemos, la querella no hacía ninguna asociación entre los hechos sufridos por los Caldú y otros lujanenses con el RI6.
Ni puede explicar el motivo por el cual Camilo García se refiere específicamente al señor Sanchez Zinny como autor del secuestro de su madre en el programa cuya copia acompañamos.
¿Cómo podía aseverarlo si aún no había sido “reconocido” por su hermana quien en el año 2017 aseguró que no había vuelto a ver su cara desde el día del secuestro de su madre?
Ni puede explicar cómo puede sorprenderse la testigo Bárbara García al señalar la foto de Sánchez Zinny en su testimonial de junio de 2017 como el autor del secuestro de su madre, cuando su hermano ya lo había señalado en ese carácter en enero de 2015 como vemos.
a ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽orprenderse la testigo Bomo autor del secuestro de su madre en el programa cuya copia acompañamos. intraban los que pNi porqué motivo –dos años después de ese programa- el Juez llama a la señora Bárbara García y le muestra diversas fotografías sólo de ex oficiales del Regimiento 6, entre ellos la de Sánchez Zinny. ¿Porqué lo haría si nadie había señalado a Sánchez Zinny como supuesto autor del mismo?: porque Sánchez Zinny como podemos ver, había sido ya designado de antemano por los instigadores, autor del secuestro de Martinez Borbolla”.
Los defensores continúan en su denuncia señalando: “…Aquella temeraria afirmación fue vista y oída por millares de televidentes, entre ellos, muchas y variadas personas que conocían a Sánchez Zinny y que, al escuchar la peculiar descripción, se comunicaron con él para hacerle saber el hecho y preguntarle a qué se debía semejante acusación.
Vale aclarar que el sujeto “malo” que una niña de 8 años viera que daba las órdenes y estaba a cargo de todo, tampoco podría haber sido jamás, por función, Sánchez Zinny, ya que en junio de 1976 llevaba cuatro meses desde su egreso del Colegio Militar y era el oficial más joven y de menor jerarquía entre todos los oficiales del Ejército Argentino.
El “yerro” de Barbara García que se convierte en la confesión de su delito:
La revista “Noticias” publica ese día 25 de noviembre un extenso reportaje a Bárbara García bajo el título “TESTIGO CLAVE EN PELIGRO”. Bárbara dice “Yo siempre pedí que me den la oportunidad de reconocer al tipo que se llevó a mi madre hace 40 años. Tanto insistí que logré que aceptaran mi pedido y mi identificación fue clave para la causa, pero ahora me encuentro con que ya le dieron la domiciliaria…tengo miedo porque es un tipo poderoso que sigue teniendo muchos contactos afuera explica Bárbara”
Convertida en “testigo estrella” según el reportaje, su testimonio “resultó clave” para demostrar que su madre fue secuestrada “por un grupo comando integrado por efectivos del Regimiento de Infantería nro. 6 de Mercedes….que también permitió establecer la relación con otros 35 casos y aunar todas las denuncias en una causa que llevó adelante el Juez Federal Daniel Rafecas, lo que complicó la situación procesal de Sánchez Zinny”.
Dice la reporteada: “Fue terrible pero mágico a la vez.Sabía que no podía errar, porque si lo hacía era una marcha atrás terrible para toda la investigación. Fue muy difícil pero creo que hubo algo más allá de mí que me ayudó a identificarlo. Un destino que tenía marcado”.
Pero al contestar las preguntas relativas al procedimiento, comete el fatal error que prueba una vez más el delito por el cual la denunciamos. Dice textualmente: “…CUANDO YO VOY A HACER EL RECONOCIMIENTO, SANCHEZ ZINNY ESTABA DETENIDO Y POR ESO TAMBIÉN FUI TAN TRANQUILA EXPLICA GARCIA”.
La “testigo” ya sabía que iba a identificar a Sanchez Zinny. Lo sabía porque así quedó probado con las declaraciones televisivas de su hermano Camilo el 5 de enero de 2015; porque es imposible siendo querellante en la causa, periodista y con la activa participación que tiene y ha tenido a lo largo de los años respecto de los hechos objeto de esta causa tal como ella misma reconoce, que no haya seguido las noticias con la identidad y las fotos de las personas detenidas como responsables del secuestro de su madre; lo sabía y por eso modifica su segunda declaración intentando adaptar la descripción del secuestrador que hace en el 2013, a la fisonomía de las fotos publicadas de Sánchez Zinny que había visto. Finalmente, lo sabía porque ella misma lo admite en este yerro que acabamos de mencionar, el cual no es sino parte del grotesco armado que presenta la causa seguida contra Sánchez Zinny y otros miembros del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes.
El dolor y la tragedia no dan derecho a mentir y menos aún a hacerlo en sede judicial, imputando delitos a personas que no los han cometido.
El Tribunal avanzará en la investigación tomando a ese hecho como el inicio de todos los procedimientos que le va a endilgar, sin elementos consistentes, a la oficialidad destinada en esa Unidad. Así lo revela en el auto de procesamiento dictado por el Juez: “…Sin embargo, uno de los operativos que puede tomarse como principio de las caídas posterioresllevadas a cabo en forma organizada y continua por el personal militar, fue el realizado el 14 de junio de 1976, con el secuestro de Rocío Ángeles Martínez Borbolla, y su pareja Pedro Oscar Martucci, hechos aquí imputados” .
Nos preguntamos si el Juez y la Secretaria Caron participaron dolosamente, con conocimiento e intención de celebrar un acto que sabían era fraudulento: son treinta y siete los hechos por los que responsabiliza Rafecas al Regimiento de Infantería 6, en adelante RI6, consignados en el auto de procesamiento de sus Jefes, Schollaert y Fernández Bustos, y expresamente citados como prueba en los autos de procesamiento de Morello y Sánchez Zinny. ¿Porqué motivo el Juez y la Secretaria seleccionaron este caso, la privación de la libertad de Martinez Borbolla y Martucci, un hecho ocurrido fuera del área asignada al RI6, para que se hiciera el reconocimiento de fotografías del personal de ese Regimiento?. ¿Porqué lo hizo en este caso y no en otros?; ¿porqué no hizo el reconocimiento fotográfico con los cientos de oficiales y suboficiales pertenecientes a las Unidades del Ejército y la Fuerza Aérea correspondientes a esa zona? (el lugar donde ocurre la detención dijo el propio Juez Rafecas que era territorio asignado a esta última Fuerza[2]).
La respuesta es clara: necesitaban colocar como responsable de ese hecho inicial, a un Oficial del RI6 para luego relacionar y adjudicar el resto de las detenciones ocurridas en diversas partes del país al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.
Resulta evidente entonces que las causas seguidas contra miembros del RI6 por las 37 privaciones de libertad mencionadas en los autos de procesamiento, tenía el designio de su “armado” por lo menos desde el 5 de enero de 2015 (admisión pública de Camilo García).
A partir de las evidencias que surgen de esta imputación en particular, y por la experiencia recogida, nos preguntamos cuántos otros testigos fueron aleccionados y acudieron al sumario a mentir. A cuántos le suministraron información interesada y falsa; los fueron a ver para aleccionarlos o inculcarles recuerdos de hechos inexistentes pasados 42 años, en especial luego de leer en la causa que varios fueron visitados por el testigo “estrella” Travi “conjuntamente con la viuda” de uno de los caídos.
La respuesta a esos interrogantes surge de lo que veremos en el siguiente capítulo.
IV.2.LA INCLUSIÓN COMO PRESENTES EN EL PROCEDIMENTO DEL 10 DE JULIO DE 1976 DE DOS OFICIALES -GUILLERMO EDUARDO COGORNO Y LUIS ALBERTO BRUN- QUE NUNCA ESTUVIERON EN ESE LUGAR. LA VIOLACION AL ART. 304 DEL CPPN. LA INCORPORACIÓN DE DOS TESTIGOS FALSOS:
En sus indagatorias, tanto el entonces Subteniente Luis Alberto Brun como el entonces Teniente Primero Guillermo Eduardo Cogorno negaron haber estado presentes en el enfrentamiento ocurrido en la calle Ecuador 170 el día 10 de julio de 1976.
El primero porque luego del desfile del 9 de julio fue licenciado de franco y al momento del enfrentamiento se encontraba con su novia y familiares en San Isidro. El segundo porque por orden del Jefe de Regimiento se queda, mientras se realiza el procedimiento, a cargo de la Unidad, lo cual deja asentado en el libro de guardia, con su firma y la hora, hasta que a las 7 y 30 AM es relevado por el Oficial Burlando y Calderón.
¿Porqué motivo el señor Jefe del Regimiento, Teniente Coronel Schollaert en su declaración, así como todos los oficiales de la Unidad intervinientes van a señalar expresamente o no desmentir ninguno de ellos 42 años después de los hechos y probablemente sin haberse visto por 20 o 30 años, que esos dos oficiales no estuvieron ese día cuando, simultáneamente, amiten la presencia propia y de todo el resto de la oficialidad?
La respuesta es una sola: porque es verdad.
Pero Rafecas da por probado que estuvieron presentes por obra de dos testimonios falsos, pertenecientes a otros dos testigos que fueron aleccionados para el “armado” de esta causa: los de Hugo Travi y Ricardo Villalba.
Guillermo Eduardo Cogorno explicó la situación con toda claridad en su ampliación de indagatoria: fue convocado como toda la oficialidad en la madrugada del 10 de julio de 1976 pero al llegar desde su domicilio al cuartel, observó la columna formada y un oficial le hace saber que debía hacerse cargo de la Unidad ya que el Jefe del Regimiento, el Teniente Coronel Schollaert estaba saliendo con la citada columna.
Cogorno afirmó además haber TOMADO EL LIBRO DE GUARDIA Y REGISTRADO LA ORDEN DEL JEFE DE LA UNIDAD CON LA FIRMA Y LA HORA. Transcurre toda la noche y a las 7 y 30 am se produce el relevo y toma la Jefatura del Regimiento un Oficial que, cree recordar Cogorno, se trataría de Burlando y Calderón.
Nos preguntamos qué duda puede caberle al Juez sobre semejante evidencia y porqué motivo no evacuó las citas de su indagatoria para corroborar tan elemental y fundamental dato, cuando ello es además su obligación legal conforme el art. 304 del texto de rito.
El defensor de Cogorno, el día 3 de agosto de 2017, amplía con un escrito el descargo, señalando que sólo el testigo Hugo Travi dice haberlo visto, y que el examen de sus dichos tiene contradicciones insalvables con otros testimonios.
De 15 soldados que declaran, el Juez sólo toma párrafos de 2, Travi y Villalba (hay un tercer testigo evidentemente falso –Rebagliatti- pero no se expide sobre la presencia de Cogorno y Brun en el operativo).
Cogorno a esas horas estaba a cargo de la Unidad y sobran las pruebas para demostrarlo. Pero Rafecas prefiere creerle al único testigo que lo nombra como presente en el lugar de los hechos. ¿Porqué motivo lo hace?.
Leyendo la declaración y el auto de procesamiento, vemos claramente el motivo por el cual Rafecas no recoge y hace caso omiso de las evidencias que demuestran la ausencia de Cogorno en el operativo. Hugo Travi, su “testigo estrella”, lo coloca en los momentos más trascendentes del armado de la imputación, y la falsedad de su testimonio pone en crisis los actos que dice haber presenciado de Del Rio, de Sánchez Zinny, de Linari, de Amarante y de Durán. De los que “estaban de civil” y los que “estaban de uniforme”, de los que estaban y los que no estaban, de lo que hicieron y lo que no hicieron, de lo que pasó y de lo que no pasó.
Veamos sino los siguientes párrafos de su auto de procesamiento:
“…ellos dos (los Subtenientes Linari y Brun) y todos estábamos a cargo del Capitán Cogorno, que era el Jefe de la Compañía B” …Luego al relatar el momento del traslado hacia el lugar del operativo, indicó: “[s]e metieron para el lado de las quintas, de la ruta 201, donde está Campo de Mayo, unas diez cuadras para adentro, eran todas casas quinta. Paramos todos al costado de la calle. Nos hicieron bajar de las camionetas. Nos tuvieron un rato largo, hacía mucho frío. Estábamos todos parados esperando. Hasta que llegó una Chevy y un Peugeot 404, que pararon a una cuadra.Bajó uno de civil, vino caminando. Fue Cogorno, Brum y Linari, yo con él. Se agachó el que estaba de civil e hizo un plano en la tierra, indicando adónde vamos a ir….Continuando con su relato, expresó “en el mismo momento en que llega Cogorno y llegan los autos con civiles, que había visto antes. Bajan civiles por todos lados. Cogorno empezó a decir que eran del Ejército Argentino, que se entregue. Mientras tanto, los de civil empezaron a patear la puerta. Se empezaron a escuchar disparos de Itaka cuando ellos entraron….uno de ellos de civil empezó a preguntarle a la persona que trajeron dónde estaban las personas que se habían escapado…
“Luego, al ampliar su testimonio, Travi dio detalles de la presencia de Cogorno en el operativo, recordando que el nombrado estaba vestido con ropa militar. Al respecto refirió: “en un momento ingresamos a la casa con Linari y con el conscripto Medrano. Una vez que pasamos la casa, llegamos a un lavadero, en donde había un ventanal grande, con vidrios, desde donde se podía ver el galpón. En el galpón y en el jardín estaban todos los de civil. Los que andaban de civil eran Amarante, Durán, Sánchez Zinny. En ese momento sólo se sabía que se había escapado alguien. Todos los que estaban de civil decían que se habían escapado los que estaban en la casa. Recuerdo a Del Rio diciendo que se habían escapado. La cosa fue así. El que se manda la boludez es Cogorno, que era quien nos llevó a nosotros, estaba vestido de ropa militar. Es quien nos lleva, junto a Linari, a todos los conscriptos hacia el operativo. Cuando nosotros ya estábamos rodeando la manzana, llegan los autos de civil. Mientras tanto, Cogorno se para en la puerta de la casa y dice: “En nombre del Ejército Argentino, entréguense” El se adelantó a la llegada de los autos de civil. Antes que se bajaran empezó a gritar en la puerta de la casa. Inmediatamente después los de civil empujaron a Cogorno y entraron a la casa a los tiros. Después, cuando Linari me lleva dentro de la casa, escucho a Del Rio deir que las camas estaban calientes y que se habían escapado. Ahí veo a los de civil (cr fs. 140.260/7).
Asimismo, contó que Cogorno y Linari, quienes estaban vestidos de fajina eran quienes se encontraban cubriendo la guardia y la recuperación, añadiendo luego que, en el momento en que la persona es asesinada (Jorge Emilio Arancibia) Cogorno y Linari están con el testigo, en la calle (ídem)
Y agregó: “siempre que hacíamos un operativo, se hacía un círculo y se indicaba que nadie podía entrar a aquel sin un brazalete blanco. Si había algún civil sin brazalete, había que tirarle. Primero se tira y después se pregunta. Esa orden la dieron Linari y Cogorno (ídem). Por último, al serle preguntado respecto de la participación de Guillermo Cogorno en el operativo, Travi expresó: “cuando nosotros salimos del regimiento el jefe de retén era Cogorno. Iba en una de las camionetas que salieron del Regimiento. Yo iba con Linari en una y Cogorno en otra. De civil no salió nadie del Regimiento”.
Piensen Vs Excs. que cada vez que el testigo nombró a Cogorno está mintiendo. Travi se refirió a Cogorno cinco veces en su declaración de 2012 y trece en su declaración del 2017 (18 menciones en total) atribuyéndole diferentes comportamientos durante la operación. Pero lo cierto es que se demostró que Cogorno nunca estuvo en el operativo.
Ahora veremos el valor determinante que el Juez le adjudica a este testimonio falso a la hora de tener por acreditados los hechos y la participación de los imputados.
En el auto de procesamiento Rafecas señala:
“….Otro elemento que tengo en cuenta en el análisis de la prueba, es que Travi tanto en su declaración del año 2012 como la prestada en el año 2017 ha sido coherente en todas sus expresiones, y en particular con respecto a Cogorno, lo ha situado en la misma posición frente a los hechos, sin manifestar ninguna duda en cuanto a que era el nombrado quien se hallaba en el operativo en el rol que mencionara”.
“Por otro lado, tengo en cuenta que Travi ha sido categórico con algunos recuerdos, a la par que aquellos que le han generado duda, así lo ha expuesto, y a la par que con respecto a algunas personas sobre las cuales ha sido preguntado, ha manifestado no recordar haberlas visto en el operativo, siendo por ejemplo el caso de González Sass, con respecto al cual manifestó que no lo vio en el operativo, y específicamente dijo que podría haber estado, pero no lo vio”
“Ello da cuenta de la sensatez del testimonio de Travi, lo cual permite aseverar el gran valor probatorio de su testimonio como base para la imputación de Cogorno en los términos del artículo 306 del C.P.P.N.”
EL CASO DE LUIS ALBERTO BRUN ES IGUALMENTE ESCANDALOSO:
El señor Luis Alberto Brun al prestar declaración indagatoria, explicó que luego de su participación, junto al resto de la oficialidad del Regimiento, en el desfile de Mercedes del 9 de julio, se retiró haciendo uso del franco del que gozó toda la unidad. Y brindó sobrados elementos y cita de personas que podían corroborar sus dichos.
Rafecas no evacuó las tan trascendentes citas de su indagatoria, y optó por procesarlo en base a las declaraciones de dos conscriptos sospechados de ser reclutados para que declaren una versión inexistente de los hechos, y que registran en sus deposiciones contradicciones insalvables que los dejan incursos en el falso testimonio.
Vemos que en el auto de procesamiento Rafecas transcribe lo declarado por Hugo Travi, cuando refiere que Brun estaba de fajina, que “Morello llegó solo, bajó de uno de los autos de civil y vino caminando. El los llamó a Cogorno y a Brun, fueron todos juntos a su encuentro…”
Asimismo, Ricardo Antonio Villalba en la ampliación de su declaración testimonial de fs. 119.278/82, manifestó: “…uno los que nos condujo hasta ahí le decían «Andresito», pero no hablé con él ni nada, de él sí escuché hablar, no lo podría describir, solo recuerdo que era flaco. Había alguien que era el jefe de imprenta del ERP, no se si «Andresito» era Santucho, o quien nos llevó hacia la imprenta, tenía barba en ese momento y un aspecto de tipo grande pero estaba muy abatido, lo vi entre dos personas, me sería imposible describirlo, si veo una foto de él, capaz pueda recordarlo, pero no con seguridad. Había habido un operativo, lo habían seguido durante un tiempo y lo detuvieron, no recuerdo si lo vi antes en el Regimiento o ahí directamente. No recuerdo que pasó con él después porque no íbamos en el mismo camión, creo que siguió viviendo, no era ni el que mataron ni el que torturaron. Después no lo volví a ver”.
El auto de procesamiento agrega:
“.. Por otra parte, Villalba en la ampliación de sudeclaración testimonial de fs. 140155/61 manifestó: Brun y Sánchez Zinnyestaban desde antes del operativo porque eran los que habían hecho inteligencia con el tema. Estaban siguiendo a varias personas, hasta llegar a este tal “Andresito”. Luego continuó: no recuerdo si fue por comentarios pero era muy evidente que cuando lo capturaron lo llevaron a la imprenta. La primera vez que lo vi fue cuando estaba en el coche, no lo vi antes ni después. No le vi la cara tampoco. No lo podría reconocer. Sólo sé por comentarios que le hicieron un seguimiento durante varios días, después cayó y los guió hacia la imprenta”
En su momento, la defensa de Brun destacó las contradicciones y absurdos de ambas declaraciones: “…como bien dijo el Sr. SCHOLLAERT en su declaración espontánea, ningún efectivo del regimiento fue adelantado al lugar del objetivo, y esto demuestra sin lugar a hesitación alguna que al haber sido despertado VILLALBA en horas de la madrugada del 10 de julio, malpudo haber estado él como adelantado, de modo de poder apreciar per se,esas tareas de inteligencia previa a las que irresponsablemente echó arodar en su testimonio. De suyo aquella afirmación en cuanto a que “Brun y Sánchez Zinny estaban desde antes del operativo” es absolutamente falsa, y nunca observó o pudo observar por sus propios ojos semejante escena. Es más, también hay que recordar que él mismo reconoció estarapostado alejado de la imprenta y de no haber ingresado a la casa hasta las 9 o 10 de la mañana, lugar donde tampoco ubicó al Subteniente BRUN.
…Es absurdo suponer que, desde la posición en que se encontraba el soldado VILLALBA, haya podido saber no solamente que losOficiales BRUN y SÁNCHEZ ZINNY realizaron tareas de inteligencia, sinotambién en qué consistieron las mismas. Amén de que, tanto en esa épocacomo en los años sucesivos de su carrera militar, BRUN jamás recibiócapacitación en la especialidad de inteligencia, ni siquiera integró ningúnelemento de inteligencia del Regimiento, y de ello dan cuenta no solamente su Legajo Militar, sino el Libro Histórico de la unidad”.
A ello agregamos que áanchez Zinny estaba cumpliendo los primeros meses de su egreso del Colegio Militar, por lo que no sólo no había sido capacitado en Inteligencia, sino que no había realizado todavía curso alguno en su corta carrera.
Continúa la defensa de Brun: “De los propios dichos de Villalba surge su parcialidad: estaba sospechado de ser extremista y que por esa razón había sido trasladado del RI3 (La Tablada) al RI6 (Mercedes). En tal sentido VILLALBA había declarado: “Creían que yo era extremista porque tenía contacto con dirigentes de la zona” “Vivian con mucho miedo” refiriéndose a los militares”.
“Continuando con el análisis de sus dichos, apreciamos que la presunción de seguimiento que menciona VILLALBA, se refiere a personas fuera del RI6 y entonces, nos preguntamos:
¿Cómo supo VILLALBA de los movimientos afuera del Regimiento?
¿Les hizo un seguimiento a los Oficiales? ¿Con qué medios?
¿Cómo hacía VILLALBA para ausentarse del RI6 y cómo eludió la
lista de control al mediodía, a la tarde y a la noche antes de
acostarse?
¿“Andresito” le contó a VILLALBA que BRUN y SANCHEZ ZINNY lo estaban siguiendo?
Así pues, al ser preguntado MEDRANO para que diga “si durante el trayecto o antes le fue informado, que en el lugar había una persona detenida, en particular que estaba detenido Etchegoyen dijo que : no”. MEDRANO arribó a las siguientes afirmaciones:
1)”Nosotros nos enteramos después que se lo encontró”.
2)”Nunca se supo que había alguien en cautiverio, ni detenido, ni muerto ni nada”.
3)Nunca lo supimos los conscriptos
4)El soldado nunca va a saber eso
5)No sé si los oficiales y suboficiales lo sabían
Al ser preguntado el soldado MEDRANO para que diga “si luego del operativo o durante el mismo escuchó algún comentario” con respeto a ello que diera cuenta de la sorpresa o conocimiento previo de los militares de la presencia allí del militar detenido, dijo que : no…Si hay un rumor de eso, un grupo de soldados nunca lo va saber, por eso está el Casino de Oficiales donde se reúnen ellos.” Al ser preguntado para que diga si posee conocimiento sobre cómo se conoció la ubicación del domicilio en el cual se realizó el operativo, dijo que :
1)Estos son trabajos que se hacen previamente para los cuales no va a salir un soldado.
2)Eso está todo estudiado.
3)No se va a un lugar sin saber que realmente es ahí.”
Ambos, Travi y Villalba, también resultan ser testigos estrella de la imputación del homicidio de Arancibia. Sólo que se contradicen en quién fue el autor del disparo con que supuestamente se lo rematara: Travi está seguro que fue Sanchez Zinny, y Villalba seguro que fue Del Rio. Otra vez las flagrantes contradicciones, otra vez la mentira.
A las preguntas sin respuesta que hizo la defensa de Brun para demostrar la falsedad del testimonio de Villabla, le agregamos las siguientes: “Andresito” era un nombre de guerra del señor Pablo Pavich, un importante miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo a cargo de la propaganda de la organización; una persona cuya identidad y nombres de guerra sólo se conocen por las causas judiciales “Vesubio”; “ABO” (nro 1668); “La Perla” (TOF Córdoba) y las constancias de esta causa. Y que efectivamente, como señaló Villalba, continuó viviendo por lo menos hasta 1978 según testigos que compartieron con él cautiverio en los centros de detención “Olimpo” y “La Perla” conforme veremos más adelante.
¿Cómo es que un conscripto, convocado por primera vez a prestar declaración testimonial, conoce semejantes datos?. Cómo los obtuvo?, quién se los proporcionó?. ¿Leyó las causas radicadas en el TOF 2 y el TOF de Córdoba?; ¿tuvo acceso y leyó esta causa antes de declarar o alguien le proporcionó esos datos para que los repitiera como si fueran propios?.
Lo inexplicable es que el Juez y la Secretaria, interrogadores, no le hayan formulado al testigo la razón de tan peculiares y llamativos dichos, como corresponde en una declaración testimonial que va a ser luego considerada tan determinantemente. Las defensas pueden optar en ejercicio de su deber por no hacer preguntas, pero el Juez está obligado a buscar la verdad de lo ocurrido y verificar la razón de los dichos de los testigos.
Cierto es que podría conocer Villalba estos datos si fuera un investigador experto sobre lo ocurrido en la década del 70 y la lucha terrorista y antiterrorista. Pero no sólo no lo aclaró sino que además reveló su completa ignorancia al confundir al jefe de la imprenta del ERP, al tal “Andresito”, nada menos que con el jefe supremo y fundador del ERP Roberto Mario Santucho.
Adjudicarle a Sanchez Zinny y Brun tareas de inteligencia previa, decir que “estaban siguiendo a varias personas hasta dar con este tal “Andresito”, es una afirmación en un conscripto que obliga a pedirle la razón de sus dichos. El Juez no lo hace dando muestras nuevamente de su designio parcial. Máxime cuando a continuación el testigo va a expresar: “Sólo sé por comentarios que le hicieron un seguimiento durante varios días, después cayó y los guió hacia la imprenta”.
Ricardo Villalba, el segundo testigo estrella luego del mentiroso Travi, sabe lo que dice por“comentarios”y sin siquiera expresar de quién. Pero, no obstante, es citado una y otra vez como si fueran válidos sus dichos para corroborar algunas de las creaciones de Travi y, como vemos, la versión de la querella que intenta vanamente demostrar la existencia de tareas de inteligencia antisubversiva en la zona por parte del RI6.
Villalba, que confunde a Pavich con Santucho es, definitivamente, un testigo falso, armado y aleccionado para que diga determinadas cosas, que repite sin tener idea de lo que dice.
Lo cierto es que la Compañía “B” a cargo del Tte 1ero Cogorno, luego del desfile del 9 de Julio -de lo que existen registros fotográficos agregados a la causa- regresa al cuartel, y entrega el armamento. Todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados que no estaban afectados a servicios tales como: cuarteleros, imaginarias, servicio de semana se retiraron franco hasta el Lunes 12 de julio 1976. Cogorno se hace cargo de la Jefatura desde la 1 am hasta las 7,30 am del 10 de julio y luego sigue de franco en su domicilio en el Bario Militar.
Brun también se retira de franco ese día 9 (ver Orden de Regimiento Nro 36/76 -08Jul76-Servicos en la Compañía “B” oficial de Semana:Sarg 1ero Cirio-Suobf Sem:Cbo 1ero Ramírez. Ver la OR 37 /76 del 16 Jul donde indica que Brun entraba de Oficial de semana hasta el 23 de Julio).
Presenciaron el desfile el hermano de Brun y su esposa Mirtha Serenelli. Viajó ese mismo día junto a conscriptos del Regimiento en el colectivo 57 de Mercedes a San Miguel y luego en el 365 hasta Béccar (Intendente Becco 2360 ) lugar de encuentro con su hermano y su novia Beatríz Demartino y otros familiares.
Ese sábado le presentó su novia a su hermano y son testigos de ello Roxana Cabrio, Oscar Cabrio y otras personas que menciona expresamente en su indagatoria. El domicilio Intendente Becco 2360 fue su residencia durante los 5 años en el Colegio Militar y figura como tal en su legajo personal.
El Jefe del Regimiento Schollaert ratifica en su declaración escrita lo señalado por Brun: dijo que no fue requerido por ningún medio la presencia del Subteniente Brun quien se encontraba al igual que el resto de los oficiales de franco ordinario hasta el Lunes 12 de julio.
Rafecas, escandalosamente, otra vez, en lugar de evacuar las citas de la indagatoria, tarea a la que está obligado por el art 304 del CPPN (“El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado”), prefiere soslayar toda prueba a favor con el obvio objetivo de proteger las versiones de los dos testigos mentirosos que caen en la figura agravada del art. 275 del Código Penal.
Cabe recordar que “en tanto prima facie resulten conducentes a la investigación, las citas referidas por el imputado en su indagatoria deben ser evacuadas por el órgano” (Cámara Nac. Casacion Penal Sala A 15-5-98 “Siciliano SP” (Nabvarro Guillermo Rarafel y Daray Roberto Raúl “Còdigo Procesal Penal de la Nación HAMMURABI BS AS 1999 tomo II pag 838
La Cámara Federal en la causa N° 43.537 “Luca, Salvador Carmelo s/ procesamiento” Reg. N° 167, el día 10-03-2010 falló de la siguiente manera: “…Refirió el acusado que los Sres. Salvador Luca, Gustavo Godoy, Haydeé Saran, Juan Luca, Adriana Geni, Vicente Pallola y Carlos González fueron testigos de esa operación y podrían corroborar las circunstancias apuntadas en su descargo. Se observa que no obstante la insistencia por parte de la defensa de contar con los mencionados testimonios, el magistrado de grado omitió pronunciarse al respecto y ni siquiera explicó en la resolución atacada por qué aquellas declaraciones no resultaban pertinentes o útiles para el esclarecimiento del hecho investigado. Tal omisión contraría la disposición contenida en el Código Procesal Penal de la Nación y desnaturaliza el derecho a la defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto torna ilusorio el acto de defensa que presupone la declaración indagatoria”.
Los mencionados testigos, sabe el Juez, que son determinantes por lo que, excluídos, se derrumba todo el razonamiento falso sobre el que estructuró la responsabilidad de oficiales del RI6 en los hechos ilegales que les reprocha, ya que el resto del material que cita resulta insuficiente para sostener un procesamiento.
LA EVIDENTE PARCIALIDAD DEL JUEZ Y LA SECRETARIA CARON EN EL ARMADO DE LA CAUSA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE IMPIDIÓ EL DEBIDO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO:
La cita en el acto de la indagatoria de una cantidad exhorbitante e innecesaria de prueba que obliga a su lectura, estudio y análisis pero que por su volumen es imposible de abarcar para poder refutar eficazmente el auto de procesamiento que dictará próximamente. El ocultamiento de la prueba que sí hubiera resultado procedente:
La garantía establecida en el art. 8.2 de la CADH contiene el derecho del imputado a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. Esa garantía obliga al Estado a permitir el acceso de la persona inculpada al conocimiento del expediente llevado en su contra.
“Para alcanzar sus objetivos el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. …la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de comprensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación….dificilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (CORTE IDH “EL DERECHO A LA INFORMACION…Opinión consultivaOC 16/99 del 1-10-99 citado por Garavano y De Martini “El debido proceso penal” pág 467)
Los imputados fueron detenidos e indagados en esta causa por un hecho ocurrido el 10 de julio de 1976 (época en la cual nuestros dos defendidos ostentaban el grado más bajo de la oficialidad) ocurrido en una finca ubicada en Ecuador 170 de la localidad de San Andres, en el cual se produjo un enfrentamiento abierto con combatientes armados del ERP –que tuvo amplia e inmediata difusión en la prensa- los cuales custodiaban en esa vivienda al Vice Comodoro Etchegoyen, secuestrado por esa facción, a quien tenían encadenado a una cama y a quien ultiman antes de que pudieran entrar las fuerzas del orden a la vivienda en cuyos subsuelos, además, se imprimía una de las publicaciones de esa siniestra organización terrorista.
Por este único hecho, a los procesados se les hace saber en la indagatoria que obran en su contra más de mil informes, constancias, causas, legajos, organigramas y nómina de personal de distintas fuerzas y reparticiones, divididas de la siguiente manera:
Doscientas treinta y tres (233) declaraciones testimoniales prestadas en las más diversas causas tramitadas por ante los Juzgados 1 y 3 de La Plata, declaraciones prestadas por ante la Cámara Federal de esa ciudad; por ante el Juzgado de Paz Letrado del Partido de Chivilcoy; ante el Tribunal Oral Federal nro 4 en las causas “Vesubio I” y “Vesubio II”; declaraciones testimoniales prestadas en la causa 13/84 de la Cámara Federal de la Capital y otras.
Más de cuarenta (40) presentaciones solicitando ser parte querelleante. Uno se preguntaría si lo fueron en esta causa, pero no: son las realizadas repecto de otras víctimas en otras causas, como por ejemplo la de Embajada de la República Federal de Alemania en relación a los hechos por los cuales resultara damnificada Elisabeth Kasemann, así como de otras personas que no son víctimas en estas actuaciones.
Cien (100) “Legajos”, actuaciones y causas que servirían como prueba de la causa 14216/03, una biblioteca con algo más de 750 cuerpos. Los “Legajos” van desde actuaciones de una fiscalía del Departamento judicial de Morón hasta expedientes del Consejo Especial Estable nro. 1/1.
Ciento cuarenta y tres (143) informes y documentación producidos por el Juzgado Federal nro 1 de Capital, el Servicio Penitenciario en un hecho determinado, la Prefectura Naval en otro, testimonios de la causas 13445/99 “Videla Rafael s/privación ilegal de la libertad”; sumarios del Consejo de Guerra Especial; copias de diversas causas, declaracions recibidas en la sede de la Embajada Argentina en España , presentaciones de particulares, informs deel Registro de la Propiedad Inmueble sobre inmuebles que nada tienen que ver con esta causa; organigrama del Batallón 601 de los años 76 a 78, organigrama del Servicio Penitenciario Federal, informes de muy diversas dependencias sobre procedimientos y víctimas que nada tienen que ver con esta causa, ejemplares de diarios, planos del Batallón Logístico 10 y nómina de soldados conscriptos que revistaron en él en 1978, una declaración informativa del Gra. Juan Bautista Sasiaiñ, acta de inspección ocular del Garage Azopardo, tres planos del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada y toda otra serie de informes innecesarios y ridículos de ser citados a un imputado por el procedimiento por el cual se lo indagara en estas actuaciones.
Trescientos diecisiete (317) legajos de la CONADEP y la SDH y copias de fichas individuales con fotos del registro único de víctimas correspondientes a personas que nada tienen que ver con la pesquisa.
Más de sesenta (60) copias de legajos de identificación y restos reservados en Secretaría con actuaciones de diversas causas que tampoco gaurdan relación con los hechos investigados en la causa.
El álbum de víctimas y represores de la causa 14216, con datos de decenas de integrantes del Servicio Penitenciario y de la Policía Federal, así como los legajos de personal militar que no estuvo destinado en el Regimiento 6 de Infantería ni tenía relación con él al momento de los hechos.
Finalmente, algunas de las que sí resultarían procedentes para la presente causa, consistentes en treinta y siete declaraciones testimoniales, la ficha del cadáver de Jorge Emilio Arancibia y la nómina y legajos de los oficiales del Reg Inf 6 de Mercedes, que ocupan poco más de una carilla.
Claro que, como lo consignamos en el apartado III del presente, ocultó el Juzgado en las indagatorias consignar la existencia de las causas judiciales o militares abiertas como consecuencia de los hechos por los que luego procesará o citará como prueba indicaria de la ilegalidad del accionar de los imputados, así como si dictó o no resolución ordenando su obligada reapertura.
Resulta materialmente imposible hacer el obligado ejercicio de la lectura, estudio y análisis de toda esa documentación, necesario para el ejercicio de la correcta y debida defensa en juicio en el tiempo disponible para poder refutar el cargo imputado así como el posterior auto de procesamiento que dictará poco después. Y esto no se produce por el cúmulo de evidencias colectadas por el Juzgado necesarias para sostener la imputación, sino por la cita, como vemos, de prueba absolutamente innecesaria, en algunos casos redundante, en otros absolutamente inadecuada, superflua o inconducente y, en todos, improcedente y violatoria del debido proceso.
Esta ha sido una actividad realizada ex profeso por el Juez y su Secretaria procurando precisamente ese resultado pero, si Vs Excs entendieran que no se han reunido todavía las pruebas de ese dolo específico, coincidirán sin embargo con esta defensa en que, de todas formas, ha producido el efecto y generado la consecuencia nulificante del proceso que denunciamos, ya que ha impedido el debido ejercicio del derecho de defensa.
Recordar, investigar y lograr reunir pruebas de hechos ocurridos hace 42 años, con el objeto de refutar cargos formulados luego de semejante lapso, es una tarea compleja, ardua y altamente dificultosa. Hacerlo cuando a uno lo obligan además a leer y refutar concretamente miles de documentos que resultan inconducentes, mientras se le ocultan aquellos que sí serían trascendentres y que luego citaría el Juez en el auto de responsabilidad, transforma a esa tarea en algo impracticable.
Toda esta actividad irregular, aceptación de testigos cuya falsedad no pudo desconocer ni el magistrado ni la Actuaria, incumplimiento de evacuar citas en violación a lo ordenado por el art 304 del rito, la invocación de elementos de prueba inconducentes y por su extensión inabarcables, resulta demostrativa no sólo de la existencia de preconceptos en el magistrado que orientaron su accionar, sino también de la posición coadyudante asumida respecto de una parte del proceso, el acusador, con la consecuente pérdida de la imparcialidad del juzgador.
Esto que sostenemos por lo demás se ve corroborado y fortalecido por la profusa actividad extrajudicial que el magistrado y la Secretaria del Juzgado comparten con quienes se presentan como querellantes en estas causas, en particular el Dr. Llonto, en un clima incluso de trato amistoso en donde no faltaron los mails de solidaridad”.
En este sentido, debe reconocerse que su afinidad con los querellantes, ha sido manifestada reiteradamente.
La actividad desarrollada por el Dr. Rafecas, ha sido pública y basta simplemente recurrir a la profusa información referida en artículos periodísticos, entrevistas, coloquios y demás apariciones relacionadas con estos juicios.
En efecto, existen muchos elementos de juicio que ponen en evidencia su total acercamiento especialmente con las organizaciones no gubernamentales que vienen actuando en diversos procesos por presuntas violaciones a los DDHH durante el último gobierno militar, en los llamados juicios por delitos de “LESA HUMANIDAD“.
En este sentido resulta ilustrativa, entre mucha otra, la información que acompañamos.
Todo ello exhibe de modo manifiesto la predisposición del magistrado en favor de quienes se presentan como víctimas y querellantes.
La neutralidad del magistrado no es una concesión al litigante, es un derecho a la equidistancia de quien debe resolver con los intereses en juego en el proceso, pero además no sólo interesa al justiciable sino al prestigio de la administración de justicia.
Se trata de la imparcialidad frente al caso, la que semánticamente refiere a la ausencia de inclinacióna favor o en contra de las personas acerca de las cuales cabe decidir, y que intenta preservarse colocando en la función de juzgar a una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo.
En palabras de José I. Cafferata Nores “La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado (independiente, neutral)…la de no ser parte ni tener prejuicios…ni estar involucrado con los intereses del acusador ni del acusado,ni comprometido con sus posiciones….” (Garantía y Sistema Constitucional. Revista de Derecho Penal” 2001-1- Garantías constitucionales y nulidades procesales- I-, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 141).
La imparcialidad del juzgador, que exige que el magistrado se encuentre alejado de los intereses de las partes del proceso, constituye una garantía constitucional, básica y primaria de la función jurisdiccional .
No desconocemos que es inaudito que un magistrado no pueda poseer una idelología. Ello llevaría a sostener que contrariamente a la naturaleza humana, no pudiera pensar libremente sobre los diversos aspectos de la vida y la vida en sociedad.
Sin embargo, su ideología no debe arrastrar sus juicios jurisdiccionales a punto de resolver conforme a sus ataduras políticas por sobre los mandatos fundamentales legales o principios generales del derecho cuya obligación es acatarlos y hacerlos acatar. Al punto de encarcerlar a personas inocentes como ocurre en este caso.
No cabe duda que el magistrado posee o quiere mostrar que posee una orientación político ildeológica capaz de influir en sus juicios.
La imparcialidad exige independencia, no sólo del poder político gobernante sino de cualquier factor de poder así como de las agrupaciones que guardan interés en los resultados de estos juicios denominados de lesa humanidad.
Los hechos relatados ponen en evidencia la decisión del magistrado de hacer uso abusivo de la función jurisdiccional que les fuera confiada, en detrimento de los imputados en las causas de referencia.
Ello configura un supuesto de mal desempeño en los términos de los arts. 53 y 115 de la CN que en consonancia con las previsiones del art 110 exige para la conservación de sus empleos el mantenimiento de su buena conducta, lo que habilita la remoción de los denunciados pues la inamovilidad de los jueces, no constituye un privilegio sino una garantía para los justiciables.
Sabido es que “la expresión mal desempeño tiene una latitud considerable y permite un juicio discrecional amplio pues se trata de una falta de idoneidad no sólo profesional o técnica, sino también moral, que ocasiona un daño a la función pública, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación” (BIELSA, Rafael; “Derecho Constitucional”, Ed Depalma, 1954, p. 483).
Si bien la CN defiende la independencia decisional de los magistrados judiciales, no tolera el abuso de autoridad ni la comisión de delitos por parte de quienes tienen el sagrado deber de juzgar, ni la inamovilidad permite la negligencia, ni el abuso en la tramitación y decisiones en los procesos.
No pretendemos convertir al Consejo en una instancia revisora de decisiones jurisdiccionales, de interferir en la independencia de los magistrados, ni solicitar su remoción exclusivamente en base a “erróneas” interpretaciones de la ley que han hecho en casos aislados.
Se trata de actos irregulares reiterados y habituales que han causado gravísimos perjuicios, que violan la Constitución Nacional y las leyes, y que configuran un abuso de las atribuciones.
Que el desempeño de un magistrado no pueda ser objeto de juzgamiento tomando como base el contenido de sus sentencias, tiene límites. Este límite aparece cuando las decisiones judiciales se apartan de modo manifiesto del marco constitucional y legal, o se contrapone a precedentes jurisprudenciales sobre las mismas materias de un modo discriminatorio.
Como fácil es de advertir, esta denuncia no se desprende de un solo hecho, sino que deriva de un conjunto de antecedentes que demuestran la implementación de un modus operandi destinado a denegar los derechos de los justiciables en esta clase de causas.
Este modo de proceder utiliza el proceso judicial como instrumento para vulnerar los más elementales derechos humanos de numerosas personas y por tanto escapa al marco de discrecionalidad de los jueces. Revela un intolerable apartamiento de la elevada misión que a ellos se les confía con daño evidente al servicio de justicia y menoscabo de la investidura
Como es sabido, la imparcialidad que es esencia de la función jurisdiccional, se traduce en una ausencia de prejuicios o intereses frente al caso que debe decidir, tanto con relación a las partes como a la materia, en una ausencia de propósito anticipado en favor o en contra de personas, y exige el juzgamiento con honestidad y neutralidad sobre la base del irrestricto resguardo del principio de igualdad.
La pérdida de esa imparcialidad por desvío de poder cuando el comportamiento del magistrado se ve saturado por la animosidad en la apreciación de los hechos y en la interpretación torcida de las normas importa una conducta intolerable en un Magistrado.
Ese accionar incompatible con la imparcialidad e independencia que deben caracterizar la actuación de quienes tienen la alta misión de administrar justicia, constituye causal suficiente para la suspensión y destitución de los magistrados en tanto la inamovilidad de los jueces debe ceder a fin de evitar el menoscabo del interés público y privado que a los magistrados se les confía.
Se ha sostenido que el mal desempeño por desvío de poder reflejado en la interpretación torcida de las normas o su apartamiento impregnado de animosidad “….será el caso más grave porque importará la pérdida del deber más importante al ejercer la función judicial para cuya preservación la independencia no es más que una garantía, la imparcialidad. Ejemplo de pérdida de imparcialidad por desvío de poder los encontramos en los hechos por los que fueron juzgados Bustos Fierro, Leiva, Murature y Marquevich. El mal desempeño es la consecuencia natural de la pérdida de imparcialidad”. (Cf. Alfonso Santiago, obra citada p. 414/415).
De tal modo, el desarrollo experimentado en esta causa acredita el trato discriminatoriorecibido por parte del Estado a través de sus jueces.
En términos de la CSJN se trata de “hechos graves e inequívocos o presunciones serias que autorizan a poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función” (F 266:315).
Por todo lo expuesto, solicitamos:
PETITORIO:
Se tenga por presentado formal pedido de juicio político al Dr. Daniel Rafecas por mal desempeño en sus funciones, discriminación, actuación parcial y privación ilegal de la libertad.
Se los someta a juicio y se disponga su destitución.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA
[1] “Alquimia setentista” José DAngelo; “Infobae” 31-07-2018.
LA DIFICIL MISIÓN DE SER POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Cada fuerza de uniformados en Argentina habla del sacrificio de sus miembros y está bien que así sea, pero con toda seguridad ni por asomo, ninguna ha dado y da tanto como la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es la fuerza menos reconocida y la más utilizada y estigmatizada, por cuanto gobierno de turno alcanzó el poder. Destaquemos que un policía, a diferencia de cualquier fuerza armada, debe rendir examen todos los días. Se puede ser un exitoso y condecorado funcionario, pero las medallas duran… hasta la comisión del próximo delito calamitoso, en tal o cual jurisdicción. En ese momento no se puede mostrar los premios anteriores a los denunciantes, por el contrario, se vuelve a comenzar y si como seres humanos que somos, se comenten errores estos se pagan. Las condecoraciones conceden solo 15 minutos de fama, generalmente robada en los medios por la verborrea de los políticos de turno, que parecieran ser esforzados y sagaces investigadores policiales y luego la nada.
DOSCIENTOS TREINTA
Así esta Institución teniendo por jurisdicción el territorio más difícil del país, en los años en que las calles eran dominadas por el terrorismo cuyos miembros hipócritamente hoy pasaron a ser “jóvenes idealistas”, más allá de sus numerosos lisiados, sufrió el asesinato de DOSCIENTOS TREINTA de sus efectivos. Dio sangre de sus miembros como ninguna otra fuerza, lo cual hoy es ignorado y hasta despreciado por las autoridades empeñadas en mentir por ley, afirmando que en el país hubo 30.000 “desaparecidos”. Al tiempo que regala dependencias policiales para ser transformadas en “Museos de la Memoria”, la actual gobernadora MARIA EUGENIA VIDAL se vanagloria ante los medios de difusión, de la cantidad de efectivos “apartados y procesados” al extremo de saber hasta el promedio diario, desde el comienzo de su “maravillosa” administración. Esto no es nada nuevo, lo mismo hicieron todos sus antecesores, quienes como ella misma ayudaron al empobrecimiento del país a través de la mala gestión, tema que evitan con muletillas como: “la culpa es de los otros”. Mientras, su “Ministro de Seguridad” CRISTIAN RITONDO se entera por los medios de difusión, que una fuerza de seguridad ajena, en SU jurisdicción realiza un dudoso o si se quiere chapucero procedimiento, a pesar de ser PROGRAMADO y le mata un Jefe con jerarquía de Comisario que cobraba una dádiva. Ante semejante e inédito desaguisado en la historia policial argentina…todo bien, gracias.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
Cuando la guerra fratricida de los años 70 finalizó y las Fuerzas Armadas se retiraron a sus cuarteles en el año 1989, la Policía de la Provincia de Buenos Aires siguió estando en las mismas calles, donde siempre había estado y nuevamente siguió sin estridencia alguna confrontando y entregando la sangre de su gente. Esta vez a manos de la llamada delincuencia común, hasta el año 2.000 otros DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS de sus efectivos fueron asesinados, al tiempo que quienes nunca hicieron nada por nadie y a la noche dormían en sus cómodos hogares, la consideraban “La Maldita Policía” o la de “Gatillo Fácil”.
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
Con el nuevo siglo, nada cambió, llegaron los que “vinieron por todo” y debilitaron como nunca a la institución policial y a todas las fuerzas de uniformados, ante la mirada indiferente de todos y todas. Mientras la Policía Bonaerense siguió entregando su gente, que también son seres humanos y en este caso las víctimas hombres y mujeres, fueron más de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS desde el año dos mil a hoy. Esta impiadosa suma seguirá creciendo ante la indiferencia de unos y otros. Unos porque como políticos no trepidan en sacrificar a quien sea en aras del poder y el beneficio propio. Los otros, los mismos policías, porque de siempre nos acostumbramos que nuestra realidad fuera así, casi sin reconocimiento ni grandes monumentos a nuestra gente. Porque casi insensibles al dolor, había que seguir trabajando las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, con los medios que se dispusieran, para servir y proteger a una sociedad indiferente.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Pcia. Buenos Aires
Abril 10, 2019
“Los polis como yo nos matamos aquí abajo para que la mierda no suba allá arriba”
Muchas veces tenemos la costumbre de adjudicar el mote de “loco” a una persona que en realidad hace su trabajo con extrema dedicación y responsabilidad en vez de categorizarlos como genios. Algunos genios se escondieron por razones perfectamente sensatas, como huir de gobiernos opresores o evitar una prensa agresiva e invasora. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás un misterio tan amenazante como el brillante trabajo que dejaron atrás.
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El dios de las matemáticas rusas, el Dr. Grigori Perelman, se hizo acreedor del prestigioso Premio Millennium del Instituto de Matemáticas Clay de $ 1,000,000 en 2010 por demostrar la conjetura de Poincaré, y ganó el sobrenombre de “Mathsputin” por rechazar el premio para continuar viviendo en la miseria con su madre y hermana en San Petersburgo. La conjetura de Poincaré dice: “Cada conexión simple, cerrada, 3-múltiple es homeomórfica a la 3-esfera”, que se debe admitir que suena un poco como un diálogo de peluquería a menos que seas un asistente de matemáticas de la Universidad de Buena Voluntad.
Perelman, de barba salvaje, que rechazó las ofertas de enseñanza de Princeton y Berkeley, según se informa, tiene una “extremadamente humilde” vida, lo cual es un poco insuficiente: un vecino “asombrado” dijo en 2010 que Perelman “solo tiene una mesa, un taburete y una cama con un colchón sucio ”. Informes ligeramente más recientes indican que Perelman tiene“ todo lo que él necesita ”, y simplemente no quiere la atención, comparándolo con estar“ en exhibición como un animal en un zoológico ”.
Después de la repentina huida de Perelman de la oscuridad a la fama, desapareció más o menos de la vista del público, tanto que los periodistas lo buscaron han tenido una dura tarea. Brett Forrest, del periódico británico The Telegraph, realizó un seguimiento para encontrar al genio solitario en 2012, y aparentemente hizo un breve contacto con él. Mientras tanto, la página de Wikipedia de Perelman está llena de conjeturas extrañas como “Algunos medios de noticias rusos han indicado que Perelman ha tenido un trabajo en Suecia desde 2014” y “En abril de 2011, Aleksandr Zabrovsky, productor del estudio President-Film, afirmó haber tenido un entrevista con Perelman … Varios periodistas creen que la entrevista de Zabrovky es probablemente una falsificación …
El autor de Catcher in the Rye, JD Salinger, abandonó Manhattan en 1953 para vivir en un “complejo de 90 acres” en Cornish, NH. Permaneció allí hasta su muerte en 2010, a los 91 años.
El personaje más famoso de Salinger, el protagonista de Catcher in the Rye Holden Caulfield, quería vivir en “una pequeña cabaña en algún lugar perdido y vivir allí por el resto de su vida”, lejos de “cualquier maldita conversación estúpida con nadie”. Si Caulfield hablaba por Salinger, el autor obtuvo su deseo, en su mayor parte. En su primer año en Cornish, permitió que los niños locales lo entrevistaran para la sección “High School” del periódico local, pero los editores en cambio dieron a concer el lugar de la entrevista. Sintiéndose traicionado, Salinger construyó una cerca de seis pies y medio alrededor de su propiedad, obstruyendo la horda de curiosos tratando de ver su silueta en alguna ventana de la casa.
Salinger rompió su legendario silencio en 1973, hablando con el New York Times sobre sus intentos de evitar que sus historias no recopiladas se publicaran sin su consentimiento: “La publicación es una terrible invasión de mi privacidad. Me gusta escribir. Me encanta escribir. Pero escribo solo para mí y para mi propio placer “
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William James Sidis (1898-1944) era un muchacho increíblemente dotado: supuestamente podía leer el New York Times antes de que tuviera dos años, sabía varios idiomas a los seis años e incluso inventó su propio idioma antes de ser aceptado en Harvard a la edad 11. Este caracter que pareciera haber salido de una historia de ciencia ficción, también tenía otros intereses, como escribir poesía francesa, novelas y redactar “una constitución para una utopía”.
Pero fueron sus asombrosas habilidades matemáticas las que realmente cautivaron a los adultos en Harvard, donde dio clases, a los 11 años, sobre cuerpos de cuatro dimensiones. Se graduó cum laude a los 16 años, pero en realidad nunca usó su título. Después de trabajar en la escuela de posgrado, en la escuela de leyes y en una cátedra, Sidis se escondió, saltando de un trabajo a otro y de ciudad en ciudad, buscando convertirse en un “hombre trabajador regular”.
Escribió artículos ocasionalmente, a menudo usando seudónimos, incluido un libro sobre boletos de tranvía con el nombre de Frank Folupa, que su biógrafo llama “posiblemente el libro más aburrido jamás escrito”. En 1937, demandó con éxito a un periódico neoyorquino por escribir un artículo sobre él que pensó que “lo hizo sonar como un loco”. Murió en 1944 por una hemorragia cerebral, lo mismo que mató a su padre.
La bióloga evolutiva Margie Profet pasó los años 80 y principios de los 90 publicando trabajos controvertidos, pero influyentes, sobre menstruación, náuseas matutinas y alergias, incluida la idea pionera de que la menstruación tiene una función y no es solo un producto secundario. Ganó el premio “genius grant” de la Fundación MacArthur de seis cifras en 1993. En 2005, aún viviendo del premio, cortó los lazos con sus amigos y familiares, y fue considerada una persona desaparecida.
Increíblemente, Profet resurgió y se reunió con su familia en 2012, gracias en gran parte a una característica de Psychology Today. Ella dijo que no sabía que nadie la estaba buscando y que había estado sufriendo “dolor físico severo” durante años debido a una enfermedad no revelada. Ella dijo que no reveló su paradero o condición, porque no quería molestar a nadie. Incapaz de trabajar debido al dolor, pasó varios años en la pobreza, “sostenida en gran parte por la religión a la que había llegado a principios de la década”. No está claro qué es esa religión.
El chapitel de la catedral de Notre Dame de 850 años de edad de París colapsó mientras el fuego arrasa un edificio histórico con llamas en erupción en el techo
El chapitel de la famosa catedral de Notre Dame de París se ha derrumbado después de un incendio masivo que estalló en la catedral.
Enormes columnas de humo que se acumularon en el horizonte de la ciudad y las llamas envuelven grandes secciones del edificio histórico mientras los bomberos luchan por contener el infierno.
El incendio se desató en el ático del monumento antes de extenderse por el techo.
Funcionarios de París dijeron que el incendio podría estar relacionado con las obras de restauración, ya que el pico de la iglesia se encuentra actualmente en un proyecto de renovación de 6 millones de euros ($ 6,8 millones).
Un portavoz de la catedral dijo que el incendio fue reportado por primera vez a las 5,50 pm (Hora local) y que el edificio fue evacuado poco después.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, pospuso un discurso televisado a la nación debido al impresionante incendio y fue a la catedral.
Macron twitteó poco después del incendio: ‘Nuestra Señora de París en llamas. Emoción de toda una nación. Los pensamientos salen a todos los católicos y a toda Francia. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche al ver que esta parte de nosotros se quema.
El discurso pregrabado de Macron se emitiría el lunes por la noche para exponer sus esperadas respuestas a la crisis del chaleco amarillo que ha sacudido al país desde noviembre pasado.
El portavoz de la catedral, Andre Finot, le dijo a Le Monde: “Todo está ardiendo. El marco, que data del siglo XIX por un lado y del siglo XIII por el otro, no quedará nada.
“Tendremos que esperar y ver si la bóveda, que protege la catedral, será tocada por el fuego o no”.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2019
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Donde vayan los iremos a buscar. Nosotros también.
Actualmente, en Argentina, más de 3000 prisioneros políticos, con sus respectivas familias son víctimas de la violación de los derechos humanos por parte de la justicia, con la complicidad del gobierno, de las mal llamadas asociaciones de derechos humanos y de otros militantes oportunistas. Esos hombres y mujeres, mayores de 70 aňos, enfermos, con prisiones preventivas ilimitadas, con detenciones domiciliarias condicionales, se atacan sus domicilios, no tienen los mismos derechos que los presos comunes. Mueren en silencio social, institucional y familiar. No es un secreto para nadie que no quiera saber.
Esos ex agentes del Estado, magistrados, sacerdotes, abogados, académicos, médicos, profesionales…que desde sus funciones, en los aňos 70, protegieron las instituciones del Estado y la sociedad, de los ataques de grupos terroristas, hoy son ilegalmente juzgados y condenados en nombre de una justicia de venganza y odio. Son condenados en un ficticio e ilegal proceso judicial. Los miembros de los grupos terroristas son indemnizados y declarados inocentes de todos los delitos y crimines cometidos.
Los autores de esas violaciones de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales a los Prisionerpos Políticos , son conocidos, actúan impunemente, públicamente, protegidos por un sistema corrupto y de inseguridad jurídica. Esos delincuentes a quienes la justicia todavía no los juzgó, son : Magistrados, jueces, altos funcionarios, oficiales de las fuerzas armadas, seguridad, policiales, penitenciarios, parlamentarios, funcionarios nacionales, provinciales, municipales, miembros de organizaciones ilegales de derechos humanos, militantes disfrazados de periodistas, académicos, artistas, profesionales….Los unos dicen obedecer ordenes, los otros argumentan principios jurídicos inexistentes.
Pero como todo tiene su tiempo de vida, el momento llegará que deberán responder ante una justicia parcial, objetiva y justa.
Ninguno de los que hoy violan los Derechos Humanos a los Prisioneros Políticos en Argentina podrá argumentar que ignoraban lo que hacían, el porque o a quienes. Actúan como agentes de persecución, se presentan como defensores de los humanos pero violan esos derechos a numerosas personas por venganza, odio y sobretodo por beneficios económicos. Tampoco ignoran que ningún país respectuoso del Estado de derecho, utiliza el « modelo de justicia argentina ». Con un relato, una ucronia engaňan la sociedad nacional y la comunidad internacional.
En la última reunión que tuvo el gobierno con más de 50 embajadares acreditados en el pais https://www.argentina.gob.ar/noticias/pena-se-reunio-con-50-embajadores-extranjeros el jefe de gabinete o el ministro de relaciones exteriores, presentaron a los representantes diplomáticos, el modelo de política de derechos humanos que utilizan con un sector particular de la sociedad. Comunicaron que continuarán en esa dirección (es decir violar los derechos humanos a numerosas personas) e invitaron a la comunidad internacional (representada en esa asamblea) a adherir y poner en prácticas principios de excepción, la suspensión de garantías, la irretroactividad penal, la responsabilidad penal colectiva, analogía penal, no respeto de la amnistía y otros pilares que violen las garantias del debido proceso, la seguridad juridica, los principios de legalidad…. en sus respectivas instituciones judiciales para defender los derechos humanos. https://mobile.twitter.com/JorgeFaurie/status/1115600929527492608 ¿O los países presentes en esa reunión violan los derechos humanos pero la Argentina no quiere denunciarlos ?
Pronto, donde vayan también los iremos a buscar, parar llevarlos ante la justicia nacional o universal, porque a esos individuos sí se les podrá aplicar el estatus de la CPI y las convenciones respectivas, sin violar sus derechos humanos, leyes y garantias procesales como actualmente se realiza con los Prisioneros Políticos. Ya no podrán cubrirse detrás de un asilo político o la persecución de una dictadura por haber simplemente distribuido un panfleto, luchar contra ella o querer un mundo mejor. Esperando ese día, será nuestra forma de resistir[1]. Paris, 15 abril 2019. CasppaFrance.
[1]
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2019
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JUICIOS DE LESA HUMANIDAD . PARTE XII. JUICIOS QUE HAN NACIDO MAL PARIDOS Y MAL PARIDOS VAN A MORIR. PRESIDENCIA DE NÉSTOR KIRCHNER. CAPÍTULO VIII – PARTE II.
Continuando con las falsas acusaciones de los fiscales, “los militares son empleados públicos”, acusaciones que son plenamente aceptadas por los jueces prevaricadores que llevan adelante todos los juicios mal llamados de lesa humanidad.
Esta acusación no es falsa por lo de empleado público en sí mismo, esa calificación está correcta. Lo que es una mentira de esta acusación es lo que a continuación paso a detallar.
Las fuerzas armadas son consideradas empleados públicos porque tienen el cuidado de todos los bienes que el Estado les entrega para cumplir adecuadamente con las misiones que el poder político les encomienda, bienes que las fuerzas armadas sólo disponen para el cumplimiento de esas misiones.
En esta acusación de empleado público, nos consideran como si fuese un intendente, un gobernador, un político, un diputado o un senador, lo cual salta a simple vista y no es para nada así.
La diferencia fundamental es que las fuerzas armadas, no pueden disponer de esos bienes que el pueblo les entrega, y el resto de los empleados públicos como sabemos hacen uso y abuso de los bienes y del dinero que también el pueblo les entrega. Así es que de quinta potencia mundial antes de Perón ahora pasamos a ser una Nación miserable, sin seguridad, sin justicia, sin educación, sin trabajo etc.
25.05.2003 Néstor Kirchner asume democráticamente la presidencia de Argentina, acompañado por Hugo Chávez y Fidel Castro. Posteriormente su esposa Cristina Kirchner (actualmente Senadora de la Nación) fue elegida por el voto popular para sucederlo en dos oportunidades como presidente.
Es verdad que un militar puede ser empleado público, no en el sentido que los mentirosos lo hacen. Durante el gobierno de facto hubo muchos casos en que así se desempeñaron en la administración pública, pero bajo ningún punto de vista eso se dio en las tropas que combatieron y siempre lo hicieron con ESTADO MILITAR, en cumplimiento de órdenes emanadas por el gobierno sea democrático o de facto.
Es importante también explicar, que todo eso estaba perfectamente detallado en las leyes y reglamentos militares con que nos tocó actuar en la lucha contra el terrorista guerrillero. Al menos en esos momentos se cumplían a rajatabla, y la misma hace referencia que en casos excepcionales el militar podría actuar como empleado público. Es decir las leyes, vigente en el momento de los hechos, determinan claramente que es ESTADO MILITAR y en qué condiciones puede ser empleado público, ley que todavía está vigente y que paso a detallar..
EMPLEADO PÚBLICO.
Como mencionara el militar maneja bienes que le entrega el Estado pero exclusivamente en el ámbito militar, y como tal éramos objeto de inspecciones y auditorías por parte de los superiores en cada uno de los rubros que manteníamos con cargo a saber: armamento, munición, correspondiente a Arsenales, ropa vestuario y equipo correspondiente a Intendencia. Edificios correspondiente a Ingenieros, de los que era responsable directo y ante cualquier irregularidad debía responder a la Justicia Militar ya que actuaba bajo la tutela del Código de Justicia Militar (CJM), y si fuese necesario ante el tribunal militar (art 842 y 870 del CJM). Por tal responsabilidad en el cuidado de los bienes del estado, era también calificado por los superiores inmediatos, en mi caso de un regimiento por el Jefe y 2do Jefe del Regimiento.
El Ministerio Público Fiscal en una de las argucias jurídicas que utiliza hace uso del art. 77 del Código Penal (CP) para definirnos, como funcionario público fuera del ámbito militar, a fin de que se nos pueda juzgar por los supuesto delitos con ese Código Penal. Esto es de un absurdo tal, que tan solo esta acusación, la de ser empleado público fuera del ámbito militar, es de nulidad absoluta, lo que nulifica de hecho la aplicación del Código Penal es estos juicios. Esto no es un error producto de habernos sacado de los jueces naturales (art. 18 Constitución Nacional), es en realidad una mentira prolijamente elaborada por la ejecución de estos juicios de esta índole, cuando sabemos que el Ministerio Público Fiscal es lego en materia castrense tanto en leyes militares como en el Código de Justicia Militar. Lo más grave es que el art. 77, paf. 5 menciona la Ley Orgánica para el personal militar, actualmente en vigencia y este MPF no se molestará en estudiar la misma, en claro prevaricato, lo que determina claramente cuando el militar puede ser funcionario público, en el sentido que pretende darle el MPF.
Lo mencionado precedentemente es la más puro aplicación de uno de los principios del Nazismo El Principio de Silenciasión, de haber estudiado las leyes militares, nunca hubieran efectuado tal acusación, según términos del Código Penal, y más grave sería aún si habiendo leído la ley 19.101, Ley para el Personal Militar, la dejara de lado. Esto lo vienen haciendo con leyes y sentencias, para poder efectuar otras falsas acusaciones, y así poder llevar adelante estos juicios de la venganza asegurando las condenas.
A continuación, paso a fundamentar la nulidad absoluta de esta acusación, mediante la Ley 19.101 – LEY PARA EL PERSONAL MILITAR la que establece:
1 . “TITULO I.
CAPITULO I
Art 1: Las Fuerzas Armadas (FFAA) de la Nación son exclusivamente el Ejército Argentino (EA), la Armada Argentina (AA) y la Fuerza Aérea ( Fza Ae).
Art 2: El EA, la AA y la Fza Ae son aquellas organizaciones de sus respectivas FFAA
que se mantienen en servicio en forma efectiva. Con respecto a su personal este
constituye su cuadro permanente que está integrado por personal que voluntariamente
se encuentra incorporado a sus respectivas FFAA para prestar servicios militares y está
en actividad.
CAPITULO II.
Art 5 define:
ESTADO MILITAR: es la situación Jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y reglamentos para el personal que ocupa un lugar en la jerarquía militar de las FFAAA.
GRADO: Es la denominación de cada uno de los escalones de la jerarquía, en el orden existente entre grados
ACTIVIDAD: Es la situación en la cual el personal militar tiene la obligación de desempeñar funciones dentro de la institución militar y cubrir destinos que prevean las disposiciones reglamentarias.
RETIRO: Es la situación en que el personal militar sin perder su grado ni su estado militar, cesa en sus funciones propias de la situación en actividad, salvo casos provistos en esta ley y su reglamentación.
Art 6:
Tendrá estado militar el personal de las FFAA que integre su cuadro permanente y su reserva incorporada y el que proveniente de su cuadro permanente se encuentre en situación de retiro.
Art 7:
Son deberes esenciales impuestos por el estado militar para el personal en situación de actividad: Inc. 5: La no aceptación, ni desempeño de cargos, funciones o empleos ajenos a la actividad militar sin autorización previa de autoridad competente.
Inc. 6: La no aceptación ni desempeño de funciones públicas electivas y la no participación directa o indirecta en las actividades políticas.
CONCLUSIÓN: Lo mencionado en el Art. 7. Inc. 5 y 6. del Capítulo II, prohíbe expresamente al militar ser funcionario público.
Para que se entienda el militar no era funcionario público fuera del ámbito militar, en el sentido que el Ministerio Público Fiscal pretende hacer creer, solamente podrían serlo en lo establecido por vía de excepción. Se establecen dos excepciones que están en el Reglamento Publico RV- 110- 5-1- (Reglamentación para el Ejército del Decreto Ley 19101/71 – Ley para el Personal Militar Tomo I “CUADROS PERMANENTES Y DE RESERVA” el cual expresa:
Art 18: El personal del Cuadro Permanente podrá desempeñar funciones públicas, no electivas en los siguientes casos:
1) Cuando sea designado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
2) Cuando sea designado por otras autoridades, previa autorización del Comandante General del Ejército.
Estas dos excepciones quedan comprendidas en lo dispuesto en el Art 38 Inc. 2 Apart 6, Inc 3 Apart a. del Decreto Ley 19101/71 el que paso a detallar.
Art 38:
Inc. 2: Disponibilidad cuando se encuentre:
Apart. b: El personal superior del cuadro permanente que fuera designado por el PEN para desempeñar funciones o cargos no vinculados a las necesidades de los comandos en Jefe de las FFAA y no provistos en las leyes nacionales y sus reglamentaciones correspondientes y que impongan su alejamiento del servicio efectivo, desde el momento que tal asignación exceda de dos meses, hasta completar como máximo seis.
Inc. 3: Pasivo cuando se encuentre:
Apart. a: El personal superior desempeñado por designación del PEN funciones o cargos no vinculados a las necesidades de las respectivas FFAA y no previstas en las leyes nacionales y sus reglamentaciones correspondientes y que imponga el alejamiento del servicio efectivo desde el momento que exceda los seis meses previstos en el apartado b. del Inc. 2. De este artículo hasta completar dos años como máximo.
Por lo mencionado precedentemente, esta vía de excepción está considerada exclusivamente para los oficiales, en el hipotético caso de haberse desempeñado como funcionario público, el Ejército Argentino me habría colocado en disponibilidad y luego de los seis meses, en pasiva.
Estas dos situaciones de revista, como lo establece la Ley 19101, deberían haber estado registradas en mi legajo, el que presentó como prueba, al respecto y también esta ley establece que tendría que haber sido separado de mis funciones en mi servicio activo, lo que no fue así puesto que, en el momento en que el Ministerio Público Fiscal (MPF)me acusa, revistaba en estado militar, al mando de un elemento de combate. El Equipo de Combate Caspinchango (Eq Comb C) perteneciente a la Fuerza de Tarea Berdina (Fza T B) y en estado de guerra, configurado por el gobierno democrático, combatiendo contra el ERP, por lo que nunca actué como funcionario público, en el sentido que pretende darle el MPF y que explicara precedentemente.
El Código Penal de la Nación establece en su art 77 “(Para la inteligencia de este Código se tendrán presente estas reglas: (…) “Por los términos de funcionario público y empleado público usados en este Código, se designa al que participa accidentalmente o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección o por nombramiento de autoridad competente.
Por término “militar” se designa a toda persona que revista “ESTADO MILITAR”, en el momento del hecho conforme a la Ley Orgánica Para el Personal Militar” (Texto según ley 26.733 (B.O. 28/12/11)).
Ambos párrafos del Código Penal no hacen más que confirmar todo lo desarrollado precedentemente, por lo que las figuras legales del Derecho Penal Interno no pueden ser aplicables en violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tortura agravadas etc. Por ello nunca la acusación del MPF puedes darle EL SENTIDO QUE PRETENDE DARLE EL MPF, en que nos desempeñamos como funcionarios públicos, en el ámbito civil, según texto del Art. 77. Actuamos como funcionario público solo en jurisdicción militar con ESTADO MILITAR Y EN ACTIVIDAD como oficial del Ejército Argentino pertenecientes a una de la FFAA de la República Argentina. Combatir en una guerra revolucionaria, contra soldados terroristas guerrilleros que habían ocupada un tercio de la provincia de Tucumán, los distintos decretos 1454/73- 1368/74- 2462/75- 2770/75- 2772/75- 2712/75 (entre otros), las directivas u órdenes 1/75- 404/75- 405/75 (entre otras), todas emanadas de un gobierno democrático que me ordenó, facultó y me dio legítimas atribuciones para realizar operaciones militares y de seguridad, en territorio ocupado por el enemigo donde por decreto 1368/74 del 07/11/74 y Decreto 2715/75 de octubre del 75 se decretó el estado de sitio por el gobierno democrático, “quedando allí suspendidas las garantías constitucionales” (art 23 CN).
PP – VGMT. (PRESO POLÍTICO – VETERANO DE GUERRA EN EL MONTE TUCUMANO)
ARIEL VALDIVIEZO
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 15, 2019
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EL MÁS GRANDE DEL MUNDO
EL SUEÑO DE PAUL G. ALLEN (f)
[ezcol_1half]Paul G. Allen (1953-2018), co-fundador de Microsoft
Jean Floyd
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Ayer 13 de Abril de 2019 un gigantesco pájaro jet de doble fuselaje construido por el hombre, partió del Puerto Espacial y Aéreo Mojave, en su primer vuelo poco antes de las 7 a.m. Lo hizo sobre el desierto, a 112 kilómetros al norte de Los Ángeles. Voló algo más de dos horas, a una velocidad máxima de 304 kilómetros por hora y altitudes de hasta 5.181 metros, indicaron los directivos de la compañía Stratolaunch Systems Corp. Fundada por PAUL G. ALLEN, co-fundador de Microsoft, fallecido en octubre del año pasado, intenta ser un contendiente en el mercado del lanzamiento de satélites desde el aire.
“Fue un momento emotivo para mí ver personalmente a este majestuoso pájaro despegar, ver el sueño de Paul Allen cobrar vida frente a mis propios ojos”, declaró Jean Floyd, director generaL en una teleconferencia. A medida que el avión se elevaba, agregó, “susurré un gracias a Paul por permitirme formar parte de este logro notable”.
El avión está diseñado para transportar hasta tres cohetes con sus satélites al mismo tiempo bajo el centro de su enorme ala, que alcanza los 117 metros, de envergadura.
[/ezcol_1half_end]¡FELICITACIONES!
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 14, 2019
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La sentencia de Arrillaga
Sentencia completa, la resolución que condenó al General Arrillaga a prisión perpetua por los hechos de La Tablada.
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Colaboración y envío: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
abril 14, 2019
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Prefectura Naval Argentina detuvo a un narcotraficante en San Nicolás
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina registraron cuatro viviendas ubicadas en la ciudad bonaerense de San Nicolás y detuvieron a un hombre por comercialización de estupefacientes.
El operativo realizado conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se enmarca en una investigación propia que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 a cargo de la Dra. Verónica Marcantonio.
Como resultado de los allanamientos, se detuvo a un hombre de 29 años y se secuestraron hojas de marihuana, un kilo de cocaína, cerca de 600.000 pesos en efectivo, celulares, tablets y una pistola calibre 22, junto con cargadores y proyectiles.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end].[/ezcol_1fifth_end]PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Envío: DR. FRANCISCO BÉNARD
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 13, 2019
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MONO JAIME
Orlando Agustín Gauna Bracamonte
Los medios de comunicación informan que fue capturado esta semana, el represor Alberto Jaime por la unidad de investigaciones de la Gendarmería Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está imputado del “homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de la militante montonera Yolanda Rosa Ponti.
Lo que no cuentan los medios, es que la que llaman “militante”, era una terrorista.
Y que el “homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas”; no fue tal, sino que la occisa provocó un enfrentamiento.
En la tarde del 01 de diciembre de 1976, el sargento 1ro OSCAR ALBERTO CABEZAS integraba un grupo que casualmente observo que una delincuente terrorista ascendió a un colectivo de la línea 3. Decidieron seguir a la terrorista y Óscar Cabezas y un acompañante, con órdenes de ir desarmados para estar obligados a evitar cualquier enfrentamiento que pudiera causar victimas inocentes, abordaron el mismo colectivo en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre.
La terrorista que resultó ser Yolanda Rosa Ponti al verse descubierta abrió fuego, impactando tres disparos contra el sargento 1ro del Ejército Argentino OSCAR ALBERTO CABEZAS, causándole la muerte.
La homicida vuelve a disparar ahora contra el acompañante de Cabezas que estaba en el estribo del colectivo, pero el proyectil impacta contra la espalda del conductor del colectivo ARNALDO MARTINAZZO, que aterrorizado por la situación, abandonando el volante, trataba de descender del ómnibus.. El acompañante de Cabezas, se aleja rodeando el colectivo, hacia el auto en el que se desplazaban los intervinientes. La terrorista, pasando sobre los cuerpos de Cabezas y Martinazzo, desciende del colectivo y arroja una granada por sobre el techo del colectivo, tratando de matar al acompañante de Cabezas, pero las esquirlas provocaron la muerte de ROBERTO HERRERA, un señor jubilado como ordenanza de la Casa de Gobierno de Santa Fe y que ayudaba a su sustento económico como cuidacoches en el lugar.
La montonera luego de haber arrojado la granada, fue alcanzada por un disparo efectuado por otro integrante del grupo militar. Y como la intención del personal no era la de asesinar, se solicitó una ambulancia para asistirla, e internada en el Hospital José María Cullen, la homicida falleció al cabo de varios días.
Pero a esta asesina se la pretende hacer pasar como una heroína, ocultando su accionar criminal.
Y si los diarios de la época pueden ser criticados y puestos en duda por no ajustarse su información a los deseos de quienes pregonan “memoria, verdad y justicia”; podemos hurgar en los archivos del no tan honorable Senado de la Nación, donde se puede encontrar que
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés el proyecto “Memoria en la pared” a desarrollarse en las ciudades de Rafaela, San Cristóbal y Sunchales de la provincia de Santa Fe, organizado por el Espacio de la Memoria de la ciudad de Rafaela, durante el período 2018-2022.
Proyecto presentado por el ahora candidato a Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar A. Perotti y aprobado por ese no tan honorable Senado, el 4 de setiembre del año pasado; en el que se rinde homenaje a 22 supuestas víctimas del “terrorismo de estado”. Estas supuestas víctimas, mencionadas con nombre y apellido, se las señala como “asesinada”, “desaparecida”, “fallecida” (¿?), “fusilada”; y Yolanda Rosa Ponti (muerta en situación de enfrentamiento el 1 de diciembre de 1976)
Más claro, echale agua.
Por esta muerta en situación de enfrentamiento el 1 de diciembre de 1976, se encuentra privado de su libertad por una justicia prevaricadora, Alberto Jaime.
Y fue indagado por el Juez Federal Nº 1 de la Ciudad de Santa Fe, Dr. Reinaldo Rodríguez, el mismo que fue cuestionado por los generosos amparos que concedía en la época del “corralito”; el que dejó prescribir la causa contra la mafia del transporte de colectivos, el que dejó librada a su suerte a dos víctimas de explotación sexual, el que dejó en libertad al narcotraficante Ignacio Salvador Principatto, chófer del camión que encontraron en Arroyo Leyes con más de mil quinientos kilos de marihuana.
Alberto Jaime, es otra víctima del prevaricato como instrumento de venganza.
Pero algo está cambiando. En esta oportunidad, se puede comprobar la falsedad de las imputaciones y los falaces testigos, deberán asumir las consecuencias.
Orlando Agustín Gauna Bracamonte
TE 0342 155036171 – 0342 4510487
http://orlando-gauna.blogspot.
PrisioneroEnArgentina.com
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EL HAMPÓN QUE CONSTRUYÓ LAS VEGAS
Benjamin “Bugsy” Siegel nació el 28 de febrero de 1906 en Williamsburg, Brooklyn. Sus padres eran inmigrantes judíos que se habían establecido en la ciudad de Nueva York a principios de siglo. Más tarde se mudaron al Lower East Side de Manhattan, que era un hervidero de delitos. No pasó mucho tiempo antes de que su hijo descubriera que le gustaba la vida en la calle.
El temperamento violento de Siegel y los dramáticos cambios de humor hicieron que los amigos comentaran que estaba “loco como una chinche de cama”. De ahí que “Bugsy”, un apodo que en realidad despreciaba. Siegel se hizo amigo de su compañero gángster judío Meyer Lansky cuando era un adolescente. Juntos formaron “The Bugs and Meyer Mob”, una violenta pandilla judía en el Lower East Side que se especializaba en la extorsión. Este equipo finalmente se transformó en el grupo de asesinos a sueldo de la mafia que se conoció como “Asesinato. Cía.” (Crime.inc)
La prohibición supondría un enorme beneficio para las pandillas de Nueva York, con Siegel y Lansky uniendo fuerzas con la de las estrellas en ascenso del inframundo, Charles “Lucky” Luciano. Después de que Luciano contrató a cuatro asesinos de Murder Inc. (uno de los cuales supuestamente era Siegel) para asesinar a su rival Salvatore Maranzano, se convirtió en el mafioso más poderoso de Nueva York y, junto con Lansky, estableció el National Crime Syndicate, que dividió el poder entre Diferentes pandillas para evitar nuevas guerras territoriales.
Bugsy Siegel encajaba a la perfección con el gángster estereotipado de la década de 1920 que desde entonces el cine y la televisión han hecho un glamour. Para 1931, el antiguo “vago” de la calle había ganado suficiente dinero para comprar un apartamento en el exclusivo Waldorf Astoria.
[ezcol_3fifth]Hizo alarde de su dinero vistiendo trajes caros y frecuentando las discotecas más famosas de la ciudad. A pesar de su aspecto elegante y distinguido, Siegel no temía hacer el trabajo sucio de la mafia él mismo. Una vez, le confesó a un conocido en Las Vegas que él personalmente había matado a al menos una docena de personas. En un intento de tranquilizar a su confidente, agregó: “Nosotros [los gángsteres] solo nos matamos unos a otros”.
Sin embargo, Siegel solo podía matar a tantos pandilleros antes de que comenzaran a buscar venganza. El Departamento de Policía de Nueva York ya lo había estado vigilando de cerca, y luego de ir de juerga y matar a tres mafiosos rivales, se le comunicó a él y a Lansky que era el turno de Siegel de ser marcado para el asesinato.
Lansky decidió que, dado que el Sindicato estaba buscando expandirse hacia el Oeste, su viejo amigo sería el candidato perfecto para enviar a California para establecer y consolidar las operaciones de juego. Siegel prosperó en el brillo y el glamour de Tinseltown: se mudó a una villa costosa y se juntó con estrellas de cine y sociales. En primer lugar, sin olvidar por qué lo habían enviado a Golden State, Siegel pronto supo de una interesante oportunidad de negocios en Nevada.
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end]En 1941, el primer hotel abrió sus puertas en la autopista 91: El Rancho Vegas Resort. Otros hoteles-casinos siguieron su ejemplo, y esta sección se conoció rápidamente como ‘The Strip’. En 1946, el mafioso de la costa este, Bugsy Siegel, respaldado por el dinero de la droga mexicana de Meyer Lansky, jefe de la mafia, abrió el Flamingo, un complejo de alta gama con el modelo de Hollywood, atrayendo a talentos de primer orden y celebridades. Siegel fue asesinado en 1947, pero otros pandilleros llevaron a cabo su visión de Sin City, muchos ayudando a abrir la Riviera, la Nueva Frontera, las Arenas y el Sahara en los años cincuenta y sesenta. La mayor parte de la construcción fue financiada por el narcotráfico y las prácticas comerciales ilegales, utilizando el hotel-casino para lavar dinero; muchos mafiosos recibieron inversiones de grupos reputados como los bancos de Wall Street y la Iglesia Mormona. Con una escena de casino en auge, los turistas acudieron a Las Vegas para apostar, jugar a las máquinas tragamonedas y ver artistas famosos como Frank Sinatra y Elvis Presley.
[/ezcol_2fifth_end]El Rancho Vegas fue el primer resort establecido en la autopista 91 en medio del desierto de Nevada; hoy es mejor conocido como “The Strip”, un oasis para jugadores y juerguistas de todo el mundo. Siegel vio lo bien que estaba El Rancho y se dio cuenta del potencial de la mafia en Sin City (Las Vegas, ciudad del pecado); convenció a su viejo amigo Meyer Lansky para que invirtiera dinero en su nuevo plan de negocios.
Bugsy Siegel se hizo cargo del desarrollo de The Flamingo, un resort que ya estaba en construcción, pero cuyos inversionistas originales se habían quedado sin dinero. Siegel prometió a sus amigos del inframundo en la costa este que podría completar el resort por un mísero millón de dólares, pero debido a una combinación de mala administración y dinero robado, Lansky y los demás pronto se encontraron en el agujero por $ 6 millones.
Naturalmente, los jefes de Nueva York no estaban contentos con el aumento de los costos. Cuando el Flamingo finalmente abrió en 1946, los jugadores felices bautizaron al casino con una racha de victorias, lo que fue una buena noticia para los huéspedes, pero una mala noticia para la mafia. Siegel sabía que las cosas no le parecían bien, pero eventualmente, su propia suerte cambió y el resort finalmente comenzó a ganar mucho dinero.
Desafortunadamente para Bugsy Siegel, era demasiado poco tarde: su destino había sido decidido por sus antiguos amigos en una reunión en La Habana. El 20 de junio de 1947, Siegel pasaba una noche tranquila en la casa de su novia Virginia Hill en Beverly Hills, leyendo un periódico en la sala de estar. La paz se rompió cuando nueve disparos de una carabina militar saltaron por la ventana y golpearon a Siegel en la cara. El gángster fue asesinado de forma instantánea y espantosa; uno de los disparos había sacado su globo ocular de su lugar y al otro lado de la habitación.
[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1quarter]
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]
[/ezcol_1quarter_end]
Hasta el día de hoy, se desconoce quién mató a Siegel, o por qué razones. Su muerte ciertamente estuvo relacionada con la mafia, pero si fue por el aumento de los costos de construcción, las sospechas que había estado robando a los patrones, o una lucha interna por el poder nunca fue determinada.
Solo su hermano y su rabino se presentaron en el funeral de Bugsy Siegel, pero su nombre perduraría en la infamia. El flamingo ayudó a establecer la mafia en Las Vegas, y sigue en pie hoy.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 13, 2019
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LA DIFICIL FUNCIÓN, O NO, DE SER JUEZ FEDERAL Y LLAMARSE ALEJANDRO DE KORVEZ
Por CLAUDIO KUSSMAN
LA “JUSTICIA” TUERTA
[ezcol_1half]Ayer terminó el juicio por el asalto al Regimiento de la Tablada, luctuoso hecho ocurrido entre los días 23 y 24 de Enero de 1989, en el que murieron 32 terroristas, 2 civiles ajenos al hecho y las fuerzas legales tuvieran once bajas. Allí, además de numerosos heridos, murieron nueve militares y dos policías de la Provincia de Buenos Aires, el Comisario Inspector Emilio García García y el Sargento José Manuel Soria. En este acto “legal” por la memoria verdad y justicia, fue condenado a cadena perpetua el General del Ejército ALFREDO ARRILLAGA por el tribunal compuesto por los jueces MATIAS MANCINI, ESTEBAN RODRÍGUEZ EGGERS Y ALEJANDRO DE KORVEZ. A este último togado lo conocí y traté en su juventud, cuando en los años 80 me desempeñaba como Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones Tigre, con asiento en la localidad de Martínez y él vecino de Olivos, trabajaba como abogado defensor penal en la zona norte del Gran Buenos Aires. Puedo asegurar que a muchos de nosotros él nos debe favores y así llegó a tener amistad con algunos policías. Luego ingresó al poder judicial y entonces nos solicitó que dejáramos de tutearnos, pedido que molestara por estar demás ya que nadie haría eso dado su nueva condición de funcionario, que antes de asumir se le había subido a la cabeza. Después, le perdí el rastro. Hoy verlo en la justicia federal actuando en un hecho donde juntamente con los 9 militares abatidos también hubo 2 miembros de la policía a la que tanto le debe, hace que me pregunte: ¿Este hombre adulto mayor sentirá algo, desempeñándose como miembro de una justicia tuerta, que debe juzgar a unos sí y a otros no?
General Alfredo Arrillaga, condenado a cadena perpetua.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Pcia. Buenos Aires
Abril 13, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Juez Federal Alejandro de Korvez
1989 – Copamiento La Tablada
[/ezcol_1half_end]
“Del mismo papel en que el juez ha escrito una sentencia contra un
adúltero rasgará un pedazo para escribir unas líneas amorosas a la esposa de un colega”
Michel de Montaigne (1533-1592)
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 13, 2019
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Cautiverio injusto
Por DOLORES AFTALIÓN
Más de 150 hombres (156, para ser exactos) han muerto en cautiverio desde diciembre 2015. A cada uno de ellos se le negó la posibilidad de acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva. Les dimos la espalda como sociedad; no objetamos que están siendo juzgados por hechos que ocurrieron hace más de 40 años, cuando éramos gobernados por un régimen democrático incapaz de reprimir actos terroristas. Existen actualmente muchas urgencias, muchas de ellas de orden económico. Pero también tenemos temas importantes a resolver como sociedad. Por ejemplo, recuperar el respeto por las instituciones y volver a creer en la Justicia para empezar a ser una nación creíble. Los que apoyamos al oficialismo en las elecciones de 2015 lo hicimos porque queremos un país distinto, serio, confiable. Para ello hace falta un gobierno firme, que deje de tomar medidas populistas, que diga la verdad. Se me ocurre pensar que en un acto heroico el Poder Ejecutivo pueda desterrar de una vez por todas el “relato” setentista excarcelando a quienes están en cautiverio y condenados injustamente. Tal vez esto sea el puntapié inicial para empezar a recomponer nuestro tan poco respetado aparato judicial.
Dolores Aftaliòn
dolores.aftalion@gmail.com
Envío:DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisineroEnArgentina.com
Abril13, 2019
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Inmorales amuchachados
Por ENRIQUE GUILLERMO AVOGADRO
“Había que despertar en el pueblo un sentimiento de vergüenza por los
delitos que mancharon doce años de nuestra historia, y denuncié a
quienes indirecta o directamente vindican ese espacio de infamia”.
Jorge Luis Borges
En general, las necesidades electorales de algunos y la desesperación por la pérdida de la impunidad de otros generan situaciones repugnantes. Ayer, La Nación publicó una desagradable noticia que pasó desapercibida en medio de los planes para reducir los precios de los artículos de la canasta alimentaria, de las disputas políticas de baja estofa y de la detención de Julian Assange, que tanto ha dividido a la opinión mundial.
En ella, Lucrecia Bullrich listó quiénes asistieron a una cena en Palermo; entre otros, reunió a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Marcelo Tinelli, Miguel Pichetto, Daniel Vila, Rodolfo D’Onofrio y Facundo Manes. Hasta allí, una cita más de los electrones libres que pululan en el peronismo alternativo, el radicalismo, la televisión, el fútbol y las empresas. Pero también estuvo presente Sebastián Eskenazi y, como dicen los jóvenes, allí se pudrió todo. Según trascendió, otro prócer de este país decadente faltó a la cita: el banquero Jorge Brito; de haber asistido, alguien hubiera gritado ¡bingo!
Porque don Sebastián y su padre, Enrique Eskenazy, fueron eslabones fundamentales de la siniestra cadena montada por Néstor Kirchner y su viuda para saquear, como nunca antes, a la Argentina: no solamente operaron desde su banco la fuga de los famosos “fondos de Santa Cruz” -los US$ 1.100 millones de la Provincia que desaparecieron en las cuentas extranjeras privadas de su entonces Gobernador- sino que actuaron como testaferros en la apropiación del 25% de YPF, un truco de ilusionismo que le costó al país el autoabastecimiento energético y le generó un gasto superior a los US$ 50.000 millones en importación -además, sobrefacturada- de gas licuado.
[ezcol_1fifth]Massa
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Lijo
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Bonadio
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Kirchner
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]Manes
[/ezcol_1fifth_end]Pero no se agotó así la vocación ladrona de los cómplices, ya que aún pretenden robar otros US$ 5.000 millones con un juicio promovido en los Estados Unidos contra el Estado. ¿Somos conscientes de la magnitud de los montos involucrados?, ¿y de qué relación tienen con el 32% de pobreza y la pauperización de la educación y de la salud, la inflación y el endeudamiento?
Es sabido que aquí no existe la condena social a los corruptos y a los cleptómanos, que circulan libremente por la calle y son invitados a los más rumbosos eventos públicos, donde son fotografiados por la prensa amarilla y cholula. En cualquier sociedad civilizada y con férreas reglas morales, muchos de los asistentes no se hubieran siquiera sentado a esa mesa, ya que al hacerlo se convertían en inmorales cómplices de la impunidad, y los corruptos estarían escondidos en sus madrigueras para evitar el castigo que, sin duda, les impondrían sus tribunales; entre nosotros, hasta cenan con los jueces que deberían juzgarlos o duermen las causas que los complican. ¡Teléfono para los jueces Ariel Lijo y Claudio Bonadio!
Pero cuando la Argentina nació, ya la violación de la ley y el contrabando formaban parte de su ADN; nada ha cambiado desde entonces, como no sea el agravamiento de los hechos y el suicidio colectivo de un país que, hace cien años, era una verdadera potencia y la quinta o sexta economía mundial.
Me pregunto cuáles habrán sido, en la reunión en cuestión, amén de las viandas y los mostos, que imagino exquisitos, los favores prometidos e intercambiados entre los asistentes: ¿alguna forma de amnistía para los funcionarios, empresarios y banqueros ladrones?, ¿fondos frescos (y negros) para las campañas políticas, anoréxicas desde el estallido de los “cuadernos”?
[ezcol_1fifth]Tinelli
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Assange
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Vila
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Pichetto
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]D’onofrio
[/ezcol_1fifth_end]Las agencias anticorrupción, con toda lógica, avanzaron esta semana ante la Justicia buscando el procesamiento por lavado de dinero de los protagonistas de esa causa. Y digo que es totalmente razonable que lo hicieran, ya que el producto de los sobreprecios que el Estado se vio obligado a pagar en todas, todas las obras públicas del kirchnerismo, terminó en cuentas del exterior de ex-funcionarios y hombres de empresa y luego fue objeto del blanqueo, pese a su origen ilícito.
Para completar el cuadro del fangal siniestro en que se mueve la Justicia, que describí la semana pasada, recomiendo una imprescindible nota de Andrea Palomas Alarcón (http://tinyurl.com/y5w9f6dy).
Finalmente, aplaudo el tardío (llegó cuatro años después) decreto del Gobierno para autoimponer al Ejecutivo nacional un claro procedimiento que impida o, al menos, dificulte la continuación de la corrupción sistémica que tanto nos ha costado; sería deseable que los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, hicieran suyas esas mismas normas, y que éstas se replicaran en las distintas administraciones provinciales. Como se ve, adoro las utopías.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 8128 7896
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E.mail: ega1avogadro@gmail.com
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 13, 2019
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Desclasificación de archivos de Estados Unidos
Los Estados Unidos entregaron a Argentina hoy viernes 5.600 documentos recientemente desclasificados relacionados investigaciones e intervencios en el país sudamericano durante los años 70s.
La colección proviene de 16 agencias y se suma a las casi 50,000 páginas de documentos que ya se entregaron como parte del Proyecto de Desclasificación de Argentina, el mayor esfuerzo de desclasificación de gobierno a gobierno en la historia de los Estados Unidos.
Durante una ceremonia en el Edificio de Archivos Nacionales, el archivista de los Estados Unidos, David Ferriero, entregó varios discos duros de documentos escaneados al Ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano.
Más tarde, Garavano dijo a los reporteros que “los documentos incluyen detalles como los nombres de los perpetradores y las víctimas que pueden ayudar al sistema judicial de Argentina a cerrar al menos algunas de las 400 investigaciones pendientes de 30,000 personas desaparecidas por la dictadura”.
Los últimos registros marcan la cuarta y última publicación por el gobierno de los Estados Unidos de documentos relacionados con el período.
El proceso de revisión, que comenzó en 2002, cobró impulso con las solicitudes del presidente argentino, Mauricio Macri, al ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama y al presidente Donald Trump.
Un total de 25 empleados del Centro Nacional de Desclasificación, el Centro de Archivos Legislativos y las bibliotecas presidenciales dedicaron más de 1,300 horas para identificar y revisar los registros relevantes. (Medios argentinos indican 320 empleados y 30,000 horas de trabajo. Ver al pie de página el comunicado oficial)
John Powers, director asociado de la oficina de supervisión de seguridad de la información en los Archivos Nacionales, dijo que solo se redime el 3% de los registros publicados y que solo el 1% de todos los documentos relacionados con el tema no se han entregado.
Carlos Osorio, analista de la organización no gubernamental National Security Archive, dijo que el proyecto representa un “nuevo modelo de diplomacia de desclasificación” y que “representa una contribución excepcionalmente valiosa a la causa de los derechos humanos, la causa de la justicia y la causa de Nuestros derechos fundamentales. “Derecho a saber”.
Los documentos fueron presentados mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos. UU., Mike Pompeo, comenzó una gira de cuatro días por América Latina que lo llevará a Chile, Paraguay y Perú.
EL COMUNICADO OFICIAL DEL ARCHIVO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS
Ceremonia marca finalización del proyecto de desclasificación de registros en Argentina
Alerta de medios ·
Jueves 11 de abril de 2019.
Washington DC
QUÉ: el archivista de los Estados Unidos, David S. Ferriero, presentará el tramo final de los registros del gobierno de EE. UU. Recientemente desclasificados al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, el Honorable Germán Carlos Garavano, que marca la finalización con éxito del Proyecto de Desclasificación de los EE. UU. Para Argentina. La publicación de desclasificación de gobierno a gobierno más grande en la historia de los Estados Unidos.
Esto finaliza un esfuerzo de varios años en 16 agencias y departamentos del Poder Ejecutivo para proporcionar al Gobierno de Argentina registros desclasificados entre 1975 y 1984 relacionados con abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983).
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional ha publicado la colección en su totalidad, que se puede encontrar aquí: intel.gov/argentina
Los registros publicados por el Centro Nacional de Desclasificación de los Archivos Nacionales están disponibles al público aquí: https://www.archives.gov/argentina/humanrights
QUIEN:
El Honorable David S. Ferriero, Archivista de los Estados Unidos.
El Honorable Germán Carlos Garavano, Ministro de Justicia argentino
El Honorable Fernando Oris de Roa, Embajador de Argentina en los Estados Unidos.
CUÁNDO: viernes 12 de abril de 2019 a las 10 de la mañana.
DÓNDE: Sala de Recepción del Archivista, Edificio de Archivos Nacionales, 700 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC. El enlace a los registros se proporcionará el 12 de abril de 2019, a las 10 am
TENGA EN CUENTA: Medios de impresión solamente. RSVP a public.affairs@nara.gov. Prensa debe utilizar la entrada de la avenida Pennsylvania.
Fondo
Esto representa la etapa final de un esfuerzo histórico del gobierno de los EE. UU. Para buscar, identificar, revisar el acceso público y proporcionar registros que arrojen luz sobre los abusos de los derechos humanos en Argentina entre 1975 y 1984. El proyecto, a solicitud del gobierno argentino , participaron los Archivos Nacionales de los Estados Unidos y cuatro de sus Bibliotecas Presidenciales (Ford, Carter, Reagan y George HW Bush). Incluía otros 15 departamentos y agencias gubernamentales de EE. UU., Incluidos los organismos de inteligencia, defensa y de aplicación de la ley.
La misión de los Archivos Nacionales es preservar y hacer accesibles los registros permanentemente valiosos del gobierno federal. Para apoyar este importante proyecto, 25 empleados del Centro Nacional de Desclasificación, las Bibliotecas Presidenciales y el Centro de Archivos Legislativos pasaron más de 1,300 horas identificando y revisando los registros relevantes.
# # #
Para obtener información de la prensa, comuníquese con el personal de comunicaciones de medios y medios de comunicación nacional al 202-357-5300.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 12, 2019
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Argentina : la lucha contra la corrupción como oportunismo electoral.
Con el « nuevo » Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023) publicado en el Decreto258/2019 del 10 abril 2019 y su Anexo I, el gobierno del ingeniero Macri trata de mostrar una supuesta seriedad a la comunidad internacional para llamar a las esperadas inversiones extranjeras, brindar la imagen de transparencia en los asuntos públicos a nivel nacional e internacional y sobretodo responder a las condiciones óptimas para ingresar a la OCDE. Pero, la actualidad muestra los innumerables casos de corrupción en sectores públicos y privados que la justicia instruye según un calendario político.
El primer pilar donde se debe aplicar un real y severo plan de anticorrupción es precisamente en los sectores que deben juzgar la corrupcion, es decir la justicia, en particular la justicia federal. Los magistrados de ese fuero, representan ante la sociedad la corrupcion judicial, política, personal, exhiben poder e inmunidades sin limites. Perdieron la legitimidad y la confianza (discurso del Presidente de la CSJN,del 19 mars 2019)
Recordando que los jueces federales en Argentina :
– No pagan impuestos a las ganancias,
– Declaran un patrimonio incompatible con los salarios de magistrados a nivel nacional e internacional, ninguna agencia del Estado los controla seriamente.
– El Estado pone a disposición recursos humanos y logísticos excesivos : custodia personal, domiciliaria, vehículo de función, inmatriculación oficial del poder judicial.
– Tienen una ilegal inmunidad penal (que viola el principio de igualdad ante la ley) por actos realizados fuera de sus funciones, por ejemplo el Fiscal Carlos Stornelli decide no presentarse a una citación realizada por un juez federal que investiga hechos ajenos a la función del fiscal Stornelli.
– Las denuncias ante el Consejo de la Magistratura son abandonadas.
-En caso de inevitable proceso judicial, el Poder Ejecutivo les otorga como último beneficio una jubilación de priveligio.
Reconociendo que la corrupción afecta el Estado de derecho, los sectores públicos y privados, la justicia, el universo político, empresarial, las instituciones y los agentes del Estado, facilita la criminalidad y la violencia social. Todo ello, a nivel nacional, provincial y municipal. Pero lo más grave es que con la corrupción no hay Derechos Humanos para todos los ciudadanos por igual. La Argentina es el modelo vivo de esa situación porque los jueces y las autoridades del Estado (con la alianza coyuntural de las llamadas ONG de derechos humanos) eligen a quienes beneficiar de esos derechos subjetivos según el oportunismo o interés político, ideológico y hasta económico. El clientelismo es la norma y el gobierno lo utiliza sin limites. Se constata así, que a un sector representativo de las instituciones y la sociedad de los 70 se les violan públicamente, jurídicamente y políticamente los derechos humanos ante la pasividad de los defensores de los derechos humanos y de la lucha contra la corrupción.
El presente « nuevo » Plan anticorrupcion, hace parcial referencia a las 195 recomendaciones del estudio de la OCDE sobre Integridad en Argentina, https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-integridad-en-argentina_g2g98f15-es#page4 presentadas a Buenos Aires, el 27 marzo pasado, entre las cuales varias de ellas están destinadas a la Oficina Anticorrupción, al Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial de la Nación, la UIF…, o en Estudios Económicos de la OCDE, Argentina, marzo 2019 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-argentina-2019_ff5bc522-es#page1 recomendando en página 14 « Eliminar por completo la exención del impuesto sobre las ganancias de los funcionarios del poder judicial » http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-afirma-que-argentina-necesita-mas-reformas-para-conseguir-una-economia-mas-fuerte-e-inclusiva.htm
Ese Plan anticorrupcion que dice ser innovador no contiene precisiones legales para la protección de denunciante (protection of whistleblower, protection des lanceurs d’alerte) figura prevista en normas nacionales e internacionales, como por ejemplo:
– Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes. Oficina de la ONU contra la droga y el delito. Viena, 2016.https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf
– La Recomendación CM/Rec(2014)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la Protección de los Denunciantes (ciudadano alertador)(30 abril de 2014)1 entre sus 29 principios, señala que dentro de la información que podrá ser objeto de protección deberán estar comprendidas las infracciones de la ley y la vulneración de los derechos humanos, el abuso de autoridad o de cargo público lo mismo que los riesgos para la salud y la seguridad pública y para el medio ambiente
– Las Convenciones regionales e internacionales, OCDE….
– Solo en el anexo I del Decreto 258/2019, se hace referencia en el Punto 148 : Fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección integral de quienes denuncien de buena fe o sean testigos de actos de corrupción. Entre los objetivos a alcanzar se encuentra: Adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación en sede administrativa o judicial; fortalecer los mecanismos de denuncia que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción. Para ello se planea la elaboración de UNA (1) norma de protección de denunciantes que incluya UN (1) procedimiento claro para efectuar denuncias y solicitar protección, garantías adecuadas de protección de la identidad del denunciante y remedios adecuados ante actos de represalias.
Finalmente, el enemigo de la corrupción en la Argentina es la justicia (en particular la del fuero federal) junto a los profesionales de la política (en el poder o no) y sectores empresariales de circunstancias. Los primeros garantizan la impunidad de los segundos los que a su vez no se interesan como los jueces ejercen la administración de justicia, buscan tenerlos como protectores, los asocian en sus negocios, otorgándoles sorprendentes beneficios. Este nuevo Plan Nacional Anticorrupción es de la comunicación política para la campaña electoral de las próximas elecciones. Paris, 11 abril 2019. Casppa.France
https://www.casppafrance.org/
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Abril 12, 2019
Sobreseyeron al juez Gemignani pero procesan a los policías que acataron su orden
LA GUERRA DE INODORO PY
El hilo siempre se corta por lo más delgado.
El 28 de julio de 2016 comenzó este sainete entre el juez Juan Carlos Gemignani y una protagonista que no aparece en la sentencia que adjunta (ver al pie) pero que es principal: la juez Ana María Figueroa.
En una de las salas de audiencias de Comodoro Py habían unas cajas con electrodomésticos que había enviado el Ministro de Planificación Federal Julio de Vido a la juez Figueroa.
Por rencillas internas, el juez Gemignani quiso hacer un inventario de las mismas a lo que una secretaria de Cámara tuvo reparos. Gemignani le ordenó que levante un acta inventariando todos esos elementos pero la mujer, que no quería quedar en medio de la disputa, siguió negándose. Gemignani, en uso de su “imperium” le ordenó a dos agentes de la policía federal que la detengan y la incomuniquen, lo que hicieron más por separar a las partes que discutían a los gritos (y la mujer lloraba) que por la orden misma.
[ezcol_1half]Increíble pero real, ya que es el Planeta Argentina. En julio de 2018, el juez Juan Carlos Gemignani -hoy presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- fue sobreseído en la causa en la que estaba imputado por privación ilegal de la libertad agravada debido a que ordenó la detención de la secretaria de la Sala Primera de Casación María Amelia Expucci luego de que ella no acatara sus instrucciones. Lo curioso del asunto es que ahora se conoció que el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a los dos policías que cumplieron con la orden del magistrado de detener a Expucci.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]La secretaria fue liberada a las pocas horas por otro juez y Gemignani fue sobreseído tiempo después por la mafia judicial que se protege entre sí pero los únicos que siguen involucrados en este despropósito son los dos agentes que cumplieron la orden de Gemignani,el suboficial Contreras y el suboficial mayor Iriarte. Procesados y embargados por 60.000 pesos.
[/ezcol_1half_end]El hilo siempre se corta por lo más delgado.
[ezcol_1quarter]Expucci
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Gemignani
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Figueroa
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Canicoba Corral
[/ezcol_1quarter_end]Download [1.05 MB]
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Abril 12, 2019
Sergio Torres miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el pliego de Sergio Gabriel Torres para ocupar la vacante disponible en la Corte Suprema de Justicia bonaerense. La designación fue aprobada por unanimidad. El magistrado había sido propuesto por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
La Cámara alta aceptó el pedido de la gobernadora Vidal para completar la integración del máximo tribunal. El flamante ministro de la Corte bonaerense estyvo presente durante el debate sobre su nominación.
Marcelo Dileo, miembro informante del bloque oficialista el senador de Cambiemos (Palabra que ha creado confusión en la población), apoyó la postulación de Sergio Torres: “La propuesta de la gobernadora de incorporar a este funcionario va en el sentido de cubrir un espacio con una persona destacada en todos los ámbitos que le ha tocado actuar”.
Dileo agregó que “las casi 400 adhesiones que existen en el expediente hablan por sí mismas y ponen bien en alto las cualidades profesionales y humanas del doctor Torres”. En esa línea, destacó: “Logramos mayor contenido y una dinámica que nos reclaman los justiciables de la provincia”.
José L. Pallares, integrante del bloque del Frente Renovador, respaldó los antecedentes y el currículum del juez. Puso de relieve la adhesión que recibió de la UBA y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En el mismo sentido expresó su conformidad el titular del bloque Renovación y Unidad peronista, Darío Díaz Pérez: “Ha mostrado honor en muchos temas lacerantes de nuestra sociedad, que lo han encontrado jugando una posición muy firme con los derechos humanos”.
La senadora Teresa García acompañó los conceptos precedentes de sus pares: “Integrará la Corte una persona con muy buenos antecedentes, con una postura de compromiso”.
También dio su visión el legislador Roberto Costa: “Estamos satisfechos por cubrir la vacante en la Corte con una persona de infinito prestigio”.
Torres era uno de los once jueces federales de primera instancia de los tribunales de Comodoro Py 2002. A cargo del juzgado 12 desde noviembre del 2001 -ingresó a la Justicia federal en 1985-, tuvo a su cargo la investigación del caso en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y aún tramita múltiples de expedientes vinculados a delitos de narcotráfico.
Antes de la confirmación de la nominación bonaerense, circuló la versión de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -de estrechísimo vínculo con la gobernadora-, quería al magistrado para ocupar una de las dos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Al final, Vidal ganó la pulseada.
Torres se suma ahora al tribunal integrado por Eduardo Pettigiani -su presidente-, y los ministros Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 12, 2019
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SOBERBIA ES LO QUE SOBRA EN LOS POLÍTICOS ARGENTINOS QUE NO RESPETAN AL PUEBLO
Por Francisco Bénard
[ezcol_1fifth].[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]Los funcionarios argentinos como decìa yo en una nota se sienten “Semidioses” mientras en el mundo que tuve la oportunidad de viajar se sienten como cualquier otro ciudadano argentino en general y con las exepciones del caso.
Señores Politicos todavìa no aprendieron a respetar al pueblo comùn. No abusen de los privilegios de sus cargos y no le roben mas al pueblo. Funcionarios ricos y el pueblo comùn pobre. No hagan negocios con las empresas publicas que uds. tienen que controlar. La PATRIA NOS EXIGE GRANDEZA.
La soberbia es una forma particular de incapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos y funcionarios, pero también a porteros, dirigentes de gremios, empleados públicos y casi todos los pobres mortales que se encuentran de golpe con una escasa cuota de poder.
PrisioneroEnArgentina.com
Defender la verdad de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó es proteger el derecho de opinión y los derechos humanos.
Una vez más bajo la presión de militantes oportunistas de derechos humanos, travestidos en sindicalistas o gremialistas, se busca neutralizar las opiniones contrarias a los defensores de la mentira oficial de los años 70 y sus consecuencias actuales. Esta vez, se trata de callar las expresiones de la jueza Marzetegui Marcó por decir la verdad.
Asi, el 08 abril pasado, el Secretario General Sr. Julio Piumato y el Secretario Adjunto Luis Bechis de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nacion (UEJN) presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Tierra de Fuego una demanda de Juicio Político contra la jueza Maiztegui Marcó, bajo el modelo de requisitoria propia de los fiscales en los tribunales revolucionarios. Acusaciones y analogias inoperantes, aproximaciones, afirmaciones sin pruebas, referencias inexactas. https://www.radiofueguina.com/locales/2019/04/el-gremio-judicial-pidio-el-juicio-politico-contra-la-jueza-maiztegui-marco/ El solo objetivo es buscar la exclusión de la Sra Marcó del cuerpo de magistrados.
Las primeras y rápidas observaciones de esa presentación, son las bestiales (vocabulario UEJN) inexactitudes históricas, constitucionales y convencionales, que se mencionan.
Recordando que : « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión » (Art. 19 Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 10dic1948). Ninguna convención fija limites o restricciones a ese derecho. Suspenderlo o privarlo es ir contra numerosos principios determinados en el Estado de derecho, la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales. Sería violar los derechos humanos. El supuesto abuso de este derecho, que los denunciantes argumentan, solo es posible si una ley fija expresamente esa necesidad (Art. 19 del PIDCyP) pero Argentina no tiene una legislación que prohiba comentar, criticar, opinar, expresarse, sobre los casos que la magistrada hizo público y por el cual se la acusa.
En cuanto a la CPI :El estatuto de Roma de 1998 no puede aplicarse por hechos de los años 70, la CPI no acepta la retroactividad, precisa el requisito de la intencionalidad y otros aspectos procesales. Asi, la competencia temporal (art 11) determina que : La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto. Asimismo, se aplica, el Principio de Cosa Juzgada (art.20), Nullum crimen sine lege (art.22) Nulla poena sine lege (art.23), la Irretroactividad ratione personae (art. 24). Los autores de la presentación de referencia, olvidaron agregar en los requisitos constitutivos a las infracciones del art. 7 : « y con conocimiento de dicho ataque » condición esencial que está relacionada con « el elemento de intencionalidad » del art. 30. Sin ello no hay crimen o delito. Al contrario la CPI podrá juzgar todos los magistrados y actores argentinos que violan los derechos humanos de los ex agentes del Estado, sacerdotes, magistrados, acusados ilegalmente por la justicia y los mal llamados organismos de derechos humanos.
Otras oposiciones al escrito firmado por el Sres. Julio Piumato y Luis Bechis, en nombre de la libertad de opinión y de expresión. Los mismos no solamente realizan ataques ad-hominem y ad-personam contra la Sra Marzetegui Marcó, sino que mienten a la sociedad argentina y a la comunidad internacional. Por ejemplo :
En Argentina jurídicamente no hubo crimen de genocidio, por consecuencia no hay genocidas. Utilizar esa palabra es despreciable y miserable por la memoria de las víctimas y sus familias, que vivieron esa inhumana situación en un momento histórico preciso. Por las calumnias e injurias y el revisionismo que efectúan merecen el rechazo de la sociedad, ningún historiador o jurista responsables pueden asociarlos con la Argentina actual o a los 70.
En Argentina, no existe el negacionismo como infracción penal pese a las pretendidas acusaciones que intentan realizar los responsbles de la UEJN. La creación y objetivo del vocablo fue definido por el historiador Henry Rousso en 1987[1]. La utilización de ese término en el debate de la historia política argentina no solamente es inoperante, inexacto e ilegal, sino que moralmente injustificado. Es sorprendente la utilización de la palabra negacionista en la boca de revisionistas, que es más una tautología que un análisis político e ideológico. Al utilizar amalgamas, efectúan un proceso de intención, adoptan un negacionismo histórico.
No existe el delito o crimen de Terrorismo de Estado: Jurídicamente el delito o crimen de Terrorismo de Estado, es inexistente, esa expresión es una utilización únicamente ideológica porque no tiene realidad como sistema o régimen, analizado desde la óptica del derecho político, constitucional o la ciencia política. Es un concepto político-ideológico. “La expresión Terrorismo de Estado no existe, el Estado no puede subvertirse a sí mismo”, España, 28 abril2008, Audiencia Nacional, Sala Penal (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/04/28/auto1.pdf). Asimismo, “el secretario general de la ONU, expresó en 2005 la conceptualización de terrorismo y en forma clara y precisa la inexistencia del terrorismo de Estado[2]. Por otra parte: la CIDH[3], la Unión Europea[4], la ONU[5], la Sociedad de Naciones de 1937[6], y el Código Penal Argentino (art. 41 quinquies)[7] , encuadraron el concepto, la definición de terrorismo. Es decir, aterrorizar las autoridades públicas, el Estado, y no lo contrario. Ninguna de esas convenciones, códigos o documentos de organizaciones internacionales mencionan el Terrorismo de Estado como pretenden los defensores de ese concepto, con la clara intención de crear una conceptualización criminal ex-nihilo.
La cifra de 30000 desaparecidos es una hipótesis ideológica que no tiene validación empírica ni jurídica. “Es muy ligero decir que hubo 30 mil desaparecidos, redondeando, en un país donde hubo registros como en ningún otro… Cuando se instaló la democracia y la Conadep…En ese momento no se llegaba a 5.000 nombres registrados con documentos. Si ustedes van a al monumento de la Memoria en la Costanera y cuentan las placas que tienen nombres, van a tener ese número y va a variar si lo toman desde el ’69 o desde otro período. Cada víctima tiene derecho a que su nombre y datos figuren individualizados, y no en esa generalización de 30.000, que a mi criterio es muy irrespetuosa…”. Fernández Meijide, 03octubre2018, https://www.perfil.com/noticias/universidades/en-el-gobierno-de-los-kirchner-los-derechos-humanos-se-usaron-politicamente.phtml . Por otra parte, no corresponden a los informes vertidos por la Argentina al Comité contra la Tortura de la ONU (Comunicaciones 1/2/3 de 1988 C c/T http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/09/1989.11.23_No.1.19881.19883.1988_O.R-y-otros-v.-Argentina_INADMISIBLE.pdf ), ni los publicados por el gobierno nacional.
[ezcol_1third]Piumato
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Maiztegui Marcó
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Bechis
[/ezcol_1third_end]En relación a la jurisprudencia argentina de la CSJN : No escapará a los dos sindicalistas, sobretodo al parecer que uno de ellos es detentor de un diploma de abogado, que :
– esos fallos son contrarios a la Constitución Nacional y Convenios suscriptos por la Argentina. Observarán también los denunciantes que únicamente la Argentina afirma esos principios porque ningún país miembro del Consejo de Europa y otros siguen esa doctrina (¿violan entonces los derechos humanos?). En el mundo civilizado, donde se respeta los principios juridicos y los derechos humanos ningun excepción justifica violar las garantias fundamentales, abusando de la frase : « por tratarse de delitos de lesa humanidad ». Tampoco pueden ignorar que las leyes 23492 y 23521 fueron reconocidas por la CSJN en más de 14 decisiones.
Sobre la acusación de incapacidad moral, nula vocacion democrática, total desprecio al Estado de Derecho, negacionismo, apologia al odio: la Sra. Marzetegui Marcó, en sus funciones de jueza no violó principios deontológicos, normas nacionales o convencionales, por ejemplo: Declaración de principios mínimos sobre la independencia de los poderes judiciales y de los jueces en América Latina, de Campeche, abril 2008https://flammagistrados.org/sobre-nosotros/declaracion-campeche/ Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, 2002 https://flammagistrados.org/principios-de-bangalore-sobre-la-conducta-judicial-2002 Los Principios básicos relativos a la Independencia de la judicatura, 1985 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx o el Estatuto universal del juez, actualizado en 2017. Unión Internacional de Magistrados https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_spanish.pdf, por las cuales debe intervenir el Consejo de la Magistratura. Tampoco promueve y por consecuencia no viola los principios del artículo 13, inciso 5 de la Convención de San José, sobre la apología del odio. Aqui toma toda su dimension el art. 19 de la CN : « Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe ».
– En ese mismo registro, ¿cual es la posición de los sindicalistas de la UEJN con los jueces del fuero federal que constantemente violan el secreto de la instrucción, se presentan en actos políticos con los denunciantes de casos bajo su responsabilidad, ejercen como asesores de las organizaciones llamadas de derechos humanos, participan a manifestaciones políticas, tratan en los medios las causas en curso, realizan procesos judiciales contrarios a la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales ?
En cuanto a la opinión de la asociacion Abuelas de Plaza de Mayo nadie ignora que se opone públicamente al reconocimiento de los Derechos Humanos a los agentes del Estado adoptando asi una conducta discriminatoria, defiende los derechos subjetivos solo para sus ex combatientes y familias. Junto a otros organismos mal llamados de derechos humanos son estructuras integradas por militantes reivindicando la acción de los grupos terroristas de los 70, promueven la violación de los derechos humanos de los ex agentes del Estado y representantes de la sociedad de los 70, mienten en sus objetivos, viven del curro de los derechos humanos desde hace más de tres décadas. Tienen como consignas : ni olvido, ni perdón, ni reconcialiación. Es una realidad objetiva no acusatoria.
Finalmente,
Porque la libertad de opinión, el derecho de expresión, de los denunciantes sería oportuno, legal y los de la Sra. Marzetegui Marcó, no. La UEJN y sus aliados deben aceptar las críticas, las oposiciones, las rivalidades ideológicas. Es el juego democrático. Libertad de expresión no significa decir lo que ellos aceptan.
Si el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego acepta la demanda realizada por la UEJN sería reconocer la violación a los principios constitucionales y convencionales, como también la suspensión de garantías y los derechos fundamentales de la Sra. Marzetegui Marcó. Paris, 10 abril 2019. Casppa.France
[1]El neologismo negacionismo fue creado por el historiador Henry Rousso en 1987 para designar la contestación de la realidad del genocidio contra los judíos por la Alemania nazi en la II GM. Consiste a pretender que no hubo intención de exterminar los judíos, o que las cámaras de gas no existieron. Designa también la contestación o la minimización de los crímenes contra la humanidad condenados por el tribunal de Nuremberg.
[2]A/59/2005, párrafo 91, informe SG de la ONU http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/81/PDF/N0527081.pdf?OpenElement
[3]Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos CIDH, 22 octubre 2002, parrafo12. http://www.cidh.org/terrorism/span/indice.htm Introducción, punto B.
[4] Consejo Europeo, articulo 1 de la Decisión Marco, 13 junio 2002 (2002/475/JAI)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=FR
[5]Convenio Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo del 09 /12/1999. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf
[6]SdN. Convención por la prevención y represión del terrorismo. Ginebra, 16/09/1937 http://legal.un.org/avl/pdf/ls/RM/LoN_Convention_on_Terrorism.pdf
[7]Código penal argentino, artículo 41 quinquies: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
https://www.casppafrance.org/
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 11, 2019
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Se avecinan tiempos más duros para el pueblo Cubano
Raúl Castro instó a los cubanos a estar preparados para la peor variante de la economía, en un momento en el que el endurecimiento del embargo de Estados Unidos y los agravados problemas en la balanza de pagos ponen en jaque la economía del país.
“La situación podría agravarse en los próximos meses”, advirtió el líder del gobernante Partido Comunista (PCC, único legal), en su discurso este miércoles durante el acto de promulgación de la nueva Constitución del país en la Asamblea Nacional.
[ezcol_1third]Raúl Castro
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Fidel Castro
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Díaz-Canel
[/ezcol_1third_end]Confió, sin embargo, en que Cuba no va a experimentar un nuevo Período Especial, en referencia a la grave crisis financiera, energética y alimentaria que sufrió el país a principios de los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y la retirada de los subsidios que la isla recibía del bloque comunista.
“Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante”, expresó el ex mandatario de 87 años, que asumió el poder de su hermano Fidel Castro en 2006 y lo legó en abril del año pasado al actual presidente, Miguel Díaz-Canel.
Para combatir la supuesta crisis económica que se avecina, Castro propuso “luchar y alcanzar la victoria, no existe otra alternativa”, y concretamente pidió a la población redoblar esfuerzos para aumentar la producción, en especial de alimentos, adoptar hábitos de ahorro, optimizar el uso de la energía y evitar los robos de combustible.
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Abril 11, 2019
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Idi Amin Dada Oumee
Amin gobernó directamente, evitando la delegación de poder. Se destacó por sus abruptos cambios de humor, desde la tontería hasta la astucia, desde la delicadeza hasta la tiranía. Fue a menudo extremo en su nacionalismo.
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LA FUGA DE IDI
El 11 de abril de 1979, el dictador ugandés Idi Amin huye de la capital ugandesa de Kampala mientras se cierran las tropas y fuerzas de Tanzanía del Frente de Liberación Nacional de Uganda.
Dos días después, Kampala cayó y un gobierno de coalición de exiliados tomó el poder.
Amin, jefe del ejército y la fuerza aérea de Uganda desde 1966, tomó el control de la nación africana en 1971.
Tirano y nacionalista extremo, lanzó un programa genocida para purgar a Uganda de sus grupos étnicos Lango y Acholi.
En 1972, ordenó a todos los asiáticos que no habían tomado la nacionalidad ugandesa que abandonaran el país, y unos 60.000 indios y pakistaníes huyeron.
Estos asiáticos constituían una parte importante de la fuerza laboral, y la economía de Uganda se derrumbó después de su partida.
En 1979, sus ocho años de gobierno caótico llegaron a su fin cuando Tanzania y las fuerzas ugandesas anti-Amin invadieron y derrocaron a su régimen.
Amin lanzó un ataque fallido contra Tanzania en octubre de 1978 en un esfuerzo por desviar la atención de los problemas internos de Uganda.
Se escapó a Libia y finalmente se estableció en Arabia Saudí, donde murió en agosto de 2003. Las muertes de 300.000 ugandeses se atribuyen a Idi Amin.
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Idi Amin fue un presidente de Uganda nacido alrededor de 1925 en Kokobo, provincia del Nilo Occidental, Uganda. Ascendió en el ejército desde 1940 hasta 1970. Amin derrocó al líder actual en 1971 y se declaró a sí mismo como presidente, y permaneció en el poder desde 1971-1979. Durante su mandato, vivió un estilo de vida lujoso mientras contribuía al colapso de la economía de Uganda. Intentó mantenerse en el poder a toda costa, lo que resultó en violaciones a los derechos humanos a través de asesinatos en masa. Derrocado en 1979, huyó primero a Libia y luego a Arabia Saudita, donde murió el 16 de agosto de 2003. Idi Amin era miembro del pequeño grupo étnico Kakwa del noroeste de Uganda. Su fecha de nacimiento no está confirmada, pero se estima que lo fue en 1925. Su madre, herbolaria y adivina, lo crió después de que su padre abandonó a la familia. Amin tuvo poca educación formal antes de unirse a los rifles africanos del rey del ejército colonial británico en 1946 como asistente de cocina. Extremadamente carismático y hábil, Amin rápidamente ascendió a través de las filas. Su estatura era bastante notable. Tenía 6 pies, 4 pulgadas de altura y fue campeón de boxeo de peso semipesado de Uganda desde 1951 hasta 1960, además de nadador. Pronto se hizo famoso entre sus compañeros soldados por sus celosos y crueles interrogatorios militares. Finalmente, logró el rango más alto posible para un africano negro sirviendo en el ejército británico. Desde 1952 hasta 1956, sirvió en la acción británica contra la revuelta de Mau Mau en Kenia.
Antes de la independencia de Uganda en 1962, Amin se asoció estrechamente con el primer ministro y presidente de la nueva nación, Milton Obote. Los dos hombres trabajaron para contrabandear oro, café y marfil fuera del Congo, pero pronto surgieron conflictos entre ellos, y el 25 de enero de 1971, mientras Obote asistía a una reunión en Singapur, Amin organizó un exitoso golpe militar. Amin se convirtió en presidente y jefe de las fuerzas armadas en 1971, mariscal de campo en 1975 y presidente vitalicio en 1976.
Amin comenzó su gobierno con acciones populares, incluida la liberación de varios presos políticos. Simultáneamente, sin embargo, envió “escuadrones de asesinos” para cazar y asesinar a los partidarios de Obote, predominantemente de los grupos étnicos de Acholi y Lango, personal militar y civiles. Sus víctimas pronto llegaron a incluir personas de todos los órdenes y rangos, incluidos periodistas, abogados, homosexuales, estudiantes y burócratas de alto nivel. Expulsó a todos los asiáticos de Uganda en 1972, una acción que llevó a la ruptura de la economía de su país.
Amin fue conocido como el “Carnicero de Uganda” por su brutalidad. Se cree que unas 300.000 personas fueron asesinadas durante su presidencia. En julio de 1976, estuvo personalmente involucrado en el secuestro de un avión francés a Entebbe. En octubre de 1978, Amin ordenó un ataque a Tanzania. Con la ayuda de los nacionalistas ugandeses, las tropas tanzanas finalmente vencieron al ejército ugandés. Cuando las fuerzas lideradas por Tanzania se acercaron a Kampala, la capital de Uganda, el 13 de abril de 1979, Amin huyó de la ciudad. Escapando primero a Libia, finalmente se estableció en Arabia Saudita.
El 16 de agosto de 2003, Idi Amin murió en Jeddah, Arabia Saudita. La causa de la muerte fue reportada como falla orgánica múltiple. Aunque el gobierno de Uganda anunció que su cuerpo podría ser enterrado en Uganda, fue rápidamente enterrado en Arabia Saudita. Nunca fue juzgado por abusos graves contra los derechos humanos.
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Abril 11, 2019
EL HEREJE
El inquisidor jefe, el padre Vincenzo Maculani da Firenzuola, nombrado por el Papa Urbano VIII, comienza la inquisición del físico y astrónomo Galileo Galilei, el 12 de abril de 1633. Galileo recibió la orden de entregarse al Santo Oficio para comenzar un juicio por creer que la Tierra giraba alrededor del Sol (que anbsurdo!), lo que fue considerado de herético por la Iglesia Católica. La práctica estándar exigía que el acusado fuera encarcelado y aislado durante el juicio.
Esta fue la segunda vez que Galileo estuvo en el asiento caliente por negarse a aceptar la ortodoxia de la Iglesia que la Tierra era el centro inamovible del universo: en 1616, se le había prohibido mantener o defender sus creencias. En el interrogatorio de 1633, Galileo negó que él “sostuviera” la creencia en el punto de vista copernicano, pero continuó escribiendo sobre el tema y la evidencia como un medio de “discusión” en lugar de creencia. La Iglesia había decidido que la idea de que el Sol se movía alrededor de la Tierra era un hecho absoluto de las Sagradas Escrituras que no podía ser discutido, a pesar del hecho de que los científicos habían sabido durante siglos que la Tierra no era el centro del universo.
Esta vez, el argumento técnico de Galileo no tuvo eco. El 22 de junio de 1633, la Iglesia pronunció la siguiente orden: “Declaramos, juzgamos y declaramos que usted, dicho Galileo … se ha declarado vehementemente sospechoso por este Santo Oficio del delito de herejía, es decir, de haber creído y mantenido la doctrina que es falsa y contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras de que el sol es el centro del mundo, y que no se mueve de este a oeste, y que la tierra se mueve, y no es el centro del Universo.”
Junto con la orden, llegó la siguiente sanción: “Ordenamos que por un edicto público se prohíba el libro de los Diálogos de Galileo Galilei, y le condenamos a la prisión de este Santo Oficio durante Nuestra voluntad y placer; y como una penitencia saludable, le ordenamos que durante tres años recite una vez a la semana los Siete Salmos Penitenciales “.
Galileo aceptó no enseñar la herejía y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La Iglesia tardó más de 300 años en admitir que Galileo tenía razón y en limpiar su nombre de herejía.
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Abril 10, 2019
LA TRAGEDIA TERRORISTA ARGENTINA
Escribe: My (RE)
Carlos Españadero
EL ANTECEDENTE PRINCIPAL DE LA TRAGEDIA TERRORISTA ARGENTINA
Si bien todos los antecedentes gravitaron en la tragedia, la resistencia peronista estuvo presente en todos ellos. Es que el peronismo en la Argentina es un componente omnipresente en todo estudio político de nuestro país a partir de mediados del siglo XX. Esto no quiere decir, que el peronismo sea responsable de la guerra civil. Lo que quiero expresar es que este pensamiento político se convirtió en un estado afectivo de la población hacia los connacionales que no pensaban en esta idea como ellos. Y como es llevado al campo de los afectos, hay muchos que lo asumen por amor y otros muchos por odio. Y ahí finaliza la posibilidad de encontrar posturas racionales tendientes a un diálogo entre unos y otros. Y deja libre para la soberbia de unos y otros, al mutuo desprecio, donde la riqueza del pensamiento que pudiera tener, se pierde en la mutua calificación sea de odio violento o de inmoralidad, siendo unos y otros sensibles a ser criticado por lo mismo que desprecia.
El tomo 02 y 03, presenta datos que servirán para coincidir o no con mi hipótesis de trabajo, pero es a mi juicio muestra, de este cruzamiento, que sin querer pone en evidencia un campo favorable para el aprovechamiento de un pensamiento tan afectivo como es el marxismo. Pero este es el fomento del odio a todo lo ajeno. Es la búsqueda de la lucha de clases, y esto en pos de la acción violenta contra lo que califica como la clase opuesta a la cual hay que destruir, dado que es irredimible.
En esta idea impregnó en esta tragedia, del odio entre connacionales, y aseguró el enfrentamiento cruento entre dos sectores, no importara lo que sostuviera. Pero esto quedará en el juicio personal de quien lea los dos tomos. Espero las críticas enmarcados en el diálogo que nos aparta del odio y nos abre el camino a conocer y comprender los que creen quienes se encuentran en las antipodas de nosotros.
Como he informado el mes pasado, hoy publico el tomo 02, y dejo para el otro mes el tomo 03, mientras yo continuo el tomo 04 si DIos me lo permite.
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JUICIO POLÍTICO AL Juez Rafecas
Señor Presidente,
Alberto SOLANET y Carlos BOSCH, por la representación que acreditamos, constituyendo domicilio procesal en Tucumán 1650 piso 1ro. de CABA, al señor Presidente decimos:
Presentación
Las copias adjuntas corresponden a sus originales en nuestro poder y certifican que, como Presidente y Secretario de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, con domicilio legal en la calle Tucumán 1650 piso 1º de esta ciudad, estamos facultados para asumir la representación de la entidad en este tipo de actos.
En dicho carácter nos presentamos al señor Presidente instando el procedimiento previsto por la Ley 24.937 por derivación del artículo 114 apartado 5 de la Constitución, por considerar que los hechos que expondremos seguidamente son razón suficiente para resolver la remoción del juez al cual nos referiremos seguidamente.
Nuestra representada es una asociación civil regular formada hace años por abogados del foro local para bregar por la vigencia irrestricta de la ley y el derecho.
Durante estos años seguimos con atención los juicios tramitados en todo el país bajo criterios y pautas que, desconocidos hasta entonces en la práctica judicial argentina, se usaron generalizadamente en los casos llamados de “lesa humanidad”, con una notable discriminación en el trato legal y violación de institutos garantizadores del debido proceso y normas protectoras de los derechos humanos de los procesados.
En el ejercicio y cumplimiento de los fines para los cuales fue fundada nuestra Asociación, venimos a solicitar se someta a juicio político y se destituya al Dr. Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correcional Federal nro. 3 de la Capital, por mal desempeño en sus funciones y la comisión de delitos que serán descriptos seguidamente.
Antecedentes:
Los Dres. María Laura Olea y Ricardo Saint Jean asumieron en octubre de 2018 la defensa de dos ex militares, los señores Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, mantenidos detenidos desde agosto de 2017 por el Dr. Rafecas en autos 14216/2003/TO10 “Fernández Bustos Luis Felipe y otros s/inf art. 144 bis inc. 1 y último párrafo…”.
Luego de un profundo estudio de dichas actuaciones, con fecha 26 de febrero de 2019 realizaron un pedido de nulidad que brevitatis causae reproducimos en la presente, denunciando al Juez y Secretaria actuante por su conducta prevaricadora y parcial en dicho expediente, así como por la materialización de diversos delitos, todo lo cual motiva el presente pedido de juicio político para el indigno magistrado.
Antecedentes de la causa:
Tal como lo indican los citados letrados, el hecho central de la investigación lo constituye lo ocurrido el 10 de julio de 1976 en una finca ubicada en Ecuador 170 de la localidad de San Andres, en el cual se produjo un enfrentamiento con combatientes armados del ERP –que tuvo amplia e inmediata difusión en la prensa- los cuales custodiaban en esa vivienda al Vice Comodoro Etchegoyen, secuestrado por esa facción. La víctima estaba encadenada a una cama y antes de que pudieran entrar las fuerzas del orden a la vivienda, los secuestradores lo asesinan de un disparo en la nuca. En los subsuelos de la finca se descubre una imprenta de esa siniestra organización terrorista.
No es este el primer procedimiento de enfrentamiento con guerrilleros protagonizado por fuerzas del orden y que fueran ampliamente difundidos por la prensa, que el juez Rafecas tergiversa para convertirla en delito de lesa humanidad y responsabilizar a agentes del Estado que fueron llamados a actuar en los mismos.
“El 4 de noviembre de 1975 una comisión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que investigaba el asalto a la sucursal Alejandro Korn del Banco Provincia y el secuestro de un empresario, a órdenes del Oficial Subinspector Guillermo Orstein, llegó a Honduras 4183, Capital Federal, una casa operativa del ERP, una mujer entreabrió la puerta, el oficial se identificó y la mujer gritó: “¡es la policía!”, luego de lo cual se produjo un violento combate.
Una de las guerrilleras, María Teresa Barvich -alias “Chabela”- murió en el enfrentamiento y sus cinco camaradas finalmente se rindieron. Con ellos estaban tres menores, que fueron entregados a familiares directos. En el allanamiento se encontraron armas de guerra, municiones, documentos de identidad en blanco y ejemplares de las revistas del “ERP”: “Estrella Roja” y “El Combatiente”.
Griselda Valentina Zárate, estaba secuestrada y sometida a “juicio revolucionario”, acusada de abandonar el ERP. Tres eran uruguayos, ex integrantes de “Tupamaros” y prófugos: Julio César y Washington Mogordoy y Noemí Charo Moreno. La otra mujer era Blanca Frida Becher de Moctulski. El quinto era el médico Norberto Rey, dirigente del PRT, liberado el 25 de mayo de 1973 por el gobierno de Héctor Cámpora, estando preso por el secuestro y homicidio de Oberdan Salustro de la FIAT…..
La muerte de Barvich fue objeto de otra causa en la que el juez, Dr. Guillermo Rivarola, previo dictamen favorable del fiscal Julio Strassera, dictó sobreseimiento de la causa, declarando que “el procedimiento fue llevado en forma correcta (…) sin que las fuerzas policiales se excedieran en el marco de sus atribuciones, pues respondieron con sus armas al ataque del que eran objeto desde el interior del inmueble”
No obstante lo anterior, en el “Listado de víctimas de desaparición forzada y asesinato”, publicado en noviembre de 2015, “Chabela”, está registrada como víctima de “asesinato”. En el “Parque de la Memoria – Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado”, en la Costanera Norte, una placa de pórfido patagónico lleva el nombre de María Teresa Barvich.
Los familiares de Barvich cobraron una indemnización estatal que, actualizada a julio de 2018, equivale a $ 5.100.346, según liquidación 34.801 del Ministerio de Economía, en noviembre de 2001 y por “ley reparatoria” Nro. 24.411.
La existencia de una condena judicial en su contra no fue obstáculo para que los erpianos detenidos en Honduras 4183, cobraran también indemnizaciones como “víctimas del terrorismo de Estado”, en el marco de otra “ley reparatoria” la Nro. 24.043. La oportunidad se les presentó cuando en la Argentina se instaló el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia”….
“…los terroristas de la calle Honduras cobraron indemnizaciones que, actualizadas a julio de 2018, dan como resultado los siguientes montos: Zárate: Liquidación N° 14.791, en enero de 2013: $ 542.562; Julio Mogordoy: Liquidación N° 15.755, en agosto de 2014, $ 1.592,204; Washington Mogordoy, Liquidación N° 4.998, en enero de 1995: $ 3.040.694; Moreno, cobró dos veces; la primera, Liquidación N° 2.890, en septiembre de 1994: $ 3.122.391 y la segunda, Liquidación N° 15.677, en julio de 2014: $ 1.660.279; Becher de Moctulski, Liquidación N° 3.062, en septiembre de 1994: $ 5.261.253 y Rey, Liquidación N° 5.228, en marzo de 1995: $ 5.044.355 En total, incluida “Chabela”, los argentinos les pagamos, a estos terroristas, a moneda actualizada $ 25.364.084 equivalentes a US$ 889.968; considerando un dólar de $ 28,5
En el año 2007, los apresados en Honduras 4183, denunciaron a los policías. El Juez Federal Daniel Rafecas procesó y detuvo, en octubre de 2011, a Orstein, al Oficial Subinspector José F. Madrid, al Agente Nildo J. Delgado y al agente Carlos A. Tarantino, quienes estuvieron, desde entonces y por más de seis años y medio, en prisión preventiva. En forma muy reciente, los fiscales de la causa pidieron penas de 25 años para Orstein y Madrid, de 20 años para Tarantino y Salerno y de 15 años para Delgado,con lo que la farsa quedaría consumada.
Esta es la “alquimia setentista”: transmutar combates en asesinatos; disolver a las víctimas del terrorismo; convertir a sus victimarios terroristas primero en héroes y después en víctimas y transfomar, a todos los agentes estatales, en criminales y meterlos presos, con o sin condena, sin matices de grado, responsabilidad o participación, por delitos de lesa humanidad[1].
El Tribunal Oral Federal nro. 6 dispuso recientemente la absolución de todos los policías y su inmediata libertad luego de haber permanecido siete años presos, absolviendo a JOSÉ FÉLIX MADRID, GUILLERMO HORACIO ORNSTEIN, CARLOS ALBERTO TARANTINO y ÁNGEL SALERNO, por los hechos por los que fueron acusados por la querella y el Ministerio Público.
El 4 de febrero de 2019 dio los fundamentos de la sentencia dictada en dicho juicio y dijo:
“…en la causa Barvich, aunque cabe destacar que en esta última el día 6 de diciembre de 2016 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6 resolvió “PRIVAR DE EFECTOS JURÍDICOS a la resolución que dispone el sobreseimiento definitivo de la causa 8234/1975 caratulada “Barvich, María Teresa s/averiguación homicidio” … en los términos del artículo 434, inciso 1 del C.P.M.P –ley 2372-, por entender que se trata de un supuesto de COSA JUZGADA IRRITA violatoria del debido proceso (art. 18 de la C.N.) y en consecuencia REABRIR la investigación orientada a conocer las circunstancias reales en que tuvo lugar el homicidio de María Teresa Barvich”. Lo cierto aquí, y esto parécenos que resulta importante destacar, tal decisión se centró fundamentalmente, como reza la parte dispositiva transcripta, en continuar la investigación para dar con el responsable de la muerte de la nombrada pero no para ahondar acerca de los motivos por los cuáles los agentes de la bonaerense llegaron hasta allí y en punto a la legitimidad del procedimiento. Es decir que tal cuestión, por lo menos en esa causa, se encuentra fuera de discusión…Y sobre el punto liminarmente debemos señalar que resulta difícil no darle la razón a los defensores de los encausados en punto a la afirmación acerca de que en sus legajos policiales no íbamos a encontrar otra cosa distinta de personas de más o menos la misma edad cumpliendo funciones en ámbitos geográficos más o menos próximos en un mismo espacio temporal. Lejos se encuentra el Tribunal de desconocer el esfuerzo realizado por la parte acusadora al tejer ese entramado de conexiones, pero lo cierto es que, a nuestro modo de ver, el reproche penal realizado sobre los encartados por haber cumplido una función específica en un lugar determinado en un momento puntual, sin deslegitimar la actuación policial de la época convalidada por los órganos judiciales entonces intervinientes, no puede prosperar. Es decir que desde tal perspectiva, a nuestro entender, la construcción fiscal no reviste la entidad suficiente para endilgar a los imputados algún comportamiento defectuoso que justifique la punición pretendida, pues si descartamos la teoría de la Acusación Pública sobre el “armado” fraudulento de actuaciones judiciales en tiempos de gobierno democrático, resulta innegable que la consecuencia directa de tal decisión es que aquélla pierda virtualidad o cuanto menos aparezca desnuda de contenido”.
Lo mismo acaba de ocurrir en otra causa tramitada en el Juzgado de Rafecas, Secretaría Caron. Se trata del Expte Nro. 5530 / 2012 caratulado: “Legajo No 25 – QUERELLANTE: VIVIANA SONIA LOSADA Y OTROS IMPUTADO: SALVETTI, JULIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION”, causa en la que se investiga otro enfrentamiento ampliamente difundido por la prensa en su momento, llevado a cabo por fuerzas militares y policiales el día 29 de marzo del año 1976 en la quinta “La Pastoril”, ubicada entre las calles Monsegur y Padre Fahy de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaba una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), que tuvo como resultado el fallecimiento de varios guerrilleros y la privación de la libertad de otras siete personas, quienes corrieron diversos destinos.
La Cámara Federal dispuso REVOCAR el procesamiento y disponer la libertad por falta de mérito de los ex oficiales del Ejército argentino JUAN CARLOS JÖCKER, JUAN MANUEL GIRAUD, CARLOS ALBERTO GUARDIOLA, EDUARDO SAKAMOTO y HÉCTOR ALBERTO RAFFO, quienes habían sido procesados y detenidos por Rafecas por homicidios reiterados agravados y privación ilegal de la libertad agravada en base a su participación en tal hecho.
Tal como ocurrió en estos dos casos, estamos ante otra parcial y prevaricadora investigación del Juez Rafecas, en la misma Secretaría y con los mismos querellantes, con una instrucción plagada de nulidades que los letrados puntualizan.
En efecto, solicitan la nulidad de todo o actuado en la causa a partir por lo menos del 5 de enero del año 2015 y en especial de las declaraciones de los “testigos” Hugo Travi, Ricardo Antonio Villalba y Bárbara García. Y denuncian además la actividad parcial desarrollada por el Juez Rafecas y su Secretaria Albertina Caron, como creadores y sustentadores de una metodología en la instrucción de la causa, que ha generado la violación del debido proceso legal, dificultado y/o impedido el correcto ejercicio de la defensa en juicio. Los peticionantes resaltan:
1) el dictado del procesamiento del señor Martín Sánchez Zinny mediante la incorporación –determinante- de un testimonio falso mediante un reconocimiento fotográfico fraudulento (el hecho Martinez Borbolla y Martucci);
2) haber detenido y procesado a los entonces Subteniente Luis Alberto Brun y al Teniente Primero Guillermo Eduardo Cogorno por su presencia y protagonismo en el procedimento del 10 de julio de 1976, cuando ambos oficiales nunca estuvieron presentes en ese lugar tal como resulta de numerosas constancias de prueba que el Juez se negó a corroborar. Para procesar a estas personas, encarceladas por Rafecas (uno de los cuales se encuentra hace casi dos años en la cárcel) se acudió a testimonios falsos que son los de Hugo Travi y Ricardo Villalba.
3) la reapertura de la investigación de este y otros 36 hechos que atribuye al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (en adelante RI6), se habría realizado prescindiendo de lo actuado y resuelto en las actuaciones judiciales labradas oportunamente en cada uno de esos hechos, sin haber revocado el cierre de las mismas ni habérselas elevado a juicio. Ello, junto a la fabricación de una hipótesis delictiva que no es producto de la derivación razonada de las constancias de la causa, sino todo lo contrario.
4) responsabilizar por la detención de un sujeto -Pablo Pavich- al RI6 sabiendo que la privación ilegal de la libertad de esa persona le fue atribuída en dos sentencias firmes a otras personas ajenas a esa Unidad que fueron condenadas por ello;
Estos defectos, como podrá verse, no son propios del ejercicio jurisdiccional que, como toda actividad humana, está sujeta a error. La metodología impuesta está dirigida ex profeso por Rafecas para impedir el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Los aportes de testimonios falsos con que cuenta la causa que Rafecas consintió; la renuncia a evacuar las citas exculpantes consignadas en las indagatorias; la omisión de lo actuado y resuelto en las causas judiciales en las que se investigaron los hechos; el hecho de que no se las haya elevado a juicio y otras irregularidades presentes en perjuicio del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, constituyen actos dolosos de evidente mal desempeño en las funciones que autorizan a la destitución del magistrado.
LA AMPLIACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE UN DETENIDO (MARTIN SANCHEZ ZINNY) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN –DETERMINANTE- DE UN TESTIMONIO FALSO MEDIANTE UN RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO FRAUDULENTO.
Los Dres. Olea y Saint Jean señalan que los hermanos Bárbara y Camilo Martín García tenían 8 y 4 años de edad respectivamente cuando, en la madrugada del 13 al 14 de junio de 1976 su madre, Rocío Angela Martinez Borbolla y su compañero Pedro Oscar Martucci, fueron privados de su libertad en un departamento ubicado en Haedo Norte. Y continúan:
“Bárbara García declara en la causa en una primera oportunidad en el año 2013 (fs. 103299/302) y en ella describe a un hombre muy alto, de unos 40 años de edad, rubio, con bigotes finos y pelo ondulado largo hasta los hombros, el cual estaba a cargo y daba las órdenes a la veintena de personas que irrumpieron esa madrugada en el departamento en el que vivían.
Pero el Juzgado la vuelve a convocar en 2017 para reconocimiento fotográfico del personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Lo hace luego de haber detenido al nombrado Sanchez Zinny –junto a otros ex oficiales- y que varios periódicos y portales difundieran la noticia publicando no sólo su identidad y fotografías, sino la versión de que se les atribuían a los detenidos, delitos ocurridos “en los meses de junio y julio de 1976”, entre ellos, el secuestro de Martinez Borbolla y su compañero, así como parientes del cantante Víctor Heredia.
Las noticias fueron difundidas por el Juzgado o por el querellante Pablo LLonto -nombrado expresamente por las publicaciones como abogado de los hermanos García- y señalaban que ambos detenidos junto a otros dos oficiales, formaban un “grupo de tareas” responsable de secuestrar a más de 30 personas de las zonas de Luján, Mercedes y Gral. Rodriguez, con títulos tales como “Detuvieron a los asesinos de la hermana de Víctor Heredia y la mamá de Camilo García” o “Publicaciones de etiqueta: Martín Sanchez Zinny (con su foto) y el texto que lo responsabiliza de lo mismo pero señalando además “Cuatro asesinos de la última dictadura militar fueron detenidos en las últimas horas…”.
Esta anormalidad debía viciar todo reconocimiento fotográfico de los detenidos ya que es imposible pensar que la hija de Martínez Borbolla, periodista, con acceso a internet y que nunca dejó “de reclamar por el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de su madre” como dicen las notas y como ella misma lo admitiría, no hubiera visto y leído tales publicaciones. La anormalidad fue denunciada previa al acto, por la entonces defensora de uno de los detenidos, la Dra. Elena Genise, en un escrito presentado en la causa con el agregado de varias de las publicaciones.
El Juzgado, no obstante, le toma declaración a la señora Bárbara García y le muestra diversas fotografías de ex oficiales del Regimiento 6, entre ellos la de Sánchez Zinny, sin que en la audiencia estuviera presente su abogado defensor que era entonces el Dr. Dante Fernandez Acuña (fs. 142303/9).
Bárbara García fue preguntada por las defensas presentes si vio en publicaciones gráficas o en internet fotografías de los detenidos, y afirmó que tomó conocimiento de las noticias acerca de la detención de las personas imputadas de haber secuestrado a su madre, pero que la foto que vio era de un hombre de 70 años que no se correspondía con “la que identifiqué hoy ni por casualidad”.
El que “ni por casualidad” se parece al sujeto al cual Bárbara describe en las dos oportunidades como el autor del secuestro, es precisamente Sánchez Zinny, quien en junio de 1976 tenía 20 años, pelo corto oscuro, ojos marrones y no era en absoluto corpulento. Los abogados lo probaron mediante fotografías de aquellas épocas que incluyen la evolución fisionómica de Sanchez Zinny y que indica que jamás, ni diez ni veinte años después de los hechos, se pareció ni mínimamente al sujeto al cual describe Bárbara García en su primer declaración.
En efecto, Bárbara en su primer declaración, describió a un hombre a quien llama “el malo” como muy alto, corpulento, rubio, de pelo ondulado hasta los hombros, bigotes finos, de unos 40 años. Pero en la segunda, sugestivamente, tratará de acercar –vanamente de todas formas- la descripción del sujeto corpulento que daba las órdenes de la primer declaración, a la fisonomía de aquel a quien “identificaría” en base a las fotos que ya había visto en las publicaciones.
Vemos que en la segunda declaración la testigo n﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽a semejante acusaciriofalsos incorporados a las actuaciones, , hasta llegar a este tal “tos delictivos que denunciamosintentará bajarle la edad al sujeto diciendo que tendría “como máximo 30”pero, repreguntada por una de las defensas por el sospechoso cambio, corrige, “entre 30 y 40”. También modificará en esta segunda declaración el color del pelo: ya no es rubio sino “castaño rojizo” y luego “…Me acuerdo que era una persona que tenía cuello largo, me refiero al malo, al bueno no lo vi, no hay ninguno que me haga recordar….El que vino a mi casa no tenía pelo corto, acá si, pero sabemos que usaban pelucas. Lo que sí era muy alto, narigón”.
¿A quién se refiere cuando dice que “sabemos” que usaban peluca”?, ¿quién o quiénes y dónde le dijeron o informaron eso?.
Bárbara García, como vimos, manifiesta haber dado con el responsable de la desaparición de su madre en esta declaración, ocurrida el 11 de julio de 2017.
¿Por qué llama la atención que la señora García se emocione hasta las lágrimas y declame, eufórica, que después de tantos años dió con la identidad del responsable de la trágica desaparición de su madre?: porque la señora García, su hermano Camilo Martín, sus abogados querellantes y el titular del Juzgado Federal que instruyó esta causa, ya habían decidido sindicar como responsable de ello, desde tiempo atrás, a Martín Sánchez Zinny”.
Ocurre que el 5 de enero de 2015, en el programa “Intratables”, el hermano de Bárbara, Camilo García, había señalado a Sánchez Zinny como autor del secuestro de su madre. Los Dres. Olea y Saint Jean lo puntualizan en otro escrito en el cual acompañan el video del programa: veamos:
“Camilo García: “Nunca supe nada de mi vieja, este, hasta hace 2 o 3 años que surgió un testigo de un programa de protección de aquellos que hubieran sido colimbas durante la dictadura y surgieron algunos nombres de esas 30 o 40 personas que entraron a mi casa. Supuestamente habría sido un comando que operaba desde la ciudad de Mercedes. Tengo nombres y apellidos de tipos que posiblemente hayan sido ellos. Y en la cadena de desapariciones, que también estaba mi vieja, estaba la hermana de Víctor Heredia. Así que, bueno, entre toda la gente que de esas caídas hicimos una presentación en el juzgado del juez Rafecas. Y hay una serie de gentes incluso te digo, de los investigados de estas personas que la mayoría están libres, hay uno que es un personaje que realmente, no quiero decir el nombre todavía hasta que no lo muerda la justicia como me recomiendan las organizaciones de Derechos Humanos, pero es un verdadero cachafaz que firma autógrafos en la Feria del Libro porque publica unos libros…francamente muy malos pero ehh
Del Moro: ¿a qué se dedica?
García: es un ex militar que estuvo con Seineldin también
Del Moro: ¿estaría involucrado en la desaparición de tu madre?
García: Totalmente y además fue uno de los principales, incluso que ejecutó a sangre fría adelante de los colimbas a alguien”
Veamos el contenido de estas afirmaciones:
Dice haber recogido los datos de un testigo que habría declarado en el 2012 o 2013 (“hace dos o tres años”) proveniente del programa de protección a testigos que hubieren hecho la conscripción durante el gobierno militar. El ex conscripto HugoTravi es quien declara en 2012 ya que el otro posible, Ricardo Villalba, lo hace recién el 27 de noviembre de 2014.
Dice que se trataría de un comando que operaba en Mercedes.
Y que entre ellos hay uno que es ex militar, que firma libros en la feria del Libro, que estuvo involucrado en la desaparición de su madre, que era uno de los principales y que además ejecutó a una persona a sangre fría delante de los colimbas. Pero no quiere adelantar el nombre hasta que lo “muerda la Justicia” porque así lo recomiendan las organizaciones de ddhh.
No es necesario que revelara el nombre: se estaba refiriendo al ex Subteniente Martín Sánchez Zinny, que era y es el único ex Oficial del Ejército Argentino que ha prestado servicios en el Regimiento de Infantería 6, en junio de 1976, y que desde 2012 ha publicado diversas obras escritas, las cuales ha presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires firmando ejemplares, tal como lo ilustran las notas y fotografías que acompañamos como prueba en Anexo IV del pedido de nulidad.
Por eso muchas de las personas que lo conocían lo llamaron a Sánchez Zinny esa noche y al otro día para avisarle que se habían referido a él en el programa “Intratables”.
Pero hay un dato más que los testigos que vieron el programa no conocían pero Camilo García sí: la persona a la cual se refiere Camilo García en el programa, cuyo nombre no quiere revelar, que fue uno de los principales que actuó en el secuestro de su madre, es el mismo que “ejecutó a sangre fría adelante de los colimbas a alguien”.
Sólo dos testigos se refieren con nombre y apellido al supuesto autor de un disparo al terrorista Arancibia el día del procedimiento en la imprenta del ERP en presencia de los conscriptos: Villalba le atribuye el hecho al entonces Capitán Del Rio, pero Hugo Travi dice en 2012 que fue Martín Sánchez Zinny.
Evidentemente Camilo García, su hermana Bárbara y las organizaciones de ddhh a las que aquel se refiere en su exposición en el programa, habían decidido ya por lo menos desde el 5 de enero de 2015 que la imputación sobre el secuestro de la señora Martinez Borbolla recayera sobre el ex subteniente Martín Sánchez Zinny.
El testigo nos aporta otro dato no menos revelador del fraude: dice que de los testimonios de los ex conscriptos surgieron algunos de los nombres de los 30 o 40 de los que entraron a su casa. No existe ningún testigo que haya señalado la presencia de personal del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes en el secuestro de Maríinez Borbolla. Los nombres de los 30 o 40 oficiales y suboficiales del RI6 que habrían participado en ese secuestro era, por lo que se ve, otro de los objetivos de las organizaciones de ddhh a las que se refiere Camilo García. Objetivo que habría de ser satisfecho por el juez Rafecas, autor consciente de toda esta vergonzosa causa, al procesar a Sanchez Zinny de ese hecho, para luego extender la responsabilidad de la Unidad en la que servía a otros 36 hechos ocurridos en diversas localidades.
El querellante Llonto intenta vanamente refutar el cúmulo de evidencias que muestran el armado de esta causa, señalando que las expresiones de Camilo García estarían justificadas porque los hermanos eran querellantes “y conocen desde el 11-12-2012 el nombre de todos los miembros de las patotas secuestradoras entre los que se encontraban los imputados que presentaron la nulidad….siempre supieron que entre ellos estaban los desaparecdedores y asesinos de su madre”.
Lo que no encuentra ninguna explicación es por qué entonces Bárbara García no dio siquiera un indicio de ello cuando fue invitada a decir todo lo que supiera sobre la desaparición de su madre en su declaración de fecha 18 de junio de 2013.
La propia querella de Llonto y los Lombardi, que involucra el secuestro de María Isabel Caldú y parte de su familia, permite observar que se dirige no específicamente contra el RI6 de Mercedes sino por asociación ilícita contra los Comandantes del Ejército y los miembros de su Estado Mayor; los jefes de inteligencia del Ejército al momento de los hechos, los jefes y oficiales de la Policía Federal, jefes y oficiales de la Policía de la provincia correspondientes a la zona de Luján (ver fs. 117526), mientras que querella a “Jefes y oficiales del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires (por la relación con los hechos ocurridos bajo el nombre de “La masacre de la imprenta de San Andrés”)” (querella fs. 117526).
Esto demuestra que en septiembre de 2014, como vemos, la querella no hacía ninguna asociación entre los hechos sufridos por los Caldú y otros lujanenses con el RI6.
Ni puede explicar el motivo por el cual Camilo García se refiere específicamente al señor Sanchez Zinny como autor del secuestro de su madre en el programa cuya copia acompañamos.
¿Cómo podía aseverarlo si aún no había sido “reconocido” por su hermana quien en el año 2017 aseguró que no había vuelto a ver su cara desde el día del secuestro de su madre?
Ni puede explicar cómo puede sorprenderse la testigo Bárbara García al señalar la foto de Sánchez Zinny en su testimonial de junio de 2017 como el autor del secuestro de su madre, cuando su hermano ya lo había señalado en ese carácter en enero de 2015 como vemos.
a ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽orprenderse la testigo Bomo autor del secuestro de su madre en el programa cuya copia acompañamos. intraban los que pNi porqué motivo –dos años después de ese programa- el Juez llama a la señora Bárbara García y le muestra diversas fotografías sólo de ex oficiales del Regimiento 6, entre ellos la de Sánchez Zinny. ¿Porqué lo haría si nadie había señalado a Sánchez Zinny como supuesto autor del mismo?: porque Sánchez Zinny como podemos ver, había sido ya designado de antemano por los instigadores, autor del secuestro de Martinez Borbolla”.
Los defensores continúan en su denuncia señalando: “…Aquella temeraria afirmación fue vista y oída por millares de televidentes, entre ellos, muchas y variadas personas que conocían a Sánchez Zinny y que, al escuchar la peculiar descripción, se comunicaron con él para hacerle saber el hecho y preguntarle a qué se debía semejante acusación.
Vale aclarar que el sujeto “malo” que una niña de 8 años viera que daba las órdenes y estaba a cargo de todo, tampoco podría haber sido jamás, por función, Sánchez Zinny, ya que en junio de 1976 llevaba cuatro meses desde su egreso del Colegio Militar y era el oficial más joven y de menor jerarquía entre todos los oficiales del Ejército Argentino.
El “yerro” de Barbara García que se convierte en la confesión de su delito:
La revista “Noticias” publica ese día 25 de noviembre un extenso reportaje a Bárbara García bajo el título “TESTIGO CLAVE EN PELIGRO”. Bárbara dice “Yo siempre pedí que me den la oportunidad de reconocer al tipo que se llevó a mi madre hace 40 años. Tanto insistí que logré que aceptaran mi pedido y mi identificación fue clave para la causa, pero ahora me encuentro con que ya le dieron la domiciliaria…tengo miedo porque es un tipo poderoso que sigue teniendo muchos contactos afuera explica Bárbara”
Convertida en “testigo estrella” según el reportaje, su testimonio “resultó clave” para demostrar que su madre fue secuestrada “por un grupo comando integrado por efectivos del Regimiento de Infantería nro. 6 de Mercedes….que también permitió establecer la relación con otros 35 casos y aunar todas las denuncias en una causa que llevó adelante el Juez Federal Daniel Rafecas, lo que complicó la situación procesal de Sánchez Zinny”.
Dice la reporteada: “Fue terrible pero mágico a la vez. Sabía que no podía errar, porque si lo hacía era una marcha atrás terrible para toda la investigación. Fue muy difícil pero creo que hubo algo más allá de mí que me ayudó a identificarlo. Un destino que tenía marcado”.
Pero al contestar las preguntas relativas al procedimiento, comete el fatal error que prueba una vez más el delito por el cual la denunciamos. Dice textualmente: “…CUANDO YO VOY A HACER EL RECONOCIMIENTO, SANCHEZ ZINNY ESTABA DETENIDO Y POR ESO TAMBIÉN FUI TAN TRANQUILA EXPLICA GARCIA”.
La “testigo” ya sabía que iba a identificar a Sanchez Zinny. Lo sabía porque así quedó probado con las declaraciones televisivas de su hermano Camilo el 5 de enero de 2015; porque es imposible siendo querellante en la causa, periodista y con la activa participación que tiene y ha tenido a lo largo de los años respecto de los hechos objeto de esta causa tal como ella misma reconoce, que no haya seguido las noticias con la identidad y las fotos de las personas detenidas como responsables del secuestro de su madre; lo sabía y por eso modifica su segunda declaración intentando adaptar la descripción del secuestrador que hace en el 2013, a la fisonomía de las fotos publicadas de Sánchez Zinny que había visto. Finalmente, lo sabía porque ella misma lo admite en este yerro que acabamos de mencionar, el cual no es sino parte del grotesco armado que presenta la causa seguida contra Sánchez Zinny y otros miembros del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes.
El dolor y la tragedia no dan derecho a mentir y menos aún a hacerlo en sede judicial, imputando delitos a personas que no los han cometido.
El Tribunal avanzará en la investigación tomando a ese hecho como el inicio de todos los procedimientos que le va a endilgar, sin elementos consistentes, a la oficialidad destinada en esa Unidad. Así lo revela en el auto de procesamiento dictado por el Juez: “…Sin embargo, uno de los operativos que puede tomarse como principio de las caídas posteriores llevadas a cabo en forma organizada y continua por el personal militar, fue el realizado el 14 de junio de 1976, con el secuestro de Rocío Ángeles Martínez Borbolla, y su pareja Pedro Oscar Martucci, hechos aquí imputados” .
Nos preguntamos si el Juez y la Secretaria Caron participaron dolosamente, con conocimiento e intención de celebrar un acto que sabían era fraudulento: son treinta y siete los hechos por los que responsabiliza Rafecas al Regimiento de Infantería 6, en adelante RI6, consignados en el auto de procesamiento de sus Jefes, Schollaert y Fernández Bustos, y expresamente citados como prueba en los autos de procesamiento de Morello y Sánchez Zinny. ¿Porqué motivo el Juez y la Secretaria seleccionaron este caso, la privación de la libertad de Martinez Borbolla y Martucci, un hecho ocurrido fuera del área asignada al RI6, para que se hiciera el reconocimiento de fotografías del personal de ese Regimiento?. ¿Porqué lo hizo en este caso y no en otros?; ¿porqué no hizo el reconocimiento fotográfico con los cientos de oficiales y suboficiales pertenecientes a las Unidades del Ejército y la Fuerza Aérea correspondientes a esa zona? (el lugar donde ocurre la detención dijo el propio Juez Rafecas que era territorio asignado a esta última Fuerza[2]).
La respuesta es clara: necesitaban colocar como responsable de ese hecho inicial, a un Oficial del RI6 para luego relacionar y adjudicar el resto de las detenciones ocurridas en diversas partes del país al Regimiento de Infantería 6 de Mercedes.
Resulta evidente entonces que las causas seguidas contra miembros del RI6 por las 37 privaciones de libertad mencionadas en los autos de procesamiento, tenía el designio de su “armado” por lo menos desde el 5 de enero de 2015 (admisión pública de Camilo García).
A partir de las evidencias que surgen de esta imputación en particular, y por la experiencia recogida, nos preguntamos cuántos otros testigos fueron aleccionados y acudieron al sumario a mentir. A cuántos le suministraron información interesada y falsa; los fueron a ver para aleccionarlos o inculcarles recuerdos de hechos inexistentes pasados 42 años, en especial luego de leer en la causa que varios fueron visitados por el testigo “estrella” Travi “conjuntamente con la viuda” de uno de los caídos.
La respuesta a esos interrogantes surge de lo que veremos en el siguiente capítulo.
IV.2. LA INCLUSIÓN COMO PRESENTES EN EL PROCEDIMENTO DEL 10 DE JULIO DE 1976 DE DOS OFICIALES -GUILLERMO EDUARDO COGORNO Y LUIS ALBERTO BRUN- QUE NUNCA ESTUVIERON EN ESE LUGAR. LA VIOLACION AL ART. 304 DEL CPPN. LA INCORPORACIÓN DE DOS TESTIGOS FALSOS:
En sus indagatorias, tanto el entonces Subteniente Luis Alberto Brun como el entonces Teniente Primero Guillermo Eduardo Cogorno negaron haber estado presentes en el enfrentamiento ocurrido en la calle Ecuador 170 el día 10 de julio de 1976.
El primero porque luego del desfile del 9 de julio fue licenciado de franco y al momento del enfrentamiento se encontraba con su novia y familiares en San Isidro. El segundo porque por orden del Jefe de Regimiento se queda, mientras se realiza el procedimiento, a cargo de la Unidad, lo cual deja asentado en el libro de guardia, con su firma y la hora, hasta que a las 7 y 30 AM es relevado por el Oficial Burlando y Calderón.
¿Porqué motivo el señor Jefe del Regimiento, Teniente Coronel Schollaert en su declaración, así como todos los oficiales de la Unidad intervinientes van a señalar expresamente o no desmentir ninguno de ellos 42 años después de los hechos y probablemente sin haberse visto por 20 o 30 años, que esos dos oficiales no estuvieron ese día cuando, simultáneamente, amiten la presencia propia y de todo el resto de la oficialidad?
La respuesta es una sola: porque es verdad.
Pero Rafecas da por probado que estuvieron presentes por obra de dos testimonios falsos, pertenecientes a otros dos testigos que fueron aleccionados para el “armado” de esta causa: los de Hugo Travi y Ricardo Villalba.
Guillermo Eduardo Cogorno explicó la situación con toda claridad en su ampliación de indagatoria: fue convocado como toda la oficialidad en la madrugada del 10 de julio de 1976 pero al llegar desde su domicilio al cuartel, observó la columna formada y un oficial le hace saber que debía hacerse cargo de la Unidad ya que el Jefe del Regimiento, el Teniente Coronel Schollaert estaba saliendo con la citada columna.
Cogorno afirmó además haber TOMADO EL LIBRO DE GUARDIA Y REGISTRADO LA ORDEN DEL JEFE DE LA UNIDAD CON LA FIRMA Y LA HORA. Transcurre toda la noche y a las 7 y 30 am se produce el relevo y toma la Jefatura del Regimiento un Oficial que, cree recordar Cogorno, se trataría de Burlando y Calderón.
Nos preguntamos qué duda puede caberle al Juez sobre semejante evidencia y porqué motivo no evacuó las citas de su indagatoria para corroborar tan elemental y fundamental dato, cuando ello es además su obligación legal conforme el art. 304 del texto de rito.
El defensor de Cogorno, el día 3 de agosto de 2017, amplía con un escrito el descargo, señalando que sólo el testigo Hugo Travi dice haberlo visto, y que el examen de sus dichos tiene contradicciones insalvables con otros testimonios.
De 15 soldados que declaran, el Juez sólo toma párrafos de 2, Travi y Villalba (hay un tercer testigo evidentemente falso –Rebagliatti- pero no se expide sobre la presencia de Cogorno y Brun en el operativo).
Cogorno a esas horas estaba a cargo de la Unidad y sobran las pruebas para demostrarlo. Pero Rafecas prefiere creerle al único testigo que lo nombra como presente en el lugar de los hechos. ¿Porqué motivo lo hace?.
Leyendo la declaración y el auto de procesamiento, vemos claramente el motivo por el cual Rafecas no recoge y hace caso omiso de las evidencias que demuestran la ausencia de Cogorno en el operativo. Hugo Travi, su “testigo estrella”, lo coloca en los momentos más trascendentes del armado de la imputación, y la falsedad de su testimonio pone en crisis los actos que dice haber presenciado de Del Rio, de Sánchez Zinny, de Linari, de Amarante y de Durán. De los que “estaban de civil” y los que “estaban de uniforme”, de los que estaban y los que no estaban, de lo que hicieron y lo que no hicieron, de lo que pasó y de lo que no pasó.
Veamos sino los siguientes párrafos de su auto de procesamiento:
“…ellos dos (los Subtenientes Linari y Brun) y todos estábamos a cargo del Capitán Cogorno, que era el Jefe de la Compañía B” …Luego al relatar el momento del traslado hacia el lugar del operativo, indicó: “[s]e metieron para el lado de las quintas, de la ruta 201, donde está Campo de Mayo, unas diez cuadras para adentro, eran todas casas quinta. Paramos todos al costado de la calle. Nos hicieron bajar de las camionetas. Nos tuvieron un rato largo, hacía mucho frío. Estábamos todos parados esperando. Hasta que llegó una Chevy y un Peugeot 404, que pararon a una cuadra.Bajó uno de civil, vino caminando. Fue Cogorno, Brum y Linari, yo con él. Se agachó el que estaba de civil e hizo un plano en la tierra, indicando adónde vamos a ir….Continuando con su relato, expresó “en el mismo momento en que llega Cogorno y llegan los autos con civiles, que había visto antes. Bajan civiles por todos lados. Cogorno empezó a decir que eran del Ejército Argentino, que se entregue. Mientras tanto, los de civil empezaron a patear la puerta. Se empezaron a escuchar disparos de Itaka cuando ellos entraron….uno de ellos de civil empezó a preguntarle a la persona que trajeron dónde estaban las personas que se habían escapado…
“Luego, al ampliar su testimonio, Travi dio detalles de la presencia de Cogorno en el operativo, recordando que el nombrado estaba vestido con ropa militar. Al respecto refirió: “en un momento ingresamos a la casa con Linari y con el conscripto Medrano. Una vez que pasamos la casa, llegamos a un lavadero, en donde había un ventanal grande, con vidrios, desde donde se podía ver el galpón. En el galpón y en el jardín estaban todos los de civil. Los que andaban de civil eran Amarante, Durán, Sánchez Zinny. En ese momento sólo se sabía que se había escapado alguien. Todos los que estaban de civil decían que se habían escapado los que estaban en la casa. Recuerdo a Del Rio diciendo que se habían escapado. La cosa fue así. El que se manda la boludez es Cogorno, que era quien nos llevó a nosotros, estaba vestido de ropa militar. Es quien nos lleva, junto a Linari, a todos los conscriptos hacia el operativo. Cuando nosotros ya estábamos rodeando la manzana, llegan los autos de civil. Mientras tanto, Cogorno se para en la puerta de la casa y dice: “En nombre del Ejército Argentino, entréguense” El se adelantó a la llegada de los autos de civil. Antes que se bajaran empezó a gritar en la puerta de la casa. Inmediatamente después los de civil empujaron a Cogorno y entraron a la casa a los tiros. Después, cuando Linari me lleva dentro de la casa, escucho a Del Rio deir que las camas estaban calientes y que se habían escapado. Ahí veo a los de civil (cr fs. 140.260/7).
Asimismo, contó que Cogorno y Linari, quienes estaban vestidos de fajina eran quienes se encontraban cubriendo la guardia y la recuperación, añadiendo luego que, en el momento en que la persona es asesinada (Jorge Emilio Arancibia) Cogorno y Linari están con el testigo, en la calle (ídem)
Y agregó: “siempre que hacíamos un operativo, se hacía un círculo y se indicaba que nadie podía entrar a aquel sin un brazalete blanco. Si había algún civil sin brazalete, había que tirarle. Primero se tira y después se pregunta. Esa orden la dieron Linari y Cogorno (ídem). Por último, al serle preguntado respecto de la participación de Guillermo Cogorno en el operativo, Travi expresó: “cuando nosotros salimos del regimiento el jefe de retén era Cogorno. Iba en una de las camionetas que salieron del Regimiento. Yo iba con Linari en una y Cogorno en otra. De civil no salió nadie del Regimiento”.
Piensen Vs Excs. que cada vez que el testigo nombró a Cogorno está mintiendo. Travi se refirió a Cogorno cinco veces en su declaración de 2012 y trece en su declaración del 2017 (18 menciones en total) atribuyéndole diferentes comportamientos durante la operación. Pero lo cierto es que se demostró que Cogorno nunca estuvo en el operativo.
Ahora veremos el valor determinante que el Juez le adjudica a este testimonio falso a la hora de tener por acreditados los hechos y la participación de los imputados.
En el auto de procesamiento Rafecas señala:
“….Otro elemento que tengo en cuenta en el análisis de la prueba, es que Travi tanto en su declaración del año 2012 como la prestada en el año 2017 ha sido coherente en todas sus expresiones, y en particular con respecto a Cogorno, lo ha situado en la misma posición frente a los hechos, sin manifestar ninguna duda en cuanto a que era el nombrado quien se hallaba en el operativo en el rol que mencionara”.
“Por otro lado, tengo en cuenta que Travi ha sido categórico con algunos recuerdos, a la par que aquellos que le han generado duda, así lo ha expuesto, y a la par que con respecto a algunas personas sobre las cuales ha sido preguntado, ha manifestado no recordar haberlas visto en el operativo, siendo por ejemplo el caso de González Sass, con respecto al cual manifestó que no lo vio en el operativo, y específicamente dijo que podría haber estado, pero no lo vio”
“Ello da cuenta de la sensatez del testimonio de Travi, lo cual permite aseverar el gran valor probatorio de su testimonio como base para la imputación de Cogorno en los términos del artículo 306 del C.P.P.N.”
EL CASO DE LUIS ALBERTO BRUN ES IGUALMENTE ESCANDALOSO:
El señor Luis Alberto Brun al prestar declaración indagatoria, explicó que luego de su participación, junto al resto de la oficialidad del Regimiento, en el desfile de Mercedes del 9 de julio, se retiró haciendo uso del franco del que gozó toda la unidad. Y brindó sobrados elementos y cita de personas que podían corroborar sus dichos.
Rafecas no evacuó las tan trascendentes citas de su indagatoria, y optó por procesarlo en base a las declaraciones de dos conscriptos sospechados de ser reclutados para que declaren una versión inexistente de los hechos, y que registran en sus deposiciones contradicciones insalvables que los dejan incursos en el falso testimonio.
Vemos que en el auto de procesamiento Rafecas transcribe lo declarado por Hugo Travi, cuando refiere que Brun estaba de fajina, que “Morello llegó solo, bajó de uno de los autos de civil y vino caminando. El los llamó a Cogorno y a Brun, fueron todos juntos a su encuentro…”
Asimismo, Ricardo Antonio Villalba en la ampliación de su declaración testimonial de fs. 119.278/82, manifestó: “…uno los que nos condujo hasta ahí le decían «Andresito», pero no hablé con él ni nada, de él sí escuché hablar, no lo podría describir, solo recuerdo que era flaco. Había alguien que era el jefe de imprenta del ERP, no se si «Andresito» era Santucho, o quien nos llevó hacia la imprenta, tenía barba en ese momento y un aspecto de tipo grande pero estaba muy abatido, lo vi entre dos personas, me sería imposible describirlo, si veo una foto de él, capaz pueda recordarlo, pero no con seguridad. Había habido un operativo, lo habían seguido durante un tiempo y lo detuvieron, no recuerdo si lo vi antes en el Regimiento o ahí directamente. No recuerdo que pasó con él después porque no íbamos en el mismo camión, creo que siguió viviendo, no era ni el que mataron ni el que torturaron. Después no lo volví a ver”.
El auto de procesamiento agrega:
“.. Por otra parte, Villalba en la ampliación de su declaración testimonial de fs. 140155/61 manifestó: Brun y Sánchez Zinny estaban desde antes del operativo porque eran los que habían hecho inteligencia con el tema. Estaban siguiendo a varias personas, hasta llegar a este tal “Andresito”. Luego continuó: no recuerdo si fue por comentarios pero era muy evidente que cuando lo capturaron lo llevaron a la imprenta. La primera vez que lo vi fue cuando estaba en el coche, no lo vi antes ni después. No le vi la cara tampoco. No lo podría reconocer. Sólo sé por comentarios que le hicieron un seguimiento durante varios días, después cayó y los guió hacia la imprenta”
En su momento, la defensa de Brun destacó las contradicciones y absurdos de ambas declaraciones: “…como bien dijo el Sr. SCHOLLAERT en su declaración espontánea, ningún efectivo del regimiento fue adelantado al lugar del objetivo, y esto demuestra sin lugar a hesitación alguna que al haber sido despertado VILLALBA en horas de la madrugada del 10 de julio, mal pudo haber estado él como adelantado, de modo de poder apreciar per se, esas tareas de inteligencia previa a las que irresponsablemente echó a rodar en su testimonio. De suyo aquella afirmación en cuanto a que “Brun y Sánchez Zinny estaban desde antes del operativo” es absolutamente falsa, y nunca observó o pudo observar por sus propios ojos semejante escena. Es más, también hay que recordar que él mismo reconoció estarapostado alejado de la imprenta y de no haber ingresado a la casa hasta las 9 o 10 de la mañana, lugar donde tampoco ubicó al Subteniente BRUN.
…Es absurdo suponer que, desde la posición en que se encontraba el soldado VILLALBA, haya podido saber no solamente que los Oficiales BRUN y SÁNCHEZ ZINNY realizaron tareas de inteligencia, sinotambién en qué consistieron las mismas. Amén de que, tanto en esa época como en los años sucesivos de su carrera militar, BRUN jamás recibió capacitación en la especialidad de inteligencia, ni siquiera integró ningún elemento de inteligencia del Regimiento, y de ello dan cuenta no solamente su Legajo Militar, sino el Libro Histórico de la unidad”.
A ello agregamos que áanchez Zinny estaba cumpliendo los primeros meses de su egreso del Colegio Militar, por lo que no sólo no había sido capacitado en Inteligencia, sino que no había realizado todavía curso alguno en su corta carrera.
Continúa la defensa de Brun: “De los propios dichos de Villalba surge su parcialidad: estaba sospechado de ser extremista y que por esa razón había sido trasladado del RI3 (La Tablada) al RI6 (Mercedes). En tal sentido VILLALBA había declarado: “Creían que yo era extremista porque tenía contacto con dirigentes de la zona” “Vivian con mucho miedo” refiriéndose a los militares”.
“Continuando con el análisis de sus dichos, apreciamos que la presunción de seguimiento que menciona VILLALBA, se refiere a personas fuera del RI6 y entonces, nos preguntamos:
¿Cómo supo VILLALBA de los movimientos afuera del Regimiento?
¿Les hizo un seguimiento a los Oficiales? ¿Con qué medios?
¿Cómo hacía VILLALBA para ausentarse del RI6 y cómo eludió la
lista de control al mediodía, a la tarde y a la noche antes de
acostarse?
¿“Andresito” le contó a VILLALBA que BRUN y SANCHEZ ZINNY lo estaban siguiendo?
Así pues, al ser preguntado MEDRANO para que diga “si durante el trayecto o antes le fue informado, que en el lugar había una persona detenida, en particular que estaba detenido Etchegoyen dijo que : no”. MEDRANO arribó a las siguientes afirmaciones:
1)”Nosotros nos enteramos después que se lo encontró”.
2)”Nunca se supo que había alguien en cautiverio, ni detenido, ni muerto ni nada”.
3)Nunca lo supimos los conscriptos
4)El soldado nunca va a saber eso
5)No sé si los oficiales y suboficiales lo sabían
Al ser preguntado el soldado MEDRANO para que diga “si luego del operativo o durante el mismo escuchó algún comentario” con respeto a ello que diera cuenta de la sorpresa o conocimiento previo de los militares de la presencia allí del militar detenido, dijo que : no…Si hay un rumor de eso, un grupo de soldados nunca lo va saber, por eso está el Casino de Oficiales donde se reúnen ellos.” Al ser preguntado para que diga si posee conocimiento sobre cómo se conoció la ubicación del domicilio en el cual se realizó el operativo, dijo que :
1)Estos son trabajos que se hacen previamente para los cuales no va a salir un soldado.
2)Eso está todo estudiado.
3)No se va a un lugar sin saber que realmente es ahí.”
Ambos, Travi y Villalba, también resultan ser testigos estrella de la imputación del homicidio de Arancibia. Sólo que se contradicen en quién fue el autor del disparo con que supuestamente se lo rematara: Travi está seguro que fue Sanchez Zinny, y Villalba seguro que fue Del Rio. Otra vez las flagrantes contradicciones, otra vez la mentira.
A las preguntas sin respuesta que hizo la defensa de Brun para demostrar la falsedad del testimonio de Villabla, le agregamos las siguientes: “Andresito” era un nombre de guerra del señor Pablo Pavich, un importante miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo a cargo de la propaganda de la organización; una persona cuya identidad y nombres de guerra sólo se conocen por las causas judiciales “Vesubio”; “ABO” (nro 1668); “La Perla” (TOF Córdoba) y las constancias de esta causa. Y que efectivamente, como señaló Villalba, continuó viviendo por lo menos hasta 1978 según testigos que compartieron con él cautiverio en los centros de detención “Olimpo” y “La Perla” conforme veremos más adelante.
¿Cómo es que un conscripto, convocado por primera vez a prestar declaración testimonial, conoce semejantes datos?. Cómo los obtuvo?, quién se los proporcionó?. ¿Leyó las causas radicadas en el TOF 2 y el TOF de Córdoba?; ¿tuvo acceso y leyó esta causa antes de declarar o alguien le proporcionó esos datos para que los repitiera como si fueran propios?.
Lo inexplicable es que el Juez y la Secretaria, interrogadores, no le hayan formulado al testigo la razón de tan peculiares y llamativos dichos, como corresponde en una declaración testimonial que va a ser luego considerada tan determinantemente. Las defensas pueden optar en ejercicio de su deber por no hacer preguntas, pero el Juez está obligado a buscar la verdad de lo ocurrido y verificar la razón de los dichos de los testigos.
Cierto es que podría conocer Villalba estos datos si fuera un investigador experto sobre lo ocurrido en la década del 70 y la lucha terrorista y antiterrorista. Pero no sólo no lo aclaró sino que además reveló su completa ignorancia al confundir al jefe de la imprenta del ERP, al tal “Andresito”, nada menos que con el jefe supremo y fundador del ERP Roberto Mario Santucho.
Adjudicarle a Sanchez Zinny y Brun tareas de inteligencia previa, decir que “estaban siguiendo a varias personas hasta dar con este tal “Andresito”, es una afirmación en un conscripto que obliga a pedirle la razón de sus dichos. El Juez no lo hace dando muestras nuevamente de su designio parcial. Máxime cuando a continuación el testigo va a expresar: “Sólo sé por comentarios que le hicieron un seguimiento durante varios días, después cayó y los guió hacia la imprenta”.
Ricardo Villalba, el segundo testigo estrella luego del mentiroso Travi, sabe lo que dice por“comentarios” y sin siquiera expresar de quién. Pero, no obstante, es citado una y otra vez como si fueran válidos sus dichos para corroborar algunas de las creaciones de Travi y, como vemos, la versión de la querella que intenta vanamente demostrar la existencia de tareas de inteligencia antisubversiva en la zona por parte del RI6.
Villalba, que confunde a Pavich con Santucho es, definitivamente, un testigo falso, armado y aleccionado para que diga determinadas cosas, que repite sin tener idea de lo que dice.
Lo cierto es que la Compañía “B” a cargo del Tte 1ero Cogorno, luego del desfile del 9 de Julio -de lo que existen registros fotográficos agregados a la causa- regresa al cuartel, y entrega el armamento. Todo el personal de oficiales, suboficiales y soldados que no estaban afectados a servicios tales como: cuarteleros, imaginarias, servicio de semana se retiraron franco hasta el Lunes 12 de julio 1976. Cogorno se hace cargo de la Jefatura desde la 1 am hasta las 7,30 am del 10 de julio y luego sigue de franco en su domicilio en el Bario Militar.
Brun también se retira de franco ese día 9 (ver Orden de Regimiento Nro 36/76 -08Jul76-Servicos en la Compañía “B” oficial de Semana:Sarg 1ero Cirio-Suobf Sem:Cbo 1ero Ramírez. Ver la OR 37 /76 del 16 Jul donde indica que Brun entraba de Oficial de semana hasta el 23 de Julio).
Presenciaron el desfile el hermano de Brun y su esposa Mirtha Serenelli. Viajó ese mismo día junto a conscriptos del Regimiento en el colectivo 57 de Mercedes a San Miguel y luego en el 365 hasta Béccar (Intendente Becco 2360 ) lugar de encuentro con su hermano y su novia Beatríz Demartino y otros familiares.
Ese sábado le presentó su novia a su hermano y son testigos de ello Roxana Cabrio, Oscar Cabrio y otras personas que menciona expresamente en su indagatoria. El domicilio Intendente Becco 2360 fue su residencia durante los 5 años en el Colegio Militar y figura como tal en su legajo personal.
El Jefe del Regimiento Schollaert ratifica en su declaración escrita lo señalado por Brun: dijo que no fue requerido por ningún medio la presencia del Subteniente Brun quien se encontraba al igual que el resto de los oficiales de franco ordinario hasta el Lunes 12 de julio.
Rafecas, escandalosamente, otra vez, en lugar de evacuar las citas de la indagatoria, tarea a la que está obligado por el art 304 del CPPN (“El juez deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputado”), prefiere soslayar toda prueba a favor con el obvio objetivo de proteger las versiones de los dos testigos mentirosos que caen en la figura agravada del art. 275 del Código Penal.
Cabe recordar que “en tanto prima facie resulten conducentes a la investigación, las citas referidas por el imputado en su indagatoria deben ser evacuadas por el órgano” (Cámara Nac. Casacion Penal Sala A 15-5-98 “Siciliano SP” (Nabvarro Guillermo Rarafel y Daray Roberto Raúl “Còdigo Procesal Penal de la Nación HAMMURABI BS AS 1999 tomo II pag 838
La Cámara Federal en la causa N° 43.537 “Luca, Salvador Carmelo s/ procesamiento” Reg. N° 167, el día 10-03-2010 falló de la siguiente manera: “…Refirió el acusado que los Sres. Salvador Luca, Gustavo Godoy, Haydeé Saran, Juan Luca, Adriana Geni, Vicente Pallola y Carlos González fueron testigos de esa operación y podrían corroborar las circunstancias apuntadas en su descargo. Se observa que no obstante la insistencia por parte de la defensa de contar con los mencionados testimonios, el magistrado de grado omitió pronunciarse al respecto y ni siquiera explicó en la resolución atacada por qué aquellas declaraciones no resultaban pertinentes o útiles para el esclarecimiento del hecho investigado. Tal omisión contraría la disposición contenida en el Código Procesal Penal de la Nación y desnaturaliza el derecho a la defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto torna ilusorio el acto de defensa que presupone la declaración indagatoria”.
Los mencionados testigos, sabe el Juez, que son determinantes por lo que, excluídos, se derrumba todo el razonamiento falso sobre el que estructuró la responsabilidad de oficiales del RI6 en los hechos ilegales que les reprocha, ya que el resto del material que cita resulta insuficiente para sostener un procesamiento.
LA EVIDENTE PARCIALIDAD DEL JUEZ Y LA SECRETARIA CARON EN EL ARMADO DE LA CAUSA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA QUE IMPIDIÓ EL DEBIDO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO:
La cita en el acto de la indagatoria de una cantidad exhorbitante e innecesaria de prueba que obliga a su lectura, estudio y análisis pero que por su volumen es imposible de abarcar para poder refutar eficazmente el auto de procesamiento que dictará próximamente. El ocultamiento de la prueba que sí hubiera resultado procedente:
La garantía establecida en el art. 8.2 de la CADH contiene el derecho del imputado a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. Esa garantía obliga al Estado a permitir el acceso de la persona inculpada al conocimiento del expediente llevado en su contra.
“Para alcanzar sus objetivos el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. …la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de comprensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación….dificilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (CORTE IDH “EL DERECHO A LA INFORMACION…Opinión consultivaOC 16/99 del 1-10-99 citado por Garavano y De Martini “El debido proceso penal” pág 467)
Los imputados fueron detenidos e indagados en esta causa por un hecho ocurrido el 10 de julio de 1976 (época en la cual nuestros dos defendidos ostentaban el grado más bajo de la oficialidad) ocurrido en una finca ubicada en Ecuador 170 de la localidad de San Andres, en el cual se produjo un enfrentamiento abierto con combatientes armados del ERP –que tuvo amplia e inmediata difusión en la prensa- los cuales custodiaban en esa vivienda al Vice Comodoro Etchegoyen, secuestrado por esa facción, a quien tenían encadenado a una cama y a quien ultiman antes de que pudieran entrar las fuerzas del orden a la vivienda en cuyos subsuelos, además, se imprimía una de las publicaciones de esa siniestra organización terrorista.
Por este único hecho, a los procesados se les hace saber en la indagatoria que obran en su contra más de mil informes, constancias, causas, legajos, organigramas y nómina de personal de distintas fuerzas y reparticiones, divididas de la siguiente manera:
Doscientas treinta y tres (233) declaraciones testimoniales prestadas en las más diversas causas tramitadas por ante los Juzgados 1 y 3 de La Plata, declaraciones prestadas por ante la Cámara Federal de esa ciudad; por ante el Juzgado de Paz Letrado del Partido de Chivilcoy; ante el Tribunal Oral Federal nro 4 en las causas “Vesubio I” y “Vesubio II”; declaraciones testimoniales prestadas en la causa 13/84 de la Cámara Federal de la Capital y otras.
Más de cuarenta (40) presentaciones solicitando ser parte querelleante. Uno se preguntaría si lo fueron en esta causa, pero no: son las realizadas repecto de otras víctimas en otras causas, como por ejemplo la de Embajada de la República Federal de Alemania en relación a los hechos por los cuales resultara damnificada Elisabeth Kasemann, así como de otras personas que no son víctimas en estas actuaciones.
Cien (100) “Legajos”, actuaciones y causas que servirían como prueba de la causa 14216/03, una biblioteca con algo más de 750 cuerpos. Los “Legajos” van desde actuaciones de una fiscalía del Departamento judicial de Morón hasta expedientes del Consejo Especial Estable nro. 1/1.
Ciento cuarenta y tres (143) informes y documentación producidos por el Juzgado Federal nro 1 de Capital, el Servicio Penitenciario en un hecho determinado, la Prefectura Naval en otro, testimonios de la causas 13445/99 “Videla Rafael s/privación ilegal de la libertad”; sumarios del Consejo de Guerra Especial; copias de diversas causas, declaracions recibidas en la sede de la Embajada Argentina en España , presentaciones de particulares, informs deel Registro de la Propiedad Inmueble sobre inmuebles que nada tienen que ver con esta causa; organigrama del Batallón 601 de los años 76 a 78, organigrama del Servicio Penitenciario Federal, informes de muy diversas dependencias sobre procedimientos y víctimas que nada tienen que ver con esta causa, ejemplares de diarios, planos del Batallón Logístico 10 y nómina de soldados conscriptos que revistaron en él en 1978, una declaración informativa del Gra. Juan Bautista Sasiaiñ, acta de inspección ocular del Garage Azopardo, tres planos del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada y toda otra serie de informes innecesarios y ridículos de ser citados a un imputado por el procedimiento por el cual se lo indagara en estas actuaciones.
Trescientos diecisiete (317) legajos de la CONADEP y la SDH y copias de fichas individuales con fotos del registro único de víctimas correspondientes a personas que nada tienen que ver con la pesquisa.
Más de sesenta (60) copias de legajos de identificación y restos reservados en Secretaría con actuaciones de diversas causas que tampoco gaurdan relación con los hechos investigados en la causa.
El álbum de víctimas y represores de la causa 14216, con datos de decenas de integrantes del Servicio Penitenciario y de la Policía Federal, así como los legajos de personal militar que no estuvo destinado en el Regimiento 6 de Infantería ni tenía relación con él al momento de los hechos.
Finalmente, algunas de las que sí resultarían procedentes para la presente causa, consistentes en treinta y siete declaraciones testimoniales, la ficha del cadáver de Jorge Emilio Arancibia y la nómina y legajos de los oficiales del Reg Inf 6 de Mercedes, que ocupan poco más de una carilla.
Claro que, como lo consignamos en el apartado III del presente, ocultó el Juzgado en las indagatorias consignar la existencia de las causas judiciales o militares abiertas como consecuencia de los hechos por los que luego procesará o citará como prueba indicaria de la ilegalidad del accionar de los imputados, así como si dictó o no resolución ordenando su obligada reapertura.
Resulta materialmente imposible hacer el obligado ejercicio de la lectura, estudio y análisis de toda esa documentación, necesario para el ejercicio de la correcta y debida defensa en juicio en el tiempo disponible para poder refutar el cargo imputado así como el posterior auto de procesamiento que dictará poco después. Y esto no se produce por el cúmulo de evidencias colectadas por el Juzgado necesarias para sostener la imputación, sino por la cita, como vemos, de prueba absolutamente innecesaria, en algunos casos redundante, en otros absolutamente inadecuada, superflua o inconducente y, en todos, improcedente y violatoria del debido proceso.
Esta ha sido una actividad realizada ex profeso por el Juez y su Secretaria procurando precisamente ese resultado pero, si Vs Excs entendieran que no se han reunido todavía las pruebas de ese dolo específico, coincidirán sin embargo con esta defensa en que, de todas formas, ha producido el efecto y generado la consecuencia nulificante del proceso que denunciamos, ya que ha impedido el debido ejercicio del derecho de defensa.
Recordar, investigar y lograr reunir pruebas de hechos ocurridos hace 42 años, con el objeto de refutar cargos formulados luego de semejante lapso, es una tarea compleja, ardua y altamente dificultosa. Hacerlo cuando a uno lo obligan además a leer y refutar concretamente miles de documentos que resultan inconducentes, mientras se le ocultan aquellos que sí serían trascendentres y que luego citaría el Juez en el auto de responsabilidad, transforma a esa tarea en algo impracticable.
Toda esta actividad irregular, aceptación de testigos cuya falsedad no pudo desconocer ni el magistrado ni la Actuaria, incumplimiento de evacuar citas en violación a lo ordenado por el art 304 del rito, la invocación de elementos de prueba inconducentes y por su extensión inabarcables, resulta demostrativa no sólo de la existencia de preconceptos en el magistrado que orientaron su accionar, sino también de la posición coadyudante asumida respecto de una parte del proceso, el acusador, con la consecuente pérdida de la imparcialidad del juzgador.
Esto que sostenemos por lo demás se ve corroborado y fortalecido por la profusa actividad extrajudicial que el magistrado y la Secretaria del Juzgado comparten con quienes se presentan como querellantes en estas causas, en particular el Dr. Llonto, en un clima incluso de trato amistoso en donde no faltaron los mails de solidaridad”.
En este sentido, debe reconocerse que su afinidad con los querellantes, ha sido manifestada reiteradamente.
La actividad desarrollada por el Dr. Rafecas, ha sido pública y basta simplemente recurrir a la profusa información referida en artículos periodísticos, entrevistas, coloquios y demás apariciones relacionadas con estos juicios.
En efecto, existen muchos elementos de juicio que ponen en evidencia su total acercamiento especialmente con las organizaciones no gubernamentales que vienen actuando en diversos procesos por presuntas violaciones a los DDHH durante el último gobierno militar, en los llamados juicios por delitos de “LESA HUMANIDAD“.
En este sentido resulta ilustrativa, entre mucha otra, la información que acompañamos.
Todo ello exhibe de modo manifiesto la predisposición del magistrado en favor de quienes se presentan como víctimas y querellantes.
La neutralidad del magistrado no es una concesión al litigante, es un derecho a la equidistancia de quien debe resolver con los intereses en juego en el proceso, pero además no sólo interesa al justiciable sino al prestigio de la administración de justicia.
Se trata de la imparcialidad frente al caso, la que semánticamente refiere a la ausencia de inclinacióna favor o en contra de las personas acerca de las cuales cabe decidir, y que intenta preservarse colocando en la función de juzgar a una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo.
En palabras de José I. Cafferata Nores “La imparcialidad es la condición de tercero desinteresado (independiente, neutral)…la de no ser parte ni tener prejuicios…ni estar involucrado con los intereses del acusador ni del acusado, ni comprometido con sus posiciones….” (Garantía y Sistema Constitucional. Revista de Derecho Penal” 2001-1- Garantías constitucionales y nulidades procesales- I-, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 141).
La imparcialidad del juzgador, que exige que el magistrado se encuentre alejado de los intereses de las partes del proceso, constituye una garantía constitucional, básica y primaria de la función jurisdiccional .
No desconocemos que es inaudito que un magistrado no pueda poseer una idelología. Ello llevaría a sostener que contrariamente a la naturaleza humana, no pudiera pensar libremente sobre los diversos aspectos de la vida y la vida en sociedad.
Sin embargo, su ideología no debe arrastrar sus juicios jurisdiccionales a punto de resolver conforme a sus ataduras políticas por sobre los mandatos fundamentales legales o principios generales del derecho cuya obligación es acatarlos y hacerlos acatar. Al punto de encarcerlar a personas inocentes como ocurre en este caso.
No cabe duda que el magistrado posee o quiere mostrar que posee una orientación político ildeológica capaz de influir en sus juicios.
La imparcialidad exige independencia, no sólo del poder político gobernante sino de cualquier factor de poder así como de las agrupaciones que guardan interés en los resultados de estos juicios denominados de lesa humanidad.
Los hechos relatados ponen en evidencia la decisión del magistrado de hacer uso abusivo de la función jurisdiccional que les fuera confiada, en detrimento de los imputados en las causas de referencia.
Ello configura un supuesto de mal desempeño en los términos de los arts. 53 y 115 de la CN que en consonancia con las previsiones del art 110 exige para la conservación de sus empleos el mantenimiento de su buena conducta, lo que habilita la remoción de los denunciados pues la inamovilidad de los jueces, no constituye un privilegio sino una garantía para los justiciables.
Sabido es que “la expresión mal desempeño tiene una latitud considerable y permite un juicio discrecional amplio pues se trata de una falta de idoneidad no sólo profesional o técnica, sino también moral, que ocasiona un daño a la función pública, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación” (BIELSA, Rafael; “Derecho Constitucional”, Ed Depalma, 1954, p. 483).
Si bien la CN defiende la independencia decisional de los magistrados judiciales, no tolera el abuso de autoridad ni la comisión de delitos por parte de quienes tienen el sagrado deber de juzgar, ni la inamovilidad permite la negligencia, ni el abuso en la tramitación y decisiones en los procesos.
No pretendemos convertir al Consejo en una instancia revisora de decisiones jurisdiccionales, de interferir en la independencia de los magistrados, ni solicitar su remoción exclusivamente en base a “erróneas” interpretaciones de la ley que han hecho en casos aislados.
Se trata de actos irregulares reiterados y habituales que han causado gravísimos perjuicios, que violan la Constitución Nacional y las leyes, y que configuran un abuso de las atribuciones.
Que el desempeño de un magistrado no pueda ser objeto de juzgamiento tomando como base el contenido de sus sentencias, tiene límites. Este límite aparece cuando las decisiones judiciales se apartan de modo manifiesto del marco constitucional y legal, o se contrapone a precedentes jurisprudenciales sobre las mismas materias de un modo discriminatorio.
Como fácil es de advertir, esta denuncia no se desprende de un solo hecho, sino que deriva de un conjunto de antecedentes que demuestran la implementación de un modus operandi destinado a denegar los derechos de los justiciables en esta clase de causas.
Este modo de proceder utiliza el proceso judicial como instrumento para vulnerar los más elementales derechos humanos de numerosas personas y por tanto escapa al marco de discrecionalidad de los jueces. Revela un intolerable apartamiento de la elevada misión que a ellos se les confía con daño evidente al servicio de justicia y menoscabo de la investidura
Como es sabido, la imparcialidad que es esencia de la función jurisdiccional, se traduce en una ausencia de prejuicios o intereses frente al caso que debe decidir, tanto con relación a las partes como a la materia, en una ausencia de propósito anticipado en favor o en contra de personas, y exige el juzgamiento con honestidad y neutralidad sobre la base del irrestricto resguardo del principio de igualdad.
La pérdida de esa imparcialidad por desvío de poder cuando el comportamiento del magistrado se ve saturado por la animosidad en la apreciación de los hechos y en la interpretación torcida de las normas importa una conducta intolerable en un Magistrado.
Ese accionar incompatible con la imparcialidad e independencia que deben caracterizar la actuación de quienes tienen la alta misión de administrar justicia, constituye causal suficiente para la suspensión y destitución de los magistrados en tanto la inamovilidad de los jueces debe ceder a fin de evitar el menoscabo del interés público y privado que a los magistrados se les confía.
Se ha sostenido que el mal desempeño por desvío de poder reflejado en la interpretación torcida de las normas o su apartamiento impregnado de animosidad “….será el caso más grave porque importará la pérdida del deber más importante al ejercer la función judicial para cuya preservación la independencia no es más que una garantía, la imparcialidad. Ejemplo de pérdida de imparcialidad por desvío de poder los encontramos en los hechos por los que fueron juzgados Bustos Fierro, Leiva, Murature y Marquevich. El mal desempeño es la consecuencia natural de la pérdida de imparcialidad”. (Cf. Alfonso Santiago, obra citada p. 414/415).
De tal modo, el desarrollo experimentado en esta causa acredita el trato discriminatorio recibido por parte del Estado a través de sus jueces.
En términos de la CSJN se trata de “hechos graves e inequívocos o presunciones serias que autorizan a poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función” (F 266:315).
Por todo lo expuesto, solicitamos:
PETITORIO:
Se tenga por presentado formal pedido de juicio político al Dr. Daniel Rafecas por mal desempeño en sus funciones, discriminación, actuación parcial y privación ilegal de la libertad.
Se los someta a juicio y se disponga su destitución.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA
[1] “Alquimia setentista” José DAngelo; “Infobae” 31-07-2018.
[2] Daniel Rafecas: “Buscamos hacer justicia en donde había … – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=obGo3sb-FFo
Envío: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 10, 2019
230 – 252 – 236 – LAS CIFRAS DEL DOLOR Y LA INDIFERENCIA
Por CLAUDIO KUSSMAN
LA DIFICIL MISIÓN DE SER POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Cada fuerza de uniformados en Argentina habla del sacrificio de sus miembros y está bien que así sea, pero con toda seguridad ni por asomo, ninguna ha dado y da tanto como la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es la fuerza menos reconocida y la más utilizada y estigmatizada, por cuanto gobierno de turno alcanzó el poder. Destaquemos que un policía, a diferencia de cualquier fuerza armada, debe rendir examen todos los días. Se puede ser un exitoso y condecorado funcionario, pero las medallas duran… hasta la comisión del próximo delito calamitoso, en tal o cual jurisdicción. En ese momento no se puede mostrar los premios anteriores a los denunciantes, por el contrario, se vuelve a comenzar y si como seres humanos que somos, se comenten errores estos se pagan. Las condecoraciones conceden solo 15 minutos de fama, generalmente robada en los medios por la verborrea de los políticos de turno, que parecieran ser esforzados y sagaces investigadores policiales y luego la nada.
DOSCIENTOS TREINTA
Así esta Institución teniendo por jurisdicción el territorio más difícil del país, en los años en que las calles eran dominadas por el terrorismo cuyos miembros hipócritamente hoy pasaron a ser “jóvenes idealistas”, más allá de sus numerosos lisiados, sufrió el asesinato de DOSCIENTOS TREINTA de sus efectivos. Dio sangre de sus miembros como ninguna otra fuerza, lo cual hoy es ignorado y hasta despreciado por las autoridades empeñadas en mentir por ley, afirmando que en el país hubo 30.000 “desaparecidos”. Al tiempo que regala dependencias policiales para ser transformadas en “Museos de la Memoria”, la actual gobernadora MARIA EUGENIA VIDAL se vanagloria ante los medios de difusión, de la cantidad de efectivos “apartados y procesados” al extremo de saber hasta el promedio diario, desde el comienzo de su “maravillosa” administración. Esto no es nada nuevo, lo mismo hicieron todos sus antecesores, quienes como ella misma ayudaron al empobrecimiento del país a través de la mala gestión, tema que evitan con muletillas como: “la culpa es de los otros”. Mientras, su “Ministro de Seguridad” CRISTIAN RITONDO se entera por los medios de difusión, que una fuerza de seguridad ajena, en SU jurisdicción realiza un dudoso o si se quiere chapucero procedimiento, a pesar de ser PROGRAMADO y le mata un Jefe con jerarquía de Comisario que cobraba una dádiva. Ante semejante e inédito desaguisado en la historia policial argentina…todo bien, gracias.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
Cuando la guerra fratricida de los años 70 finalizó y las Fuerzas Armadas se retiraron a sus cuarteles en el año 1989, la Policía de la Provincia de Buenos Aires siguió estando en las mismas calles, donde siempre había estado y nuevamente siguió sin estridencia alguna confrontando y entregando la sangre de su gente. Esta vez a manos de la llamada delincuencia común, hasta el año 2.000 otros DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS de sus efectivos fueron asesinados, al tiempo que quienes nunca hicieron nada por nadie y a la noche dormían en sus cómodos hogares, la consideraban “La Maldita Policía” o la de “Gatillo Fácil”.
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
Con el nuevo siglo, nada cambió, llegaron los que “vinieron por todo” y debilitaron como nunca a la institución policial y a todas las fuerzas de uniformados, ante la mirada indiferente de todos y todas. Mientras la Policía Bonaerense siguió entregando su gente, que también son seres humanos y en este caso las víctimas hombres y mujeres, fueron más de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS desde el año dos mil a hoy. Esta impiadosa suma seguirá creciendo ante la indiferencia de unos y otros. Unos porque como políticos no trepidan en sacrificar a quien sea en aras del poder y el beneficio propio. Los otros, los mismos policías, porque de siempre nos acostumbramos que nuestra realidad fuera así, casi sin reconocimiento ni grandes monumentos a nuestra gente. Porque casi insensibles al dolor, había que seguir trabajando las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año, con los medios que se dispusieran, para servir y proteger a una sociedad indiferente.
Claudio Kussman
Comisario Mayor (R)
Policía Pcia. Buenos Aires
Abril 10, 2019
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PrisioneroEnArgentina.com
Abril 10, 2019
Genios que se esfumaron del ojo público
Muchas veces tenemos la costumbre de adjudicar el mote de “loco” a una persona que en realidad hace su trabajo con extrema dedicación y responsabilidad en vez de categorizarlos como genios. Algunos genios se escondieron por razones perfectamente sensatas, como huir de gobiernos opresores o evitar una prensa agresiva e invasora. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás un misterio tan amenazante como el brillante trabajo que dejaron atrás.
El dios de las matemáticas rusas, el Dr. Grigori Perelman, se hizo acreedor del prestigioso Premio Millennium del Instituto de Matemáticas Clay de $ 1,000,000 en 2010 por demostrar la conjetura de Poincaré, y ganó el sobrenombre de “Mathsputin” por rechazar el premio para continuar viviendo en la miseria con su madre y hermana en San Petersburgo. La conjetura de Poincaré dice: “Cada conexión simple, cerrada, 3-múltiple es homeomórfica a la 3-esfera”, que se debe admitir que suena un poco como un diálogo de peluquería a menos que seas un asistente de matemáticas de la Universidad de Buena Voluntad.
Perelman, de barba salvaje, que rechazó las ofertas de enseñanza de Princeton y Berkeley, según se informa, tiene una “extremadamente humilde” vida, lo cual es un poco insuficiente: un vecino “asombrado” dijo en 2010 que Perelman “solo tiene una mesa, un taburete y una cama con un colchón sucio ”. Informes ligeramente más recientes indican que Perelman tiene“ todo lo que él necesita ”, y simplemente no quiere la atención, comparándolo con estar“ en exhibición como un animal en un zoológico ”.
Después de la repentina huida de Perelman de la oscuridad a la fama, desapareció más o menos de la vista del público, tanto que los periodistas lo buscaron han tenido una dura tarea. Brett Forrest, del periódico británico The Telegraph, realizó un seguimiento para encontrar al genio solitario en 2012, y aparentemente hizo un breve contacto con él. Mientras tanto, la página de Wikipedia de Perelman está llena de conjeturas extrañas como “Algunos medios de noticias rusos han indicado que Perelman ha tenido un trabajo en Suecia desde 2014” y “En abril de 2011, Aleksandr Zabrovsky, productor del estudio President-Film, afirmó haber tenido un entrevista con Perelman … Varios periodistas creen que la entrevista de Zabrovky es probablemente una falsificación …
El autor de Catcher in the Rye, JD Salinger, abandonó Manhattan en 1953 para vivir en un “complejo de 90 acres” en Cornish, NH. Permaneció allí hasta su muerte en 2010, a los 91 años.
El personaje más famoso de Salinger, el protagonista de Catcher in the Rye Holden Caulfield, quería vivir en “una pequeña cabaña en algún lugar perdido y vivir allí por el resto de su vida”, lejos de “cualquier maldita conversación estúpida con nadie”. Si Caulfield hablaba por Salinger, el autor obtuvo su deseo, en su mayor parte. En su primer año en Cornish, permitió que los niños locales lo entrevistaran para la sección “High School” del periódico local, pero los editores en cambio dieron a concer el lugar de la entrevista. Sintiéndose traicionado, Salinger construyó una cerca de seis pies y medio alrededor de su propiedad, obstruyendo la horda de curiosos tratando de ver su silueta en alguna ventana de la casa.
Salinger rompió su legendario silencio en 1973, hablando con el New York Times sobre sus intentos de evitar que sus historias no recopiladas se publicaran sin su consentimiento: “La publicación es una terrible invasión de mi privacidad. Me gusta escribir. Me encanta escribir. Pero escribo solo para mí y para mi propio placer “
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]William James Sidis (1898-1944) era un muchacho increíblemente dotado: supuestamente podía leer el New York Times antes de que tuviera dos años, sabía varios idiomas a los seis años e incluso inventó su propio idioma antes de ser aceptado en Harvard a la edad 11. Este caracter que pareciera haber salido de una historia de ciencia ficción, también tenía otros intereses, como escribir poesía francesa, novelas y redactar “una constitución para una utopía”.
Pero fueron sus asombrosas habilidades matemáticas las que realmente cautivaron a los adultos en Harvard, donde dio clases, a los 11 años, sobre cuerpos de cuatro dimensiones. Se graduó cum laude a los 16 años, pero en realidad nunca usó su título. Después de trabajar en la escuela de posgrado, en la escuela de leyes y en una cátedra, Sidis se escondió, saltando de un trabajo a otro y de ciudad en ciudad, buscando convertirse en un “hombre trabajador regular”.
Escribió artículos ocasionalmente, a menudo usando seudónimos, incluido un libro sobre boletos de tranvía con el nombre de Frank Folupa, que su biógrafo llama “posiblemente el libro más aburrido jamás escrito”. En 1937, demandó con éxito a un periódico neoyorquino por escribir un artículo sobre él que pensó que “lo hizo sonar como un loco”. Murió en 1944 por una hemorragia cerebral, lo mismo que mató a su padre.
La bióloga evolutiva Margie Profet pasó los años 80 y principios de los 90 publicando trabajos controvertidos, pero influyentes, sobre menstruación, náuseas matutinas y alergias, incluida la idea pionera de que la menstruación tiene una función y no es solo un producto secundario. Ganó el premio “genius grant” de la Fundación MacArthur de seis cifras en 1993. En 2005, aún viviendo del premio, cortó los lazos con sus amigos y familiares, y fue considerada una persona desaparecida.
Increíblemente, Profet resurgió y se reunió con su familia en 2012, gracias en gran parte a una característica de Psychology Today. Ella dijo que no sabía que nadie la estaba buscando y que había estado sufriendo “dolor físico severo” durante años debido a una enfermedad no revelada. Ella dijo que no reveló su paradero o condición, porque no quería molestar a nadie. Incapaz de trabajar debido al dolor, pasó varios años en la pobreza, “sostenida en gran parte por la religión a la que había llegado a principios de la década”. No está claro qué es esa religión.
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Abril 10, 2019