Las personas desplomadas en las calles o que caminan encorvadas como zombies, a punto de caer son un escenario ya normal en varias ciudades.  Son las víctimas de la epidemia de opioides que hoy padece ese país, que se gestó en los años 90 a través de la venta legal de medicamentos para tratar el dolor, que produjo a una generación de adictos y que luego mutó al lucrativo mercado ilegal de fentanilo en el que colaboran conocidos cárteles mexicanos y narcotraficantes estadounidenses que nunca son mencionados en ese país. Con un promedio de 80.000 muertes al año, según datos oficiales, los opioides, en particular el fentanilo, se han convertido en la droga más letal. Nunca antes habían fallecido tantas personas en tan poco tiempo por el consumo de una sustancia en EE.UU., el país que, como confirman cada año los informes de Naciones Unidas, es el mayor consumidor de drogas legales e ilegales a nivel mundial y que, a lo largo de su historia, ya padeció otras epidemias de heroína y cocaína.

El fentanilo es, también, un factor de conflicto diplomático. Ningún Gobierno de EE.UU. ha asumido jamás su responsabilidad en el consumo de drogas ilegales, ni su falta de políticas de prevención y de salud. Suele limitarse a culpar a los cárteles latinoamericanos. Al igual que sus antecesores, ese es el eje del discurso de Donald Trump, quien desde que ganó por segunda vez la presidencia de EE.UU. ha reforzado sus ataques a México al culparlo por el tráfico de drogas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda cada tanto que es ese país, y no México, el que padece y debe atender la epidemia de fentanilo. También se ha preguntado en dónde están los laboratorios y los cárteles de EE.UU. porque, sin socios locales, los narcotraficantes mexicanos no tendrían tanto éxito. Y ha reclamado que EE.UU. frene el tráfico de armas que terminan en manos de los criminales. De acuerdo con un análisis histórico de la epidemia de opioides en EE.UU. realizado por Esperanza Regueras Escudero y José López Guzmán, investigadores de la Universidad de Navarra (España), la preocupación por el uso de la morfina (uno de los principales derivados del opio) data desde 1870, pero recién en 1914, en los albores de la época prohibicionista, los opioides comenzaron a restringirse de manera tajante.

A partir de entonces surgió un debate científico sobre el tratamiento del dolor, que persiste hasta ahora, y que enfrenta a los médicos que temen que los opioides generen adicciones y a quienes consideran que lo prioritario es evitar el sufrimiento de las personas. La “opiofobia”, como la denominan los investigadores, se resquebrajó hasta 1986, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el tratamiento del dolor como un derecho universal y avaló a los opioides al considerar que, usados de manera correcta, podrían controlar el dolor en el 90 % de los pacientes sin provocar adicciones. Una década después, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. aprobó el uso controlado de oxicodona, un opioide con el que la poderosa y multimillonaria familia Sackler, propietaria del laboratorio Purdue Pharma, comenzó a fabricar la marca OxyContin. Ese fue el punto de inflexión, ya que los Sackler realizaron intensas campañas de comercialización y publicidad desconocidas hasta entonces para un opioide. Así, minimizaron los riesgos y lograron que miles de médicos emitieran recetas incluso para tratamientos que no lo ameritaban, como un dolor de muelas. La fortuna de los Sakler se multiplicó en pocos años.

Y no fueron los únicos. De a poco, otras empresas farmacéuticas se sumaron a la prescripción masiva de opiodes sin importarles el destino de los pacientes y sin que el Gobierno regulara eficazmente la producción, la publicidad, la prescripción ni la venta. Por eso, en la miniserie ‘Dopesick’, basada en el libro del mismo nombre escrito por la periodista Beth Macy, quien investigó a la familia Sackler, uno de los protagonistas denuncia que los verdaderos cárteles que operan en EE.UU. son los laboratorios, no los narcos latinoamericanos. Para fines de los años 90, las recetas de opioides sumaban decenas de millones anuales. Al mismo tiempo, empezaron a encenderse las alarmas por el abrupto aumento de adicciones, sobredosis y muertes relacionadas con estos fármacos legales. Cada vez más, millones de personas reconocieron que usaban OxyContin con fines no médicos y que ya también lo conseguían en el mercado ilegal. La epidemia ya estaba en curso, y los controles fracasaron desde el principio. Gracias a las denuncias de miles de víctimas, en 2007 la justicia concluyó que Purdue Pharma (es decir, los Sackler) usó “publicidad engañosa” con OxyContin y mintió sobre los verdaderos riesgos de adicción.

El laboratorio tuvo que pagar multas récord y la familia, que hasta entonces pertenecía al selecto y respetado grupo de multimillonarios estadounidenses, quedó marginada de sus círculos sociales. Años más tarde, la farmacéutica se declaró en quiebra. Todavía hoy, al igual que otros laboratorios, enfrenta miles de demandas de los sobrevivientes o de las personas que perdieron a sus seres queridos debido a la codicia empresarial. En la década que pasó a partir de la distribución masiva y legal de los opioides, las internaciones urgentes por mal uso o abuso de oxicodona aumentaron un 255 %, pero las autoridades de EE.UU. siguieron sin responder con firmeza a las pruebas de que estaban enfrentando una grave crisis de salud.

“Sorprende enormemente que las primeras señales de alarma del problema con los opioides se fechan en 2002-2003 (con el aumento de mortalidad y desviación de uso de OxyContin al canal ilegal) y se tardara más de siete años en implementar un sistema de control de la prescripción y dispensación. La implementación de este sistema fue, además, parcial y descoordinada”, afirman en su trabajo los científicos españoles que investigaron la crisis de opioides.

Recién en 2014, la FDA aprobó el uso de la naloxona, un medicamente inyectable que revierte de manera rápida las sobredosis de opioides. “Esta medida, sin entrar en detalles, buscaba la reducción de la mortalidad, pero no atajó la raíz del problema del mal uso o abuso de opioides legales o ilegales”, agregan los especialistas al considerar que el abordaje de las autoridades de EE.UU. fue erróneo porque se atendieron las consecuencias, no las causas. En 2017, dos décadas después del inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno de EE.UU. declaró oficialmente la epidemia de opioides como una emergencia de salud pública, pero el número de muertes siguió en aumento, ya que las personas que fueron llevadas a la adicción (a partir de que se les recetaron medicamentos) se volcaron primero a la heroína. Y luego, al fentanilo. En 1959, el químico belga Paul Janssen sintetizó el fentanilo, un potente opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Una dosis de apenas dos miligramos puede ser letal. Al principio, el fentanilo, que se producía con precursores de China, se usaba solo con fines médicos, pero en la década del 2000 los narcotraficantes comenzaron a elaborarlo y a mezclarlo con otras drogas como la cocaína o las metanfetaminas, con el objetivo de “enganchar” más a los usuarios, de hacerlos dependientes. Fue su nueva “mina de oro”, ya que, al igual que el resto de las drogas sintéticas, y a diferencia de la marihuana, la cocaína o la amapola (con la que se produce el opio y la heroína), no hacen falta extensos campos para su cultivo ni camiones, aviones o submarinos para su transportación. Bastan laboratorios clandestinos y precursores químicos para elaborar una sustancia que se puede llevar en pequeños paquetes, ya sea en polvo o en pastillas. Hasta entonces, la crisis de opioides había afectado principalmente a la población blanca de EE.UU., a través de la prescripción de medicamentos legales. Pero con la llegada del fentanilo, el problema llegó a los hispanos, afroamericanos, los indios estadounidenses, los nativos de Alaska. La epidemia se expandió por completo durante la primera presidencia de Trump.

Años más tarde, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, denunció que el fentanilo había matado a más estadounidenses que las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán juntas. Tenía razón. Un estudio del Consejo de Relaciones Exteriores (una institución educativa de EE.UU.) confirmó que las sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, son la principal causa de muerte en EE.UU. en personas de 18 a 45 años. En 2021, el número total de muertes aumentó a 80.411, lo que representa más de diez veces el número de miembros del servicio militar estadounidense muertos en las guerras posteriores al 11 de septiembre en Irak y Afganistán. En conjunto, las muertes por consumo de fentanilo casi se triplicaron de 2016 a 2021. La crisis, según la misma investigación, también tiene un alto impacto económico, ya que en 2020 le costó a EE.UU el 7,0 % de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha ido en aumento debido a los recursos que se necesitan para tratar las sobredosis, combatir el tráfico de fentanilo, promover las causas penales, además de la pérdida de productividad en la fuerza laboral y el impacto de las vidas que se perdieron y las de los sobrevivientes. En vísperas de la segunda asunción presidencial de Trump, un dato más llama la atención: entre 2017 y 2021, el 86 % de los traficantes de fentanilo detenidos fueron ciudadanos estadounidenses, lo que contradice a un político que sólo responsabiliza a México y a China de una epidemia que no tiene fin.