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La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el domingo estar harta de las órdenes de Washington, mientras trabaja para unir al país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez ha estado en una situación de equilibrio desde que recibió el respaldo de EE. UU. para liderar el país interinamente, buscando un equilibrio entre mantener a los leales a Maduro en el poder y asegurar la satisfacción de la Casa Blanca.

Ahora, casi un mes después de asumir su nuevo cargo, Rodríguez ha contraatacado a EE. UU., en medio de la presión constante, que incluye una serie de demandas para que Venezuela reanude la producción petrolera.

“¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela!”, dijo a un grupo de trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, en un evento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”.

La Casa Blanca ha mantenido una presión constante sobre Venezuela desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una redada a principios de enero y llevados a Estados Unidos, donde el exlíder enfrenta cargos.

Rodríguez, exvicepresidente de Maduro, ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos no gobierna Venezuela, pero tampoco ha buscado la confrontación con Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos “iba a gobernar” Venezuela inmediatamente después de la captura de Maduro, pero posteriormente respaldó a Rodríguez como líder interino del país. A principios de este mes, Trump afirmó haber hablado por teléfono con la líder venezolana interina y la elogió como una “persona estupenda”. “Creo que nos llevamos muy bien con Venezuela”, añadió.

Durante los últimos 25 años, la Venezuela socialista, rica en petróleo, ha estado en constante confrontación con Estados Unidos. Pero tras el derrocamiento de Maduro, Washington ahora busca asegurar una fuente estable de autoridad en Caracas.

El país sigue dividido entre los leales a Maduro, las fracturas de izquierda que se han opuesto a la dirección del gobierno y los “chavistas no maduristas”, partidarios del fallecido Hugo Chávez que rechazan a Maduro, acusándolo de traicionar los ideales socialistas del siglo XXI.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 27, 2026

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Argentina sí tiene un boxeador destacado en 2025, y el consenso entre medios y especialistas lo señala claramente:

Fernando “Pumita” Martínez

Fernando Martínez es considerado el mejor boxeador argentino de 2025. Fue el único campeón mundial argentino en el año, defendiendo y consolidando su título supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y logrando victorias importantes, como la defensa ante Kazuto Ioka en Japón. Su rendimiento le valió ser elegido como el mejor boxeador masculino argentino de la temporada en los premios anuales de la prensa especializada.

A pesar de una derrota posterior ante un rival de élite como Jesse “Bam” Rodríguez, Martínez sigue figurando como la figura más relevante del boxeo argentino masculino en 2025, impulsando la presencia del país en el escenario mundial.

También destacadas:

• Sol Cudos – Fue campeona mundial mínima femenina (IBF) durante parte del año, consolidándose como una de las mejores boxeadoras de Argentina en 2025 en categorías chicas.

• Kevin Cristopher Ramírez – Se destacó al ganar el Grand Prix de pesos pesados del CMB, un logro importante que lo coloca como uno de los prospectos argentinos más interesantes en divisiones pesadas.

• Braian Suárez y otros campeones nacionales también hicieron ruido a nivel local, mostrando profundidad en el boxeo argentino.

Resumen

En 2025, el reconocimiento principal dentro del boxeo profesional argentino recae en Fernando “Pumita” Martínez como el más destacado del año para la mayoría de analistas y medios deportivos.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 288, 2026

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  Por Mick Olsen.

Ha transcurrido exactamente un año desde la reelección de Donald Trump como presidente, convirtiéndose en el segundo comandante en jefe de Estados Unidos en regresar a la Casa Blanca tras perder la reelección cuatro años antes.

Ahora, al final del primer año de Trump en el cargo, una nueva encuesta revela que más estadounidenses que nunca piensan que ha sido “peor presidente de lo que esperaban” y que, además, está “cambiando a Estados Unidos para peor”.

La encuesta, realizada a 1709 adultos estadounidenses, se realizó del 8 al 12 de enero, justo después de que Trump derrocara al líder venezolano Nicolás Maduro, amenazara con arrebatarle Groenlandia a Dinamarca por la fuerza y ​​considerara usar la Ley de Insurrección contra los manifestantes anti-ICE en Minneapolis, y justo antes de que él y su equipo celebraran “Un año de MAGA” con una serie de publicaciones en redes sociales.

“Hace un año, todo cambió”, escribió la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. “El regreso de la fuerza. El regreso de Estados Unidos Primero. La era del triunfo ha llegado, y apenas comienza”.

Pero un número creciente de estadounidenses parece discrepar. Por ejemplo, el 49% ahora dice que Trump está cambiando a Estados Unidos para peor, en comparación con solo el 34% que dice que lo está haciendo para mejor. (Solo el 7% dice que “realmente no está cambiando nada”).

En marzo pasado, la cifra de Trump “para peor” fue 6 puntos porcentuales menor (43%) y la de “para mejor” fue 6 puntos mayor (40%). La diferencia entre ambas cifras era de 3 puntos; ahora es de 15.

¿Por qué? Porque entre los independientes, ha habido un cambio significativo en su postura respecto a Trump.

Antes de que Trump asumiera el cargo, más independientes dijeron que esperaban que Trump cambiara a Estados Unidos para mejor (41%) que los que dijeron que esperaban que lo cambiara para peor (34%).

En marzo, dos meses después del segundo mandato de Trump, el 46% de los independientes afirmó que el presidente estaba empeorando el panorama de Estados Unidos; el 36% afirmó que lo estaba mejorando.

Hoy, esas cifras son del 57% (peor) y del 22% (mejor). En otras palabras, la calificación de Trump de “empeorar el panorama de Estados Unidos” entre los independientes ha aumentado 23 puntos a lo largo de su segundo mandato, mientras que su calificación de “mejorar el panorama de Estados Unidos” ha disminuido 19 puntos.

Para muchos estadounidenses, el desempeño de Trump está cada vez más por debajo de las expectativas. Tras su primer año de regreso al cargo, solo el 28% afirma haber sido un mejor presidente de lo esperado. Casi el doble (49%) afirma haber sido peor. (Otro 20% afirma haber sido “prácticamente igual” de lo esperado).

Esa brecha entre peor y mejor —ahora de 21 puntos porcentuales— se ha duplicado desde marzo pasado. En aquel entonces, el 41% de los estadounidenses afirmó que Trump había tenido un desempeño peor de lo esperado; El 30% dijo que mejoró.

Entre los republicanos, las cifras de Trump no han cambiado en absoluto: en marzo, fueron del 63% “mejor de lo esperado” al 9% “peor de lo esperado”, y se mantienen exactamente iguales hoy. Sin embargo, entre los demócratas, la cifra de “peor de lo esperado” de Trump ha subido 10 puntos (hasta el 86%), mientras que la de “prácticamente igual” ha bajado 8 puntos (hasta el 10%).

Mientras tanto, una clara mayoría de independientes (57%) afirma ahora que Trump ha sido peor de lo esperado; solo el 16% dice que ha sido mejor. En marzo, esas cifras eran mucho más ajustadas (44% frente a 26%), respectivamente.

El índice general de aprobación de la gestión de Trump (40% a favor y 56% en contra) no se ha movido en los últimos meses; sus índices en temas individuales también se han mantenido estables. Pero al analizar un período más largo (el primer año del segundo mandato de Trump), surge un patrón claro.

Cada vez más estadounidenses creen que el presidente tiene las prioridades equivocadas.

En marzo, Yahoo y YouGov preguntaron a los encuestados si Trump había pasado los últimos dos meses centrado en “los asuntos más importantes de Estados Unidos” o en “asuntos sin mucha importancia”. En aquel momento, la opinión estaba dividida: el 43 % respondió a los primeros y el 45 % a los segundos.

Pero ya no es así. Hoy, la mayoría de los estadounidenses (51 %) afirma que Trump ha pasado su segundo mandato centrado en asuntos relativamente poco importantes.

PrisioberoEnArgentina.com

Enero 27, 2026

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          Como lo hemos expresado en anteriores publicaciones, la Resolución 85/13, del Ministerio de Defensa podría configurar la promoción de tratos crueles, inhumanos y degradantes (tortura) respecto del personal de las Fuerzas Armadas, ya que obligo a los jefes de cada fuerza a impedir el acceso a la atención médica en sus hospitales a condenados y procesados en los denominados juicios por lesa humanidad.

          El Estado sancionó y promulgo la Ley Nº 26.827 (B.O. 11/ene/2013) que estableció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

          En un acto de incoherencia normativa, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución Nº 85/13 del 26/jul/2013 (B.O. 20/jul/2013).

En diciembre de 2017 comenzó a funcionar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) quien asumió el rol institucional asignado en el ámbito de los derechos humanos en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad desde una tarea preventiva; y para promover la articulación entre los diversos organismos públicos de derechos humanos nacionales y provinciales que integran el sistema protectorio, para lograr intervenciones eficaces y complementarias.

          Por tratarse, la tortura perpetrada desde el Estado (¿terrorismo de Estado?) de un delito de lesa humanidad, y por consiguiente de orden público, es decir que obliga a los funcionarios del Estado a iniciar las acciones pertinentes a fin de determinar a los culpables y a las víctimas directas e indirectas de dicho accionar. Esto es reafirmado por el artículo 2 de la ley que establece: Del ámbito de aplicación. Orden público. De conformidad a lo establecido con los artículos 29 y 30 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

          Hasta la fecha, habiendo transcurrido casi 13 años de la existencia de la Resolución 85/13, no existe información respecto de la iniciación de las acciones legales pertinentes, ni tampoco de actuaciones administrativas para establecer quienes han sido la totalidad de los responsables de la sanción y aplicación de dicha norma, y tampoco cuantos fueron los afectados directos e indirectos de la misma, ni de los que sufrieron la denegación de atención medica oportuna y eficiente, cuantos fallecieron, cuantos sufrieron lesiones o daños y cuáles fueron los mismo; tampoco el estado procesal de las víctimas, ya sean procesados (inocentes) o condenados con sentencia firme; y cuantos fueron los familiares afectados en forma indirecta por tener que soportar los sufrimientos ocasionados a las víctimas directas.

          Tratándose de un delito de orden público, los funcionarios que tengan conocimiento de la existencia del mismo tienen obligación de actuar, de lo contrario incumplen, por omisión, sus deberes de funcionario público.

          Por lo expuesto, y a efectos de obtener información necesaria y permanente para iniciar o solicitar una acción penal por la posible comisión del delito de lesa humanidad de tortura, iniciamos ante el Comité Nacional para Prevención de la Tortura, una solicitud de información conforme lo establece la Ley N°. 27.275, del derecho al acceso a la información pública, que agregamos a la presente, y que fue presentada vía correo electrónico el 19/ene/2026, anexando copia de la presentación y del e-mail.

A la fecha no se acreditó la recepción ni se otorgó número a la solicitud de informes.

Buenos Aires, 26 de enero de 2026.

ANEXO I

Solicitud información pública el C.N.P.T

LEY N°. 27.275 – EJERCE DERECHO A LA INFORMACIÓN

Sres. Comité Nacional para

la Prevención de la Tortura

S                    /                D:

          Josefina MARGAROLI, abogada, titular del DNI N°. 6.193.060, correo electrónico jomargaroli@yahoo.com.ar y Sergio Luis MACULAN, abogado, titular del DNI. N°.5.071.857, correo electrónico smaculan@yahho.com.ar, por la presente solicitamos:

CONSIDERACIONES OBJETIVAS

          [I]: Mediante la Ley Nº 26.827 (B.O. 11/ene/2013) se estableció el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En diciembre de 2017 comenzó a funcionar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) quien asumió el rol institucional asignado en el ámbito de los derechos humanos en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad desde una tarea preventiva; y para promover la articulación entre los diversos organismos públicos de derechos humanos nacionales y provinciales que integran el sistema protectorio, para lograr intervenciones eficaces y complementarias.

          El artículo 1, de la citada Ley establece taxativamente: … cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.

          En su artículo 2 establece: Del ámbito de aplicación. Orden público. De conformidad a lo establecido con los artículos 29 y 30 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

          Por otra parte, el CNPT interpreta a la privación de la libertad en un sentido amplio tal como lo establece el artículo 4 del Protocolo Facultativo y la ley 26.827, que la define como “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente”.

          [II]: En una de las tantas paradojas que son demostrativas de la inseguridad jurídica existente desde años en el país, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución N°. 85/13 del (27/jul/2013) – poco más de seis meses después de la publicación de la Ley Nº 26.827 – que privó a procesados y condenados por delitos de lesa humanidad de la oportuna y eficiente protección a la salud en los establecimientos de las Fuerzas Armadas (FFAA). Lo que constituyó aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto en forma directa a los afectados por dolencias en cuestiones de salud, y a quienes no pudieron contar con atención de requerirla, como a familiares que debieron soportar el sufrimiento de ellos. Esto aconteció durante la presidencia de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, siendo el ministro a cargo Agustín Oscar Rossi.

          Cabe considerar que atento a la verticalidad que caracteriza a los gobiernos peronistas, la citada resolución fue ordenada por la presidente o bien avalada por ella y le alcanza la responsabilidad funcional.

Otra incongruencia de ese gobierno, fue que obligó a las jefaturas de los estados mayores de la FFAA a acatar dicha Resolución, lo que es incompatible con la establecido en la Ley 25.779 (B.O. 03/sep/2003), que declaró insanablemente nula la Ley 23.521 (B.O. 09/jun/1987) de «obediencia debida», que además fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005. La seguridad jurídica quedó extinta. Pero lo grave es que los jefes de las FFAA acataron sin protestar, cuando debieron interponer un amparo y declaración de inconstitucionalidad de la resolución, con lo cual también violaron la Convención contra la Tortura, y el derecho a la integridad establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recordamos que dichas convenciones son consideradas como «ius cogens», es decir derecho imperativo que no admite acuerdo en contrario.

          Durante la presidencia de Mauricio Macri, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución 65/2016 (01/mar/2016), por la cual se derogó la Resolución 85/13. No obstante, el Estado no efectuó investigación alguna sobre quienes fueron afectados por la Resolución, en cuanto se perjudicó su salud, si hubo fallecidos. Tampoco reconoció que constituyó una práctica reiterada y sistemática de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que obliga al Estado a investigar las responsabilidades por la emisión de la Resolución, y la falta de protección que durante más de dos años se les generó a las víctimas, que también afecto a los familiares de los enfermos a los que se les denegó la oportuna y adecuada atención sanitaria.

          Respecto de la prestación de atención sanitaria eficiente y oportuna la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció:

La Corte considera que la necesidad de protección de la salud, como parte de la obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva. Bajo el principio de no discriminación (artículo 1.1 de la Convención), esta obligación adquiere particular relevancia respecto de las personas privadas de libertad. Esta obligación puede verse condicionada, acentuada o especificada según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. Esta obligación recae en las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las personas privadas de libertad. [Corte IDH: Fallo Nº. 312, 29/02/2016, Caso María I. CHINCHILLA SANDOVAL vs. GUATEMALA, §. 188].

          Nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 establece: … Quedan abolidos … toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

          A la fecha, no existe, información sobre la investigación administrativa que determine a responsables de la sanción de la Resolución 85/13, ni la nómina de afectados por la falta de atención médica en los hospitales de las Fuerzas Armadas, en que condición quedaron sea fallecidos o con daños a la salud, y si a esa fecha eran condenados (con sentencia firme) o procesados, es decir inocentes.

          Cabe agregar, que el trato cruel, inhumano y degradante al que fueron sometidos los enfermos, no solo los afectaba directamente, sino que también lo hizo con su entorno familiar que debió verlos sufrir o morir por falta de la adecuada atención médica. La jurisprudencia internacional sobre todo la de la Corte IDH considera como víctimas a los familiares y, por lo tanto, incluidos en la obligación del Estado en identificarlos y efectuar las reparaciones in integrum. Lo que obviamente a la fecha no ha ocurrido.

          Hay que considerar, que en cuanto a la afectación psicológica esta no solo implicó a los que estaban enfermos y necesitaban la atención medica oportuna y eficiente que se les denegó, sino a todos los miembros de las FFAA bajo custodia del Estado, ya que en caso de sufrir algún padecimiento que requiera intervención sanitaria no contarían con ella, lo cual también afectaba a los familiares.

          [III]: En relación a la protección contra la tortura desde la normativa convencional, es la siguiente:

1} Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): artículo: 5. (Derecho a la Integridad Personal).

2} Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): artículo: 5 (Tortura).

3} Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH): artículos I (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar).

4} Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (CTTPCID): artículos 1, 2, 4, 10, 12, 13 y 14.

5} Protocolo Adicional a la Convención Americana – Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (“Protocolo de San Salvador”): artículo 10 (Derecho a la Salud).

6} Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (reglas Mandela).

7} Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Principios: IX.3; VI (Control judicial y ejecución de la pena).

8} Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

9} Estatuto de Roma artículo 7 inc. 1, punto f) tortura.

          [IV]: Por ser considerada la tortura un delito de lesa humanidad queda incluida en las condiciones de imprescriptibilidad establecidas por la Ley N°. 24.584 (B.O. 29/nov/1995) que aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, vigente a la fecha de la sanción de la Resolución, lo cual implica que, para el caso de los responsables corresponde el juzgamiento y sanción.

          [V]: Como los procesos denominados por delitos de lesa humanidad contemplan hechos acaecidos entre el 24/mar/1976 al 10/dic/1983, es evidente que los implicados revisten el carácter de personas mayores, y resulta de aplicación la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015, que fue reconocida por la Argentina por Ley N°. 27.360 (B.O. 30/may/2017); que por Ley N°. 27.700 (B.O. 30/nov/2022) se le otorgó jerarquía constitucional, es decir incluida dentro de las especificaciones que establece el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional (CN).

La citada convención en su Artículo 2 (Definiciones) establece:

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.

“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.

          Asimismo, también instituye: artículo 10 (Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes); artículo 12 (Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo); y artículo 19 (Derecho a la salud).

          Tal como se consignara respecto de los hechos sometidos a proceso, los inculpados superan los 60 años, en algunos casos superaron los 90. Es decir, están sujetos a la protección del Estado en su carácter de personas mayores. Hay que agregar que por cuestiones atinentes a la edad muchos sufren de discapacidades los que los coloca bajo los parámetros protectorios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecida por Ley N°. 26.378 (B.O. 09/jun/2008).

          [VI]: Con relación a las personas privadas de libertad y consideradas vulnerables, el 25/nov/2019 la Comisión IDH, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de conformidad con lo establecido en los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento, presentó una solicitud de Opinión Consultiva sobre «Enfoques Diferenciados en materia de Personas Privadas de la Libertad», lo que resulto que la Corte IDH emitiera la Opinión Consultiva (OC) N°. 29/22 del 30/may/2022.

          En su tramitación se efectuó una audiencia pública que se llevó a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de abril de 2021. En la misma y por la Argentina participaron: el señor Javier Salgado, Director Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos; la señora Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; la señora María Laura Garrigós, Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; por la Defensoría General de la Nación de la República Argentina: la señora Stella Maris Martínez y el señor Mariano Fernández Valle; por la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina (PPN): el señor Ariel Cejas Meliare y la señora Mariana Lauro; y por la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP): las señoras María Jimena Monsalve y Marcela Pérez Bogado.

          En referencia a la tortura y en sus partes pertinentes se transcriben los siguientes párrafos:

          {§.33}: La Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, … Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la detención. Pero, además, dado que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia y debido a las características propias del encierro, a las personas privadas de libertad se les imposibilita satisfacer por cuenta propia ciertos derechos o necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Es por ello que el Estado está obligado a garantizar todos los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia, en especial el derecho a la vida y a la integridad personal, así como el acceso a servicios básicos indispensables para una vida digna.

          {§. 43}: El artículo 5 reconoce, además del principio desarrollado en el apartado anterior, uno de los valores más fundamentales en una sociedad democrática: el derecho a la integridad personal, según el cual “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, y quedan expresamente prohibidas la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención, este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes. Igualmente, numerosos instrumentos internacionales reiteran la misma prohibición.

{§. 44}: Al respecto, es menester recordar que se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, que pertenece hoy día al dominio del ius cogens. Tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas prohíben la tortura, e imponen obligaciones concretas para que los Estados adopten todas las medidas efectivas para su prevención, tipificación penal autónoma, investigación y sanción con penas acordes a la gravedad.

          [VII]: En el título IX de dicha OC se hace referencia a las personas mayores privadas de libertad, al respecto y en sus partes pertinentes se transcriben los siguientes párrafos:

{§. 345}: En este punto, la Corte resalta la importancia de que los Estados cuenten con información, datos y estadísticas actualizadas y confiables acerca de las realidades que viven las personas mayores y, en específico, las personas mayores privadas de libertad, como sustento y fundamento para la formulación, adopción y ejecución de decisiones, políticas públicas y medidas dirigidas a hacer efectivos sus derechos. Tales datos deben basarse en metodologías apropiadas que permitan reflejar la heterogeneidad de este grupo poblacional, para atender de mejor manera sus necesidades específicas.

{§. 350}: Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares.

          [VIII]: También la OC 29/22 respecto a las condiciones de habitabilidad de los establecimientos carcelarios establece:

{§. 352}: Respecto del espacio físico en el que las personas mayores serán ubicadas en el centro penitenciario, resulta esencial que el alojamiento sea seguro y de fácil acceso. Al respecto, esta Corte, ante específicas situaciones de riesgo existentes para las personas mayores y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, ha señalado la necesidad de acondicionar “alas” o “secciones separadas” en los centros penitenciarios destinadas, exclusivamente, para tales personas. En todo caso, la permanencia en los centros penitenciarios de las personas privadas de libertad debe proveerles un ambiente y condiciones que “reduzcan al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad”, lo que ha determinado que se advierta contraproducente, como norma general, la segregación de las personas mayores del resto de la población carcelaria, a fin de evitar su aislamiento.

{§. 360}: Con fundamento en lo antes considerado, en lo que concierne a las obligaciones a cargo de los Estados para asegurar efectivamente los derechos a la accesibilidad y a la movilidad de las personas mayores privadas de libertad, deviene imperativo diseñar los distintos espacios de los centros penitenciarios conforme a directrices técnicas que garanticen la accesibilidad de todas las personas, así como identificación, eliminación o adecuación de los obstáculos y las barreras de acceso que puedan existir en tales centros.

{§. 361}: En específico, la Corte concluye que resulta necesario atender los aspectos siguientes, dirigidos a garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas mayores:

1. a) su alojamiento deberá ser en dormitorios o celdas ubicadas en plantas bajas, para reducir al máximo la necesidad de usar escalones;
2. b) deberán preferirse las camas de un nivel, descartando la utilización de literas;
3. c) resulta imprescindible garantizar el fácil acceso y utilización, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de libertad, de las instalaciones sanitarias y espacios de aseo e higiene personal, los deben contar con medidas de seguridad adecuadas (pasamanos, barandillas, asideros y barras de apoyo o sujeción antideslizantes, entre otras), así como con equipo que facilite su uso (duchas de mano con manguera, asientos de baño, sillas de ducha y grifos de palanca, entre otros);
4. d) deberá garantizarse también, en igualdad de condiciones con las demás personas, el acceso a los espacios físicos y servicios del centro penitenciario, incluidos patios, bibliotecas, comedores, talleres de estudio o trabajo, áreas de uso común, servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos, sociales o legales; para tal efecto, debe preverse una distancia razonablemente cercana entre el espacio de alojamiento y las áreas en que se desarrollan las diferentes actividades en el centro penitenciario;
5. e) los distintos espacios físicos y los servicios del centro penitenciario deben adaptarse para garantizar su fácil acceso y utilización, así como para evitar accidentes y caídas; lo anterior incluye una adecuada iluminación, instalar rampas y ascensores, prever espacios que permitan el uso de sillas de ruedas, determinar la altura idónea de las distintas instalaciones, colocar equipos e implementos de uso accesible (puertas corredizas y superficie podotáctil, entre otros), e instalar medidas de seguridad adecuadas (pasamanos, barandillas, asideros y barras de apoyo o sujeción antideslizantes, entre otras);
6. f) es preciso señalizar las instalaciones del centro penitenciario con formatos adecuados, de fácil lectura y comprensibles para todas las personas, lo que incluye la utilización de sistema Braille;
7. g) en caso de ser necesario para garantizar la accesibilidad y movilidad, debe autorizarse el uso de dispositivos y equipos técnicos como sillas de ruedas, caminadores, bastones, muletas, equipos auditivos o anteojos, entre otros; si la persona no pudiera proveérselos por sus propios medios, las autoridades penitenciarias deberán proporcionarlos (infra párr. 370);
8. h) solo en casos excepcionales, por motivos de seguridad debidamente justificados, se podrá negar lo indicado en el inciso anterior, ante lo cual las autoridades penitenciarias deberán proporcionar alternativas apropiadas;
9. i) si aun observando las obligaciones específicas antes descritas no fuera posible garantizar la movilidad de la persona, las autoridades deberán facilitar el acceso a formas de asistencia con personal capacitado o, en su caso, con animales adiestrados especialmente para ello, y
10. j) si lo anterior no resultare adecuado y suficiente para garantizar la accesibilidad y movilidad de una persona, dada su particular situación y condición, deberán efectuarse los ajustes razonables que el caso concreto amerite.

{§. 363} Ahora bien, la propia situación de encarcelamiento puede agravar la condición de salud de las personas mayores. De esa cuenta, teniendo en cuenta el contenido específico del artículo 19 de la CIPDHPM, la atención médica y los servicios de salud que se dispongan para las personas mayores privadas de libertad deben tomar en cuenta sus circunstancias particulares y los diferentes cambios que pueden sobrevenir con el envejecimiento, de manera que provean a dicho grupo poblacional una atención integral.

          [IX]: En relación a la protección sanitaria la OC 29/22 establece:

{§. 363} Ahora bien, la propia situación de encarcelamiento puede agravar la condición de salud de las personas mayores. De esa cuenta, teniendo en cuenta el contenido específico del artículo 19 de la CIPDHPM, la atención médica y los servicios de salud que se dispongan para las personas mayores privadas de libertad deben tomar en cuenta sus circunstancias particulares y los diferentes cambios que pueden sobrevenir con el envejecimiento, de manera que provean a dicho grupo poblacional una atención integral.

{§. 369} En atención a las necesidades especiales de las personas mayores, la coordinación con los servicios de salud debe incluir la formulación y ejecución de programas de prevención de afecciones específicas determinadas por los cambios que sobrevienen con el envejecimiento. Así, la atención médica y los servicios de salud previstos para las personas mayores privadas de libertad deben adaptarse a los parámetros definidos por la geriatría y la gerontología.

{§.370} De igual forma, en el caso de alguna discapacidad, las autoridades penitenciarias deben proveer los cuidados correspondientes, incluidas fisioterapia, terapia ocupacional o de lenguaje, y tratamientos para deficiencias sensoriales, así como garantizar acceso, según sea el caso, a prótesis, sillas de ruedas, caminadores, bastones, muletas, equipos auditivos o anteojos.

{§ 378} En definitiva, de conformidad con las fuentes de derecho internacional disponibles, la Corte determina que las obligaciones a cargo de los Estados para garantizar la salud y la atención médica y psicológica de las personas mayores privadas de libertad, incluyen: … c) la atención médica y los servicios de salud, tanto física como mental, que se dispongan para las personas mayores privadas de libertad deben tomar en cuenta sus necesidades especiales y los diferentes cambios que pueden sobrevenir con el envejecimiento; … e) atender todo lo relativo a la salud mental de las personas mayores privadas de libertad, incluidos los problemas relacionados con la depresión, el aislamiento, la ansiedad y el miedo a la muerte; f)          desarrollar estrategias para prevenir el suicidio y la autolesión de las personas mayores internas, proporcionando tratamiento psicológico o psiquiátrico; g) garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención médica y los servicios de salud previstos para las personas mayores privadas de libertad, de manera que, sumado al fin de salvaguardar su salud y procurar su bienestar físico, mental y social, deben dirigirse a fomentar un envejecimiento activo y saludable; h) realizar una valoración médica inicial a fin de detectar cualquier necesidad de atención en salud y definir las medidas necesarias para su tratamiento, así como valoraciones continuas y periódicas posteriores; i) los servicios médicos a lo interno de los centros penitenciarios deben estar organizados y coordinados con la administración del servicio de atención en salud general, previendo procedimientos adecuados y expeditos para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, así como para su traslado cuando su estado de salud requiera la atención en establecimientos especializados; j) en el caso de alguna discapacidad, deben garantizarse medidas para su habilitación y rehabilitación, siendo obligación de las autoridades penitenciarias proveer los cuidados correspondientes, incluidas fisioterapia, terapia ocupacional o de lenguaje, y tratamientos para deficiencias sensoriales, así como garantizar acceso, según sea el caso, a prótesis, sillas de ruedas, caminadores, bastones, muletas, equipos auditivos o anteojos; k) optimizar la capacidad de los sistemas penitenciarios para administrar tratamientos médicos crónicos complejos, en la medida en que el estado de salud de la persona y las condiciones del establecimiento penitenciario lo permitan, y mantener una estrecha cooperación y coordinación con los servicios de salud externos; … m) los servicios de atención sanitaria para personas mayores privadas de libertad deben contar con un equipo multidisciplinario de personal médico y de enfermería debidamente capacitado y en cantidad suficiente, que actúe con plena independencia clínica, con conocimientos especializados en psicología, psiquiatría y geriatría, y en el caso de la atención a mujeres mayores, también en temas de salud femenina, incluida la ginecología; … o) las personas que padecen una enfermedad en estado terminal y reciben cuidados paliativos no deberían permanecer en centros penitenciarios, salvo que este cuente con esos servicios, sino que el cumplimiento de la pena podría efectuarse en prisión domiciliaria o en un centro especializado.

          Obviamente las restricciones que determina la aplicación del instructivo denominado «Impunidad gerontológica», emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, parece contradecir lo postulado por la Corte IDH. El instructivo que carece de fecha, número de expediente o de resolución, y en el cual no consta que funcionario lo emitió y si el mismo contaba con idoneidad técnica para expedirse sobre el tema. No existe constancia de que el citado Ministerio derogara la aplicación del mismo.

          La publicación textualmente consigna: La presente guía, elaborada por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pretende ser una herramienta de utilidad para los abogados y fiscales que intervienen en los procesos judiciales por crímenes contra la humanidad, tratando de dar “batalla” a lo que empieza a constituirse como un verdadero escenario de lo que podría denominarse como impunidad gerontológica.

          Hay una clara incongruencia entre lo que la Corte IDH prevé para la protección de la vulnerabilidad de adultos mayores y el instructivo.

          [X]: En su publicación «Acciones y resultados 2018 – 2024», el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, expone: Su misión institucional es prevenir la tortura y los malos tratos y promover los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar el respeto a su dignidad personal y a los tratados internacionales ratificados por parte del Estado.

…está facultado para realizar visitas de inspección, sin previo aviso, a unidades penitenciarias, comisarías, alcaidías, centros de institucionalización por motivos de salud mental, centros de responsabilidad penal juvenil, residencias para personas mayores, residencias para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y cualquier otro lugar donde se encuentre una persona privada de su libertad por decisión de una autoridad pública, o con su consentimiento, a nivel nacional, provincial y municipal.

          Del citado informe no surgen datos relativos a la situación de personas mayores bajo custodia estatal, ni menos aun cuantos pertenecen a causas comunes y cuantas a causas denominadas de lesa humanidad.

          Tampoco si su situación de encarcelamiento cumple con requisitos suficientes como para considerar la inexistencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

          [XI]: Registro de muertes bajo custodia estatal:

En diciembre de 2021, el CNPT aprobó la estandarización mínima para el desarrollo del Registro Nacional de Muertes bajo custodia estatal. El CNPT registra y sistematiza, a nivel nacional, la ocurrencia de fallecimientos de personas bajo custodia estatal — bajo la presunción de que toda muerte bajo custodia es potencialmente ilícita y permite presuponer la responsabilidad estatal —, por medio del relevamiento directo y de fuentes secundarias con base en la homologación de definiciones y metodologías aplicadas, para consolidar información confiable que aporte al diseño de políticas, estrategias y recomendaciones en la materia.

          No existe referencia a adultos mayores fallecidos y de ellos quienes pertenecen a los procesos denominados de lesa humanidad, su situación legal (condenados con condena firme o procesados es decir inocentes); tiempo, en que permanecieron bajo custodia; si lo fueron como prisiones preventivas o definitivas; si durante ese periodo recibieron los tratamientos médicos adecuados; si se realizaron las pertinentes autopsias.

          Tampoco se hace referencia a las posibles víctimas de la falta de atención medica oportuna y eficiente por la aplicación de la Resolución 85/13 del Ministerio de Defensa.

PETITORIO

          En virtud de lo expuesto y no encontrándose la presente solicitud de informes en las excepciones previstas por el artículo 8 de la Ley 27.275, y que el último párrafo de dicho artículo, expresamente, establece: Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. De modo tal que, aun cuando erróneamente se interpretara que alguno o algunos de los datos requeridos sí se encuentran dentro de las excepciones del art. 8° de la ley 27.275, lo establecido en el último párrafo citado del mencionado artículo y la materia de la información solicitada, no dejan dudas sobre la procedencia de todo lo que aquí se peticiona. Al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, solicitamos la siguiente información:

1. Si ese Comité ha evaluado como tortura reiterada y sistemática la sanción y aplicación de la Resolución 85/13 del Ministerio de Defensa.
2. Si ese Comité tomó intervención respecto de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, producto de la sanción y aplicación de la Resolución N°. 85/13 del Ministerio de Defensa y, en tal caso, qué decisiones adoptó y qué gestiones realizó al respecto.
3. El listado de las víctimas de la Resolución N°. 85/13 el Ministerio de Defensa, con indicación de si la afectación concluyó en lesiones o daños, indicando cuales fueron los mismos, o la muerte de los afectados; y también el estado procesal de los afectados o fallecidos sea con condena firme o prisión preventiva.
4. El listado de los familiares de las víctimas de la Resolución N°. 85/13 del Ministerio de Defensa.
5. Informe que normas constitucionales y convencionales son de aplicación a personas mayores bajo control del estado y como se da cumplimiento a las mismas.
6. Especifique si el trato que reciben las personas mayores bajo tutela del Estado es constitutivo de delito de lesa humanidad y por lo tanto las acciones vinculadas a dicho trato imprescriptibles.
7. Si ese Comité ha realizado evaluaciones respecto a las eventuales violaciones a las garantías establecidas en la Convención Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de las personas Mayores y, en tal caso, indique cuáles han sido dichas evaluaciones (indique los casos concretos evaluados).
8. Si ese Comité ha evaluado la implementación por parte del Estado de la OC 29/22 de la Corte IDH, en relación a la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas mayores bajo tutela del estado y, en tal caso, cuáles han sido dichas evaluaciones, indicando los casos concretos evaluados.
9. Si ese Comité ha evaluado las responsabilidades de los tres Poderes del Estado respecto del trato que reciben las personas mayores bajo custodia del Estado y, en tal caso, indique cuáles han sido dichas evaluaciones.
10. Aporte información documentada a saber: datos y estadísticas respecto de cuantos establecimientos carcelarios mantienen internados a personas mayores, que población tiene cada uno, y si las instalaciones de los mismos cumplen con las condiciones establecidas por la Corte IDH en su OC 29/22, en los párrafos 361 y 363, y en su caso indicar, respecto de cada establecimiento penal las deficiencias al respecto.
11. Aporte información documentada sobre la evaluación de los regímenes sanitarios en los establecimientos penales en relación a la salud de los reclusos, y sobre si se da cumplimiento a lo establecido en la OC 29/22 de la Corte IDH en sus párrafos 363, 369, 370 y 378.
12. Cuantas visitas efectuó para evaluar las condiciones de personas mayores bajo custodia del estado.
13. Brinde todos los datos y documentos que obren en su poder sobre la existencia del registro de personas mayores fallecidas bajo custodia del Estado, conforme la estandarización mínima para el desarrollo del Registro Nacional de Muertes bajo custodia estatal, y la publicación de los resultados obtenidos.

          Saludamos ese Comité muy atte.

ANEXO II

• Para: cnpt@cnpt.gob.ar · lun, 19 ene a las 5:15 p. m.

Texto del mensaje

De nuestra consideración

Por la presente adjuntamos solicitud de información conforme lo establecido por la ley 27.275, no encontrándose la presente solicitud de informes en las excepciones previstas por el artículo 8 de la Ley 27.275, y que el último párrafo de dicho artículo, expresamente, establece: Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Saludamos a Uds. muy atte.

Josefina Margaroli (DNI. N°. 6.193.060) y Sergio Luis Maculan (DNI N°. 5.071.857) 

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 27, 2026

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  Por Carl Harras.

Probablemente la conquista más rápida de la historia: sin ejército, el único puesto militar avanzado es uno estadounidense en Pituffik (Thule), y una población que, de todos modos, quiere independizarse de Dinamarca.

Así pues, 55.000 groenlandeses no quieren ser ciudadanos estadounidenses. Mil ucranianos no quieren morir o resultar heridos cada semana en una guerra en su propio territorio, pero no tienen otra opción: tienen que defenderse de la agresión rusa. Groenlandia tendría prácticamente garantizada esa suerte.

Groenlandia es una extensión de tierra cubierta de hielo muy, muy escasamente poblada al este de Canadá, su país socio natural, con poblaciones inuit similares y un gobierno liberal. Estados Unidos no tiene ninguna similitud con Groenlandia: ninguna, ninguna. Los estadounidenses, desde luego, no quieren vivir en Groenlandia (¡¿quién querría?!), y los groenlandeses apenas hacen cola para entrar en Estados Unidos, ni legal ni ilegalmente.

El único interés de Trump (y esto es todo lo que Trump tiene) en Groenlandia es negar el derecho de paso a Rusia y China y tener pleno derecho al Paso Ártico. El argumento de defensa es absurdo: Estados Unidos tuvo una cadena de bases en la costa de Groenlandia después de la Segunda Guerra Mundial y las abandonó todas, salvo Thule (ahora llamada Pituffik), al terminar la Guerra Fría.

Una base subterránea estadounidense en Groenlandia, ahora abandonada.

No dudo de que Estados Unidos podría reactivarlas sin mucha oposición por parte de Dinamarca o los groenlandeses, pero ese no es el punto: se trata de una simple apropiación geopolítica de territorios, no de una necesidad de defensa.

Europa tiene que oponerse a esto y estoy seguro de que charlatanes como Macron dirán mucho, pero nadie va a morir en una zanja por Groenlandia. Si Estados Unidos lo quiere, nadie les impedirá físicamente que lo tomen, pero no se trata de defensa, sino de la mayor gloria de Trump y del rápido declive moral de Estados Unidos bajo su presidencia.

OrisioneroEnArgentina.com

Enero 27, 2026

Enero 27, 2026

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 27, 2026

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Por Dr. Gonzalo P. Miño para PrisioneroEnArgentina.com

La exótica idea del presidente estadounidense de crear su propia Naciones Unidas, ungiéndose como su indefinidamente líder, a la que autodenominó “Consejo de la Paz”; recibió el rápido y solícito respaldo del “León”, manifestando en sus redes sociales que “ARGENTINA SIEMPRE ESTARÁ DEL LADO DE LOS PAÍSES QUE LUCHAN DE FRENTE CONTRA EL TERRORISMO, QUE DEFIENDEN LA VIDA Y LA PROPIEDAD”.

En el momento que realizaba tan “cojuda” declaración, en Argentina se cumplía un nuevo aniversario del demencial intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, por parte del grupo terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP), en pleno gobierno constitucional del Dr. Alfonsín. El hecho no mereció ni una mísera reflexión por parte del “León” prefirió dar su ya tradicional clase magistral de economía en el Foro de Davos. Clases magistrales, que, dicho sea de paso, nadie entiende y a nadie le importa.  

Debería el Presidente de los argentinos dejar de hablar tanto de Rothbard y de grandilocuentes teorías económicas, que reiteramos nadie entiende y a nadie le importa, pues la realidad de los argentinos es su propio bolsillo; para conocer un poco más la historia reciente de su país y honrar a quienes combatieron al terrorismo en el país que hoy gobierna, que, gracias a ello, precisamente, hoy puede disfrutar de ser su Primer Mandatario. 

Justamente, el salvaje ataque al cuartel de La Tablada fue protagonizado por un grupo de delirantes, cuyo líder había sido un encumbrado dirigente de la organización terrorista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) que junto a la también organización terrorista Montoneros intentaron tomar el poder por las armas en la década del 70. Sin dejar de mencionar, que integrantes de la organización terrorista Montoneros, tuvieron una activa participación en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Como dice el popular dicho “TODO TIENE QUE VER CON TODO”.

Ahora, si tal como dice el “León” que “ARGENTINA SIEMPRE ESTARÁ DEL LADO DE LOS PAÍSES QUE LUCHAN DE FRENTE CONTRA EL TERRORISMO”, resulta irritante su actitud de blandir esos “bravos mensajes”, a la par de que ningunea lo que pasó, recientemente, en su propio país. Parece que para el anarcocapitalista solo existe el terrorismo de Hamas y NO el que sufrió su país. ASI, VEMOS QUE BLANDIR QUE ARGENTINA LUCHA DE FRENTE CONTRA EL TERRORISMO, NO ES MAS QUE UNA EXCLAMACION PARA CONGRACIARSE CON EL NORTE, A FIN DE SEGUIR RECIBIENDO FAVORES PARA  SOSTENER SU GOBIERNO, Y NO UNA VERDADERA DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Está claro ello, cuando quienes enfrentaron el terrorismo en Argentina, solo recibieron un lacónico “NO ES PARTE DE MI AGENDA” como respuesta del “León”, a la arbitraria situación que sufren desde hace 21 años.   

Es cierto que el Ejército Argentino realizó un homenaje a los caídos por el intento de copamiento del cuartel de La Tablada, en el actual lugar que hoy ocupa, pero no es menos cierto que de ese acto NO participó ni el Jefe del Ejército, ni el Ministro de Defensa, ni ningún funcionario del gobierno nacional o dirigente alguno del mismo; como que tampoco hubo referencia alguna al único condenado por ese hecho en un disparatado proceso judicial. 

En él mientras tanto, los jóvenes libertarios se divierten en la denominada “DERECHA FEST” en la ciudad de Mar del Plata, en la cual lanzan “valientes y pendenciaras” consignas contra la izquierda, pero sin  alusión alguna a la enajenada actitud que tuvo un sector de esa izquierda de intentar tomar el poder en el país por las armas, como la actitud actual de toda la izquierda de reivindicar hoy ese trastornado intento. Sobre todo, cuando ese festival de la derecha es liderado por quienes hasta hace diez minutos difundían sus libros que hablan del tema y defienden la “memoria completa”. VALEROSOS CONTRA LA DIVERSIDAD DE GENERO, PERO SILENTES AHORA CON LO QUE PASÓ EN LOS 70.   

Como si esto no fuese mucho, el “León” concurrirá a ese evento, previo paso por la coqueta calle Güemes de la ciudad balnearia, en un autodenominado “Tour de la gratitud”, seguramente para hacer su clásico “show roquero” y lanzar sus fanfarronas frases de “zurdos de mierda” o “tiemblan los zurdos”, para terminar la noche en el teatro donde actúa quien fungiera de su pareja.    

Mucho que iba a combatir a la casta, pero su proceder no hace más que demostrar que se convirtió en lo que dijo que venía a combatir. Mucho “zurdos van a correr” pero no solo no corrieron, sino que mantienen vivo el relato que lograron imponer en todo estos años.

Vemos de esta forma, que la autoproclama guerra cultural es tan solo “jarabe de pico”, encima energúmenamente encarada, limitándose a desagradables y coléricos conceptos en lugar de cuestionar sensata y racionalmente lo “políticamente correcto”; omitiendo, por supuesto, todo lo referido a lo ocurrido en el país, en los años 70. 

El solo hecho de que se mantenga inalterable la historia reescrita por los sectores “nac and pop” y que lograron imponer a la sociedad, al punto de ser mansamente aceptada al no ser controvertida por el propio libertario, hace cobrar gran actualidad a esa genial frase literaria:  “LOS MUERTOS QUE VOS MATAIS GOZAN  DE BUENA SALUD”.

Encima, como señalamos la semana pasada, muchos rutilantes nombres en las áreas relacionadas a los derechos humanos, PERO ACCIONES CONCRETAS NINGUNA.

Ya a esta altura de los acontecimientos no hay duda alguna que, el “encantador” virus de la “solución biológica” también afectó a los violetas como lo hizo en su momento con los amarillos. La causa… complacencia, comodidad, falta de coraje, de visión histórica… NUNCA LO DIRAN NI LO VAN A RECONOCER, pues necesitan mantener la ilusión viva mediante espasmódicos espejismos que eviten la fuga en la intención del voto. Huelga decir,  que lo mismo sucede en el campo de la economía, donde los bolsillos de los argentinos están cada vez más flacos, aunque el alucinado discurso libertario pretenda sostener lo contrario. 

Es un calco de lo que sucedió en la gestión “del Cambio”, encima ahora potenciada por la desmedida soberbia libertaria. No hace falta que se recuerde como terminaron las elecciones del 2019, son los libertarios los que deberían recordarlo…

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 27, 2026

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Enero 27, 2026

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Enero 25. 2026

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El Aeropuerto Internacional de Orlando sufrió numerosas cancelaciones debido a una fuerte tormenta invernal. Desplácese hacia arriba para restaurar la vista predeterminada.

Estas no son las noticias que los viajeros que intentan llegar o salir de Orlando quieren escuchar.

Las cancelaciones y los retrasos de vuelos continuaron aumentando la madrugada del lunes en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

A las 7:00 a. m., el sitio web Flight Aware reportó 122 vuelos cancelados y casi cuatro docenas de retrasos en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO).

El domingo, el Aeropuerto Internacional de Orlando registró más de 450 cancelaciones y aproximadamente 230 retrasos causados ​​por el clima invernal en todo Estados Unidos.

A nivel nacional, Flight Aware reportó más de 11,000 vuelos cancelados y más de 5,000 retrasos el domingo.

Las cancelaciones de vuelos superan las 11,000, la mayor cantidad en un solo día desde la pandemia.

Las cancelaciones de vuelos aumentaron el domingo, ya que Estados Unidos se vio afectado por un peligroso clima invernal causado por una tormenta que atravesó el país.

Las aerolíneas cancelaron más de 11,000 vuelos en EE. UU. para el domingo, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.com. Esta es la mayor cantidad en un solo día desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y casi el triple de la cantidad de vuelos estadounidenses cancelados para el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la tormenta trajo fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada generalizadas desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra.

Más de 3,700 vuelos en EE. UU. ya han sido cancelados para el lunes.

En el área de Washington, D.C., el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan informó que todos los vuelos fueron cancelados el domingo, con la siguiente información: “ALERTA: Las aerolíneas han cancelado todos los vuelos en el aeropuerto hoy. Consulte con su aerolínea para confirmar y cambiar las opciones de reserva. Por favor, quédese en casa y evite las carreteras heladas”.

El Aeropuerto LaGuardia en Nueva York también cerró debido a la nieve el domingo por la tarde y anunció que esperaba reabrir a las 6 a.m. del lunes. Más del 90% de los vuelos dominicales de LaGuardia ya habían sido cancelados, según informó CBS News New York.

Incluso antes de que la tormenta invernal llegara al norte de Texas, se acumulaban las cancelaciones de vuelos en los dos aeropuertos principales. El Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth anunció que se esperaba que las aerolíneas operaran un número reducido de vuelos el domingo y animó a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos con su aerolínea, ya que los horarios podrían cambiar.

“Los equipos de DFW están trabajando activamente en carreteras, puentes y superficies de aeródromos para mantener operaciones seguras”, declaró en un comunicado.

Los aeropuertos de Atlanta, Charlotte y Filadelfia también experimentaron interrupciones.

El servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 indicó que American fue la aerolínea más afectada este fin de semana, seguida de United y Delta.

Las principales aerolíneas estadounidenses emitieron exenciones de viaje, lo que permitió a los clientes cambiar sus planes sin penalización debido a la tormenta.

PrisionerooEnArgentina.com

Enero 26, 2026

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El afán dramático del presidente Donald Trump está a punto de colisionar con sus tendencias autodestructivas, según su biógrafo.

El autor Michael Wolff, copresentador del podcast Inside Trump’s Head, afirmó que los rasgos de personalidad del presidente se hicieron evidentes esta semana en las negociaciones sobre Groenlandia. Finalmente, Trump se retractó de su exigencia de que Estados Unidos adquiriera la totalidad de la isla semiautónoma y de su amenaza de imponer aranceles a varias naciones europeas hasta que se llegara a un acuerdo.

“Siempre es importante recordar que Donald Trump, además de todo lo demás, es increíblemente autodestructivo”, declaró Wolff a la copresentadora Joanna Coles. “Se ha metido en un lío monumental… Creo que Groenlandia es una bala de plata apuntando a su cabeza, algo que quizá olvidemos, pero no creo que olvidemos lo de Minneapolis”.

Trump, según Wolff, es miope, y sus objetivos políticos deberían verse como una forma de centrar la atención pública en él y desviar la atención del tiroteo de ICE en Minneapolis a principios de este mes, por ejemplo.

“Greenland surge porque, en plena noche, publicó lo que se le ocurrió… y luego cobró vida propia, lo que tuvo la ventaja de distraer de lo último que cobró vida propia”.

El presidente de 79 años, añadió Wolff, seguirá por ese camino a medida que se acerca la temporada de elecciones intermedias.

“Sacrificará a los republicanos por… ‘El Show de Trump’”, dijo Wolff. “Lo de Greenland no es, en ningún sentido, políticamente astuto.

Se trata simplemente de Trump, Trump en el centro de todo, Trump creando, haciendo que toda esta gente preste atención, poniéndolo en el centro de todo”.

Wolff recordó entonces lo que una persona cercana a Trump le reveló una vez sobre la naturaleza del deseo del presidente de generar conflicto y titulares, incluso si lo hacían quedar mal.

“Creo que hubo una persona cercana a Trump que me dijo: ‘Sabes… En realidad no es que le interese o se concentre en provocar los incendios que provoca. Lo que realmente le gusta son los camiones de bomberos corriendo a apagarlos’. Y creo que eso es lo que pasa: prospera con algo más que la política o incluso el éxito político”.

Al ser contactada para obtener comentarios, la Casa Blanca cuestionó la credibilidad de Wolff.

“Michael Wolff es un mentiroso de mierda y se ha demostrado que es un fraude. Constantemente inventa historias que surgen de su imaginación enfermiza y retorcida, solo posible porque padece un caso severo y debilitante del Síndrome de Trastorno por Trump que le ha podrido el cerebro”, dijo el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

“Con Donald Trump, todo pasa”, le dijo Wolff a Coles. Donald Trump es irremplazable. Es una figura absolutamente única. Nadie volverá a ser Donald Trump, y todo este movimiento MAGA está dirigido contra Trump. No se trata de una América ideológica. A menudo intento hacer la distinción: no se trata de una base política, sino de una base de fans.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 26, 2026

Enero 26, 2026

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SOS – URGENTE: Cholila acorralada por el fuego y sin respuesta estatal.

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Enero 26 2026

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 Por Mario Sandoval (1)

El reciente discurso del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico de Davos (21enero2026) https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/51153-palabras-del-presidente-javier-milei-en-el-foro-economico-de-davos-2026, no es un mero ejercicio retórico. Al invocar la moral occidental, el derecho natural y la crítica al derecho positivo, Milei compromete la posición del Estado argentino como actor jurídico internacional, con impacto en el orden jurídico internacional y en la administración de justicia en materia de lesa humanidad.

OBSERVANDO LA MORAL COMO HILO CONDUCTOR:

El discurso presidencial se abre con la declaración “Maquiavelo ha muerto”, evocando así la superación de la política pragmática desligada de valores. Esta referencia recuerda a Nietzsche en La gaya ciencia, donde se anuncia la muerte de Dios y con ello la necesidad de crear nuevos valores. Milei, sin embargo, no propone un vacío moral, sino el retorno a la moral occidental: filosofía griega, derecho romano y valores judeocristianos.

Simone Weil, en La persona y lo sagrado, sostiene que la justicia no se funda en abstracciones, sino en la atención al sufrimiento del otro. El presidente Milei, al centrar la moral en la propiedad y la libertad, corre el riesgo de invisibilizar los derechos sociales, económicos y culturales, y que ello contradice la jurisprudencia interamericana.

Además, la moral occidental no es universal. Immanuel Kant, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, formula el imperativo categórico como principio universal. Sin embargo, el Sur Global cuestiona esta pretensión de universalidad, reivindicando tradiciones jurídicas comunitarias y modelos de justicia distributiva. La apelación presidencial a valores occidentales como universales desconoce esta pluralidad, debilitando la recepción internacional de su mensaje.

POR OTRA PARTE

Desde la epistemología, el discurso presidencial confunde planos: lo que es una opinión contrastable en filosofía se convierte en una afirmación performativa cuando la pronuncia el jefe de Estado. Ontológicamente, el derecho positivo argentino existe como sistema normativo vigente, con jerarquía constitucional y convencional. Negar su legitimidad implica desconocer la ontología institucional del derecho, que se funda en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.

• Ejemplo nacional: cuando la Corte Suprema argentina aplica el control de convencionalidad en casos de detención arbitraria, lo hace en virtud de normas positivas (CADH, PIDCyP). Si el Ejecutivo considera esas normas “ilegítimas”, se erosiona la seguridad jurídica y se afecta la tutela judicial efectiva.

Afirmando que, la tensión entre derecho natural y derecho positivo atraviesa todo el discurso. Milei sostiene que el derecho positivo solo es legítimo si coincide con el derecho natural, lo que contradice el principio constitucional de supremacía normativa (art. 31 CN).

• Derecho natural: Locke, afirma que la propiedad surge del trabajo y es un derecho inalienable. Ulpiano, define los principios del derecho como “vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo”.
• Derecho positivo: Kelsen, defiende que la validez jurídica depende de la norma vigente, no de su contenido moral. Bobbio, distingue entre validez y eficacia de la norma.
• Filosofía crítica, Nietzsche advierte que todo valor es creación histórica (Así habló Zaratustra, “Del nuevo ídolo”); Weil subraya que la justicia exige atención concreta al sufrimiento.

Ejemplo nacional: la Corte Suprema argentina aplica tratados internacionales de derechos humanos como fuente positiva obligatoria (art. 75 inc. 22 CN). Ejemplo internacional: en Barrios Altos vs. Perú (Corte IDH, 2001), se declaró la nulidad de leyes de amnistía por ser contrarias al jus cogens. En ambos casos, la validez no depende de la moral presidencial, sino de normas positivas reconocidas.

CONSTATANDO QUE:

El presidente, al condicionar el derecho positivo a su conformidad con el derecho natural, introduce un criterio personal que erosiona la seguridad jurídica y contradice el principio de legalidad. están en juego:

• La Responsabilidad constitucional : El presidente está obligado a respetar la Constitución. Al relativizar el derecho positivo, vulnera el principio republicano de división de poderes y el de supremacía normativa.
• La Responsabilidad convencional: En el plano internacional, el discurso compromete al Estado argentino. La Corte Interamericana ha sostenido que los Estados no pueden invocar criterios internos para desconocer obligaciones convencionales (Opinión Consultiva OC-14/94).
• La Responsabilidad política y los mecanismos de control : El discurso presidencial compromete la posición oficial del Estado. Por ello, corresponde que existan mecanismos de control: Congreso, Poder Judicial, organismos internacionales y sociedad civil.

PERO ADEMAS:

El discurso presidencial no solo genera tensiones internas, sino también interrogantes externos.

• Comunidad internacional: cuestiona la universalidad de valores, la compatibilidad con compromisos multilaterales y la credibilidad política de Argentina.
• Orden jurídico internacional: advierte riesgos para el principio de legalidad, el control de convencionalidad y la protección de derechos humanos.

La comparación con el discurso del primer ministro canadiense en Davos es ilustrativa: mientras Milei apeló a una moral única, el canadiense buscó integrar diversidad y consensos internacionales, mostrando sensibilidad hacia la pluralidad ideológica y religiosa.

RECORDANDO QUE:

El presidente Milei fue electo sobre la base de un ideario liberal-libertario. Sin embargo, el discurso de Davos muestra una evolución hacia una fundamentación moral universalista. Este desplazamiento puede interpretarse como contradicción respecto a su plataforma inicial y riesgo de efecto iatrogénico: debilitamiento institucional y tendencias autoritarias.

El discurso presidencial, aunque pronunciado en Davos, estuvo teleológicamente orientado más a un meeting interno que a un foro internacional plural. Su tono y referencias estaban dirigidos a sus seguidores y a la política interna argentina, más que a un público diverso en ideología, religión, economía y política. Este es un primer error estratégico, especialmente si lo comparamos con el discurso del primer ministro canadiense, que buscó integrar diversidad y consensos internacionales. La falta de adaptación al contexto internacional debilitó la recepción del mensaje y proyectó una imagen de aislamiento ideológico.

El segundo aspecto esencial es el impacto negativo de priorizar el derecho natural en la esfera penal. Al legitimar la idea de que el derecho positivo solo vale si coincide con el derecho natural, el presidente valida indirectamente la politización de la justicia federal en juicios de lesa humanidad.

• Problema central: la justicia argentina, ha abandonado el derecho positivo escrito para justificar su proceder en un supuesto derecho consuetudinario, ajeno a los usos y costumbres reconocidos por la Corte Internacional de Justicia.
• Consecuencia: se legitima un imperativo moral que no corresponde al sistema argentino de derecho positivo, constitucionalmente reconocido.
• Gravedad: en la esfera penal, ninguna convención internacional autoriza lo que la justicia argentina ha hecho en los arbitrarios procesos de lesa humanidad. La validación presidencial de este proceder implica una violación del principio de legalidad y erosiona la administración de justicia.

Este punto es esencial: el presidente, al validar la apelación al derecho natural, compromete la coherencia del sistema penal argentino y refuerza la percepción de arbitrariedad en los juicios de lesa humanidad.

CONCLUSIÓN

El discurso de Milei se inscribe en la tradición jusnaturalista, pero al hacerlo desde la jefatura del Estado, genera una divergencia peligrosa: la legitimidad filosófica no puede sustituir la legalidad constitucional. En términos de filosofía crítica la legitimidad democrática surge del procedimiento deliberativo y del consenso institucional, no de la imposición de una visión moral única.

La declaración presidencial como opinión es legítima ; sin embargo, cuando el Jefe de Estado se expresa, compromete a la Argentina. Filosóficamente, sus reflexiones son parciales y subjetivas. Jurídicamente, resultan problemáticas como política pública. Al condicionar el derecho positivo a la moral, el presidente erosiona la seguridad jurídica y compromete la posición internacional de Argentina. La moral occidental no es universal y debe dialogar con las visiones del Sur Global. La responsabilidad del presidente exige mecanismos de control internos y externos. Finalmente, el fondo teleológico del discurso revela un error estratégico al dirigirse más a la política interna que a un foro plural, y su impacto en los juicios de lesa humanidad legitima la politización de la justicia y la violación del principio de legalidad.

Yo elegí defender filosóficamente y jurídicamente el Estado de derecho, los Derechos Humanos y los principios de legalidad, sin especulaciones ideológicas y para todos por igual, evidentemente, el Presidente Milei, no.

Prof. Mario Sandoval

Presidente Casppa-France

Campo de Mayo, ARGENTINA.

1- Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía, habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Detenido arbitrariamente por la Argentina, actualmente privado de libertad en la prisión de alta seguridad de la U34 del SPF. Presidente de Casppa-France.

2- Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia, §125, Ed. Alianza, Madrid, 2000, pag. 167.

3- Simone Weil, La persona y lo sagrado, Cap. II, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, pag. 34.

4- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 388.

5- Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Sección I, Ed. Alianza, Madrid, 2003, pag. 59.

5- Constitución Nacional Argentina, art. 31.

7-John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Cap. V, Ed. Alianza, Madrid, 1994, pag. 73.

8-Ulpiano, Digesto, Libro I, título I, Ed. Tecnos, Madrid, 1998, pag. 12.

9-Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Cap. VIII, Ed. UNAM, México, 2009, p. 215.

10-Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, Parte II, Capítulo 3: “Validez y eficacia de la norma jurídica”. Ed. Debate, Madrid, 1991, pag. 89.

11- Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Parte I, “Del nuevo ídolo”. Ed. Alianza, Madrid, 2002, pag. 45.

12- Simone Weil, La persona y lo sagrado, Cap. II, Ed. Paidós, Barcelona, 1996, pag. 34.

13- Constitución Nacional Argentina, art. 75 inc. 22: “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.

14- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párr. 41.

15- Constitución Nacional Argentina, art. 31.

16- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-14/94, “Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención”, Serie A No. 14, párr. 35.

17- Discurso del Primer Ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial de Davos, enero 2026. Allí se enfatizó la diversidad cultural y la cooperación multilateral como ejes centrales:  https://www.lanacion.com.ar/ideas/el-discurso-que-sacudio-el-foro-de-davos-nid22012026/

18- Corte Internacional de Justicia, Estatuto de la CIJ, art. 38: fuentes del derecho internacional (tratados, costumbre internacional, principios generales de derecho). Ed. Naciones Unidas, Nueva York, 2019, p. 23.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 26, 2026

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En Tafí del Valle el mundo no se termina: se demora. La tarde se acomoda en las piedras, el viento repite su antigua gramática y los cerros -que han visto pasar siglos como quien ve pasar nubes –  guardan un silencio que no es vacío, sino memoria.

A esa hora, un taxista espera.
No espera solamente pasajeros: espera historias.

Hay quienes creen que un taxista es un hombre que conduce.

Yo he aprendido otra cosa: conduce, sí, pero también recoge fragmentos.

Una bolsa con remedios.

Un nieto dormido en el hombro de su abuela.

Una mujer que mira por la ventanilla como si en el vidrio se le proyectara la vida entera.
Un hombre que no habla porque, a veces, el dolor prefiere viajar sin palabras.

El taxista escucha con la discreción de los oficios nobles.

No interroga: acompaña.

Y cuando habla, lo hace como quien ofrece una manta en el frío: sin exhibirse.

Es un profesional del trayecto, pero también de esa virtud antigua que ya casi no se nombra: el cariño.

Porque el cariño no siempre se declara; a menudo se practica.

Está en el gesto de bajar el volumen de la radio para que otro piense.

En esperar un minuto más, aunque el reloj proteste.

En mirar el espejo y entender, sin preguntar, que ese pasajero necesita llegar rápido… o necesita llegar con alguien.

He visto al taxista cobrar menos cuando la vergüenza del bolsillo se asoma primero que el pasajero.

He visto al taxista inventar una frase sencilla – “tranquilo, ya estamos” – para salvar a alguien del derrumbe invisible.

He visto al taxista ser puente, no por heroísmo, sino por costumbre: como si en su volante llevara, además de rutas, una ética.

Tal vez el cariño sea eso: un modo de no dejar caer al otro, aunque uno también venga cansado.

Y pienso – con la obstinación de los que creen en ciertas cosas –  que el mundo se sostiene por actos que no hacen ruido: un mate compartido, una puerta sostenida, un asiento ofrecido, y un taxista que, en medio del valle, en medio de la vida, elige cada día ser más humano que apurado.

Al final, el cariño no es un sentimiento: es un oficio.

Y en Tafí, a veces, ese oficio lleva taxímetro… pero su verdadera tarifa es invisible: se cobra en el alma, y se paga con gratitud.

Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón

jorgeloboaragon@gmail.com

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 26, 2026

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  Por Mick Olsen.

Los mercados de predicción han demostrado ser notablemente eficaces para recopilar información dispersa en diversos ámbitos. Desde el lanzamiento de productos tecnológicos hasta la predicción electoral, a menudo superan las predicciones de los expertos. Sin embargo, al aplicarse a operaciones militares, estos mismos mecanismos generan riesgos radicalmente diferentes. Ahora, voluntarios ucranianos, blogueros militares rusos y titulares de autorizaciones de seguridad estadounidenses pueden convertir el conocimiento interno de las operaciones militares en ganancias a través de monederos de criptomonedas seudónimos.

A las 2:00 a. m., hora local, del 3 de enero de 2026, se escucharon explosiones en Caracas. Aviones que volaban a baja altura impactaron instalaciones militares. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron capturados por las fuerzas estadounidenses. Horas antes, una cuenta recién creada en Polymarket había invertido más de 30.000 dólares apostando por la salida de Maduro. Por la mañana, esa posición había generado aproximadamente 400.000 dólares en ganancias, una rentabilidad del 1200 % en menos de 24 horas en una operación militar.

Si bien los mercados de predicción prohíben teóricamente el uso de información privilegiada, su diseño crea poderosos incentivos para monetizar información no pública, y las plataformas carecen de mecanismos efectivos de control para prevenirlo. En la práctica, el uso de información privilegiada en los mercados de predicción está estructuralmente incentivado. Este ecosistema ya no es marginal. Ahora incluye plataformas de intercambio reguladas por el gobierno federal como Kalshi, plataformas nativas de criptomonedas como Polymarket que operan en el extranjero, y nuevos participantes respaldados por importantes firmas financieras y de apuestas que están ampliando rápidamente la gama de eventos del mundo real que se pueden negociar.

Esto ya no es hipotético. En octubre, la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz. Horas antes del anuncio, una cuenta nueva de Polymarket realizó apuestas iniciales de $68,000. El operador obtuvo más de $50,000 en ganancias y las autoridades noruegas abrieron una investigación. En noviembre, alguien manipuló el mapa de primera línea que Polymarket utiliza para resolver las apuestas territoriales en Ucrania, inventando un avance ruso programado con precisión para activar los pagos y luego borrando las pruebas tras el acuerdo.

Y ahora Venezuela. Mientras las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses ejecutaban lo que el presidente Donald Trump calificó como un “ataque increíblemente peligroso”, alguien ya estaba posicionado para beneficiarse de la captura de Maduro, apostando por resultados binarios de un evento que quizás sabían que era inminente.

En una conferencia el otoño pasado, Tarek Mansour, cofundador de Kalshi, afirmó: “La visión a largo plazo es financiarizar todo y crear un activo negociable a partir de cualquier diferencia de opinión”. Todo, desde los desacuerdos en la mesa hasta las elecciones disputadas o si un jefe de estado será arrestado antes de Navidad, puede ser materia prima para un mercado.

En los últimos cinco años, cierto tipo de gamificación financiera se ha infiltrado en la vida estadounidense. Se aceleró durante la pandemia, cuando millones de estadounidenses se quedaron en casa, aburridos entre llamadas de Zoom. Descubrieron que podían hacer trading intradía en sus teléfonos. Lo que siguió fue una cascada de especulación cada vez más absurda: el short squeeze de GameStop, Dogecoin, imágenes de monos de dibujos animados por 3 millones de dólares. Parecía una broma, en su mayoría. Un carnaval sin víctimas.

Pero la lógica nunca se contuvo. La misma infraestructura, los mismos ciclos de dopamina, la misma retórica sobre “democratizar el acceso” siguieron expandiéndose. Proliferaron las aplicaciones de apuestas deportivas, seguidas de los mercados de predicción sobre elecciones, decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, rupturas amorosas entre famosos y la propagación de incendios forestales, y ahora, el cambio de régimen.

Kalshi y Polymarket no crearon este apetito. Lo están alimentando. Kalshi acaba de ser valorada en 11 mil millones de dólares. Polymarket obtuvo el respaldo de la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado ha hablado. Somos el mercado.

Esto es lo que estamos comprando.

Polymarket ahora alberga docenas de contratos de Venezuela. ¿Invadirá Estados Unidos antes del 31 de marzo? ¿Se incautará otro petrolero? ¿Cuántos ataques con narcotraficantes se habrán llevado a cabo antes del 31 de enero? A los pocos días de la operación contra Maduro, la plataforma añadió nuevos contratos: ¿Atacará Estados Unidos a Colombia antes de fin de año? ¿A Cuba? ¿A Somalia antes del 31 de enero? Como informó el Wall Street Journal, los operadores ahora apuestan a si el líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, será destituido del poder antes de junio, con probabilidades que han aumentado de menos del 20 % al 36 % tras la operación contra Venezuela. El mercado para que Trump adquiera Groenlandia es bajo, pero está en alza.

Como señaló el Wall Street Journal, los críticos advierten que los contratos de mercado de predicciones vinculados a la guerra pueden crear incentivos perjudiciales, especialmente si personas con información privilegiada encargadas de llevar a cabo acciones militares se ven tentadas con apuestas paralelas. Se apuestan decenas de millones de dólares en eventos que podrían costar la vida a miles de personas.

En Ucrania, un sitio web creado por voluntarios llamado DeepStateMap muestra qué aldeas están ocupadas, dónde resiste el frente, dónde parece frágil. Los ucranianos lo consultan como los estadounidenses consultan el tiempo. Para los civiles del este, es una herramienta de supervivencia.

El año pasado, un desarrollador sincronizó ese mapa directamente con la interfaz de apuestas de guerra de Polymarket: al pasar el cursor sobre una aldea, se ven las probabilidades. El lugar donde viven los padres de alguien se convierte en el lugar donde otra persona tiene un “Sí” con un precio de tres decimales.

Las plataformas afirman que están recopilando información, revelando la verdad mejor que las encuestas o los expertos. Quizás. Pero cuando el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, advirtió en 2023 que los contratos de eventos políticos requerirían que la agencia monitoreara a “innumerables participantes en las maquinaciones políticas” para evitar la manipulación, estaba poniendo de relieve una pesadilla regulatoria. Entre los riesgos más preocupantes se encuentra lo que los economistas denominan un problema de agencia: una discordancia fundamental de incentivos entre quienes ejecutan acciones y aquellos a quienes sirven.

Un comandante militar debe responder ante el liderazgo civil y el objetivo de la misión. Ahora, también tiene un interés financiero en si su unidad resiste o se retira. Un diplomático que negocia un alto el fuego sirve a los intereses estratégicos de su país, pero si apuesta al fracaso de las conversaciones, sus incentivos se desvían de su deber. Un analista de inteligencia que asesora sobre la sincronización militar puede adelantarse a su propia evaluación.

Para ser claros, no hay evidencia pública de que funcionarios estadounidenses hayan hecho tales apuestas. Ese es precisamente el problema: el sistema está diseñado para que probablemente nunca lo sepamos.

Los mercados de predicción vinculados a resultados militares y diplomáticos generan tres riesgos distintos. Primero, incentivan la monetización de información no pública. Segundo, permiten la manipulación directa de los resultados. Tercero, corrompen los incentivos para la toma de decisiones entre quienes tienen autoridad sobre los propios acontecimientos. La guerra activa los tres de forma única.

Cuando los mercados permiten lucrarse con la guerra, crean incentivos para prolongarla. Cuando permiten lucrarse con el fracaso diplomático, crean incentivos contra la paz. Cuando la información clasificada se convierte en alfa comercializable, todo el aparato de toma de decisiones de seguridad nacional se vuelve vulnerable a la corrupción.

El Congreso está empezando a notarlo. El representante Ritchie Torres presentó la Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026, que prohibiría a los funcionarios federales y a sus designados negociar contratos de mercados de predicción vinculados a políticas gubernamentales cuando cuenten con información no pública. La restricción refleja las normas existentes sobre tráfico de información privilegiada en los mercados financieros tradicionales, pero las extiende a los mercados de predicción.

Sin embargo, quedan preguntas cruciales sin resolver. ¿Deberían las prohibiciones aplicarse solo a quienes tienen acceso directo a la planificación clasificada o extenderse a todo el aparato interinstitucional, incluyendo contratistas y oficiales de enlace extranjeros? ¿Deberían prohibirse por completo ciertas categorías de eventos, como las operaciones de captura o asesinato, las acciones encubiertas y los ataques militares activos, como eventos en los que se puede apostar, independientemente de quién esté operando?

La aplicación de la ley presenta un desafío formidable. La mayoría de las plataformas operan a través de entidades offshore o protocolos de blockchain descentralizados donde los operadores utilizan monederos con seudónimos. Una regulación eficaz requeriría la verificación obligatoria de “conozca a su cliente” vinculada a la situación laboral en el gobierno, la ampliación de las capacidades forenses de blockchain en el Departamento del Tesoro o la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, o la prohibición categórica de alojar este tipo de contratos en plataformas accesibles desde EE. UU. —el equivalente regulatorio a los controles de exportación para productos financieros—.

Considere el precedente: los ciudadanos estadounidenses deben declarar las cuentas bancarias en el extranjero que superen los 10 000 dólares, según los requisitos del Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras. Extender obligaciones de divulgación similares a las direcciones de monederos de criptomonedas para empleados federales con autorizaciones de seguridad —integradas en los registros existentes de la Oficina de Ética Gubernamental— podría crear un registro auditable donde el riesgo de contrainteligencia es más agudo.

Las herramientas regulatorias ya existen. En 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas multó a Polymarket con 1,4 millones de dólares por operar una bolsa de derivados no registrada. Polymarket se reestructuró posteriormente, adquirió una bolsa con licencia y recibió la aprobación de la Comisión para reanudar operaciones limitadas en EE. UU. a finales de 2025 a través de un intermediario registrado. Esto demuestra que los marcos de cumplimiento normativo pueden aplicarse. La pregunta es si los reguladores los aplicarán a los mercados vinculados a operaciones militares clasificadas.

El contraargumento es que dicho comercio ya sería ilegal bajo las leyes vigentes sobre tráfico de información privilegiada. Quizás. Pero Polymarket opera en el extranjero, ofrece seudónimo y se encuentra en una zona gris regulatoria. Kalshi está regulado a nivel nacional, pero con definiciones de información sustancial no pública tan laxas para los contratos de eventos que su aplicación resulta funcionalmente inviable.

Más fundamentalmente, los mercados de predicción funcionan recompensando a quienes poseen información superior. En muchos ámbitos, eso significa un mejor análisis. En ámbitos regidos por el secreto, significa acceso a conocimiento no público. Mansour señala explícitamente esta lógica. Cuando esas ventajas informativas incluyen autorizaciones de seguridad, el sistema se convierte en un mecanismo para convertir inteligencia clasificada en ganancias privadas.

Moscú y Pekín sin duda están observando. ¿Por qué gastar recursos en reclutar activos cuando el propio aparato de seguridad nacional del adversario se ve incentivado a filtrar información a través de mercados de apuestas anónimos? ¿Para qué lanzar una compleja campaña de desinformación cuando se puede simplemente apostar a lo grande para mover los mercados y observar quién se beneficia, identificando así quién tiene acceso?

La configuración actual de los mercados de predicción permite que la guerra se convierta en una estrategia de diversificación de cartera, donde las mismas personas que informan al presidente sobre las opciones militares pueden beneficiarse de sus propias recomendaciones, y el momento de una operación de operaciones especiales puede generar ganancias que eclipsan el salario anual del gobierno.

Esto es lo que realmente significa la mercantilización de todo. No solo que podemos apostar por cualquier cosa, sino que hemos llegado a verlo todo como una apuesta: elecciones, cambios de régimen, operaciones militares. Las diferencias de opinión que antes requerían discusión, negociación y sacrificio se reducen a contratos y contrapartes.

Hemos pasado años acostumbrándonos a tratar todo como un intercambio. El hábito parecía inofensivo cuando lo que estaba en juego eran monedas de memes y monos de dibujos animados. Pero los hábitos mentales migran. Las mismas interfaces fluidas, el mismo lenguaje de “posiciones” y “probabilidades”, y la misma disociación de las consecuencias se aplican ahora a si Caracas arde o si Maduro ve un tribunal en Nueva York. La visión a largo plazo, dice Mansour, es financiarizarlo todo. No se equivoca al intentarlo. Está interpretando correctamente la cultura.

Pero la política no tiene por qué seguir la cultura. Varios países de la UE han declarado ilegales los mercados de predicciones bajo la ley de juegos de azar. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas tiene autoridad de ejecución que no ha ejercido plenamente. El Congreso puede prohibir categorías enteras de contratos. El Tesoro puede imponer regímenes de divulgación que hagan insostenible el comercio anónimo para el personal autorizado.

La pregunta no es si los mercados de predicciones sobre operaciones militares son inevitables. La pregunta es si tenemos la voluntad institucional para reconocer que algunos eventos —aquellos que involucran violencia, planificación clasificada y poder estatal— deben permanecer fuera de la lógica del mercado.

La guerra no debería ser una apuesta. Las decisiones de seguridad nacional no deberían ser oportunidades de lucro. Existe la tecnología para que lo sean. Existe la regulación para evitarlo.

Lo que falta es la decisión de actuar.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 26, 2026

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El alarde de los mercados del presidente Donald Trump ha recibido un duro golpe de realidad, ya que nuevos datos arrojaron un veredicto incierto sobre su segundo mandato en la Casa Blanca.

Los mercados bursátiles estadounidenses registraron ganancias más débiles durante el primer año del segundo mandato del presidente Trump que durante el mismo período de su primera presidencia, según un análisis de Axios publicado el miércoles.

El S&P 500 subió un 15,7 % desde la segunda investidura de Trump hasta el 16 de enero, el último día de negociación de su primer año de regreso al cargo. Esta ganancia no alcanzó el aumento del 24,1 % registrado durante el primer año del mandato anterior de Trump. También se quedó por debajo del aumento del 19,3 % registrado durante el primer año de su predecesor, Joe Biden, y muy por debajo del aumento del 35,9 % del expresidente Barack Obama, según informó Axios.

Otros índices principales presentaron un panorama más heterogéneo. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 13,5 % durante el último año, prácticamente igualando el rendimiento del 13,3 % de Biden en su primer año, pero por debajo del aumento del 32,1 % de Trump en su primer mandato y del 58 % de Obama. El Nasdaq subió un 19,8 % durante el segundo mandato de Trump, superando el 9,9 % de Biden y el 4,5 % de Obama, pero aún por debajo del aumento del 32,4 % que Trump disfrutó durante su primer mandato.

Esta realidad llega apenas unas semanas después de que Trump afirmara que Estados Unidos tiene “el mejor mercado bursátil de la historia”.

El presidente Trump, por otro lado, heredó la peor crisis inflacionaria y el régimen regulatorio más engorroso en una década, con la economía estadounidense perdiendo más de 100.000 empleos manufactureros durante el último año de Biden en el cargo.

“El mercado bursátil alcanzando múltiples máximos históricos, el aumento de los salarios reales y el enfriamiento de la inflación demuestran que el presidente Trump está cumpliendo tanto con los ciudadanos comunes como con Wall Street”, añadió Desai.

La turbulencia en los mercados se intensificó esta semana en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, incluyendo las amenazas del presidente sobre Groenlandia. Al cierre del martes, el Dow Jones bajó 870 puntos, el S&P 500 perdió un 2,1%, mientras que el Nasdaq cayó un 2,4%, marcando el peor desempeño diario para los tres desde octubre.

El presidente ha redoblado su amenaza de anexar por la fuerza Groenlandia, la isla semiautónoma que forma parte de Dinamarca. Ha declarado que Estados Unidos necesita el territorio para “seguridad nacional e incluso seguridad internacional” e incluso ha amenazado con imponer aranceles a varios países europeos. hasta que el territorio sea entregado a EE. UU.

Trump llegó a Davos el miércoles para asistir al Foro Económico Mundial, donde tiene previsto conversar con miembros de la alianza militar de la OTAN sobre Groenlandia. “Probablemente podamos llegar a un acuerdo”, declaró a NewsNation antes de partir.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 25, 2026

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  Por Jason Riccardo.

A medida que la temperatura del mar y las tensiones geopolíticas aumentan simultáneamente, la importancia estratégica de Groenlandia aumenta. En este contexto, el espectro de la expansión territorial estadounidense se ha convertido en un nuevo factor que complica la seguridad del Ártico.

El cambiante entorno de seguridad en el Ártico exige una mayor participación estadounidense en la región. En concreto, Estados Unidos necesita reforzar su presencia militar en Groenlandia mediante la mejora de las defensas aéreas y antimisiles regionales. Los acontecimientos futuros podrían requerir otras medidas, como la reapertura de bases cerradas y el despliegue de más tropas en Groenlandia.

Sin embargo, socavar la integridad territorial de Dinamarca, uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos, sería un error de cálculo estratégico de proporciones épicas. Podría fracturar el orden de seguridad europeo y ártico, brindando mayores oportunidades a Rusia y China. En lugar de amenazar a Dinamarca, las acciones estadounidenses en Groenlandia y el Ártico en general deberían realizarse en sintonía con nuestros aliados daneses y otros aliados regionales.

Dos peligros gemelos en el Ártico —la grave y persistente amenaza de Rusia y el aumento de las ambiciones regionales de China— han cautivado la atención del presidente estadounidense Donald Trump, junto con los recursos minerales de Groenlandia. Trump ha afirmado que cualquier cosa que no sea la propiedad estadounidense de Groenlandia es “inaceptable”. Según el presidente, el control del territorio es necesario para evitar que caiga en manos rusas y chinas. Además, el presidente afirma que el control de Groenlandia es necesario para completar elementos de la arquitectura de defensa antimisiles Golden Dome. Su interés en anexar Groenlandia por razones estratégicas se remonta a su primer mandato, cuando propuso comprársela a Dinamarca.

Ambas afirmaciones son sumamente exageradas. La propiedad estadounidense de Groenlandia no es necesaria para contener a China y Rusia. La colaboración con los aliados de la OTAN en el Ártico ofrece una mejor estrategia para lograrlo.

Tampoco es necesaria para avanzar en los objetivos de defensa antimisiles de la Administración. Estados Unidos cuenta con activos de defensa antimisiles, como radares de alerta temprana e interceptores, en el territorio de varios países aliados. Esto incluye sistemas de radar que ya se encuentran en Groenlandia.

Si bien el énfasis del presidente en la propiedad es erróneo, su evaluación de que Groenlandia es un territorio estratégicamente crítico para Estados Unidos es correcta. Como se escribió anteriormente en este medio, Groenlandia es un “eje estratégico en el Ártico”. Aumentar nuestra presencia militar en Groenlandia es un imperativo estratégico. Washington necesita tomar medidas que disuadan la agresión rusa en el Ártico y mejoren nuestra capacidad para contrarrestar las acciones rusas en caso de que la disuasión falle. La creciente presencia de China en la región exacerba estas necesidades estratégicas.

Sin embargo, el aumento de nuestra presencia militar debe lograrse mediante una estrecha colaboración con Copenhague y Nuuk. Para mejorar realmente la seguridad de Groenlandia, Estados Unidos debería aprovechar los acuerdos existentes con Dinamarca, como el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951, que le otorgan una amplia libertad de acción en Groenlandia.

La posición geográfica de Groenlandia le confiere una importancia estratégica crucial. Se encuentra cerca de la cima del mundo, lo que la sitúa cerca de la trayectoria de un ataque con misiles balísticos intercontinentales contra Estados Unidos y la convierte en un lugar importante para los radares de alerta temprana. Se encuentra al noreste de Estados Unidos, anclando una línea de alerta temprana y capacidades de defensa aérea que protege el flanco norte estadounidense. Limita la brecha Groenlandia-Islandia-Reino Unido, lo que la hace crucial para proteger a América del Norte de las capacidades navales rusas y para proyectar el poder naval aliado.

La defensa del Ártico es de creciente importancia. Estados Unidos y sus aliados deben lidiar con la creciente capacidad y asertividad rusa en la región. Rusia ha ampliado sus capacidades convencionales en el extremo norte. También ha desplegado novedosos sistemas con capacidad nuclear en el Ártico.

La expansión y modernización militar de Rusia incluye el despliegue de nuevas capacidades submarinas, como el submarino de misiles balísticos clase Borei-A, el submarino de ataque clase Yasen-M y el submarino altamente secreto Belgorod. Rusia también ha desplegado misiles de crucero hipersónicos Tsirkon en el Ártico, así como el misil aerobalístico Kinzhal. Ambos podrían, en teoría, llevar una ojiva nuclear.

Rusia sigue siendo la principal amenaza para la región, pero ya no es la única. China tiene crecientes ambiciones en el Ártico. Pekín ha incrementado su presencia en el Ártico, emprendiendo una estrategia integral que incluye una creciente actividad política, económica, científica y militar.

La mejora de las capacidades rusas y el creciente interés chino coinciden con el derretimiento del hielo marino.

Los intentos de obligar a Dinamarca a ceder Groenlandia no contribuirán en absoluto a mejorar la seguridad regional. Al contrario, amenazan una mayor integración y cooperación regional.

Pasar de las amenazas a la acción sería aún más desestabilizador. El aventurerismo militar resquebrajaría el orden de seguridad del Ártico y Europa.

Un ataque estadounidense contra Groenlandia constituiría la primera vez que un miembro de la OTAN invade el territorio de otro. Una invasión crearía una crisis inmediata para la alianza. Dicha acción violaría el Artículo 1 del Tratado del Atlántico Norte, que obliga a las partes de la OTAN a resolver las disputas internacionales entre ellas de forma pacífica. El Artículo 1 también compromete a los Estados miembros a no recurrir a amenazas de fuerza contra otros Estados miembros. Un ataque también crearía un dilema irresoluble para el Artículo 5 de la OTAN sobre defensa colectiva, la piedra angular de la alianza. O bien los demás miembros de la OTAN respetan el Artículo 5 y ayudan en la defensa de Groenlandia —dividiendo a Estados Unidos del resto de la OTAN— o bien eluden las responsabilidades del Artículo 5. No respetar el Artículo 5 socavaría la credibilidad de la alianza. Mantenerlo separaría a Estados Unidos de la alianza. Incluso si la OTAN sobreviviera, sería una alianza mucho más débil, carente de una garantía de seguridad creíble y del respaldo de Estados Unidos.

El mayor beneficiario en este escenario es Rusia. China también obtendría beneficios estratégicos.

En caso extremo, la desintegración de la OTAN eliminaría el principal impedimento a la expansión rusa en Europa y reestructuraría por completo el orden de seguridad europeo. Incluso si la OTAN sobreviviera debilitada, podría no ser capaz de disuadir la agresión rusa contra los países europeos.

Poner fin a la cooperación regional también permitiría una mayor expansión rusa en el Ártico, socavando el objetivo mismo de la Administración Trump de contener la amenaza rusa. Svalbard es el lugar más probable para la futura expansión rusa en el Ártico. Moscú ya se muestra cada vez más firme en las zonas circundantes. Defender el archipiélago de un ataque o anexión rusa requiere una coordinación más estrecha entre Noruega, Estados Unidos y aliados regionales como Dinamarca.

Además, destruir el orden de seguridad liderado por Estados Unidos en la región brindaría a China oportunidades para la participación diplomática, económica y de seguridad en la zona. Los aliados regionales podrían recurrir a Pekín para contrarrestar la expansión rusa y estadounidense en la región.

La coerción continua, militar o de otro tipo, corre el riesgo de crear precisamente el escenario que Washington desea evitar: la expansión rusa y una mayor participación china. En cambio, Estados Unidos debería profundizar sus vínculos actuales con Dinamarca y el gobierno de Groenlandia.

Dinamarca ya es un contribuyente crucial a la seguridad del Ártico. Dinamarca ha aportado 15 000 millones de dólares a la iniciativa de seguridad del Ártico tan solo en los últimos dos años. Tiene presencia militar en Groenlandia y coopera con otros aliados del Ártico y del Ártico cercano en diversas cuestiones de seguridad. Dinamarca también ha firmado un Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa con Estados Unidos que permite el acceso estadounidense a las bases militares danesas.

Mientras tanto, Estados Unidos ya cuenta con valiosos activos en Groenlandia. Debería colaborar con Nuuk y Copenhague para ampliar y mejorar estas capacidades, incluyendo la mejora de las defensas aéreas y antimisiles en Groenlandia. Actualmente, Estados Unidos solo opera una base —la Base Espacial Pituffik— y cuenta con aproximadamente 150 tropas estacionadas en Groenlandia. Estados Unidos ha tenido una presencia mucho mayor en el pasado, operando bases adicionales y desplegando hasta 10.000 tropas en el apogeo de la Guerra Fría. Si bien es improbable que Estados Unidos necesite desplegar tantas tropas u operar todas las bases anteriores en un futuro próximo, el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 le permite reabrir tantas bases anteriores como Washington considere necesario y desplegar una fuerza mucho mayor que la que Estados Unidos proporciona actualmente.

Un punto de partida para mejorar las capacidades estadounidenses en Groenlandia es completar las renovaciones que ya están en marcha en Pituffik. Se desconoce el alcance exacto de las renovaciones, pero las autoridades han confirmado la reparación de la pista, el despliegue de un nuevo rompehielos y la modernización de las instalaciones que garantizarán que la base pueda seguir funcionando en tiempos de paz.

Las mejoras adicionales deberían garantizar la seguridad de la base durante crisis o guerras. La base y las futuras instalaciones adicionales en Groenlandia son vulnerables a la creciente capacidad de misiles de Rusia en el Ártico. En otros artículos, he argumentado que los novedosos sistemas de armas nucleares de Rusia, incluidos Tsirkon y Kinzhal, proporcionan a Rusia una mayor capacidad de combate regional en Europa del Este, que Estados Unidos y la OTAN pueden superar. Lo mismo ocurre con Groenlandia.

Para contrarrestar la amenaza que representan las nuevas armas rusas, es necesario desplegar capacidades regionales de defensa aérea y antimisiles en Groenlandia. Si bien es más sofisticado que otros sistemas de misiles rusos, Kinzhal es vulnerable a los sistemas de defensa aérea y antimisiles Patriot. Algunas afirmaciones sugieren que Tsirkon también podría ser vulnerable a Patriot o al SAMP/T europeo. Dinamarca encargó sistemas SAMP/T en 2025. Si bien no hay interceptores actualmente en Groenlandia, Estados Unidos debería reforzar la seguridad de Pituffik mediante el despliegue de baterías Patriot, sistemas de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (TAAD) u otras capacidades avanzadas de defensa antimisiles.

Esto no impediría que los radares de alerta temprana actuales o futuros en Groenlandia fueran inmunes a un ataque con misiles rusos, pero esto no cambiaría con la posesión estadounidense de Groenlandia. Sin embargo, sí mejora la seguridad de la base, así como de Groenlandia en su conjunto, y reduce la probabilidad de un ataque ruso exitoso.

Actualmente, China representa una amenaza militar menos grave en la región. Contrarrestar a China requerirá una estrategia ártica más amplia destinada a limitar la influencia política y económica china, garantizando al mismo tiempo la capacidad militar suficiente para disuadir futuras agresiones chinas. Groenlandia puede desempeñar un papel importante en esta estrategia. De ser necesario en el futuro, Estados Unidos tiene la opción de desplegar un número significativamente mayor de tropas en Groenlandia. Sin embargo, esta opción solo existe mientras Copenhague y Nuuk confíen en que Estados Unidos no intentará conquistar Groenlandia por la fuerza.

Por su parte, es probable que Dinamarca apoye una mayor presencia estadounidense, siempre y cuando confíe en que Estados Unidos no utilizará sus capacidades ampliadas para tomar Groenlandia por la fuerza. Antes del actual impulso de Washington para anexar Groenlandia, Dinamarca instaba a Estados Unidos y a la OTAN a invertir más en seguridad regional. Dinamarca y Groenlandia también han manifestado su disposición a colaborar estrechamente con Estados Unidos para mejorar la seguridad de Groenlandia y apoyar una mayor presencia estadounidense.

Dinamarca también está tomando medidas que fortalecerán la seguridad de Groenlandia. Copenhague ha invertido en nuevos buques de guerra, drones y capacidades espaciales para mejorar la defensa de Groenlandia. También ha desplegado más tropas en Groenlandia, dado que Trump ha mostrado cada vez más su interés en anexar el territorio. Dinamarca podría optar por mantener estas tropas en Groenlandia.

Al colaborar con Dinamarca, y no contra ella, Estados Unidos mejorará el entorno de seguridad regional, protegerá mejor el territorio norteamericano de las amenazas rusas y se beneficiará de su competencia con China. Estados Unidos podría ampliar sus capacidades de radar y desplegar interceptores para reforzar la defensa aérea y antimisiles de Groenlandia. Washington también tiene la opción de aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Groenlandia si fuera necesario. En combinación con la continua inversión danesa en activos navales, capacidad para drones y despliegue de tropas, Washington puede lograr sus objetivos estratégicos en Groenlandia sin anexionarse.

PrisioneroEnArgentina.com

Enero 15, 2026