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Históricamente, las crisis monetarias se han relacionado con la hiperinflación, fenómeno que Argentina ha sufrido con frecuencia. La hiperinflación se considera generalmente una calamidad que conduce a la destrucción del sistema monetario capitalista de circulación. Sin embargo, en la actual crisis argentina, se ha producido una implosión total de las relaciones económicas y monetarias debido a la hiperdeflación. Esto representa el estrangulamiento de la economía por la exigencia de pagar una deuda insostenible.

Existe una diferencia sustancial entre hiperinflación e hiperdeflación. En la hiperinflación, los precios se disparan sin cesar a una velocidad cada vez mayor. Aquellas clases cuyos ingresos no están totalmente indexados a los precios y que no poseen viviendas ni otros activos fijos pierden terreno rápidamente. En la hiperdeflación, en cambio, los precios no retroceden. Hoy en día, en casi todo el mundo, prevalece el sistema del capital monopolista. Las grandes corporaciones, las grandes empresas minoristas y el capital financiero concentrado son sus características distintivas. Como consecuencia del capital monopolista, la deflación, incluso cuando se agrava hasta convertirse en hiperdeflación, no produce una caída de los precios. Estos continúan subiendo, aunque a un ritmo moderado. En este contexto, los precios de los servicios públicos (transporte, servicios médicos, impuestos municipales, etc.) aumentan para incrementar los ingresos con fines presupuestarios. El presupuesto del gobierno nacional debe ser austero, con un déficit mínimo o nulo, especialmente en áreas no relacionadas con los intereses capitalistas, como el gasto en seguridad social; por lo tanto, la política deflacionaria viene oficialmente dictada por la necesidad de pagar la deuda externa. Mientras tanto, bajo el mismo principio de austeridad, se impone una congelación salarial a los trabajadores. Los asalariados pierden, ya que sus salarios se congelan mientras los precios crecen lentamente y los servicios sociales se reducen. Por consiguiente, la hiperdeflación no implica una caída drástica de los precios, sino más bien un colapso de la demanda real, la producción y el empleo.

La hiperdeflación argentina es el resultado directo del intento de integrar la economía al sistema financiero capitalista internacional mediante la imposición permanente de una política antiinflacionaria y antiexpansiva. Al hacerlo, la clase capitalista argentina, apoyada e impulsada por el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), primero destruyó el sistema nacional de seguridad social y la red de bienestar, y en los últimos dos años, generó un colapso total de la economía hasta el punto de bloquear la circulación monetaria. Todo este episodio constituye un importante caso histórico en el que los intereses de la clase nacional convergieron con los intereses financieros internacionales, lo que finalmente condujo a la destrucción del sustento de la mayor parte del pueblo argentino, el 50% del cual vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza.

La Mecánica de la Crisis
La crisis política de este importante país sudamericano estalló formalmente cuando, en la primera semana de diciembre de 2001, el FMI decidió retener un préstamo de 1.300 millones de dólares aprobado para el servicio de la deuda externa del país, que ascendía a 142.000 millones de dólares. El FMI afirmó que el gobierno, entonces liderado por el presidente Fernando De la Rúa del Partido Radical, no estaba cumpliendo su compromiso de recortar aún más el gasto. Esta afirmación era falsa. Desde el otoño de 2000, cuando el gobierno argentino inició una nueva ronda de negociaciones con el FMI, hasta el levantamiento de Buenos Aires en diciembre pasado, el gobierno recortó sistemáticamente el gasto. Privatizó la seguridad social y recortó los fondos de las provincias, obligando a muchas de ellas a utilizar dinero fiduciario para cumplir con sus pagos. Durante el verano, el ministro de Economía, Domingo Cavallo —un protegido del FMI que, por cierto, fue subsecretario del Interior (Departamento de Policía Federal) durante la sangrienta dictadura militar de 1981— se fijó como meta un déficit presupuestario cero. Si no se alcanzó el objetivo, no fue por falta de esfuerzo, sino por la creciente crisis social, con un desempleo que llegó al 18 por ciento y un porcentaje similar clasificado como subempleado. Inmediatamente después de que el FMI retuviera el préstamo, el gobierno emprendió una ronda de recortes aún más severa, que incluyó la congelación de las cuentas bancarias de los ciudadanos y la limitación de los retiros a 250 dólares semanales. Fue entonces cuando el pueblo de Buenos Aires se alzó contra el gobierno.

La deuda argentina
La explosión de la deuda del país comenzó con el régimen militar en el poder entre 1976 y 1983. En total, la deuda externa se multiplicó casi por cuatro, pasando de 9.700 millones de dólares en 1976 a 35.700 millones en 1981. El componente público de la deuda se incrementó significativamente debido a la compra de armamento, para gran satisfacción del gobierno estadounidense, que apoyaba la represión de las fuerzas populares por parte de los militares argentinos y deseaba la participación de la dictadura en la represión y la tortura en Centroamérica. Sin embargo, a pesar del aumento del gasto público, el sector privado fue el principal prestatario externo. El componente público de la deuda externa fue, de hecho, menor en 1981 (56%) que en 1976 (68%). Por consiguiente, el crecimiento de la deuda fue más pronunciado en el sector privado que en el público.

En Argentina, la dictadura militar de 1976-1983 representó la vanguardia del neoliberalismo. Introdujo una nueva ley de inversión extranjera que facilitaba las adquisiciones y la inversión financiera, a la vez que liberaba el tipo de cambio del control gubernamental. Anticipando lo que sucedería dos décadas después, estas medidas atrajeron capital del extranjero, mientras que las compañías financieras y los bancos internacionales, inundados de dinero gracias al aumento del precio del petróleo, impulsaban agresivamente los préstamos a países del tercer mundo. Si bien Argentina no era un país tradicionalmente del tercer mundo, no fue la excepción. Cabe destacar, sin embargo, que la orientación neoliberal de los militares no habría sido posible sin el exterminio físico de los activistas de las fuerzas populares. La dictadura militar propició una estrecha alianza entre multinacionales, capital financiero y élites empresariales locales, una alianza que se consolidó como dominante durante la década de 1980. Este bloque revirtió la estrategia de sustitución de importaciones que caracterizó el considerable crecimiento industrial de Argentina en la década de 1960. Fue bajo esta alianza que se produjo la explosión de la deuda externa, mientras que el sistema productivo comenzó a sufrir una desindustrialización crónica.¹

Para 1981, el régimen militar se encargó de absorber la deuda externa privada, obteniendo, en el proceso, el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Tras la caída de la dictadura, el presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical, continuó la política de socialización de la deuda, a petición expresa de los países acreedores. Como detalla Eduardo Basualdo (véase la nota 1), el Banco Central y las empresas privadas acordaban un tipo de cambio específico, con respecto al dólar, para la revaluación de la deuda externa denominada en dólares a la moneda local, que se devaluaba progresivamente. Al transferir la deuda al Estado, las empresas recibían un subsidio correspondiente a la diferencia entre el tipo de cambio acordado y el real (ahora depreciado). Gracias a diversos mecanismos, todos basados ​​en este principio, las empresas privadas se liberaron de la mayor parte de su deuda. Inicialmente, las principales beneficiarias fueron las multinacionales, que también habían sido las principales prestatarias, pero posteriormente la política se extendió a las empresas argentinas.

Esta socialización de la deuda privada tuvo consecuencias perjudiciales para la economía. Antes de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos (1976-1983), las relaciones económicas externas de Argentina se caracterizaban por crisis cíclicas de balanza de pagos. En un país semiindustrializado, los períodos de crecimiento generan un aumento de las importaciones de productos industriales superior a las exportaciones de productos primarios. El déficit externo resultante obliga a las autoridades a desacelerar la economía (reducir las importaciones) mediante la creación de una recesión interna. Sin embargo, la deuda privada, convertida en pública, contraída durante el régimen militar, cambió la naturaleza del problema. El problema externo dejó de ser cíclico para convertirse en permanente, mientras que el vínculo con la economía interna se volvió mucho más grave, ya que la carga de la deuda provocó la desestabilización de las finanzas públicas y la deriva hacia la hiperinflación, al imprimir el gobierno dinero para financiar sus gastos internos.

A finales de la década de 1980, el nuevo presidente, el peronista Carlos Menem, prometió acabar con la hiperinflación y el estancamiento mediante un plan que también reintegraría a las clases capitalistas argentinas al ámbito financiero internacional. En 1991, el gobierno de Menem promulgó discretamente una ley, diseñada por el mencionado Domingo Cavallo. Esta ley introdujo una reforma monetaria que vinculaba legalmente la nueva unidad monetaria, el peso, al dólar estadounidense en una paridad uno a uno. La necesidad de combatir el círculo vicioso de hiperinflación-devaluación-hiperinflación se consideró la justificación de la estricta paridad dólar-peso. Se suponía que la estabilización resultante detendría la constante revaluación de la deuda externa denominada en dólares, permitiendo así que las clases dirigentes argentinas se integraran a la comunidad financiera mundial.

Desde la ley de 1991, la deuda privada se multiplicó por once, mientras que la deuda pública creció menos del 60%, alcanzando un total de 142 mil millones de dólares a finales de 2001. En esencia, durante los últimos veinte años, la población argentina ha estado sometida, secuencialmente, al siguiente mecanismo: el Estado asume la carga de la deuda externa privada; el sector privado continúa acumulando deuda, mientras que el Estado privatiza sus actividades públicas, generando así beneficios financieros (rentas) para las empresas privadas, tanto nacionales como internacionales; y, posteriormente, el Estado traslada la carga de la deuda a toda la economía, especialmente a la población trabajadora, obligándola a generar un superávit financiero a expensas de los salarios, los servicios sociales y la inversión pública.

Estabilización y colapso en la hiperdeflación
La validación económica de la ley aprobada en 1991 dependía de un mecanismo automático que establecía que la creación monetaria interna debía corresponder al saldo neto de dólares que ingresaban al país. Teóricamente, el equilibrio entre la entrada neta de dólares y la creación monetaria interna puede garantizarse mediante (a) grandes superávits en las cuentas corrientes (exportaciones mayores que importaciones) o (b) entradas netas de capital. Lograr que la cuenta corriente sostenga todo el proceso de creación monetaria es imposible, ya que requeriría un superávit muy grande en relación con el ingreso nacional. Además, a lo largo de su historia de posguerra, Argentina tendió a tener un superávit en la balanza comercial pero un déficit en la balanza de pagos. Esta es una situación común para los países cuyos vínculos productivos con el resto del mundo se realizan a través del sector de materias primas.² El superávit en el sector comercial se ve más que compensado por el pago al exterior de intereses, dividendos, seguros y otros servicios. En cuanto a las entradas de capital, estas pueden estimularse mediante (1) la dinámica de la demanda, de modo que las empresas extranjeras deseen invertir allí; (2) la transformación del país en una plataforma de exportación barata como México; (3) la privatización de actividades públicas como los servicios públicos, donde siempre se garantiza un flujo constante de rentas; y (4) el endeudamiento en los mercados financieros internacionales. La primera condición, la solidez de la demanda, era inexistente, ya que el país había estado sumido durante toda la década de 1980 en una crisis económica con hiperinflación. La paridad fija entre el dólar y el peso redujo el atractivo del país como plataforma de exportación, por lo que la implementación del programa de estabilización basado en la paridad dólar-peso dependió de la privatización y de un mayor endeudamiento.

La reforma monetaria de Menem coincidió plenamente con los intereses, las opiniones y las aspiraciones de las instituciones financieras privadas, tanto locales como internacionales, y su política recibió el pleno respaldo de Washington, sin el cual su implementación no habría sido posible. La privatización y la austeridad presupuestaria atrajeron capital, expandiendo así la creación monetaria interna y generando una euforia que, entre 1991 y 1995, produjo una tasa de crecimiento superior al 4% anual, una de las más altas desde 1945. Las clases dirigentes argentinas creyeron haber regresado al seno del mundo capitalista avanzado. Pero tan pronto como se puso en marcha la reforma monetaria, el país perdió su tradicional superávit en la balanza comercial, aunque no de forma drástica. Sin embargo, siguió registrando una creciente salida de ingresos por inversiones destinada al pago de intereses y dividendos en el extranjero. En consecuencia, el saldo general de la cuenta corriente se deterioró notablemente, lo que incrementó la dependencia de las entradas de capital. La fragilidad de la fase de crecimiento quedó patente con la recesión provocada por la crisis mexicana de principios de 1995; a raíz de esta, la economía argentina se contrajo un 3%.

Temiendo un destino similar al de México, el capital financiero se mostró aprensivo, pero la crisis se superó temporalmente gracias a la expansión del comercio dentro del Mercosur (un mercado común que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), donde Brasil es, con diferencia, la mayor unidad económica. El gobierno de ese gran país también seguía una política de desregulación y de vinculación de la moneda local (el real) al dólar, aunque no tan estrictamente como el peso argentino. Esto mantuvo el valor del real elevado, mientras que la inflación brasileña se mantuvo alta en relación con la argentina. Este factor implicó una revaluación de la moneda brasileña, estimulando así las exportaciones argentinas (ahora más baratas). En 1989, alrededor del 11% de las exportaciones argentinas se dirigían al Mercosur. Para 1995, ese porcentaje había aumentado al 31,7%, y para 1998, justo antes del inevitable colapso brasileño, el Mercosur absorbía el 35% de las exportaciones argentinas. Las compañías financieras internacionales consideraban tanto a Brasil como a Argentina como mercados emergentes, con monedas de alto valor y alto riesgo. Así, por un lado, les estaban imponiendo préstamos —que los voraces y rapaces capitalistas locales estaban más que dispuestos a conceder, ya que, de todos modos, serían los asalariados quienes tendrían que pagar—, pero por otro lado, querían protegerse contra el llamado riesgo país. Las entidades financieras y las casas de bolsa no son ingenuas. Saben que Brasil y Argentina no son Estados Unidos, cuyo déficit externo puede financiarse mediante la emisión de bonos que serán aceptados por el resto del mundo sin imponer límites a las autoridades monetarias estadounidenses. En el caso de los países periféricos, un déficit externo persistente y creciente se traduce inmediatamente en una amenaza de insolvencia. Tanto en Argentina como en Brasil, los déficits externos aumentaban porque la estabilización de la moneda implicaba una pérdida de producción nacional en favor de las importaciones. Por lo tanto, con la crisis mexicana de 1995, el tipo de interés adicional por riesgo país aplicado a los préstamos argentinos aumentó considerablemente. Cuando Brasil colapsó en 1998, provocando una devaluación del 40% del real, la situación también se complicó para Argentina.

La crisis brasileña disipó cualquier ilusión sobre la posibilidad de crecimiento a largo plazo en los países del Cono Sur de América Latina. También puso de manifiesto una verdad fundamental para quienes no se dejaron cegar por el espejismo de las ganancias espectaculares de la especulación financiera: la producción real no podía sostener la enorme carga de deuda e intereses de Argentina. Este es, sin duda, el punto crucial. Ningún nivel razonable de exportaciones netas habría bastado para sacar al país de la trampa de la deuda. Sin la carga de la deuda, el déficit argentino, si bien empeoraba, no era dramático, especialmente en el comercio de mercancías. La mayor parte del daño se produjo por la salida de fondos destinados a pagos de intereses, repatriación de dividendos y servicios. A esto hay que añadir la exportación de capital realizada por las clases capitalistas argentinas. Tras la crisis brasileña, la tasa de interés por riesgo país se disparó y siguió aumentando cuando quedó claro que Argentina no sería capaz de generar ni siquiera un flujo neto mínimo de fondos a partir de sus operaciones con el resto del mundo. En consecuencia, la paridad peso-dólar que sostenía la nueva ola de privatizaciones y especulación financiera no pudo mantenerse por mucho tiempo. El Tesoro estadounidense y el FMI lo sabían desde el principio, pero insistieron en los planes de austeridad, cuyo verdadero propósito era poner a la venta los activos del país.

La conexión clasista entre el capital financiero internacional y local se evidencia en el hecho de que el ajuste total de la deuda externa recayó sobre la economía real, mientras que el capital fue atraído con promesas de ganancias fáciles mediante privatizaciones, tasas monopolísticas indexadas al dólar en caso de devaluación (en servicios públicos, por ejemplo) y la libertad de abandonar el país rápidamente. Los efectos debilitantes, e incluso devastadores, de estas políticas se manifiestan en la persistente desindustrialización y la creciente explotación de los trabajadores, que afectaron al país incluso durante los años de euforia económica. Entre 1992 y 2000, la productividad laboral por hora aumentó cerca del 45%, mientras que los salarios nominales se estancaron y los salarios reales disminuyeron. Durante el mismo período, la capacidad productiva ociosa se mantuvo elevada, en torno al 30% de la capacidad potencial. Esta aumentó aún más a medida que el crecimiento se estancaba y la crisis se agudizaba. Estos factores, en conjunto, generaron, desde el período de euforia económica en adelante, una tasa persistentemente alta de desempleo y subempleo que afecta actualmente a más del 40% de la población activa. Además, el impacto estructural del período de liberalización financiera está poniendo en peligro la posibilidad de una recuperación, incluso asumiendo el ascenso al poder de una alianza progresista. El valor de los bienes de capital importados y las piezas de repuesto para maquinaria aumentó del 25% del total de las importaciones en 1991 al 45% en 1998. Esto significa que la desindustrialización ha llegado al extremo de impedir el establecimiento de una mínima autonomía en el funcionamiento y la planificación del aparato productivo. En este sentido, Argentina ha descendido aún más en la escala de las economías en desarrollo y ahora se encuentra en una posición mucho más débil para emprender programas destinados a erradicar la pobreza y la recesión.

El año 2000 fue testigo de la formación de un amplio frente social contra la alianza entre el gobierno, el FMI y los operadores financieros. Se produjeron manifestaciones masivas contra las negociaciones con el FMI, que se consideraban, con razón, como una vía hacia una mayor austeridad y una crisis económica. Pero ni el gobierno ni la oposición peronista, que llegó a proponer una dolarización total de la economía, estaban interesados ​​en salir del mecanismo de dependencia financiera. El FMI intentó abrir aún más la puerta a la liberalización financiera. Cada ronda de negociaciones implicaba nuevas medidas de austeridad y, como si todo estuviera orquestado, los prestamistas internacionales aumentaban la presión elevando el tipo de interés de riesgo de los préstamos. Así, las instituciones financieras —nacionales e internacionales— se convirtieron en usureras, y el FMI en el cobrador de deudas con tácticas de estrangulamiento. Sin embargo, el paquete de préstamos negociado durante el otoño de 2000, que desencadenó la crisis, evidencia los estrechos vínculos entre el capital local y los grupos internacionales. La privatización del sistema de seguridad social fue el componente más importante y explosivo del acuerdo con el FMI. Esta medida no figuraba en el paquete original, pero el gobierno de De la Rua la quería para hacer un enorme favor a las aseguradoras privadas. Demasiado cobarde para presentar la medida directamente ante el Congreso, el gobierno pidió al FMI que incluyera la privatización como condición para los nuevos préstamos. La bonanza para las empresas privadas es evidente en la comisión del 30 por ciento que reciben por administrar los fondos que luego transfieren al gobierno a tasas de interés exorbitantes ajustadas al riesgo.

Para las clases compradoras y el gobierno argentino, la única forma de mantener el acuerdo cambiario con el dólar —del cual dependía toda la creación monetaria interna— era, tras haber vendido todos los activos nacionales posibles, endeudarse aún más. Sin embargo, cada endeudamiento adicional incrementaba la prima de riesgo exigida por los prestamistas. En julio de 2001, la emisión rutinaria de letras del Tesoro a tres meses se convirtió en una crisis cuando la tasa de interés solicitada se elevó del 9% al 14%, a pesar de la deflación persistente, lo que agrava considerablemente la carga real de los pagos de intereses. La respuesta del gobierno fue introducir restricciones adicionales, y el Ministro de Economía, Cavallo, anunció una política de déficit presupuestario cero, imposible de alcanzar. Evidentemente incapaz de lograr este objetivo, el gobierno fue notificado por el FMI a principios de diciembre de 2001 de que se le retendría un préstamo de 1.300 millones de dólares (exactamente la misma cantidad, en el mismo período, se le otorgó a Turquía, un país de importancia estratégica). La decisión del FMI llevó al gobierno a robar literalmente el dinero al público bloqueando las cuentas corrientes y los depósitos bancarios. Esto fue la gota que colmó el vaso y llevó a una amplia gama de clases sociales a las calles, expulsando a De la Rúa del poder. Pero incluso en los momentos de mayor angustia, la clase política pretendía beneficiar a las clases adineradas y a las empresas financieras manteniendo temporalmente la paridad peso-dólar mientras inventaba una nueva moneda, el argentino, no vinculada al dólar. Se suponía que los precios, los alquileres y los intereses se mantendrían en dólares o pesos, mientras que las pensiones y los salarios se pagarían en argentinos, cuyo valor se temía que se desplomaría frente al dólar o al peso. La población se percató de inmediato del engaño orquestado por el presidente interino, el peronista Rodríguez Saa, y lo expulsó a su vez. El actual presidente, Eduardo Duhalde, camina ahora sobre la cuerda floja entre restablecer los lazos con el FMI y evitar una nueva explosión de indignación popular.

De ajuste en ajuste, de deflación en deflación, las autoridades argentinas y el FMI han logrado el colapso de la moneda, sin la cual una economía capitalista no puede funcionar. Sin embargo, una restauración estable de las relaciones capitalistas en Argentina es improbable en el actual clima de crisis financiera mundial. Sería mucho más práctico abandonar cualquier vínculo con el FMI y sus clientes y avanzar directamente hacia la construcción de un sistema económico planificado basado en las necesidades sociales.

Notas: Fernando Hugo Azcurra, La “Nueva” Alianza Burguesa en Argentina (Buenos Aires: Dialectica, 1988); Eduardo M. Basualdo, Deuda Externa y Poder Económico en la Argentina (Buenos Aires: Editorial Nueva América, 1987).

El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos es de naturaleza totalmente diferente. Estados Unidos tiene un déficit en la balanza comercial y un superávit en servicios, la mayoría de los cuales son financieros. Además, el origen del déficit estadounidense no radica en la dependencia estructural con respecto a otros países industrializados. Es, más bien, el resultado, como lo expresó Paul Sweezy, de los costos del imperialismo, incluyendo la necesidad de apoyar a Japón y Asia Oriental durante las guerras de Corea y Vietnam.

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Agosto 28, 2026

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Agosto 28, 2026

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Argentina no necesita una nueva “receta mágica”. Necesita algo mucho más difícil: mantener durante muchos años un conjunto coherente de políticas económicas, evitar los ciclos de endeudamiento, emisión, inflación y devaluación, y transformar sus enormes recursos naturales en inversión, empleo y productividad.

La situación actual es diferente de la que Argentina enfrentaba hace algunos años. La inflación cayó fuertemente desde los niveles superiores al 200% anual de fines de 2023 y el país consiguió superávits fiscales primarios durante dos años consecutivos. El FMI proyecta para 2026 un crecimiento cercano al 3,5%, aunque advierte que todavía existen riesgos importantes.

Pero bajar la inflación no es lo mismo que solucionar la economía. El verdadero desafío es conseguir que el crecimiento llegue a los salarios, las pequeñas empresas, la industria, la construcción y las familias.

1. Mantener el equilibrio fiscal

El primer paso es evitar volver al déficit permanente.

Durante décadas, Argentina gastó sistemáticamente más de lo que podía financiar. Cuando el Estado no conseguía suficiente crédito, recurría a la emisión monetaria o a aumentos de impuestos. El resultado fue una combinación de inflación, pérdida de confianza, fuga de capitales y crisis cambiarias.

El gobierno de Javier Milei consiguió transformar el equilibrio fiscal en el centro de su programa. El FMI señala que Argentina obtuvo un superávit primario de 1,4% del PIB en 2025 y un superávit fiscal total de 0,2%.

Eso debe continuar, pero con una condición: el ajuste tiene que mejorar la calidad del Estado, no simplemente reducir el gasto indiscriminadamente.

Hay gastos improductivos que pueden eliminarse. Pero educación, infraestructura, seguridad, ciencia, salud y determinadas inversiones públicas pueden aumentar la productividad futura.

2. Terminar con la inflación

La inflación destruye especialmente a quienes tienen salarios fijos y pocos ahorros.

Argentina debe consolidar un sistema monetario en el que el Gobierno no pueda financiar sus déficits mediante emisión. El FMI considera fundamental mantener una política monetaria prudente y fortalecer la independencia del Banco Central.

La reducción de la inflación todavía no está completa. El FMI estimaba alrededor de 32,5% anual a comienzos de 2026 y proyectaba aproximadamente 25% para finales del año, con el objetivo de llegar a inflación de un solo dígito hacia 2028.

Para Argentina, llegar a una inflación baja y estable sería una revolución económica. Permitiría recuperar el crédito hipotecario, los préstamos empresariales y la planificación a largo plazo.

3. Crear empleo privado

Aquí está probablemente el problema más importante.

Un país puede tener superávit fiscal y aun así continuar siendo pobre si no crea suficientes empleos productivos.

Argentina necesita que una empresa pequeña pueda contratar trabajadores, invertir, pedir crédito y exportar sin enfrentarse a una montaña de impuestos, regulaciones y burocracia.

La reforma laboral puede ayudar, pero debe encontrar un equilibrio: facilitar la contratación sin convertir al trabajador en el único que pague el costo de la transformación económica.

El objetivo debería ser pasar progresivamente de empleo informal y empleo público de baja productividad hacia empleos privados formales y mejor remunerados.

4. Aprovechar Vaca Muerta

Argentina posee una oportunidad extraordinaria en energía.

Vaca Muerta ya se convirtió en uno de los grandes motores de la economía argentina. Las exportaciones energéticas alcanzaron un récord de US$11.100 millones en 2025, y existen proyectos que podrían aumentar enormemente esa cifra durante los próximos años.

Pero hay que evitar un error histórico: creer que Vaca Muerta por sí sola salvará a Argentina.

El petróleo y el gas pueden generar dólares, inversiones, infraestructura y empleo. Pero Argentina también necesita transformar esos ingresos en industrias, tecnología, servicios y capital humano.

La energía debe ser una plataforma para desarrollar el resto de la economía.

5. Convertirse en una potencia agroindustrial

Argentina no debería limitarse a exportar soja, trigo, maíz, carne o petróleo.

Tiene que intentar vender productos con mayor valor agregado.

Por ejemplo:

soja → alimentos y proteínas procesadas

litio → productos químicos, baterías y tecnología

petróleo → petroquímica

gas → GNL y productos industriales

agricultura → maquinaria, biotecnología y servicios tecnológicos

El país posee universidades, científicos, ingenieros y empresarios capaces de participar en estas cadenas. El problema histórico ha sido la falta de estabilidad para invertir durante décadas.

6. Explotar el litio y los minerales

El litio, el cobre y otros minerales pueden convertirse en una segunda gran fuente de dólares.

Argentina tiene enormes recursos minerales, pero necesita reglas estables, infraestructura y seguridad jurídica.

Los inversores pueden aceptar impuestos relativamente altos. Lo que difícilmente aceptan es no saber qué reglas existirán dentro de cinco años.

Por eso la estabilidad institucional es tan importante como el recurso natural.

7. Conseguir crédito barato

Una economía moderna necesita crédito.

Una familia necesita crédito para comprar una vivienda. Una empresa necesita crédito para comprar maquinaria. Un agricultor necesita financiar una cosecha. Una fábrica necesita dinero para expandirse.

Argentina prácticamente perdió durante años la cultura del crédito debido a la inflación y las crisis bancarias.

Recientemente el Gobierno comenzó a flexibilizar el crédito bancario en dólares para empresas, buscando aumentar el financiamiento y estimular inversión y empleo.

Pero el objetivo final debe ser recuperar un mercado de crédito profundo en pesos y dólares, con tasas razonables y reglas confiables.

8. Bajar impuestos sin destruir el equilibrio fiscal

Argentina tiene una presión tributaria complicada y un sistema impositivo lleno de distorsiones.

La solución no es simplemente eliminar impuestos de un día para otro. Eso podría provocar nuevamente déficit.

La estrategia debería ser:

menos impuestos distorsivos + más actividad económica + mayor base tributaria.

Si una empresa que hoy opera informalmente se formaliza porque los impuestos son razonables, el Estado puede recaudar más incluso con tasas menores.

9. Abrirse al mundo

Argentina necesita exportar mucho más.

Un mercado interno de aproximadamente 45 millones de habitantes no alcanza para convertir al país en una potencia económica.

Argentina debe vender al mundo alimentos, energía, minerales, servicios profesionales, software, tecnología, turismo y productos industriales.

La apertura comercial debe ser gradual y acompañada por políticas que permitan a las empresas argentinas competir.

No se trata de destruir la industria nacional. Se trata de conseguir que la industria argentina sea suficientemente productiva para competir internacionalmente.

10. No abandonar a los sectores perjudicados

Aquí existe un riesgo político para el programa económico.

La transformación puede producir ganadores y perdedores.

Vaca Muerta está creando empleos muy bien remunerados, mientras determinados sectores industriales y de construcción han sufrido dificultades. Reuters describió recientemente esta situación como una especie de “dos Argentinas”: una impulsada por energía y exportaciones y otra que todavía siente el impacto del ajuste y la pérdida de empleo.

Por eso el Gobierno necesita una red social inteligente: ayuda focalizada para quienes realmente la necesitan, capacitación laboral y políticas que faciliten la transición hacia nuevos empleos.

El gran desafío

Argentina ya demostró muchas veces que puede crecer durante algunos años. El problema es mantener el crecimiento durante 20 o 30 años.

El país necesita algo que históricamente le ha faltado: continuidad.

Un gobierno puede cambiar. Un presidente puede perder una elección. Pero determinadas reglas fundamentales deberían sobrevivir:

• equilibrio fiscal;
• moneda estable;
• independencia institucional;
• respeto a los contratos;
• seguridad jurídica;
• apertura económica razonable;
• educación de calidad;
• inversión;
• infraestructura;
• promoción de exportaciones.

El FMI sostiene precisamente que Argentina debe convertir la estabilización conseguida en prosperidad duradera mediante instituciones más fuertes, inversión, productividad y creación de empleos de calidad.

Conclusión

Argentina puede salir de su problema económico. Tiene energía, alimentos, minerales, agua, tierras productivas, talento humano y una posición geográfica favorable.

Lo que necesita no es descubrir una riqueza nueva, sino crear las condiciones para aprovechar las riquezas que ya posee.

El verdadero éxito de Milei —o de cualquier gobierno futuro— no debería medirse solamente por el déficit o la inflación. Debería medirse por algo mucho más concreto: si un joven argentino puede conseguir un empleo formal, comprar una vivienda, obtener un crédito, ahorrar en su propia moneda y construir un futuro sin pensar constantemente en emigrar.

Si Argentina logra estabilidad fiscal y monetaria, inversión privada, exportaciones crecientes, energía abundante, crédito y empleo formal durante una década o más, puede dejar atrás el ciclo de crisis.

El problema es que la salida no será inmediata. La estabilización puede conseguirse en pocos años; la transformación de un país puede requerir una generación. Y esa es probablemente la prueba más difícil para Argentina: aprender a mantener una política económica razonable incluso cuando cambie el gobierno.

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Agosto 28, 2026

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La mayoría de los expatriados son relativamente ricos para los estándares filipinos. En Estados Unidos, mis ingresos estaban ligeramente por encima del promedio. En Filipinas, me encuentro entre la clase alta y la clase alta.

Los filipinos tienen un gran respeto por los extranjeros. Son muy educados y amables.

El costo de vida aquí es bajo. Es aproximadamente dos tercios de lo que pagaba en Estados Unidos. Así que mudarme aquí fue como un aumento instantáneo del 50% en mis ingresos. La vivienda es especialmente barata.

Cuando me mudé, alquilé un apartamento de tres habitaciones y dos baños, completamente amueblado, por 450 dólares al mes. En Estados Unidos, por ese precio, tal vez podrías conseguir una caja de cartón debajo de un puente.

La atención médica en las grandes ciudades es tan buena como en Estados Unidos. Mi dentista aquí tiene equipos más avanzados que el que tenía mi dentista en Estados Unidos.

El mayor inconveniente que veo es la contaminación. Tirar basura es algo común. Las personas pobres que no pueden pagar la recolección de basura regularmente tiran sus desperdicios en la acera o en un río.

Ah, y el tráfico es terrible. Nadie respeta las normas de tráfico, lo que al principio puede parecer liberador, pero significa que todo el mundo sabe que nadie las respeta, así que el tráfico va muy despacio mientras uno está pendiente de los demás conductores. Se tarda una eternidad en llegar a cualquier sitio, sobre todo en las grandes ciudades.

Hay que acostumbrarse a una cultura diferente.

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Señor Director:

Hay noticias que se leen y pasan. Otras permanecen dentro de nosotros como un espejo que ya no podemos retirar de la pared.

La nota de Gustavo Rodríguez, titulada “Filicidio en Tucumán: los detalles desconocidos del crimen de Ignacio y del suicidio de su padre”, pertenece a estas últimas.

El periodista relata una tragedia ocurrida en Villa Alem. Oscar Mauricio Sosa, de 38 años, cumplía arresto domiciliario por una causa tramitada en Córdoba. Vivía con Ignacio, su hijo de ocho años, un niño con autismo severo que necesitaba atención permanente. Después de separarse de su pareja, había quedado como principal responsable de su cuidado. No tenía trabajo, no podía abandonar la vivienda y dependía de la ayuda de sus hermanos.

En ese escenario de aislamiento, precariedad e incertidumbre, el padre asesinó a Ignacio y luego se quitó la vida.

Es necesario decirlo con todas las letras: nada puede justificar que un padre mate a su hijo. Ignacio era el más pequeño, el más vulnerable, el que dependía de los adultos para vivir y ser protegido. Él es la víctima y debe permanecer en el centro de cualquier reflexión.

Pero Gustavo Rodríguez tuvo la sensibilidad de no detenerse ante la superficie del horror. Su artículo honra al mejor periodismo: el que investiga sin invadir, pregunta sin absolver y conmueve sin convertir el dolor ajeno en espectáculo.

No escribió solamente acerca de dos muertes. Se atrevió a mirar detrás de la puerta.

Allí encontró a un hombre sometido a arresto domiciliario, sin trabajo y a cargo de un niño que requería cuidados especiales. También señaló que se investigaba la posibilidad de que debiera regresar a Córdoba por cuestiones judiciales pendientes y que, en la carta dejada antes de morir, habría expresado su preocupación por quién cuidaría de Ignacio.

No sabemos si había recibido una orden concreta para regresar a prisión. Tampoco podemos saber qué ocurrió finalmente en su mente. Afirmarlo sería irresponsable. Pero el artículo nos deja frente a una pregunta que ninguna autopsia podrá contestar:

 ¿Cuánto tiempo puede una persona permanecer encerrada en su propio laberinto antes de que alguien advierta que ha perdido la salida?

Borges comprendió como pocos que los laberintos más terribles no siempre están construidos con muros. A veces están hechos de soledad, miedo, expedientes, puertas cerradas y días que se repiten sin que nadie llame.

El arresto domiciliario puede ser una medida jurídicamente adecuada, pero no debería convertirse humanamente en abandono. Cuando quien lo cumple es también el único cuidador de un niño con discapacidad, el Estado no puede limitarse a comprobar que permanezca dentro de una casa. Debe saber cómo viven ambos, quién sostiene los tratamientos, qué recursos poseen y quién cuidará al niño si la situación procesal de su padre cambia.

Quizás cada organismo haya cumplido con su trámite. Quizás cada expediente haya recibido su sello, su firma y su fecha. Sin embargo, los expedientes también pueden convertirse en laberintos: cada hoja parece avanzar, mientras la persona que les dio origen permanece detenida en el mismo lugar.

Y entonces surge la pregunta más dolorosa:

¿Quién cuidaba al cuidador y quién estaba preparado para cuidar a Ignacio?

El autismo no explica este crimen. La discapacidad de un hijo jamás puede presentarse como causa de su muerte. Hacerlo sería una injusticia para Ignacio y para las innumerables familias que, aun atravesando dificultades inmensas, cuidan a sus hijos con una entrega cotidiana, silenciosa y admirable.

Lo que esta tragedia deja al descubierto es otra cosa: la soledad.

Quizás nos invada cierta nostalgia por aquellos tiempos en los que el dolor de una casa todavía podía ser advertido por el vecino, el médico, el maestro o la familia; cuando una puerta cerrada no significaba necesariamente que lo ocurrido detrás de ella fuera asunto de otros.

Hoy conocemos inmediatamente una tragedia sucedida a kilómetros de distancia, pero con frecuencia ignoramos el sufrimiento que habita al otro lado de nuestra propia pared.

Nos conmovemos cuando llegan la Policía, los peritos, el fiscal y las cámaras. Pero el verdadero desafío consiste en llegar antes: antes del último acto, antes de la desesperación, antes de que una puerta se cierre definitivamente.

Ignacio no tendrá los cumpleaños que le faltaban. No descubrirá las palabras que acaso habría aprendido, ni conocerá las personas que podrían haberlo amado. Su tiempo, que debía extenderse hacia el porvenir, quedó detenido para siempre en los ocho años.

El expediente probablemente sea archivado cuando la Justicia descarte la intervención de terceros. Pero nosotros no podemos archivar a Ignacio.

No podemos reducirlo a una fotografía, a un diagnóstico ni a una noticia que mañana será reemplazada por otra. Ignacio tenía un nombre, una historia apenas comenzada y el derecho inviolable de continuar viviendo.

Gustavo Rodríguez rescató su nombre del frío lenguaje policial y lo colocó delante de nuestra conciencia. Por eso su artículo no solamente informa: nos interpela.

Borges intuyó que la historia de una vida puede quedar cifrada en un solo instante. Ojalá que el instante que conserve nuestra memoria no sea únicamente aquel en que Ignacio murió, sino aquel en que su muerte nos obligó, por fin, a preguntarnos cuántas puertas cerradas estamos dejando de tocar.

Ignacio tenía ocho años.

Y desde ahora su ausencia también nos pertenece.

Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón
San Miguel de Tucumán
jorgeloboaragon@gmail.com

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Agosto 28, 2026

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Por Nate Levin.

Joel David Rifkin es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Nueva York. Fue condenado por el asesinato de nueve mujeres, aunque se sospecha que asesinó a 17 entre 1989 y 1993. Sus crímenes se centraron principalmente en trabajadoras sexuales, y sus brutales métodos de asesinato y eliminación de cadáveres conmocionaron al público. Finalmente fue detenido en junio de 1993 cuando la policía lo detuvo por falta de matrícula y descubrió un cuerpo en descomposición en su vehículo.

Primeros crímenes y víctimas
El patrón de Rifkin consistía en recoger mujeres, estrangularlas y luego deshacerse de sus cuerpos en varios lugares de Nueva York y Nueva Jersey. Sus víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, solían ser desmembradas o abandonadas en zonas remotas.

A continuación, una lista de algunas de sus víctimas conocidas:
Heidi Balch – marzo de 1989, cuerpo nunca encontrado. Se cree que fue la primera víctima de Rifkin.

Julie Blackbird – Julio de 1989, vista por última vez en Brooklyn; su cuerpo nunca fue recuperado.
Barbara Jacobs – Julio de 1991, hallada en el río Hudson.
Mary Ellen DeLuca – Septiembre de 1991, estrangulada y abandonada.
Yun Lee – Septiembre de 1991, su cuerpo fue hallado en el East River.
Anna Lopez – Marzo de 1992, hallada en el río Hudson.
Mary Catherine Williams – Diciembre de 1992, hallada en Yorktown.
Iris Sanchez – Diciembre de 1992, hallada en Brooklyn.
Jenny Soto – Noviembre de 1992, hallada en el río Harlem.
Leah Evans – 1992, hallada en el sur del Bronx.
Lauren Marquez – 1993, hallada en Central Islip.
Tiffany Bresciani – Junio ​​de 1993, su cuerpo fue hallado en la camioneta de Rifkin, lo que condujo a su arresto.

Detención y condena
El reinado de terror de Rifkin terminó el 28 de junio de 1993, cuando la policía intentó detenerlo por una infracción de tránsito en East Meadow, Nueva York. Durante la detención, los agentes percibieron un olor fétido proveniente de su camioneta y descubrieron el cuerpo de Tiffany Bresciani en su interior. Tras su arresto, Rifkin confesó 17 asesinatos, aunque solo fue condenado por nueve. Fue condenado a entre 203 años y cadena perpetua y actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional Clinton en Dannemora, Nueva York.

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Dec 2, 2025

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En realidad, Rusia no podrá resistir mucho más. Estimo que colapsará por completo este año o el próximo.

La razón es simple: Rusia ya ha perdido más soldados en el campo de batalla de los que puede reclutar actualmente. En otras palabras, el número de soldados rusos en el campo de batalla está disminuyendo de forma puramente estratégica. Y esto tiene un impacto muy negativo en la guerra.

Rusia ya no tiene suficientes soldados para lanzar ataques, por lo que lo que le espera es una retirada continua y la derrota. Una vez que esta situación se agrave, el colapso de Rusia será inevitable.

Por lo tanto, esperemos que Ucrania mate aún más soldados rusos en el campo de batalla. Porque el tiempo se le acaba a Rusia.

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Agosto 27, 2026

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¿En qué consiste?

Trump propuso utilizar parte de los ingresos obtenidos mediante los aranceles a las importaciones para entregar un pago de aproximadamente US$2.000 por persona, principalmente a estadounidenses de ingresos bajos y medios. Trump habló públicamente de esta idea durante 2025 y volvió a defenderla posteriormente.

La idea políticamente es bastante sencilla:

Aranceles → más ingresos del Gobierno → dinero para los ciudadanos.

Pero existe un problema fundamental: un arancel es, en la práctica, un impuesto sobre las importaciones estadounidenses. Aunque lo pague inicialmente el importador, una parte importante del costo puede trasladarse a los consumidores mediante precios más altos.

¿Ya están entregando los US$2.000?

No. A agosto de 2026 no existe un programa federal aprobado que esté enviando esos US$2.000, ni existe un formulario oficial del IRS para solicitarlos.

Además, la propuesta enfrenta un enorme obstáculo financiero. Si se pagaran US$2.000 a 100 millones de personas, por ejemplo, el costo sería de US$200.000 millones. Si fueran 200 millones, serían US$400.000 millones.

Y si se intentara pagar US$2.000 a prácticamente todos los estadounidenses, la cifra sería gigantesca.

El problema de los aranceles

Aquí aparece la gran contradicción del plan.

Trump sostiene que los extranjeros están pagando los aranceles. Sin embargo, económicamente, los aranceles son cobrados a empresas estadounidenses que importan productos. Esas empresas pueden absorber parte del costo, pero también pueden trasladarlo a los consumidores.

Por eso un ciudadano podría recibir US$2.000 del Gobierno, pero al mismo tiempo pagar más por automóviles, alimentos, productos electrónicos, materiales de construcción y otros bienes importados.

Es decir, no necesariamente sería “dinero gratis”.

Y existe otro problema todavía mayor

En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que determinados aranceles impuestos por Trump bajo la IEEPA excedían la autoridad presidencial. Esto modificó sustancialmente la base legal y financiera sobre la que se había planteado el dividendo.

Por eso, para que un verdadero “Plan Platita” de US$2.000 se materialice, hacen falta decisiones políticas y legislativas adicionales.

¿Es parecido al “Plan Platita” argentino?

Políticamente, sí hay una similitud interesante.

En Argentina, la expresión “Plan Platita” fue utilizada de manera crítica para describir políticas destinadas a poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos antes de una elección.

El plan de Trump podría ser presentado por sus adversarios de una manera parecida: “el Gobierno cobra más impuestos mediante aranceles y después devuelve una parte del dinero a los votantes”.

Pero hay una diferencia importante: el concepto de Trump está vinculado específicamente a los ingresos arancelarios, mientras que el “Plan Platita” argentino se utilizó para describir un conjunto más amplio de medidas de gasto y beneficios.

Además, el momento político es significativo: Trump había planteado que los pagos podrían comenzar en 2026, antes de las elecciones legislativas de noviembre.

En resumen: el “Plan Platita de Trump” es una propuesta políticamente atractiva —US$2.000 para muchos estadounidenses financiados con aranceles—, pero no es actualmente un cheque aprobado que los ciudadanos puedan reclamar. Y su viabilidad depende de la legislación, de cuánto recauden realmente los aranceles y de la situación jurídica de esos aranceles.

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Agosto 27, 2026

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En primer lugar, Estados Unidos quiere destruir a cualquier país que pueda rivalizar con él. No tolera la competencia de sus iguales. Es, en esencia, muy inseguro.

En segundo lugar, Estados Unidos envidia el éxito de China. ¡China pasó de la nada a la mayor economía mundial (por paridad de poder adquisitivo) en tan solo 35 años! ¡Y sin disparar un solo tiro! China deja en mal lugar a Estados Unidos.

En tercer lugar, Estados Unidos está ideológicamente aferrado a la idea de que solo los países democráticos pueden alcanzar grandes éxitos. China contradice esta idea y, por lo tanto, debe ser borrada de la historia.

En cuarto lugar, Estados Unidos quiere preservar su estatus global para poder seguir disfrutando de los enormes privilegios que se le otorgan. China amenaza este estatus.

En quinto lugar, Estados Unidos teme a un país con una población cuatro veces mayor que la suya. Históricamente, siempre ha visto a los chinos como una plaga. ¿Recuerdan el “Peligro Amarillo”? Este concepto persiste hasta el día de hoy.

En sexto lugar, Estados Unidos es muy egocéntrico. Se considera un país “excepcional” y con derecho a gobernar el mundo. China se resiste al control externo y, por lo tanto, debe ser borrada de la historia.

Creo que con eso queda todo claro.

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Agosto 28, 2026

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Agosto 27, 2026

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EL RETORNO DE SAN MARTÍN – BROWN Y SU MENSAJE                                                        

El arribo de la “Chichester” y el escenario político (1829)                                                                             

La recepción y la firme decisión de no desembarcar                                                                           

El eco de la renuncia y el destino de la gloria

Por Jorge Eduardo Acosta

El amargo retorno de José de San Martín en la “Countess of Chichester” en 1829 y el triste desamparo impuesto a sus Granaderos en 1826 operan en nuestra historia como el síntoma temprano de una tragedia recurrente: la dolorosa asimetría entre el desinterés de los héroes fundacionales y las mezquindades de las facciones políticas en pugna. Las cartas del Libertador, preñadas de una lucidez sombría, no hacían más que constatar que sus antiguos soldados -aquellos que derramaron su sangre en un continente entero – habían sido aislados del tejido social y diluidos por el desprecio burocrático de un centralismo ciego a la gloria. En ese espejo de ingratitud debió mirarse San Martín al negarse a desembarcar. Es allí donde cobra una dimensión monumental el proceder del Almirante Guillermo Brown: ejerciendo el gobierno interino en medio de la borrasca civil, el marino de Irlanda comprendió de inmediato la estatura ética de la negativa sanmartiniana. Aunque Brown representaba a las autoridades de Buenos Aires y necesitaba la espada del prócer para pacificar la provincia, optó por respetar su neutralidad, tendiendo puentes de correspondencia que resguardaron la dignidad del Padre de la Patria por encima del lodo de la guerra fratricida.

La repercusión histórica de este cruce de voluntades es elocuente. Al blindar su sable contra las luchas intestinas, San Martín salvó su legado moral para la posteridad; mientras que Brown, quien poco después también renunciaría hastiado de los excesos políticos, legitimó con su caballerosidad el principio superior de que las armas de la patria solo pertenecen a la libertad de los pueblos, jamás a la tiranía del odio doméstico.

PrisioneroEnArgentina

Agosto 24, 2026

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¿QUÉ PASÓ?

El miércoles por la mañana, la parte baja de un glaciar en el Himalaya se derrumbó y se precipitó al fondo del valle, posiblemente a causa de un terremoto. Una avalancha de hielo y rocas arrasó el río Lhende Khola, que discurre a lo largo de la frontera montañosa entre Nepal y el Tíbet.

El alud de lodo impactó en el puerto de Gyirong, en el Tíbet, y afectó a Nepal, provocando inundaciones repentinas de gran velocidad que destruyeron carreteras enteras, proyectos de energía e inundaron pueblos.

¿CUÁNTOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS HAY?

Las autoridades han recuperado 157 cuerpos hasta el momento, pero se espera que la cifra de muertos aumente considerablemente. Se desconoce el número total de desaparecidos.

Entre los desaparecidos se encuentran más de 400 visitantes extranjeros, incluyendo 133 indios en peregrinación, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses. Nueve surcoreanos que trabajaban en una central hidroeléctrica están desaparecidos, y también se reportó la desaparición de ciudadanos de Malasia y Sudáfrica.

Cerca de 5000 personas fueron evacuadas en el estado indio de Bihar tras la emisión de alertas por inundaciones.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

Policía y personal militar están llevando a cabo labores de rescate, aunque las autoridades han indicado que los helicópteros de rescate no podrán aterrizar en algunas de las zonas afectadas hasta que bajen las aguas. Gran parte de la zona se encuentra sin electricidad y la acumulación de sedimentos dificulta las labores de rescate.

Las personas que viven en zonas bajas han sido trasladadas a lugares seguros, y se ha recomendado a quienes viven a lo largo del río que permanezcan alerta.

Las Naciones Unidas han declarado que están movilizando suministros y personal para apoyar a las comunidades afectadas. India ha comunicado que está coordinando estrechamente con Katmandú las labores de rescate y socorro, y Corea del Sur está enviando un equipo de respuesta rápida.

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Agosto 27, 2026

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La comparación entre Marco Rubio y Barack Obama respecto de Irán es especialmente interesante porque representan dos filosofías muy diferentes de política exterior. Y hay una ironía: Obama apostó fundamentalmente por la diplomacia nuclear, mientras Rubio ha respaldado una estrategia mucho más coercitiva dentro de la administración Trump.

La comparación también debe hacerse con cuidado: Obama no está gobernando durante la guerra de 2026, mientras que Rubio es actualmente secretario de Estado y, por lo tanto, forma parte directamente de las decisiones del gobierno de Donald Trump.

Obama: negociar antes que combatir

Durante la presidencia de Obama, Irán fue considerado uno de los principales desafíos estratégicos de Estados Unidos. Obama no confiaba en el régimen iraní y reconocía su apoyo a grupos armados regionales y su historial de enfrentamiento con Estados Unidos. Pero consideraba que el problema nuclear podía ser tratado mediante diplomacia.

El resultado fue el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), negociado por Estados Unidos, Irán, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China y la Unión Europea.

Obama defendió el acuerdo argumentando que imponía límites importantes al programa nuclear iraní y permitía inspecciones internacionales.

Su filosofía podría resumirse así:

“Si podemos impedir que Irán obtenga un arma nuclear mediante negociaciones verificables, debemos hacerlo antes de recurrir a una guerra.”

Pero Obama nunca descartó completamente la fuerza militar. En 2015 dejó claro que Estados Unidos mantendría la opción militar si la diplomacia fracasaba y consideraba que Irán estaba cerca de obtener un arma nuclear.

Rubio: presión máxima

Rubio representa una visión mucho más dura.

Como senador republicano fue durante años un crítico del acuerdo nuclear de Obama. Consideraba que el JCPOA no resolvía suficientemente el problema de los misiles iraníes, el apoyo de Teherán a grupos armados y la influencia regional de Irán.

En 2026, como secretario de Estado, Rubio está directamente involucrado en la estrategia estadounidense hacia Irán.

Durante la guerra, Rubio ha sostenido que Irán debe pagar un precio elevado por sus acciones. En julio afirmó que Teherán estaba buscando negociar, pero que todavía no estaba dispuesto a aceptar un acuerdo que Washington considerara suficiente.

La filosofía de Rubio puede resumirse así:

“La diplomacia solamente funciona cuando Irán sabe que el costo de rechazar un acuerdo es demasiado alto.”

La gran diferencia

La diferencia entre ambos no es que Obama fuera “blando” y Rubio “fuerte”.

Obama también utilizó la fuerza militar durante su presidencia. Y Rubio también participa actualmente en esfuerzos diplomáticos.

La verdadera diferencia está en cuándo utilizar la presión militar y cuándo utilizar la diplomacia.

¿Quién tenía razón sobre el acuerdo nuclear?

Esta es la parte más difícil.

Obama argumentaba que el acuerdo era mejor que ninguna alternativa porque restringía y vigilaba el programa nuclear iraní. En 2015 sostuvo que sin un acuerdo Estados Unidos tendría menos herramientas para detectar actividades clandestinas y mayor riesgo de una guerra.

Los críticos, entre ellos Rubio, respondían que el acuerdo tenía limitaciones importantes y que algunas restricciones eran temporales. También argumentaban que el pacto no resolvía suficientemente el comportamiento regional de Irán.

En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del JCPOA.

Y aquí aparece una cuestión histórica extremadamente importante para evaluar la situación actual.

Un análisis de 2026 sobre el actual conflicto sostiene que la retirada estadounidense del acuerdo en 2018 contribuyó al deterioro de la confianza y al posterior camino hacia la crisis actual. El exsecretario de Energía Ernest Moniz, uno de los negociadores del acuerdo de Obama, sostiene que aquella retirada fue un factor importante en la evolución hacia la guerra de 2026.

Eso no significa que Obama hubiera “resuelto” definitivamente el problema iraní. El acuerdo tenía límites y no solucionaba todos los conflictos entre Washington y Teherán.

La guerra de 2026 cambia completamente la comparación

La situación actual es mucho más grave.

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, después de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Para agosto, el conflicto continúa y las negociaciones siguen estancadas. Reuters informó recientemente que Irán amenaza con adoptar una posición militar todavía más ofensiva si fracasa la diplomacia, mientras Estados Unidos mantiene la presión sobre Teherán.

Esto representa precisamente el escenario que Obama intentaba evitar cuando defendía la diplomacia nuclear.

Pero también representa el escenario que los críticos de Obama advertían que podía producirse si la presión sobre Irán no era suficiente.

¿Quién fue más inteligente?

En términos de diplomacia preventiva, Obama tiene un argumento muy fuerte.

Consiguió reunir a las principales potencias internacionales y establecer restricciones verificables sobre el programa nuclear iraní. Eso fue un logro diplomático considerable.

En términos de presión estratégica, Rubio tiene argumentos igualmente importantes.

Los defensores de su estrategia sostienen que décadas de negociaciones no consiguieron transformar fundamentalmente el comportamiento de Irán y que Teherán solamente negocia seriamente cuando enfrenta una amenaza creíble.

Pero existe un enorme problema para la estrategia de Rubio y Trump: una guerra que se prolonga durante meses puede producir precisamente el resultado contrario al buscado.

La guerra puede destruir instalaciones militares iraníes, pero también puede fortalecer a los sectores más radicales, aumentar el nacionalismo iraní, provocar ataques contra bases estadounidenses y generar enormes costos económicos.

Además, el conflicto ha afectado al estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Mi conclusión

Si la pregunta es “¿quién tenía una mejor estrategia para evitar una guerra con Irán?”, probablemente Obama.

Su estrategia consistía en limitar el programa nuclear, permitir inspecciones y mantener abiertas las negociaciones mientras se conservaba la posibilidad de utilizar la fuerza si Irán violaba el acuerdo.

Si la pregunta es “¿quién tiene una posición más dura contra Irán?”, claramente Rubio.

Pero la cuestión fundamental es si la dureza produce una paz más segura.

La experiencia de 2026 todavía no permite dar una respuesta definitiva. La guerra continúa y las negociaciones están estancadas. El conflicto ya ha demostrado que derrotar militarmente parte de las capacidades de un país no necesariamente significa conseguir una solución política duradera.

En ese sentido, Obama y Rubio representan dos caminos distintos:

Obama: “Negociemos mientras todavía podemos evitar la guerra.”

Rubio: “Aumentemos la presión hasta que Irán acepte un acuerdo.”

El gran interrogante de la historia será cuál de esas dos filosofías habría producido un Irán más estable y un Medio Oriente más seguro. Y, paradójicamente, la guerra de 2026 podría terminar demostrando que ninguna estrategia funciona por sí sola: la fuerza puede ser necesaria para contener una amenaza, pero finalmente la diplomacia es necesaria para terminar una guerra.

PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 28, 2026

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Estados Unidos puede derrotar a Irán

Estados Unidos no puede permitirse derrotar a Irán

Hay una diferencia

Si tienes 30.000 dólares en tu cuenta, teóricamente podrías comprar una moto acuática de 29.000 dólares

No lo harías porque te quedarías sin ahorros

Estas son las realidades sobre el terreno

I. Irán es sorprendentemente resistente desde dentro

La estabilidad de Irán sigue siendo altísima

Los iraníes pueden odiar a su régimen, pero NO VENDERÁN A SU PUEBLO POR LOS ESTADOUNIDENSES, LOS ISRAELÍES NI LOS ÁRABES

Esto unificó a la nación y fortaleció la resistencia, especialmente tras el asesinato del antiguo ayatolá

II. La economía de la guerra ha cambiado significativamente.

La economía de la guerra ha experimentado un giro radical.

Irán es capaz de causar daños con armamento de bajo costo, como drones y misiles balísticos ocasionales, mientras que Estados Unidos simplemente no puede afrontar financieramente el ataque.

Irán puede destruir 1.000 millones de dólares en propiedades estadounidenses con tan solo 8-15 millones de dólares en activos, pero Estados Unidos necesita entre 400 y 600 millones de dólares en activos para destruir 1.000 millones de dólares en propiedades iraníes.

III. La doctrina de la desigualdad

En pocas palabras, la victoria se define de manera diferente.

Para Irán, la continuidad de su régimen ya es una victoria. Su capacidad para resistir a Estados Unidos también lo es.

Para Estados Unidos, deben obligar a Irán a rendirse o aceptar sus condiciones. Deben derrocar al régimen.

La potencia más fuerte debe ganar con mucha más contundencia y dificultad que la potencia más débil.

¿Puede Estados Unidos derrotar a Irán?

Sí.

Necesitaría concentrar muchos recursos, aumentar su producción y desplegar entre 300.000 y 400.000 soldados sobre el terreno durante 2 o 3 años. Quizás así Estados Unidos logre finalmente derrocar al régimen, con un costo de entre 600.000 y 1 billón de dólares.

Las reservas se agotarían.

Las tropas perderían vidas (al menos 5.000).

Esto debilitaría considerablemente a Estados Unidos frente a China o Rusia, y sin duda lo debilitaría aún más frente a ambos países juntos.

PrisioneroEnArgentina

Agosto 28, 2026

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En 150 años, la Argentina produjo 32.234 leyes y decretos con jerarquía legal  No todas las normas emanaron del Congreso de la nacion del Congreso de la Nación, el poder el Estado que representa a la voluntad popular. Muchas de esas leyes y decretos -que hoy siguen vigentes porque nunca fueron derogadas expresamente- surgieron de la pluma de dictadores y genocidas, que bautizaron como “leyes” a acciones antijurídicas tales como fusilamientos y prohibiciones ilegítimas.

El Digesto Jurídico Argentino, se propone reducir ese abominable bodoque de normas a tan sólo 3134, menos del diez por ciento del total. Todas las demás reglas jurídicas de esa jerarquía quedarán derogadas, cuando el Digesto sea convertido en ley.

Al trabajo de búsqueda, análisis, clasificación y calificación de las leyes y decretos se abocaron más de doscientos profesionales, guiados por una comisión de destacados juristas.

Leyes insólitas

En 1854, la ley 5 del Congreso de la Nación facultó al Poder Ejecutivo a “hacer la guerra o la paz con el gobierno de Buenos Aires”, cuando todavía la provincia se resistía a incorporarse a Confederación Argentina. La ley, que nunca fue derogada, se sancionó desde Paraná, que en ese entonces era la capital provisoria del Estado. La norma tuvo sentido hasta 1861, cuando Buenos Aires se incorporó definitivamente a la Nación, después de la batalla de Pavón.

La Ley 88 de 1864 autorizó al Poder Ejecutivo a “movilizar las Guardias Nacionales de las Provincias cuyo territorio estuviese amenazado por los indios”, según publicó el Boletín Oficial. A pesar de que Julio A. Roca impulsó la paradójica “Conquista del Desierto” pocos años después, lo que significó la masacre de la mayor parte de la población originaria del territorio, el Poder Ejecutivo aún conserva esa atribución.

La ley 94 de ese mismo año buscó penalizar la aplicación de azotes. La norma, que nunca fue incorporada al Código Penal, sanciona con inhabilitación para ejercer cualquier empleo nacional durante diez años a “todo el que ejerciendo autoridad civil o militar hiciese azotar a algún individuo de cualquier clase o condición”.

En 1870 se intentó regular un rubro del mercado que no resulta estratégico, pero que quizá en aquel entonces podría resultar necesario: la ley 432 declara “libres de derechos de importación a las planchas destinadas para la numeración de las puertas y de las calles de las ciudades de la República”.

Ilegítimas

En 1945, con el gobierno de Edelmiro Farrell, se estableció que “los ciudadanos argentinos que hayan prestado o que actualmente presten servicio en las fuerzas armadas en lucha con las potencias del Eje, por un tiempo mayor a un año, han cumplido con la obligación del servicio militar”. La ley 7365 podría resultar un tanto polémica hoy en día, pero después de casi setenta años, nadie se molestó en derogarla.

En 1955 y 1959 se dieron dos de las normas más ilegítimas de la historia institucional argentina. La primera, mediante el tristemente célebre decreto 3855, ordenó la “disolución de los partidos Peronista masculino y femenino en todo el territorio”.

La segunda, en 1959, prohibió de la misma forma “las actividades del Partido Comunista”. Ambos decretos se dieron en el gobierno de facto de Pedro Aramburu, que guarda varias de estas acciones en su haber.

Pena de muerte

Con el decreto ley 10364, el dictador impuso la “pena de muerte” a los participantes del levantamiento militar de Juan José Valle, en junio de 1956. La norma, única en su especie, lleva también la firma de Isaac Francisco Rojas, y es el único decreto que dispone la pena de muerte en toda la historia institucional argentina.

Ordenaba el fusilamiento de Cortinez, Ibageta, Cogorno, Cano, Caro, Noriega y Videla, entre otros soldados que se rebelaron al régimen dictatorial de Aramburu. El hecho se consumó el 12 de junio, en la Penitenciaría de Las Heras.

En 1968, Onganía le concedió al jefe de la policía de la Capital Federal, la facultad de dictaminar y establecer contravenciones, así como la de aplicar las sanciones. De esa forma, con una norma que lleva el número 17889 se autorizó a la autoridad policial a establecer sanciones y a aplicarlas, pasando por encima del Poder Legislativo –en ese entonces el Concejo Deliberante- y el Judicial.

En 1971, ya con Alejandro Agustín Lanusse en el poder, la “ley” 19216 dispuso una curiosa “amnistía general por delitos cometidos mediante la falsa inscripción, como propios, a hijos ajenos”. La norma se adelanta en tan sólo cinco años a lo que sería un plan sistemático de apropiación ilegal de bebés durante la última dictadura cívico militar, muchos de los cuales aún no conocen su verdadera identidad.

No plantar

La ley de facto 21671 fue obra del dictador Jorge Rafael Videla, que mucho de derecho no sabía. Establecía la prohibición de la siembra, plantación, cultivo y cosecha de la adormidera, cáñamo y coca; y de la tenencia y tráfico de cannabis, sus aceites, resinas y semillas. El detalle es que no dispone ninguna pena para quien incurra en esas conductas, sólo las declara “prohibidas”. En el documento final que la comisión encargada del Digesto Jurídico Argentino le entregó al Poder Ejecutivo, los juristas se refieren a esta norma preguntando irónicamente: ¿Y entonces? ¿Qué le pasa a quien viola esa prohibición?”

PrisioneroEnArgentina

Agosto 27, 2026

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Hoy se cumplen cinco años del terrible ataque en Abbey Gate, en el aeropuerto de Kabul, una tragedia que cobró la vida de 13 héroes estadounidenses y más de 160 civiles afganos.

Nos solidarizamos con las familias de los caídos, cuyos seres queridos dieron su vida al servicio de nuestra gran nación. Nuestras oraciones siempre estarán con ellos y con los 45 militares estadounidenses que resultaron heridos durante este terrible ataque terrorista.

La desastrosa retirada de Afganistán por parte del gobierno de Biden sigue siendo una mancha oscura en la historia de nuestra nación. El gobierno de Trump mantiene su compromiso de honrar la memoria de quienes perdieron la vida en Abbey Gate —y durante los 20 años de presencia estadounidense en Afganistán— y de brindar al pueblo estadounidense las respuestas que merece.

PrisioneroEnArgentina

Agosto 27, 2026

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Esto se agrava por la forma en que este presidente perpetúa su propia ignorancia.

El extracto del libro de Michael Wolff, publicado ayer en la revista New York Magazine, merece la pena leerse, aunque solo sea porque comienza confirmando la sospecha que muchos han tenido desde el principio sobre Donald Trump. No esperaba ganar la presidencia, ni siquiera la deseaba.

Pero me gustaría centrarme en otros detalles, ya que también confirman lo que ya sabíamos sobre este presidente.

Pocas personas que conocían a Trump se hacían ilusiones sobre él. Ese era su atractivo: era como era. Un brillo en los ojos, una maldad en el alma. Todos en su círculo social de hombres ricos conocían su profunda ignorancia. Al principio de la campaña, enviaron a Sam Nunberg para que le explicara la Constitución al candidato. “Llegué hasta la Cuarta Enmienda”, recordó Nunberg, “antes de que se llevara el dedo al labio y pusiera los ojos en blanco”.

De llamada en llamada —y su día, salvo las reuniones organizadas, consistía casi exclusivamente en llamadas— era imposible no entenderlo. No sabía conversar, no en el sentido de compartir información ni de mantener un diálogo equilibrado. Ni escuchaba atentamente lo que le decían ni reflexionaba sobre lo que respondía. Exigía atención y luego te consideraba débil por humillarte…

Este era, sin duda, el punto central de la presidencia de Trump, que influía en cada aspecto de su política y liderazgo: no procesaba la información de forma convencional. No leía. Ni siquiera hojeaba. Algunos creían que, en la práctica, era poco más que semianalfabeto. Confiaba más en su propia experiencia —por insignificante o irrelevante que fuera— que en la de nadie. A menudo se mostraba seguro de sí mismo, pero también paralizado con frecuencia; más que un genio, era una figura llena de inseguridades peligrosas y titubeantes, cuya respuesta instintiva era arremeter contra los demás y comportarse como si su instinto, por confuso que fuera, le dictara con claridad y contundencia lo que debía hacer.

Se ha escrito mucho sobre la incapacidad de Donald Trump para ser presidente. Gran parte de ello se ha centrado en debatir si padece una enfermedad mental. Pero la imagen que pintan estas descripciones es igualmente preocupante. Me recuerda a lo que Tony Schwartz, escritor fantasma de El arte de la negociación, le dijo a Jane Mayer hace un año y medio.

«Se ha escrito sobre Trump de mil maneras, pero este aspecto fundamental de su personalidad no parece comprenderse del todo», me dijo Schwartz. “Está implícito en muchos escritos, pero nunca se menciona explícitamente —o al menos, yo no lo he visto—. Y es que es imposible mantenerlo concentrado en ningún tema, salvo en su propia autoexaltación, durante más de unos minutos, e incluso entonces…”, dijo Schwartz, dejando la frase inconclusa y sacudiendo la cabeza con asombro. Considera alarmante la incapacidad de Trump para concentrarse en un candidato presidencial. “Si tuviera que recibir información sobre una crisis en la Sala de Crisis, es imposible imaginar que prestara atención durante un periodo prolongado”, afirmó.

También hemos oído hablar de esto en relación con las sesiones informativas de inteligencia de Trump.

Las conversaciones con algunos funcionarios que han informado a Trump y con otros que conocen su forma de asimilar la información lo describen como un presidente con poca capacidad de atención.

Prefiere los memorandos de una sola página y los recursos visuales como mapas, tablas, gráficos y fotografías.

Según una fuente que relató conversaciones mantenidas con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, estos han incluido estratégicamente el nombre de Trump en “tantos párrafos como sea posible, porque sigue leyendo si se le menciona”.

Tenemos un presidente profundamente ignorante. Este es un problema que podría solucionarse. Sin embargo, se agrava por su impulsividad y narcisismo, que perpetúan su propia ignorancia. Ignora o descarta la información que podría cuestionar su forma de pensar, guiándose por su instinto. Sobre todo, es demasiado impaciente para asimilar cualquier cosa que no sirva para alimentar su ego.

Parece evidente que todos los que tratan con Trump habitualmente son conscientes de estos patrones. En lugar de alertar, permiten que esto continúe al ser complacientes con él. Es similar a quienes permiten la adicción a las drogas o al alcohol, salvo por la cantidad de personas que pagarán las consecuencias.

PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 25, 2026

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Vladimir Putin dejó claro a sus súbditos que no detendrá la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma que los rusos “recurrirán a cualquier cosa”.

Según Zelenski, esta “contención” por parte de Rusia incluiría “cientos o miles de ciberataques, presión con misiles, intimidación, etc.”.

No solo contra Ucrania, sino también contra cualquier país que la apoye.

Advertencias de inteligencia de varias agencias nacionales indican que Rusia planea un ataque contra la OTAN, probablemente con el uso de drones ucranianos, que llevan tiempo derribando mediante guerra electrónica.

Al mismo tiempo, Putin planea una movilización masiva en Rusia, pero sin anunciarla públicamente: su orden de “movilización parcial” de septiembre de 2022 sigue vigente, por lo que no necesitan emitir un nuevo documento para reclutar soldados y enviarlos a la guerra.

Canales rusos informan que ya existen listas para movilizar a 800.000 hombres en Rusia: estos hombres no pueden obtener un pasaporte para salir del país, no pueden cruzar la frontera para salir ni viajar al extranjero; sus nombres están registrados en el sistema.

Zelensky explicó:

“Él [Putin] necesita vender una victoria.
No obtendrá una victoria en Ucrania.
Necesita tomar el Donbás.
No nos vamos a retirar por nuestra cuenta.
Entonces, ¿qué puede vender como victoria?
Distorsionará los términos de Anchorage que discutieron con la parte estadounidense, con el Presidente de los Estados Unidos.
Nadie va a abandonar su país, a su gente, y simplemente marcharse.
Porque nadie puede garantizar que este hombre no vaya más allá”.

Los funcionarios de Putin insisten en que “se lograrán todos los objetivos de la operación militar especial”.

El objetivo era convertir a Ucrania en un estado títere de Rusia, similar a Bielorrusia, y utilizarla como plataforma para subyugar a toda Europa y expulsar a las tropas estadounidenses del territorio europeo.

El régimen mafioso del FSB en Rusia se niega a renunciar a estos objetivos. Para ellos, es «ahora o nunca».

Europa debe asegurarse de que la respuesta sea «nunca».

PrisioneroEnArgentina.com

Agosto 26, 2026