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Amigos, seré breve para dar la palabra a nuestro abogado insignia, el  Dr. Ricardo Saint Jean. 

Hace quince años un numeroso grupo de abogados nos agrupamos y  fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que  tengo el honor de presidir. Lo hicimos para enfrentar la brutal  violación del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que  registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema  instalada por el régimen kirchnerista. Esa Corte rompió el principio de  legalidad, cimiento del derecho que rige en todas las comunidades  civilizadas desde hace siglos. Su inexistencia nos pone a todos los  ciudadanos en libertad condicional, a merced de los poderes de turno.  Esta ruptura fue patética. Hago un racconto histórico .Mediante las leyes  de punto final y obediencia debida, verdaderas leyes de amnistía,  sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín, más los indultos  presidenciales, de los gobiernos posteriores de Menem y de la Rua, se  puso punto final a los procesos derivados de la guerra de los setenta, y  del ataque al cuartel de la Tablada. Todos los involucrados incluso las  cúpulas del terrorismo guerrillero, quedaron en libertad. Las leyes de  amnistía fueron sancionadas por el Congreso en un gobierno  democrático y fueron declaradas constitucionales por la Corte  Suprema de entonces, lo mismo que los indultos presidenciales. Cabe  agregar que el primer apartamiento del derecho se produjo con el  juzgamiento de las Juntas militares, la conocida causa 13, bajo un  Tribunal Civil y no bajo los jueces naturales, de acuerdo al Código de  Justicia Militar entonces vigente, luego derogado bajo ese mismo  gobierno.  

El Congreso, apenas iniciado el gobierno de Kirchner, sumiso al poder  político, casi por unanimidad, resolvió anular las leyes de amnistía en  un acto tan infame como absurdo, ya que las leyes no se anulan sino  que se derogan. Pero este esperpento tuvo como propósito declarar la  inexistencia de esas leyes, con lo que se obviaba la aplicación de la ley  más benigna, la cosa juzgada, y en definitiva el principio de legalidad. A  su vez la nueva Corte dio la puntada final aprobando las nulidades de  las leyes que tiempo atrás habían sido declaradas constitucionales por  la propia Corte, consumando así el más brutal prevaricato. 

Así se inició en la Argentina la etapa más oscura de la historia reciente,  en la que la justicia desapareció, y dio comienzo a la persecución feroz,  implacable y vengativa contra quienes habían combatido contra el  terrorismo marxista. Se reabrieron las causas contra aquellos, no así  para los terroristas. Se inauguró en la Argentina un derecho de dos  velocidades, una incalificable discriminación. Por una parte quienes  son indefectiblemente calificados como genocidas, mientras que los  terroristas son castos y puros idealistas. Muchos jueces, por miedo o  fuertemente ideologizados, -cualquier caso, todos corruptos-, se  pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” que sustituyó al derecho y, mediante procesos viciados, violatorios de  todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a  cientos de presos, cuyo promedio de edad supera los 78 años,  soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos  con más de 16 años en esa situación, 864 ya han muerto en cautiverio,  la mayoría sin condena, es decir inocentes. 

Para los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni  corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado  de indefensión jurídica y política en que nos encontramos, la tienen en  los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares,  miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y  otros, en nombre de los ‘derechos humanos’. 

La afirmación de que el derecho desapareció y fue sustituido por una  difusa política de derechos humanos no es retórica. Lorenzetti, siendo  Presidente de la Corte Suprema, presentó un libro sobre esta materia,  en la Facultad de Derecho de la UBA, en presencia de las Madres de  Plaza de Mayo, Las Abuelas, el CELS, y como invitado especial el ex Juez  Garzón, expulsado por el Tribunal Supremo de España por corrupto.  En esa oportunidad dijo Lorenzetti que “la política de derechos  humanos es política de estado”. Días pasados, lo escuche decir a este  personaje, en un reportaje radial, evidenciando un cinismo  insoportable, que “un juez de la Corte debe ser coherente con sus  opiniones y no debe modificar las conclusiones de sus fallos, debe ser  una garantía en el apego a la Constitución”. Otro impresentable, el  doctor Rozanski, , afirmó que un Juez debe ser militante, recibió el  doctorado honoris causae por la facultad de Facultad de Periodismo y  Comunicación Social , una conocida cueva de marxistas, de la  Universidad de La Plata, “reconocido por su trayectoria y por su  integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas como Presidente  del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, al frente del 

cual protagonizó, junto a sus equipos de trabajo, los Juicios por Crímenes  de Lesa Humanidad, realizando un aporte indiscutible a las políticas de  Memoria, Verdad y Justicia que se desarrollan en nuestro país desde el  año 2003.” 

Durante estos 15 años hemos visitado las cárceles de aquí y del  interior, resulta lacerante ver a quienes permanecen encerrados,  conscientes de que son como muertos civiles, marcados como los  esclavos de antaño, con el sello de “lesa humanidad” y que están  condenados a muerte, una muerte lenta. No merecen la menor  compasión. Hace pocos días la visita de los diputados a los presos  acusados de crímenes llamados de lesa humanidad, levantó una  insólita polvareda y sigue recibiendo diatribas desde distintos  sectores, aquí y en el mundo, incluso eclesiásticos. Como muestra del  odio y sed de venganza, un personaje que destila la mayor dosis de  odio es la señora Estela de Carlotto que en un reportaje en Pagina 12,  dijo “que estos diputados que fueron a ver a ver a esos criminales, que  merecen estar eternamente en la cárcel por que no son humanos, no  pueden quedar sin sanción.” 

A lo largo de estos años, estos jueces corruptos han cometido  verdaderos asesinatos, cuya lista no puedo citar por cuanto excedería  el espacio de esta exposición. Voy a citar solo dos de los muchos casos  de asesinatos, tratos crueles e inhumanos por parte de la justicia  federal a personas juzgadas por los llamados delitos de lesa  humanidad: 

Hoy se cumplen 12 años del asesinato del General Ibérico Saint Jean por parte de tres jueces de La Plata y la inacción de muchos  otros. Detenido en domiciliaria a los 85 años, era cardíaco, había sido  operado de cáncer, padecía Alzhaimer y se desplazaba en silla de  ruedas. Tenía diez informes médicos tanto privados como forenses  que le indicaron al Tribunal que no estaba capacitado para estar en  juicio y que esa situación pondría en riesgo su vida. Lo llevaron igual a  juicio oral y público y no sólo eso, sino que poco antes de cumplir 91  años y sin que incumpliera ninguna de las condiciones establecidas  para su detención, se le revocó la domiciliaria y fue enviado a la cárcel  de Ezeiza. A los cinco días se descompensó, fue trasladado a un  hospital y, tal como lo habían predicho los médicos, pocos días después  falleció. 

La causa iniciada contra los tres jueces asesinos fue sobreseída por sus  pares.

La crueldad alcanza todos los niveles. El señor Juan Carlos Cociña, de  77 años de edad, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 por orden del  impúdico Juez Rafecas, imputado de participar en supuestos delitos de  lesa humanidad que habrían ocurrido hace 45 años cuando  era Ayudante de Cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Padecía  graves problemas de salud. Entre otras, hipertensión, EPOC, cardíaco  sometido a varias intervenciones y antecedentes de ACV. 

Su defensor solicitó la detención domiciliaria provisoria, la que fue  denegada por Rafecas. La víctima fue encerrada en una unidad  carcelaria en medio de la nueva ola de Covid que padecía el país. El  Sr. Cociña, contrajo COVID 19 en la U 34 y falleció el 8 de enero de 2022 en la  unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz. 

El art. 18 de la CN señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y  limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y  toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más  allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. No  obstante, la denuncia contra Rafecas por su evidente delito de  homicidio, fue desestimada en forma inmediata. 

Podemos afirmar que hoy no existe en la Argentina un sistema de  justicia, los últimos gobiernos, los medios y la mayor parte de la dirigencia política, es responsable de lo ocurrido. Avalaron el  prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes  de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales  a terroristas y asesinos. Consintieron que jueces de todas las  instancias y miembros del ministerio público se convirtieran en  títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en  nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que  impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. El P. Leonardo Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más  grande que puede caer sobre una Nación. Ningún ciudadano debiera  consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. 

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, de restablecer la  justicia verdadera y poner punto final a esta ignominia, que denigra a  nuestra generación. Sin su plena vigencia es imposible e inviable la  República. Queda claro que esta tragedia es de orden político, fue una  decisión política la que derrumbó a la Justicia para impulsar la más  terrible y odiosa persecución contra un solo sector de la contienda, por 

hechos ocurridos 50 años atrás. A partir de esa decisión, salvo  excepciones, la Corte, los jueces, el Ministerio Público, empezando por  el Procurador General, todos se encolumnaron para llevar adelante ese  escabroso proyecto delineado por Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky

El actual gobierno debe saber que sanear la economía, si bien es  indispensable y urgente, no es suficiente. Sin el restablecimiento de la  Justicia verdadera la Republica no es viable. Cualquier “cambio” que se  produzca en lo económico y político, sin justicia verdadera, será como  fuego de artificio. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política,  despojada de la ideología y del instrumento político del odio que  caracterizaron a los años precedentes, constituye una esperanza y es  indispensable que restaure la concordia y la plena vigencia de los  principios y contenidos del Estado de Derecho. Esa demolición del  derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De  aquellos polvos, estos lodos. 

El Presidente como distintos funcionarios, ante cualquier  requerimiento vinculado a la necesaria solución de esta tragedia,  contestan “que no es su agenda”, no está entre sus prioridades,  prefiero decir. Acaso ignora el Señor Presidente que hay cientos de  ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del  silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por  olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el  terrorismo asolaba la Republica? Ignora acaso el Señor Presidente que  esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes  ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace  más de cincuenta años? Ignora el Señor Presidente que la Secretaria de  Derechos Humanos sigue presentándose como querellante en las falsas  causas que los fiscales y jueces corruptos inician permanentemente,  para que este circo no acabe nunca? Es decir no se trata de hechos y  discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia. 

Es condición esencial superar esa distorsionada mirada hacia el  pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa.  Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color  de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos  según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse  la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se  introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los  medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo. 

El Presidente se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la  revolución cultural que infecta a occidente, en sus propias  madrigueras, Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y  claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para  posibilitar la concordia política entre los argentinos.  

Dios nos ayude

1)Fue un evento que se llevó a cabo el 5 de octubre pasado en el Auditorio Belgrano, ubicado en Virrey Loreto 2348, CABA, reuniendo a numerosos  personajes que en el ámbito político y social, defiende a todas las personas que luchan por un pensamiento tradicional y conservador.

Nota 79 de ALBERTO SOLANET en este portal (Hacer Clic)     

Enviado por la Doctora Andrea Palomas Alarcón, miembro de la asociación de abogados  “Justicia y Concordia”.

PrisioneroEnArgentina.com

Octubre 11, 2024